A partir del recrudecimiento de la guerra contra la delincuencia en México hace casi 15 años—caracterizado por el despliegue territorial de las fuerzas armadas y por una estrategia de perseguir capos con el fin de descabezar organizaciones criminales—los homicidios anuales se han más que triplicado. Desde diciembre de 2006, México ha registrado aproximadamente 350,000homicidios y el gobierno reconoce que 85,000 personas permanecen desaparecidas y no localizadas.
Andrés Manuel López Obrador afirmó en 2012 que, en caso de ser presidente de México, sacaría al Ejército de las calles dejando a cargo una policía federal profesionalizada. En 2016, criticó duramente el modelo bélico de seguridad, señalando que “no se resuelve nada” con medidas coercitivas y militarizadas. Reiteró en su campaña exitosa de 2018 que reorientaría la estrategia contra la violencia. Como presidente, ha implementado programas sociales que, según su análisis, atenderán algunas de las causas económicas de la inseguridad.
Sin embargo, la desmilitarización no sólo no ha llegado, sino que López Obrador ha apostado por profundizar diversos aspectos del modelo militarizado. Este mes cumple un año el Acuerdo presidencial que dispone la participación de las fuerzas armadas en tareas policiales hasta 2024. Asimismo, cumple dos años la Ley que creó la Guardia Nacional, el nuevo cuerpo de seguridad impulsado por López Obrador que, a pesar de depender orgánicamente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), es una fuerza militarizada que opera bajo la coordinación de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
La suma de estos dos instrumentos legales no es alentadora: incluso si el gobierno retirara a las fuerzas armadas de las tareas policiales para 2024, dichas tareas quedarían en manos de otra institución militarizada (la Guardia Nacional). En este contexto, se desdibuja la necesaria reforma policial civil. Mientras tanto, persisten diversos factores estructurales que fomentan la violencia en México.
El fracaso de la militarización como estrategia contra la violencia
Calderón también impulsó reformas a las instituciones policiales, afirmando que su objetivo a largo plazo era que las corporaciones civiles asumieran las tareas de seguridad. Sin embargo, dichas reformas no se tradujeron en cambios del calado necesario para garantizar la efectividad y la rendición de cuentas de las policías. Al final, se mantuvo la militarización a lo largo del sexenio calderonista. El presidente Enrique Peña Nieto repetiría, con algunas diferencias, el mismo ciclo durante el sexenio de 2012-2018: habiendo anunciado la conformación de una nueva fuerza federal, la Gendarmería, terminó continuando con el despliegue militar. Durante el gobierno de López Obrador, el despliegue territorial ha incorporado a un número cada vez mayor de elementos de la Guardia Nacional (fuerza cuyo carácter militarizado será analizado infra). Al mismo tiempo, sigue hasta la fecha la participación directa de las fuerzas armadas en tareas de seguridad. Así, con variaciones, la militarización se ha convertido de supuesta medida transitoria en estrategia de largo plazo.
Los resultados del modelo bélico han sido catastróficos. Los homicidios aumentaron drásticamente a partir del sexenio de Calderón (ver gráfica 1). Las detenciones y muertes de capos han fomentado la fragmentación de los grupos criminales, provocando un aumento en la violencia. Los enfrentamientos con participación de las fuerzas de seguridad detonan aumentos en los homicidios a nivel local. La abrumadora mayoría de las decenas de miles de personas que el gobierno registra como desaparecidas lo fueron durante los últimos 15 años. Un porcentaje importante de los homicidios y de las desapariciones registradas en años recientes se concentra en determinadas regiones del país, incluyendo varios de los estados más poblados.
En los últimos dos años, diversos analistas ven en el actuar de las fuerzas federales una disminución en la estrategia de combate frontal a los grupos criminales. Reducir el uso de tácticas bélicas—las cuales han provocado mayores niveles de violencia sin controlar la inseguridad—se puede considerar, en sí, un paso positivo. Sin embargo, tal modificación en la estrategia no se ha acompañado de medidas idóneas y suficientes para hacer frente a la violencia en curso en el país. Hoy, diversos grupos criminales siguen victimizando a la población y los homicidios continúan en niveles históricos.
