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Investigaciones

Baja California: Los falsos contratistas del exgobernador Kiko Vega

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Al menos 34 millones 595 mil 999 pesos fueron los que el gobierno de Baja California pagó entre 2014 y 2019 a empresas fantasma por servicios y compras sin licitar y sin contratos de por medio. La mayoría de los contratos se firmaron en el gobierno de Francisco Vega de Lamadrid, pero la operación de empresas fantasma también permeó a la administración de Jaime Bonilla

Elizabeth Rosales y Eduardo Jaramillo*

En el Cañón Bugambilias, un barrio popular en Tijuana, vive la señora Ignacia Cruz Rodríguez Adame con su esposo, Gilberto Muñoz Moreno.

Ambos son dueños de una empresa que facturó millones de pesos al gobierno de Baja California entre 2015 y 2016, pero no lo sabían.

Su casa es un cuarto en un cerro al que se llega subiendo escaleras hechas con llantas.

No tienen piso, ni baño o servicios básicos, más que luz, y lejos de encabezar una empresa que se dedica al desarrollo, asesoría y suministro de servicios profesionales, Ignacia vende champús, sandalias y estropajos en un mercado sobreruedas los fines de semana.

En papel, la pareja es socia de Grupo Viarpa SA de CV, una de 51 proveedoras del gobierno estatal que emitieron facturas falsas en la administración de Francisco “Kiko” Vega de Lamadrid, según el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

En total, Grupo Viarpa recibió 2 millones 874 mil 935 pesos por la venta de productos de la canasta básica, aunque ese no es el giro de la empresa, que ofrece reclutamiento de ejecutivos y servicios corporativos, entre otros, según su acta constitutiva.

“Vivo en el cerro, ahí es mi casita, ¿ustedes creen que si hubiera tenido dinero, no hubiera vivido mejor?”, dice Ignacia, de 47 años.

El SAT identifica a Grupo Viarpa como una Empresa que Factura Operaciones Simuladas (EFOS) y cada mes actualiza una lista definitiva donde exhibe a todas las que detecta por distintas irregularidades.

Por ejemplo, que son ilocalizables, emitieron facturas por bienes y servicios que no entregaron, o que no tienen infraestructura y recursos humanos para dedicarse al giro que registraron.

Entre 2014 y 2019, el gobierno de Baja California pagó al menos 34 millones 595 mil 999 pesos a 51 EFOS que emitieron 568 facturas falsas, de acuerdo con Facturanet, herramienta desarrollada por el Data Lab del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte.

El SAT implementó en 2014 una reforma al Código Fiscal de la Federación (CFF) para detectar a esos contribuyentes, porque llegan a incurrir en delitos como la defraudación fiscal, lavado de dinero y cohecho, advierte José Antonio Melgar Díaz, presidente de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos.

Por eso, estar en la lista negra del SAT conlleva sanciones que van desde la cancelación de los sellos digitales de la empresa señalada, hasta una pena de dos a nueve años de prisión a quien expida o reciba comprobantes fiscales por operaciones inexistentes, según el CFF.

Esto último es el temor de Ignacia, quien no cuenta con los recursos para defenderse legalmente.

Además, Grupo Viarpa no es la única empresa a su nombre ligada al gobierno de Baja California.

Sus datos personales también fueron usados para crear la empresa Oliza Comercializadora, que recibió dos contratos para organizar eventos masivos, en 2016, por la cantidad de 400 mil pesos.

“La verdad me siento nerviosa, ¿de dónde voy a pagar ese dinero?”, pregunta Ignacia, en entrevista desde su puesto en el tianguis de la Zona Norte de Tijuana.

Empresas ilusionistas

Si antes se les llamaba empresas fantasma, hoy podríamos decir que son ilusionistas, porque aparecen y desaparecen a conveniencia.

En Baja California, al menos tres socios o apoderados de Empresas que Facturan Operaciones Simuladas (EFOS) regresaron al padrón de proveedores del gobierno estatal, entre 2019 y 2020, con Jaime Bonilla como gobernador.

Aunque fueron boletinados por el SAT, uno de ellos representa a una empresa no sancionada con la que sigue participando en procesos de contratación.

Los otros dos tienen al menos un vínculo con una contratista de este gobierno.

“Puede ocurrir porque la empresa es la que está inhabilitada y propiamente no vamos a ir a verificar los nombres de los socios. Ahí sí tendríamos que verificar. Tendríamos que ver una herramienta que nos permitiera también filtrar los nombres de los socios para que no se mezclen en otras empresas”, dijo en marzo pasado, Vicenta Espinosa, cuando todavía era secretaria de Honestidad y de la Función Pública, y se le buscó para hablar sobre los proveedores fantasma de “Kiko” Vega.

Para esta investigación se documentaron los casos de Omar González Chávez, Martín Eduardo Ortega Chávez y Óscar Odín Medina Carrillo, sancionados por el SAT que siguen ligados a proveedores, gracias a los puntos ciegos del gobierno estatal.

