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Fabricación de culpables

Tortura, fabricaciones y falsos testigos con paga mensual en el caso de Miroslava Breach

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Por Guadalupe Lizárraga

Uno de los asesinatos de periodistas más mediáticos internacionalmente ha sido el de Miroslava Breach Velducea, perpetrado la mañana del 23 de marzo de 2017. La gran consternación que causó en el gremio periodístico fuera y dentro de México promovió investigaciones independientes a las diferentes versiones oficiales dadas por el gobierno estatal y el federal, que revelaron contradicciones y la disputa por el posicionamiento mediático. Los Ángeles Press, por su parte, revela que desde las fiscalías en ambos niveles de gobierno se han cometido actos de tortura, falsedad de declaraciones y se pagó mensualmente por lo menos a un testigo falso para manipular el caso.

Uno de los hechos al que se le dio gran difusión -promovido por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Chihuahua- fue a la detención de Édgar Salazar Gaxiola, de 23 años, hijo de Crispín Salazar Zamorano. Primero se le detuvo el 22 de enero de 2019, por una denuncia de secuestro contra su expareja sentimental; después se le incriminó en los medios del asesinato de la periodista Miroslava Breach, el 9 de febrero de 2019, a través de un boletín de prensa que puso en circulación la fiscalía. Posteriormente, se le obligó bajo coacción y tortura a incriminar a su padre, Crispín Salazar Zamorano, y a mencionar a otros miembros de su familia que no ve desde que hace más de diez años.

Sin embargo, las fabricaciones no empezaron allí. El mismo gobernador de Chihuahua Javier Corral, aquel 23 de marzo, dos horas después del asesinato de la periodista, salió a los medios y señaló que se trataba de una amenaza del narcotráfico contra él “por su cercanía” con la corresponsal del diario La Jornada. Cuatro horas más tarde, señaló que “sin duda” había sido un “silenciamiento” a la periodista quien “documentó las relaciones del narcotráfico con el PRI de Chihuahua”.

Después de estos señalamientos, periodistas mexicanos e internacionales cuestionaron públicamente al gobernador por las imprecisiones y la premura de la información relacionada con el crimen. Entre los cuestionamientos, se destacaron las tres diferentes versiones sobre la cartulina “plantada” en el auto en que se disponía a viajar Miroslava Breach, y en las que supuestamente se amenazaba al gobernador.

El diario La Jornada fue el primero en difundir la imagen de un hombre que llevaba enrollada la cartulina y que introdujo en el auto de la víctima. Las autoridades señalaron que se trataba de una imagen obtenida de los videos de seguridad, momentos antes del ataque, pero que ellos oficialmente no la habían difundido.

Imagen difundida por La Jornada.

La primera versión del contenido de la cartulina, se dio a conocer el jueves 23 de marzo, a las 12:39 horas y fue reproducida masivamente en redes sociales:

“Por lenguona”.

La segunda versión, jueves 23 de marzo, a las 16:00 horas:

“Por lenguona. Sigue tu gobernador. El 80”.

Y la tercera versión, sábado 25 de marzo, a las 6:43 horas:

“Esto les pasará a toda la gente lengua suelta y llegadas al gobernador y voy por ti gober. Atte: El 80”.

La Asociación de Periodistas y comunicadores del Estado de Chihuahua, en carta pública con fecha del 27 de marzo de 2017 -reproducida en Los Ángeles Press– hizo observaciones puntuales al gobernador Javier Corral:

  1. A las pocas horas de haberse perpetrado el asesinato de nuestra colega Miroslava Breach, usted, sin mayor fundamento, vinculó el hecho al crimen organizado, sugiriendo una represalia al trabajo periodístico de la colega, quien cubría hechos de política, corrupción y nota roja.
    No es la primera vez que un gobernador en nuestro estado y en México hace tan irresponsables declaraciones para desviar la atención de la verdad o para dar una oportunista respuesta por la presión mediática. Sobre todo cuando las autoridades estatales han fomentado, por su indiferencia o incapacidad, la impunidad sistemática del asesinato de 21 periodistas en el estado desde el año 2000.
  2. Usted declaró que sabía desde hace dos años que Miroslava Breach estaba siendo amenazada. ¿Por qué usted, siendo entonces senador, no hizo nada al respecto si tenía el poder y los recursos institucionales para prevenir el hecho? ¿Ni aún la cercanía que asegura usted haber tenido con nuestra colega lo impulsó a actuar? ¿Por qué?
  3. Una de las características de los asesinatos de periodistas y jóvenes mujeres en Chihuahua (desde 1993) ha sido la impunidad por una parte, y la fabricación de culpables para simular justicia, por otra. ¿Ahora sí sería diferente con la investigación del asesinato de nuestra compañera de La Jornada?
  4. ¿Cuál es la diferencia de este crimen con respecto a los 21 anteriores de nuestros colegas para que usted, en su calidad de gobernador, ahora sí ordene investigar a fondo como lo ha anunciado en la prensa nacional e internacional? ¿Se debe a una distinción por el medio en el que trabajaba Miroslava? ¿A la supuesta amistad con Usted? ¿O a la internacionalización mediática de este asesinato?
  5. Si Usted, a las pocas horas ya tenía elementos informativos para hablar a los medios sobre las posibles causas como lo hizo, ¿por qué hay tres diferentes versiones de un elemento con el que usted adjudica el crimen a Carlos Arturo Quintana, El 80, líder del Cártel de Juárez?
  6. Si el Cártel de Juárez es el responsable del crimen de Miroslava, como usted apunta, ¿por qué usted tendría que ser amenazado a través de ella? En todo caso, el mismo cártel tiene los medios directos, las personas más allegadas a usted dentro del mismo gobierno para presionar, negociar o actuar con o contra su administración, como cualquier otro cártel en cualquier otro estado de nuestro país. ¿Por qué impulsó usted esta información sin tener las evidencias suficientes, utilizando el nombre de nuestra colega en su favor, como si usted fuera víctima y no el principal responsable de la falta de seguridad en el estado?

Los periodistas mexicanos e internacionales estamos cansados de que el poder, cualquiera sea éste, nos use, nos calle, nos amenace, nos asesine; y ustedes –los políticos profesionales– sean la única voz dominante del «esclarecimiento de los hechos», lo cual significa en México el sello de la impunidad contra la dignidad de nuestras vidas perdidas.

Estamos cansados de llorar en silencio a nuestros colegas y amigos. Cansados de ser un titular de lamento en nuestros propios medios y en nuestros perfiles en redes sociales. Mientras ustedes, desde el gobierno, desde el poder, siguen ganando –de una u otra forma– con nuestras muertes y nuestro silencio. Firmas.

A la carta se sumaron firmas de periodistas de España, Holanda, Argentina, Venezuela, México y Estados Unidos. Sin embargo, el gobernador fue indiferente a los cuestionamientos, y continuó con la misma manipulación mediática.

Las filtraciones de Peniche

Para finales de diciembre de 2017, en medio de escándalos protagonizados por el mismo gobernador Javier Corral, el fiscal del estado de Chihuahua César Augusto Peniche Espejel sería responsable de la filtración de información al Diario de Juárez sobre la ejecución de una persona en Álamos, Sonora, al que se presentó como el presunto homicida material de Miroslava.

