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América Latina debe atender problemas crónicos con democracia y respeto a los DDHH: Human Rights Watch

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América Latina enfrenta problemas de racismo, pobreza y asesinatos, según el informe anual de Human Rights Watch

En México, los delitos violentos han llegado a su máximo histórico

NUEVA YORK – Los gobiernos de América Latina y el Caribe deben abordar problemas crónicos como la pobreza, la desigualdad, la corrupción, la inseguridad y la degradación ambiental y, al mismo tiempo, proteger la democracia, señaló la organización Human Rights Watch (HRW) en su Informe Mundial 2023.

Tamara Taraciuk, directora en funciones para América en la organización humanitaria, dijo que “los líderes de la región deberían demostrar que la democracia puede responder a las necesidades de la población, promoviendo los derechos a la salud, la educación y la seguridad y fortaleciendo el estado de derecho”.

Según HRW, las carencias crónicas para enfrentar estos problemas han sido usadas por algunos dirigentes para justificar políticas que restringen o violan derechos humanos y han impulsado a millones de personas a abandonar sus hogares en busca de seguridad y oportunidades en el extranjero.

El reporte recordó que durante 2022 resultaron electos o tomaron posesión del cargo nuevos presidentes en Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica y Honduras, en tanto se espera que en 2023 o en 2024 se celebren elecciones en Argentina, El Salvador, Guatemala, México y Venezuela.

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Indicó que algunas elecciones se llevaron a cabo en un contexto de violencia política y ataques a la independencia de las instituciones electorales, y numerosos candidatos propusieron debilitar los derechos humanos y las garantías democráticas.

“La falta de respuestas eficaces ante la corrupción, la violencia y la pobreza ha sido usada como pretexto por parte de políticos que prometen soluciones que suenan sencillas pero que suelen resultar abusivas”, expresó Taraciuk.

El Informe Mundial 2023 de HRW examina la situación de los derechos humanos en casi 100 países, y en él su conductora Tirana Hassan, afirma que, en un mundo en el que las dinámicas de poder han cambiado, ya no es posible confiar en un pequeño grupo de gobiernos, en su mayoría del Norte, para defender los derechos humanos.

Según su análisis, la movilización global en torno a Ucrania “demuestra el extraordinario potencial que existe cuando gobiernos de todo el mundo cumplen sus obligaciones en materia de derechos humanos”.

En América Latina y el Caribe, destaca el informe, casi un tercio de la población vive en la pobreza, más de una décima parte en la pobreza extrema, y más de la mitad de los ingresos totales de la región van a parar al 20 % más rico.

“La falta de respuestas eficaces ante la corrupción, la violencia y la pobreza ha sido

usada como pretexto por parte de políticos que prometen soluciones que suenan

sencillas pero que suelen resultar abusivas”: Tamara Taraciuk.

El racismo estructural continúa presente, y la pobreza y la desigualdad afectan en forma desproporcionada a mujeres, niños, niñas y personas indígenas.

Por otra parte, la deforestación y los incendios forestales están llevando a la selva amazónica, que constituye “un baluarte clave para contrarrestar el cambio climático”, a un punto de inflexión del cual no podrá recuperarse, según advierten científicos.

“En Brasil, las políticas ambientales desastrosas del gobierno del expresidente Jair Bolsonaro generaron en 2021 la deforestación más acelerada en 15 años, y en Venezuela, la minería ilegal está causando gravísimos daños al medioambiente y a las comunidades indígenas”, expuso el reporte.

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Insistió en que “la deforestación ilegal desenfrenada está devastando la biodiversidad de la región y los medios de vida de quienes viven en los bosques y, junto a la industria de combustibles fósiles, sigue siendo uno de los principales factores que contribuyen a las emisiones de gases de efecto invernadero”.

En Cuba, Nicaragua y Venezuela, “regímenes opresivos cometen abusos aberrantes contra críticos para silenciar el disenso”, y ante ello “los líderes de América Latina que han sido elegidos de manera democrática pueden desempeñar un papel esencial para presionar por una transición democrática”.

Como ejemplo, según HRW, esos mandatarios podrían “instar al gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela a que negocie condiciones electorales aceptables; al de Daniel Ortega en Nicaragua a que libere a más de 200 presos políticos; y al de Cuba a que retire los cargos penales contra personas detenidas arbitrariamente”.

También los altos niveles de violencia en la región siguen siendo una preocupación. América Latina y el Caribe es la región con la tasa anual de homicidios más alta del mundo, de 21 por cada 100 000 habitantes.

“En El Salvador, las medidas de mano dura impuestas por el gobierno del presidente Nayib Bukele en materia de seguridad y el acelerado desmantelamiento de las instituciones democráticas han propiciado violaciones generalizadas de derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad”, advirtió el reporte.

Y en México, durante la gestión del presidente Andrés Manuel López Obrador “los delitos violentos han llegado a máximos históricos. López Obrador ha profundizado las estrategias fallidas de militarización que habían implementado sus predecesores”.

En Haití, “en un contexto de crisis política y humanitaria, las pandillas son  responsables de una ola de asesinatos, secuestros y violencia de género, y el sistema de justicia de Haití está prácticamente colapsado”.

