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Mexico Violento

Empleados de CFE denunciados por ordenar violación y privación de libertad a reportero que reveló su corrupción en Yucatán

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Ingenieros Residentes de Obra de Comisión Federal de Electricidad señalados de ordenar agresión sexual y privación de libertad a reportero que reveló corrupción en contratos del Tren Maya

Despacho 14
El violento oficio de escribir

Por Alfredo Griz

Marco Antonio Flores Núñez y Víctor Manuel Tziu Sosa, residentes de obra de la zona Yucatán, Campeche y Quintana Roo, de la Comisión Federal de Electricidad, fueron señalados en formal denuncia penal ante la Fiscalía General de la República, como responsables de ordenar la violación sexual y privación de libertad a este reportero en represalia tras la publicación de una serie de reportajes sobre la corrupción en los contratos de obras de la paraestatal y las obras del Tren Maya.

La víctima de represión y abuso sexual, con el acompañamiento de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, dio parte de que la agresión fue a manos de sujetos armados que se refirieron a ambos empleados federales, y que se trataba de una represalia en contra del periodista para que dejara de publicar reportajes sobre el Tren Maya y la Comisión Federal de Electricidad. Los agresores señalaron a Flores Núñez y Tziu Sosa, de manera directa, como los emisarios.

Durante la agresión, una tercera persona fue mencionada: se trata de la empleada Circe Viridiana Palma Martínez, quien tiene una denuncia penal por extorsión y fue quien filtró originalmente la información sensible sobre la corrupción y sobreprecios en contratos del Tren Maya, información de la que pretendía obtener un lucro del reportero. Posteriormente, la empleada fue obligada a denunciarlo falsamente “si quería conservar su trabajo”, además de ser mencionada en una «narco manta» dejada en el refugio donde radica el reportero donde se le advierte que «ahora la protege el CJNG», también fue mencionada por los agresores sexuales; dicha información versa en la denuncia ante la Fiscalía General de la República.

 

Escándalos sexuales callados con agresiones sexuales

El motivo de la agresión a este periodista ­-de la cual hubo un testigo ocular y presencial de los hechos al que se le solicitaron medidas cautelares-, es que se han ido destapando los lazos de corrupción que existen entre la paraestatal, el crimen organizado y las empresas constructoras de prestanombres de los servidores públicos en mención y de sus amigos cercanos. Un negocio redondo que se ha sido documentado.

Los escándalos sexuales y las plazas sindicales que utilizan las amantes de los residentes y los familiares de los líderes sindicales hacen de la residencia de obra de Mérida, Yucatán, una gran “casa de citas”, algo así como la casa verde de Vargas Llosa.

En ese tenor, este reportero entrevistó y documentó el testimonio de la escort que daba servicio sexual a Marco Antonio Flores y que era llevada a través de la empleada de la CFE Circe Viridiana Palma Martínez. Cabe mencionar que la trabajadora sexual señaló conocer a esta empleada desde que era asistente de Marco Antonio Flores, y que fueron varias veces que solicitó sus servicios.

Amantes y parientes en la CFE

La empleada de la CFE, quien primero se ofreció como fuente de información y ahora está en calidad de imputada en la denuncia federal, reveló -entre otras cosas- que el delegado sindical Lizandro Lizama Garma tenía varias amantes en puestos preferenciales en las oficinas de residencia.

La molestia de la servidora pública era “que no sabían hacer nada y ganaban más que ella”, lo que le generaba escozor y frustración, e incluso señaló que el delegado tiene a una pariente cercana de nombre “Landy Lizama, la cual solo llega a platicar todo el día, porque literalmente no hace nada, ni cumple alguna función en específico”. La pariente del delegado sindical recibe un salario de 21 mil pesos brutos de manera mensual, lo cual significa una merma más para las arcas de la ya desvencijada paraestatal.

Ante estas revelaciones y las publicaciones que este reportero ha realizado, se solicitó a la FGR que investigue los bienes y activos de dichos empleados federales, ya que sobre el mismo tema versa una denuncia en la Unidad de Inteligencia Financiera para que sean investigados Marco Antonio Flores Núñez, Víctor Manuel Tziu Sosa y el delegado sindical Lizandro Lizama Garma.

