Una decena de proyectos problemáticos ubicados en nueve países, entre estos, proyectos mineros, hidroeléctricas, de hidrocarburos y uno de alimentos

Por David Tarazona

CARACAS – Las empresas chinas invirtieron cerca de 172 000 millones de dólares en América Latina entre 2010 y 2016, según una investigación académica. Además, han construido 200 proyectos de infraestructura en 20 países de la región. Estas cifras aumentarán en los próximos años, si se cumplen las proyecciones que estiman que, para 2035, se duplicará el volumen de las mercancías intercambiadas entre el país asiático y Latinoamérica, de acuerdo con los datos de la Red Académica de América Latina y el Caribe sobre China.

Estos resultados son sólo una cara de la moneda. El otro lado muestra cómo varias empresas de capital chino no respetan los derechos de las comunidades afectadas por sus proyectos, de acuerdo con el informe China: derechos humanos y actividades empresariales en América Latina, publicado en febrero de 2023 por un colectivo de organizaciones no gubernamentales.

Estas organizaciones realizaron el informe para que el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) de la Organización de Naciones Unidas (ONU) tuviera conocimiento de las problemáticas sociales y ambientales que provocan algunos de los proyectos chinos que se establecen en América Latina, en el marco de una revisión periódica que hace el organismo internacional a los firmantes del tratado internacional Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de Naciones Unidas, entre ellos China, con el objetivo de dar recomendaciones en materia de derechos humanos.

Represa de Ivirizu. Proyectos chinos afectan comunidades de América Latina, según informe de ONG. Foto: Google Earth.

Aunque el comité de la ONU no tiene herramientas para castigar a China o los demás países, sí puede generar una discusión constructiva para que las naciones acojan de manera voluntaria las sugerencias. De hecho, en su sesión de marzo de 2023, este organismo emitió sus más recientes recomendaciones al país asiático. Entre estas, le pidió a este país garantizar el respeto de los derechos humanos en sus proyectos realizados en el exterior, como exigían las organizaciones que realizaron el informe sobre las actividades empresariales chinas en América Latina.

Las organizaciones que elaboraron el documento —entre ellas la suiza Servicio Internacional para los Derechos Humanos (ISHR, en inglés) y el Colectivo sobre Financiamiento e Inversiones Chinas, Derechos Humanos y Ambiente (CICDHA)— hallaron poco más de una decena de proyectos problemáticos ubicados en nueve países, entre estos Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela. Seis de esos proyectos son mineros, cuatro son hidroeléctricas, dos de hidrocarburos y uno de alimentos.

Leer más: Flotas de China incurren en pesca ilegal y excesiva en las costas de América Latina: oceanógrafos –  (losangelespress.org)

Uno de los hallazgos del informe es que los proyectos analizados afectan el medio ambiente. “Estos proyectos están en ecosistemas frágiles, como los son las zonas de humedales Ramsar, en áreas protegidas claves para la sostenibilidad del clima global o declaradas zonas patrimonio de la Unesco”, denuncia Sofía Jarrín Hidalgo, asesora de incidencia en Amazon Watch, una de las organizaciones miembro del CICDHA y firmante del informe.

CICDHA y las demás organizaciones seleccionaron los casos después de un monitoreo de más de cinco años de las inversiones chinas en la región. Su informe se nutre, sobre todo, de las denuncias de comunidades afectadas.

Afectaciones a pueblos indígenas y daños ambientales

El análisis realizado por las organizaciones encontró que los proyectos han tenido un impacto negativo en ecosistemas frágiles. Tres proyectos impactan a la Amazonía, tres a áreas protegidas y uno a un sitio patrimonio de la humanidad de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco).

“Todos los proyectos presentan un impacto significativo en el disfrute del derecho a un medio ambiente sano, como resultado de la deforestación y la contaminación del aire y del agua, lo que compromete la soberanía alimentaria y el acceso al agua de comunidades aledañas y pueblos indígenas”, dice el informe.