Grupo Viarpa, por ejemplo, ya no puede emitir facturas, pero su apoderado Omar González Chávez es gerente administrativo de Comercializadora Empresas Baja, que se dio de alta como proveedora del estado en mayo de 2020 y recibió tres pagos ese año por un monto de 370 mil 630 pesos, según la Secretaría de Hacienda estatal.

Dos facturas fueron por el servicio de construcción a la Fiscalía General del Estado (FGE) y otra más por proveer productos de salud al Sistema Penitenciario.

Tanto Grupo Viarpa como Empresas Baja comparten un domicilio en la Zona Río de Tijuana, distrito financiero y comercial de la ciudad, sin embargo, el equipo de investigación constató que ahí no existen ni oficinas ni personal de esas empresas.

Empresas Baja además factura con la dirección 1528 de la calle Madero, en Zona Centro, pero tampoco se encuentra en ese lugar.

Un hallazgo de esta investigación es que Omar ha sido una figura constante en las empresas ligadas a Ignacia Cruz, aunque ella dice que no lo conoce.

El Registro Público de Comercio arroja que Omar es administrador único de Oliza Comercializadora y tiene facultades de cobranza. El equipo de Newsweek Baja California trató de localizarlo por diferentes medios para obtener su versión, pero tanto el número telefónico como la dirección electrónica registrados en el padrón de proveedores no eran válidos o no estaban en funcionamiento.

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Grupo Viarpa y Comercializadora Empresas Baja comparten domicilio fiscal en el Edificio Cazzar, en Zona Río de Tijuana. / Foto: Eduardo Jaramillo

Otro caso es el de Martín Eduardo Ortega Chávez y Óscar Odín Medina, personas físicas boletinadas por el SAT que comparten domicilio en Tijuana con la Constructora Inmobiliaria Loreto SA de CV.

La constructora se dio de alta como proveedora en 2019, ha participado en 242 licitaciones y recibió al menos un pago en 2020 por la construcción de un andador vecinal en Pórticos del Lago.

El monto pagado fue de 183 mil pesos, según la Secretaría de Hacienda de Baja California (SHBC).

Mi casa, domicilio fiscal de EFOS

Alma Medina es esposa de Martín Eduardo Ortega Chávez, una persona física que llegó a la lista negra del SAT y rechaza ser responsable de la emisión de facturas apócrifas.

No concedió entrevista, pero días antes de la publicación de este reportaje informó que está recibiendo asesoría legal.

De acuerdo a Medina, su domicilio coincide con la dirección de dos EFOS y de una proveedora estatal porque un antiguo inquilino abusó de su confianza e hizo el registro.

Medina y Ortega viven en los límites de una colonia popular y de la Zona Dorada de Tijuana, una de las preferidas por la clase alta.

“El inquilino al que le rentábamos la casa hizo uso de mis recibos para facturar […] no entiendo cómo el SAT le permitió facturar con un recibo que no estaba a su nombre”, dice Alma Medina.

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Dos EFOS y una constructora que factura al gobierno estatal usan como domicilio fiscal una casa en Tijuana. / Foto: Eduardo Jaramillo

Las EFOS que usaron su casa como domicilio fiscal son el propio Martín Eduardo y Óscar Odín Medina Carrillo, el inquilino que tomó sus recibos y de quien no sabe nada.

“Se desapareció, ni el teléfono contesta”.

Según el SAT, Martín le facturó al estado 14 mil pesos por trabajos de jardinería, limpieza y fumigación en 2015.

Pero ese mismo año, emitió 21 facturas por un monto total de 305 mil pesos al Ayuntamiento de Tijuana.

Por su parte, Óscar Odín Medina Carrillo le facturó al gobierno estatal la cantidad de 199 mil 150 pesos por conceptos de reparaciones de construcción, pinturas y útiles escolares, entre 2014 y 2015.

Al Ayuntamiento de Tijuana también le facturó 606 mil 531 pesos por cobertores, dulces y renta de camiones, entre otros conceptos.

Martín Eduardo Ortega además aparece en el Registro Público de Comercio como socio mayoritario de otra proveedora del gobierno estatal, la Compañía Constructora Haramz SA de CV.

Aunque Alma Medina sí la reconoce, asegura que su esposo trabaja de forma independiente desde hace años y que ya no existe una relación con Haramz.

Esa constructora obtuvo cinco contratos por adjudicación directa, por la cantidad de 2 millones 655 mil pesos, en la administración de gobierno de “Kiko” Vega, según el Portal Nacional de Transparencia.

La promesa de Bonilla

Desde que era candidato a gobernador, Jaime Bonilla, ha repetido que meterá a la cárcel a su antecesor, Francisco Vega de Lamadrid, por defraudar a la ciudadanía.