El diario en referencia afirmaba que según “datos confidenciales”, la fiscalía tenía “plenamente reconocido” a la persona victimada el 19 de diciembre en Álamos, Sonora, bajo el nombre de Ramón Andrés Zavala Corral, de 25 años, como el asesino de Miroslava.

Los cuestionamientos públicos al fiscal por parte de Los Ángeles Press fueron muy puntuales. Si esto era cierto:

¿Por qué la fiscalía de Chihuahua tuvo que “filtrar” esta información a un diario de Ciudad Juárez, en vez de dar una conferencia de prensa formal en la capital del estado, donde está su sede, y es el lugar donde asesinaron a Miroslava? ¿Por qué no se organizó esta rueda de prensa después de cumplimentar el proceso de investigación que viene realizando la unidad especial nombrada por el gobernador Javier Corral, y de la que él mismo aseguró ante medios nacionales formar parte y tener reuniones cada tercer día?

La unidad especial de investigación se había integrado precisamente para que no hubiera filtraciones informativas, argumentando la seguridad de los agentes investigadores con el fin de evitar persecuciones, amenazas u otro tipo de acoso por grupos delictivos. La unidad estaba ubicada en el Complejo de Seguridad, conocida como C4, una zona resguardada por y para agentes, y ninguno de los miembros de ese grupo interdisciplinario de investigación debía dar a conocer a sus compañeros de la fiscalía ni de ninguna otra instancia gubernamental el asunto de interés.

La fiscalía del estado guardó silencio respecto a la filtración, y se avizoraba cierto fracaso en el inicio de la investigación porque contradecía el principio de discrecionalidad y ética para el manejo de información sensible que aún no había sido verificada.

La filtración a El Diario de Juárez además apuntó que “el hombre fue identificado extraoficialmente”. ¿Qué significaba esto para la fiscalía de Chihuahua? ¿Que un agente investigador lo identificó sin hacerlo público de manera oficial? ¿Que fue identificado por una persona ajena a la investigación oficial? ¿Que al momento de ser identificado la fiscalía no sabía de quién se trataba?

También la fiscalía y el diario dejaban otras preguntas básicas sin responder: ¿en dónde se identificó “extraoficialmente”? ¿En la morgue de Hermosillo, Sonora? ¿Quién dio notificación del cadáver? ¿Cómo se identificó: visualmente por un testigo, por una fotografía, o por su ADN? ¿Cuándo sucedió esta identificación? ¿El día en que fue victimado, 19 de diciembre? Si el presunto asesino de Miroslava fue asesinado ese día ¿por qué tres días después se daba a conocer el hecho? ¿O hasta el 22 de diciembre de 2017 fue identificado como el asesino material y se dio parte solo al diario juarense?

Más aún, ¿cómo y cuándo obtuvieron el nombre del victimado para hacer el reconocimiento fisonómico del rostro, y saber que se trataba de la misma persona que disparó ocho veces contra el cuerpo de Miroslava frente a su hijo, bajo el nombre que supuestamente guardaban con celo en un expediente de la unidad especial de investigadores? ¿Después de realizarle una autopsia? ¿Se la realizaron?

A las primeras horas de la mañana del 22 de diciembre, cuando se dio a conocer la información filtrada al diario local, esta periodista se comunicó a la Fiscalía General del Estado de Sonora, a diferentes áreas, desde Comunicación hasta la Dirección de Investigaciones, y la de Secuestro y Crimen organizado. Ninguno de los agentes que respondieron amablemente a la llamada reconocía la información. Incluso, dos directores de área se enteraban en ese momento de los hechos publicados por El Diario de Juárez y buscaron la información en internet.

La fiscalía de Chihuahua tenía un elemento que vinculaba su investigación a la fiscalía de Sonora: las placas del auto en el que se trasladaba el victimario de Miroslava. Sin embargo, el día en que ejecutaron al presunto asesino material, no había ninguna coordinación entre ambas instancias, de acuerdo con la respuesta de los agentes sonorenses.

La investigación “ejemplar” de Corral

Durante el año que Peniche tuvo la investigación bajo su cargo, supuestamente se obtuvieron la mayoría de las evidencias y se identificaron a tres presuntos asesinos: Ramón Andrés Zavala Corral, asesinado en diciembre de 2017 en Álamos Sonora, una semana antes de la detención de Juan Carlos Moreno Ochoa, sentenciado a 50 años de prisión como coautor del crimen, y otra persona que está en calidad de prófugo, Wilbert Jaciel Vega Villegas, a quien le atribuyen estar escondido en Chínipas, una población de 8 400 habitantes, ubicado en el suroeste del estado de Chihuahua y de donde era originaria Miroslava.

Sin mayor justificación, la fiscalía del estado pidió a los hermanos de Miroslava que firmaran un amparo para impedir que la fiscalía federal atrajera la investigación, pero durante diez meses no los reconoció como víctimas indirectas, y además les negó el expediente judicial. Pese a ello, la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) atrajo el caso en abril de 2018.

En la trama que presentó el fiscal del estado se demostró que funcionarios del Partido de Acción Nacional habían estado involucrados en el crimen. El expresidente municipal de Chínipas Hugo Amed Schultz Alcaraz, el secretario particular del gobernador, José Alberto Luévano, y el vocero del mismo partido, actual asesor en el congreso local Alfredo Piñera.

La voz de estas tres personas fue grabada en la llamada que hicieron a escondidas de Miroslava. Y de acuerdo con la fiscalía, habrían entregado el audio supuestamente al grupo de Los Salazar, del que es miembro Juan Carlos Moreno Ochoa “El Larry”, y quien presuntamente habría orquestado el asesinato de la periodista, ayudado por Zavala Corral y Vega Villegas, para silenciarla por revelaciones de narcotráfico y políticos del PRI. Ésta es la versión de la fiscalía, bajo la gestión de César Augusto Peniche.

No obstante, en la primera etapa de esta teoría –tanto la fiscalía estatal como la federal– deja a los implicados directos fuera de la trama y los presenta como “testigos con identidad reservada” y no como personas de interés, pese a que el primer día de audiencia en el tribunal federal, a casi tres años del homicidio, dos familiares de Miroslava señalaron que ella los mencionaba como “los enviados del narco”, en referencia a Hugo Amed Schultz Alcaraz, José Alberto Luévano y Alfredo Piñera.

La activista Sara Mendiola, de Justicia Cívica, recuerda a El Diario de Chihuahua que la principal protección de estas tres personas fue por parte del gobernador Javier Corral:

“Aun cuando en diversas ocasiones el propio gobernador Javier Corral negó que Hugo Amed Schultz estuviera involucrado en la participación, en 2017 él fue claro en decir que no había participación de estos personajes, pero cuatro años después tenemos a Hugo Amed Schultz diciendo de viva voz que él participó en el homicidio de la periodista Miroslava Breach”.

