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Fabricación de culpables

Tortura, fabricaciones y falsos testigos con paga mensual en el caso de Miroslava Breach

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Por Guadalupe Lizárraga

Uno de los asesinatos de periodistas más mediáticos internacionalmente ha sido el de Miroslava Breach Velducea, perpetrado la mañana del 23 de marzo de 2017. La gran consternación que causó en el gremio periodístico fuera y dentro de México promovió investigaciones independientes a las diferentes versiones oficiales dadas por el gobierno estatal y el federal, que revelaron contradicciones y la disputa por el posicionamiento mediático. Los Ángeles Press, por su parte, revela que desde las fiscalías en ambos niveles de gobierno se han cometido actos de tortura, falsedad de declaraciones y se pagó mensualmente por lo menos a un testigo falso para manipular el caso.

Uno de los hechos al que se le dio gran difusión -promovido por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Chihuahua- fue a la detención de Édgar Salazar Gaxiola, de 23 años, hijo de Crispín Salazar Zamorano. Primero se le detuvo el 22 de enero de 2019, por una denuncia de secuestro contra su expareja sentimental; después se le incriminó en los medios del asesinato de la periodista Miroslava Breach, el 9 de febrero de 2019, a través de un boletín de prensa que puso en circulación la fiscalía. Posteriormente, se le obligó bajo coacción y tortura a incriminar a su padre, Crispín Salazar Zamorano, y a mencionar a otros miembros de su familia que no ve desde que hace más de diez años.

Sin embargo, las fabricaciones no empezaron allí. El mismo gobernador de Chihuahua Javier Corral, aquel 23 de marzo, dos horas después del asesinato de la periodista, salió a los medios y señaló que se trataba de una amenaza del narcotráfico contra él “por su cercanía” con la corresponsal del diario La Jornada. Cuatro horas más tarde, señaló que “sin duda” había sido un “silenciamiento” a la periodista quien “documentó las relaciones del narcotráfico con el PRI de Chihuahua”.

Después de estos señalamientos, periodistas mexicanos e internacionales cuestionaron públicamente al gobernador por las imprecisiones y la premura de la información relacionada con el crimen. Entre los cuestionamientos, se destacaron las tres diferentes versiones sobre la cartulina “plantada” en el auto en que se disponía a viajar Miroslava Breach, y en las que supuestamente se amenazaba al gobernador.

El diario La Jornada fue el primero en difundir la imagen de un hombre que llevaba enrollada la cartulina y que introdujo en el auto de la víctima. Las autoridades señalaron que se trataba de una imagen obtenida de los videos de seguridad, momentos antes del ataque, pero que ellos oficialmente no la habían difundido.

Imagen difundida por La Jornada.

La primera versión del contenido de la cartulina, se dio a conocer el jueves 23 de marzo, a las 12:39 horas y fue reproducida masivamente en redes sociales:

“Por lenguona”.

La segunda versión, jueves 23 de marzo, a las 16:00 horas:

“Por lenguona. Sigue tu gobernador. El 80”.

Y la tercera versión, sábado 25 de marzo, a las 6:43 horas:

“Esto les pasará a toda la gente lengua suelta y llegadas al gobernador y voy por ti gober. Atte: El 80”.

La Asociación de Periodistas y comunicadores del Estado de Chihuahua, en carta pública con fecha del 27 de marzo de 2017 -reproducida en Los Ángeles Press– hizo observaciones puntuales al gobernador Javier Corral:

  1. A las pocas horas de haberse perpetrado el asesinato de nuestra colega Miroslava Breach, usted, sin mayor fundamento, vinculó el hecho al crimen organizado, sugiriendo una represalia al trabajo periodístico de la colega, quien cubría hechos de política, corrupción y nota roja.
    No es la primera vez que un gobernador en nuestro estado y en México hace tan irresponsables declaraciones para desviar la atención de la verdad o para dar una oportunista respuesta por la presión mediática. Sobre todo cuando las autoridades estatales han fomentado, por su indiferencia o incapacidad, la impunidad sistemática del asesinato de 21 periodistas en el estado desde el año 2000.
  2. Usted declaró que sabía desde hace dos años que Miroslava Breach estaba siendo amenazada. ¿Por qué usted, siendo entonces senador, no hizo nada al respecto si tenía el poder y los recursos institucionales para prevenir el hecho? ¿Ni aún la cercanía que asegura usted haber tenido con nuestra colega lo impulsó a actuar? ¿Por qué?
  3. Una de las características de los asesinatos de periodistas y jóvenes mujeres en Chihuahua (desde 1993) ha sido la impunidad por una parte, y la fabricación de culpables para simular justicia, por otra. ¿Ahora sí sería diferente con la investigación del asesinato de nuestra compañera de La Jornada?
  4. ¿Cuál es la diferencia de este crimen con respecto a los 21 anteriores de nuestros colegas para que usted, en su calidad de gobernador, ahora sí ordene investigar a fondo como lo ha anunciado en la prensa nacional e internacional? ¿Se debe a una distinción por el medio en el que trabajaba Miroslava? ¿A la supuesta amistad con Usted? ¿O a la internacionalización mediática de este asesinato?
  5. Si Usted, a las pocas horas ya tenía elementos informativos para hablar a los medios sobre las posibles causas como lo hizo, ¿por qué hay tres diferentes versiones de un elemento con el que usted adjudica el crimen a Carlos Arturo Quintana, El 80, líder del Cártel de Juárez?
  6. Si el Cártel de Juárez es el responsable del crimen de Miroslava, como usted apunta, ¿por qué usted tendría que ser amenazado a través de ella? En todo caso, el mismo cártel tiene los medios directos, las personas más allegadas a usted dentro del mismo gobierno para presionar, negociar o actuar con o contra su administración, como cualquier otro cártel en cualquier otro estado de nuestro país. ¿Por qué impulsó usted esta información sin tener las evidencias suficientes, utilizando el nombre de nuestra colega en su favor, como si usted fuera víctima y no el principal responsable de la falta de seguridad en el estado?

Los periodistas mexicanos e internacionales estamos cansados de que el poder, cualquiera sea éste, nos use, nos calle, nos amenace, nos asesine; y ustedes –los políticos profesionales– sean la única voz dominante del «esclarecimiento de los hechos», lo cual significa en México el sello de la impunidad contra la dignidad de nuestras vidas perdidas.

Estamos cansados de llorar en silencio a nuestros colegas y amigos. Cansados de ser un titular de lamento en nuestros propios medios y en nuestros perfiles en redes sociales. Mientras ustedes, desde el gobierno, desde el poder, siguen ganando –de una u otra forma– con nuestras muertes y nuestro silencio. Firmas.

A la carta se sumaron firmas de periodistas de España, Holanda, Argentina, Venezuela, México y Estados Unidos. Sin embargo, el gobernador fue indiferente a los cuestionamientos, y continuó con la misma manipulación mediática.

Las filtraciones de Peniche

Para finales de diciembre de 2017, en medio de escándalos protagonizados por el mismo gobernador Javier Corral, el fiscal del estado de Chihuahua César Augusto Peniche Espejel sería responsable de la filtración de información al Diario de Juárez sobre la ejecución de una persona en Álamos, Sonora, al que se presentó como el presunto homicida material de Miroslava.

El diario en referencia afirmaba que según “datos confidenciales”, la fiscalía tenía “plenamente reconocido” a la persona victimada el 19 de diciembre en Álamos, Sonora, bajo el nombre de Ramón Andrés Zavala Corral, de 25 años, como el asesino de Miroslava.

Los cuestionamientos públicos al fiscal por parte de Los Ángeles Press fueron muy puntuales. Si esto era cierto:

¿Por qué la fiscalía de Chihuahua tuvo que “filtrar” esta información a un diario de Ciudad Juárez, en vez de dar una conferencia de prensa formal en la capital del estado, donde está su sede, y es el lugar donde asesinaron a Miroslava? ¿Por qué no se organizó esta rueda de prensa después de cumplimentar el proceso de investigación que viene realizando la unidad especial nombrada por el gobernador Javier Corral, y de la que él mismo aseguró ante medios nacionales formar parte y tener reuniones cada tercer día?

La unidad especial de investigación se había integrado precisamente para que no hubiera filtraciones informativas, argumentando la seguridad de los agentes investigadores con el fin de evitar persecuciones, amenazas u otro tipo de acoso por grupos delictivos. La unidad estaba ubicada en el Complejo de Seguridad, conocida como C4, una zona resguardada por y para agentes, y ninguno de los miembros de ese grupo interdisciplinario de investigación debía dar a conocer a sus compañeros de la fiscalía ni de ninguna otra instancia gubernamental el asunto de interés.

La fiscalía del estado guardó silencio respecto a la filtración, y se avizoraba cierto fracaso en el inicio de la investigación porque contradecía el principio de discrecionalidad y ética para el manejo de información sensible que aún no había sido verificada.