En el 84 aniversario del “Asalto a las Tierras”, un movimiento agrarista contra los latifundios en Mexicali, en enero pasado, Bonilla reiteró su compromiso de encarcelar al responsable de los desvíos de recursos y de la deuda millonaria que dejó la pasada administración estatal.

“Lo que debo de hacer es meter a la cárcel al que es responsable y para mí ese es “Kiko” Vega”, dijo Bonilla.

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Amador Rodríguez Lozano, secretario General de Gobierno, denuncia penalmente al ex gobernador “Kiko” Vega. / Foto: Cortesía

Tras ganar la elección de 2019, el gobierno de Bonilla interpuso una denuncia penal contra Kiko Vega y al menos 14 ex funcionarios más por peculado y fraude.

La denuncia incluyó al exsecretario de Planeación y Finanzas Bladimiro Hernández Díaz, la ex Oficial Mayor y ahora diputada local Loreto Quintero Quintero, y dos funcionarios menores de los departamentos de Normatividad y Adquisiciones de la administración estatal, entre otros.

Loreto Quintero fue contactada para este reportaje, pero se limitó a decir que la responsabilidad fue de Finanzas.

También se buscó la versión de Bladimiro Hernández, pero no respondió a las llamadas ni a la mensajería instantánea, aunque la aplicación WhatsApp sí registró que Hernández leyó el mensaje solicitando la entrevista. Después, el reportero fue bloqueado en WhatsApp y ya no pudo enviar más mensajes.

El día en que se presentó esa primera denuncia, el secretario General de Gobierno Amador Rodríguez Lozano habló de un desvío de más de mil 200 millones de pesos, que se habría hecho mediante el pago de asesorías entre 2017 y 2018 a casi 40 empresas.

“Muchas de estas empresas se constituyeron el mismo día en que se hizo el pago. Hemos investigado en la Ciudad de México, y hemos visto que hay varias que tienen el mismo domicilio, en apartamentos inexistentes, en casas abandonadas”, afirmó Rodríguez Lozano en noviembre de 2019.

La investigación continúa su curso y la próxima audiencia está fijada para el 11 de junio, según Rodríguez Lozano en una atención a medios que dio el 23 de abril.

A pesar de los esfuerzos por señalar responsables en la administración pasada, este reportaje encontró coincidencias entre socios y apoderados sancionados por el SAT y el padrón de proveedores de este gobierno.

Millones de pesos pagados en la ilegalidad

El SAT reconoce a 51 empresas fantasma que facturaron al gobierno de Baja California entre 2014 y 2019.

La razón social que obtuvo el trozo más grande del pastel se llama Bufete de Consultoría, Asesoramiento y Análisis de Laboratorio SC.

Obtuvo 8 millones 157 mil 044 pesos en dos pagos por los conceptos de “Servicios profesionales para el análisis, revisión, seguimiento y solventación de U023, correspondiente a la Cuenta Pública 2012” y por un “Diagnóstico de Reingeniería en los principales procesos”.

Se les contrató sin que existiera un proceso de licitación, aunque la Ley de Adjudicaciones, Arrendamientos y Servicios para el estado de Baja California lo exige para compras mayores de 13 mil UMA (Unidad de Medida y Actualización), que hoy serían 1 millón 129 mil 440 pesos.

Además, el gobierno estatal dice que no existe ningún contrato en su archivo firmado con esa empresa.

El domicilio fiscal de ese Bufete lleva al séptimo piso de un edificio en Polanco, una de las zonas más exclusivas en Ciudad de México.

En ese piso se encuentra un despacho jurídico, una agencia de mercadotecnia y una constructora.

El Bufete de Consultoría, Asesoramiento y Análisis de Laboratorio no se enlista en el directorio de ese edificio, pero al tocar a la puerta de la oficina que fue registrada ante el SAT, se encuentra Grupo ASVE, una oficina virtual que responde por decenas de empresas.

“Ponle que tienen 70 empresas, pero nosotros nada más conocemos una”, dijo el empleado de un negocio vecino, sobre Grupo ASVE.

Entre los clientes de ese grupo se encuentra la EFO que facturó más de 8 millones al gobierno del estado.

“Sí, aquí estaba, pero se dio de baja el 29 del 05 de 2019”, respondió la recepcionista, luego de buscar el nombre en su computadora.

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Bufete de Consultoría, Asesoramiento y Análisis de Laboratorio SC registró como domicilio fiscal una oficina virtual en Polanco, Ciudad de México. / Foto: Elizabeth Rosales

El Bufete de Consultoría, Asesoramiento y Análisis de Laboratorio se dio de alta ante el SAT el 19 de enero de 2007, pero no aparece inscrita en el Registro Público de Comercio de la Secretaría de Economía.

Tampoco tiene contratos con el gobierno federal o con otros gobiernos locales en los que exista una participación federal, según registros de la aplicación web QuienEsQuien.wiki de la organización Poder.