Las incriminaciones de Corral

A las dos horas del asesinato de Miroslava Breach, Javier Corral, sin titubear, incriminó públicamente al Cártel de Juárez de los hechos, y específicamente identificó como responsable al supuesto líder del grupo delictivo, Carlos Arturo Quintana, «El 80». Para diciembre de ese mismo año, nueve meses después, daba un giro a sus incriminaciones públicas y ahora señalaba al grupo de Los Salazar, con información filtrada a El Diario de Juárez, sobre el ejecutado en Álamos. Para 2019, ya había una campaña de criminalización sistemática en los medios y redes sociales contra Jesús Alfredo Salazar Ramírez y su padre Adán Salazar Zamorano, en la que circulaban datos imprecisos sobre sus procesos y adjudicándoles crímenes sin ninguna prueba, pese a que se encuentran en prisión preventiva desde 2012 y 2011 respectivamente, acusados de delitos contra la salud.

Otra de estas falsas incriminaciones de Corral fue sobre la masacre Lebaron, perpetrada el 4 de noviembre de 2019, con nueve víctimas mortales, entre éstas seis menores de edad. Al día siguiente se mencionaba a «Los Salazar» en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, en el contexto de la masacre y se les exhibía mediáticamente como los responsables. Jesús Alfredo Salazar Ramírez desmintió públicamente la incriminación y pidió se respetaran sus derechos constitucionales, por tener un proceso aun sin sentencia. Un año más tarde, el 29 de noviembre de 2020, Alfonso Durazo, en su calidad de secretario de Seguridad Pública federal, daba a conocer la vinculación a proceso de los verdaderos responsables de la masacre, miembros del grupo delictivo La Línea.

Después de la detención de Juan Carlos Moreno, el gobernador Javier Corral enfocó su campaña en Crispín Salazar Zamorano, y elaboró nuevas acusaciones contra Jesús Alfredo Salazar Ramírez, basadas sólo en el parentesco con Crispín, señalándolos como aliados del Cártel de Sinaloa que había cobrado la vida de la periodista. Lo mismo hizo con Édgar Salazar Gaxiola, hijo de Crispín Salazar, a quien también se expuso mediáticamente como el asesino intelectual de Miroslava, por su parentesco con los Salazar.

Poco antes de que se cumpliera un año de la agresión fatal a Miroslava, el mismo gobernador la culpaba de lo que le había pasado y así se lo expresaba a los familiares de la víctima. Un video de La Jornada daba cuenta de ello.

«Miroslava tuvo la culpa por pisarle los callos al diablo, y ella misma buscaba que le dieran las notas más escabrosas».

https://videos.jornada.com.mx/video/94105486/miroslava-tuvo-la-culpa-por-pisarle-los-callos-al-/

Algunos medios retiraron las incriminaciones del gobernador, pero en la mayoría siguen activas.

El testigo protegido Apolo

De los funcionarios cercanos al exgobernador de Chihuahua, Hugo Schultz fue el único vinculado a proceso, tras su detención el 17 de diciembre de 2020. Pero casi dos años antes, el 9 de febrero de 2019, circuló en las redacciones de todos los medios un boletín promovido por la fiscalía del estado de Chihuahua con la detención de Édgar Salazar Gaxiola, como uno de los asesinos intelectuales de Miroslava Breach. No obstante, Édgar había sido detenido el 22 de enero de 2019 presuntamente por el delito de secuestro, fue torturado, y finalmente vinculado a proceso por el delito de extorsión, bajo acuerdo de paga mensual de 25 mil pesos (1,265 dólares aprox.) a cargo de la Fiscalía Especializada para la Atención a Delitos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) como testigo protegido para incriminar a su padre del asesinato de Miroslava Breach.

La detención de Édgar se dio por la denuncia de la madre de una mujer con la que tuvo una relación sentimental en el pasado, y con quien simuló el secuestro para pedir 150 mil pesos (7,500 dólares aprox.) por su liberación. La mujer de 25 años, de San Juanito, Chihuahua, no firmó la acusación contra él y declaró no haber estado retenida contra su voluntad. De allí que los cargos solo quedaran por extorsión, sin embargo, la tortura fue el preámbulo para cooptarlo como falso testigo protegido con el seudónimo de Apolo.

La agente del Ministerio Público de la FEADLE, Iris Gabriela Santoyo Cuervo, y otro agente identificado como Jean Paul Rodríguez, “Pol”, fueron quienes se encargaron primero de vincular a Édgar Salazar con Hugo Schultz, aludiendo a un supuesto parentesco. Al no poder sustentarlo, Édgar fue coaccionado a declarar sobre una supuesta amistad entre Schultz y su padre Crispín Salazar Zamorano, lo cual tampoco les resultó viable y, finalmente, lo indujeron a que firmara la incriminación contra su padre.

Los agentes de la FEADLE primero lo visitaron en el penal de Chihuahua para preguntarle sobre el asesinato de Miroslava. Édgar dijo que desconocía la historia, y de la lista de nombres que le presentaron solo confirmó el parentesco con Crispín Salazar Zamorano, al señalar que era su padre biológico pero que no lo frecuentaba, por ser hijo fuera de matrimonio. Sin embargo, los agentes le dijeron que si repetía ante el juez lo que ellos le dijeran lo iban a sacar de la cárcel, y le iban a dar un pago mensual de 25 mil pesos. A lo que él respondió que lo pensaría. La siguiente vez que lo visitaron, Édgar había sido trasladado al penal de Hermosillo, y golpeado nuevamente. Allí aceptó el trato.

La FEADLE no cumplió el trato por completo, le pagó después de las torturas pero no lo sacó de la cárcel.

En entrevista para Los Ángeles Press, Édgar Salazar Gaxiola nos habló de esa detención y de las torturas para vincularlo a él y a familiares con el caso de Miroslava Breach. En la tortura, le cubrieron los ojos con cinta adhesiva industrial y le generaron una degradación visual significativa.

Édgar Salazar Gaxiola, de 23 años, torturado y acusado falsamente en el caso de Miroslava Breach, fue utilizado como testigo protegido para incriminar a su padre. Foto: Los Ángeles Press

“Querían que dijera que vivía con mi apá desde el 2011, y que ese año habían detenido a Alfredo Salazar Ramírez, y que era líder de la Gente Nueva Salazar. Pero yo, la verdad, ni lo conozco ni sabía a qué se dedicaba, porque yo nací en Navojoa y no los frecuentaba, yo estaba bien chiquillo. También me dijeron que tenía que decir que cuando detuvieron a Alfredo, mi apá agarró el mando y que a mi apá le dicen El Tío, y que mi apá se dedica al narcotráfico, que compraba y vendía drogas, armas, carros robados y que traficaba la droga para el otro lado. También me dijeron que a mi apá lo cuidaban como 40 pistoleros que se movían en camionetas robadas y que cuando se las acababan se robaban otras. Pero era mucho, y no me lo aprendí todo y declaré en el juicio que eran El Leonardo y El Cuate, como no me acordaba de lo que tenía que decir pues declaré que el más cercano a mi apá era El Toque.

¿Cómo fue cuando te torturaron?