La filtración a El Diario de Juárez además apuntó que “el hombre fue identificado extraoficialmente”. ¿Qué significaba esto para la fiscalía de Chihuahua? ¿Que un agente investigador lo identificó sin hacerlo público de manera oficial? ¿Que fue identificado por una persona ajena a la investigación oficial? ¿Que al momento de ser identificado la fiscalía no sabía de quién se trataba?

También la fiscalía y el diario dejaban otras preguntas básicas sin responder: ¿en dónde se identificó “extraoficialmente”? ¿En la morgue de Hermosillo, Sonora? ¿Quién dio notificación del cadáver? ¿Cómo se identificó: visualmente por un testigo, por una fotografía, o por su ADN? ¿Cuándo sucedió esta identificación? ¿El día en que fue victimado, 19 de diciembre? Si el presunto asesino de Miroslava fue asesinado ese día ¿por qué tres días después se daba a conocer el hecho? ¿O hasta el 22 de diciembre de 2017 fue identificado como el asesino material y se dio parte solo al diario juarense?

Más aún, ¿cómo y cuándo obtuvieron el nombre del victimado para hacer el reconocimiento fisonómico del rostro, y saber que se trataba de la misma persona que disparó ocho veces contra el cuerpo de Miroslava frente a su hijo, bajo el nombre que supuestamente guardaban con celo en un expediente de la unidad especial de investigadores? ¿Después de realizarle una autopsia? ¿Se la realizaron?

A las primeras horas de la mañana del 22 de diciembre, cuando se dio a conocer la información filtrada al diario local, esta periodista se comunicó a la Fiscalía General del Estado de Sonora, a diferentes áreas, desde Comunicación hasta la Dirección de Investigaciones, y la de Secuestro y Crimen organizado. Ninguno de los agentes que respondieron amablemente a la llamada reconocía la información. Incluso, dos directores de área se enteraban en ese momento de los hechos publicados por El Diario de Juárez y buscaron la información en internet.

La fiscalía de Chihuahua tenía un elemento que vinculaba su investigación a la fiscalía de Sonora: las placas del auto en el que se trasladaba el victimario de Miroslava. Sin embargo, el día en que ejecutaron al presunto asesino material, no había ninguna coordinación entre ambas instancias, de acuerdo con la respuesta de los agentes sonorenses.

La investigación “ejemplar” de Corral

Durante el año que Peniche tuvo la investigación bajo su cargo, supuestamente se obtuvieron la mayoría de las evidencias y se identificaron a tres presuntos asesinos: Ramón Andrés Zavala Corral, asesinado en diciembre de 2017 en Álamos Sonora, una semana antes de la detención de Juan Carlos Moreno Ochoa, sentenciado a 50 años de prisión como coautor del crimen, y otra persona que está en calidad de prófugo, Wilbert Jaciel Vega Villegas, a quien le atribuyen estar escondido en Chínipas, una población de 8 400 habitantes, ubicado en el suroeste del estado de Chihuahua y de donde era originaria Miroslava.

Sin mayor justificación, la fiscalía del estado pidió a los hermanos de Miroslava que firmaran un amparo para impedir que la fiscalía federal atrajera la investigación, pero durante diez meses no los reconoció como víctimas indirectas, y además les negó el expediente judicial. Pese a ello, la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) atrajo el caso en abril de 2018.

En la trama que presentó el fiscal del estado se demostró que funcionarios del Partido de Acción Nacional habían estado involucrados en el crimen. El expresidente municipal de Chínipas Hugo Amed Schultz Alcaraz, el secretario particular del gobernador, José Alberto Luévano, y el vocero del mismo partido, actual asesor en el congreso local Alfredo Piñera.

La voz de estas tres personas fue grabada en la llamada que hicieron a escondidas de Miroslava. Y de acuerdo con la fiscalía, habrían entregado el audio supuestamente al grupo de Los Salazar, del que es miembro Juan Carlos Moreno Ochoa “El Larry”, y quien presuntamente habría orquestado el asesinato de la periodista, ayudado por Zavala Corral y Vega Villegas, para silenciarla por revelaciones de narcotráfico y políticos del PRI. Ésta es la versión de la fiscalía, bajo la gestión de César Augusto Peniche.

