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Investigaciones

Baja California: Los falsos contratistas del exgobernador Kiko Vega

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Al menos 34 millones 595 mil 999 pesos fueron los que el gobierno de Baja California pagó entre 2014 y 2019 a empresas fantasma por servicios y compras sin licitar y sin contratos de por medio. La mayoría de los contratos se firmaron en el gobierno de Francisco Vega de Lamadrid, pero la operación de empresas fantasma también permeó a la administración de Jaime Bonilla

Elizabeth Rosales y Eduardo Jaramillo*

En el Cañón Bugambilias, un barrio popular en Tijuana, vive la señora Ignacia Cruz Rodríguez Adame con su esposo, Gilberto Muñoz Moreno.

Ambos son dueños de una empresa que facturó millones de pesos al gobierno de Baja California entre 2015 y 2016, pero no lo sabían.

Su casa es un cuarto en un cerro al que se llega subiendo escaleras hechas con llantas.

No tienen piso, ni baño o servicios básicos, más que luz, y lejos de encabezar una empresa que se dedica al desarrollo, asesoría y suministro de servicios profesionales, Ignacia vende champús, sandalias y estropajos en un mercado sobreruedas los fines de semana.

En papel, la pareja es socia de Grupo Viarpa SA de CV, una de 51 proveedoras del gobierno estatal que emitieron facturas falsas en la administración de Francisco “Kiko” Vega de Lamadrid, según el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

En total, Grupo Viarpa recibió 2 millones 874 mil 935 pesos por la venta de productos de la canasta básica, aunque ese no es el giro de la empresa, que ofrece reclutamiento de ejecutivos y servicios corporativos, entre otros, según su acta constitutiva.

“Vivo en el cerro, ahí es mi casita, ¿ustedes creen que si hubiera tenido dinero, no hubiera vivido mejor?”, dice Ignacia, de 47 años.

El SAT identifica a Grupo Viarpa como una Empresa que Factura Operaciones Simuladas (EFOS) y cada mes actualiza una lista definitiva donde exhibe a todas las que detecta por distintas irregularidades.

Por ejemplo, que son ilocalizables, emitieron facturas por bienes y servicios que no entregaron, o que no tienen infraestructura y recursos humanos para dedicarse al giro que registraron.

Entre 2014 y 2019, el gobierno de Baja California pagó al menos 34 millones 595 mil 999 pesos a 51 EFOS que emitieron 568 facturas falsas, de acuerdo con Facturanet, herramienta desarrollada por el Data Lab del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte.

El SAT implementó en 2014 una reforma al Código Fiscal de la Federación (CFF) para detectar a esos contribuyentes, porque llegan a incurrir en delitos como la defraudación fiscal, lavado de dinero y cohecho, advierte José Antonio Melgar Díaz, presidente de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos.

Por eso, estar en la lista negra del SAT conlleva sanciones que van desde la cancelación de los sellos digitales de la empresa señalada, hasta una pena de dos a nueve años de prisión a quien expida o reciba comprobantes fiscales por operaciones inexistentes, según el CFF.

Esto último es el temor de Ignacia, quien no cuenta con los recursos para defenderse legalmente.

Además, Grupo Viarpa no es la única empresa a su nombre ligada al gobierno de Baja California.

Sus datos personales también fueron usados para crear la empresa Oliza Comercializadora, que recibió dos contratos para organizar eventos masivos, en 2016, por la cantidad de 400 mil pesos.

“La verdad me siento nerviosa, ¿de dónde voy a pagar ese dinero?”, pregunta Ignacia, en entrevista desde su puesto en el tianguis de la Zona Norte de Tijuana.

Empresas ilusionistas

Si antes se les llamaba empresas fantasma, hoy podríamos decir que son ilusionistas, porque aparecen y desaparecen a conveniencia.

En Baja California, al menos tres socios o apoderados de Empresas que Facturan Operaciones Simuladas (EFOS) regresaron al padrón de proveedores del gobierno estatal, entre 2019 y 2020, con Jaime Bonilla como gobernador.

Aunque fueron boletinados por el SAT, uno de ellos representa a una empresa no sancionada con la que sigue participando en procesos de contratación.

Los otros dos tienen al menos un vínculo con una contratista de este gobierno.

“Puede ocurrir porque la empresa es la que está inhabilitada y propiamente no vamos a ir a verificar los nombres de los socios. Ahí sí tendríamos que verificar. Tendríamos que ver una herramienta que nos permitiera también filtrar los nombres de los socios para que no se mezclen en otras empresas”, dijo en marzo pasado, Vicenta Espinosa, cuando todavía era secretaria de Honestidad y de la Función Pública, y se le buscó para hablar sobre los proveedores fantasma de “Kiko” Vega.

Para esta investigación se documentaron los casos de Omar González Chávez, Martín Eduardo Ortega Chávez y Óscar Odín Medina Carrillo, sancionados por el SAT que siguen ligados a proveedores, gracias a los puntos ciegos del gobierno estatal.

Grupo Viarpa, por ejemplo, ya no puede emitir facturas, pero su apoderado Omar González Chávez es gerente administrativo de Comercializadora Empresas Baja, que se dio de alta como proveedora del estado en mayo de 2020 y recibió tres pagos ese año por un monto de 370 mil 630 pesos, según la Secretaría de Hacienda estatal.

Dos facturas fueron por el servicio de construcción a la Fiscalía General del Estado (FGE) y otra más por proveer productos de salud al Sistema Penitenciario.

Tanto Grupo Viarpa como Empresas Baja comparten un domicilio en la Zona Río de Tijuana, distrito financiero y comercial de la ciudad, sin embargo, el equipo de investigación constató que ahí no existen ni oficinas ni personal de esas empresas.

Empresas Baja además factura con la dirección 1528 de la calle Madero, en Zona Centro, pero tampoco se encuentra en ese lugar.

Un hallazgo de esta investigación es que Omar ha sido una figura constante en las empresas ligadas a Ignacia Cruz, aunque ella dice que no lo conoce.

El Registro Público de Comercio arroja que Omar es administrador único de Oliza Comercializadora y tiene facultades de cobranza. El equipo de Newsweek Baja California trató de localizarlo por diferentes medios para obtener su versión, pero tanto el número telefónico como la dirección electrónica registrados en el padrón de proveedores no eran válidos o no estaban en funcionamiento.

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Grupo Viarpa y Comercializadora Empresas Baja comparten domicilio fiscal en el Edificio Cazzar, en Zona Río de Tijuana. / Foto: Eduardo Jaramillo

Otro caso es el de Martín Eduardo Ortega Chávez y Óscar Odín Medina, personas físicas boletinadas por el SAT que comparten domicilio en Tijuana con la Constructora Inmobiliaria Loreto SA de CV.

La constructora se dio de alta como proveedora en 2019, ha participado en 242 licitaciones y recibió al menos un pago en 2020 por la construcción de un andador vecinal en Pórticos del Lago.

