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Investigaciones

Baja California: Los falsos contratistas del exgobernador Kiko Vega

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Al menos 34 millones 595 mil 999 pesos fueron los que el gobierno de Baja California pagó entre 2014 y 2019 a empresas fantasma por servicios y compras sin licitar y sin contratos de por medio. La mayoría de los contratos se firmaron en el gobierno de Francisco Vega de Lamadrid, pero la operación de empresas fantasma también permeó a la administración de Jaime Bonilla

Elizabeth Rosales y Eduardo Jaramillo*

En el Cañón Bugambilias, un barrio popular en Tijuana, vive la señora Ignacia Cruz Rodríguez Adame con su esposo, Gilberto Muñoz Moreno.

Ambos son dueños de una empresa que facturó millones de pesos al gobierno de Baja California entre 2015 y 2016, pero no lo sabían.

Su casa es un cuarto en un cerro al que se llega subiendo escaleras hechas con llantas.

No tienen piso, ni baño o servicios básicos, más que luz, y lejos de encabezar una empresa que se dedica al desarrollo, asesoría y suministro de servicios profesionales, Ignacia vende champús, sandalias y estropajos en un mercado sobreruedas los fines de semana.

En papel, la pareja es socia de Grupo Viarpa SA de CV, una de 51 proveedoras del gobierno estatal que emitieron facturas falsas en la administración de Francisco “Kiko” Vega de Lamadrid, según el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

En total, Grupo Viarpa recibió 2 millones 874 mil 935 pesos por la venta de productos de la canasta básica, aunque ese no es el giro de la empresa, que ofrece reclutamiento de ejecutivos y servicios corporativos, entre otros, según su acta constitutiva.

“Vivo en el cerro, ahí es mi casita, ¿ustedes creen que si hubiera tenido dinero, no hubiera vivido mejor?”, dice Ignacia, de 47 años.

El SAT identifica a Grupo Viarpa como una Empresa que Factura Operaciones Simuladas (EFOS) y cada mes actualiza una lista definitiva donde exhibe a todas las que detecta por distintas irregularidades.

Por ejemplo, que son ilocalizables, emitieron facturas por bienes y servicios que no entregaron, o que no tienen infraestructura y recursos humanos para dedicarse al giro que registraron.

Entre 2014 y 2019, el gobierno de Baja California pagó al menos 34 millones 595 mil 999 pesos a 51 EFOS que emitieron 568 facturas falsas, de acuerdo con Facturanet, herramienta desarrollada por el Data Lab del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte.

El SAT implementó en 2014 una reforma al Código Fiscal de la Federación (CFF) para detectar a esos contribuyentes, porque llegan a incurrir en delitos como la defraudación fiscal, lavado de dinero y cohecho, advierte José Antonio Melgar Díaz, presidente de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos.

Por eso, estar en la lista negra del SAT conlleva sanciones que van desde la cancelación de los sellos digitales de la empresa señalada, hasta una pena de dos a nueve años de prisión a quien expida o reciba comprobantes fiscales por operaciones inexistentes, según el CFF.

Esto último es el temor de Ignacia, quien no cuenta con los recursos para defenderse legalmente.

Además, Grupo Viarpa no es la única empresa a su nombre ligada al gobierno de Baja California.

Sus datos personales también fueron usados para crear la empresa Oliza Comercializadora, que recibió dos contratos para organizar eventos masivos, en 2016, por la cantidad de 400 mil pesos.

“La verdad me siento nerviosa, ¿de dónde voy a pagar ese dinero?”, pregunta Ignacia, en entrevista desde su puesto en el tianguis de la Zona Norte de Tijuana.

Empresas ilusionistas

Si antes se les llamaba empresas fantasma, hoy podríamos decir que son ilusionistas, porque aparecen y desaparecen a conveniencia.

En Baja California, al menos tres socios o apoderados de Empresas que Facturan Operaciones Simuladas (EFOS) regresaron al padrón de proveedores del gobierno estatal, entre 2019 y 2020, con Jaime Bonilla como gobernador.

Aunque fueron boletinados por el SAT, uno de ellos representa a una empresa no sancionada con la que sigue participando en procesos de contratación.

Los otros dos tienen al menos un vínculo con una contratista de este gobierno.