Lo anterior confirma que el Estado no ha utilizado los últimos 15 años de militarización para instalar estructuras y prácticas eficaces contra la violencia a nivel nacional. En vez de permitir que las autoridades adelantaran soluciones, la militarización se ha vuelto la adicción que posterga indefinidamente esas soluciones.
Frente a este panorama, hace falta transformar los factores estructurales que fomentan la violencia—empezando por el papel del propio Estado. Tal como han ejemplificado una serie de casos de alto perfil a lo largo de la última década y media, los grupos delincuenciales suelen beneficiarse de la tolerancia y/o participación de actores del Estado. El poder que hoy ejercen las redes criminales en diversos ámbitos se explica solamente con referencia a estarealidad, cuyas consecuencias incluyen una falta de investigación eficaz de patrones de violencia tanto regionales como locales (que van más allá, desde luego, de las actividades de los cárteles trasnacionales).
Igualmente, un modelo efectivo de seguridad requiere priorizar la verdadera reforma y profesionalización de las instituciones policiales civiles, rompiendo el ciclo de militarizar por tiempo indefinido como respuesta fallida ante la corrupción policial y las carencias de las fuerzas locales. Lo anterior, a su vez, requiere superar de manera definitiva la histórica falta de compromiso con la reforma policial en los tres niveles de gobierno.
El gobierno federal actualmente impulsa el Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica con el fin de fortalecer las acciones preventivas y el papel de las policías estatales y municipales en la investigación de delitos, entre otros objetivos. Los avances en la implementación del modelo—y, de manera más importante, los resultados iniciales del modelo en la vida cotidiana—darán elementos para analizar qué tan profunda es la transformación que se está impulsando en la institucionalidad y la práctica policiales en el presente sexenio. Lo cierto es que, hasta ahora, la creación de la Guardia Nacional ha sido una prioridad mucho más visible que la reforma policial.
La Iniciativa Mérida
Tras meses de diálogo con el gobierno de Calderón, en octubre de 2007 el entonces presidente estadounidense George W. Bush anunció un nuevo programa de asistencia en materia de seguridad, estado de derecho y antidrogas: la Iniciativa Mérida. El 30 de junio de 2008, Bush firmó la legislación que autorizaba el paquete de cooperación. Para marzo de 2010, el Congreso estadounidense había aprobado más de USD$1.3 mil millones para México bajo el programa (un aumento considerable en la cooperación en materia de seguridad), destinados en gran parte a la compra de equipo, helicópteros, vehículos y tecnología, así como entrenamiento.
Durante la presidencia de Barack Obama, Estados Unidos modificó la Iniciativa Mérida para adoptar un enfoque de “cuatro pilares” de cooperación, a saber:
“Afectar la capacidad operativa del crimen organizado”;
“Institucionalizar la capacidad para mantener el Estado de derecho”;
“Crear la estructura fronteriza del siglo XXI”;
“Construir comunidades fuertes y resilientes”.
Bajo los cuatro pilares, en la última década la Iniciativa Mérida ha financiado proyectos dirigidos a fortalecer y profesionalizar diversas instituciones de seguridad y justicia, apoyar la transición al nuevo sistema penal, combatir la corrupción y promover los derechos humanos, entre otros. Hasta la fecha, el Congreso estadounidense ha aprobado más de USD$3 mil millones bajo la Iniciativa Mérida.
Por otro lado, el Departamento de Defensa estadounidense brinda asistencia a México fuera del marco de la Iniciativa Mérida. En el año fiscal 2019, se destinaron unos USD$55.3 millones para México por esta vía. Aunque significativo, tal monto no alcanza las cantidades de asistencia militar vistas en el sexenio de Calderón.
La perpetración de graves violaciones de derechos humanos en el marco de la militarización
La guerra militarizada contra la delincuencia en México detonó altos niveles de graves violaciones de derechos humanos. Una de las caras más conocidas de esta crisis han sido las desapariciones forzadas, cometidas por el Ejército, la Marina, así como por otras fuerzas de seguridad de todos los niveles.