El monto pagado fue de 183 mil pesos, según la Secretaría de Hacienda de Baja California (SHBC).

Mi casa, domicilio fiscal de EFOS

Alma Medina es esposa de Martín Eduardo Ortega Chávez, una persona física que llegó a la lista negra del SAT y rechaza ser responsable de la emisión de facturas apócrifas.

No concedió entrevista, pero días antes de la publicación de este reportaje informó que está recibiendo asesoría legal.

De acuerdo a Medina, su domicilio coincide con la dirección de dos EFOS y de una proveedora estatal porque un antiguo inquilino abusó de su confianza e hizo el registro.

Medina y Ortega viven en los límites de una colonia popular y de la Zona Dorada de Tijuana, una de las preferidas por la clase alta.

“El inquilino al que le rentábamos la casa hizo uso de mis recibos para facturar […] no entiendo cómo el SAT le permitió facturar con un recibo que no estaba a su nombre”, dice Alma Medina.

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Dos EFOS y una constructora que factura al gobierno estatal usan como domicilio fiscal una casa en Tijuana. / Foto: Eduardo Jaramillo

Las EFOS que usaron su casa como domicilio fiscal son el propio Martín Eduardo y Óscar Odín Medina Carrillo, el inquilino que tomó sus recibos y de quien no sabe nada.

“Se desapareció, ni el teléfono contesta”.

Según el SAT, Martín le facturó al estado 14 mil pesos por trabajos de jardinería, limpieza y fumigación en 2015.

Pero ese mismo año, emitió 21 facturas por un monto total de 305 mil pesos al Ayuntamiento de Tijuana.

Por su parte, Óscar Odín Medina Carrillo le facturó al gobierno estatal la cantidad de 199 mil 150 pesos por conceptos de reparaciones de construcción, pinturas y útiles escolares, entre 2014 y 2015.

Al Ayuntamiento de Tijuana también le facturó 606 mil 531 pesos por cobertores, dulces y renta de camiones, entre otros conceptos.

Martín Eduardo Ortega además aparece en el Registro Público de Comercio como socio mayoritario de otra proveedora del gobierno estatal, la Compañía Constructora Haramz SA de CV.

Aunque Alma Medina sí la reconoce, asegura que su esposo trabaja de forma independiente desde hace años y que ya no existe una relación con Haramz.

Esa constructora obtuvo cinco contratos por adjudicación directa, por la cantidad de 2 millones 655 mil pesos, en la administración de gobierno de “Kiko” Vega, según el Portal Nacional de Transparencia.

La promesa de Bonilla

Desde que era candidato a gobernador, Jaime Bonilla, ha repetido que meterá a la cárcel a su antecesor, Francisco Vega de Lamadrid, por defraudar a la ciudadanía.

En el 84 aniversario del “Asalto a las Tierras”, un movimiento agrarista contra los latifundios en Mexicali, en enero pasado, Bonilla reiteró su compromiso de encarcelar al responsable de los desvíos de recursos y de la deuda millonaria que dejó la pasada administración estatal.

“Lo que debo de hacer es meter a la cárcel al que es responsable y para mí ese es “Kiko” Vega”, dijo Bonilla.

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Amador Rodríguez Lozano, secretario General de Gobierno, denuncia penalmente al ex gobernador “Kiko” Vega. / Foto: Cortesía

Tras ganar la elección de 2019, el gobierno de Bonilla interpuso una denuncia penal contra Kiko Vega y al menos 14 ex funcionarios más por peculado y fraude.

La denuncia incluyó al exsecretario de Planeación y Finanzas Bladimiro Hernández Díaz, la ex Oficial Mayor y ahora diputada local Loreto Quintero Quintero, y dos funcionarios menores de los departamentos de Normatividad y Adquisiciones de la administración estatal, entre otros.

Loreto Quintero fue contactada para este reportaje, pero se limitó a decir que la responsabilidad fue de Finanzas.

También se buscó la versión de Bladimiro Hernández, pero no respondió a las llamadas ni a la mensajería instantánea, aunque la aplicación WhatsApp sí registró que Hernández leyó el mensaje solicitando la entrevista. Después, el reportero fue bloqueado en WhatsApp y ya no pudo enviar más mensajes.

El día en que se presentó esa primera denuncia, el secretario General de Gobierno Amador Rodríguez Lozano habló de un desvío de más de mil 200 millones de pesos, que se habría hecho mediante el pago de asesorías entre 2017 y 2018 a casi 40 empresas.

“Muchas de estas empresas se constituyeron el mismo día en que se hizo el pago. Hemos investigado en la Ciudad de México, y hemos visto que hay varias que tienen el mismo domicilio, en apartamentos inexistentes, en casas abandonadas”, afirmó Rodríguez Lozano en noviembre de 2019.

La investigación continúa su curso y la próxima audiencia está fijada para el 11 de junio, según Rodríguez Lozano en una atención a medios que dio el 23 de abril.

A pesar de los esfuerzos por señalar responsables en la administración pasada, este reportaje encontró coincidencias entre socios y apoderados sancionados por el SAT y el padrón de proveedores de este gobierno.

Millones de pesos pagados en la ilegalidad

El SAT reconoce a 51 empresas fantasma que facturaron al gobierno de Baja California entre 2014 y 2019.

La razón social que obtuvo el trozo más grande del pastel se llama Bufete de Consultoría, Asesoramiento y Análisis de Laboratorio SC.

Obtuvo 8 millones 157 mil 044 pesos en dos pagos por los conceptos de “Servicios profesionales para el análisis, revisión, seguimiento y solventación de U023, correspondiente a la Cuenta Pública 2012” y por un “Diagnóstico de Reingeniería en los principales procesos”.

Se les contrató sin que existiera un proceso de licitación, aunque la Ley de Adjudicaciones, Arrendamientos y Servicios para el estado de Baja California lo exige para compras mayores de 13 mil UMA (Unidad de Medida y Actualización), que hoy serían 1 millón 129 mil 440 pesos.

Además, el gobierno estatal dice que no existe ningún contrato en su archivo firmado con esa empresa.

El domicilio fiscal de ese Bufete lleva al séptimo piso de un edificio en Polanco, una de las zonas más exclusivas en Ciudad de México.

En ese piso se encuentra un despacho jurídico, una agencia de mercadotecnia y una constructora.

El Bufete de Consultoría, Asesoramiento y Análisis de Laboratorio no se enlista en el directorio de ese edificio, pero al tocar a la puerta de la oficina que fue registrada ante el SAT, se encuentra Grupo ASVE, una oficina virtual que responde por decenas de empresas.

“Ponle que tienen 70 empresas, pero nosotros nada más conocemos una”, dijo el empleado de un negocio vecino, sobre Grupo ASVE.

Entre los clientes de ese grupo se encuentra la EFO que facturó más de 8 millones al gobierno del estado.