De los tres proyectos desarrollados en Ecuador, dos son mineros y uno de hidrocarburos. Todos están en la cuenca amazónica de este país. Según el informe, “sólo el proyecto minero Mirador impacta al menos 16 ecosistemas diferentes, donde se encuentran cuatro mil especies de plantas y hasta 400 especies de algas”.

Por ejemplo, en el proyecto Mirador—operado por la compañía china Tongguan con financiación de seis bancos chinos—se deforestaron, al menos, mil 300 hectáreas, según el informe.

Sofía Jarrín Hidalgo comentó que los tres proyectos chinos en la Amazonía ecuatoriana tienen problemas de cumplimiento del consentimiento libre e informado.

Por ejemplo, al pueblo shuar arutam, a fines de 2022 la Corte Constitucional le reconoció la vulneración al derecho a la consulta previa, libre e informada en el marco del proyecto minero de cobre San Carlos-Panantza, desarrollado por la china Tongguan con dineros de, al menos, cinco bancos chinos, incluido el Banco de Desarrollo de China, ordenando dejar sin efecto la licencia ambiental.

“Pese a eso, el gobierno ecuatoriano sigue promoviendo el proyecto en publicidad radial a nivel local y promoviendo espacios de socialización”, dijo Jarrín Hidalgo.

El informe también resalta que hay proyectos de capital chino desarrollados en áreas protegidas. Uno de estos espacios es la Reserva de la Biosfera Yasuní en Ecuador —que cuenta con categoría de protección ambiental Ramsar— impactada por el proyecto campo petrolero Ishpingo, el cual  “se sitúa en un humedal de importancia mundial, con mil 500 especies de plantas, 600 de aves y 178 de mamíferos”,

Entre ellas se incluyen algunos amenazados como el manatí amazónico (Trichechus inunguis), nutrias gigantes (Pteronura brasiliensis) y delfines de río o toninas (Inia geoffrensis y Sotalia fluviatilis). Allí, además, habitan los pueblos indígenas cofán, kichwa, huaorani, shuar, secoyas y sionas.

Otros proyectos que, según el informe, afectan especies de flora y fauna protegidas son la planta de procesamiento de salmón Dumestre de la firma china Joyvio en Chile, y la hidroeléctrica Santa Cruz, en Argentina —adjudicada a un consorcio que incluye a la china China Gezhouba Group Company Ltd y financiada por el Banco de Desarrollo de China, el Banco Industrial y Comercio de China y el Banco de China—  así como la hidroeléctrica Ivirizu, en Bolivia.

El Complejo Hidroeléctrico Santa Cruz, en el sur de Argentina, tuvo mucha oposición de los comuneros del lugar. Foto: Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN de Argentina). De acuerdo con el documento de las ONG, éste y otros proyectos chinos afectan comunidades y al medio ambiente en América Latina.

Sobre la hidroeléctrica Ivirizu, operada por la empresa china Sinohydro Corporation Ltd, Mongabay Latam habló con Franco Albarracin, experto en Derechos Humanos del Centro de Documentación e Información Bolivia (CEDIB), organización que participó del informe.

“El proyecto afectará varias zonas ecológicas que se caracterizan por su elevada diversidad biológica. Se estima la existencia de más de 3000 especies de plantas, de las cuales solo 614 han sido registradas en la zona. Entre las más notables están los bosques de queñua (Polylepis), huaycha (Weinmannia boliviana) y nogal (Juglans)”, dice Albarracin.

Y agrega que “la deforestación (proyectada) de más de 280 hectáreas de bosque amenaza en particular a la fauna silvestre”.

En el área existen más de 382 especies que incluyen 52 de mamíferos superiores, entre los que destacan el oso de anteojos (Tremarctos ornatus) el venado andino (Hippocamelus antisensis), el jaguar (Panthera onca) y el gato andino (Leopardus jacobita). También hay más de 700 diferentes tipos de aves. La especie en mayor peligro de extinción es la rana yuracare (Telmatobius yuracare).

