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Justicia pendiente

Una voz que no se silencia, la del periodista preso Héctor Valdez Hernández en CDMX

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  • Nuevas intimidaciones del subsecretario Enrique Serrano Flores, porque «no le gustaron» los reportajes del periodista desde el Reclusorio Oriente CDMX

Por Guadalupe Lizárraga

El periodista Héctor Valdez Hernández sigue preso en el Reclusorio Oriente de la Ciudad de México. Pese a las torturas sufridas por ejercer su libertad de expresión y prensa desde el penal, tiene buen aspecto y no se descuida. Perfectamente afeitado todos los días, su cama tendida, su aseo personal, impecable, y tiene todas sus cosas ordenadas. No hay polvo en su espacio.

Ahora se encuentra en una celda aislado. Recibe la comida que provee el sistema penitenciario, y algo más cuando tiene la posibilidad de comprar, aunque sea a precios elevados, latas de atún, leche, jugos y otros alimentos básicos. No recuerda cuándo degustó la última comida caliente, en su celda no hay forma de calentar los alimentos. A veces se le corta la energía eléctrica, o como dicen los vecinos «se va la luz» o el agua, hasta por tres o cuatro días. Pero Héctor sigue su rutina, limpia su espacio, lee mucho y deja pasar los días con relativa tranquilidad.

Al principio no daba crédito que pudiera ser encarcelado como represalia solo por lo que escribía. Primero, las amenazas y la persecución desde Tulum, Quintana Roo. Después, la fabricación de delitos y las trampas jurídicas en la Ciudad de México. Luego, el encarcelamiento y las torturas con nuevas amenazas dentro de prisión por parte de servidores públicos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Pese a ello, Héctor todavía creía que en la existencia de un estado de derecho. Pero cuando lo sentenciaron a una condena de seis años, en un caso en el que la persona que lo acusó nunca se presentó al juicio, Héctor cambió su opinión. La persecución es de una persona influyente, con muchos recursos económicos y poder político. La juez le ofreció declararse culpable y reducir su sentencia a cuatro años, lo que hubiera implicado salir de prisión, pero Héctor no lo aceptó. No podría verse al espejo después de declararse culpable de un crimen que no cometió y aceptar la corrupción judicial para acortar la pesadilla en la que fue sumergido.

Cuando estaba en «población», como le llaman al área donde se encuentran los internos ya sentenciados, en una celda compartida, Héctor se sentía más confortable, dice. Había chinches, causadas por las maderas que ponen los internos en sus catres para tener un poco de intimidad. Él quitó las tablas, adquirió nuevas maderas, las pintó y arregló el espacio común; y así las chinches desaparecieron. En prisión puede comprarse de todo, sí, a precios muy elevados, pero se puede conseguir todo, tal como lo contó en su reportaje sobre el reclusorio. En la zona 2 incluso hay tres restaurantes de lujo, «en el que se come un mejor salmón que en Polanco».

Como respuesta a este trabajo publicado por Los Ángeles Press, Héctor Valdez tuvo la visita inesperada del subsecretario del sistema penitenciario de la Ciudad de México, Enrique Serrano Flores. Éste llegó acompañado del director de la prisión y de varios guardaespaldas a señalarle a Héctor que mentía en sus reportajes. Fue grosero y prepotente. Acusó a Héctor de amenazarlo y lo grabó en video con su celular a través de la puerta de rejas que cerró para el efecto. Ante la indiferencia de Héctor a la intimidación, el subsecretario le dijo que quería ser su amigo, y le ofreció comodidades como una televisión. Héctor respondió que no quería amigos, pero que sí quería de regreso las cosas que le habían incautado, que le costaron unos 20,000 pesos adquirirlas en los 14 meses que lleva preso injustamente. Serrano se molestó de nuevo, le espetó que su salero era sospechoso y le preguntó que por qué sus medicinas tenían colores diferentes, en referencia a sus medicamentos para la presión sanguínea, entregadas por el servicio médico de la institución.