Otro patrón ampliamente documentado ha sido la detención arbitraria y tortura a civiles, incluyendo a personas inocentes torturadas y posteriormente acusadas por delitos que no cometieron. Si bien la tortura era una práctica generalizada desde antes del sexenio de Calderón, la militarizada guerra contra el crimen fue un importante factor agravante. Según un análisis del World Justice Project basado en los datos de la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL) 2016, el 88% de las personas detenidas por la Marina y el 85% de las personas detenidas por el Ejército de 2006-2016 reportaron tortura o malos tratos. Según la misma encuesta oficial, el 41% de las mujeres detenidas por la Marina, el 21% de las mujeres detenidas por el Ejército y el 10%-13% de las mujeres detenidas por las diferentes fuerzas policiales del país reportaron haber sobrevivido violación sexual en el marco de la detención.
Finalmente, existen numerosos casos documentados en los que las fuerzas armadas han privado de la vida a personas civiles que se encontraban sometidas y/o que no participaban en acto delictivo alguno, configurando así ejecuciones extrajudiciales o arbitrarias. En reiteradas ocasiones, los elementos militares han alterado las escenas de estos crímenes, por ejemplo, sembrando armas a las víctimas, como ocurrió en la ejecución de dos estudiantes del Tecnológico de Monterrey en 2010. Otro ejemplo de alteración de escenas es el caso Tlatlaya de 2014, en el que se reveló que los soldados operaban bajo la orden de “abatir delincuentes en horas de oscuridad”.
En el presente sexenio, el evento que dejó un saldo de un militar y 14 civiles muertos en Tepochica, Guerrero y la privación de la vida a una pareja de jóvenes en Carbó, Sonora han llamado fuertemente la atención pública. En julio de 2020, una ejecución extrajudicial cometida por soldados en Nuevo Laredo quedó grabada en parte en un video. Este último caso forma parte de una serie de muertes de civiles a manos de soldados en dicha ciudad en los últimos dos años, según lo documentado por el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo. Por otro lado, los riesgos de militarizar la frontera sur se materializaron en marzo de 2021 en la privación arbitraria de la vida a un ciudadano guatemalteco por un soldado en Mazapa de Madero, Chiapas.
Un indicador clave para detectar prácticas de presunta ejecución extrajudicial es el índice de letalidad, el cual muestra la relación entre el número de personas civiles muertas y heridas por una fuerza de seguridad en contextos de enfrentamiento. En una situación de combate, es normal que el número de personas muertas sea inferior al número de personas heridas. Es decir, un índice de letalidad “normal” sería de 1 o menos. En México, el índice de letalidad de las fuerzas armadas, según datos presentados en diciembre de 2020 por López Obrador, dista de estar en este nivel (ver gráfica 2). Ni el número actual de personas privadas de la vida por las fuerzas armadas, ni el índice de letalidad actual, alcanzan los niveles verdaderamente extremos vividos en sexenios recientes. Sin embargo, las fuerzas armadas siguen matando a cuatro o cinco civiles por cada persona civil herida, es decir, el índice de letalidad hoy se ubica en más del 400% del nivel esperado.
Índice de letalidad de las fuerzas armadas 2007-septiembre 2020
Igualmente desproporcionado resulta el número de personas civiles fallecidas frente al personal militar fallecido: según datos oficiales de la Sedena obtenidos por la organización Intersecta, en 2020 perdieron la vida 237 civiles en encuentros con la Sedena, frente a 6 elementos militares. De las personas civiles muertas, el 71% falleció en eventos de “letalidad perfecta” en los que el único resultado del encuentro con la Sedena fueron civiles fallecidos.
A la luz de la violencia perpetrada por el Estado, sumada al fracaso de la militarización como estrategia contra la violencia, un gran número de voces llevan sexenios exigiendo la desmilitarización y la transformación del modelo de seguridad. Tanto organizaciones de derechos humanos como familias que han vivido en carne propia los graves abusos militares y la violencia criminal desatada por la guerra contra la delincuencia han exigido un alto a la violencia de Estado y un cambio de estrategia.