De interés: Nivel de degradación de la tierra pone en peligro salud humana – (losangelespress.org)

Además, denuncia que las vías del proyecto han fomentado el ingreso ilegal de cultivadores de hoja de coca, lo que pone en riesgo el equilibrio ecológico del Parque Nacional Carrasco y las comunidades indígenas de la zona. También denuncia que la empresa Sinohydro, encargada del proyecto, subcontrata a 120 de los trabajadores y que la compañía no entrega información a la comunidad.

El informe también menciona los campos petroleros Junín y Ayacucho, en Venezuela, al considerar que afectan un humedal y al río Orinoco. Estos campos hacen parte del proyecto Desarrollo de la Faja Petrolífera del Orinoco operados por la compañía China National

Petroleum Corporation con financiación del Banco de Desarrollo de China. El reporte también habla de un proyecto minero en Buriticá, Colombia, que afecta el bosque seco tropical en la región del río Cauca, zona que ya ha perdido 66 % de sus bosques entre 1957 y 1986.

Campamento del proyecto San Carlos Panantza. Foto: Segundo Espín / Revista Vistazo. Según un informe de ONG este y otros proyectos chinos afectan comunidades de Latinoamérica.

El agua ha sido uno de los recursos más impactados, según el documento. “En el caso del mega complejo industrial de la Planta Dumestre, en Chile, se redujo la disponibilidad de agua para comunidades vecinas en 12 000 litros; en el caso de la Faja Petrolífera del Orinoco (Venezuela) dichas restricciones han generado protestas”, describe.

El recurso hídrico ha sido contaminado en seis casos, según la denuncia de las organizaciones. Por ejemplo, el proyecto minero Buriticá en Colombia —de la empresa china Zijin-Continental Group— está generando un vertimiento de aguas servidas y está usando cianuro, de acuerdo al informe.

El proyecto Orinoco en Venezuela ha tenido derrames petroleros, mientras que el sistema de drenaje y vertimiento de depósitos en la mina Toromocho en Perú —de la compañía Aluminum Corporation of China con dineros del Banco de Desarrollo de China y el Banco de Exportaciones e Importaciones de China— también afecta la calidad del agua, dice la investigación.

Además, las organizaciones alertan del riesgo de derrame de contaminantes en caso de ruptura del proyecto minero Mirador en Ecuador.

Las organizaciones ISHR y CICDHA mencionan el caso de la planta Dumestre en Chile por contaminación del agua con desechos de antibióticos y residuos, así como el del proyecto hidroeléctrico São Manuel en Brasil —operado por un consorcio de empresas públicas y privadas, entre ellas la China Three Gorges y con financiación del Banco de Desarrollo de China— que afecta fuentes de agua. Adicionalmente, denuncian la contaminación del aire ocasionada por proyectos ubicados en Colombia, Chile y Perú.

Raphaël Viana David, responsable de incidencia para China y América Latina en el International Service for Human Rights, además de ser uno de los autores del reporte comentó este hallazgo.

“Hay afectaciones al derecho al agua y a la soberanía alimentaria. Hay casos de contaminación del aire, del agua, lo que implica afectaciones a la salud de las personas que la consumen. Representa una amenaza a las fuentes tradicionales de alimentación, en particular de pueblos indígenas. Pueden poner en riesgo a especies en peligro de extinción y sus ecosistemas”, dice Viana.

El informe además halló que en once de los proyectos “se evidencian abusos de pueblos indígenas, los cuales carecieron de procesos de consulta adecuados que garantizaran su consentimiento libre, previo e informado (…) Los desalojos forzosos y la restricción de acceso a vivienda y la destrucción de la tierra y territorio de los pueblos indígena han afectado negativamente su salud mental individual y colectiva y han debilitado fuertemente su tejido comunitario y organización sociocultural”.