“Puede ocurrir porque la empresa es la que está inhabilitada y propiamente no vamos a ir a verificar los nombres de los socios. Ahí sí tendríamos que verificar. Tendríamos que ver una herramienta que nos permitiera también filtrar los nombres de los socios para que no se mezclen en otras empresas”, dijo en marzo pasado, Vicenta Espinosa, cuando todavía era secretaria de Honestidad y de la Función Pública, y se le buscó para hablar sobre los proveedores fantasma de “Kiko” Vega.

Para esta investigación se documentaron los casos de Omar González Chávez, Martín Eduardo Ortega Chávez y Óscar Odín Medina Carrillo, sancionados por el SAT que siguen ligados a proveedores, gracias a los puntos ciegos del gobierno estatal.

Grupo Viarpa, por ejemplo, ya no puede emitir facturas, pero su apoderado Omar González Chávez es gerente administrativo de Comercializadora Empresas Baja, que se dio de alta como proveedora del estado en mayo de 2020 y recibió tres pagos ese año por un monto de 370 mil 630 pesos, según la Secretaría de Hacienda estatal.

Dos facturas fueron por el servicio de construcción a la Fiscalía General del Estado (FGE) y otra más por proveer productos de salud al Sistema Penitenciario.

Tanto Grupo Viarpa como Empresas Baja comparten un domicilio en la Zona Río de Tijuana, distrito financiero y comercial de la ciudad, sin embargo, el equipo de investigación constató que ahí no existen ni oficinas ni personal de esas empresas.

Empresas Baja además factura con la dirección 1528 de la calle Madero, en Zona Centro, pero tampoco se encuentra en ese lugar.

Un hallazgo de esta investigación es que Omar ha sido una figura constante en las empresas ligadas a Ignacia Cruz, aunque ella dice que no lo conoce.

El Registro Público de Comercio arroja que Omar es administrador único de Oliza Comercializadora y tiene facultades de cobranza. El equipo de Newsweek Baja California trató de localizarlo por diferentes medios para obtener su versión, pero tanto el número telefónico como la dirección electrónica registrados en el padrón de proveedores no eran válidos o no estaban en funcionamiento.

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Grupo Viarpa y Comercializadora Empresas Baja comparten domicilio fiscal en el Edificio Cazzar, en Zona Río de Tijuana. / Foto: Eduardo Jaramillo

Otro caso es el de Martín Eduardo Ortega Chávez y Óscar Odín Medina, personas físicas boletinadas por el SAT que comparten domicilio en Tijuana con la Constructora Inmobiliaria Loreto SA de CV.

La constructora se dio de alta como proveedora en 2019, ha participado en 242 licitaciones y recibió al menos un pago en 2020 por la construcción de un andador vecinal en Pórticos del Lago.

El monto pagado fue de 183 mil pesos, según la Secretaría de Hacienda de Baja California (SHBC).

Mi casa, domicilio fiscal de EFOS

Alma Medina es esposa de Martín Eduardo Ortega Chávez, una persona física que llegó a la lista negra del SAT y rechaza ser responsable de la emisión de facturas apócrifas.

No concedió entrevista, pero días antes de la publicación de este reportaje informó que está recibiendo asesoría legal.

De acuerdo a Medina, su domicilio coincide con la dirección de dos EFOS y de una proveedora estatal porque un antiguo inquilino abusó de su confianza e hizo el registro.

Medina y Ortega viven en los límites de una colonia popular y de la Zona Dorada de Tijuana, una de las preferidas por la clase alta.

“El inquilino al que le rentábamos la casa hizo uso de mis recibos para facturar […] no entiendo cómo el SAT le permitió facturar con un recibo que no estaba a su nombre”, dice Alma Medina.

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Dos EFOS y una constructora que factura al gobierno estatal usan como domicilio fiscal una casa en Tijuana. / Foto: Eduardo Jaramillo

Las EFOS que usaron su casa como domicilio fiscal son el propio Martín Eduardo y Óscar Odín Medina Carrillo, el inquilino que tomó sus recibos y de quien no sabe nada.

“Se desapareció, ni el teléfono contesta”.

Según el SAT, Martín le facturó al estado 14 mil pesos por trabajos de jardinería, limpieza y fumigación en 2015.

Pero ese mismo año, emitió 21 facturas por un monto total de 305 mil pesos al Ayuntamiento de Tijuana.

Por su parte, Óscar Odín Medina Carrillo le facturó al gobierno estatal la cantidad de 199 mil 150 pesos por conceptos de reparaciones de construcción, pinturas y útiles escolares, entre 2014 y 2015.