No obstante, en la primera etapa de esta teoría –tanto la fiscalía estatal como la federal– deja a los implicados directos fuera de la trama y los presenta como “testigos con identidad reservada” y no como personas de interés, pese a que el primer día de audiencia en el tribunal federal, a casi tres años del homicidio, dos familiares de Miroslava señalaron que ella los mencionaba como “los enviados del narco”, en referencia a Hugo Amed Schultz Alcaraz, José Alberto Luévano y Alfredo Piñera.

La activista Sara Mendiola, de Justicia Cívica, recuerda a El Diario de Chihuahua que la principal protección de estas tres personas fue por parte del gobernador Javier Corral:

“Aun cuando en diversas ocasiones el propio gobernador Javier Corral negó que Hugo Amed Schultz estuviera involucrado en la participación, en 2017 él fue claro en decir que no había participación de estos personajes, pero cuatro años después tenemos a Hugo Amed Schultz diciendo de viva voz que él participó en el homicidio de la periodista Miroslava Breach”.

Las incriminaciones de Corral

A las dos horas del asesinato de Miroslava Breach, Javier Corral, sin titubear, incriminó públicamente al Cártel de Juárez de los hechos, y específicamente identificó como responsable al supuesto líder del grupo delictivo, Carlos Arturo Quintana, «El 80». Para diciembre de ese mismo año, nueve meses después, daba un giro a sus incriminaciones públicas y ahora señalaba al grupo de Los Salazar, con información filtrada a El Diario de Juárez, sobre el ejecutado en Álamos. Para 2019, ya había una campaña de criminalización sistemática en los medios y redes sociales contra Jesús Alfredo Salazar Ramírez y su padre Adán Salazar Zamorano, en la que circulaban datos imprecisos sobre sus procesos y adjudicándoles crímenes sin ninguna prueba, pese a que se encuentran en prisión preventiva desde 2012 y 2011 respectivamente, acusados de delitos contra la salud.

Otra de estas falsas incriminaciones de Corral fue sobre la masacre Lebaron, perpetrada el 4 de noviembre de 2019, con nueve víctimas mortales, entre éstas seis menores de edad. Al día siguiente se mencionaba a «Los Salazar» en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, en el contexto de la masacre y se les exhibía mediáticamente como los responsables. Jesús Alfredo Salazar Ramírez desmintió públicamente la incriminación y pidió se respetaran sus derechos constitucionales, por tener un proceso aun sin sentencia. Un año más tarde, el 29 de noviembre de 2020, Alfonso Durazo, en su calidad de secretario de Seguridad Pública federal, daba a conocer la vinculación a proceso de los verdaderos responsables de la masacre, miembros del grupo delictivo La Línea.

Después de la detención de Juan Carlos Moreno, el gobernador Javier Corral enfocó su campaña en Crispín Salazar Zamorano, y elaboró nuevas acusaciones contra Jesús Alfredo Salazar Ramírez, basadas sólo en el parentesco con Crispín, señalándolos como aliados del Cártel de Sinaloa que había cobrado la vida de la periodista. Lo mismo hizo con Édgar Salazar Gaxiola, hijo de Crispín Salazar, a quien también se expuso mediáticamente como el asesino intelectual de Miroslava, por su parentesco con los Salazar.

Poco antes de que se cumpliera un año de la agresión fatal a Miroslava, el mismo gobernador la culpaba de lo que le había pasado y así se lo expresaba a los familiares de la víctima. Un video de La Jornada daba cuenta de ello.

«Miroslava tuvo la culpa por pisarle los callos al diablo, y ella misma buscaba que le dieran las notas más escabrosas».

https://videos.jornada.com.mx/video/94105486/miroslava-tuvo-la-culpa-por-pisarle-los-callos-al-/

Algunos medios retiraron las incriminaciones del gobernador, pero en la mayoría siguen activas.

El testigo protegido Apolo

De los funcionarios cercanos al exgobernador de Chihuahua, Hugo Schultz fue el único vinculado a proceso, tras su detención el 17 de diciembre de 2020. Pero casi dos años antes, el 9 de febrero de 2019, circuló en las redacciones de todos los medios un boletín promovido por la fiscalía del estado de Chihuahua con la detención de Édgar Salazar Gaxiola, como uno de los asesinos intelectuales de Miroslava Breach. No obstante, Édgar había sido detenido el 22 de enero de 2019 presuntamente por el delito de secuestro, fue torturado, y finalmente vinculado a proceso por el delito de extorsión, bajo acuerdo de paga mensual de 25 mil pesos (1,265 dólares aprox.) a cargo de la Fiscalía Especializada para la Atención a Delitos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) como testigo protegido para incriminar a su padre del asesinato de Miroslava Breach.