“Nunca vi cuántos eran porque me encintaron la cara. Me pusieron cinta en los ojos, me amarraron y me empezaron a golpear. Me pusieron la bolsa en la cabeza, me metían en agua, y… pues así, me daban toques, me golpeaban…”

¿Qué querían que dijeras, por qué la tortura?

«Pues querían que dijera más cosas de mi apá, me preguntaban por mi apá, por muchos familiares…»

¿Me puedes especificar más por favor?

“Pues me preguntaban que dónde estaba mi apá. Me preguntaban también por un primo Alonso, me preguntaban dónde estaba uno de los trabajadores, Leonardo, y por muchos trabajadores. Me preguntaban por lo de eso, de una periodista Miroslava, querían saber, y me decía te vamos a dejar libre si los pones… ¿si me entiende?”

¿Cuánto tiempo estuviste con ellos, con los torturadores?

“Sí, estuve como unos dos días. Un día sí lo estuve, dos no lo sé bien, pero un día sí estuve. Algunas veces me desmayé, una de las veces me desperté porque sentía toques, toques de corriente… Como a las dos o tres horas llegaron y me quitaron la cinta, me quitaron la cinta… y duré un rato así, pero esposado, después como a la hora volvieron otra vez, y me volvieron a torturar otro rato, ya sin cinta”.

Entonces, ¿los viste?

“Sí, pero era ya un solo señor, un chaparrito, gordito de lentes…”

Un solo oficial ya…

“No sé si era oficial, porque iba cambiado con ropa así normal, pantalón así, camisa, vestido de civil… pero éste me preguntaba por lo que había pasado con la muchacha…”

¿Qué había pasado?

“Pues desde que me la traje del centro de Chihuahua hasta San Juanito, todo ese trayecto… me hizo que se lo repitiera… pero yo no la subí a fuerzas, ¿si me entiende? Ella se subió también por su propia voluntad, yo no la jalé, ni nada, ella se subió por su propia voluntad”.

¿Había una relación con ella?

“Sí, salí con ella un tiempo. Pero ya cuando pasó eso, ya no salía con ella”.

¿Su familia llegó a pagar el dinero?

“No, nomás dieron como diez mil pesos”.

¿Y sobre el caso de la periodista qué te preguntaban los agentes?

“Qué quién había sido… de hecho, a mí también me involucraron en eso, al principio salió que yo también había sido, después que era hijo del autor intelectual… eso me preguntaban, que quiénes habían participado”.

¿Y tus respuestas?

“Pues, la verdad, yo casi no estaba enterado de eso, hasta después de que empezó a salir en la televisión en febrero (2019) fue cuando empecé a saber más de ella. Yo de la periodista Miroslava, cuando me detuvieron, no sabía ni qué pedo… Sabía que la habían asesinado y todo eso, pero no sabía con certeza quién había sido, ¿si me entiende? Yo nomás había escuchado rumores, yo de hecho ni la conozco, ni la conocí nunca».

¿Y por qué aceptaste relacionar el caso con tu padre?

“Pues, porque yo y mi padre hemos tenido todo el tiempo… desde que me salí de la escuela, hemos tenido pleito, se puede decir, por lo mismo. Yo siempre le pedí ayuda para que me pusiera a trabajar, sí me ayudaba, pero nunca me daba lo que yo necesitaba, y de allí empezó el pleito entre yo y él, y peleábamos… fue rencor más bien. Estábamos muy distanciados. Por eso lo hice por rencor”.

Y del caso de Miroslava, ¿cómo te fueron dando la información?

“Cuando yo caí al CERESO, pues allí estaba una persona que estaba por lo mismo, por eso, y ahí fui sabiendo de todo eso. Cuando yo llegué ahí, él fue a visitarme luego, luego, porque supo que yo estaba allí”.

Y esta persona ¿se identificó contigo?

“Sí, me saludó, y hasta una cobija me dio porque yo no traía nada, pues iba todo golpeado yo. Y así quedó, o sea de la periodista todavía no salía nada, hasta después de los quince días, veinte días o un mes empezó a salir en la televisión de que yo era uno de los autores intelectuales, después que yo era hijo de uno de los autores intelectuales, y ya fue cuando él me habló y me dijo que si qué onda… y yo le dije: no sé qué pedo… yo no sé qué onda con eso, y ya de ahí fue cuando empecé a saber más de ella porque ya fue cuando me empezó a hablar de eso”.

¿Y lo de la periodista cómo decidiste decirlo?

“El problema estuvo en que un día él me dijo que iban a venir a visitarme del gobierno de allá de México. Y le dije pues está bueno. Sí fueron a los días, y la primera vez que fueron pues yo me negué a todo, ¿si me entiende?”.

¿Todavía estabas con la secuela de los golpes?

“Sí, hasta me tomaron medidas de todos estos, y chingaderas de ésas… Y yo me negué y se fueron. Me dejaron un número, me acuerdo que me dejaron un número… y todo bien… pero yo como estaba jodido, no tenía dinero, no tenía nada, nada, nada, y pues mi familia también estaba bien jodida… y pues pasó una semana y no hallaba qué hacer, y pues tomé la decisión de hablarles a los de México, a los de la fiscalía, a esos de la FGR, y ya les dije que sí iba a cooperar, que sí aceptaba que me echaran la mano económicamente”.

Con lo de los golpes, lo de la tortura ¿hubo un médico que te certificara?

“Ellos, los de la fiscalía, mandaron a un médico, me tomaron medidas de las marcas, ya cuando ellos vinieron solo tenían las marcas de las esposas, era una médico mujer, todo me revisó, me hizo firmar un documento, se veía como un cuerpo de un humano y le marcaba dónde tenías las quemaduras”.

Entonces, si ya sabías de las noticias de Miroslava, ¿de quién vino la idea de hablar sobre eso?

Pues yo solo tomé la decisión… le hablé a los agentes, y luego luego fueron al otro día… y ya me tomaron una declaración y ya la firmé. Ellos le pusieron lo que quisieron y yo ya firmé. Sí estaba consciente de que estaba relacionando a personas que no tienen nada qué ver, pero…

¿Puedes mencionar los nombres de esas personas?

“En esa entrevista, pues… mencioné al Larry y a mi papá, nomás. En la primera entrevista”.

¿Cuántas entrevistas fueron?

“Me hicieron varias… como cuatro o cinco. Iban por ejemplo cada mes, cada dos meses… es que allí en ese centro nomás fueron una vez, donde iban seguido fue acá en Hermosillo, en el federal. Pues más bien a lo que iban es a que les yo les firmara un comprobante donde ellos me estaban entregando dinero. Y eso sí lo leía, nomás decía que me estaban entregando la cantidad de tanto…”.

¿Qué cantidad era?

“Veinticinco mil pesos”.

¿Veinticinco mil pesos por cada vez que iban?

«Por mes, por mes… Cuando me capturaron a mí…».