Al Ayuntamiento de Tijuana también le facturó 606 mil 531 pesos por cobertores, dulces y renta de camiones, entre otros conceptos.

Martín Eduardo Ortega además aparece en el Registro Público de Comercio como socio mayoritario de otra proveedora del gobierno estatal, la Compañía Constructora Haramz SA de CV.

Aunque Alma Medina sí la reconoce, asegura que su esposo trabaja de forma independiente desde hace años y que ya no existe una relación con Haramz.

Esa constructora obtuvo cinco contratos por adjudicación directa, por la cantidad de 2 millones 655 mil pesos, en la administración de gobierno de “Kiko” Vega, según el Portal Nacional de Transparencia.

La promesa de Bonilla

Desde que era candidato a gobernador, Jaime Bonilla, ha repetido que meterá a la cárcel a su antecesor, Francisco Vega de Lamadrid, por defraudar a la ciudadanía.

En el 84 aniversario del “Asalto a las Tierras”, un movimiento agrarista contra los latifundios en Mexicali, en enero pasado, Bonilla reiteró su compromiso de encarcelar al responsable de los desvíos de recursos y de la deuda millonaria que dejó la pasada administración estatal.

“Lo que debo de hacer es meter a la cárcel al que es responsable y para mí ese es “Kiko” Vega”, dijo Bonilla.

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Amador Rodríguez Lozano, secretario General de Gobierno, denuncia penalmente al ex gobernador “Kiko” Vega. / Foto: Cortesía

Tras ganar la elección de 2019, el gobierno de Bonilla interpuso una denuncia penal contra Kiko Vega y al menos 14 ex funcionarios más por peculado y fraude.

La denuncia incluyó al exsecretario de Planeación y Finanzas Bladimiro Hernández Díaz, la ex Oficial Mayor y ahora diputada local Loreto Quintero Quintero, y dos funcionarios menores de los departamentos de Normatividad y Adquisiciones de la administración estatal, entre otros.

Loreto Quintero fue contactada para este reportaje, pero se limitó a decir que la responsabilidad fue de Finanzas.

También se buscó la versión de Bladimiro Hernández, pero no respondió a las llamadas ni a la mensajería instantánea, aunque la aplicación WhatsApp sí registró que Hernández leyó el mensaje solicitando la entrevista. Después, el reportero fue bloqueado en WhatsApp y ya no pudo enviar más mensajes.

El día en que se presentó esa primera denuncia, el secretario General de Gobierno Amador Rodríguez Lozano habló de un desvío de más de mil 200 millones de pesos, que se habría hecho mediante el pago de asesorías entre 2017 y 2018 a casi 40 empresas.

“Muchas de estas empresas se constituyeron el mismo día en que se hizo el pago. Hemos investigado en la Ciudad de México, y hemos visto que hay varias que tienen el mismo domicilio, en apartamentos inexistentes, en casas abandonadas”, afirmó Rodríguez Lozano en noviembre de 2019.

La investigación continúa su curso y la próxima audiencia está fijada para el 11 de junio, según Rodríguez Lozano en una atención a medios que dio el 23 de abril.

A pesar de los esfuerzos por señalar responsables en la administración pasada, este reportaje encontró coincidencias entre socios y apoderados sancionados por el SAT y el padrón de proveedores de este gobierno.

Millones de pesos pagados en la ilegalidad

El SAT reconoce a 51 empresas fantasma que facturaron al gobierno de Baja California entre 2014 y 2019.

La razón social que obtuvo el trozo más grande del pastel se llama Bufete de Consultoría, Asesoramiento y Análisis de Laboratorio SC.

Obtuvo 8 millones 157 mil 044 pesos en dos pagos por los conceptos de “Servicios profesionales para el análisis, revisión, seguimiento y solventación de U023, correspondiente a la Cuenta Pública 2012” y por un “Diagnóstico de Reingeniería en los principales procesos”.

Se les contrató sin que existiera un proceso de licitación, aunque la Ley de Adjudicaciones, Arrendamientos y Servicios para el estado de Baja California lo exige para compras mayores de 13 mil UMA (Unidad de Medida y Actualización), que hoy serían 1 millón 129 mil 440 pesos.

Además, el gobierno estatal dice que no existe ningún contrato en su archivo firmado con esa empresa.