La guerra contra las drogas: un fallido modelo regional
Más allá de los grandes retos dentro de las instituciones de seguridad y procuración de justicia en México, las políticas en materia de drogas adoptadas tanto en México como en Estados Unidos—e impulsadas más ampliamente en el hemisferio—dificultan la consolidación de la seguridad. En particular, el modelo de prohibición y criminalización de las drogas aumenta la rentabilidad del narcotráfico y la corrupción asociada al mismo. (Cabe recordar, además, que las armas traficadas desde o vía Estados Unidos contribuyen a la violencia perpetrada por los grupos criminales, incluida en el marco del tráfico de drogas a Estados Unidos.)
La evidencia acumulada a lo largo de los últimos 15 años en México demuestra las consecuencias devastadoras de responder con acciones bélicas al fenómeno de las drogas. Tal estrategia tampoco ha prevenido ni reducido la crisis de sobredosis en Estados Unidos (que sigue aumentando).
La base de cualquier estrategia bilateral o regional frente al uso problemático de sustancias psicoactivas debe ser el reconocimiento de que esta “guerra”, enfocada en la criminalización, erradicación y combate al transporte de sustancias desde las regiones productoras, se ha perdido. Es imprescindible abordar el fenómeno de las drogas desde un enfoque de salud pública, reducción de daños y regulación legal de mercados, evitando que el consumo de drogas genere ganancias millonarias para grupos delictivos violentos.
La Guardia Nacional: una nueva fuerza militarizada
Según el Acuerdo presidencial de hace un año, a partir de 2024 las tareas policiales federales ya no corresponderán a las fuerzas armadas, sino exclusivamente a la Guardia Nacional (GN), la nueva corporación federal de seguridad creada en 2019. No obstante, todo parece indicar que la anunciada transición, en caso de darse, podría ser un cambio de nombre más que de estrategia.
En teoría, la GN es una institución civil: depende de la SSPC. Sin embargo, su estructura y su identidad institucional son fundamentalmente militares: la mayoría de sus aproximadamente 100,000 integrantes son militares, su despliegue territorial se realiza desde cuarteles y su Comandante es un general (quien pasó de elemento activo a retirado estando al frente de la GN). Aunado a lo anterior, diversos documentos oficiales publicados por los medios de comunicación, cuyo contenido no ha sido desmentido por el gobierno, revelan que la Sedena asumió el control operativo de la GN a partir del 6 de octubre de 2020.
El carácter militar de la GN causó preocupación desde un inicio por los riesgos que éste representa para los derechos humanos. Integrantes de la GN han estado implicados en presuntas ejecuciones arbitrarias en 2020 y 2021; en 2021, la GN ha buscado que familiares de las víctimas acepten indemnizaciones a cambio de no impulsar investigaciones de los hechos. Desde 2020, la GN cuenta con aproximadamente el mismo número de quejas ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que la Sedena. En los primeros tres meses de 2021, la GN y la Sedena fueron las autoridades más señaladas por malos tratos, entre otras violaciones de derechos humanos, y cada una de estas instituciones motivó más de una queja por día en promedio.
En este contexto, el Estado no ha tomado medidas para garantizar un adecuado control de la GN, aun cuando este tema es objeto de una orden de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), que dispuso en 2018 en el caso Atenco que el Estado creara un observatorio para monitorear y mejorar los mecanismos de rendición de cuentas y control del uso de la fuerza de la Policía Federal. Hoy dicha obligación se refiere a la Guardia Nacional, pero el Estado ha indicado ante la Corte IDH que no ve necesario cumplir esta medida.
De la militarización al militarismo: el creciente papel de las fuerzas armadas en la vida institucional
Históricamente, las fuerzas armadas mexicanas han conservado un grado notable de autonomía, al que se ha sumado el poder que representa su papel protagónico en la estrategia de seguridad. El discurso de López Obrador como candidato había dado razones para pensar que su llegada a la presidencia podría significar una reconfiguración de este último aspecto. Sin embargo, tras diversas reuniones con la cúpula militar, el nuevo presidente no sólo consolidó el papel de las fuerzas armadas como pilar de la estrategia de seguridad, sino también empezó a asignarles otra gama de funciones.
