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Mexico Violento

Contratos ficticios, sobreprecios de CFE, y pagos de servicios sexuales con presupuesto del Tren Maya

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Despacho 14

El violento oficio de escribir.

  • Comisión Federal de Electricidad en el ojo del huracán

  • Contratos a discreción a los amigos

  • Escort y celebraciones para residente de obra en Yucatán

Por Alfredo Griz

Entre las covachuelas del poder, la organización del crimen y la corrupción de los servidores públicos, sale a relucir un escándalo en la Residencia de Obra, de la zona de Campeche, Yucatán, y Quintana Roo, en la construcción del Tren Maya.

Así también del desangre del erario en la Comisión Federal de Electricidad, en donde desde años atrás ha habido robos sistemáticos de materiales de todo tipo, tolerado y promovido con la venia del Residente de Obra, el licenciado en Ingeniería civil Víctor Manuel Tziu Sosa, con cédula profesional 7300840, de la Universidad Autónoma de Yucatán, enriquecido con la designación de contratos y adjudicaciones de obras a los amigos y gente cercana que le compensan sus favores con comisiones.

Lo que hoy relatamos e informamos en este medio “no sólo es un acto escandaloso de corrupción, sino preocupante, dada la precariedad en que vive la mayoría de la gente en el país”. Es así como una empleada federal refiere su denuncia a este reportero, y agrega que incluso ella era la encargada de buscarle mujeres al residente de obra, cuando éste quería saciar sus apetitos sexuales y no había alguna secretaria disponible en la residencia.

Lo que apunta una red de corrupción y tráfico sexual que impera en la Comisión Federal de Electricidad desde hace -por lo menos- unos 15 años, que son los que lleva laborando la fuente, y quien señala que literalmente la residencia de obra es una agencia de citas o de colocaciones de queridas y amantes: una mina de oro para quienes tienen acceso privilegiado al presupuesto federal.

La denunciante tiene contrato sindical signado por el jefe de Departamento William René Vázquez Flota, quien no aparece en la Nómina Transparente de la Función Pública, mientras que la persona de nombre Circe Viridiana Palma Martínez, quien de acuerdo con la Función Pública, su sueldo estimado neto es de 12, 805 pesos y su sueldo mensual bruto es de 16007.04, desempeñando el cargo de «Técnico Especializado VI B». Según testimonios, esta persona lleva laborando más de 15 años en dicha dependencia federal y por ella pasan “todos o muchos de los contratos que se otorgan a discreción”; además, tiene bajo su cargo los programas integrales, avances de obra y las entregas y recepción de éstas.

El acceso a dicha información es ilimitado y de manera discrecional; refiere -por ejemplo- que cuando se dan de baja los aires acondicionados de la residencia de obra en Mérida, Yucatán, todos son sustraídos por el mismo personal, y así con otros equipos, por lo que literalmente es un robo al despoblado todo lo que sucede en esas oficinas gubernamentales.

En ese sentido, por ejemplo, el contrato RRPE-151001, con un importe de 2 millones 481 mil pesos, fue otorgado de manera discrecional al contratista Eduardo Jesús García Hernández, quien sólo debería realizar el trabajo de mantenimiento de pisos en las oficinas de la residencia de obra en Yucatán. Pero, el costo total del mantenimiento de dichos pisos no alcanza los 500 mil pesos; sin embargo, los precios fueron elevados para que el ingeniero civil Víctor Manuel Tziu Sosa le fuera retornada una parte del pago por otra vía.

Se exhibe copia en esta primera entrega de dicha investigación, pero también consta en la denuncia que obra ya en la Fiscalía General de la República y que quedó bajo el registro CEDAC-066142-202205, en la cual se le solicita se investiguen todos los contratos de esa residencia de obra, de 2015 a la fecha.

Registro de la denuncia.

Los servicios sexuales, en el presupuesto

La denunciante de esta corrupción, quien se acreditó con su número de empleada, señaló que el titular de la residencia de obra le solicitó que buscara y contratara los servicios sexuales de una escort, para festejar la realización de dicho negocio.