El domicilio fiscal de ese Bufete lleva al séptimo piso de un edificio en Polanco, una de las zonas más exclusivas en Ciudad de México.

En ese piso se encuentra un despacho jurídico, una agencia de mercadotecnia y una constructora.

El Bufete de Consultoría, Asesoramiento y Análisis de Laboratorio no se enlista en el directorio de ese edificio, pero al tocar a la puerta de la oficina que fue registrada ante el SAT, se encuentra Grupo ASVE, una oficina virtual que responde por decenas de empresas.

“Ponle que tienen 70 empresas, pero nosotros nada más conocemos una”, dijo el empleado de un negocio vecino, sobre Grupo ASVE.

Entre los clientes de ese grupo se encuentra la EFO que facturó más de 8 millones al gobierno del estado.

“Sí, aquí estaba, pero se dio de baja el 29 del 05 de 2019”, respondió la recepcionista, luego de buscar el nombre en su computadora.

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Bufete de Consultoría, Asesoramiento y Análisis de Laboratorio SC registró como domicilio fiscal una oficina virtual en Polanco, Ciudad de México. / Foto: Elizabeth Rosales

El Bufete de Consultoría, Asesoramiento y Análisis de Laboratorio se dio de alta ante el SAT el 19 de enero de 2007, pero no aparece inscrita en el Registro Público de Comercio de la Secretaría de Economía.

Tampoco tiene contratos con el gobierno federal o con otros gobiernos locales en los que exista una participación federal, según registros de la aplicación web QuienEsQuien.wiki de la organización Poder.

Y aunque en febrero pasado Newsweek Baja visitó el Registro Público de la Propiedad y de Comercio de la Ciudad de México, las búsquedas de antecedentes registrales están detenidas por la situación de pandemia por el COVID-19.

El registro público local informó que el servicio se reanudará hasta que el semáforo epidemiológico de la Ciudad de México cambie a color verde.

En Mexicali, el segundo contratista más grande

En la capital de Baja California se encuentra el segundo proveedor más grande entre las EFOS detectadas por el SAT.

Se trata de Juan Martínez Arredondo, quien registró su domicilio en el Cóndor, una colonia de viviendas populares con alta incidencia delictiva.

Las viviendas en el Cóndor son de 67 metros cuadrados de construcción, con la pintura roída, y calles con baches.

Al igual que sucedió con Ignacia Cruz en Tijuana, la fachada del domicilio de Juan contrasta con los ingresos que percibió como contratista del gobierno estatal.

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En el tercer piso de este departamento, en Mexicali, vivió Juan Martínez, contratista del estado sancionado por el SAT. / Foto: Eduardo Jaramillo

Entre 2014 y 2015, Juan Martínez obtuvo 5 millones 730 mil 855 pesos por 79 facturas que describen la venta de paquetes de construcción, alimentos y artículos para las festividades de eventos masivos.

Juan vivía en el tercer piso de su edificio en El Cóndor, según el señor Antonio, un vecino que vive en el primer piso y tiene un pequeño cuarto donde corta el cabello.

“Por aquí vivió en algún tiempo, hace como 5 años. Se fue y ya”.

El esquema que las une

Para Vicenta Espinosa, ex secretaria de Honestidad y de la Función Pública, es complejo identificar al beneficiario final en el esquema de empresas fantasma, pero señala indicios de colusión entre servidores públicos en casos como el de Grupo Viarpa, que tienen un giro y emiten facturas por uno distinto.

“No pueden estar haciendo eso, esto es un claro ejemplo de que tienen información privilegiada y es una falta grave en la ley de responsabilidad administrativa”, dijo en entrevista en los primeros días de marzo pasado cuando era todavía la titular de Honestidad.

Detalla que el gobierno estatal tiene registro de las cuentas bancarias que recibieron transferencias por servicios y compras simuladas, pero asegura que hay redes que intentan complejizar la ruta del dinero.

“Son prestanombres. Muchas veces la persona que retiró el recurso utilizó un nombre o una cuenta de una persona que nada tiene que ver”.

Ignacia Cruz piensa que robaron su identidad el día en que su compadre, otra persona en situación vulnerable, la invitó a solicitar empleo en una supuesta agencia de autos nuevos ubicada en Zona Río de Tijuana.

Engañada, y motivada por su necesidad económica, entregó documentos personales y fue llevada ante el SAT, pues le dijeron que era un requisito para ser contratada.