En ese sentido, se han promulgado reformas para que la Semar asuma el control y administración de los puertos del país. La Semar y la Sedena igualmente han asumido un papel creciente en el control de las aduanas. Lo anterior se suma a la continuación o ampliación de funciones que han desempeñado las fuerzas armadas en sexenios pasados, tales como tareas de control migratorio.
Algunas de las tareas actuales de las fuerzas armadas en México
(Se incluyen actividades nuevas así como funciones ya vigentes desde antes del gobierno de López Obrador.)
Despliegue en operaciones de seguridad pública (directo y a través de la Guardia Nacional)
Resguardo de instalaciones estratégicas
Control y vigilancia en puertos y aduanas
Participación en control migratorio
Erradicación/fumigación de plantíos de cannabis y amapola
Producción/adquisición y otorgamiento de licencias de las armas de fuego portadas por fuerzas públicas, empresas privadas de seguridad y particulares
Transporte y/o servicio de escolta para recursos entregados por el gobierno a la población
Construcción de sucursales del Banco del Bienestar, aeropuertos y megaproyectos turísticos y de transporte
Administración de megaproyectos
Distribución de vacunas y equipo médico contra COVID-19
Atención a desastres naturales
En cualquier país de América Latina—región cuya historia ha sido marcada por golpes de estado y dictaduras militares—la acumulación por las fuerzas armadas de funciones civiles prende alertas. Diversos ejemplos recientes del uso de las fuerzas armadas en el hemisferio plantean preocupaciones sobre las relaciones civiles-militares hoy.
Ciertamente, la experiencia de México no ha sido la de otras latitudes: a lo largo de la ola de dictaduras en la región, México no sufrió ningún golpe militar. Sin embargo, el peso de las fuerzas armadas mexicanas dentro y fuera del ámbito de la seguridad puede significar que no hace falta un golpe de estado para que las instituciones militares ejerzan niveles de poder que, sin constituir un gobierno militar, tampoco hablan de una institucionalidad democrática saludable. Con la seguridad en manos militares, y con las fuerzas armadas como ejecutoras de componentes importantes del proyecto de gobierno, es dable cuestionar qué margen de poder conserva el gobierno civil frente al estamento militar.
Un caso reciente que ejemplifica estas preocupaciones es el del General Salvador Cienfuegos, quien fue detenido en 2020 en Estados Unidos bajo acusaciones de colusión con un grupo delincuencial. López Obrador desplegó esfuerzos inéditos para trasladar a Cienfuegos a México. Logrado su regreso, la Fiscalía General de la República (FGR) cerró la indagatoria en su contra, sin haber esclarecido una serie de hechos referidos en los mensajes de chat que formaban la base de las acusaciones del Departamento de Justicia estadounidense (evidencia que fue, además, difundida en línea por el gobierno de López Obrador). El argumento central de la FGR para cerrar la investigación fue que Cienfuegos no era la persona que escribía una serie de mensajes incriminatorios. Sin embargo, incluso las personas cuyos mensajes fueron intervenidos suponían que Cienfuegos no era quien físicamente escribía los mensajes, y mucho menos tal argumento explica la omisión de la FGR de investigar exhaustivamente las referencias en las conversaciones a la colusión de otras autoridades, incluyendo oficiales militares y gobernadores, con actores criminales. A la postre, López Obrador propuso y el Congreso aprobó una reforma que ha obstaculizado el flujo de inteligencia entre Estados Unidos y México. Así, tanto el presidente, como la FGR, como el Congreso supeditaron intereses—desde la justicia penal hasta las relaciones exteriores—al objetivo de rechazar acusaciones contra un personaje que conserva poder dentro de las fuerzas armadas.
Tampoco parece probable que el militarismo disminuya en un futuro cercano, recordando que el presidente ve en las fuerzas armadas una vía para combatir la corrupción. Ahora bien, ninguna institución puede considerarse incorruptible—tampoco las fuerzas armadas—sino que, sin mecanismos de control adecuados, el hecho de trabajar en contextos que impliquen oportunidades o solicitudes de corrupción aumenta el riesgo de que ésta ocurra. Pero dejando a un lado lo anterior, si para López Obrador la participación de las fuerzas armadas es la forma de reducir la corrupción y garantizar la eficiencia en tareas civiles como las citadas supra, entonces para él no habría razones para no aplicar la misma lógica a una serie indeterminada de otras funciones civiles.