Otro caso es el de Ecuador, que “experimentó un incremento importante en el número de homicidios y en la violencia perpetrada por pandillas. La superpoblación y la falta de control estatal en las cárceles han permitido a las pandillas reclutar nuevos miembros y asesinar a más de 400 personas detenidas desde 2021”.

Finalmente, “millones de personas han migrado en América Latina escapando de la violencia, la represión y la pobreza. Ello incluye más de 7,1 millones de venezolanos que han huido de su país desde 2014, así como cientos de miles que huyen cada año de América Central, México, Haití, Cuba y otros países”.

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El gobierno del presidente estadounidense Joe Biden ha promovido que gobiernos latinoamericanos impongan políticas inmigratorias abusivas, un factor que contribuye a agravar la crisis, según la oenegé.

Ante ello, los gobiernos del continente deberían “adoptar una respuesta regional coordinada a la migración e implementar los compromisos estipulados en la Declaración de Los Ángeles sobre Migración y Protección, adoptada en junio, para ampliar el acceso al estatus legal y la integración”, concluyó el informe de HRW.

 

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Denuncia de abusos a gran escala en cárceles de El Salvador, filtrada a organización internacional

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NUEVA YORK – Human Rights Watch (HRW) denunció este viernes 27 “abusos a gran escala” en las cárceles de El Salvador, recogidos en una base de datos que según esa organización humanitaria se filtró desde el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública del país centroamericano.

El documento “permite corroborar graves violaciones de derechos humanos cometidas durante el régimen de excepción” que impera en El Salvador desde marzo de 2022, expresó Tamara Taraciuk, directora en funciones para América en HRW.

“Los datos revelan que las autoridades salvadoreñas han sometido a las personas detenidas, incluyendo a cientos de niños, a un hacinamiento extremo en centros de detención abarrotados, y que han hecho muy poco para garantizar acceso a la justicia para las víctimas de los graves abusos cometidos por pandillas”, dijo Taraciuk.

La base de datos proporciona los nombres, las edades y el género de las personas procesadas durante el régimen de excepción, por delitos definidos de manera amplia, de modos que violan las garantías básicas del debido proceso, según HRW.

La organización sostuvo que una fuente confiable aseguró que la base de datos pertenece al Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, y para evaluar su autenticidad HRW comparó los nombres de la base de datos con otras fuentes.

Incluyó casos documentados por organizaciones locales o reportados en los medios de comunicación, e identificó más de 300 coincidencias, por lo que la información “resulta consistente con los hallazgos de HRW y Cristosal”, una organización humanitaria fundada por obispos anglicanos y que opera en América Central.

El régimen de excepción aprobado por la Asamblea Legislativa “suspendió derechos fundamentales en respuesta a un incremento de la violencia cometida por las pandillas”, recordó HRW.

La medida se ha prorrogado 10 veces y aún se encuentra vigente.

Policías y soldados han detenido a más de 61 000 personas, según cifras oficiales. Alrededor de 3000 han sido liberadas de prisión, en muchos casos con medidas sustitutivas, y 58 000 permanecen encarceladas.

A fines de agosto pasado, 1082 menores detenidos durante el régimen de excepción, 918 niños y 164 niñas, habían sido enviados a detención provisional, incluidos 21 con edades de que tenían 12 o 13 años, sobre la base de una ley de marzo de 2022 que disminuyó la edad de imputabilidad penal de 16 a 12 año.

La base de datos indica que 32 personas murieron bajo custodia, en su mayoría en los penales de Izalco y La Esperanza, también conocido como Mariona.

En noviembre, las autoridades salvadoreñas informaron que 90 personas detenidas habían fallecido desde marzo, “en circunstancias que las autoridades todavía no han investigado de forma adecuada”, señaló HRW.

Según sus datos, 39 000 personas fueron acusadas del delito de “agrupaciones ilícitas” y más de 8000 por ser miembros de una “organización terrorista”.

En comparación, “muchas menos personas habían sido acusadas de delitos violentos, como homicidio (148, es decir, menos de 0,3 % de los detenidos) o agresión sexual (303 personas, es decir, menos del 0,6 %)”.

HRW sostiene que “el derecho salvadoreño define ´organización terrorista´ de una forma amplia que no resulta compatible con los estándares internacionales”, lo cual “abre la puerta a detenciones arbitrarias de personas sin conexión relevante con las actividades de las pandillas”.

También indicó ya para el pasado agosto “más de 50 000 personas habían sido enviadas a detención provisional, elevando la población penitenciaria a más de 86 000 personas”, siendo que el sistema penitenciario tenía capacidad para 30 000.

La mayoría de los detenidos fueron enviados al penal Mariona, donde la población penitenciaria aumentó de 7600 a 33 000, y al penal de Izalco, donde este incremento pasó de 8500 a 23.300.

Según HRW y Cristosal, “en algunos casos los agentes se han negado a proporcionar información sobre el paradero de los detenidos a sus familiares, lo cual constituye desaparición forzada conforme al derecho internacional”.

