Los fallos del juez Riff tendrán importantes consecuencias para la ciudad

Por Rodolfo Soriano Nuñez

Mañana, miércoles 22 de marzo, el juez Lawrence Riff decidirá una serie de casos con consecuencias inmediatas para la manera en que se establecen las fianzas por delitos menores en el condado de Los Ángeles, California. Uno de los posibles resultados de los fallos que el juez Riff emitirá es el regreso de los Criterios de Fianza de Emergencia (Emergency Bail Schedule), por los que para faltas y delitos menores (misdemeanors y low-level felony offenses), se fijan fianzas equivalentes a cero dólares.

El condado de Los Ángeles cuenta con el sistema carcelario más poblado de todo Estados Unidos y se caracteriza por sus condiciones marcadamente injustas e inhumanas. La Cárcel Central de Hombres, Men’s Central Jail, llega a encarcelar hasta 17 mil personas. Este sistema carcelario, además, está marcado por notables injusticias basadas en la raza y el ingreso de los arrestados.

Entrada de la MCJ en Los Ángeles. De la cronología en Twitter de @LApubdefunion

Los afroamericanos, además de los latinos e hispanos están marcadamente sobrerepresentados en las cárceles. En la MCJ, el 21 de marzo de 2023, estaban encarceladas un total de 14 mil 25 personas. De ellas, siete mil 657, poco más del 50 por ciento, eran latinas o hispanas, además de que poco más de cuatro mil se identificaban como afrodescendientes, poco menos de un tercio del total. Ello contrasta con el hecho que, de acuerdo a los datos de la Oficina del Censo, 70 por ciento de la población en el condado se identifica como blanca o caucásica, 49 por ciento lo hace como latina o hispana y sólo el nueve por ciento se ve a sí misma como afrodescendiente.

Lo que es peor, casi la mitad de las 14 mil personas en la tercera semana de marzo de 2023 en la MCJ están ahí en la etapa llamada de “pre-juicio”, es decir, los preparativos antes de que su caso sea resuelto por un juez y/o jurado. Además, siete de cada diez personas en la MCJ están ahí porque no cuentan con los recursos para poder pagar una fianza.

El 14 de noviembre de 2022, seis reclusos y la organización Clérigos y Laicos Unidos por la Justicia Económica (Clergy and Laity United for Economic Justice, CLUE), presentaron una demanda que cuestiona los criterios por los que establecen las fianzas luego de que se desahoga la etapa de la audiencia de arraigo. Esos criterios son especialmente dañinos para las personas pobres, los afrodescendientes y los latinos e hispanos, pues esas audiencias de arraigo ocurren entre dos y hasta cinco días después del arresto. La gran mayoría de las personas bajo arresto, además, no pueden recibir la ayuda de un abogado o hablar con un juez hasta que se les presenta para esa audiencia de arraigo. Sólo quienes pueden contratar los servicios de un abogado privado pueden consultarlo. Quienes dependen de los abogados de oficio (Public Defenders), no.

Lo que resulta de ese modelo es que se encarcela a las personas que no pueden pagar un abogado privado o no tienen el dinero o las propiedades para pagar una fianza. Ello hace que la población en las cárceles crezca sin límite. El propio condado de Los Ángeles lo admitió cuando respondió a un señalamiento de la American Civil Liberties Union, ACLU, como parte del caso Rutherford vs. Luna, caso que actualmente se encuentra en la etapa de litigio, pero del que es posible derivar conclusiones importantes.

Entre las más notables, Leslie Bailey, la directora del proyecto Justicia Pública para los Deudores de las Prisiones, Public Justice Debtors’ Prison, que forma parte del equipo que litiga los casos que el juez Riff decidirá mañana señala, en este sentido, que “la política del condado de Los Ángeles de encarcelar personas porque no pueden pagar una fianza, no sólo es inconstitucional. Es devastadora para las personas, para sus familias y sus comunidades. Nadie debería sufrir las condiciones inhumanas que existen en las cárceles o perder su empleo o su patrimonio porque no pueden comprar su libertad.