Uno de los casos es el de las 1200 familias del Pueblo Shuar Arutam, distribuidas en 47 comunidades, impactadas por el proyecto minero San Carlos-Panantza, en Ecuador, que denuncian no haber sido consultados de manera diligente.

El proyecto petrolero Ishpingo en Ecuador —operado por la compañía China National Petroleum Corporation— y la hidroeléctrica São Manuel en Brasil podrían generar un contacto forzado con pueblos en aislamiento voluntario. En el caso de Ecuador, los pueblos aislados relativamente cercanos al proyecto son los Tagaeri y los Taromenane, según el informe.

El caso ecuatoriano está siendo evaluado por  “la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por la gravedad del caso y posible etnocidio”, se señala en el documento.

“Hay un sistemático irrespeto con los derechos de las comunidades locales e indígenas”, según lo señala Marco Gandarillas, responsable de fortalecimiento de capacidades de la organización no gubernamental Latinoamérica Sustentable. Gandarillas también resalta que los estudios de impacto ambiental y los procesos de consulta previa están siendo incompletos.

Más de 800 personas siguen trabajando en el proyecto Mirador, según dice el Viceministro de Minas. Fotografía de Diego Ayala León. Según un informe de ONGs este y otros proyectos chinos afectan comunidades de Latinoamérica.

La responsabilidad del Estado chino

Los investigadores del informe consultados por Mongabay Latam también reclaman que los proyectos están generando represión contra las comunidades afectadas. En algunos proyectos “hay convenios con empresas de seguridad que afectan los derechos de asociación y protesta de las comunidades”, dice Gandarillas.

“Pese a la intención de las comunidades y las organizaciones, sólo ha sido posible establecer espacios de diálogo esporádicos con las empresas chinas”, agrega.

También asegura que es común que ni el Estado chino, ni las compañías respondan a las comunicaciones de las personas afectadas o las organizaciones no gubernamentales latinoamericanas.

¿Pero quiénes desarrollan los proyectos cuestionados?

Trece de estos son operados por 11 empresas o consorcios chinos y ocho son financiados por bancos del país asiático. Las empresas responsables de los proyectos cuestionados incluyen nombres como Sinohydro Corporation Ltd, en el caso de la hidroeléctrica Ivirizu en Bolivia; y la China National Petroleum Corporation (CNPC), con financiación del Banco de Desarrollo de China, en el proyecto petrolero Orinoco en Venezuela.

En China es frecuente que las empresas sean de capital estatal. Entre los financiadores están el Banco de Desarrollo de China, el Banco de Exportaciones e Importaciones de China (Banco EXIM), el Banco Industrial y Comercial de China y el Banco de China, todos propiedad del Estado chino.

Para los analistas, el Estado chino no se puede desligar de su obligación de proteger los derechos humanos fuera de su territorio. “El Estado chino tiene una gran responsabilidad. La mayor parte de las empresas son de propiedad estatal, semiestatal o han tenido apoyo financiero de entidades estatales chinas”, señala Gandarillas.

Viana agrega que “es claro que China también tiene obligaciones extraterritoriales en casos en los que el gobierno tiene la obligación de asegurarse que los actores que están bajo su jurisdicción no cometan abusos de derechos humanos, porque eso implicaría un incumplimiento con las obligaciones del Estado. Para nosotros estos casos constituyen incumplimientos a sus obligaciones extraterritoriales bajo el derecho internacional”.

Sofía Jarrín, por su parte, considera que es necesario que se establezcan mecanismos eficaces de seguimiento y control de la actividad empresarial, particularmente donde existen denuncias previas de abuso corporativo.

“Es fundamental contar con canales formales y adecuados de queja y denuncia, que permitan responsabilizar a las empresas y financistas, en virtud de sancionar el comportamiento abusivo de las empresas y garantizar el acceso a la remediación y reparación integral de las comunidades afectadas”, afirma.