“Este hallazgo respalda las conclusiones de nuestros informes sobre las violaciones masivas de derechos humanos y especialmente en medio de una ausencia de procesos de investigación y el cumplimiento de garantías judiciales”, dijo Noah Bullock, director ejecutivo de Cristosal.

Las autoridades “deberían reemplazar el régimen de excepción con una estrategia sostenible y respetuosa de los derechos humanos para abordar la violencia de pandillas y proteger a la población de los abusos que estas cometen”, según HRW.

Tal estrategia debería “abordar las causas estructurales de la violencia de las pandillas, como los niveles elevados de pobreza y exclusión social”.

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Fuente: ipsnoticas.net

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Argentina: Centro Ana Frank convoca a periodistas y medios a combatir discursos de odio y mensajes genocidas

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Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto (Proyecto IHRA): contra la distorsión, negación y banalización de la tragedia.

«Los discursos de odio construyeron el holocausto.
Todo comenzó con la palabra. La historia nos enseña, también, que así comenzaron otros genocidios y los terrorismos de Estado».

Es parte del mensaje que está difundiendo el Centro Ana Frank de Argentina para América Latina, el cual produjo dos materiales de uso y disponibilidad libre. Tratan sobre cómo manejar, administrar y combatir los discursos de odio y mensajes genocidas y/o antisemitas en Medios de Comunicación y Redes Sociales, y hay una convocatoria especial para periodistas y medios a seguir a guía para erradicar los discursos de odio.

La Guía hace referencia al legado de Ana Frank como «los aprendizajes que debemos extraer del holocausto como el hecho histórico de mayor dimensión y sistematización de matanzas masivas y exterminio de personas judías, discapacitados, homosexuales, opositores, la comunidad romaní o lo integrantes de los Testigos de Jehová -entre otras minorías-, por parte de los nazis y sus cómplices durante la Segunda Guerra Mundial«.

El documento también contiene contenidos y sugerencias para periodistas (redactores y editores) y el Manual incluye sugerencias para community managers, sobre cómo regular mensajes de odio en las redes sociales.

El documento alude en su prefacio a los principios que manejaba la manipulación propagandística de Goebbels, y que sigue operando desde diferentes perspectivas y tiempos. Estos principios se refieren a «la negación (desconocer la realidad histórica y sus consecuencias), la distorsión (reconocer aspectos y hechos, pero justificándolos, minimizándolos) y la banalización (del holocausto y otros genocidios), y funcionan transformando a la memoria de la tragedia y el sufrimiento del exterminio en algo intrascendente y menor».

Ambos materiales son resultado de los seminarios realizados en Bariloche, San Juan, Tucumán y Asunción del Paraguay en el año 2022.
Estas publicaciones fueron realizadas con el apoyo de los ministerios de Relaciones Exteriores, Justicia y Derechos Humanos y Educación, junto a la Defensoría del Público de la Nación, la Agencia Nacional de Noticias Télam, la Universidad Nacional de San Martín, el Museo del Holocausto de Buenos Aires y el Congreso Judío Latinoamericano.

Enlace para bajar las guías: @guiaymanual | Linktree

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Presidente Alberto Fernández construye agenda para relación estratégica entre la Unión Europea y la CELAC

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Alberto Fernández, presidente de Argentina, busca crear lazos de comercio con la Unión Europea

El presidente argentino se reunió con el titular del Consejo Europeo, Charles Michel, con el objetivo de alcanzar acuerdos en materias primas y energía

Por Diego Ruiz D.

El presidente de Argentina, Alberto Fernández, mantuvo hoy una reunión con el titular del Consejo Europeo, Charles Michel, con quien dialogó sobre la importancia de fortalecer los principales temas de la agenda bilateral y la relación estratégica entre la Unión Europea y la CELAC.

El mandatario coincidió con Michel en destacar la complementariedad entre ambas regiones y la importancia de continuar el trabajo impulsado en los últimos años para alcanzar nuevos acuerdos de entendimiento sobre materias primas y energía, cuya relevancia se tornó estratégica ante los desafíos que plantea el escenario mundial.

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En ese sentido resaltaron que América Latina se erige como una zona de paz y estabilidad, situación que permite afianzar la alianza como socios comerciales a largo plazo.

La Unión Europea es el tercer socio comercial de la Argentina y el principal inversor externo. Existe, además, una amplia agenda de cooperación en diversos campos que incluyen ciencia y tecnología, género, derechos humanos, educación, cultura, energía, digitalización y biotecnología, entre otros.

A fines de marzo de 2022, en su carácter de presidente pro tempore de la CELAC, Alberto Fernández sostuvo una videoconferencia con Michel con el objeto de reactivar el diálogo birregional entre ambos bloques y recuperar los espacios de trabajo al más alto nivel, a través del impulso de una comisión mixta.

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Estuvieron presentes en el encuentro, por Argentina, el ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Santiago Cafiero; y la jefa de Gabinete de la cartera, Luciana Tito; mientras que por la Unión Europea asistieron el embajador en Argentina, Amador Sánchez Rico; el jefe de Asuntos Exteriores, Simon Mordue; y el consejero de Asuntos Exteriores, Cibrán Fernández Silva.

 

 

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