La empleada, protegiendo su trabajo, acudió a cumplir con lo solicitado por su superior, pero en lo sucesivo se convertiría en una especie de amiga para las fiestas y placeres del residente, servicios que se pagaban con el erario destinado en parte al sobreprecio de los contratos.

En la denuncia federal, se encuentran los datos y número de teléfono de la sexoservidora, los cuales han sido reservados, pero también se aportan como datos de prueba de dicha denuncia.

La empleada -quien de alguna forma quiso medrar con esta información y obtener un beneficio personal-, aseguró que el sueldo que gana es muy poco y tiene más de 15 años trabajando como sindicalizada, pero no tiene plaza, ya que le renuevan su contrato cada tres meses para evitar otorgarle beneficios laborales.

Convenios de INAH y CFE

En uno de los convenios de colaboración entre el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), se advierte un monto de 2,368,000 pesos, el cual se emitió para un supuesto rescate arqueológico en la línea de transmisión, Xpuhil-Hulxa, Quintana Roo, límite estatal con Campeche, ubicado en el municipio de Othón P. Blanco, el cual fue literalmente ficticio.

Contratos millonarios del Tren Maya

“Los tramos 3 al 5 del Tren Maya se erogaron contratos millonarios al vapor”, especifica la empleada federal, en referencia a que la infraestructura para los tramos eléctricos del Tren Maya costará más de 6 mil 200 millones de pesos y estaría lista hasta noviembre de 2023.

Fonatur Tren Maya adjudicó directamente el 11 de octubre de 2021, un contrato de 6 mil 30 millones de pesos a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), con vigencia hasta el 1 de noviembre de 2023, consistente en “servicios para el gerenciamiento del proyecto de desarrollo de la infraestructura necesaria para la electrificación y conexión a la Red Nacional de Transmisión (RNT)”.

La parte electrificada del tren, 690 de los mil 554 kilómetros que abarca toda la ruta, abarca desde Mérida hasta Chetumal; es decir, iniciará en el tramo 3 y terminará en el tramo 6, con vías dobles para el servicio de carga y pasajeros. En los demás tramos, los trenes quemarán combustible diésel, al menos inicialmente.

Se trata del contrato más cuantioso que se ha adjudicado para una obra del Tren Maya, con excepción de los hasta ahora entregados para la construcción de los primeros cuatro tramos y una parte del tramo 5, así como para la fabricación de los trenes y material rodante.

Al tratarse de un contrato de gerenciamiento, es posible que la CFE pudiera a su vez subcontratar a empresas privadas para algunos trabajos, pagándoles con los recursos del Presupuesto de Egresos que recibirá de Fonatur.

En abril pasado, la CFE ya había obtenido un contrato de 178.8 millones de pesos para la ingeniería y otras actividades previas a la electrificación. Todos estos contratos pasaron las manos de la fuente y ahora indiciada, la cual reveló que es un verdadero e impresionante derroche y robo de recursos públicos.

 

Intimidaciones al reportero

Tras la denuncia de esta situación, la FGR emitió un acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública estatal para garantizar las medidas cautelares pertinentes con la seguridad de este reportero, debido a que se dieron dos incidentes. El primero, el 8 de mayo, el cual quedó asentado en la carpeta de investigación con el número de expediente FED/YUC/MER/0000/2025/2022. Sin embargo, se filtraron los datos personales y ubicación de quien esto escribe, y la madrugada de hoy miércoles, 11 de mayo, colocaron una narcomanta en el domicilio.

En el parte policía de las patrullas con número económico 646 y 8020 de la Secretaría de Seguridad Pública de Yucatán, las cuales venían al mando de la oficial Martha Magaña y José Quintal respectivamente, tomaron fotografías y dieron informe de los sucesos para levantar su informe policial, el cual será ofrecido como dato de prueba para la misma Fiscalía General de la República.

En el contenido del mensaje refiere el nombre de «ing Circe Palma», y alude a que ya había delatado a este reportero y su medio.

Narcomanta colocada en el domicilio del reportero, la madrugada del 11 de mayo.