“Sí, aquí estaba, pero se dio de baja el 29 del 05 de 2019”, respondió la recepcionista, luego de buscar el nombre en su computadora.

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Bufete de Consultoría, Asesoramiento y Análisis de Laboratorio SC registró como domicilio fiscal una oficina virtual en Polanco, Ciudad de México. / Foto: Elizabeth Rosales

El Bufete de Consultoría, Asesoramiento y Análisis de Laboratorio se dio de alta ante el SAT el 19 de enero de 2007, pero no aparece inscrita en el Registro Público de Comercio de la Secretaría de Economía.

Tampoco tiene contratos con el gobierno federal o con otros gobiernos locales en los que exista una participación federal, según registros de la aplicación web QuienEsQuien.wiki de la organización Poder.

Y aunque en febrero pasado Newsweek Baja visitó el Registro Público de la Propiedad y de Comercio de la Ciudad de México, las búsquedas de antecedentes registrales están detenidas por la situación de pandemia por el COVID-19.

El registro público local informó que el servicio se reanudará hasta que el semáforo epidemiológico de la Ciudad de México cambie a color verde.

En Mexicali, el segundo contratista más grande

En la capital de Baja California se encuentra el segundo proveedor más grande entre las EFOS detectadas por el SAT.

Se trata de Juan Martínez Arredondo, quien registró su domicilio en el Cóndor, una colonia de viviendas populares con alta incidencia delictiva.

Las viviendas en el Cóndor son de 67 metros cuadrados de construcción, con la pintura roída, y calles con baches.

Al igual que sucedió con Ignacia Cruz en Tijuana, la fachada del domicilio de Juan contrasta con los ingresos que percibió como contratista del gobierno estatal.

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En el tercer piso de este departamento, en Mexicali, vivió Juan Martínez, contratista del estado sancionado por el SAT. / Foto: Eduardo Jaramillo

Entre 2014 y 2015, Juan Martínez obtuvo 5 millones 730 mil 855 pesos por 79 facturas que describen la venta de paquetes de construcción, alimentos y artículos para las festividades de eventos masivos.

Juan vivía en el tercer piso de su edificio en El Cóndor, según el señor Antonio, un vecino que vive en el primer piso y tiene un pequeño cuarto donde corta el cabello.

“Por aquí vivió en algún tiempo, hace como 5 años. Se fue y ya”.

El esquema que las une

Para Vicenta Espinosa, ex secretaria de Honestidad y de la Función Pública, es complejo identificar al beneficiario final en el esquema de empresas fantasma, pero señala indicios de colusión entre servidores públicos en casos como el de Grupo Viarpa, que tienen un giro y emiten facturas por uno distinto.

“No pueden estar haciendo eso, esto es un claro ejemplo de que tienen información privilegiada y es una falta grave en la ley de responsabilidad administrativa”, dijo en entrevista en los primeros días de marzo pasado cuando era todavía la titular de Honestidad.

Detalla que el gobierno estatal tiene registro de las cuentas bancarias que recibieron transferencias por servicios y compras simuladas, pero asegura que hay redes que intentan complejizar la ruta del dinero.

“Son prestanombres. Muchas veces la persona que retiró el recurso utilizó un nombre o una cuenta de una persona que nada tiene que ver”.

Ignacia Cruz piensa que robaron su identidad el día en que su compadre, otra persona en situación vulnerable, la invitó a solicitar empleo en una supuesta agencia de autos nuevos ubicada en Zona Río de Tijuana.

Engañada, y motivada por su necesidad económica, entregó documentos personales y fue llevada ante el SAT, pues le dijeron que era un requisito para ser contratada.

“Me dijo que consiguiera gente y me daban mil pesos por cada persona que metiera”, cuenta Ignacia un sábado en su puesto del mercado sobreruedas.

Llevó alrededor de diez personas, incluyendo a su esposo, Gilberto Muñoz Moreno.

Dice que no recuerda los nombres de quiénes llevaron a cabo la operación y tampoco la fecha en que sucedió, pero Grupo Viarpa fue dado de alta en 2015.

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Ignacia Cruz vende los fines de semana en un sobreruedas de Tijuana. Foto: Eduardo Jaramillo

“No nos dieron ningún papel, no nos llamaron. Nomás nos dijeron que si llegaban a preguntar íbamos a ser trabajadoras”, agrega.

En el Registro Público de la Propiedad y el Comercio, 20 de las EFOS detectadas por el SAT continúan activas y 25 no muestran su estatus.

Tres ya fueron cerradas o están en proceso de disolución, una tiene anotación por embargo, y otra más registró cambio de domicilio.

La investigación contra los contratistas falsos de “Kiko” Vega sigue abierta en la Fiscalía General del Estado. Hasta ahora, ningún funcionario ha recibido, por su participación u omisión, sanción ni condena por las prácticas señaladas en este reportaje.

***

*Este reportaje forma parte del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte, un proyecto del International Center for Journalists en alianza con el Border Center for Journalists and Bloggers.

**Ilustración de portada: Carlos Mendoza

Fuente original: Lado B

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Fabricación de culpables

Juez federal niega cambio de medida cautelar a expolicía Porfirio Sánchez Mendoza acusado de tortura

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Por Guadalupe Lizárraga

Con una audiencia judicial de más de seis horas, un juez federal negó el cambio de medida cautelar solicitado por la defensa de Porfirio Javier Sánchez Mendoza, exsecretario de Seguridad Pública en Aguascalientes y policía federal de Genaro García Luna, acusado de tortura y detención ilegal contra George Khoury Layón, en prisión desde 2009, con reconocimiento de inocencia.

La víctima señaló ante el juez que temía por su vida y la de su familia si su victimario seguía el proceso en libertad condicional, además temía por la vida de quienes atestiguaron su detención arbitraria e ilegal el 2 de septiembre de 2009, tal como quedó asentado en video de las cámaras de seguridad del centro comercial donde se encontraba dentro de un gimnasio en la Ciudad de México.

La audiencia se prolongó por la defensa de Sánchez Mendoza, que presentó a un grupo de familiares, servidores públicos e incluso de agentes de la Guardia Nacional que declararon en favor de la “honorabilidad” del policía en juicio.

Por su parte, George Khoury Layón señaló que el agente del Ministerio Público no intervino prácticamente en el juicio, y al cuestionarlo, el agente argumentó que “lo habían cambiado hacía un mes, y no conocía el caso”. Por lo que Khoury apreció la asesoría jurídica de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV).

Khoury Layón, con opinión de libertad del Grupo de Trabajo de Detención Arbitraria de Naciones Unidas desde 2017 y reconocimiento de inocencia de la Secretaría de Gobernación de 2019, señaló que Porfirio Javier Sánchez Mendoza intervino en las tres últimas detenciones, de cuatro de las que fue víctima, ordenadas por el empresario Eduardo Cuauhtémoc Margolis Sobol.