La detención de Édgar se dio por la denuncia de la madre de una mujer con la que tuvo una relación sentimental en el pasado, y con quien simuló el secuestro para pedir 150 mil pesos (7,500 dólares aprox.) por su liberación. La mujer de 25 años, de San Juanito, Chihuahua, no firmó la acusación contra él y declaró no haber estado retenida contra su voluntad. De allí que los cargos solo quedaran por extorsión, sin embargo, la tortura fue el preámbulo para cooptarlo como falso testigo protegido con el seudónimo de Apolo.

La agente del Ministerio Público de la FEADLE, Iris Gabriela Santoyo Cuervo, y otro agente identificado como Jean Paul Rodríguez, “Pol”, fueron quienes se encargaron primero de vincular a Édgar Salazar con Hugo Schultz, aludiendo a un supuesto parentesco. Al no poder sustentarlo, Édgar fue coaccionado a declarar sobre una supuesta amistad entre Schultz y su padre Crispín Salazar Zamorano, lo cual tampoco les resultó viable y, finalmente, lo indujeron a que firmara la incriminación contra su padre.

Los agentes de la FEADLE primero lo visitaron en el penal de Chihuahua para preguntarle sobre el asesinato de Miroslava. Édgar dijo que desconocía la historia, y de la lista de nombres que le presentaron solo confirmó el parentesco con Crispín Salazar Zamorano, al señalar que era su padre biológico pero que no lo frecuentaba, por ser hijo fuera de matrimonio. Sin embargo, los agentes le dijeron que si repetía ante el juez lo que ellos le dijeran lo iban a sacar de la cárcel, y le iban a dar un pago mensual de 25 mil pesos. A lo que él respondió que lo pensaría. La siguiente vez que lo visitaron, Édgar había sido trasladado al penal de Hermosillo, y golpeado nuevamente. Allí aceptó el trato.

La FEADLE no cumplió el trato por completo, le pagó después de las torturas pero no lo sacó de la cárcel.

En entrevista para Los Ángeles Press, Édgar Salazar Gaxiola nos habló de esa detención y de las torturas para vincularlo a él y a familiares con el caso de Miroslava Breach. En la tortura, le cubrieron los ojos con cinta adhesiva industrial y le generaron una degradación visual significativa.

Édgar Salazar Gaxiola, de 23 años, torturado y acusado falsamente en el caso de Miroslava Breach, fue utilizado como testigo protegido para incriminar a su padre. Foto: Los Ángeles Press

“Querían que dijera que vivía con mi apá desde el 2011, y que ese año habían detenido a Alfredo Salazar Ramírez, y que era líder de la Gente Nueva Salazar. Pero yo, la verdad, ni lo conozco ni sabía a qué se dedicaba, porque yo nací en Navojoa y no los frecuentaba, yo estaba bien chiquillo. También me dijeron que tenía que decir que cuando detuvieron a Alfredo, mi apá agarró el mando y que a mi apá le dicen El Tío, y que mi apá se dedica al narcotráfico, que compraba y vendía drogas, armas, carros robados y que traficaba la droga para el otro lado. También me dijeron que a mi apá lo cuidaban como 40 pistoleros que se movían en camionetas robadas y que cuando se las acababan se robaban otras. Pero era mucho, y no me lo aprendí todo y declaré en el juicio que eran El Leonardo y El Cuate, como no me acordaba de lo que tenía que decir pues declaré que el más cercano a mi apá era El Toque.

¿Cómo fue cuando te torturaron?

“Nunca vi cuántos eran porque me encintaron la cara. Me pusieron cinta en los ojos, me amarraron y me empezaron a golpear. Me pusieron la bolsa en la cabeza, me metían en agua, y… pues así, me daban toques, me golpeaban…”

¿Qué querían que dijeras, por qué la tortura?

«Pues querían que dijera más cosas de mi apá, me preguntaban por mi apá, por muchos familiares…»

¿Me puedes especificar más por favor?

“Pues me preguntaban que dónde estaba mi apá. Me preguntaban también por un primo Alonso, me preguntaban dónde estaba uno de los trabajadores, Leonardo, y por muchos trabajadores. Me preguntaban por lo de eso, de una periodista Miroslava, querían saber, y me decía te vamos a dejar libre si los pones… ¿si me entiende?”

¿Cuánto tiempo estuviste con ellos, con los torturadores?