Por ahora, celebran que el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de Naciones Unidas (ONU) haya entregado al país asiático en marzo de 2023 recomendaciones similares a las del colectivo de ONG sobre una mejor debida diligencia en los proyectos chinos en el extranjero.

“Este comité ha dado un paso histórico para exigir mayor responsabilidad de China con sus obligaciones extraterritoriales en derechos humanos en sus proyectos de inversión y financiamiento en el mundo. Esperamos que este país se comprometa con la implementación de las recomendaciones del comité DESC”, dice Gandarillas.

Este periodista buscó conocer la posición de las compañías chinas mencionadas en este artículo a raíz de los hallazgos del informe, pero al cierre de esta publicación no se recibió su respuesta.

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Este artículo se publicó originalmente en Mongabay Latam.

Orden de arresto a Putin por crímenes de guerra en Ucrania por parte de la Corte Penal Internacional, no invalida asumir presidencia del Consejo de Seguridad

Por Thalif Deen

NACIONES UNIDAS – El 1 de abril, Rusia presidirá durante un mes el Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas, según una rotación alfabética que no tiene en cuenta que el país invadió a Ucrania en febrero del año pasado.

Rusia no será el primer país acusado de crímenes de guerra o acusado de violar la Carta de la ONU (Organización de las Naciones Unidas) en ser miembro o presidir el órgano político más poderoso del organismo mundial.

Stephen Zunes, profesor de Política y coordinador de Estudios de Medio Oriente en la estadounidense Universidad de San Francisco, que ha escrito extensamente sobre la política del Consejo de Seguridad, recordó que Estados Unidos ha ocupado la presidencia del Consejo de Seguridad mientras cometía crímenes de guerra en Vietnam e Iraq.

Francia y Reino Unido, añadió, también ocuparon el cargo mientras cometían crímenes de guerra en sus guerras coloniales. Recientemente, China ha ocupado el cargo a pesar de los crímenes de guerra cometidos en Xinjiang. Por tanto, que Rusia ocupe la presidencia del Consejo de Seguridad (CS) está lejos de ser algo sin precedente.

“Es cierto que Rusia sería la primera en anexionarse ilegalmente un territorio tomado por la fuerza militar. Sin embargo, dado que Estados Unidos ha reconocido formalmente las anexiones ilegales por parte de Israel y Marruecos de territorios tomados por la fuerza militar, no es que Rusia sea el único miembro permanente que piense que eso está bien de alguna manera», declaró Zunes.

La Corte Penal Internacional (CPI) también ha acusado anteriormente de crímenes de guerra o genocidio a varios dirigentes políticos, como el sudanés Omar Hassan al Bahir, el yugoslavo Slobodan Milosevic y el libio Muammar Gadafi, antes que el viernes 17 emitiese una orden de arresto contra el presidente ruso, Vladimir Putin.

Sobre la presidencia de Rusia, el portavoz adjunto de la ONU, Farhan Haq, dijo a los periodistas: «Ustedes conocen bien las normas del Consejo de Seguridad, incluida la rotación alfabética de los Estados miembros del Consejo de Seguridad para la Presidencia del Consejo, que es una política que se mantiene durante toda la vida del Consejo de Seguridad».

Leer más: Corte Penal Internacional emite orden de arresto contra el presidente Putin por crímenes de guerra – (losangelespress.org)

“Y no tenemos nada más que decir al respecto», añadió, justo antes del anuncio de la CPI.

La CPI acusó a Putin de crímenes de guerra, al emitir la orden de detención contra él y otra contra la comisaria rusa para los Derechos de la Infancia, Maria Lvova-Belova.

Esas órdenes del tribunal de última instancia par crímenes internacionales graves obedecen específicamente al traslado ilegal de niños ucranianos fuera de su país, devastado por la guerra a raíz de la invasión rusa, en lo que constituye una violación de la Carta de las Naciones Unidas.

Rusia, que no es signataria del Estatuto de Roma por el que se creó la CPI en 1998, rechazó las órdenes de detención. Estados Unidos tampoco reconoce la jurisdicción derivada de ese estatuto.

