Mexico violento
Cárteles de la droga disputan rutas del Tren Maya, tras reventa de ‘plaza’ por funcionarios de CFE Yucatán
Despacho 14
El violento oficio de escribir
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Cristal y fentanilo se mueven tras las obras del Tren Maya
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CJNG señala a encargados de la obra por vender rutas a otro cártel
Parte I
¡Mi venganza acaba de empezar! La esparciré a través de los siglos, y el tiempo está de mi lado…
Bram Stoker
Por Alfredo Griz
MÉRIDA. – Decenas de kilos de cristal y fentanilo se mueven en las residencias de obra de la Comisión Federal de Electricidad y en los tramos de construcción del Tren Maya, en la península de Yucatán, según los señalamientos de los distribuidores de drogas del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), quienes aducen que los ingenieros residentes encargados de dichas obras les habían vendido las rutas a ellos, y ahora sirven al Cártel de Sinaloa.
Marco Antonio Flores Núñez, por medio de Víctor Manuel Tziu Sosa, ambos ingenieros de la paraestatal, así como varios de sus allegados y una excolaboradora, son señalados como los operadores de la venta de la «plaza». Lo que arrojaría ganancias millonarias al CJNG, pero también a los empleados e ingenieros de la paraestatal.
Un audio que obra en poder de este medio de comunicación, deja ver la trama delincuencial en la que Flores Núñez, en compañía de una empleada de confianza y varios de sus subalternos, trazaron como ruta para el cristal y fentanilo tramos de Tren Maya de Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Todo ocurre al amparo de la CFE, a la vista de las autoridades policiacas y de procuración de justicia, de acuerdo con la fuente. Se realiza con el uso de las instalaciones de la CFE, e incluso de los vehículos utilitarios de esa empresa del Estado, para transportar, droga y dinero producto de la venta de enervantes. Según lo dicho por el entrevistado, a veces hasta sicarios disfrazados de trabajadores de la paraestatal, son encargados de distribuir, vender y cobrar las drogas que se comercializan en dichos tramos.
A finales de noviembre del 2022, Marco Antonio Flores Núñez envió una misiva a través de su empleada de confianza para que dejaran de ejercer la actividad delictiva, porque señalaba que había más presencia de la Guardia Nacional en dichos tramos. Sin embargo, de forma expresa, nuestro entrevistado, de nombre Luis Clemente, quien dijo pertenecer al CJNG, señaló que el ingeniero Flores Núñez les vendió la plaza y fue una empleada de confianza, el jefe de personal de la residencia y otro empleado, de iniciales J.M, quienes operaron las reuniones para negociar el trato.
En noviembre les dijeron que dada la presencia de la Guardia Nacional no podrían seguir llevando su producto. No es que el producto ya no fuera a estar disponible, pues la fuente advirtió que había personal del Cártel Jalisco Nueva Generación en el lugar. Es decir, sería esa organización la responsable de la venta de cristal y fentanilo.
Ello provocó un reclamo por los cadáveres encontrados en Chikindzonot, municipio de Yucatán, en junio del 2022, en avanzado estado de descomposición. Esos cadáveres, fueron llevados a Yucatán, aunque eran originarios de Othón P. Blanco, municipio de Quintana Roo, para confundir a las distintas autoridades de la región. De acuerdo con nuestra fuente, al menos, cinco de los ocho cadáveres eran personas que pertenecían al CJNG. Habrían sido ejecutados por el Cártel de Sinaloa a petición de Flores Núñez y sus jefes. Esto sucedió a finales de junio de 2022, pocas semanas antes de que mandaran a ultimar a este reportero.
El entrevistado mencionó que las órdenes fueron de Marco Antonio Loya Izaguirre y Marco Antonio Flores Núñez, tanto para los ejecutados llevados a Chikindzonot como para ordenar la ejecución de quien escribe esto, que se trató de llevar a cabo poco tiempo después. Ese atentado fue denunciado en la Fiscalía General de la República y asentado en la carpeta de investigación FED/FEMDH/FEADLE-YUC/0000646/2022, sin que hasta el momento se conozcan detalles del avance de las investigaciones que realiza la FGR.