“Me dijo que consiguiera gente y me daban mil pesos por cada persona que metiera”, cuenta Ignacia un sábado en su puesto del mercado sobreruedas.

Llevó alrededor de diez personas, incluyendo a su esposo, Gilberto Muñoz Moreno.

Dice que no recuerda los nombres de quiénes llevaron a cabo la operación y tampoco la fecha en que sucedió, pero Grupo Viarpa fue dado de alta en 2015.

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Ignacia Cruz vende los fines de semana en un sobreruedas de Tijuana. Foto: Eduardo Jaramillo

“No nos dieron ningún papel, no nos llamaron. Nomás nos dijeron que si llegaban a preguntar íbamos a ser trabajadoras”, agrega.

En el Registro Público de la Propiedad y el Comercio, 20 de las EFOS detectadas por el SAT continúan activas y 25 no muestran su estatus.

Tres ya fueron cerradas o están en proceso de disolución, una tiene anotación por embargo, y otra más registró cambio de domicilio.

La investigación contra los contratistas falsos de “Kiko” Vega sigue abierta en la Fiscalía General del Estado. Hasta ahora, ningún funcionario ha recibido, por su participación u omisión, sanción ni condena por las prácticas señaladas en este reportaje.

***

*Este reportaje forma parte del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte, un proyecto del International Center for Journalists en alianza con el Border Center for Journalists and Bloggers.

**Ilustración de portada: Carlos Mendoza

Fuente original: Lado B

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Con voz propia

Microplásticos en los océanos: micronemigo, macroproblema

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Por Efrén E. García Villalvazo

Veinte mil botellas de PET por segundo. Ésa es la velocidad de producción de estas piezas a nivel mundial, y un pequeño porcentaje de esta producción va a caer al mar.  Sin embargo, eso es mucho.

Si vamos a hacer caso de los datos que presenta Boyan Slat, CEO de Ocean Cleanup, una iniciativa que pretende limpiar los océanos de plásticos de todo tipo y tamaño, podemos asumir que alrededor de medio millón de toneladas de PET y otros plásticos se va directamente al fondo del mar por cada año que pasa. Otro medio millón de toneladas queda flotando, formando un estrato de 2 metros de grosor que puede llegar a cubrir centenares de miles de kilómetros cuadrados. Un estrato que con la radiación UV del sol y el tiempo se fragmenta y también va al fondo del mar a manera de lluvia de partículas tan pequeñas que vuelve cualquier operación de recuperación de este material una empresa poco mas que imposible.

Asistimos a una polarizada disyuntiva de decidir qué conviene más con el tiempo y los recursos de que se dispone. ¿Será más importante evitar que el plástico siga llegando al mar, cerrando la llave a este abastecimiento en apariencia inagotable? ¿O será mejor recoger lo que ya cayó al mar y no se siga regando en tres dimensiones, inclusive a tierra firme al regresar de manera escalofriantemente circular en forma de ricos platillos elaborados con pescados y mariscos?

Ocean Cleanup presenta de manera muy sencilla su misión principal, y traduzco: “librar del plástico a los océanos del mundo”.   Sencillo, directo y muy, pero muy difícil.

Su modelo de trabajo asume que aproximadamente más de un 80% del plástico que permanece a flote regresa a tierra en un punto cercano a donde entró en menos de un mes, mientras que en un año esta cifra llega a completar hasta el 97%.  Solo una pequeña fracción entonces escapa a la atracción que la hace volver a las playas en poco tiempo, fracción que agarra caminito a mar abierto. Transportadas por grandes sistemas corrientes marinas, éstas cada vez más pequeñas partículas -porque durante el viaje que dura varios años, el plástico se fragmenta cada vez más- se acumulan en extensas regiones oceánicas conformadas por las corrientes mencionadas, en donde concentran grandes “parches” de basura flotante. Se reconocen cinco de estas regiones distribuidas en varios océanos del mundo, siendo la de mayor tamaño la que se encuentra a medio camino entre Hawaii y California. Se le conoce como el Gran Parche de Basura del Pacífico (GPGP), tiene una superficie aproximada de 1.60 millones de kilómetros cuadrados -como comparación, la República Mexicana tiene 1.96 millones de km2- y se estima contiene el 50% de toda la masa flotante de plástico de los océanos.  Su ubicación y origen tiene que ver con la presencia de costas de países altamente industrializados tal como EEUU, China, Japón y Corea del Sur.

