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Mexico Violento

De 36 periodistas asesinados en los últimos 4 años en México, ningún ‘autor intelectual’ detenido

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En lo que va del sexenio de AMLO, 36 periodistas han sido asesinados pero ningún autor intelectual ha sido detenido

Por Rosario Martínez De la Vega

Con 36 periodistas asesinados en 4 años, de los cuales 15 fueron ejecutados y dos desaparecidos de enero a agosto en este 2022, México vive el año más mortífero para la prensa en su historia. Se trata de la nación más peligrosa, sin conflicto armado, para el ejercicio periodístico.

El pasado 24 de octubre en un seminario del parlamento europeo diversas ONG´s manifestaron su preocupación al respecto de la grave situación que atraviesan los periodistas en el país.

Dos días después, el 26 de octubre, un tribunal condenó a los 3 asesinos materiales de la periodista Lourdes Maldonado, pero ¿y el autor intelectual? No se tomó como móvil del crimen la actividad periodística y en ningún momento de la audiencia se habló del motivo por el cuál estos hombres habrían asesinado a la periodista, quien, en 2019, durante una de las conferencias matutinas del presidente López Obrador, señaló temer por su vida, tras la batalla legal de 9 años que mantenía con el exgobernador de Baja California y actual senador de la república, Jaime Bonilla.

Para leer más de la autora: Baja California: Los falsos contratistas del exgobernador Kiko Vega

Por ley, todos los delitos cometidos en contra de periodistas deben de ser investigados por la Fiscalía Especializada en Delitos contra La Libertad de prensa y de expresión (FEADLE),

Sin embargo, de acuerdo a la información obtenida a través de una solicitud de Transparencia, tan sólo uno de los homicidios acaecidos en contra de periodistas en el transcurso de este año -el de Heber López de Oaxaca, el 10 de febrero-, fue vinculado al ejercicio del periodismo, el resto de los casos no fueron tomados como delitos en contra de la Libertad de Prensa y de Expresión, siendo investigados por las Fiscalías de los Estados.

De acuerdo con la información obtenida a través del INAI, desde su creación en 2010, la FEADLE ha registrado 96 homicidios contra periodistas y tan sólo en 30 de estos casos fue tomado como móvil del crimen la actividad periodística. Dentro de este universo de muertes, amenazas y agresiones, sólo se han emitido tres sentencias, entre las que resaltan las obtenidas en los casos de Miroslava Breach y Javier Valdez.

Según el informe 2021 de Artículo 19, en este sexenio se han reportado 644 ataques contra la prensa, es aún más alarmante que la mayor parte de las agresiones reportadas provengan de autoridades, ya que, de 692 casos documentados durante 2020, 343 derivaron de amenazas y agresiones de funcionarios públicos.

El Mecanismo de Protección a Periodistas y Defensores de Derechos humanos es la instancia federal que tiene la misión de proteger a periodistas que sufren agresiones con motivo de su labor; según Transparencia, de 2018 a 2022 se ha incrementado el número de beneficiarios de 500 a 1032 periodistas y defensores de Derechos Humanos bajo el resguardo de la figura de este protocolo.

Lee más: México, de los países más mortíferos para periodistas: Reporteros Sin Fronteras

En doce años -de 2010 a 2022-, se han tramitado 541 solicitudes de medidas de protección por parte de la FEADLE, el Mecanismo de Protección a Periodistas y la Unidad de Protección de los Derechos Humanos de la SEGOB, de las cuales fueron otorgadas 331, mismas que contemplan a 510 beneficiarios; entre  estas medidas resaltan la entrega a nivel federal de 33 botones de pánico, 29 servicios de escoltas, 17 medidas sociales, 12 chalecos antibalas, 10 instalaciones de protección a inmuebles,  5 autos blindados  y 4 reubicaciones  temporales; el resto de medidas se limitan a rondines domiciliarios por parte de policía municipal, contacto directo con autoridades en caso de emergencia y a la entrega de manuales de protección.

Cabe mencionar que, de los 13 periodistas que han sido asesinados durante este 2022, reconocidos por la administración del presidente López Obrador,  solamente Margarito MartínezLourdes Maldonado fueron dados de alta ante el mecanismo, limitándose las medidas de salvaguarda en el caso de ésta última, a la entrega de un botón de pánico, el cual no tuvo tiempo de activar al momento de su ejecución el 24 de enero en Tijuana.

Resultando insuficientes y poco eficaces las medidas que se toman en relación con los ataques documentados por el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) y Artículo 19.  Incluso, la Secretaría de Gobernación (SEGOB) reconoció nueve homicidios de 2017 a 2021 de beneficiarios que contaban con algún tipo de medidas otorgadas por el Mecanismo.