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Justicia pendiente

Especialistas piden que arraigo y prisión preventiva desaparezcan por violar derechos humanos como en caso Tzompaxtle

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La Red Solidaria señaló que la prisión preventiva oficiosa condena a personas que no han tenido una sentencia

 

Especialistas de Red Solidaria Década Contra la Impunidad pidieron que desaparezca la figura del arraigo y de la prisión preventiva oficiosa en México, debido a que representan una violación de derechos humanos, pues se priva de la libertad a personas que aún no han sido sentenciadas por la presunta comisión de un delito, como sucedió con la detención ilegal de Jorge Marcial Tzompaxtle Tecpile, Gerardo Tzompaxtle Tecpile y Gustavo Robles López en enero de 2006.

Ernesto Rodríguez Cabrera, integrante de la Red Solidaria Década contra la Impunidad, dijo en entrevista con Los Ángeles Press que tanto el arraigo y la prisión preventiva oficiosa deben desaparecer en México, debido a que contraviene la convención internacional y fomenta la violación de derechos humanos.

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Carlos Zazueta, especialista en derechos humanos, mencionó que la figura del arraigo está establecida en el artículo 16 constitucional y se trata de aprehensión de una persona por un periodo de entre 40 y 80 días sin la presentación de pruebas, en la cual se pueden presentar otros actos de tortura para que las fiscalías incriminen a los detenidos.

El defensor de derechos humanos expuso que la prisión preventiva oficiosa sólo se aplica a nivel internacional en algunos contextos como son el riesgo real de fuga o la obstaculización del acceso a la justicia, pero en México se aplica de forma general para ciertos delitos, en los que una persona es privada de su libertad en tanto se presentan pruebas en su contra sin recibir sentencia.

Por su parte, Armando Vanegas, representante de Red Solidaria Década contra la Impunidad, recordó que en el caso Tzompaxtle se trató de un caso en el que los jóvenes fueron detenidos por policías federales cuando transitaban en la carretera Ciudad de México-Veracruz sin que se comprobara que hubiesen cometido algún delito.

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Los tres especialistas que defenderán el caso Tzompaxtle contra el Estado mexicano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para evidenciar que las figuras de arraigo y de prisión preventiva oficiosa fomentan las violaciones graves a los derechos humanos, pese a que el gobierno federal se ha opuesto a la desaparición de las mismas.

Refirieron que el caso Tzompaxtle evidenció la detención arbitraria de los jóvenes en 2006, por lo cual el Estado mexicano violó el derecho a la notificación previa y detallada de los cargos a la defensa técnica en los primeros días posteriores a la detención y estuvieron arraigados.

Asimismo, enfatizaron que con estas acciones las cárceles se llenaron durante las administraciones de Vicente Fox, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y en la actualidad con Andrés Manuel López Obrador.

 

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La red en lucha

México en el centro del debate internacional sobre minería marina por barcos de exploración

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barco exploración minera méxico

Por Emilio Godoy

MÉXICO – La discusión sobre la minería marina cobró mayor intensidad mundial con el inicio de una misión de recolección de muestras minerales por parte de la empresa privada Nauru Ocean Resources (Nori).

La travesía hacia una zona del océano Pacífico se basa en una recomendación emitida por la Comisión Legal y Técnica de la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos (ISA, en inglés) para autorizar la toma de materiales, luego de la conclusión de la revisión de la manifestación de impacto ambiental de la compañía, filial de Metals Company, con sede en la ciudad canadiense de Vancouver.

Pero ISA, con sede en Kingston, la capital de Jamaica, no ha publicado tal recomendación, opacidad que los activistas cuestionan.

“Es prueba de cómo la misma Autoridad Internacional de los Fondos Marinos (ISA) abre a estas empresas la oportunidad de dar los primeros pasos a la minería en aguas profundas. ISA tiene que poner en el centro la protección de los océanos y no los intereses empresariales», dijo Ornela Garelli, de la campaña de Océanos de la representación mexicana de la no gubernamental Greenpeace.

Para saber más del tema: Pueblos de Oaxaca se unen para defender sus tierras de la minería

 

Consideró que «no se pueden avanzar estas pruebas, porque es uno de los ecosistemas más frágiles del planeta y del cual necesitamos más información. Se tiene que aplicar el principio precautorio”.