The Great Pacific Garbage Patch. El parche de basura de Pacífico.

Que no se espere que se vean “islas” flotando descaradamente sobre la superficie del agua. El GPGP es más bien discreto: sumergido unos cuantos centímetros en el agua y hasta a profundidades no mayores a 2 metros, la concentración de plásticos -en tamaños cada vez más pequeños, recordemos- no rebasa en promedio al equivalente de un balón de futbol soccer en una superficie igual a un campo para el mismo deporte.  Ningún satélite lo puede ver, pero ahí está y se acumula debido a la gran resistencia que tienen los plásticos a la degradación.

Las consecuencias debido a la ingestión de microsplásticos por humanos mediante el canal indirecto de las cadenas tróficas marinas son muy reales y dañinas; recordemos que se impregnan por contacto con sustancias como el PCB (policloruro de bifenilo), DDE (Diclorodifenildicloroetileno), nonilfenoles (NP), y otros compuestos químicos de alta toxicidad para los habitantes del medio marino, y por acumulación por ingestión de productos pesqueros, para las poblaciones humanas también.

Microplásticos y menos que eso

Además, conforme pasa el tiempo, el plástico se fragmenta cada vez más –la fracción se acerca más al tamaño “microplástico”, que es una pieza de 5 mm y menor- con lo que pierde flotabilidad, se va al fondo y se vuelve imposible de recuperar con los recursos tecnológicos actuales.

Los fragmentos se irán haciendo cada vez mas pequeños hasta que rebasen el umbral de tamaño de una milésima de milímetro, momento en que se les comenzará a clasificar como “nanoplásticos” y tendrán el potencial -según algunos estudios de laboratorio- de cruzar la barrera del sistema digestivo e integrarse al sistema circulatorio de seres marinos de todo tipo, con las consecuencias que ya se han mencionado.

Nanoplásticos en un crustáceo marino microscópico

La bomba queda activada, en términos del concepto de sustentabilidad, para “las futuras generaciones”.

El proyecto de Ocean Cleanup consiste entonces en recoger esta fracción de plástico flotante mediante el uso de equipos que son remolcados o activados con embarcaciones parecidas a las que pescan atún por arrastre. El plan va avanzando y se dice que funciona, aunque la principal dificultad es que el plástico, como ya se mencionó, está disperso en superficies muy grandes, lo cual vuelve las operaciones muy costosas y con frutos exiguos.  No se llega aún a un punto que sea realmente práctico, pero algo es mejor que nada, por lo menos a nivel de propuesta.  Sin embargo, el reloj sigue corriendo en el proceso de fragmentación de plásticos para generar tamaños de cada vez más difícil manejo.

 La otra vertiente se desarrolla mediante la estrategia de evitar que el plástico entre al mar por medio de la descarga de ríos y otras vías de agua, los cuales aportan grandes cantidades de todo tipo de materiales artificiales y naturales a los océanos, siendo además más sencillo y económico interceptar este material ANTES de que entre al mar, en donde el nivel de dificultad -y de recursos necesarios- torna la tarea irrealizable. El procedimiento consiste principalmente en el establecimiento de barreras de varios tipos que remueven o filtran mecánicamente los plásticos de los torrentes y evitan que lleguen al mar.

Limpiando ríos, conservando el océano

Se calcula que la producción anual de plásticos a nivel mundial es de alrededor de 400 millones de toneladas, de las cuales solo 1 millón llega al mar.  Removerlo directamente de los ríos es una de las apuestas más rápidas para obtener resultados apreciables, de mucho menor costo y más a la mano para ser aplicado por cualquier país del mundo y con muy diferentes presupuestos para dedicarlos a rescates ambientales.

Este nuevo vistazo a los mares con perspectiva ambiental nos lleva a revisar con cuidado actividades cotidianas que se consideran altamente beneficiosas económicamente hablando, tal como los viajes en cruceros de recreo.  ¿Quién nos asegura que a bordo se lleven a cabo procesos que mejoren su nivel de sustentabilidad, sobre todo a su paso por países como México, que de seguro no tiene una forma efectiva de vigilar que le arrojen basura plástica en su patio delantero?