En una declaración previa al dictamen,  el fiscal jefe de la CPI, Karim Khan, afirmó que «sobre la base de las pruebas recopiladas y analizadas por mi Oficina en el marco de sus investigaciones independientes, la Sala de Cuestiones Preliminares ha confirmado que existen motivos razonables para creer que el presidente Putin y la señora Lvova-Belova son penalmente responsables de la deportación y el traslado ilegales de niños ucranianos de las zonas ocupadas de Ucrania a la Federación de Rusia, en contravención del artículo 8.2 a) vii) y b) viii) del Estatuto de Roma».

Los incidentes identificados por la oficina de la CPI incluyen la deportación de al menos cientos de niños sacados de orfanatos y hogares de acogida.

“Muchos de estos niños, alegamos, han sido dados en adopción en la Federación Rusa. La ley fue modificada en la Federación Rusa, mediante decretos presidenciales emitidos por el presidente Putin, para agilizar la concesión de la ciudadanía rusa, facilitando que fueran adoptados por familias rusas», dijo Khan.

Puede leer aquí la versión en inglés de este artículo.

Thomas G. Weiss, miembro distinguido del Consejo de Asuntos Globales de Chicago, consideró en un diálogo con esta periodista que la declaración del portavoz de la ONU es completamente exacta. “No hay precedentes de que se impida una presidencia rotatoria en el Consejo de Seguridad y sólo es el más reciente indicio de la aberrante forma en que fue construido”, afirmó.

Dicho esto, el embajador ruso quizá se retuerza en su silla del Consejo de Seguridad tras la vergonzante  orden de detención de la CPI contra Putin, señaló.

“Aunque es muy poco probable que vaya a La Haya en breve, la presión internacional no hará más que aumentar, recordemos el itinerario de Milosevic”, apostilló Weis.

A su juicio, Moscú está muy descontento con la medida, como lo estuvo cuando la Asamblea General le expulsó sin contemplaciones del Consejo de Derechos Humanos el año pasado.

Entérate: Claves de la orden de arresto de la Corte Penal Internacional contra Putin – (losangelespress.org)

“Expulsar a Rusia (o a Libia en 2011) fue un precedente importante en el que basarse para otros órganos distintos del Consejo de Seguridad en la Organización de Naciones Unidas. Moscú detesta quedar aislado y luchó contra la decisión por ese motivo”, añadió.

El mayor “y si” nos lleva de regreso a diciembre de 1991, cuando la entonces Unión Soviética se desintegró. Ese fue el momento en que se cuestionó que Rusia asumiera automáticamente el puesto de la Unión Soviética.

James Paul, exdirector ejecutivo del Foro de Política Global, dijo a IPS que la campaña militar rusa en Ucrania ha planteado muchas cuestiones sobre la paz y la seguridad internacionales.  Inevitablemente, el debate ha producido acaloradas discusiones en las Naciones Unidas.

Muchos gobiernos occidentales e “idealistas liberales” entre sus ciudadanos, dijo, querrían castigar a Rusia de diversas maneras mediante sanciones y aislamiento, con la esperanza de que esto haga que Moscú retire sus fuerzas militares y renuncie a sus objetivos estratégicos en Ucrania.

Entre los planteamientos de esos sectores se inscribe la propuesta de que Rusia no ocupe en abril la presidencia rotatoria del Consejo de Seguridad, del que es uno de sus cinco miembros permanentes y con poder de veto, en un órgano de 15 miembros. Los otros miembros permanentes y con poder de veto son China, Francia, Estados Unidos y Reino Unido.

A su juicio, “se trata de una postura que demuestra una escasa familiaridad con los asuntos internacionales y el funcionamiento de los actores estatales más poderosos del mundo, incluida la ignorancia de la historia militar de las potencias occidentales, ahora tan preocupadas por las transgresiones rusas”.