¿Qué tanto tienen que ver los recortes presupuestarios con el incremento de 85% en ataques contra la libertad de prensa en el presente sexenio?

Al inicio de la presente administración, los relatores de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), llamaron la atención sobre la insuficiencia de recursos para la atención del Mecanismo de Protección a periodistas y defensores de derechos humanos, así como de los limitados avances en la erradicación de la impunidad de los crímenes contra periodistas.

Pese a las recomendaciones emitidas a la administración anterior, el actual gobierno federal retiró los fideicomisos para la atención del Mecanismo, así mismo, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas recibió durante el ejercicio fiscal anterior, un presupuesto 62.8% menor al solicitado, lo cual contrasta con el incremento de 70% que recibió la Guardia Nacional.

La editora recomienda: Organizaciones y periodistas de diferentes países apoyan a Artículo 19 contra señalamientos de AMLO

La militarización de México, avanza, mientras la libertad de prensa retrocede.

El caso de Lourdes Maldonado resulta paradigmático al no ir las autoridades más allá de los autores materiales, quedando muchas dudas al respecto sobre ¿quién ordenó su ejecución? ¿para qué? Independientemente de los insuficientes protocolos y medidas de salvaguarda, mientras siga habiendo impunidad en los crímenes contra periodistas no se garantizará el ejercicio de la libre expresión en México.

 

 

estadística feadle

FEADLE

 

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Mexico Violento

Defensa de César Duarte pide cambio de medida cautelar a juez por deterioro de salud

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César Duarte juicio

 

La defensa del exgobernador de Chihuahua César Duarte Jáquez, quien se encuentra en prisión preventiva desde hace casi tres años, pidió ampliar la audiencia intermedia, la cual se difirió para el 3 de abril. Sin embargo, debido al estado de su salud su defensa solicitó el cambio de su medida cautelar.

El abogado del exgobernador pidió al juez que se le cambie la medida cautelar ya sea por brazalete en libertad o por arraigo domiciliario, debido a una incipiente parálisis que está teniendo su cuerpo por la falta de atención especializada y terapias tras una intervención quirúrgica de vértebras.

El proceso de César Duarte Jáquez tenía 22 carpetas de investigación, federales y estatales, bajo cargos de peculado, enriquecimiento ilícito y desvío de fondos públicos por 96 millones de pesos. Lleva dos años y siete meses en prisión preventiva, desde su detención el 8 de julio de 2020 en la ciudad de Miami, Florida, donde estuvo un año y diez meses.

A través de un juez de Nuevo México se aceptó su extradición a México, el 2 de junio de 2022 y sujeto a proceso por la causa penal 3014/2019. En la audiencia intermedia, el juez de control depurará las pruebas aportadas por la defensa y la fiscalía, y decidirá cuales tomará en cuenta para dar paso a la siguiente etapa del proceso penal, lo que sería el debate del juicio oral.

Actualmente se encuentra interno en el Centro de Readaptación Social de Aquiles Serdán, en la ciudad de Chihuahua, en una celda regular, con una cama ortopédica por la dificultad para su movilidad física.

Leer más: Juez vincula a proceso a César Duarte por asociación delictuosa y peculado –

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Justicia pendiente

Presos del Cefereso 4, de Tepic, denuncian tortura de autoridades penitenciarias

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Jazmín Borboa Ochoa, una de las directoras de penales federales con más denuncias por tortura y otras violaciones de derechos humanos

Por Ignacio García

Los presos del Centro Federal de Reinserción Social (Cefereso) #4, de Tepic, Nayarit, Jorge Manuel Ruíz, Jorge Rivas Félix y Óscar Enrique Rodarte Márquez, denunciaron ante la Fiscalía General de la República (FGR) que han sido víctimas de tortura, malos tratos, discriminación y humillaciones por parte de las autoridades penitenciarias dirigidas por la directora Jazmín Borboa Ochoa.

Por medio de una misiva enviada a la fiscalía federal, los internos refirieron que han sido víctimas de agresiones constantes por parte de las autoridades del centro penitenciario en reiteradas ocasiones, lo que ha generado diferentes problemas físicos y de salud a la población del penal.

Recordaron que el pasado 27 de octubre dos internos fueron golpeados de forma violenta por los guardias, pero no hubo intervención de las autoridades federales, debido a que presuntamente se les realizaría el protocolo de Estambul, aunque hasta el momento no han recibido respuesta de su solicitud.

Por si te lo perdiste: En libertad, tras 22 años de prisión con calidad de víctima del Estado por torturas y malos tratos

 

Por ello, solicitaron la intervención de la FGR, debido a que aseguraron que la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nayarit está coludida con las autoridades penitenciarias, razón por la cual no atiende las denuncias de los presos del penal federal.