¿Y quién le va a revisar las cuentas a las grandes empresas de cruceros? Desde hace décadas se tenían denuncias de cómo estas grandes empresas navieras tiraban su basura lastrada al mar, con la idea de que nadie podía darse cuenta de este “ahorro” que se hacía en materia de almacenaje.  Según datos de Oceana-organización internacional dedicada a la conservación del medio marino- cada crucero de gran tamaño -2,000 a 3,000 pasajeros- puede generar hasta 1,000 toneladas diarias de residuos, entre sólidos, aguas residuales y aguas oleosas, arrojando un promedio de contaminación de aproximadamente 350 litros diarios por pasajero.

Multa de 20 millones de dólares a Carnival por tirar basura

Este asunto me fue confirmado a nivel local por amigos que durante años laboraron en cruceros que pasaban por Acapulco, y me regalaron con la imagen -platicada- de CENTENARES de bolsas de basura que quedaban flotando en la estela de los cruceros a su paso por aguas mexicanas e internacionales durante las madrugadas de largar lastre de residuos de los pasajeros.  Con facilidad puedo imaginar que en este momento MILES de bolsas se fragmentan para convertirse en microplásticos poco a poco en fondos marinos ahora inaccesibles, pero no por eso ecológicamente menos importantes.

En esta nueva visión de “inspectores de microplásticos” en el medio marino es que caemos en cuenta de este mayúsculo atentado contra el medio natural en todo el planeta llevado a cabo por estos hermosos navíos de recreo durante decenas de años a lo largo de miles de millas náuticas de rutas marinas.

Agreguemos que el combustible que utilizan es más tóxico que lo habitual y se le adicionan humos de plástico que se incineran de manera rutinaria en este gran crematorio ambulante. Rematemos con el agua de los tanques de lastre de los barcos, de los cuales se ha demostrado que son efectivos “cruceros” de lujo también para fauna y flora invasora, los cuales al llegar a aguas sin protección contra especies exóticas colonizan con organismos que han llegado a provocar graves problemas en pesquerías y ecosistemas marinos frágiles y de gran valor ecológico para muchos países (transfaunación y transfloración).

¿Al fondo del mar o al puerto más cercano….? Ojalá lo segundo

Solo esperemos que este gran “apagón 2020” haya hecho entrar en razón a las navieras y se integren prácticas más sustentables en su tratamiento de residuos, los cuales forzosamente deberán entonces llegar a tierra firme en los puertos que toquen para su correcta disposición.  Debemos evitar que los cruceros de recreo sigan funcionando como grandes fábricas de microplásticos a flote, y que en cambio y justa retribución se conviertan en los principales promotores de prácticas sustentables en los mares que surcan como emisarios de buena voluntad y como uno de sus principales usuarios en materia turística global.

Fuente original: Microplásticos:  micronemigo, macroproblema | Oceánido (wordpress.com)

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Investigaciones

Los papeles de Pandora exponen tratos financieros secretos de políticos, multimillonarios, líderes y otras elites

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Una gran filtración coordinada de casi doce millones de documentos secretos ha revelado información sin precedentes sobre tratos financieros encubiertos de cientos de políticos, multimillonarios, líderes religiosos, narcotraficantes y celebridades del espectáculo.

Treinta y cinco líderes y exlíderes mundiales aparecen en los documentos, conocidos como “los papeles de Pandora”. Uno de ellos es el rey Abdalá II de Jordania, que tiene un fondo secreto de millones de dólares en paraísos fiscales en el extranjero y ha gastado parte de su fortuna en viviendas de lujo en todo el mundo.

Entre las celebridades del espectáculo se mencionó a Shakira, Julio Iglesias, Miguel Bosé y Elton John. Celebridades expuestas por la investigación que saca a la luz casos de evasión fiscal en el mundo.

Los documentos también implican a los actuales presidentes Uhuru Kenyatta de Kenia y Guillermo Lasso de Ecuador, al ex primer ministro británico Tony Blair y a exsocios del primer ministro paquistaní Imran Khan y del presidente ruso Vladimir Putin.

Más de 600 periodistas contribuyeron a los informes del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, que se compilaron durante dos años. El contenido proviene de 14 empresas de servicios financieros globales y se remonta a la década de 1970, aunque la mayoría de la información pertenece a los últimos 25 años.

Mexicanos en la lista

Entre la lista de los Pandora Papers se encuentra el actual titular de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, como uno de los millonarios de la 4T. También se menciona al ex consejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer; el secretario de Comunicaciones y Transportes, Jorge Arganis, entre otros.