Tú tenías varios días…

“Sí… me capturaron a mí y duré un mes, y todavía ya fue cuando empezaron a echarme a mí, ya cuando empecé a salir en las noticias, al mes siguiente fue cuando ellos fueron… que relacionara a mi papá, que relacionara al Larry, que relacionara a Jaciel, que relacionara a la cría, a todos ellos… me preguntaron… o sea que dijera todo lo que ellos querían, ¿si me entiende?, cómo se meneaban, o sea en pocas palabras querían relacionar a mucha gente que ni siquiera tiene nada que ver, como por ejemplo mi tío Alfredo, mi tío Adán, todo lo que ellos hacían, a qué se dedicaban, que si vendían droga… todo eso para, cómo se puede decir, embarrar más al Larry, y pues a las demás personas también”.

¿Y cuándo tú declaraste a la audiencia ya llevabas aleccionado todo lo que querían ellos?

“Sí, como le digo, ellos llegaron unos días antes, y me dieron unas hojas y ya esas hojas las estudié, pero pues era mucho, no tengo cabeza para tanto y pues se me olvidaba la mayoría de las cosas… y aparte los nervios pues se te olvida todo…”.

¿Y el juez te hacía preguntas?

«Sí me hacía preguntas, que si conocía al Larry, que lo señalara, que si era testigo de que sí había sido él, y me pregunto por Alfredo, me preguntó por mi tío Adán, así… que si los conocía, que si sabía a qué se dedicaban, pero eso fue todo, casi… ahí más bien les corté el rollo… todo lo que viene en las hojas de la FEADLE todo me lo preguntó el juez, pero no de todo me acordé, yo le dije de lo que me acordé más o menos, fue por videoconferencia, yo ya estaba en Hermosillo”.

La fabricación del vínculo Schultz – Salazar

Los medios también señalaron a Hugo Amed Schultz, hoy sentenciado a ocho años de cárcel, en juicio abreviado, de tener un vínculo con Crispín Salazar Zamorano. La información fue fabricada por la misma FEADLE. El 25 de marzo de 2019, la agente del Ministerio Público Iris Gabriela Santoyo Cuervo condicionó a Édgar Salazar Gaxiola, quien había sufrido ya las torturas dos meses antes, a firmar la declaración sin que se le permitiera leerla. Ante juez, esa declaración fue desmentida posteriormente por Édgar confirmando su falsedad, y especificando:

  • Qué él jamás había mencionado que Hugo Ahmed Schultz Alcaraz fuera amigo de su padre Crispín Salazar Zamorano.
  • Que tampoco había mencionado que su padre hubiera puesto a Hugo Schultz como presidente municipal, porque incluso su padre estaba enojado cuando Hugo Schultz ganó por el PAN, porque él estaba apoyando al candidato del PRI.
  • Que también era falso que él hubiera visto a Hugo Schultz tomar cerveza y jugar baraja con Juan Carlos Moreno Ochoa.

Incluso, Édgar aclaró que desmentía esa declaración tomada por la agente del Ministerio Público porque estaba detenido cuando lo obligaron a firmar y en ese momento temía por su integridad física, y fue cuando le dijeron que lo iban a llamar “Apolo”.

Para el abogado Jesús Enrique Valencia Díaz, de acuerdo con el portal elpueblo.com, la declaración tomada por la ministerio público Iris Gabriela Santoyo Cuervo a Édgar Salazar Gaxiola, en resumen, no puede ser tomada en consideración como prueba ni otorgarle ningún valor probatorio porque esos hechos narrados no precisaron la acusación. Tampoco la de los testigos protegidos que fueron identificados como «Boby», «Casio», «Cjalego», «1981» y «Javier».

La mayoría de las evidencias –señaló Valencia Díaz– fueron tomadas de forma ilegal, o sin sustento. Y especificó que de la acusación se advertía:

– Que la fiscalía no había precisado cuál era la finalidad del plan premeditado.

– Que la fiscalía no había precisado en su acusación que Juan Carlos Moreno tuviera conocimiento de que se fuera privar de la vida a la víctima.

– Que la fiscalía no había precisado en su acusación que:

  1. José Crispín Salazar Zamorano haya ordenado que matara a la víctima y que se dedicara al narcotráfico.
  2. Que quienes planearon la muerte de la víctima fueron José Crispín S.Z, Juan Carlos M.O., Alfonso S. “La Cría” y El Leonardo.
  3. Que quienes tomaron la decisión de matar a la periodista fueron José Crispín S.Z., El Larry, La Cría, y que el testigo protegido Apolo lo supo porque vivía con su padre.
  4. Que El Larry se ofreció a hacerlo y que se dedica al narcotráfico.
  5. Que quien decidió la muerte de Miroslava fue José Crispín.
  6. Que quien iba a llevar cabo directamente el asesinato era El Larry.
  7. Que José Crispín le ordenó al Larry que la matara y que Larry contestó que estaba bien.

Audiencia judicial del 28 de diciembre de 2017 donde dan a conocer la conversación de Miroslava con los funcionarios panistas que la grabaron sin su consentimiento. Foto: elpueblo.com

Advierten de más aprehensiones

Ricardo Sánchez Pérez del Pozo, fiscal federal especializado para la atención de delitos cometidos contra la libertad de expresión, declaró a los medios en mayo de 2020 que además de la detención de Juan Carlos Moreno, “El Larry”, ya se tenían más órdenes de aprehensión contra otros posibles culpables. La advertencia la reiteró el gobernador Javier Corral.

“…Hay otros responsables, es lo que puedo afirmar, tenemos varias órdenes de aprehensión pendientes de ejecutar”.

“Aún no se dan nombres de las posibles personas acusadas, sin embargo, medios locales aseguran que entre estos hay funcionarios, exfuncionarios, criminales, entre otros. La FGE afirmó que el caso no concluirá hasta que terminen todas las órdenes de captura y sus respectivas declaraciones. Hasta la fecha, no se han dado nuevas detenciones sobre el caso de Miroslava, tampoco los cercanos al gobernador, José Luévano y Alfredo Piñera son investigados. Sin embargo, Édgar Salazar Gaxiola fue nuevamente detenido el 1 de agosto de 2021, por presuntamente portar armas de fuego.

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Fabricación de culpables

Quiénes torturaron a Israel Vallarta Cisneros

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Agentes de la AFI y hasta el reportero Pablo Reinah están entre los torturadores de Israel Vallarta

Los Ángeles Press

El caso de Israel Vallarta volvió a destacar en los medios y redes sociales luego de que el documental de Netflix, ‘El caso Cassez-Vallarta. Una novela criminal’, exhibiera el montaje y la fabricación de delitos que le hicieron a ambos personajes por parte del sistema de procuración de justicia mexicano.

Además de la fabricación de delitos y la exhibición mediática como secuestrador, Israel Vallarta Cisneros, quien se encuentra en prisión preventiva por más de 17 años, fue torturado y violado sexualmente en su detención, de acuerdo con los resultados del protocolo de Estambul publicado en Los Ángeles Press y las entrevistas a los peritos médicos hechas por la periodista Guadalupe Lizárraga.

Sin embargo, el caso se ha empantanado en el debate mediático debido a la perspectiva difundida por el corporativo de entretenimiento, y han quedado en el rezago judicial las denuncias contra los perpetradores de las torturas mencionados en el protocolo de Estambul.