“Sí, estuve como unos dos días. Un día sí lo estuve, dos no lo sé bien, pero un día sí estuve. Algunas veces me desmayé, una de las veces me desperté porque sentía toques, toques de corriente… Como a las dos o tres horas llegaron y me quitaron la cinta, me quitaron la cinta… y duré un rato así, pero esposado, después como a la hora volvieron otra vez, y me volvieron a torturar otro rato, ya sin cinta”.

Entonces, ¿los viste?

“Sí, pero era ya un solo señor, un chaparrito, gordito de lentes…”

Un solo oficial ya…

“No sé si era oficial, porque iba cambiado con ropa así normal, pantalón así, camisa, vestido de civil… pero éste me preguntaba por lo que había pasado con la muchacha…”

¿Qué había pasado?

“Pues desde que me la traje del centro de Chihuahua hasta San Juanito, todo ese trayecto… me hizo que se lo repitiera… pero yo no la subí a fuerzas, ¿si me entiende? Ella se subió también por su propia voluntad, yo no la jalé, ni nada, ella se subió por su propia voluntad”.

¿Había una relación con ella?

“Sí, salí con ella un tiempo. Pero ya cuando pasó eso, ya no salía con ella”.

¿Su familia llegó a pagar el dinero?

“No, nomás dieron como diez mil pesos”.

¿Y sobre el caso de la periodista qué te preguntaban los agentes?

“Qué quién había sido… de hecho, a mí también me involucraron en eso, al principio salió que yo también había sido, después que era hijo del autor intelectual… eso me preguntaban, que quiénes habían participado”.

¿Y tus respuestas?

“Pues, la verdad, yo casi no estaba enterado de eso, hasta después de que empezó a salir en la televisión en febrero (2019) fue cuando empecé a saber más de ella. Yo de la periodista Miroslava, cuando me detuvieron, no sabía ni qué pedo… Sabía que la habían asesinado y todo eso, pero no sabía con certeza quién había sido, ¿si me entiende? Yo nomás había escuchado rumores, yo de hecho ni la conozco, ni la conocí nunca».

¿Y por qué aceptaste relacionar el caso con tu padre?

“Pues, porque yo y mi padre hemos tenido todo el tiempo… desde que me salí de la escuela, hemos tenido pleito, se puede decir, por lo mismo. Yo siempre le pedí ayuda para que me pusiera a trabajar, sí me ayudaba, pero nunca me daba lo que yo necesitaba, y de allí empezó el pleito entre yo y él, y peleábamos… fue rencor más bien. Estábamos muy distanciados. Por eso lo hice por rencor”.

Y del caso de Miroslava, ¿cómo te fueron dando la información?

“Cuando yo caí al CERESO, pues allí estaba una persona que estaba por lo mismo, por eso, y ahí fui sabiendo de todo eso. Cuando yo llegué ahí, él fue a visitarme luego, luego, porque supo que yo estaba allí”.

Y esta persona ¿se identificó contigo?

“Sí, me saludó, y hasta una cobija me dio porque yo no traía nada, pues iba todo golpeado yo. Y así quedó, o sea de la periodista todavía no salía nada, hasta después de los quince días, veinte días o un mes empezó a salir en la televisión de que yo era uno de los autores intelectuales, después que yo era hijo de uno de los autores intelectuales, y ya fue cuando él me habló y me dijo que si qué onda… y yo le dije: no sé qué pedo… yo no sé qué onda con eso, y ya de ahí fue cuando empecé a saber más de ella porque ya fue cuando me empezó a hablar de eso”.

¿Y lo de la periodista cómo decidiste decirlo?

“El problema estuvo en que un día él me dijo que iban a venir a visitarme del gobierno de allá de México. Y le dije pues está bueno. Sí fueron a los días, y la primera vez que fueron pues yo me negué a todo, ¿si me entiende?”.

¿Todavía estabas con la secuela de los golpes?

“Sí, hasta me tomaron medidas de todos estos, y chingaderas de ésas… Y yo me negué y se fueron. Me dejaron un número, me acuerdo que me dejaron un número… y todo bien… pero yo como estaba jodido, no tenía dinero, no tenía nada, nada, nada, y pues mi familia también estaba bien jodida… y pues pasó una semana y no hallaba qué hacer, y pues tomé la decisión de hablarles a los de México, a los de la fiscalía, a esos de la FGR, y ya les dije que sí iba a cooperar, que sí aceptaba que me echaran la mano económicamente”.

Con lo de los golpes, lo de la tortura ¿hubo un médico que te certificara?