Al respecto, la senadora del PAN, Kenia López Rabadán exigió una investigación seria, profesional y objetiva que dé certeza a los mexicanos sobre quiénes manejan las finanzas públicas en México, luego de darse a conocer este trabajo de investigación periodística mundial, que devela presuntos delitos financieros como lavado de dinero, evasión fiscal y corrupción de funcionarios de la 4T.

“Es urgente y necesaria la intervención de las autoridades mexicanas para esclarecer estos hechos. La Fiscalía General de la República, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y el SAT deben analizar, investigar e informar a los ciudadanos sobre los políticos que están involucrados en estos delitos y saber si son o no unos delincuentes”, añadió.

Con información de Democracy Now!

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Investigaciones

Agremiados del SETEP exigen auditoría a familiar de Barbosa por sospecha de fraude hasta por 250 mdp

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Por Claudia Martínez Sánchez

Agremiados del Sindicato Estatal de los Trabajadores de la Educación (SETEP) exigieron una auditoría a la gestión del dirigente Gonzalo Alejandro Gutiérrez Gómez, en respuesta a su comunicado público en el que enfatiza sus «razones sustentadas jurídicamente» por alusiones en la nota de Los Ángeles Pressde fecha 27 de septiembre de 2021, sobre el presunto fraude que asciende a más de 50 millones de pesos del Fondo de Ahorro Sindical de Defunción y Retiro por Jubilación.

Según los denunciantes, los 50 millones de pesos aludidos en el documento oficial de la maestra Ana Luz Durán Cerón, presidente del Fondo Sindical, son tan sólo una pequeña parte del total de los fondos sindicales, por lo que sostienen que el fraude podría ascender a más de 250 millones de pesos.

El secretario general del SETEP, Gutiérrez Gómez, señaló que la información fue publicada «indebidamente» por este medio y que «el supuesto fraude no es real», que todo lo que versa en la nota es una «total mentira». No obstante, esta periodista obtuvo la información de primera mano con copia de las denuncias interpuestas por la maestra Durán Cerón.

Gutiérrez Gómez especificó en su comunicado que no se ve obligado a responder los señalamientos sólo porque su familia labora en Gobernación, sino además -dijo- poner en evidencia la violación a sus propios estatutos sindicales como la Ley del Trabajo.

Al respecto, el grupo de agremiados, que pidieron reservar su identidad por temor a represalias, explicaron a este medio que en concordancia con la nueva Ley Federal del  Trabajo cualquier agremiado puede promover un juicio para la rendición de cuentas. Abundaron, en que el Instituto de Transparencia para el manejo de recursos también tiene la facultad de sancionar sin dejar de lado su declaración de Hacienda, a partir del 2017.

Esto podría evitarse, dijo el grupo de agremiados, «a menos que se convoque a una asamblea general extraordinaria y se dirima el caso de los fondos del sindicato y si hay responsabilidad de algún integrante del comité, el conflicto se resuelve en ese momento; además de realizar la auditoría correspondiente para que se determinen responsabilidades».

En los contraargumentos, el grupo de agremiados enfatizó al dirigente sindical que los estatutos, estipulado en la misma Ley del Trabajo,  «determina que los únicos que pueden denunciar malversación de fondos son los propios agremiados».

En la Ley federal del Trabajo, en su artículo 358 en su fracción IV, señala que la directiva del sindicato deberá rendir cuenta completa y detallada, apuntaron. Y que en el artículo 373 menciona que la directiva deberá rendir a la asamblea cada seis meses por lo menos, cuenta completa y detallada de la administración del patrimonio sindical. Así mismo se especifica que esta rendición de cuentas incluirá la situación de los ingresos por cuotas sindicales y otros bienes, así como su destino, debiendo levantar acta en la asamblea.

«El estatuto del sindicato no lo menciona, pero la ley sí», reviran los agremiados denunciantes. «Incluso el tercer párrafo de ese artículo menciona que la información deberá entregarse a cada miembro del sindicato en forma completa, dejando constancia de su recepción». Por lo que consideraron que además deben la presidente del Fondo  de Ahorro Sindical de Defunción y Retiro por Jubilación del Sindicato Estatal de Trabajadores de la Educación, la maestra Ana Luz Durán Cerón, como los más de 800 agremiados afectados, están actuando conforme a derecho y dentro del marco legal.

Comunicado del dirigente del SETEP

Ley Federal de Trabajo

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