La primera detención fue el 16 de julio de 2005, y desde entonces se le quiso relacionar con el falso secuestro de Hugo Alberto Wallace Miranda. La siguiente detención arbitraria fue el 30 de enero de 2006, perpetrada por el policía federale Porfirio Sánchez Mendoza y su suboficial Rolando Mayorga Cordero, éste último actualmente prófugo. Posteriormente, tras obtener una sentencia absolutoria el 14 de febrero de 2012, al momento de su salida de prisión, Porfirio Sánchez Mendoza volvió a detenerlo el 26 de febrero de ese año.

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Investigaciones

El crimen organizado desde el gobierno: desaparición forzada y ejecución del periodista Alfredo Jiménez Mota

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  • Unas 40 personas vinculadas a organizaciones policiales y de gobierno  participaron en el crimen contra el periodista

Por Guadalupe Lizárraga

El sábado 2 de abril del año 2005, en Hermosillo, Sonora, fue desaparecido el periodista Alfredo Jiménez Mota, de 25 años, originario de Empalme; reportero que investigaba el tráfico de drogas y el crimen organizado para el periódico local El Imparcial.

Fue una de las primeras víctimas contra la libertad de prensa bajo el gobierno federal del PAN, encabezado por Vicente Fox, en la llamada guerra contra el narcotráfico, y durante el gobierno estatal del PRI, bajo el mandato de Eduardo Bours Castelo.

En ese año, tres meses antes, Jiménez Mota había publicado un artículo titulado “Los Tres Caballeros”, en referencia a los hermanos Beltrán Leyva que lideraban el trasiego de la droga con la participación de autoridades de los diferentes niveles de gobierno y el grupo delictivo “Los Números o Los Güeritos”, bajo el liderazgo de Raúl Enríquez Parra. La información publicada en el libro El Cártel Incómodo, de José Reveles en 2009, y en diferentes medios, especifica que el artículo de Jiménez Mota se basaba -aparentemente- en un informe del CISEN, que seguía las pistas de los Beltrán y su relación con el alcalde de Cajeme, Ricardo Bours Castelo, a quien le decían “El jefe”.

Incluso, la revista Proceso, en enero de 2007, publicó que la desaparición del periodista Jiménez Mota había sido ordenada para evitar que publicara “unas grabaciones de llamadas telefónicas que esperaba recibir, en las que se exponían los vínculos entre Roberto Tapia Chan, director de la Policía Judicial del Estado; Raúl Enríquez Parra, jefe de la banda de Los Güeritos o Los Números —asesinado en octubre de 2005— y Ricardo Bours Castelo, hermano del entonces gobernador de Sonora, el priista Eduardo Bours Castelo”.

Después de 17 años y 22 líneas de investigación sobre este crimen que generó una fuerte presión internacional a México, en la información pública se destaca que la desaparición del periodista fue una desaparición forzada por la participación de manera directa e indirecta de servidores públicos que desempeñaban funciones dentro de la extinta Procuraduría General de la República (PGR) bajo la gestión como delegado de Carlos Albert Herrera Flores, quien tuvo a su mando durante nueve meses al subdelegado Raúl Fernando Rojas Galván. Pero también de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) bajo la gestión de Abel Murrieta Gutiérrez, y su subalterno Roberto Tapia Chan.

Raúl Fernando Rojas Galván, persona de interés

En el expediente judicial PGR/SIEDO/UEIS/177/2005, Raúl Fernando Rojas Galván aparece como la persona con quien se comunicó por última vez con Alfredo Jiménez Mota, a las 23:04 del sábado 2 de abril de 2005, según el registro de llamadas en la línea telefónica del periodista, por lo que el funcionario fue señalado como uno de los sospechosos del crimen “por haberle filtrado información”, y se le pidió su renuncia el 4 de mayo de 2005. Para el 7 de junio de ese mismo año, sin embargo, José Luis Santiago Vasconcelos, entonces titular de la SIEDO, dijo que Rojas Galván había sido trasladado a las oficinas centrales de la PGR.

Durante los siguientes años a fechas recientes, Rojas Galván ha estado activo como servidor público, sin declaraciones patrimoniales. En 2015 y 2016, como agente del Ministerio Público, adscrito a la Fiscalía de Robo con Violencia y Cuantía Mayor de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, enfrentó una serie demandas, y en 2020 se amparó jurídicamente contra la evaluación del Centro de Control y Confianza del Estado de México, un organismo gubernamental que evalúa en capacidad, confianza y análisis toxicológicos a servidores públicos interesados en incorporarse a organismos de seguridad pública.

Hasta la fecha, Rojas Galván no aparece como ‘persona de interés’ en el caso Jiménez Mota, y su impunidad se ha garantizado, pese a los múltiples señalamientos de medios, periodistas y evidencias documentales publicados a lo largo de 17 años, y de haber sido la última llamada telefónica en las pocas horas de vida que le quedaban al periodista de Sonora.

Andrés Montoya García, persona de interés

De acuerdo con una de las líneas de investigación, Andrés Montoya García, quien en 2005 se desempeñaba como subdirector del Sistema Estatal Penitenciario fue la última persona en ver con vida al reportero Alfredo Jiménez Mota. Sin embargo, en su declaración ministerial solo afirma que habló con el periodista sobre el caso de David Garzón Anguiano, «El estudiante» que estaba próximo a su liberación, y que lo dejó en Soriana. Serían pasadas las 10 de la noche. Posterior a ello, el periodista tuvo la llamada de Raúl Fernando Rojas Galván.

El sitio digital Proyecto Impunidad, especifica que el 2 de abril de 2005, Alfredo Jiménez Mota se retiró del diario El Imparcial a las 8:45 p.m. “Desde su casa llamó a su colega Shaila Rosagel. Quedaron en encontrase más tarde, en torno a las 10 de la noche, pero antes vería a uno de sus ‘contactos’, el subdirector general del Sistema Estatal Penitenciario de Sonora, Andrés Montoya García”. El encuentro se llevó a cabo, según lo confirmado por el funcionario y en su declaración ministerial sostuvo “que dejó al periodista en un supermercado y éste le habría comentado que tenía que ver a otro contacto”.

No obstante, resulta inverosímil que el periodista de investigación se reuniera en un sábado por la noche, sin precaución y después de haber sido perseguido, para hablar con un funcionario responsable de las cárceles solo de «un tema del que ya había escrito en el periódico», tal como lo atestiguó su compañera Sheila Rosagel. Pero para la instancia investigadora del caso, el solo dicho del funcionario fue suficiente para no indagar más.

Pese a ser señalado reiteradamente como persona de interés en el crimen contra el periodista, Montoya García siguió escalando en su carrera política y jurídica, y ocupó cargos de asesor del gobierno municipal, actuario, secretario de Acuerdos, hasta llegar a la Secretaría General del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sonora.