El barco explorador “Hidden Gem” (“Joya oculta”) zarpó el 14 de septiembre del puerto de Manzanillo —en el estado de Colima, en el occidente de México—, donde permaneció unas horas para luego enfilar hacia una zona de exploración en medio del océano Pacífico.

La empresa suiza Allseas SA adquirió la embarcación en 2020 para convertirla en nave de sondeo minero y esta boga con bandera de Malta, según registros marinos consultados. Construida en 2010, de colores rojo, negro y estructuras blancas, el barco tiene capacidad de 60 331 toneladas, mide 228 metros de largo y 42 de ancho.

Hidden Gem”, cuyos nombres anteriores fueron “Vitoria 10 000” y “Petrobras II 10 000”, permaneció en el puerto holandés de Rotterdam mientras su propietaria lo reconvertía para realizar prospección minera marina, pues previamente hacía perforación petrolera. En febrero último, el grupo Ocean Rebellion lo convirtió en blanco de una protesta.

Partió en marzo de Rotterdam y su trayectoria incluyó pasos por Calais (Francia), Dover (Reino Unido), las Islas Canarias (España) y el Canal de Panamá, en julio.

La embarcación se dirige a la Zona Clarion-Clipperton (ZCC), un área en alta mar entre Hawái y México con una gran biodiversidad, y donde Nori posee una concesión minera. El plan consiste en la recolección de 3600 toneladas de nódulos polimetálicos.

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 Impacto en fondo del mar

En la minería de aguas profundas, grandes máquinas levantan el fondo del mar para separar las piedras conocidas como nódulos polimetálicos del lodo con un tubo gigante. Estas piedras, que contienen cobalto, cobre, manganeso y níquel, luego se bombardean a la superficie y se regresa el agua y sedimentos, mediante otro conducto, de vuelta al mar.

El sedimento que retorna al océano contendría elementos dañinos, lo que sumaría más impactos a esas zonas.

Las aguas profundas acogen especies y ecosistemas que suministran bienes y servicios ambientales, y cuyas condiciones son de alta vulnerabilidad, según estudios científicos recientes. Estas áreas ya enfrentan la subida de la temperatura, la acidificación del agua y la presencia masiva de plásticos.

“Hay evidencia de que no hay información científica suficiente para determinar con certeza los impactos de la minería oceánica”, señaló Diego Lillo, representante de la no gubernamental Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente, desde Santiago de Chile.

Bajo presión

ISA, creada en 1994 por la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar), tiene la doble misión contradictoria de proteger los ecosistemas del mar profundo y elaborar estándares ambientales para la minería marina.

Integrada por 167 países y la Unión Europea, ISA ha entregado 17 licencias exploratorias en la ZCC, de un total de 31 otorgadas hasta ahora, para la exploración de nódulos polimetálicos, sulfuros y costras cobálticas con 22 empresas, incluidas algunas de Brasil, Cuba y Jamaica.

Para obtener un permiso con el fin de explotar cualquier parte del fondo marino, una empresa necesita el patrocinio de un país parte de ISA.

Pero antes, en junio de 2021, la República de Nauru, una nación insular expuesta a las consecuencias de la crisis climática, situada en Oceanía en el Pacífico central y de unos 12.000 habitantes, sacudió las estructuras de ISA al invocar una cláusula de Convemar para ejecutar un proyecto de exploración minera marina.

Esa norma estipula que un país puede reclamar el aval de ISA a su plan para rastrear y explotar minerales en aguas profundas en un plazo de dos años, siempre que siga unos procedimientos establecidos por el propio organismo, que debate estándares ambientales para la prospección.

ISA, una agencia desconocida de Naciones Unidas hasta que apareció la polémica por la minería marina, que enfrenta un dilema fundamental para su futuro, pues en julio próximo Nauru puede reclamar el aval a su programa exploratorio, sin necesariamente contar ya con las salvaguardas.