“Ellos, los de la fiscalía, mandaron a un médico, me tomaron medidas de las marcas, ya cuando ellos vinieron solo tenían las marcas de las esposas, era una médico mujer, todo me revisó, me hizo firmar un documento, se veía como un cuerpo de un humano y le marcaba dónde tenías las quemaduras”.

Entonces, si ya sabías de las noticias de Miroslava, ¿de quién vino la idea de hablar sobre eso?

Pues yo solo tomé la decisión… le hablé a los agentes, y luego luego fueron al otro día… y ya me tomaron una declaración y ya la firmé. Ellos le pusieron lo que quisieron y yo ya firmé. Sí estaba consciente de que estaba relacionando a personas que no tienen nada qué ver, pero…

¿Puedes mencionar los nombres de esas personas?

“En esa entrevista, pues… mencioné al Larry y a mi papá, nomás. En la primera entrevista”.

¿Cuántas entrevistas fueron?

“Me hicieron varias… como cuatro o cinco. Iban por ejemplo cada mes, cada dos meses… es que allí en ese centro nomás fueron una vez, donde iban seguido fue acá en Hermosillo, en el federal. Pues más bien a lo que iban es a que les yo les firmara un comprobante donde ellos me estaban entregando dinero. Y eso sí lo leía, nomás decía que me estaban entregando la cantidad de tanto…”.

¿Qué cantidad era?

“Veinticinco mil pesos”.

¿Veinticinco mil pesos por cada vez que iban?

«Por mes, por mes… Cuando me capturaron a mí…».

Tú tenías varios días…

“Sí… me capturaron a mí y duré un mes, y todavía ya fue cuando empezaron a echarme a mí, ya cuando empecé a salir en las noticias, al mes siguiente fue cuando ellos fueron… que relacionara a mi papá, que relacionara al Larry, que relacionara a Jaciel, que relacionara a la cría, a todos ellos… me preguntaron… o sea que dijera todo lo que ellos querían, ¿si me entiende?, cómo se meneaban, o sea en pocas palabras querían relacionar a mucha gente que ni siquiera tiene nada que ver, como por ejemplo mi tío Alfredo, mi tío Adán, todo lo que ellos hacían, a qué se dedicaban, que si vendían droga… todo eso para, cómo se puede decir, embarrar más al Larry, y pues a las demás personas también”.

¿Y cuándo tú declaraste a la audiencia ya llevabas aleccionado todo lo que querían ellos?

“Sí, como le digo, ellos llegaron unos días antes, y me dieron unas hojas y ya esas hojas las estudié, pero pues era mucho, no tengo cabeza para tanto y pues se me olvidaba la mayoría de las cosas… y aparte los nervios pues se te olvida todo…”.

¿Y el juez te hacía preguntas?

«Sí me hacía preguntas, que si conocía al Larry, que lo señalara, que si era testigo de que sí había sido él, y me pregunto por Alfredo, me preguntó por mi tío Adán, así… que si los conocía, que si sabía a qué se dedicaban, pero eso fue todo, casi… ahí más bien les corté el rollo… todo lo que viene en las hojas de la FEADLE todo me lo preguntó el juez, pero no de todo me acordé, yo le dije de lo que me acordé más o menos, fue por videoconferencia, yo ya estaba en Hermosillo”.

La fabricación del vínculo Schultz – Salazar

Los medios también señalaron a Hugo Amed Schultz, hoy sentenciado a ocho años de cárcel, en juicio abreviado, de tener un vínculo con Crispín Salazar Zamorano. La información fue fabricada por la misma FEADLE. El 25 de marzo de 2019, la agente del Ministerio Público Iris Gabriela Santoyo Cuervo condicionó a Édgar Salazar Gaxiola, quien había sufrido ya las torturas dos meses antes, a firmar la declaración sin que se le permitiera leerla. Ante juez, esa declaración fue desmentida posteriormente por Édgar confirmando su falsedad, y especificando:

  • Qué él jamás había mencionado que Hugo Ahmed Schultz Alcaraz fuera amigo de su padre Crispín Salazar Zamorano.
  • Que tampoco había mencionado que su padre hubiera puesto a Hugo Schultz como presidente municipal, porque incluso su padre estaba enojado cuando Hugo Schultz ganó por el PAN, porque él estaba apoyando al candidato del PRI.
  • Que también era falso que él hubiera visto a Hugo Schultz tomar cerveza y jugar baraja con Juan Carlos Moreno Ochoa.