Y aunque en febrero pasado Newsweek Baja visitó el Registro Público de la Propiedad y de Comercio de la Ciudad de México, las búsquedas de antecedentes registrales están detenidas por la situación de pandemia por el COVID-19.

El registro público local informó que el servicio se reanudará hasta que el semáforo epidemiológico de la Ciudad de México cambie a color verde.

En Mexicali, el segundo contratista más grande

En la capital de Baja California se encuentra el segundo proveedor más grande entre las EFOS detectadas por el SAT.

Se trata de Juan Martínez Arredondo, quien registró su domicilio en el Cóndor, una colonia de viviendas populares con alta incidencia delictiva.

Las viviendas en el Cóndor son de 67 metros cuadrados de construcción, con la pintura roída, y calles con baches.

Al igual que sucedió con Ignacia Cruz en Tijuana, la fachada del domicilio de Juan contrasta con los ingresos que percibió como contratista del gobierno estatal.

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En el tercer piso de este departamento, en Mexicali, vivió Juan Martínez, contratista del estado sancionado por el SAT. / Foto: Eduardo Jaramillo

Entre 2014 y 2015, Juan Martínez obtuvo 5 millones 730 mil 855 pesos por 79 facturas que describen la venta de paquetes de construcción, alimentos y artículos para las festividades de eventos masivos.

Juan vivía en el tercer piso de su edificio en El Cóndor, según el señor Antonio, un vecino que vive en el primer piso y tiene un pequeño cuarto donde corta el cabello.

“Por aquí vivió en algún tiempo, hace como 5 años. Se fue y ya”.

El esquema que las une

Para Vicenta Espinosa, ex secretaria de Honestidad y de la Función Pública, es complejo identificar al beneficiario final en el esquema de empresas fantasma, pero señala indicios de colusión entre servidores públicos en casos como el de Grupo Viarpa, que tienen un giro y emiten facturas por uno distinto.

“No pueden estar haciendo eso, esto es un claro ejemplo de que tienen información privilegiada y es una falta grave en la ley de responsabilidad administrativa”, dijo en entrevista en los primeros días de marzo pasado cuando era todavía la titular de Honestidad.

Detalla que el gobierno estatal tiene registro de las cuentas bancarias que recibieron transferencias por servicios y compras simuladas, pero asegura que hay redes que intentan complejizar la ruta del dinero.

“Son prestanombres. Muchas veces la persona que retiró el recurso utilizó un nombre o una cuenta de una persona que nada tiene que ver”.

Ignacia Cruz piensa que robaron su identidad el día en que su compadre, otra persona en situación vulnerable, la invitó a solicitar empleo en una supuesta agencia de autos nuevos ubicada en Zona Río de Tijuana.

Engañada, y motivada por su necesidad económica, entregó documentos personales y fue llevada ante el SAT, pues le dijeron que era un requisito para ser contratada.

“Me dijo que consiguiera gente y me daban mil pesos por cada persona que metiera”, cuenta Ignacia un sábado en su puesto del mercado sobreruedas.

Llevó alrededor de diez personas, incluyendo a su esposo, Gilberto Muñoz Moreno.

Dice que no recuerda los nombres de quiénes llevaron a cabo la operación y tampoco la fecha en que sucedió, pero Grupo Viarpa fue dado de alta en 2015.

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Ignacia Cruz vende los fines de semana en un sobreruedas de Tijuana. Foto: Eduardo Jaramillo

“No nos dieron ningún papel, no nos llamaron. Nomás nos dijeron que si llegaban a preguntar íbamos a ser trabajadoras”, agrega.

En el Registro Público de la Propiedad y el Comercio, 20 de las EFOS detectadas por el SAT continúan activas y 25 no muestran su estatus.

Tres ya fueron cerradas o están en proceso de disolución, una tiene anotación por embargo, y otra más registró cambio de domicilio.

La investigación contra los contratistas falsos de “Kiko” Vega sigue abierta en la Fiscalía General del Estado. Hasta ahora, ningún funcionario ha recibido, por su participación u omisión, sanción ni condena por las prácticas señaladas en este reportaje.

***

*Este reportaje forma parte del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte, un proyecto del International Center for Journalists en alianza con el Border Center for Journalists and Bloggers.

**Ilustración de portada: Carlos Mendoza

Fuente original: Lado B

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Investigaciones

Con gastos de 5 mdp al año, exsenador Luis Fernando Salazar dice ‘tener las manos limpias, al igual que Calderón’

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Luis Fernando Salazar Fernandez, ex senador panista y ahora integrante de Morena

En cinco años, el exsenador y su esposa llegaron a gastar 21 millones de pesos con gastos exorbitantes en imagen política

Por Zavianny Torres Baltazar

Con la vista puesta en la próxima elección para la gubernatura de Coahuila, el exsenador panista Luis Fernando Salazar Fernández, no repara en gastos suntuosos.