En enero de 2018, se postuló sin éxito a la presidencia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Sonora, y en septiembre 2021, su aspiración se enfocó en la dirección de Seguridad Pública Municipal, en Hermosillo, pero fue también fue descalificado por el Cabildo al considerar que no cumplía el perfil para ocupar el cargo.

Sin embargo, el camino de su hermano fue más trágico. José Antonio Montoya García, alias El Montoyita, agente de la Policía Judicial del Estado, quien había sido señalado como autor material del “levantón” del periodista Alfredo Jiménez Mota e incluso de haber participado en su ejecución fue asesinado el 7  de septiembre de 2006.

 

La red judicial para silenciar al periodista

El Montoyita había utilizado vehículos oficiales de la Policía Judicial del Estado para perpetrar la detención ilegal de Alfredo Jiménez Mota. El único momento en que pudo ocurrir este “levantón” por parte del agente José Antonio Montoya, fue en el lugar donde lo dejó su hermano Andrés Montoya, en el supermercado, debido que el siguiente punto donde pararía el periodista sería en el bar, con sus colegas que lo esperaban. En ese ínter se registró la llamada entre Alfredo y el subdelegado de la PGR Fernando Rojas Galván, a las 23:04 horas. Y de allí fue privado de su libertad.

Junto con José Antonio Montoya García, de la misma corporación policial, fueron identificados el comandante Ramón Valle Simentel detenido en  una narco fiesta en la comunidad de El Tobarito en junio de 2004, quien desde 2003 estaba al frente de la Policía Judicial del Estado en la base de Empalme.

También estaba el comandante Juan Gabriel Vázquez Nido, quien ya había sido detenido en un punto de revisión militar en Potam por miembros de la SEDENA tras ser sorprendido en una unidad oficial transportando una fuerte suma de dinero en dólares americanos en compañía de un civil, donde ambos iban armados.

Así mismo, Pedro Emigdio Córdova Herrera, alias “El Pachi”, quien había sido ascendido como jefe de grupo de la Policía Estatal Investigadora, acribillado en Hermosillo, el 17 de mayo de 2007. Meses antes, en septiembre de 2006, ya había sufrido un atentado del que solo tuvo una herida en la espalda.

En los medios locales, trascendía que el mismo jefe policial Córdova Herrera se ostentaba de ser compadre de Daniel Irene Enríquez Parra, alias El 15, ejecutado en Tijuana, Baja California, en enero de 2005, integrante del grupo Los Números o Los Güeritos. Otros tres agentes que habrían participado eran Saúl Orduño, Benito Sánchez Lara y Julio Gutiérrez, ejecutados en Cajeme.

De acuerdo con la información recogida, todos ellos servían al mismo grupo “Los Números o Los Güeritos”, y habrían participado en el traslado del periodista Jiménez Mota a una pista entre las comunidades de San Pedro El Saucito y el municipio de Ures, donde firmaba como jefe de grupo de la PJE el comandante Juan Gabriel Vázquez Nido.

Según declaraciones en el expediente, este comandante fue quien se encargó de subir al periodista a una aeronave para su traslado a un rancho en las inmediaciones de San Bernardo, Álamos, donde según testimonios fue torturado y posteriormente llevado a Ciudad Obregón, donde habría sido sepultado clandestinamente.

Los mandos

Abel Murrieta Gutiérrez, asesinado el 13 de mayo de 2021, fue el titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado durante el sexenio de Eduardo Bours Castelo, periodo en el que se perpetró el crimen contra el periodista. Su subalterno era Roberto Tapia Chan, director de la entonces Policía Judicial del Estado, junto con el comandante Manuel Ángel Barrios Macario, subjefe de la corporación, quien hasta el 23 de julio de 2021 ostentaba el mando, desde la Dirección General de la hoy llamada Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC).

Roberto Tapia Chan ha sido reiteradamente mencionado de estar relacionado con el narcotráfico y con la desaparición del periodista. Incluso, siendo director de la Policía Estatal Preventiva, fue señalado por las hermanas Elvia y Johana Palma Morquecho, dos mujeres que estuvieron secuestradas, según su denuncia, por el mismo grupo de Los Números.

Pero desde el año de 1991, cuando Tapia Chan era director de Averiguaciones Previas de la PGJE, ya se mencionaba de su protección al narcotráfico por intervenir en expedientes judiciales, junto con uno de los entonces subprocuradores Carlos Castillo Ortega.

Para 1996, siendo Director de Seguridad Publica en Navojoa, se le identificó en la protección de narcotraficantes y se le responsabilizó en el crecimiento de la delincuencia local.

Una nueva mención de su nombre fue en el documento del CISEN, en el que basó la información Jiménez Mota y alude a la protección que daba a la organización de los Beltrán Leyva –en ese tiempo todavía socios del Chapo Guzmán y parte del Cártel de Sinaloa–  por parte de los gobiernos locales.

“Los hermanos Beltrán Leyva han operado bajo la protección de autoridades de los tres niveles de gobierno. Destacan los funcionarios incluidos en la administración estatal que inició actividades el 13 de septiembre de 2003, que en el pasado fueron asociados con el crimen organizado, como Roberto Tapia Chan, (ex) director de la Policía Judicial del Estado (PJE), y Abel Murrieta Gutiérrez, subprocurador de Averiguaciones Previas de la Procuraduría General del Estado (actual procurador)…

“Quienes en el pasado coexistieron dentro de la PGJE y en diferentes tiempos fueron los responsables de la seguridad pública en Ciudad Obregón, Cajeme, Sonora, ayuntamiento en donde se reagruparon en el año 2000 siendo presidente municipal Ricardo Robinson Bours Castelo, hermano del hoy gobernador José Eduardo Robinson Bours Castelo…”.

La carta y otras confesiones

En varios blogs de noticias sobre narcotráfico en Sonora y en el libro El Cártel Incómodo, del periodista José Reveles, se reproduce el testimonio de Saúl García Gaxiola, a quien menciona por la coincidencia de apellidos y origen como probable hermano del comandante Rodolfo García Gaxiola, exdelegado de la Policía Judicial Federal, acribillado en 1998, en Ciudad Obregón.

En el testimonio de la carta se describe el recorrido de los victimarios del periodista, las torturas y finalmente su asesinato; así como la participación de al menos 40 personas nombrados por sus alias o sus nombres completos, en su mayoría miembros de una organización policial.

Otra denuncia fue la del teniente Jesús Francisco Ayala Valenzuela, presentada el 17 de enero de 2007, en contra de Luis Octavio Gastelúm Villegas, de los oficiales de la policía judicial Ricardo Tapia Chan y Pedro Córdova Herrera, del fiscal Abel Murrieta y de Ricardo Bours Castelo, hermano del ex gobernador de Sonora, Eduardo Robinson Bours. Fueron mencionados como autores intelectuales del secuestro de Alfredo Jiménez Mota. De inmediato, fue desacreditado por el propio exgobernador y dijo que era una campaña negra contra su gobierno. Pero un mes después, los medios de la región replicaban el 21 de mayo de 2007,  que miembros del 73 Batallón de Infantería de la IV Zona Militar habían incautado 136 paquetes en bolsas de plástico con cocaína y 11 con cristal, en una revisión realizada en el Precos de Benjamín Hill a un camión de Transportes Refrigerados Maciza, que transportaba pollos Bachoco, propiedad del exgobernador.