El abogado de Héctor fue asesinado hace un año. No se sabe por qué ni por quién, pero las preguntas siguen rondando en su mente. Teme que le puedan «sembrar» cualquier cosa o inventarle un nuevo delito para aumentar la condena, como sucede con los casos bajo consigna. De hecho, con mucha tranquilidad señala que cree que no va a salir vivo de prisión, por lo cual quiere que se cuente su historia. Es cierto que se sabe que el sistema penitenciario mexicano es muy corrupto, pero él quiere explicar su verdad; lo que sus ojos ven, porque eso es lo que le da sentido a la vida que está pasando en prisión, seguir ejerciendo su libertad de expresión.

Ya no se pregunta por qué le construyeron el caso. Sabe que el exalcalde de Tulum, Víctor Mas, está muy ofendido con lo que él escribió, y ahora observa con estupor como éste se va acercando al presidente Andrés Manuel López Obrador. También sabe que el fiscal general de Quintana Roo, Óscar Montes de Oca Rosales, tuvo cargos de relevancia en el sistema de justicia de la Ciudad de México, y que el actual secretario de Seguridad Pública de Quintana Roo, Lucio Hernández Gutiérrez, ocupó una responsabilidad de peso político en el Reclusorio Oriente en el que hoy él se encuentra preso. Todavía recuerdan los internos el poder que tuvo Lucio Hernández y la compañía irregular que creó y dirigió para obtener ganancias extras.

Héctor está atento de las noticias, lee La Jornada todos los días y tiene un radio que sintoniza para analizar lo que pasa afuera. Sigue apoyando al presidente López Obrador, pero se retuerce al enterarse de los políticos que se están alineando con su Cuarta Transformación en Quintana Roo. Los mismos que van tejiendo la telaraña de la corrupción que lo mantiene a él atrapado.

El apoyo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y del Mecanismo de Prevención de Tortura le ha dado un poco de tranquilidad para proteger su vida, contra la que han atentado en un par de ocasiones dentro del penal. La investigación por tortura sigue su curso, y se siente satisfecho en el sentido de que está relativamente protegido. Queda claro que si le pasara algo no sería suicidio ni ajuste de cuentas entre internos.

Héctor Valdez quiere aprovechar este espacio para mandar un mensaje a sus amigos, especialmente a sus amigas. Dice que él sigue siendo el mismo de siempre. No tiene nada de que avergonzarse, porque no violentó a nadie. El periodismo ha sido su gran pasión y el compromiso de vida que adquirió, y seguirá ejerciéndolo desde la reclusión. Le importa que llegue este mensaje alto y claro a quienes lo aprecian y se preocupan por él.

Justicia pendiente

Por ejecuciones extrajudiciales a indígenas de Coyomeapan, organizaciones exigen destitución del gobernador Barbosa

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Los Ángeles Press

Un grupo de 35 organizaciones y defensores de derechos humanos, encabezados por la organización Red Solidaria Década contra la Impunidad, AC, lanzaron una carta pública de extrañamiento al gobernador de Puebla, Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta, en la que se exige su destitución, por las recientes ejecuciones extrajudiciales a indígenas de Coyomeapan.

La represión tuvo lugar en la comunidad de Zoquitlán, el 9 de mayo, en torno a las 17 horas, donde policías de estado rafaguearon a indígenas que caminaban de regreso a su casa, dejando tres muertos, uno de ellos menor de edad, y siete heridos.

El conflicto data de junio 2021, tras un fraude electoral en la comunidad de Coyomeapan, donde la familia Celestino Rosas, impuso al presidente municipal, siendo esposo de la diputada federal Araceli Celestino Rosas. La protesta de la comunidad ha tenido como represalia el encarcelamiento de defensores de derechos humanos, como Basilisa Montaño Gutiérrez y Gonzalo Martínez, y el hostigamiento a la periodista Claudia Martínez Sánchez, quien ha reportado sistemáticamente las agresiones a la comunidad y la restricción de las libertades constitucionales de los indígenas.

Ciudad de México, a 13 de mayo 2022

CARTA PÚBLICA

Los y las abajo firmantes integrantes de la sociedad civil, manifestamos nuestro extrañamiento por la represión contra la comunidad indígena de Coyomeapan, realizada por integrantes de la policía estatal del estado de Puebla, y exigimos la inmediata intervención de las autoridades federales e organismos internacionales para resolver las demandas de verdad y justicia.