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Aquí la lista de los perpetradores:

Luis Cárdenas Palomino

Ex agente de la desaparecida Agencia Federal de Investigaciones y mano derecha de Genaro García Luna. Fue mencionado en 59 ocasiones por Israel Vallarta en su protocolo de Estambul identificándolo como su principal torturador. Cárdenas Palomino fue titular de Seguridad Regional y coordinador de Inteligencia para la Prevención del Delito en la Secretaría de Seguridad Pública Federal e incluso torturó a Vallarta frente a las cámaras de Televisa cuando se transmitió el montaje de su captura junto con Florence Cassez.

 

Pablo Reinah

El ex reportero de Televisa fue acusado por Israel Vallarta, mediante un testimonio que ventiló la periodista Emmanuelle Steels, de haberlo golpeado. Pablo Reinah también fue mencionado en el protocolo de Estambul como una de las personas que fue incitada por el propio Cárdenas Palomino para golpearlo, y previo al montaje televisivo propinó bofetadas a Vallarta.

Eduardo Cuauhtémoc Margolis Sobol

Empresario de Tecnología de Inteligencia y seguridad privada fue mencionado 22 veces en el protocolo de Estambul de Israel Vallarta, por haber intervenido directamente en las torturas a Israel propinándole patadas «una tras otra» y “con intensidad”. Según este documento oficial ordenado por el Consejo Federal de la Judicatura, «probablemente propinó (estas) patadas (que fueron) muy distintas a las que le realizaron los (integrantes de la) AFI«. Margolis ha sido denunciado también de ordenar las detenciones arbitrarias y tortura a George Khoury Layón por vía del expolicía federal Porfirio Javier Sánchez Mendoza, del mismo grupo de Cárdenas Palomino.

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María Isabel Hernández Arzate, alias «Comandante Libra»

La ex comandante del área de secuestros de la AFI es acusada de violar sexualmente a Israel Vallarta con un tolete, además de darle golpes con un palo de escoba en la planta de los pies, torturarlo por aplastamiento, y de violencia verbal para su humillación. «Le introduce un palo por el ano, mientras le aplican corriente eléctrica en los testículos», se lee en una parte del protocolo de Estambul. Sin embargo, hasta este momento se desconoce alguna acción penal en su contra.

Israel Zaragoza Rico

Maestro de Derecho penal, con cédula Número: 9024565, obtenida en 2015. Intervino en la tortura de Israel Vallarta, bajo órdenes de Francisco Javier Garza Palacios, y presenció con burlas la violación sexual. En 2006, Zaragoza Rico fue nombrado director del área de Secuestros de la Agencia Federal de Investigaciones, bajo la dependencia de la Procuraduría General de la República al mando de Eduardo Medina Mora. En 2011, fue nombrado coordinador regional de la Policía Federal en el estado de México.

Recibió órdenes de uno de los agentes de la AFI de golpear, amenazar e intimidar a Vallarta. Después de intervenir en la golpiza, «(Realizó) burlas al presenciar la violación», se añade en otra parte del informe.

Francisco Javier Garza Palacios

Licenciado en Derecho por la UNAM, con cédula cédula número 4109671, era director de Operaciones Especiales de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) en 2005 cuando intervino en la tortura de Israel Vallarta. Luego ocupó el cargo de coordinador regional de la Policía Federal en Sonora y fue separado del cargo en 2007 tras permitir el paso de un convoy de sicarios del Cártel de Sinaloa con el que se le relacionó. Tras el enfrentamiento, García Luna lo incorporó a la Secretaría de Seguridad Pública en Colombia. En 2008 regresó a México para responder a investigaciones de la SIEDO por presuntos vínculos con el narcotráfico. Fue quien ordenó a Israel Zaragoza Rico intensificar la tortura a Vallarta.

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José Aburto Pazos

Con cargo de suboficial, fue uno de los cuatro agentes de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) que ingresaron al domicilio donde se realizó el montaje televisivo para la captura de Israel Vallarta y Florence Cassez. Ha sido comisario de la Policía Federal en San Luis Potosí, a partir de 2005.

Germán Ovidio Zabaleta Abad

Este hombre identificado como agente de la AFI es mencionado en el protocolo de Estambul de Israel Vallarta de haberlo torturado por «aplastamiento al sentársele encima” y de «burlarse al presenciar (su) violación». Enfrenta demandas por la empresa Transportes Unidos Castañeda en su cargo de subinspector, en 2018.

José Luis Escalona Aldama

Licenciado en Derecho, con Cédula Número: 9219813, por la UAEM, intervino directamente en la tortura de Israel Vallarta. En el protocolo de Estambul se menciona como responsable de haberle propinado una «golpiza con un objeto contundente, (le hizo) aplicación de corriente eléctrica y provocación de asfixia».

Además, dicho informe señala que hay otros siete perpetradores de tortura a Israel Vallarta observados que no han sido identificados con sus nombres.

 

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Con voz propia

El precio de la mentira: el caso Cassez-Vallarta

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¿Cuánto puede dañar una mentira?, se pregunta Xavier Sánchez sobre el caso Cassez-Vallarta

Uno no puede ponerse del lado
de quienes hacen la historia,
sino al servicio de quienes la padecen

Albert Camus

Por Xavier Sánchez

¿Cuánto nos cuesta, como individuos y sociedad, la mentira? ¿Cuánto nos cuesta, como país, un gobierno que miente, un gobierno que viola los derechos humanos de unos, fingiendo proteger los de otros?

¿Beneficia a alguien la farsa, que no sea a sus creadores? ¿Conviene el montaje considerando la inversión de recursos económicos, intelectuales y humanos que requiere sostenerlo? ¿Por qué hemos normalizado la mentira como únicos modus vivendi operandi posibles de nuestra clase política y del Poder Judicial mexicano, como si no hubiera otra opción?

Es inevitable cuestionar y cuestionarse al terminar de leer El teatro del engaño(Grijalbo, 2015), de la periodista belga Emmanuelle Steels, quien decidió descorrer y desgarrar el negro velo frío de una de las «verdades históricas» más infames del docenio panista.

Noveleta negra que inició en el sexenio de Vicente Fox y que enarboló con gran orgullo Felipe Calderón, la administración que vestía azul y terminó empapada de rojo sangre, con más de 120 mil muertos, aunque hay quienes calcularon 150 mil.

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Ese mismo gobierno que convirtió el cuerno de la abundancia en el cuerno del diablo, en la tierra de las narcofosas, las desapariciones forzadas, los desplazados, las narcomantas, las ejecuciones extrajudiciales, y en el que los carteles del narcotráfico arrasaron municipios enteros. Violencia extrema que no ha dejado de aumentar –en números y en saña– desde entonces.

Recuerdo vagamente el inicio del caso Cassez-Vallarta, que este libro desmitifica de cabo a rabo. No recuerdo porque, aquel viernes 9 de diciembre de 2005, estaba viendo la televisión cuando el matutino de Carlos Loret de Mola (Primero noticias, se llamaba entonces) transmitió en vivo la «detención» de la francesa Florence Cassez y su novio Israel Vallarta, de quienes entonces los mexicanos no teníamos idea y que no imaginábamos que se convertirían en los protagonistas de un linchamiento mediático, que duraría más de seis años. Mientras vi esa detención no noté nada extraño. Creía, como la mayoría de los mexicanos, en las historietas que Noticieros Televisa nos presentaba como verdad.