 

 

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Justicia pendiente

Grupo de la ONU pide garantizar seguridad de familias buscadoras de desaparecidos

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El Grupo de Trabajo de Desapariciones Forzadas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) pidió al Estado mexicano garantizar la seguridad de las familias buscadoras de personas desaparecidas en el país.

El organismo internacional alertó sobre estas medidas después del asesinato de Blanca Esmeralda Gallardo, quien buscaba a su hija desaparecida, Betzabé Alvarado, el pasado mes de enero de 2021.

El Grupo de la ONU condenó el asesinato de la madre buscadora y pidió que se investigue y sancione a los responsables, debido a que se trata de un delito que puede permanecer en la impunidad.

Blanca Esmeralda Gallardo fue asesinada ayer por la mañana cuando esperaba el transporte público en la lateral de la carretera México-Puebla, cerca de la unidad habitacional Villa Frontera, donde sujetos armados le dispararon en siete ocasiones y falleció en el lugar.

La víctima refirió que uno narcomenudista fue el responsable de la desaparición de su hija, por lo que diferentes organizaciones civiles han señalado que debe ser detenido ese individuo de forma inmediata por parte de las autoridades federales y estatales.

La ONU ha alertado sobre los elevados niveles de violencia que persisten en México, donde los familiares de las víctimas de delitos como la desaparición se encuentran en un grado mayor de vulnerabilidad, la cual no obtuvo respuesta por parte de las autoridades federales.

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Justicia pendiente

Sedena identificó a 20 alcaldes de Guerrero con el narcotráfico tras caso Ayotzinapa

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La Sedena identificó a 20 alcaldes vinculados con el caso Ayotzinapa; Morena, PAN, PRI son los institutos políticos a los que pertenecen estos ediles

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) identificó a 20 alcaldes de Guerrero vinculados con el crimen organizado, después de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, de acuerdo con un informe elaborado por la Subjetafura de Inteligencia del Estado Mayor que fueron difundidos por Guacamaya Leaks.

El informe reveló que estaban involucrados con el crimen organizado alcaldes de los municipios cercanos a Iguala, como César Miguel Peñaloza de Cocula, Saúl Beltrán Orozco de San Miguel Totolapan, Taurino Vázquez Vázquez de Arcelia, Efraín Peña Damasio de Apaxtla, Rey Hilario Serrano de Coyuca.

Para saber más del tema: Hackeo a SEDENA: lo que se sabe de la salud de López Obrador y el grupo de hackers ‘Guacamaya’

También fueron señalados los alcaldes de Tlapehuala, Everardo Wences; Pungarabato, Reynel Rodríguez; de Taxco, Salomón Majul González, de Huitzuco, Norberto Figueroa Almanzo; Buenavista, Elías Salgado; de General Canuto Neri, Eleuterio Aranda; Tlacotepec, Mario Alberto Chávez; Teloloapan, Ignacio de Jesús Valladares; Ixcateopan, Filiberta Hornelia Barrera, así como de Pilcalaya, Sandra Velázquez.

De la misma manera, la Sedena identificó a José Luis Abarca por su cercanía con el cártel de “Guerreros Unidos” en el municipio de Iguala, por lo que enfrenta un proceso penal por la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa.

Los ediles señalados forman parte de todos los partidos políticos, pues siete son del Partido de la Revolución Democrática (PRD), otros siete del Partido Revolucionario Institucional (PRI), tres del Partido Acción Nacional (PAN) y uno del Partido del Trabajo (PT).

Lee más: Caso Ayotzinapa: los mensajes de WhatsApp que se ocultaron en el informe de la Comisión de la Verdad

 

La mayoría de los ediles tenían relación con Guerreros Unidos, con los cuales estaban vinculados ocho alcaldes y “La Familia Michoacana” con otros ocho munícipes en 2014, pero la configuración de estas organizaciones criminales se modificó en 2020.

La Sedena estimó la presencia del Cártel del Pacífico, los Beltrán Leyva, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), La Familia, Caballeros Templarios y Guerreros Unidos que se disputan el control y el tráfico de las drogas en Guerrero.