El entrevistado, miembro del CJNG, fue quien ubicó a este periodista y tras una serie de medidas de seguridad se concertó una cita en el Centro Comercial Paseo 60, de la ciudad de Mérida, en agosto de 2022. Ahí, sin tapujos, fue revelada la forma de operar de los delincuentes que se amparan en la CFE. Además, se informó a este medio que todos estos delitos en los tramos de construcción del Tren Maya, los ingenieros aludidos y sus cómplices tienen participación en el saqueo de las riquezas «ocultas» de la zona. Ello incluye el tráfico de piezas arqueológicas, de especies, así como de maderas preciosas. Todo con la participación de empresas subcontratadas en dichos tramos que, como ya hemos documentado en Los Ángeles Press, pertenecen a redes de corrupción con vínculos con el crimen organizado y que actúan con la participación de las autoridades federales.
En lo que hace al tráfico de droga, la CFE mantiene un silencio total respecto a los señalamientos de su participación en lo que ocurre en el Tren Maya. Según una fuente en el seno de CFE, la empresa propiedad del Estado no quieren despedir a funcionarios. Hacerlo implicaría aceptar que están coludidos con el crimen organizado; que sí operan redes de prostitución; que es una agencia de colocaciones de amantes y prostitutas por medio del sindicato; que lucran con piezas arqueológicas, además de traficar especies y maderas preciosas. Aceptar lo señalado implicaría la caída de muchos funcionarios de nivel más alto por lo que, como se suele decir, «aguantan a que pase la tormenta».
La red de corrupción está liderada por Marco Antonio Loya Izaguirre, funcionario desde el mandato de Vicente Fox, enquistado desde 2004 en la División Peninsular de la CFE. Él opera de la mano de Flores Núñez, incondicional y mano derecha en varias negociaciones con el crimen organizado. Junto a ellos está el empresario constructor, Víctor Manuel Tziu Sosa, encargado de tejer contratos y recibir dinero por la entrega de contratos de obra y de operar con los subcontratistas del Tren Maya. También participa Lisandro Lizama, líder sindical y quien presiona a los colaboradores que no tienen base para que opere la red de corrupción. También está involucrada su sobrina, Landy Lizama Gamboa, quien cuenta con una plaza y junto a otra colaboradora, que en su momento fue fuente de este medio, y es la encargada de proveer mujeres que, contratadas formalmente como edecanes, en realidad integran una red de prostitución. La información que nos ha sido compartida desde el seno de la CFE, se encuentra en un disco duro externo y una computadora portátil que pertenecían a Marco Antonio Loya Izaguirre. Por razones lógicas, no se puede revelar todo el contenido de esos dispositivos.
El eslabón clave es Víctor Manuel Tziu Sosa, encargado de operar los contratos. Tiene el perfil más bajo de todos los involucrados en la red de corrupción de la CFE Yucatán. El dinero producto de sus actividades delictivas no se ha podido ubicar en cuentas bancarias y ha tenido el cuidado no abrir cuentas en otras instituciones bancarias distintas a BBVA-Bancomer, que es la que usa para el pago de su nómina.
Sin embargo, los demás integrantes de esta red están siendo investigados. Por ello es que también se solicita una indagatoria por enriquecimiento ilícito, desvío de recursos y operación con recursos de procedencia ilícita, todos delitos federales que podrían vincularse también con el delito de crimen organizado, pues el artículo 16, 9.º párrafo, de la Constitución, entiende por delincuencia organizada a “una organización de hecho de tres o más personas para cometer delitos, en forma permanente o reiterada, en los términos de la ley de la materia”.