Los nombres y apellidos que daba Ayala Valenzuela sobre los presuntos responsables del crimen contra Alfredo Jiménez Mota, volvían a ser los mismos que ignoraba la PGR, bajo la gestión de Eduardo Medina Mora, quien hablaba con Bours para acordar sobre los retenes de su mercancía.

Con la ventaja que da el tiempo, hoy se sabe que desde 2001, Eduardo Medina Mora y Genaro García Luna, ya estaban trabajando con el narcotráfico, mientras se simulaba el combate.

El 2000 y otros números

En la carta-denuncia entregada al exgobernador Eduardo Bours, por parte de Saúl García Gaxiola, se alude al “Señor 2000”, como uno de los principales mandos de la organización criminal Los Números y de los Beltrán Leyva. Se trata de Francisco Hernández García, alias El 2000, El Panchillo o el Chapito Hernández, quien -según la fuente- organizaba, coordinaba y dirigía a la mayoría del personal reclutado de entre las filas de las corporaciones policiales.

Fue detenido el 4 de noviembre de 2011, y desde entonces se encuentra preso en un centro de detención federal por crímenes de delincuencia organizada, pero se presume que él podría aportar datos precisos para la localización del cuerpo del periodista, porque era parte principal de la cadena de mando en la perpetración de este crimen.

Sobre el grupo criminal de Los Números o Los Güeritos, se mencionan a Raúl Enríquez Parra alias El 9, líder del grupo, asesinado el 22 de octubre de 2005. De su hermano, Ildefonso Enríquez Parra, alias el 10, existe registro judicial de que un mes antes de la desaparición del periodista Alfredo Jiménez Mota, tramitó un amparo indirecto, con el número de expediente 852/2005, en contra del Secretario de la Defensa Nacional, Gerardo Clemente Ricardo Vega García, en el Juzgado Séptimo de Distrito del estado de Sonora en Quinto Circuito. Por una parte, corre la información de que reside en Denver, Colorado, pero el sitio digital Border Reporter, asegura que fue secuestrado por policías federales en 2007, y ya no salió con vida. Daniel Irene Enríquez Parra alias El 15, como se mencionó líneas arriba, fue ejecutado en enero de 2005, en Tijuana, Baja California.

Con respecto a Wilfredo Enríquez Parra, alias El 11, Border Reporter, señala que es el único hermano de Los Güeritos que “quedó vivo y libre” y radica en Estados Unidos. Wilfrido también tramitó un amparo indirecto, meses después del crimen contra el periodista bajo el número 854/2005, promovido en contra del subprocurador de Averiguaciones Previas, de la Policía Judicial del Estado, en Hermosillo, Sonora, en el Juzgado Octavo de Distrito. El proceso había sido iniciado el 26 de septiembre de 2005.

La organización tenía como persona de confianza o principal brazo ejecutor a Wenceslao Terán Anaya, alias El 24, El Tecate o El Cheyas. Fue señalado como la persona responsable de haber recibido en su casa de Villa Itson, a los policías que llevaban al periodista, donde lo estuvieron interrogando y torturando hasta su muerte para después sepultarlo de manera clandestina.

«Subimos al periodista a una Sonora blanca trasladándolo en compañía de nosotros a la Villa Itson, a la casa del Cheyas. Las calles no me es posible recordar ya que no estoy familiarizado con ellas. En este domicilio 10 estuvieron interrogándolo. El Chapito Montoya le preguntaba el nombre de la persona que le daba información de Raúl Parra Enríquez (o Enríquez Parra alias el Nueve), y él solamente contestaba que le llegaba información anónima.» José Reveles, El Cartel Incómodo, Ramdon House, 2009.

El Cheyas tenía bajo su mando a Rey David Armendáriz González, alias El Charo, quien tenía su domicilio en la Colonia Francisco Villa, en Navojoa, Sonora. Traía su propio grupo de jóvenes para secuestrar y ejecutar a miembros de grupos rivales de la ciudad, entre los que fueron identificados Luis Parra Cruz, alias El Borrego, radicado en Phoenix, Arizona; José Darey Castro Borbón, artista musical del género grupero radicado en Los Ángeles, California, y su tío Romel Castro Trasviña. Todos mencionados en las diferentes líneas de investigación sobre la desaparición de Alfredo Jiménez Mota.

De los miembros de las corporaciones policiales la mayoría han sido asesinados. Solo quedan cuatro nombres de relevancia y en completa impunidad: Raúl Fernando Rojas Galván, Andrés Montoya García, Roberto Tapia Chan y “el jefe” Ricardo Bours Castelo.

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Investigaciones

El Contador y El JJ en las omisiones y pifias de Anabel Hernández

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Por Guadalupe Lizárraga

La nueva detención de Francisco José Barreto García, alias El contador, el 14 de abril, revivió en redes sociales y medios mexicanos e internacionales la historia trágica del futbolista paraguayo Salvador Cabañas Ortega, quien era integrante del Club América y se vio obligado a retirarse de su carrera deportiva tras recibir un disparo en la cabeza el 25 de enero de 2010.

Barreto García fue detenido la primera ocasión en junio de ese año tras su coparticipación en el atentado contra el futbolista, junto con José Jorge Balderas Garza, alias El J.J., detenido el 18 de enero de 2011; ambos acusados de delitos contra la salud y relacionados con el Cártel de los Beltrán Leyva.

En el atentado a Cabañas, según la narrativa de los medios, el sistema de videovigilancia captó el momento en que Barreto escoltaba a Balderas Garza, en el baño del Bar-Bar, y en sus declaraciones ministeriales dijo que había presenciado el momento en que Balderas disparó al futbolista. Pero también en las declaraciones de Balderas, tras su detención en 2011, señaló que él no había disparado, sino que había sido Barreto, ya consignado como copartícipe de la agresión.

En esta historia, no podemos eludir y dejar de contrastar las diferentes versiones publicadas por Anabel Hernández en sus libros, porque no hay ingenuidad en sus omisiones. Tampoco en sus calumnias y pifias que han afectado a personas inocentes, con procesos judiciales sin sentencia ejecutoria; todas han sido decisiones deliberadas de su parte, y como periodista tiene un compromiso ético sin cumplir desde hace más de una década. Los más desinformados creen que su ‘trabajo’ está relacionado con la DEA, pero ninguna instancia del gobierno de los Estados Unidos sostendría a una periodista tan desaseada en su información, violando contratos de confidencialidad, y con compromisos personales como el de Javier Lozano Alarcón, uno de los cómplices de Felipe Calderón, que también ha omitido en sus libros.