El pasado 9 de mayo al rededor de las 17:00 hrs., algunos activistas indígenas nahuas de Coyomeapan, Puebla, que se encuentran en resistencia pacifica, por la defensa de sus derechos políticos, civiles y de la tierra y su territorio, caminaban de regreso a su hogar, cuando al pasar por la comunidad de Zoquitlán, Coyomeapan, fueron emboscados y rafagueados por integrantes de la policía estatal misma que haciendo uso excesivo de su fuerza pública, ejecuta a los activistas indígenas; Teofilo Barrera Herrera, de 24 años, Marcelo Carrera Reyes de 45 años y a un menor de 15 años de edad de nombre Omar Herrera Raymundo, y dejando a 7 heridos entre los que se encuentra el profesor Lauro Gil Arguelles, todos ellos integrantes del Movimiento Unidad por Coyomeapan.

Por lo que manifestamos por este medio nuestro extrañamiento al Estado mexicano por la omisión a estos hechos, y solicitamos a la ONU y a la CIDH, solicten información a el gobierno por estos lamentables hechos.

Recordando que 4 activistas de Coyomeapan se encuentran en el penal de Tehuacán, Puebla, criminalizados por la defensa a sus derechos humanos, entre ellos la defensora de derechos humanos y teóloga Basilisa Montaño Gutirrez, integrantes también del Movimiento Unidad por Coyomeapan, y que la periodista Claudia Martínez Sánchez, fuera desplazada de su hogar en Puebla, por ejercer su derecho difundir la criminalización social que sufre la comunidad indígena de Coyomeapan.

Ante este contexto de violaciones sistemáticas a los derechos humanos de esta comunidad y sus habitantes;

¡Exigimos la destitución del gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta!
¡Solicitamos la atracción del caso por parte de la Fiscalía General de la República!
¡Condenamos la criminalización de la protesta social!
¡Exigimos el alto al uso excesivo de la fuerza publica!
¡Libertad inmedita a la defensora de derechos humanos y teóloga Basiliza Montaño
Gutierrez y los tres activistas que se encuentran en prisión, desde el 21 de septiembre del
2021!
¡Responzabilizamos al Estado de los hechos del 9 de mayo 2022!

FIRMAS
Red Solidaria Década Contra la Impunidad AC (RSDCIAC)
Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA)
Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los
Derechos Humanos en México (AFADEM)
Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos (Limeddh)
Los Ángeles Press
Centro de Derechos Humanos Esteban (Puebla)
Red Universitaria de Monitores de Derechos Humanos
Desarrollo Humano Internacional AC
Frente Mexicano Pro Derechos Humanos (FREMEXDEHU)
Mujeres Co_Incidiendo con Mujeres AC
Colectiva Radial Poder Político de las Mujeres
Mujeres Guerrerenses por la Democracia AC
Senderos Para el Desarrollo Comunitario
Voz del Anahuac
Sindicato de la Unión de Trabajadores del Instituto de Educación Media Superior de la Cdmx
Zenzontle
Casa de los Pueblos México
Nueva Constituyente Ciudadana Popular (NCCP- Coahuila)
Colectivo Viva Voz
25 Día Naranja A.C.
Madres Exigiendo Justicia
CAM-CAI
Colectiva Brujas Zapateras
Colectiva Lilith Violeta
Colectivo Nacional Alerta Temprana de Periodistas y Defensores de Derechos Humanos
Movimiento Agrario Indígena Zapatista (MAIZ)
FIAC A.C.
FUNDACION ARTE Y MUNDO SOSTENIBLE A.C.
FINASBIH A.C.
Colectivo para la Equidad y la defensa de los derechos de las mujeres «Techiyaliztli»
33 Mujeres A.C.
Organización Jugestes-Cnpa
Colectivo de Mujeres por la Equidad la Salud y la Educación A.C.
Asociación para el Desarrollo Integral de Comunidades y Colonias A.C
Fray Julián Cruzalta Aguirre
Dramaturgo Humberto Robles
Senador José Narro Céspedes
Jackie Campbell)
Olimpya Jaimes López
Hilda Pérez Vázquez
Leticia López Zamora
Cynthia Bravo Moore
Vanessa Klainer Berkowitz
Dulce Mildret Sainz Torres
Isaura Contreras
Beatriz Salas Martínez
Claudia Magaña Lugo
Daniela Flores
Adriana Díaz González

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Justicia pendiente

Autoridades de DDHH ignoran caso de Claudia Ivonne Sánchez Mayorga, con tortura y fabricación de delitos

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Por Guadalupe Lizárraga

El caso de Claudia Ivonne Sánchez Mayorga fue expuesto de nuevo en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador en la que se denunció cómo las autoridades responsables de impartir justicia y reparar el daño han ignorado a la víctima de tortura y fabricación de delitos en 2013, además de ocultar documentos de su expediente y estar sin sentencia, por lo que se pidió que su causa penal sea atraída por la Suprema corte de Justicia de la Nación.