SUTERM, silencio cómplice
En esta trama de delitos federales, está involucrado el Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana, SUTERM, que tiene el contrato exclusivo con la CFE, además de conocimiento de la situación y no ha levantado siquiera un acta administrativa contra los señalados, quienes ni siquiera tienen una plaza de base, es decir, son trabajadores que cada tres meses son recontratados, para evitar que obtengan prestaciones laborales; los liquidan para volverlos a contratar sin generar antigüedad.
Son mecanismos de control del sindicato que usa, por ejemplo, en el caso de las mujeres integradas a la red de prostitución en las residencias de obras. Las mujeres son entregadas al líder sindical o a los ingenieros, tal y como se ha documentado en entregas previas de esta serie, además de que se ha entregado para que formen parte de las carpetas de la investigación ministerial. Lo que es un hecho es que, en la obra emblemática del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien se ha jactado de que es una de las más importantes del mundo, se ve empañada por la disputa de los cárteles de la droga como territorio narco.
Mexico violento
Incendio en oficinas de Migración de Ciudad Juárez, donde fallecieron 39 personas, ‘fue avivado con un solvente’
Diarios locales señalan que el incendio pudo ser intencional, al arrojar un solvente, mientras los migrantes protestaban por el maltrato de los agentes del INM
Redacción
CIUDAD JUÁREZ.- Un incendio por la noche en el Centro Migrante de Ciudad Juárez terminó con la vida de 39 personas al fallecer calcinadas en las instalaciones del Instituto Nacional de Migración, mientras protestaban por los malos tratos de los servidores públicos.
De las víctimas del siniestro, 37 fueron hallados sin vida dentro de las oficinas del INM y 31 lesionados. Más tarde se dio a conocer que otras dos personas habían fallecido dentro del Hospital General.
No se ha informado aún si había niños en el lugar. Tampoco se conoce la causa real del incendio, aunque la versión del diario Reforma señala que el incendio fue poco después de que un grupo de migrantes, la mayoría de Venezuela, protestaban ante los empleados del INM por el maltrato de los agentes. En medio de las protestas, comenzó el incendio en el área de los baños, en un área reservada para hombres. El fuego habría sido avivado por un solvente, se apunta en el diario.
Según la información de los diarios locales de Juárez, los bomberos tardaron en llegar unos quince minutos, y los migrantes quedaron atrapados en la conflagración. Cuando lograron sofocar el incendio, empezaron a sacar decenas de cuerpos que fueron colocados en la zona exterior del Instituto Nacional de Migración.
Ciudad Juárez ya había sido sede de tensión por las protestas de migrantes, principalmente venezolanos, que habían sido reprimidos por la Policía municipal debido a motines e incendios de sus carpas montadas cerca de la línea fronteriza con El Paso, Texas. En esa ocasión se resistían a ser ubicados dentro de albergues, mientras estaban en espera de poder cruzar hacia Estados Unidos.
Justicia pendiente
Lizbeth Victoria Huerta, a dos años de su crimen contra la activista británica, podría quedar en libertad
Jueza María Teresa Quevedo Sánchez modificó sentencias y cargos de todos los implicados
Por Miguel Montesinos León
Ayer 26 de marzo se cumplieron dos años de la desaparición forzada y asesinato de la activista Claudia Uruchurtu Cruz en Asunción Nochixtlán, Oaxaca. Un crimen ordenado por la entonces presidente municipal Lizbeth Victoria Huerta, del gobierno de la 4T, que podría quedar en impunidad, por la protección de MORENA, que se observó desde el momento que se cometió el crimen.
El entonces senador por Oaxaca, Salomón Jara Cruz, ahora gobernador del estado, trató de proteger desde el senado mexicano a Lisbeth Victoria Huerta, a quien se le veía como su pupila, aunque no pudo evitar fuera detenida y encarcelada con los servidores públicos que actuaron en complicidad con ella.