Paul es autor de Of Foxes and Chickens (De zorros y gallinas) y Oligarchy and Global Power in the UN Security Council (Oligarquía y poder global en el Consejo de Seguridad de la ONU).

Si el Consejo de Seguridad, argumentó, hubiera denegado de forma imparcial su presidencia rotatoria a los miembros que infringen el derecho internacional, invaden otros países, cambian por la fuerza las fronteras de Estados soberanos o planean el derrocamiento de gobiernos electos, entonces todos los miembros permanentes del CS hubieran perdido su presidencia en algún momento.

Sobre la orden de detención contra Putin, el portavoz de la ONU, Stéphane Dujarric, recordó el mismo viernes 17: «Como ya hemos dicho muchas veces aquí, la Corte Penal Internacional es independiente de la Secretaría. No hacemos comentarios sobre sus acciones».

Balkees Jarrah, director asociado de Justicia Internacional de Human Rights Watch, dijo que el anuncio de la CPI era un gran día para las muchas víctimas de los crímenes cometidos por las fuerzas rusas en Ucrania desde 2014, cuando se anexionó Crimea.

“Con estas órdenes de detención, la CPI ha convertido a Putin en un hombre buscado y ha dado su primer paso para poner fin a la impunidad que ha envalentonado a los autores de la guerra de Rusia contra Ucrania durante demasiado tiempo», afirmó.

Las medidas, señaló Jarrah, “envían un mensaje claro de que dar órdenes de cometer o tolerar graves crímenes contra civiles puede llevar a una celda en La Haya”.

“Las órdenes del tribunal son una llamada de atención a quienes cometen abusos o los encubren para que sepan que su día en los tribunales puede llegar, independientemente de su rango o posición”, remarcó.

En un mundo de Estados violentos y poderosos, Paul sostiene que la ONU es útil porque puede reunir a las partes enfrentadas y promover la diplomacia y la resolución de conflictos.

“Los que piden castigos para Rusia deberían darse cuenta de que Estados Unidos (si se aplicaran normas equitativas) estaría sujeto a sanciones regulares, ya que ha violado la soberanía de otros Estados con fuerzas militares en muchas ocasiones para perseguir sus propios intereses», señaló.

La guerra de Iraq, dijo, tipifica el desprecio de Estados Unidos por las normas de la ONU y las decisiones del Consejo de Seguridad. Las guerras de Washington en Vietnam y Afganistán son otras guerras destacadas de este tipo.  Hay docenas de casos, insistió.

“También Gran Bretaña (Reino Unido) y Francia han utilizado sus poderosos ejércitos, contraviniendo el derecho internacional, para llevar a cabo sangrientas guerras contra la descolonización, así como posteriores intervenciones poscoloniales para asegurarse el acceso a minas, recursos petrolíferos, etc”, añadió Paul.

La Guerra de Suez contra Egipto organizada conjuntamente con Israel, añadió el especialista en asuntos globales, fue un clásico de este género. Rusia y China también han participado en operaciones e intervenciones militares, como la intervención rusa en Afganistán y sus numerosas guerras en el Cáucaso.

China, famosa por promover la integridad territorial como principio, se anexó el Tíbet y libró varias guerras con su vecino Vietnam.

“Así pues, los miembros permanentes del Consejo de Seguridad tienen un historial muy pobre a la hora de establecer las normas del derecho internacional. Incluso Estados más pequeños (con protectores entre los grandes) se han dedicado a la invasión. Israel, Turquía y Marruecos vienen rápidamente a la mente”, estimó Paul.

Sobre la posibilidad de que el presidente de la Asamblea General, el húngaro Csaba Kőrösi, estuviera dispuesto a reunirse con el presidente Putin, su portavoz, Pauline Kubia, dijo que como presidente representa a todos los Estados miembros de la ONU, incluida Rusia. Y en esa calidad, puntualizó “ha estado dispuesto y sigue estando dispuesto a reunirse con el presidente Putin”.