Ello es más importante pues, como ella misma explica, “las fianzas en efectivo no reducen los índices de crímenes ni ofrecen alguna garantía de seguridad”. Y concluye: “los angelinos merecen algo mejor que esto y seguiremos apoyando a nuestros valientes clientes en su lucha por un sistema justo, uno en el que el derecho fundamental a la libertad no dependa del tamaño de la cuenta de banco”.

Salil Dudany, abogado y miembro del equipo que litiga algunos de los casos que resolverá mañana 22 de marzo el juez Riff, hace ver que existen mejores soluciones al problema de la seguridad pública: “el condado de Los Ángeles sabe, gracias a sus propios datos, que los Criterios de Fianza de Emergencia, aprobados al inicio de la pandemia fueron un éxito. La severa sobrepoblación y las condiciones inhumanas que existen en las cárceles del condado son también una crisis de derechos humanos y reformar los criterios para establecer las fianzas es fundamental para resolver el problema».

Dudany se dice confiado en que «los líderes de la ciudad de Los Ángeles darán respuesta a este problema de las políticas sin sentido de fianzas e inviertan en alternativas que la ciudad necesita desesperadamente para encontrar una solución que de verdad ofrezca seguridad pública a las comunidades».

El pastor metodista Gary Williams, que además de promover estas reformas ha sido afectado por las políticas de fianzas, hace ver que encerrar a miles de personas porque no tienen dinero es absurdo e injusto y destaca la oportunidad que tiene el sistema judicial en Los Ángeles para resolver el problema.

Como señala el Vera Institute of Justice en uno de sus documentos de trabajo, la evidencia está ahí: «luego de décadas de lucha de distintas organizaciones sociales, la Junta de Supervisores (Board of Supervisors) del condado se comprometió a realizar cambios y a disminuir el uso del encarcelamiento mediante una estrategia de apoyo primero. Cuando comenzó la pandemia del COVID-19, la población encarcelada se redujo en un 30 por ciento, inspirando aún más interés de la Junta de Supervisores en reducir el número de personas en la cárcel y cerrar la MCJ».

El jueves 23 de marzo, una vez que se conozcan los fallos del juez Riff, la Coalición por la Justicia en Los Ángeles (JusticeLA Coalition), el Civil Right Corps y Public Justice, ofrecerán una conferencia de prensa en la que, además de discutir los resultados darán cuenta de los siguientes pasos en este proceso.

• Se espera que un fiscal de distrito de Manhattan presente cargos contra el expresidente por el pago que hizo en 2016 a la estrella de cine para adultos Stormy Daniels

Por Hugo Lowell/ Nueva York 

Donald Trump ha mantenido varias reuniones en los últimos días planificando su respuesta política y legal ante la que va a ser su semana de mayor riesgo jurídico desde que dejó la Casa Blanca. Es probable que el fiscal del distrito de Manhattan, Alvin Bragg, presente una acusación penal contra él por su papel en el pago a la estrella de cine para adultos Stormy Daniels a cambio de su silencio.

En su red Truth Social, el ex presidente estadounidense publicó en mayúsculas que esperaba ser “ARRESTADO EL MARTES”. También pidió a sus partidarios que se unieran a las protestas, un recuerdo funesto de los tuits con que los incitó a la protesta en los días previos al ataque del 6 de enero contra el Capitolio de EEUU.

Según fuentes cercanas a Trump, la fecha de este martes como día de la acusación de Bragg es sólo una conjetura, después de ver en los medios de comunicación que la oficina del fiscal del distrito se ha puesto en contacto con el servicio secreto de EEUU para hablar sobre medidas seguridad en caso de una acusación formal.

Un gran jurado de Nueva York está escuchando las pruebas del resucitado caso de 2016. Para este lunes estaba programado el testimonio de un nuevo testigo, lo que hace improbable que se produzca un arresto al día siguiente. Redactar los documentos de la demanda, una vez terminado el testimonio, es algo que puede llevar horas. Aparentemente, el testigo de este lunes era Robert J Costello, que comparecía a petición del equipo jurídico de Trump. En su día, Costello fue el asesor jurídico del ex abogado de Trump Michael Cohen, pero ambos se han enemistado desde entonces. Es probable que el objetivo del testimonio de Costello sea desautorizar a Cohen.