Acusaron a la directora del Cefereso de Tepic, Jazmín Borbón Ochoa, de provocar una serie de afectaciones contra los internos de forma permanente, por lo cual aseveraron que existen pruebas documentales que confirman estas agresiones. 

Asimismo, pidieron que las autoridades penitenciarias sean procesadas por los delitos de tortura, abuso de autoridad y violaciones graves a los derechos humanos, así como la renuncia inmediata de la directora del penal federal, a quien responsabilizaron de esos actos.

Entérate: Voluntariado de familias de presos en Ceferesos lanzan campaña de salud por falta de atención médica del Estado

También demandaron la intervención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para que investigue todas las irregularidades cometidas de forma sistemática contra los internos del penal federal que han padecido lesiones por los golpes causados por los guardias, así como las vejaciones que han sido víctimas.

Además, demandaron que se abra una carpeta de investigación federal por estos delitos y de sancione a estos servidores públicos para que tampoco puedan ejercer ningún cargo en la administración pública federal.

Jazmín Borbón Ochoa ha sido una de las directoras de penales con más denuncias por violaciones de derechos humanos, no sólo en Nayarit, sino en los diferentes penales en los que ha estado al frente, incluyendo Oaxaca y Estado de México.

Primera página de la denuncia.

Documento completo.

DENUNCIANAYARIT-_1_

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Mexico Violento

Freno al Acuerdo de Escazú en México incrementa riesgo a defensores del medio ambiente

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Acuerdo de Escazú

 

Por Emilio Godoy

En 2021 se registraron 200 asesinatos de ambientalistas en todo el mundo, con una ligera disminución de los 227 del año previo, según estadísticas de un informe al respecto de la no gubernamental Global Witness, con sede en Londres. Los ataques están relacionados con la oposición a la explotación forestal, minería, agroindustria a gran escala y represas, y más de 40 % de los ataques tuvieron como objetivo a indígenas.

América Latina encabezó esos crímenes, al ser el escenario de 157 de ellos, con una disminución discreta ante los 165 del año anterior, de los cuales México encabezó la lista mortal, con 54 casos, frente a 30 de 2020. Le siguió Colombia pese a la caída de casos: 33 frente a 65, Brasil (26 frente a 20), Honduras (ocho frente a 17) y Nicaragua (13 frente a 12).

El Acuerdo de Escazú es una herramienta judicial para mitigar los peligros a los defensores del medio ambiente. Sin embargo, se encuentra en espera de litigio en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) frenado por el gobierno mexicano, por medio del decreto de noviembre de 2021 mediante el cual el presidente Andrés Manuel López Obrador declaró sus megaproyectos “obras prioritarias de seguridad nacional”, con lo que garantiza autorizaciones provisionales, en contravención del tratado.

“Hasta ahora, el Acuerdo de Escazú se ha quedado únicamente en letra, así es la historia de muchas leyes en México. Es evidente lo que ha pasado con las violencias que las personas defensoras han vivido”: Alejandra Jiménez, de la Coordinadora Regional de Acción Solidaria en Defensa del Territorio Huasteca-Totonacapan (Corason), que trabaja con las comunidades indígenas.

Conoce más: El Acuerdo de Escazú para el acceso a la justicia ambiental amenazado por megaproyectos de AMLO

 

En México hay actualmente unos 600 conflictos ambientales, según estimaciones de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y que el gobierno sigue sin finiquitar.

El caso más reciente es el de la desaparición el 15 de enero del abogado Ricardo Lagunes y el defensor indígena Antonio Díaz, opositor de la explotación minera en el occidental estado de Michoacán, cuyo esclarecimiento urgente ha reclamado días después el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Fuente: Global Witness.

Qué es el Acuerdo de Escazú

Adoptado en Escazú, Costa Rica, el 4 de marzo de 2018, el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe tiene como objetivo garantizar los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales.

Se enfoca también en el acceso a la justicia en asuntos ambientales, así como el fortalecimiento de las capacidades y la cooperación con las comunidades.

A un año de su vigencia, el Acuerdo de Escazú enfrenta retos mayúsculos, en especial en países como Brasil, Colombia, Guatemala, Honduras, México y Nicaragua y donde los defensores enfrentan particulares riesgos.

Para Olimpia Castillo, coordinadora de la no gubernamental Comunicación y Educación Ambiental, el contexto arroja una luz de alerta.

“Es un round muy interesante, porque el artículo 10, del Acuerdo de Escazú, hace referencia a resaltar la participación de las organizaciones. Se podría contravenir ese artículo. Significaría una limitación muy grande. Son cosas que como país vamos a tener que enfrentar”, dijo la activista, quien participó en la negociación del acuerdo como parte de la sociedad civil.

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