Integrado por 36 representantes, el Consejo de la agencia se reunirá en Kingston en noviembre, mientras que la 28 sesión de la Asamblea General, el órgano mayor de ISA y en la que participan todos los Estados miembros y organizaciones observadoras, está programada para julio de 2023, aunque podría adelantarse por el plazo de la regla de dos años.

Durante la 27 Asamblea General celebrada en agosto  se suscitó, por vez primera, un debate intenso sobre la cláusula mencionada, ante la cual países como Costa Rica, Chile, España y Nueva Zelanda pidieron una discusión sobre sus alcances, ante la negativa de naciones como Nauru.

Para justificar las futuras explotaciones minerales, ISA diseñó un mecanismo de reparto de beneficios derivados de esa actividad y que también le redituaría en ingresos, junto con las cuotas de los países miembros, lo que supone un interés por promover esa extracción.

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Varios gobiernos también han indicado la falta de inclusión de los costos ambientales en las finanzas mineras de estos proyectos en los fondos marinos.

Metals Company, entre cuyos accionistas figura Allseas SA, calcula que el polígono asignado almacena minerales para construir unos 280 millones de automóviles eléctricos, el tamaño de la flota vehicular de Estados Unidos.

Tibieza

México ha mostrado una postura discreta frente a la minería marina. Una fuente diplomática dijo a este cronista que esto se debe a la falta de una discusión nacional multisectorial en torno a una postura definida.

No obstante, el asunto presenta una arista más sutil: el rol de los puertos mexicanos del Pacífico, especialmente Manzanillo, Lázaro Cárdenas y Acapulco, ante la eventual aprobación de planes exploratorios y la extracción mineral.

Debido a la duración de los viajes de embarcaciones como “Hidden Gem”, estas instalaciones podrían obtener réditos por el paso de las naves y la descarga de minerales.

Lillo y Garelli pidieron a México más firmeza en su postura.

El país “necesita tener mayor firmeza. México debe centrarse en los océanos por la importancia que tienen en sí mismos y no por su aprovechamiento sostenible”, demandó la campañista de Océanos de Greenpeace.

México tiene 3540 millones de razones para oponerse a esa actividad.

Ese es el monto, en dólares, que la empresa estadounidense Odyssey Marine Explorations pide ante un panel de arbitraje bajo el entonces Tratado de Libre Comercio de América del Norte —sustituido en 2020 por el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá— por la denegación de una licencia ambiental.

 

En 2018, la Secretaría (ministerio) de Medio Ambiente rehusó el permiso de la mina “Don Diego”, promovida por Exploraciones Oceánicas SA, filial de la compañía estadounidense, por probable daño al ecosistema, áreas pesqueras y por falta de una consulta pública.

El proyecto, que abarca una superficie de 91 267 hectáreas frente a la costa del noroccidental estado de Baja California Sur, implicaba la draga del fondo marino, para extraer anualmente siete millones de toneladas de arena fosfática, durante 50 años, para producir 3,5 millones de toneladas de fósforo.

“Preocupa la falta de consistencia de México frente al discurso que ha promovido ante la ISA de aprobar una regulación minera que sea responsable con la protección del ambiente. Necesita también un mayor protagonismo en las negociaciones, que contribuya a resaltar la importancia del enfoque precautorio”, cuestionó Lillo.

Dicho principio consiste en la adopción de medidas de protección ante un riesgo fundado, sin pruebas definitivas, del impacto sobre la salud pública o el ambiente de un producto o tecnología.

Si México pierde el arbitraje, se decretaría la imposibilidad de un Estado de impedir proyectos extractivos bajo el principio precautorio ante menoscabos previstos.

***

Este artículo es parte de la Comunidad Planeta, un proyecto periodístico liderado por Periodistas por el Planeta (PxP) en América Latina.

 

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Mexico Violento

Comunidades de Nochixtlán en conflicto por destrucción de caminos históricos por parte de autoridades

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nochixtlan en conflicto por pavimentación de caminos

Por Miguel Montesinos León

En los trabajos de pavimentación de caminos rurales a cabeceras municipales, la autoridad municipal de San Pedro Cozcaltepec Cántaros y una familia cercana a ésta, de manera arbitraria, utilizaron un camino histórico de Asunción Nochixtlán, causando desperfectos.