Prácticamente ningún medio de comunicación se quedó fuera de ese gran teatro del engaño. En los periódicos, reportajes, columnas, artículos de opinión, entrevistas, crónicas, primeras planas. En la televisión, notas, reportajes.

Una y otra vez la misma narrativa, la versión oficial que la mayoría creímos. Un guion con el que medios y autoridades se engolosinaron, añadiéndole detalles, adjetivos, escenas, diálogos.

Era como un fresco, un mural al que no se cansaron de agregarle colores, para convertirlo en un thriller dantesco, melodramático, que enturbió las aguas de la verdad y la justicia. Lo suficientemente impactante para indignar, lo suficientemente repetido y publicitado para creerlo al pie de la letra, al mejor estilo goebbeliano: «Una mentira repetida mil veces se convierte en verdad».

Una «malvada» pareja de secuestradores (Florence Cassez e Israel Vallarta), líderes de una nebulosa banda llamada «Los Zodiaco» habían sido detenidos, en un operativo emitido en vivo por el duopolio televisivo.

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Sádicos, codiciosos, torturadores. Villanos dignos de las páginas más negras de la prensa roja. Las presuntas víctimas del supuesto secuestro, principalmente un joven llamado Ezequiel, contando en televisión una y otra vez su secuestro, siempre acompañado por Isabel Miranda de Wallace, ya entonces convertida en la «activista» favorita del calderonismo.

¡Oh, truhanes! ¿Cómo han podido hacer tanto daño? ¡Sí, que paguen sus crímenes! ¡Castigo, castigo, que nunca salgan de la cárcel! ¡Hoguera para estos monstruos! El público gritaba ávido de una justicia que casi nunca llega a los mexicanos, absortos en una especie de catarsis como en las condenas de la Edad Media.

Se señaló a Cassez y Vallarta como torturadores, pero poco o nada dijeron los medios de esa época, de las torturas que sufrieron los supuestos victimarios, incluidos familiares de Israel que fueron igualmente arrestados y violentados para intentar darle verosimilitud a la historia.

Años después, tímidamente, se acepta parte de la mentira. Genaro García Luna, el secretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón, y Televisa se culpan mutuamente de haber sido los autores intelectuales de la detención televisiva de Florence Cassez e Israel Vallarta. Empero, esa escenificación no significaba que no fueran culpables, ni que el delito fuera falso, repitieron hasta el cansancio. Era necesario que todo México los creyera culpables, mientras no se exhibiera mediáticamente lo contrario.

Por eso cuando Florence Cassez fue liberada en 2013 por violaciones al debido proceso, la noticia cayó como bomba y aún en pleno 2019, miles de usuarios de redes sociales muestran enojo por su liberación; reflejo no solo de lo poderosa que es la manipulación mediática, sino de la falta de lectura en nuestro país, pues ya existen dos investigaciones periodísticas, una novela y tesis de Derecho que desmienten el thrillerde Genaro García Luna.

Lastimosamente no han faltado personajes identificados con la Cuarta Transformación que se pronuncian contra los periodistas que desmienten el caso, como hizo el año pasado la directora de Notimex, Sanjuana Martínez, lanzándose contra Jorge Volpi y Emmanuelle Steels en sus redes sociales.

Pero, ¿a quién le importó Israel Vallarta y su familia? Eclipsados por el linchamiento público que vivió Cassez en la lucha por su libertad, permanecieron en la sombra hasta que la corresponsal en México de Radio France, Emmanuelle Steels, empezó a jalar del hilo que dejó flotando Florence. ¿Y si no solo Florence merecía la libertad? ¿Y si eran inocentes? ¿Y si fueron víctimas de una fabricación para ocultar algo aún más oscuro?

El teatro del engaño es el espejo de la decadencia humana de las autoridades, en el sexenio de Felipe Calderón. Una investigación crítica sobre los abusos y simulaciones del Poder Judicial y jurídico.

Una muestra de cómo una venganza se puede salir de control hasta involucrar a las más altas autoridades y poner en riesgo relaciones diplomáticas. Una historia de terror sin ficciones, como las cientos de miles que al periodismo le han faltado manos, voces y plumas para reportar.

Un libro que recuerda a El falso caso Wallace porque se repiten algunos de sus siniestros personajes, aterradoramente reales y aún poderosos. Investigación que sirvió como base e inspiración para Una novela criminal de Jorge Volpi, el cual ganó el premio Alfaguara y ha servido para que se conozca la verdad de este caso a nivel internacional.

¿Cómo es que no percibí nada raro en la «detención», si en el video que aún circula en YouTube es claro que algo no estaba bien?

¿Cuánto le cuesta la mentira a un país en que la impunidad roza el 100 por ciento, de acuerdo a diferentes estudios? ¿Cuál es el precio de que tengamos cárceles con un alto porcentaje de inocentes, y calles donde los delincuentes se pasean y operan con tranquilidad? ¿Cuál es el precio de nuestra ignorancia, inconsciencia e indolencia como sociedad, en un tema tan común en los hechos pero tan poco explorado en los medios de comunicación como lo es la fabricación de culpables?

¿El endurecimiento en las políticas punitivas llevaría a una reducción de la criminalidad, o estaríamos mandando un buen porcentaje de inocentes a la horca? ¿Cómo acabar con esas inercias que alientan la corrupción y la falsedad?

¿Cuál es el precio que pagamos cada vez que damos por hecho la culpabilidad de un presunto responsable, estigmatizado por los medios de comunicación? ¿Cuál es el precio –moral, social, económico, emocional– que pagan las familias de las víctimas de un montaje? ¿Cómo se les puede reparar un daño, que es incalculable? ¿Ha pensado este gobierno en políticas que ayuden a una verdadera e integral reparación del daño para estos casos?

Como escribió el año pasado la estupenda escritora española Almudena Grandes, sobre el libro de Jorge Volpi, en su columna del diario El País, yo tampoco puedo quitarme de la cabeza a Israel Vallarta, quien continúa preso, como los inculpados del caso Wallace.

Lee más: Jueza Hermelinda Silva, de CDMX, en la red de fabricación de culpables Margolis-Wallace

 

Y cada vez que veo una detención en un noticiero y la facilidad con la que se presentan culpables en la televisión, me pregunto cuántas veces nos habrán engañado medios y autoridades.

¿Cuántos de esos periodistas estarán conscientes de lo grave que puede resultar violar la presunción de inocencia? ¿Cuántos estarán conscientes de su papel en los linchamientos mediáticos, y cuántos lo realizarán sin saberlo? ¿Qué debemos hacer los periodistas y que debemos dejar de hacer?

No hay mejor momento que éste para leer El teatro del engaño, en que pequeñas rendijas de libertad de expresión empiezan a abrirse para tocar estos temas en medios de alcance masivo, como el pasado jueves 22 de agosto en que el periodista Julio Hernández López «Astillero» abordó el tema con amplitud, en su programa de Grupo Radio Centro, entrevistando a la familia Vallarta.