El expresidente republicano ha acusado también al presidente estadounidense, Joe Biden, de estar detrás de la acusación del fiscal. “Biden quiere fingir que no tiene nada que ver con el asalto a la democracia de la Fiscalía de Manhattan cuando, de hecho, ha ‘llenado’ la oficina del fiscal con gente del Departamento de Injusticia”, escribió en Truth Social.

Bragg, un demócrata electo como fiscal de distrito por voto popular, afirmó el domingo que no se dejará intimidar por las protestas. El ex presidente dedicó varios mensajes a denostar a Bragg, a quien acusó de recibir más de un millón de dólares “del izquierdista radical enemigo de TRUMP, George Soros”.

A su vez, uno de los portavoces de la Casa Blanca, John Kirby, ha señalado que las fuerzas de seguridad están alerta ante las posibles movilizaciones trumpistas. “Controlamos siempre la situación lo mejor que podemos. Y obviamente no queremos que haya violencia, desde luego no hasta el extremo de lo que vimos el 6 de enero” de 2021, ha dicho Kirby en la cadena Fox en referencia al asalto al Capitolio.

El fiscal de distrito de Manhattan, Alvin Bragg, y la cónsul general de España en Nueva York, Claridad Batalla Junco, firman un convenio el 30 de agosto de 2022 Ángel Colmenares / EFE

Los frenéticos mensajes de Trump demuestran el profundo pánico y ansiedad que siente el expresidente ante la inminencia de una probable demanda penal, sostienen fuentes cercanas. Sobre todo, porque no tiene manera de impedir que la oficina del fiscal siga adelante con un caso que llevará a Estados Unidos a territorio legal desconocido, con Trump intensificando la campaña para convertirse en el candidato republicano a la presidencia en las elecciones de 2024.

En estos días, Trump y sus aliados han dejado caer la idea de que una demanda por comprar el silencio de Stormy Daniels puede beneficiarlo políticamente: sus votantes republicanos podrían ver la resurrección de un caso de hace años como una auténtica “caza de brujas”, en palabras del expresidente. Pero también es cierto que el propio Trump siente un profundo temor por la posibilidad de una acusación penal.

La semana pasada, Trump habló todos los días sobre el caso. Sus asesores dicen que han barajado varios escenarios si se produce la demanda, como si el expresidente debe ir a Nueva York para una comparecencia o si debe hacerlo a distancia desde su complejo residencial de Mar-a-Lago, en Florida.

Trump ha mostrado interés en comparecer en persona ante el tribunal penal de Manhattan, donde se cree capaz de transformar el proceso en un espectáculo para los periodistas presentes, sostienen las mismas fuentes. El sábado por la tarde planteó esa posibilidad mientras viajaba hacia Oklahoma para un campeonato de lucha de la NCAA, la Asociación Nacional de Atletismo Universitario de EEUU (National Collegiate Athletics Association por sus siglas en inglés).

Algunos miembros de su equipo jurídico le desaconsejan la comparecencia en persona por temas de seguridad, entre otras preocupaciones. Le han pedido que les permita negociar una presentación inicial a distancia y una fecha de entrega acordada, cuando sea notificada la acusación.

Estrategia de la defensa

El equipo jurídico de Trump ya está trabajando en la estrategia de defensa. Joe Tacopina y Susan Necheles, dos abogados contratados para el caso, argumentaron que una acusación centrada en el incumplimiento de la regulación de financiación de campañas no se sostiene y que en 2012 ya se intentó sin éxito una demanda similar contra el senador demócrata John Edwards.

La investigación se refiere a 130.000 dólares que Trump hizo llegar a Daniels a través de Cohen, su abogado en aquel momento, durante los últimos días de la campaña de 2016. Trump reembolsó después a Cohen con sus fondos personales, entregándole cheques por valor de 35.000 dólares. En 2018, Cohen se declaró culpable en una demanda federal relacionada con el soborno.

Es probable que el caso del fiscal se centre en la forma en que Trump y la Organización Trump registraron esos reembolsos. Según documentación del caso, la sociedad de los Trump anotó los pagos como gastos jurídicos, haciendo referencia a un contrato legal con Cohen que no existía.