Conclusiones
En la guerra contra la delincuencia, quien ha sufrido las pérdidas más devastadoras es la población. El modelo militarizado ha detonado más violencia sin dar paso a estrategias efectivas de seguridad.
Como WOLA y otras organizaciones y personas expertas han resaltado en numerosas ocasiones en los últimos 15 años, ningún despliegue de fuerzas será suficiente para revertir la violencia mientras actores del Estado se encuentren entre los cómplices de las redes criminales; mientras no se priorice la reforma de las corporaciones civiles de seguridad; mientras las instituciones del país no avancen de manera trascendental en la investigación de los fenómenos delictivos; y mientras se toleren violaciones de derechos humanos por parte de las instituciones encargadas de velar por el Estado de derecho.
Abordar estos factores desde un enfoque de protección a la población debería constituir el norte de la estrategia contra la violencia. Tal estrategia requiere de voluntad política y seguimiento cercano para materializarse a nivel nacional; actualmente, preocupa que la apuesta del gobierno sea una creciente e indefinida dependencia de las fuerzas armadas.
El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez advirtió sobre los riesgos de la militarización de la Guardia Nacional al incluirla en la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) como pretende el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.
De acuerdo con el organismo defensor de los derechos humanos, este acuerdo presidencial eludiría el debate legislativo para contravenir a la Constitución Política Mexicana, pues también recordó las constantes violaciones a los derechos humanos que han cometido históricamente los elementos castrenses.
El Centro Prodh refirió que desde la denominada “guerra sucia” en la década de los setenta, los efectivos castrenses han cometido violaciones graves a derechos humanos, como tortura, desaparición forzada, secuestros, asesinatos y violaciones, los cuales no han sido investigados con profundidad.
De la misma manera, el organismo defensor de los derechos humanos enfatizó que el despliegue de la Guardia Nacional no ha significado una reducción de la violencia en el país, por lo que se ha privilegiado la ocupación territorial sin una estrategia militar clara.
Asimismo, el Centro Prodh relató que se ha dado el marco jurídico que se solicitaba a las Fuerzas Armadas desde sexenios anteriores y reveló que esta situación contradice la política anti militar que proponía Andrés Manuel López Obrador durante su campaña electoral.
También otras organizaciones defensoras de derechos humanos han reprobado la intención del mandatario federal de centralizar a la Guardia Nacional bajo el cobijo de la Sedena, ya que se había considerado el nacimiento de la misma como un organismo civil.
Sobre cómo un joven se incorpora al CJNG «para tener una vida mejor»
CIUDAD DE MÉXICO (EFE).- La corrupción en México es una incubadora de criminales que ha visto nacer a personajes como Mauricio Hiram Suárez Álvarez, “El Mawicho”, quien con el objetivo de dar a su hija una vida mejor se convirtió en uno de los criminales más sanguinarios e inspiró el libro “Así nació el diablo”, del periodista Emmanuel Gallardo.
En entrevista, este lunes, el escritor mexicano, que ha tenido que exiliarse del país tras investigar las raíces del narcotráfico en México, explica que este fue uno de los principales hallazgos que obtuvo tras redactar el texto, pensado en un principio como un reportaje.
“Lo que más me llamó (la atención) de todo esto durante este proceso fue darme cuenta de que la corrupción en el aparato de Justicia, en específico de la Ciudad de México, pareciera que es una incubadora de criminales, porque en este proceso de intento de impartir Justicia, pareciera que es algo totalmente simulado”, apuntó Gallardo.
“Así nació el diablo”, detalla, es la historia de Mauricio («El Mawicho»), un joven que con el empeño de darle una mejor vida a su hija se fue a un campo de entrenamiento del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y tiempo después tuvo la plaza de Puerto Vallarta, Jalisco, en el occidente mexicano.
Años más tarde, «El Mawicho» regresó a capital convertido en un pistolero con experiencia en enfrentamientos armados y traumatizado por los asesinatos, los descuartizamientos y la tortura que él mismo ejerció desde el primer día que llegó al rancho del CJNG a las afueras de Puerto Vallarta.