El Camino Real al Parían cruza la comunidad de Nochixtlán y por el crecimiento urbano este camino sólo cuenta con dos tramos todavía visibles y transitables, el primero se encuentra entrando a la comunidad de Nochixtlán frente al lugar conocido como Los azulejos; el segundo se ubica en el Colegio de Bachilleres de Oaxaca (Cobao), y es este último el camino que destruyeron parcialmente los vehículos que circulan de Nochixtlán a las comunidades de Coxcaltepec Cántaros, San Pedro Quilitongo, Santiago Huahutlilla y viceversa.

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Debido a ello, ciudadanos originarios de Nochixtlán que han preservado el Camino Real al Parían a través de tequios, bloquearon el paso a los vehículos y con ello pidieron la intervención de las autoridades municipales de las comunidades involucradas.

Mediante esta acción los vecinos afectados lograron que las autoridades de las comunidades mencionadas aceptaran reparar los daños que causaron y firmaron un acuerdo por lo que los trabajos de rehabilitación inician este lunes 26 de septiembre, de no cumplir con lo acordado los vecinos realizarán manifestaciones y bloqueos.

El acuerdo que firmaron los vecinos del Camino Real al Parían con las autoridades municipales en el que acordaron iniciar los trabajos de rehabilitación afectada no se cumplió por lo que los afectados se están organizando para tomar las medidas necesarias para el cumplimiento de lo acordado.

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Itayee Cruz Guevara, titular del Centro Coordinador del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, ubicado en Nochixtlán y siendo la dependencia del gobierno federal que debe coadyuvar y velar por el bienestar de los pueblos afectados, aun cuando firmó como testigo dicho acuerdo, no mostrado interés en solucionar el problema, y cuando se le solicita su intervención en algún conflicto relacionado a la pavimentación de caminos rurales dice que el INPI no tiene injerencia, cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador ha señalado reiteradamente qué el INPI es la parte operativa del programa de pavimentación en Oaxaca y en los estados donde se ha implementado este apoyo a las cabeceras municipales.

acuerdo sobre reparacion caminos

Acuerdo de reparación de los caminos.

Los caminos antiguos

Dentro de los trabajos a realizarse el más importante es el muro que el agua de las lluvias se llevó por desviar estas aguas de manera deliberada en un puente que data de la época del Porfiriato. Se trata de un camino histórico, que por él transitaron en su momento los arrieros provenientes de la costa oaxaqueña y de comunidades de la región del estado de Guerrero mismos que recorrían comunidades pertenecientes al Distrito de Huajuapan de León.

Este camino tiene históricas anécdotas y en algunas comunidades todavía se conservan partes de su construcción original. En el tramo de Huajuapan a Santiago Juxtlahuaca se encuentra “el Espinazo del Diablo”, esta parte del Camino real que pasa en el costado del cerro, es una pendiente prolongada y es una vereda que asemeja un espinazo y por el gran peligro que representa para el paso de las personas y animales de carga se le denominó así; y es que los animales de carga se tenían que enfilar, y de ahí se deriva la expresión “hilo, hilo, hilo”, que es como los arrieros le decían a sus animales de carga para que hicieran una sola fila.

En Sinaxtla, las personas de edad avanzada que narraban sobre el paso de los arrieros comentaban que eran muchas las caravanas que pasaban por la comunidad, y aludían al gran número de las mismas para trasladar mercancías que llegaban al país en barco, y luego eran llevadas a la capital del país. Otras, eran llevadas a Parían para de ahí embarcarlas en el tren de carga o la ciudad de Oaxaca.

 

La comunidad del Parían fue la estación del tren lo mismo que G. Olivera, más importante para quienes viajaban a las ciudades de Tehuacán, Puebla, Veracruz, México y a la capital de Oaxaca. Al paso del tiempo las personas adultas recuerdan con nostalgia como esta actividad desapareció al igual las dos comunidades que parcialmente desaparecieron con la llegada de vehículos de transporte de carga y desaparecieron con la privatización del ferrocarril.

 

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