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Fuente: ipsnoticias.net

Israel no es la única democracia que enfrenta un serio desafío desde adentro

Análisis

Por Zack Beauchamp

En las últimas décadas, ha habido un aumento sorprendente en los movimientos políticos autoritarios que ganan poder en las sociedades democráticas. Países tan diversos como Estados Unidos, Hungría, México, Brasil, India, Filipinas, Turquía, El Salvador e Israel tienen líderes electos con tendencias autoritarias, y todos ellos, una vez en el cargo, han trabajado para cambiar el sistema y socavar la democracia del país.

A diferencia de los regímenes fascistas clásicos, esta nueva generación de autoritarios ha argumentado que ellos son los verdaderos defensores de la democracia y que sus oponentes, los enemigos. La legislación que pone el sistema electoral bajo su control se enmarca como un esfuerzo para combatir el fraude electoral; los intentos de someter al poder judicial independiente se describen como un golpe al autoritarismo legal liberal.

El primer ministro de Israel retrasa reforma judicial de extrema derecha ante protestas masivas – (losangelespress.org)

Esta innovación se produjo en respuesta al contexto político en el que la mayoría de las personas en estos países, según las encuestas, todavía apoyan ampliamente la idea de la política democrática. Las mayorías podrían ser antiliberales, en el sentido de estar dispuestas a restringir los derechos de las minorías raciales y religiosas, pero aun así querían poder votar por quién las gobernaba.

Perseguir una agenda autoritaria en tal contienda requiere un complicado acto de equilibrio: concentrar el poder en sus manos sin que el público llegue a verlo como un autoritario. En el caso más exitoso del nuevo autoritarismo, Hungría, los cambios en el sistema legal a menudo estaban tan velados por el tecnicismo que la mayoría de las personas no sabían por completo lo que estaba sucediendo, hasta que fue demasiado tarde.

Pero cuando los autoritarios van demasiado lejos, pueden provocar una respuesta inmunológica democrática. Es el caso, por ejemplo, en las elecciones intermedias de Estados Unidos de 2022, donde los candidatos a gobernadores y secretarios de estado indecisos que apoyaron la elección de Donald Trump mintieron sobre los resultados 2020 y perdieron. Existe evidencia real de que estos candidatos sufrieron en las urnas porque los votantes no confiaron en ellos para administrar las elecciones de manera justa.

Lo que está sucediendo en Israel en este momento es casi lo mismo, en una escala mucho mayor. Los gobiernos anteriores encabezados por el conservador Benjamin Netanyahu han promovido proyectos de ley que debiliten la democracia israelí, incluidos los ataques a los críticos de las fuerzas armadas y una enmienda a la Ley Básica (el equivalente israelí de una enmienda constitucional) que ubicaba a los no judíos en una especie de ciudadanía simbólica de segunda clase. Estos proyectos de ley han enfrentado resistencia pública, pero nunca el tipo de levantamiento masivo que se ha visto en los últimos meses.

Netanyahu viaja a Berlín en medio de protestas en contra de que Israel se convierta en dictadura – (losangelespress.org)

Eso se debe a que los cambios propuestos al sistema constitucional de Israel fueron tan amplios, incluida la posibilidad de que una mayoría mínima en la Knesset, el Parlamento de Israel, revocara los fallos de la Corte Suprema, que pocos observadores podrían verlo como algo menos creíble que Netanyahu centralizando el poder en sus propias manos.

Esas propuestas convertirían a Israel en “un caso atípico extremo, desde una perspectiva comparativa [internacional]”, escribió Gur Bligh, asesor legal del Comité Judicial de la Knesset, en un análisis del proyecto de ley. “El acuerdo dañaría gravemente el principio de separación de poderes… que es un elemento central de un sistema democrático”.

Netanyahu, en otras palabras, cometió el mismo error que los campeones de la Gran Mentira en 2022: fue demasiado descarado. El resultado es un levantamiento masivo que podría amenazar su control del poder.