Utiliza asociaciones civiles, grupos empresariales, agencias, para gastar de forma discrecional en su posicionamiento mediático, en redes sociales, reparto de “ayuda social” a cambio de afiliación a organización política, vinculada a él y su campaña de promoción.

Lee más: Alerta Temprana pide atención de CNDH para interno agredido en Cefereso #18 de Coahuila

 

En tan sólo cinco años Salazar Fernández y su esposa, Karla Matilde Villareal, quien comparte los beneficios de la tarjeta American Express, han gastado cerca de 21 millones de pesos, es decir, cerca de 5 millones al año. Casi medio millón de pesos al mes. Ni lo que gana de forma neta el presidente de la república. En documentos que obran en nuestro poder, se puede constatar las operaciones financieras exorbitantes que la familia Salazar Villareal realizó en los últimos cinco años.

Entre los beneficiarios de esas transacciones bancarias está un grupo de empresarios del sector inmobiliario, medios de comunicación, notarios y colaboradores diversos además de negocios de la familia de su esposa Karla Matilde Villarreal Villarreal, quién también aparece como beneficiaria de la tarjeta de crédito con la cual se pagaron consumos de 20.9 millones de pesos entre 2017 y 2022 con 58 operaciones.

En la publicación que Proceso hizo esta semana, el señalado en ningún momento niega esos gastos excesivos, ni los millonarios gastos por concepto de proyección de su imagen. “A estos gastos se suman al menos 1.8 millones de pesos en publicidad pagada en la plataforma de Facebook, del 4 de agosto del 2020 al 11 de septiembre del presente año en dos de sus páginas identificadas como Luis Fernando Salazar Fernández y Luis Fernando Salazar.

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Un total de 554 mil 988 pesos fueron pagados directamente por él mientras que el resto fue financiado por cinco distintas empresas y organizaciones como Comunicando ideas, Comunicación disruptiva y Cada día un mensaje, de las cuales no hay rastro. Hay otras como Movimiento Progresista, que impulsa la imagen de Marcelo Ebrard, así como la empresa Red Marketing con oficinas en Torreón.

Otro millón de pesos se ha invertido en su imagen, pero mediante “una organización no gubernamental” denominada La fuerza social, qué lleva las mismas siglas de Salazar y que en sus redes sociales pide un registro de afiliación, como si fuera una institución con fines políticos partidistas según constató esta reportera», menciona el semanario Proceso.

No olvidemos que en su momento, el entonces senador Luis Fernando Salazar fue señalado como uno de los legisladores que aceptaron los sobornos del ahora preso Emilio Lozoya. Las aventuras políticas de Salazar lo han llevado a militar en el PAN y a hacer campaña por el partido de Pedro Haces, Fuerza Social. Ahora busca ser el candidato de morena a la gubernatura del estado de Coahuila.

Al mismo tiempo, el exsenador panista, niega tener alguna investigación en curso o haber defraudado fiscalmente al gobierno. Sostiene que contrario a eso, cuenta con todas sus declaraciones en tiempo y forma. Sin embargo, en ningún momento niega haber realizado los gastos excesivos de decenas de millones de pesos en los últimos años.

Al igual que Peña Nieto, dice desconocer sobre los gastos que se hacen para promover su imagen y posible candidatura. Y al igual que Calderón dice “Tener las manos limpias».

 

 

 

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Fabricación de culpables

Quiénes torturaron a Israel Vallarta Cisneros

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Agentes de la AFI y hasta el reportero Pablo Reinah están entre los torturadores de Israel Vallarta

Los Ángeles Press

El caso de Israel Vallarta volvió a destacar en los medios y redes sociales luego de que el documental de Netflix, ‘El caso Cassez-Vallarta. Una novela criminal’, exhibiera el montaje y la fabricación de delitos que le hicieron a ambos personajes por parte del sistema de procuración de justicia mexicano.

Además de la fabricación de delitos y la exhibición mediática como secuestrador, Israel Vallarta Cisneros, quien se encuentra en prisión preventiva por más de 17 años, fue torturado y violado sexualmente en su detención, de acuerdo con los resultados del protocolo de Estambul publicado en Los Ángeles Press y las entrevistas a los peritos médicos hechas por la periodista Guadalupe Lizárraga.

Sin embargo, el caso se ha empantanado en el debate mediático debido a la perspectiva difundida por el corporativo de entretenimiento, y han quedado en el rezago judicial las denuncias contra los perpetradores de las torturas mencionados en el protocolo de Estambul.

Para saber más del tema: Netflix viola derecho de presunción de inocencia a Jacobo Tagle y protege a victimario de Israel Vallarta

Aquí la lista de los perpetradores:

Luis Cárdenas Palomino

Ex agente de la desaparecida Agencia Federal de Investigaciones y mano derecha de Genaro García Luna. Fue mencionado en 59 ocasiones por Israel Vallarta en su protocolo de Estambul identificándolo como su principal torturador. Cárdenas Palomino fue titular de Seguridad Regional y coordinador de Inteligencia para la Prevención del Delito en la Secretaría de Seguridad Pública Federal e incluso torturó a Vallarta frente a las cámaras de Televisa cuando se transmitió el montaje de su captura junto con Florence Cassez.