¿Cuántos libros como El teatro del engañoUna novela criminal El falso caso Wallace necesitamos para sacudirnos y entender que el precio de la mentira lo pagamos todos, y es demasiado caro –en tiempo, dinero, tranquilidad y vidas humanas– como para seguirlo pagando?

***

Este artículo se publicó originalmente en reversos.mx con la autorización de su autor.

 

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El Caso Wallace

El caso Wallace y el cerco mediático

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La periodista Guadalupe Lizárraga exhibe el cerco mediático que protege el falso caso Wallace

Entrevista a la periodista Guadalupe Lizárraga, autora de ‘El Falso Caso Wallace’

Por Antonio Rosales

María Isabel Miranda de Wallace saltó a la escena pública tras el presunto secuestro y asesinato de su hijo, el 11 de julio de 2005. Este hecho no solo marcó el inicio de su organización Alto al secuestro, sino también de su candidatura al Gobierno de la Ciudad de México, en 2012 y del Premio Nacional de Derechos Humanos, en 2010, que recibió de manos de Felipe Calderón, así como de una cuasi omnipresencia mediática y política en todos los asuntos relacionados con seguridad pública.

Su voz se volvió autoridad incuestionable en medios como Televisa, TV Azteca, Imagen y El Universal. Sin embargo, su imagen comenzó a derrumbarse tras su papel en casos como los de Florence Cassez, Fernando Martí, Nestora Salgado, la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa, y los primeros cuestionamientos de la organización canadiense En Vero sobre el caso de su hijo.

El 7 de febrero de 2019, familiares de los presuntos implicados en el secuestro y asesinato del hijo de la empresaria, Isabel Miranda de Wallace, Hugo Alberto Wallace, se manifestaron en el centro de la Ciudad de México, afuera de Palacio Nacional, para pedir la revisión de la posible falsedad del caso.

Para saber más del tema: Quién es César Freyre Morales en el falso caso Wallace

 

No es la primera vez que se señala la posible fabricación del caso. En 2014, la periodista Anabel Hernández publicó un artículo al respecto en la revista Proceso, tras el cual Miranda amagó con demandarla. Guadalupe Lizárraga, fundadora de Los Ángeles Press, también investigó y publicó sobre el tema, y ha profundizado en ello desde hace cinco años. Como resultado, en diciembre del año pasado, en el Centro Cultural Donceles 66 de la capital del país, presentó su libro, El falso caso Wallace (Casa Fuerte, 2018).

De acuerdo con lo declarado por los familiares y las investigaciones periodísticas de Lizárraga, las irregularidades en el proceso irían desde la fabricación de pruebas, falsedad de declaraciones, violación a la presunción de inocencia, y tráfico de influencias por parte de la PGR (durante el gobierno de Felipe Calderón) y de la presidenta de Alto al secuestro hasta el uso de la tortura (física y psicológica) para lograr confesiones que legitimen la versión de Isabel Miranda.

La única prueba científica que sostiene el caso, apuntan ambas periodistas y rememora el articulista Ricardo Raphael en una columna que mereció una respuesta airada de Wallace, es una gota de sangre que, en un inicio, la perito declaró que pertenecía a una mujer.  El resto del caso estaría construido con declaraciones bajo tortura.

Presentación del libro El falso caso Wallace, de Guadalupe Lizárraga. Foto: Reversos.mx

Wallace contra la libertad de prensa

La periodista Guadalupe Lizárraga, quien acompañó a los manifestantes y ha investigado el caso a fondo desde 2014, denunció que ha sufrido amenazas, dos intentos de secuestro y acoso por parte de la diputada de Morena, María de los Ángeles Huerta, para intentar acallarla.

“¿Por qué Isabel Miranda está en reuniones de Seguridad Pública, mientras sus víctimas son agredidas en cautiverio? Ese es nuestro mensaje a López Obrador, desde Palacio Nacional”, declaró en entrevista para el programa Sin censura.

En entrevista con el autor de esta nota, en diciembre pasado por la presentación de su libro, Lizárraga comentó:

-Todos los detenidos fueron torturados dentro de los penales, con violencia sexual. Es muy grave y en el caso de Jacobo (Tagle Dobin) ya hay consecuencias muy serias por su estado de salud.

“Todos los protocolos (para comprobar tortura) han salido positivos excepto el último, que es el de Juana Hilda González Lomelí y que es donde todavía Isabel Miranda da los últimos coletazos de corrupción para que no se lleven a cabalidad esos protocolos”.

Para saber más: Periodistas que colaboraron con Isabel Miranda en la incriminación de víctimas del falso caso Wallace

 

–De acuerdo con las investigaciones que has podido realizar, ¿por qué Isabel Miranda tiene este poder tan grande, por el cual, por ejemplo, ningún medio corporativo quiso cubrir este evento?… ¿Por qué parece que está prohibido en los grandes medios?

–Isabel Miranda es una creación de Genaro García Luna (titular de la Secretaría de Seguridad Pública, durante el gobierno de Felipe Calderón). ¿Cuál es la diferencia entre Miranda y otros falsos activistas que han participado en la fabricación de culpables? El dinero.

“Isabel Miranda es una empresaria que ha traficado influencias (…) Se ha dedicado a corromper periodistas para legitimar su mentira del falso secuestro Wallace y acallar cualquier indicio de verdad que se ha asomado durante los últimos trece años, de los cuales doce han sido de torturas sistemáticas a las víctimas… Años de mentiras, falsificación de documentos, usurpación de funciones; yo misma he sido agredida por ella”.

Durante la presentación de su libro, Lizárraga señaló que el cerco mediático no sólo ha abarcado a los medios tradicionalmente reconocidos por ser afines a los poderes político y económico, sino también a los medios críticos como el de Carmen Aristegui.

 

Citando un fragmento de su libro, la autora de El falso caso Wallace recordó que Aristegui, en su programa de CNN en 2011, presentó a Wallace como “una mujer muy querida y reconocida, con una historia estrujante pero también muy estimulante por lo que Isabel ha podido hacer en términos de justicia.”

Ello a pesar de que ya existían evidencias de la falsedad del caso, comentó Lizárraga.

wallace en la carcel

Durante aquella emisión de Aristegui, se proyectaron los anuncios espectaculares donde Miranda exhibía a los presuntos culpables, violando el derecho a la presunción de inocencia. Hasta la fecha, según Guadalupe Lizárraga, la titular de Aristegui Noticias no ha respondido una sola llamada para entrevistar a los familiares de los detenidos.

Hasta el momento, ningún funcionario del actual gobierno (local, ni federal) se ha pronunciado al respecto, ni tampoco ningún medio corporativo ha cuestionado al presidente sobre el tema. Esto, a pesar de que la Procuraduría General de la República (hoy Fiscalía) dio instrucciones para que se abriera una investigación penal sobre la presunta falsedad del caso, tras la denuncia en diciembre pasado de Guadalupe Lizárraga ante el hoy fiscal Alejandro Gertz Manero.

–Isabel Miranda no debería estar en libertad– concluyó la periodista en entrevista.

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Esta entrevista se publicó originalmente en Reversos.mx

 

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