El nombre de Anabel Hernández a quien sí ha servido es a la PGR, desde los tiempos de Eduardo Medina Mora como procurador. Su nombre ha legitimado mentiras como las del ‘caso Wallace’ y ha desinformado sobre hechos relacionados con narcotraficantes, empresarios y funcionarios mexicanos. Anabel ha sido el gatillo de la SIEDO-PGR con el que pretendían controlar a García Luna en su carrera presidencial.

Las omisiones de El JJ

Las omisiones de Anabel Hernández en el caso de José Jorge Balderas Garza muy probablemente fueron acuerdos con la PGR. El JJ cumple una sentencia ejecutoria por 20 años de prisión, con cargos de delincuencia organizada y delitos contra la salud, de los cuales ha compurgado la mitad. Tras su detención, sirvió como testigo protegido bajo el alias de Némesis en contra de Édgar Valdez Villarreal «La Barbie», quien era su «amigo», palabras de Valdez Villarreal en videocámara, y de los Beltrán Leyva, para quienes trabajaba.

Sin embargo, como testigo protegido, El JJ fue desestimado por las extradiciones de sus objetivos a los Estados Unidos, y entonces se ofreció como colaborador de la autoridad penitenciaria en el mismo penal, lo cual le podía dar un beneficio a la larga, por ser beneficio de ley para una preliberación, pese a que está pendiente la sentencia sobre el homicidio en grado tentativa.

En 2011, quien dio a conocer en los medios la situación del JJ fue Facundo Rosas Rosas, entonces comisionado de la Policía Federal, y mencionado reiteradamente en los libros de Anabel, sobre todo en Los cómplices del presidente. Pero nada de este contexto fue dado por la periodista con el nombre de José Jorge Balderas. Actualmente, Rosas Rosas es una de las personas contra las que la FGR emitió órdenes de aprehensión el 9 de enero de 2022 por el tráfico ilegal de 2 mil 500 armas, acto conocido como «Rápido y Furioso» durante el periodo de mandato de Felipe Calderón.

La misma historia, Anabel la cuenta en versiones distintas y todas las ha vendido como historias verídicas.

La prisa por Los señores del narco

En la primera edición de Los señores del narco, que empezó a circular en noviembre de 2010, Anabel Hernández afirmó que George Khoury Layón estaba involucrado en el atentado contra el futbolista Salvador Cabañas. Eran expedientes fabricados de la PGR que publicó a toda prisa y sin ninguna prueba. Para entonces, Khoury llevaba preso un año y dos meses, detenido arbitraria e ilegalmente el 2 de septiembre de 2009, por órdenes de Eduardo Cuauhtémoc Margolis Sobol y torturado por el expolicía federal Porfirio Javier Sánchez Mendoza, actualmente en prisión, y por su suboficial Rolando Mayorga Cordero, en estos momentos prófugo.

Anabel ignoró todas las violaciones de derechos humanos que Khoury Layón padecía por parte del empresario que pagaba la consigna y los policías de Felipe Calderón, y jamás publicó la versión de Khoury sobre los hechos pese a que habló con él en 2012; por el contrario, le dedicó seis páginas de calumnias en su libro redactadas después de la fecha del atentado al futbolista, entre febrero y octubre del 2010, puesto que en noviembre su libro ya estaba en circulación, y reiteró estas calumnias en otros títulos en 2013 y 2014 con el total apoyo de su empresa editorial.

En esas páginas lo señaló como el autor intelectual del supuesto secuestro de Hugo Alberto Wallace Miranda, dando por verídico el caso Wallace, fabricado por Isabel Miranda Torres y la PGR, pese a que en 2010 había información de las verdaderas víctimas. Además de secuestrador, Anabel se refirió a Khoury como homicida y narcotraficante, acusándolo de ser miembro de dos grupos delictivos opuestos, el del Cártel de los Beltrán Leyva y el de la célula El Apá.

En esa misma edición mencionó a César Freyre Morales con las mismas calumnias, diciendo que recibía órdenes de Khoury y que, cinco años antes, César había confesado sobre esto y el caso Wallace, incluso Anabel hizo referencia a Isabel Miranda como “la responsable de esas capturas”.

En contraste, los hechos son que el 2 de octubre de 2010, Freyre confesó bajo tortura, una de las más brutales de todas, que sí había secuestrado a Hugo Wallace y de todo lo que quisieran inculparlo, porque ya no aguantaba más, y agentes de la SIEDO tenían a su madre encañonada en su casa mientras él iba a presentarse a audiencia. Durante los cuatro años anteriores, a pesar de las torturas estuvo negando el supuesto crimen. Fue detenido directamente por Isabel Miranda Torres y el agente de la SIEDO Braulio Robles Zúñiga, con tres agentes más, el 23 de enero de 2006 y presentado tres días después; y no en 2005 como afirma Anabel Hernández en su libro, otra pifia insostenible porque además Isabel Miranda se había encargado de hacer mediática su detención con la increíble historia de su captura. Cualquier búsqueda en Google le hubiese dado a Anabel las fechas precisas.

Pero la periodista se ensañó con ellos, con las víctimas de Wallace, incluso con Juana Hilda González Lomelí. A Khoury lo relacionó falsamente con el Cártel de los Beltrán Leyva y con El Apá, pero también lo acusó de trabajar con otro grupo de secuestradores de la Ciudad de México llamado supuestamente «La Flor», que también resultó información falsa, utilizando nombres de detenidos por otros delitos o en otros estados. Más fabricaciones de la PGR que Anabel presentaba como «sus investigaciones». Incluso afirmó que Khoury había obtenido más de 100 millones de dólares por unos 40 secuestros y, al mismo tiempo, contra toda lógica también afirmó que la hermana de éste vendía “tachas” en las afueras de sus “antros” por lo que se le había girado una orden de aprehensión.

En cambio, en esta primera edición omitió el nombre de José Jorge Balderas Garza, alias El JJ, y el de Francisco José Barreto García, alias El Contador, pese a que para la fecha en que se editó el libro había información y fuentes para precisar sobre el atentado contra Salvador Cabañas, sobre todo tratándose de personas vinculadas a los Beltrán Leyva. Pero ni detalles ni contexto. Y en sus demás libros, Anabel omitió completamente la participación, la identidad y la trayectoria delictiva de Francisco José Barreto García.

Segunda edición de Los señores del narco, versión 2

Para mayo de 2014, el Grupo Editorial Penguin Random House sacó una edición de este título de Anabel Hernández, en el que eliminó por completo el párrafo sobre el atentado contra Salvador Cabañas.