 

Pablo Reinah

El ex reportero de Televisa fue acusado por Israel Vallarta, mediante un testimonio que ventiló la periodista Emmanuelle Steels, de haberlo golpeado. Pablo Reinah también fue mencionado en el protocolo de Estambul como una de las personas que fue incitada por el propio Cárdenas Palomino para golpearlo, y previo al montaje televisivo propinó bofetadas a Vallarta.

Eduardo Cuauhtémoc Margolis Sobol

Empresario de Tecnología de Inteligencia y seguridad privada fue mencionado 22 veces en el protocolo de Estambul de Israel Vallarta, por haber intervenido directamente en las torturas a Israel propinándole patadas «una tras otra» y “con intensidad”. Según este documento oficial ordenado por el Consejo Federal de la Judicatura, «probablemente propinó (estas) patadas (que fueron) muy distintas a las que le realizaron los (integrantes de la) AFI«. Margolis ha sido denunciado también de ordenar las detenciones arbitrarias y tortura a George Khoury Layón por vía del expolicía federal Porfirio Javier Sánchez Mendoza, del mismo grupo de Cárdenas Palomino.

La editora recomienda: Tortura, secuestro y espionaje, vínculo Margolis con casos Israel Vallarta, George Khoury y Wallace

 

María Isabel Hernández Arzate, alias «Comandante Libra»

La ex comandante del área de secuestros de la AFI es acusada de violar sexualmente a Israel Vallarta con un tolete, además de darle golpes con un palo de escoba en la planta de los pies, torturarlo por aplastamiento, y de violencia verbal para su humillación. «Le introduce un palo por el ano, mientras le aplican corriente eléctrica en los testículos», se lee en una parte del protocolo de Estambul. Sin embargo, hasta este momento se desconoce alguna acción penal en su contra.

Israel Zaragoza Rico

Maestro de Derecho penal, con cédula Número: 9024565, obtenida en 2015. Intervino en la tortura de Israel Vallarta, bajo órdenes de Francisco Javier Garza Palacios, y presenció con burlas la violación sexual. En 2006, Zaragoza Rico fue nombrado director del área de Secuestros de la Agencia Federal de Investigaciones, bajo la dependencia de la Procuraduría General de la República al mando de Eduardo Medina Mora. En 2011, fue nombrado coordinador regional de la Policía Federal en el estado de México.

Recibió órdenes de uno de los agentes de la AFI de golpear, amenazar e intimidar a Vallarta. Después de intervenir en la golpiza, «(Realizó) burlas al presenciar la violación», se añade en otra parte del informe.

Francisco Javier Garza Palacios

Licenciado en Derecho por la UNAM, con cédula cédula número 4109671, era director de Operaciones Especiales de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) en 2005 cuando intervino en la tortura de Israel Vallarta. Luego ocupó el cargo de coordinador regional de la Policía Federal en Sonora y fue separado del cargo en 2007 tras permitir el paso de un convoy de sicarios del Cártel de Sinaloa con el que se le relacionó. Tras el enfrentamiento, García Luna lo incorporó a la Secretaría de Seguridad Pública en Colombia. En 2008 regresó a México para responder a investigaciones de la SIEDO por presuntos vínculos con el narcotráfico. Fue quien ordenó a Israel Zaragoza Rico intensificar la tortura a Vallarta.

Lee más: Eduardo Margolis, de empresario de Seguridad a redentor justiciero y vengativo

José Aburto Pazos

Con cargo de suboficial, fue uno de los cuatro agentes de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) que ingresaron al domicilio donde se realizó el montaje televisivo para la captura de Israel Vallarta y Florence Cassez. Ha sido comisario de la Policía Federal en San Luis Potosí, a partir de 2005.

Germán Ovidio Zabaleta Abad

Este hombre identificado como agente de la AFI es mencionado en el protocolo de Estambul de Israel Vallarta de haberlo torturado por «aplastamiento al sentársele encima” y de «burlarse al presenciar (su) violación». Enfrenta demandas por la empresa Transportes Unidos Castañeda en su cargo de subinspector, en 2018.

José Luis Escalona Aldama

Licenciado en Derecho, con Cédula Número: 9219813, por la UAEM, intervino directamente en la tortura de Israel Vallarta. En el protocolo de Estambul se menciona como responsable de haberle propinado una «golpiza con un objeto contundente, (le hizo) aplicación de corriente eléctrica y provocación de asfixia».

Además, dicho informe señala que hay otros siete perpetradores de tortura a Israel Vallarta observados que no han sido identificados con sus nombres.