Ineficiencia de las autoridades
Para Gallardo, la corrupción que existe en el sistema judicial del país ha provocado que muchas personas que son recluidas en un penal vivan castigos, hagan conexiones criminales y se especialicen como delincuentes, por lo que al salir corren el riesgo de convertirse en sicarios.
“La verdadera maldad que existe en la Ciudad de México se arrastra en los penales donde existe la corrupción y se desborda la violencia”, comenta.
En ese sentido, asegura, el libro relata las vivencias de » El Mawicho», quien en el reclusorio aprendió todo lo que le llevó a ser un peligroso criminal, lo que resulta un panorama desesperanzador para la sociedad.
Y es que después de salir del penal, «El Mawicho» asesinó a dos israelíes en la Plaza Artz Pedregal en el sur de Ciudad de México, y tras su detención declaró que cometió el crimen porque esperaba ser nombrado jefe de sicarios.
“No solamente es la historia del Mawicho y la corrupción que cada vez se hace más grande, como una bola de nieve, sino que son varias historias y esta bola de nieve, alcanza todas estas historias”, afirma.
El libro, escrito en forma de reportaje, muestra la verdad en cada palabra, personaje, persecución y sinsentido, que terminan retratando el rostro más real del México de balas y desesperación, según el autor.
“En la primera parte (del libro) yo me encuentro con un muchacho con una preocupación absoluta por su familia, por su gente cercana. Un muchacho que, cuando me despedía de él, decía ‘que Dios lo bendiga’, y cuando lo vuelvo a ver en 2019, a un mes antes de que cometiera lo que cometió, ya veo a una persona traumatizada”, relata.
Gallardo comenta que el seguimiento que dio a «El Mawicho» le dejó un impacto psicológico, por lo que previo a escribir su libro tuvo que tener acompañamiento psicológico.
“Este libro lo que significó para mí fue un proceso largo psicológico, para mí sí, mi familia se rompió, no he visto a mi mamá y a mi papá en tres años”, lamenta.
Estado inoperante
El periodista reconoce que una de las cosas que evidencia su texto es que en México la violencia se ha normalizado llevando a que personas como él tengan que huir del país y no los criminales.
“Eso me hace sentir muy frustrado, me hace sentir muy encabronado (enojado). Esto es una prueba más de un Estado mexicano inoperante, incapaz de proteger a sus periodistas y nos están matando, van 13 periodistas asesinados en lo que va del año, son 13 seres humanos muertos”, lamenta.
Por ello, dice, este libro es un “esfuerzo” por mostrar la realidad en México y poner sobre la mesa la necesidad de encontrar mecanismos que saquen al país de toda esta violencia, “comenzar procesos de paz, porque son urgentes en México”, concluye.
La Fiscalía General de la República (FGR) abrió la carpeta de investigación por la comisión de posibles delitos federales que provocaron el colapso de la mina de carbón en el poblado de Aguijita, ubicada en el municipio de Sabinas, Coahuila, donde quedaron atrapados diez mineros.
De acuerdo con la FGR, se realizan labores de criminalística de campo, fotografía forense, entrevistas de testigos, identidad de propietarios ocupantes de la mina e identificación de los mineros atrapados.
La fiscalía federal recolectó información sobre el registro de los trabajadores ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), así como de las inspecciones que realizó la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS) sobre las condiciones laborales de los mineros previo al colapso.
Por su parte, la coordinadora nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa, informó que un total de 557 personas, seis perforadoras y 25 bombas sumergibles trabajan para rescatar a los trabajadores atrapados en la mina de carbón en Villa de Agujita que permanecen suspendidos desde el miércoles pasado.
La funcionaria federal explicó que en la zona hay un volumen de extracción de 25 mil 400 metros cúbicos, con un acumulado total de 70 mil 794 metros cúbicos, por lo que continuarán las labores de extracción por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
En tanto, los familiares de diez mineros aseguraron que el nivel del agua de la mina disminuyó, por lo que esperan que al no filtrarse nuevamente el agua podrían avanzar las labores de rescate de los mineros y podrían ser recuperados en esta semana si arriban más máquinas.