La primera vez que se presentó este caso, por la representación de Los Ángeles Press, fue en 2019. Sin embargo, desde entonces, es muy poco lo que se ha avanzado, pese a que su defensa ha demostrado su inocencia, así como el haber sido torturada y mutilada en el penal de El Rincón, Nayarit, a donde llegó con cinco meses de embarazo. Tuvo a su hija en una clínica con atención de emergencia, ambas discriminadas en atención médica, por ser un caso de consigna de la “sociedad civil” contra el tráfico de mujeres, conocido como «Solid Gold».

En la intervención del reportero Ramón Flores, se expuso que la Unidad de Transparencia y la de Contraloría interna de la Fiscalía General de la República han ignorado la instrucción presidencial y que las nuevas conclusiones de la fiscalía, “vuelven a ser una burda fabricación criminal sin pruebas, que incluye el encubrir la tortura a la que sometieron” a Sánchez Mayorga.

La denuncia del reportero enfatizó que servidores públicos que operaban en red con el exsecretario de Seguridad Pública Genaro García Luna, han ocultado a la Fiscalía de Asuntos Internos y a CONAPRED, los videos de las cámaras de seguridad y el expediente médico que evidencian la tortura sufrida por la víctima.

Por lo que pidió que su causa penal sea atraída por la Suprema Corte de Justicia y que el Consejo de la Judicatura, con la jueza por Ministerio de Ley, revise y resuelva su caso.

También se denunció que la Defensoría pública federal y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, han ignorado -del mismo modo- este caso, pasando por alto las graves violaciones de derechos humanos, igual que otros miles de casos similares, y enfatizó el reportero en las condiciones en que se encuentran las internas del penal de Santa Martha Acatitla, además del abandono jurídico para su defensa.

Finalmente, se pidió una libre audiencia pública al interior del reclusorio femenil y varonil, con autoridades de derechos humanos, entre éstas el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, para que se investiguen los suicidios y los maltratos a las reclusas.

Testimonio desde la cárcel de Claudia Ivonne Sánchez Mayorga

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Justicia pendiente

Seguridad Pública detiene a presunto operador de “Guerreros Unidos”, vinculado en caso Ayotzinapa

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El subsecretario de Seguridad Pública (SSPC), Ricardo Mejía Berdeja, informó que elementos de seguridad detuvieron a Salvador “N”, presunto operador del grupo delictivo “Guerreros Unidos”, relacionado con la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa.

El funcionario federal explicó que este individuo contaba con una orden de aprehensión por delincuencia organizada y desaparición forzada que se cumplimentó con Jardines de Cuernavaca en Guerrero, por lo que también es conocido como parte del brazo armado conocido como “Los Peques” o “Los Titos” vinculados a la desaparición de los normalistas.

De acuerdo con el representante del gobierno federal, se solicitó su vinculación a proceso penal, por su presunta responsabilidad en los hechos delictivos que ocurrieron en septiembre de 2014.

Añadió que es señalado por ser uno de los responsables de la violencia que se presenta en la zona sur de Guerrero, por lo que había sido señalado por haber trabajado para la organización delictiva que ordenó la desaparición de los estudiantes normalistas.

Por su parte, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, refirió que es una prioridad de la actual administración federal esclarecer los hechos acontecidos en Iguala, Guerrero, hace casi ocho años, por lo que manifestó que continuarán con las investigaciones con la comisión de la Verdad.

Desde que inició la actual administración federal, se han desarrollado diferentes investigaciones para esclarecer los hechos ocurridos en Ayotzinapa, por lo que se demostró que hubo intervención de agentes del Estado mexicano para colocar presuntamente los restos de los normalistas en el basurero de Cocula.

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