 

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Con voz propia

El precio de la mentira: el caso Cassez-Vallarta

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¿Cuánto puede dañar una mentira?, se pregunta Xavier Sánchez sobre el caso Cassez-Vallarta

Uno no puede ponerse del lado
de quienes hacen la historia,
sino al servicio de quienes la padecen

Albert Camus

Por Xavier Sánchez

¿Cuánto nos cuesta, como individuos y sociedad, la mentira? ¿Cuánto nos cuesta, como país, un gobierno que miente, un gobierno que viola los derechos humanos de unos, fingiendo proteger los de otros?

¿Beneficia a alguien la farsa, que no sea a sus creadores? ¿Conviene el montaje considerando la inversión de recursos económicos, intelectuales y humanos que requiere sostenerlo? ¿Por qué hemos normalizado la mentira como únicos modus vivendi operandi posibles de nuestra clase política y del Poder Judicial mexicano, como si no hubiera otra opción?

Es inevitable cuestionar y cuestionarse al terminar de leer El teatro del engaño(Grijalbo, 2015), de la periodista belga Emmanuelle Steels, quien decidió descorrer y desgarrar el negro velo frío de una de las «verdades históricas» más infames del docenio panista.

Noveleta negra que inició en el sexenio de Vicente Fox y que enarboló con gran orgullo Felipe Calderón, la administración que vestía azul y terminó empapada de rojo sangre, con más de 120 mil muertos, aunque hay quienes calcularon 150 mil.

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Ese mismo gobierno que convirtió el cuerno de la abundancia en el cuerno del diablo, en la tierra de las narcofosas, las desapariciones forzadas, los desplazados, las narcomantas, las ejecuciones extrajudiciales, y en el que los carteles del narcotráfico arrasaron municipios enteros. Violencia extrema que no ha dejado de aumentar –en números y en saña– desde entonces.

Recuerdo vagamente el inicio del caso Cassez-Vallarta, que este libro desmitifica de cabo a rabo. No recuerdo porque, aquel viernes 9 de diciembre de 2005, estaba viendo la televisión cuando el matutino de Carlos Loret de Mola (Primero noticias, se llamaba entonces) transmitió en vivo la «detención» de la francesa Florence Cassez y su novio Israel Vallarta, de quienes entonces los mexicanos no teníamos idea y que no imaginábamos que se convertirían en los protagonistas de un linchamiento mediático, que duraría más de seis años. Mientras vi esa detención no noté nada extraño. Creía, como la mayoría de los mexicanos, en las historietas que Noticieros Televisa nos presentaba como verdad.

Prácticamente ningún medio de comunicación se quedó fuera de ese gran teatro del engaño. En los periódicos, reportajes, columnas, artículos de opinión, entrevistas, crónicas, primeras planas. En la televisión, notas, reportajes.

Una y otra vez la misma narrativa, la versión oficial que la mayoría creímos. Un guion con el que medios y autoridades se engolosinaron, añadiéndole detalles, adjetivos, escenas, diálogos.

Era como un fresco, un mural al que no se cansaron de agregarle colores, para convertirlo en un thriller dantesco, melodramático, que enturbió las aguas de la verdad y la justicia. Lo suficientemente impactante para indignar, lo suficientemente repetido y publicitado para creerlo al pie de la letra, al mejor estilo goebbeliano: «Una mentira repetida mil veces se convierte en verdad».

Una «malvada» pareja de secuestradores (Florence Cassez e Israel Vallarta), líderes de una nebulosa banda llamada «Los Zodiaco» habían sido detenidos, en un operativo emitido en vivo por el duopolio televisivo.

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Sádicos, codiciosos, torturadores. Villanos dignos de las páginas más negras de la prensa roja. Las presuntas víctimas del supuesto secuestro, principalmente un joven llamado Ezequiel, contando en televisión una y otra vez su secuestro, siempre acompañado por Isabel Miranda de Wallace, ya entonces convertida en la «activista» favorita del calderonismo.

¡Oh, truhanes! ¿Cómo han podido hacer tanto daño? ¡Sí, que paguen sus crímenes! ¡Castigo, castigo, que nunca salgan de la cárcel! ¡Hoguera para estos monstruos! El público gritaba ávido de una justicia que casi nunca llega a los mexicanos, absortos en una especie de catarsis como en las condenas de la Edad Media.

Se señaló a Cassez y Vallarta como torturadores, pero poco o nada dijeron los medios de esa época, de las torturas que sufrieron los supuestos victimarios, incluidos familiares de Israel que fueron igualmente arrestados y violentados para intentar darle verosimilitud a la historia.

Años después, tímidamente, se acepta parte de la mentira. Genaro García Luna, el secretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón, y Televisa se culpan mutuamente de haber sido los autores intelectuales de la detención televisiva de Florence Cassez e Israel Vallarta. Empero, esa escenificación no significaba que no fueran culpables, ni que el delito fuera falso, repitieron hasta el cansancio. Era necesario que todo México los creyera culpables, mientras no se exhibiera mediáticamente lo contrario.