A tan solo 15 días de asumir el cargo como gobernador de Oaxaca, Salomón Jara pretendió que fuera liberada la expresidente municipal de Nochixtlán Lizbeth Victoria Huerta, pese a la sentencia como autora intelectual de la desaparición forzada y asesinato de la activista británica Claudia Uruchurtu Cruz. Para ello, Jara Cruz contó con la colaboración de la juez de control Meria Teresa Quevedo Sánchez con sede en Huajuapan de León.
Al modificar las sentencias a la expresidente municipal Lizbeth Victoria Huerta, la jueza Quevedo Sánchez también modificó los cargos desaparición forzada y homicidio a «entorpecer búsqueda de persona», y le redujo la pena a cuatro años dos meses de prisión, por lo que Victoria Huerta podría quedar en libertad en poco tiempo, e incluso se cree que podría también ejercer cargos en la administración pública al amparo y protección de Salomón Jara Cruz.
Demanda en el olvido
El 26 de marzo de 2021, Claudia Uruchurtu Cruz se encontraba en la Ciudad de México pidiendo justicia por la corrupción de la presidente municipal. De inmediato, viajó a Nochixtlán en apoyo a la convocatoria para exigir la atención médica y liberar a Alfonso Avendaño, detenido y golpeado por la policía bajo órdenes de la edil Lizbeth Victoria Huerta y el fiscal en jefe adscrito al Distrito de Nochixtlán Rey Velasco Carranza.
La demanda de justicia que hacía la activista, quedó en el olvido. También se encuentra en el limbo de la justicia en la Fiscalía Anticorrupción, de Oaxaca donde su titular Jorge Emilio Iruegas Álvarez dice que no existe ningún avance en la carpeta de investigación.
Con esta negativa a concluir la carpeta de investigación iniciada por Alfonso Avendaño Rodríguez en contra de la expresidente municipal Lizbeth Victoria Huerta, policías municipales y ministerio público, la justicia en Oaxaca seguirá pendiente.
Investigaciones
Más de 30 millones de mexicanos trabajan sin beneficios laborales, pese a disminución de desempleo
La informalidad laboral en mujeres, con índices más altos que los hombres
Por Katiuska Serrano y Melisa Murialdo
Lograr tener un trabajo estable y solvente, en donde se puedan recibir todos los beneficios de la ley, es una realidad con la que no cuenta todo el mundo. En México, de acuerdo con la última Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en el país existen 31.8 millones de personas trabajando en la informalidad.
Esta cifra, actualizada en diciembre del año pasado, corresponde al 55.9% del total de los empleos. Si bien se debe destacar que este número representó una reducción anual de 1,6%, la situación no deja de ser preocupante, pues son muchos los trabajadores que no tienen la posibilidad de tener acceso a:
- seguridad social
- prestaciones de ley
- incluso créditos o préstamos para la vivienda
- entre otros derechos
A partir del 1 de enero de este año, entró en vigor el decreto de reforma a la Ley Federal del Trabajo, en la cual se amplían los días de vacaciones de 6 a 12, luego del primer año de trabajo, así como el aumento de dos días por cada año adicional.
Sin embargo, los trabajadores del sector informal no pueden gozar de esta medida, ya que la norma establece que solo será aplicable a los contratos individuales o colectivos, situación con la que no cuentan los individuos que carecen de un trabajo formal. En estos casos, normalmente, se deben llegar a acuerdos con sus respectivos patrones.
El desempleo disminuye, la informalidad continúa
Para el INEGI, se considera a la población ocupada en la informalidad:
- “a quienes son laboralmente vulnerables por la naturaleza de la unidad económica para la que trabajan,
- así como a las personas cuyo vínculo o dependencia laboral no reconoce su fuente de trabajo”.
En este sentido, también destacan a quienes laboran en micronegocios no registrados y otras modalidades análogas, como los ocupados por cuenta propia en la agricultura de subsistencia y quienes trabajan sin seguridad social y cuyos servicios los utilizan las unidades económicas registradas.