 

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Mexico Violento

Por intereses económicos, hijos atentan contra la integridad de su madre, adulta mayor

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María Rodríguez Lemus sufre el maltrato y abandono de dos de sus hijos; es un adulta mayor, con problemas auditivos

Juan Gabriel y Roberta Torres Rodríguez dan testimonio falso en la fiscalía en contra de sus hermanos acusándolos de secuestro de su madre

Por Zavianny Torres Baltazar

Hace 25 años, doña María Rodríguez Lemus se jubiló tras tres décadas de trabajo constante y asiduo. Servidora pública, laboró en la Secretaría de Recursos Hidráulicos y en la Semarnat, y durante los últimos 25 años vivió en su casa ubicada en la delegación Tlalpan en la Ciudad de México, al cuidado de sus hijos Juan Gabriel Torres Rodríguez y su hija Roberta Torres Rodríguez.

Sus hijos tienen locales comerciales en el domicilio de doña María, espacios que están exentos de pago de renta. En esos 25 años todo transcurrió con “normalidad”, sus hijos menores, Marlein Torres Rodríguez y Marcos Javier Torres Rodríguez, podían visitarla con la frecuencia que desearan y estar al tanto de los cuidados de su mamá.

Con el paso de los años los hijos menores conformaron sus propias familias y dejaron el hogar materno. Doña María Rodríguez quedó al cuidado de los hermanos mayores Juan Gabriel y Roberta. Sin embargo, hace 7 años la situación se tornó dramática y preocupante, debido a que sus hijos Marlein y Marcos Javier empezaron a notar que a su madre la tenían en un estado de abandono total – por parte de sus hermanos Juan Gabriel y Roberta – pues el departamento donde vivía doña María estaba en completo abandono y en condiciones de insalubridad. Rodeada de decenas de gatos y perros.

Previo a la pandemia del Covid 19 que a todos nos obligó a resguardarnos en nuestras casas, sus hijos menores -Marlein y Marcos- ya habían tomado en sus manos el cuidado de su madre. Es cuando los hermanos mayores -Juan Gabriel y Roberta- empiezan a restringir el libre acceso a la casa de doña María y da inicio un conflicto intrafamiliar con repercusiones de tipo jurídico, que al día de hoy continúan en los juzgados del estado de Morelos- y que tienen acusados de manera dolosa (con testimonios y declaraciones falsas) a los hermanos menores.

En este proceso, Juan Gabriel y Roberta, han levantado denuncias de secuestro en contra de los dos hermanos menores. Acusan que se llevaron a su madre sin su conocimiento y por la fuerza. En el estado de Morelos levantaron una denuncia con carpeta de investigación FEDFPM/101/2021. Entre las acusaciones más delicadas están la de tener secuestrada a su madre y en contra de su voluntad, vivir con los hijos menores en sus domicilios en Temixco, Morelos.

Considerando que las acusaciones son muy serias, Marlein y Marcos Javier tuvieron que contratar los servicios profesionales de un abogado defensor, ya que en diversas ocasiones han sido asediados por elementos de la fiscalía del estado y agentes del Ministerio Público. Del mismo modo, personas que se identifican como representantes del poder judicial, han tratado de ingresar de forma ilegal al fraccionamiento donde habitan Marlein con su hijo menor de edad y Marcos Javier, sin contar con alguna orden de aprensión o presentación a los acusados.

En junio de 2021, la fiscalía general del estado de Morelos emitió una alerta para localizar a la María Rodríguez Lemus, en la que solicita la ayuda para encontrar a la supuesta extraviada. Ante estas circunstancias ajenas a una buena impartición de justicia por parte de las autoridades a las que corresponde esta responsabilidad, es que solicitamos el testimonio de Marlein Torres Rodríguez por estas falsas acusaciones y en entrevista nos narra.

Testimonio

“Mi mamá desde muy niña perdió el oído. A los ocho años inició un trabajo, a su corta edad fue muy trabajadora, y a pesar de su discapacidad pudo ser independiente, hasta incluso separarse de mi papá y hacerse cargo de sus cuatro hijos. A los 25 años de laborar se jubiló. Desde entonces, mis hermanos – Juan y Roberta- administraron todo lo correspondiente a sus ingresos. Aproximadamente al año que mi mamá se jubiló adquiere un terreno, pero le faltó dinero para completar su pago. Es ante esta circunstancia que nos percatamos que no tenía dinero para adquirirlo. En ese tiempo les pedimos a los hermanos mayores que explicaran el por qué mi mamá no tenía dinero, ambos se negaron rotundamente a responder.