Por eso cuando Florence Cassez fue liberada en 2013 por violaciones al debido proceso, la noticia cayó como bomba y aún en pleno 2019, miles de usuarios de redes sociales muestran enojo por su liberación; reflejo no solo de lo poderosa que es la manipulación mediática, sino de la falta de lectura en nuestro país, pues ya existen dos investigaciones periodísticas, una novela y tesis de Derecho que desmienten el thrillerde Genaro García Luna.

Lastimosamente no han faltado personajes identificados con la Cuarta Transformación que se pronuncian contra los periodistas que desmienten el caso, como hizo el año pasado la directora de Notimex, Sanjuana Martínez, lanzándose contra Jorge Volpi y Emmanuelle Steels en sus redes sociales.

Pero, ¿a quién le importó Israel Vallarta y su familia? Eclipsados por el linchamiento público que vivió Cassez en la lucha por su libertad, permanecieron en la sombra hasta que la corresponsal en México de Radio France, Emmanuelle Steels, empezó a jalar del hilo que dejó flotando Florence. ¿Y si no solo Florence merecía la libertad? ¿Y si eran inocentes? ¿Y si fueron víctimas de una fabricación para ocultar algo aún más oscuro?

El teatro del engaño es el espejo de la decadencia humana de las autoridades, en el sexenio de Felipe Calderón. Una investigación crítica sobre los abusos y simulaciones del Poder Judicial y jurídico.

Una muestra de cómo una venganza se puede salir de control hasta involucrar a las más altas autoridades y poner en riesgo relaciones diplomáticas. Una historia de terror sin ficciones, como las cientos de miles que al periodismo le han faltado manos, voces y plumas para reportar.

Un libro que recuerda a El falso caso Wallace porque se repiten algunos de sus siniestros personajes, aterradoramente reales y aún poderosos. Investigación que sirvió como base e inspiración para Una novela criminal de Jorge Volpi, el cual ganó el premio Alfaguara y ha servido para que se conozca la verdad de este caso a nivel internacional.

¿Cómo es que no percibí nada raro en la «detención», si en el video que aún circula en YouTube es claro que algo no estaba bien?

¿Cuánto le cuesta la mentira a un país en que la impunidad roza el 100 por ciento, de acuerdo a diferentes estudios? ¿Cuál es el precio de que tengamos cárceles con un alto porcentaje de inocentes, y calles donde los delincuentes se pasean y operan con tranquilidad? ¿Cuál es el precio de nuestra ignorancia, inconsciencia e indolencia como sociedad, en un tema tan común en los hechos pero tan poco explorado en los medios de comunicación como lo es la fabricación de culpables?

¿El endurecimiento en las políticas punitivas llevaría a una reducción de la criminalidad, o estaríamos mandando un buen porcentaje de inocentes a la horca? ¿Cómo acabar con esas inercias que alientan la corrupción y la falsedad?

¿Cuál es el precio que pagamos cada vez que damos por hecho la culpabilidad de un presunto responsable, estigmatizado por los medios de comunicación? ¿Cuál es el precio –moral, social, económico, emocional– que pagan las familias de las víctimas de un montaje? ¿Cómo se les puede reparar un daño, que es incalculable? ¿Ha pensado este gobierno en políticas que ayuden a una verdadera e integral reparación del daño para estos casos?

Como escribió el año pasado la estupenda escritora española Almudena Grandes, sobre el libro de Jorge Volpi, en su columna del diario El País, yo tampoco puedo quitarme de la cabeza a Israel Vallarta, quien continúa preso, como los inculpados del caso Wallace.

Lee más: Jueza Hermelinda Silva, de CDMX, en la red de fabricación de culpables Margolis-Wallace

 

Y cada vez que veo una detención en un noticiero y la facilidad con la que se presentan culpables en la televisión, me pregunto cuántas veces nos habrán engañado medios y autoridades.

¿Cuántos de esos periodistas estarán conscientes de lo grave que puede resultar violar la presunción de inocencia? ¿Cuántos estarán conscientes de su papel en los linchamientos mediáticos, y cuántos lo realizarán sin saberlo? ¿Qué debemos hacer los periodistas y que debemos dejar de hacer?

No hay mejor momento que éste para leer El teatro del engaño, en que pequeñas rendijas de libertad de expresión empiezan a abrirse para tocar estos temas en medios de alcance masivo, como el pasado jueves 22 de agosto en que el periodista Julio Hernández López «Astillero» abordó el tema con amplitud, en su programa de Grupo Radio Centro, entrevistando a la familia Vallarta.

¿Cuántos libros como El teatro del engañoUna novela criminal El falso caso Wallace necesitamos para sacudirnos y entender que el precio de la mentira lo pagamos todos, y es demasiado caro –en tiempo, dinero, tranquilidad y vidas humanas– como para seguirlo pagando?

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Este artículo se publicó originalmente en reversos.mx con la autorización de su autor.

 

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