En el país, según el ente, la tasa de informalidad en las mujeres sigue registrando porcentajes más altos que en los hombres, siendo de 56% y 54.1%, respectivamente.
Respecto a la tasa de desempleo, la encuesta del INEGI mostró una disminución del 3,5% respecto a diciembre de 2021 y se posicionó en 2,8% – 1,6 millones de personas – de la población económicamente activa (PEA), la cual al cierre de 2002 fue de 59,6 millones de personas.
Informalidad laboral por género.
Sólo 4 de cada 10 mexicanos laboran en el sector formal
En base a las cifras de la Población Económicamente Activa, 57,9 millones de individuos estuvieron ocupados durante diciembre, es decir, que se sumaron 1 millón más que en el mismo periodo del año anterior. En tanto, las personas subocupadas – aquellas que declararon tener necesidad y disponibilidad para trabajar más horas – fueron 4,2 millones, un 7,3 % de la población ocupada.
Por su parte, 25,3 millones de trabajadores (43,7%) están ocupados en el sector formal. En detalle:
- 11 millones realizan actividades en la industria del comercio;
- 9,5 millones en las manufacturas,
- 6,7 millones en labores agropecuarias y
- 4,6 millones en construcción.
- mientras que, en las áreas de minería, electricidad, agua y suministro de gas, estuvieron ocupadas el 0,7 % de la población, o sea, 409 mil personas
Efectos en la economía y estimaciones internacionales
En el 2021, el Banco de México realizó un estudio en el que determinó el impacto de la formalidad sobre el PIB per cápita en las diferentes regiones de México. En este contexto, afirmó que, si no existiera informalidad laboral, el PIB per cápita sería 19.6% más alto en la región norte del país; 28.4%, en el centro norte; 27.2% en el centro y 31.5% en el sur,
No obstante, las últimas cifras de empleo, a su vez, han ido mejorando de a poco la economía en la nación, debido que el Producto Interno Bruto creció de julio a septiembre un 0.9 % trimestral y un 4.3 % interanual, acumulando un alza de 2.9% en los primeros tres trimestres de 2022.
Además, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) estima que el crecimiento económico para México este 2023 aumentará de 1.5% a 1.6% y para el 2024 estaría por encima del 2%. Aunque, para que esto sea así, indican que es fundamental implementar medidas dirigidas a:
- que haya más participación de las mujeres en el mercado laboral,
- que se pueda reducir la informalidad y
- a que se mejore la calidad de la educación
En el caso de las expectativas de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), el panorama es otro, pues prevé un crecimiento de 1.1% en el 2023, lo que implicaría una contundente desaceleración para el país. Por ello, el organismo insiste en que se trabaje temas como
- la desigualdad,
- el rezago educativo y
- la falta de inversiones
La Organización Internacional del Trabajo (OIT), entretanto, anunció que el empleo en Latinoamérica crecerá solo 0,9 % en 2023, lo que representaría 2,9 millones nuevos puestos de trabajo.
A su vez, para este año, también prevé un ligero aumento del desempleo a escala mundial de 3 millones de personas aproximadamente, de esta manera, se alcanzaría los 208 millones de ciudadanos sin trabajo.
Finalmente, sobre la informalidad, la OIT la sitúa en 53,7 %, un alza que según el ente es parte de las consecuencias de la pandemia.
Ante esta realidad, si hay algo en que coinciden los organismos internacionales, es en el daño que hace la informalidad no solo a los trabajadores que deben renunciar a recibir derechos laborales, sino también a los propios países, que deben afrontar tener un ingreso per cápita más bajo o una mayor pobreza y desigualdad. Por esto, y mucho más, es importante llevar a cabo políticas que busquen acabar con esta problemática y generen mayor estabilidad económica tanto a la población, como a la nación.
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