Si la acusación alega que la compra del silencio de la actriz vulneró las leyes de financiación de campaña, lo más probable es que los abogados de Trump argumenten que no pasa lo que viene a denominarse el “irrespective test” que desvincularía el pago a la estrella de cine para adultos de un delito electoral. Es decir, que aunque Trump no hubiera estado en la campaña por la presidencia de 2016, en cualquier caso hubiese pagado a Daniels para evitar la vergüenza, porque el magnate ya era una figura pública.

Pero esa argumentación puede ser una batalla complicada. Trump podría quedar como responsable si se demuestra que tenía “motivaciones mixtas”: proteger su imagen pública y su campaña a la vez. Y el momento de los pagos sugiere que había urgencia de hacerlos antes del final de la campaña de 2016.

En respuesta, se espera que el equipo jurídico de Trump argumente que Daniels ya había intentado en 2011 vender su historia de un affaire con Trump y que entonces le habían dicho: “Deja en paz a Trump, olvídate de la historia”. Se trataría de demostrar que el silencio de Daniels había sido buscado mucho antes de que Trump se presentara a las elecciones presidenciales.

Los abogados de Trump expusieron esos argumentos hace poco a la Fiscalía, cuando Necheles pidió al fiscal de distrito que abandonara el caso, como informó The Guardian. Pero todo apunta a que el fiscal Bragg seguirá adelante con la acusación, una demanda sin precedentes contra un expresidente de EEUU que además está tratando de regresar al Despacho Oval.

En las últimas semanas, la oficina del fiscal del condado de Nueva York (Manhattan) ha hecho testificar ante el gran jurado a al menos siete ayudantes y asesores de Trump. Entre ellos figuraba Cohen, que dio testimonio el miércoles durante unas dos horas (es su segunda intervención). Se ha dicho que cada miembro del gran jurado tenía una pregunta para él, lo que hace pensar en un alto grado de participación.

Según los expertos jurídicos, ese es un indicador clásico de que los fiscales sopesan posibles demandas. Si el gran jurado encuentra que un testigo es concluyente y termina produciéndose el juicio, el jurado final podría encontrarlo igual de convincente.

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Fuente: eldiario.es

«Los reguladores bancarios de la nación no pueden cometer el mismo error dos veces»: señalan senadores

Los senadores demócratas Elizabeth Warren (Massachusetts) y Richard Blumenthal (Connecticut) han pedido al Departamento de Justicia y la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) que inicie una investigación penal «exhaustiva» para determinar si los ejecutivos del Silicon Valley Bank infringieron alguna legislación civil o penal antes de la quiebra del banco, ocurrida la semana pasada.

En una carta enviada a la Comisión de Bolsa y Valores y al fiscal general de los Estados Unidos, Merrick Garland, los senadores declaran que “Tras la crisis financiera de 2008, una de las fallas persistentes fue la incapacidad o falta de voluntad del Departamento de Justicia y de los organismos reguladores de las entidades bancarias para que los ejecutivos de los bancos rindieran cuentas por sus actos».

Señalaron que esta fata de voluntad para exigirles cuentas a estas entidades bancarias han causado la destrucción de millones de vidas y costaron billones de dólares. «Los organismos reguladores de los bancos de Estados Unidos no pueden cometer el mismo error dos veces”, insistieron.

En la misiva, se enfatiza sobre una cuestión concreta tras la liquidación del banco en quiebra por parte de la Corporación Federal de Seguros de Depósitos (FDIC): el cumplimiento, o no, de las responsabilidades legales y reglamentarias de los altos ejecutivos del banco. Los senadores dijeron que quieren conocer si se saltaron alguna regla de negociación propia, requisitos de divulgación, deberes fiduciarios o reglas de uso de información privilegiada antes del colapso.

«Uno de los fracasos duraderos posteriores a la crisis financiera de 2008 fue la incapacidad o falta de voluntad del Departamento de Justicia y los reguladores bancarios para responsabilizar a los ejecutivos bancarios por un comportamiento que destruyó millones de vidas y costó billones de dólares en riqueza. […] Los reguladores bancarios de la nación no pueden cometer el mismo error dos veces», subrayan Warren y Blumenthal.

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Cin información de Democracy Now!