Me asesoré legalmente, pero no pude hacer algo en ese momento porque mi mamá estaba en condiciones de decidir, me pidió respetar su decisión, que ella estaba consciente de lo que estaban haciendo. En ese momento respeté su decisión y salí de su casa. Mi hermano y yo no tenemos la libertad de visitar a mi mamá cuando nosotros lo deseamos, y mucho menos intervenir en el arreglo de su casa. Cuando se daban cuenta de que mi mamá nos daba llaves de su casa, con diferentes excusas ellos cambiaban la combinación. Hace siete años aproximadamente, era evidente el deterioro y el descuido en el que se encontraba la casa.

Por otro lado, mi mamá tenía problemas severos de circulación, colesterol, triglicéridos altos, retención de líquidos, hipertensión, sin que tuviera tratamiento médico alguno, además tenía problemas con mis hermanos y con mi mamá porque decían que ella estaba bien de salud. Tenía también mala alimentación, no tenía comida en su casa. En varias ocasiones me percaté que no tenía dinero, le dejaba yo dinero y se le perdía o se lo daba a mis hermanos. No tenía un super o despensa en su casa, su lavadora y boiler estaban oxidados en su caja, no se los habían instalado porque no tenía dinero; artículos o prendas que le regalábamos no las usaba, las regalaba o se le perdían. Vivía entre basura, con demasiadas cosas acumuladas, las paredes con bastante humedad, no tenía luz porque la misma humedad había provocado un corto en toda la instalación.

Vivía con 22 gatos y perros que adoptaba de la calle, viviendo en una situación inhabitable e inhumana. Después de algún tiempo se nos empiezan a negar las visitas a casa de mi mamá, poniendo excusas y diciendo que no quería ver a nadie, en ocasiones los vecinos le permitían brincarse la barda para poder verla. En agosto del 2020 mi hermano menor logra visitar a mi mamá. Roberta le comenta que mi mamá presenta comportamientos y actitudes extrañas, le dicen que no la ven bien y consideran internarla en una clínica psiquiátrica o en un asilo. Posterior a eso, uno de mis hermanos le llama a mi hermano Marcos para que vaya por ella y se la lleve unos días mientras acondicionan su casa.

Mientras mi mamá está con nosotros en Temixco, Morelos, inicia tratamiento médico, jamás presentó problemas de alimentación o que algo le hiciera daño, tampoco presentó cuadros depresivos, se adaptó inmediatamente a la rutina y hábitos que teníamos en casa. Nos quedó claro que lo que necesitaba era atención, compañía, amor y convivir con personas. En octubre del 2020 mi mamá regresa a su casa, Marcos y yo exponemos nuestras observaciones al convivir con mi mamá, proponemos estar al pendiente todos, que se contrate una persona para que conserve su casa ordenada, le tenga comida y ella pueda comer cuando lo disponga. Les preguntamos quién es el encargado de cobrar las pensiones de mi mamá y cuánto es lo que percibe.

Roberta y Juan se niegan a contestar y se ponen a la defensiva, rechazan el medicamento que mi mamá llevaba porque dicen que ella tenía a sus médicos, también se niegan a que una persona extraña entre a la casa de mi mamá y nos dicen que ejerzamos nuestro derecho de hijos e investiguemos cuánto cobra mi mamá. Dejamos que mi mamá se quede en su casa porque ella así lo quería, a pesar de que Marcos y yo no estábamos muy convencidos, dejándoles en claro que para tomar una decisión de internar a mi mamá debían consultarlo con nosotros, situación que no considerábamos fuera necesario, ya que nosotros estábamos dispuestos a cuidar de ella. En diciembre mi madre se enfermó de COVID, al hacerlo de su conocimiento, ella pidió que nos la trajéramos, ya que consideraba que mis hermanos mayores no le tenían paciencia ni empatía.

Actualmente está a nuestro cuidado, está sana, anímicamente se ve bien, se muestra más segura, ya se siente merecedora de recibir afecto, acepta abrazos y está sonriente, ya se preocupa por su aseo y su aspecto personal. Lo único que solicitamos es que nos dejen cuidar a mi señora madre. Que desistan de sus falsas acusaciones. Y respeten nuestros derechos a la privacidad. Finalmente, debo decir que hacemos responsables a mis hermanos Juan Gabriel y Roberta, ambos de apellido, Torres Rodríguez, de cualquier agresión o atentado físico y/o psicológico en contra de mi hijo menor, de mi mamá o de mi hermano Marcos, denuncia que hice pública en las redes sociales a través de Instagram«.

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