El contexto omitido era que, tras la primera detención de Barreto, en junio de 2010, por su participación en el atentado contra el futbolista y distribuir drogas en Estado de México, declaró que El JJ era el que había disparado a Cabañas en los baños del Bar-Bar. Mientras que El JJ también en su detención dijo que había sido Barreto el responsable del disparo al futbolista, y argumentó que El Contador estaba encargado de su seguridad, además de operaciones financieras y administrativas.

Pero los cuatro años de escándalos mediáticos que siguieron, con información profusa sobre los hechos relacionados con narcotráfico, no valieron a Anabel Hernández ni a la editorial para corregir lo publicado en 2010. Simplemente en esta edición eliminaron el párrafo con el nombre del futbolista y sus atacantes, pese a que estos pertenecían al mundo de los Beltrán Leyva, el que investigaba supuestamente Anabel Hernández.

Pero en cambio, la periodista reiteró todas las calumnias contra George Khoury Layón, César Freyre Morales y Juana Hilda González Lomelí sobre secuestros, homicidios y narcotráfico, pese a que el 31 de mayo de 2014, Los Ángeles Press, bajo mi autoría, revelaba las evidencias de la falsedad del caso Wallace y en una serie de reportajes revelaba las torturas a las víctimas para que se confesaran culpables de un crimen que no había sucedido. Anabel Hernández, por su parte, en la revista Proceso, ese mismo día, horas después, puso en duda el caso Wallace en un artículo titulado «El caso Wallace, más turbio que nunca».

Los otros libros y las otras versiones

En su libro México en llamas, en su edición de diciembre de 2012, que ya fue reeditada y aumentada, Anabel Hernández se refirió escuetamente a José Jorge Balderas, El JJ, como responsable de haber disparado contra el futbolista y volvió a omitir el nombre y la participación de Barreto García, El Contador.

Pero en el caso de los inculpados de Wallace, en el capítulo que le dedica, da credibilidad a la confesión obtenida bajo tortura con abuso sexual de Juana Hilda González Lomelí, y páginas más adelante, contradictoriamente, especifica que fue sacada del “centro de arraigo con lesiones y golpes” sin referirse a ello como tortura. Entre las partes aumentadas sobre el caso Wallace, refiere las evidencias además sobre la fabricación de pruebas, pero sigue tratando a Isabel Miranda con deferencia, sin señalarla directamente responsable de las torturas, pese a que esta información ya era pública a través de cartas abiertas escritas por las víctimas y dirigidas a funcionarios e instancias de derechos humanos.

En este título, los nombres difamados de las víctimas de Isabel Miranda vuelven a desfilar, excepto el de George Khoury, a quien había acusado de ser el autor intelectual del supuesto secuestro Wallace y omite el nombre de Jael Malagón Uscanga, quien también fue inculpado por Isabel Miranda y Braulio Robles Zúñiga “de otros secuestros”, para justificar “la temible banda de secuestradores”.

Narcoland, su versión en inglés

La versión en inglés de Los señores del narco, traducida por Verso Books, en 2013, fue recortada. También se eliminó el párrafo sobre el atentado de Salvador Cabañas, pero también todo lo referente al caso Wallace, eliminando el nombre de César Freyre. Sin embargo, Anabel Hernández siguió con todas las calumnias y difamaciones en contra de George Khoury Layón. En esta versión lo vincula directamente con Edgar Valdez Villarreal, y destaca que «fue detenido con armas calibre .35 y .22, además de pastillas psicotrópicas». Cuando en realidad, la defensa de Khoury demostró con evidencia videográfica y un audio grabado de su tortura que fue detenido en un gimnasio y de allí se lo llevaron para torturarlo durante 14 horas, hasta el día siguiente fue presentado a la SIEDO. Igual que en los otros libros, Anabel se ensañó acusándolo además de narcotráfico, de secuestros, homicidio y de poseer millones de dólares.

Un año antes de esta edición, Anabel Hernández había visitado a Khoury en el Reclusorio Oriente, y de acuerdo con el testimonio de la víctima, le ofreció disculpas por esas calumnias, prometiéndole que las corregiría si Khoury obtenía su reconocimiento de inocencia. Lo cual obtuvo en 2017 por parte del Grupo de Trabajo de Detención Arbitraria de Naciones Unidas y de la Secretaría de Gobernación en 2019. Incluso, en carta pública a Anabel, Khoury le pidió que corrigiera sus libros. Él había cumplido su parte, ahora faltaba ella. No obstante, hasta la fecha Anabel se mantiene firme en sus calumnias.

El JJ en Emma y otras señoras del narco

Francisco José Barreto García tampoco existe en este libro de Anabel Hernández, donde vuelve a mencionar el atentado contra Salvador Cabañas, un libro por el que está siendo demandada por varias figuras públicas del espectáculo. En la referencia al JJ dice las cosas a medias.

«En 2010, el Bar Bar se volvió tristemente célebre cuando el futbolista Salvador Cabañas fue agredido con un disparo en la cabeza por José Jorge Balderas Garza, a quien en las noticias se identificó como el JJ, lugarteniente de la Barbie, aunque dentro de la organización criminal todos le decían Batman por su altura y aspecto.» Emma y las otras señoras del narco (Spanish Edition) by Anabel Hernández.

Es inverosímil pensar que Anabel desconoce la información relacionada con el caso Cabañas. Lo que no se explica es por qué omitir la participación en el crimen del Contador, cuando ha sido publicado en todos los medios, más aún cuando da detalles irrelevantes y de alcoba de otros narcotraficantes.

¿Por qué silencio de Anabel con El JJ y El Contador?

La forma en la que Anabel Hernández ha ido publicando y corrigiendo sus libros, sobre todo las versiones digitales, trazan una trayectoria de omisiones muy convenientes para el colaborador de la PGR El JJ y El Contador, y mantiene con obstinación falsedades y pifias para inculpar a inocentes, como en el caso de George Khoury Layón, consigna de Margolis.

Incluso a las víctimas de Isabel Miranda Torres, pese a que Anabel misma ha puesto en duda el caso, no le ha prestado interés en limpiar el nombre de sus inculpados, cuando es responsable de errores y contradicciones, que hemos señalado reiteradamente en Los Ángeles Press, desde donde se ha denunciado la persecución de Isabel Miranda contra quien esto escribe tras revelar la identidad del padre biológico de Hugo Alberto, el señor Carlos León Miranda, primo hermano de Isabel; las tres identidades oficiales de Hugo Alberto, dos de ellas activas en Hacienda hasta 2018; las declaraciones ministeriales falsas de Isabel Miranda; la fabricación de la gota de sangre; la identidad de los torturadores de los inculpados, activos en el servicio público todavía; la colaboración de Miranda en la Secretaría de Seguridad Pública en 2004 con Eduardo Medina Mora; su injerencia en el área de Secuestros de la SIEDO, desde 2001; su participación directa en las torturas y amenazas a sus víctimas, entre otras cuestiones más que nos llevan ineludiblemente a la PGR y al silencio de Anabel Hernández.

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