Incluso, Édgar aclaró que desmentía esa declaración tomada por la agente del Ministerio Público porque estaba detenido cuando lo obligaron a firmar y en ese momento temía por su integridad física, y fue cuando le dijeron que lo iban a llamar “Apolo”.

Para el abogado Jesús Enrique Valencia Díaz, de acuerdo con el portal elpueblo.com, la declaración tomada por la ministerio público Iris Gabriela Santoyo Cuervo a Édgar Salazar Gaxiola, en resumen, no puede ser tomada en consideración como prueba ni otorgarle ningún valor probatorio porque esos hechos narrados no precisaron la acusación. Tampoco la de los testigos protegidos que fueron identificados como «Boby», «Casio», «Cjalego», «1981» y «Javier».

La mayoría de las evidencias –señaló Valencia Díaz– fueron tomadas de forma ilegal, o sin sustento. Y especificó que de la acusación se advertía:

– Que la fiscalía no había precisado cuál era la finalidad del plan premeditado.

– Que la fiscalía no había precisado en su acusación que Juan Carlos Moreno tuviera conocimiento de que se fuera privar de la vida a la víctima.

– Que la fiscalía no había precisado en su acusación que:

  1. José Crispín Salazar Zamorano haya ordenado que matara a la víctima y que se dedicara al narcotráfico.
  2. Que quienes planearon la muerte de la víctima fueron José Crispín S.Z, Juan Carlos M.O., Alfonso S. “La Cría” y El Leonardo.
  3. Que quienes tomaron la decisión de matar a la periodista fueron José Crispín S.Z., El Larry, La Cría, y que el testigo protegido Apolo lo supo porque vivía con su padre.
  4. Que El Larry se ofreció a hacerlo y que se dedica al narcotráfico.
  5. Que quien decidió la muerte de Miroslava fue José Crispín.
  6. Que quien iba a llevar cabo directamente el asesinato era El Larry.
  7. Que José Crispín le ordenó al Larry que la matara y que Larry contestó que estaba bien.

Audiencia judicial del 28 de diciembre de 2017 donde dan a conocer la conversación de Miroslava con los funcionarios panistas que la grabaron sin su consentimiento. Foto: elpueblo.com

Advierten de más aprehensiones

Ricardo Sánchez Pérez del Pozo, fiscal federal especializado para la atención de delitos cometidos contra la libertad de expresión, declaró a los medios en mayo de 2020 que además de la detención de Juan Carlos Moreno, “El Larry”, ya se tenían más órdenes de aprehensión contra otros posibles culpables. La advertencia la reiteró el gobernador Javier Corral.

“…Hay otros responsables, es lo que puedo afirmar, tenemos varias órdenes de aprehensión pendientes de ejecutar”.

“Aún no se dan nombres de las posibles personas acusadas, sin embargo, medios locales aseguran que entre estos hay funcionarios, exfuncionarios, criminales, entre otros. La FGE afirmó que el caso no concluirá hasta que terminen todas las órdenes de captura y sus respectivas declaraciones. Hasta la fecha, no se han dado nuevas detenciones sobre el caso de Miroslava, tampoco los cercanos al gobernador, José Luévano y Alfredo Piñera son investigados. Sin embargo, Édgar Salazar Gaxiola fue nuevamente detenido el 1 de agosto de 2021, por presuntamente portar armas de fuego.

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El Caso Wallace

Periodista hace precisiones sobre víctimas del caso Wallace a Salvador Leyva, exfuncionario de Defensoría pública

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salvador leyva morelos

 

 

Salvador Leyva Morelos Zaragoza, quien se desempeñó como secretario técnico de Combate a la Tortura Tratos Crueles e Inhumanos del Instituto Federal de Defensoría Pública, hizo pública su renuncia a la nueva titular de ese organismo Taissia Cruz Parcero. Sin embargo, en su referencia a las víctimas del caso Wallace, dice «sentir temor de que la defensa sea vulnerada».

En respuesta, la periodista Guadalupe Lizárraga, autora de El falso caso Wallace, en una carta abierta al exfuncionario público, especifica las situaciones de vulnerabilidad que ya presentaba la defensa de las víctimas durante la gestión de Salvador Leyva como responsable de combatir la tortura desde Defensoría pública.

Aquí la carta abierta

Ciudad de México, a 3 de febrero de 2023

Sr. Salvador Leyva Morelos Zaragoza
Exsecretario Técnico de Combate a la Tortura, Tratos Crueles e Inhumanos del IFDP

En su renuncia al Instituto Federal de Defensoría Pública presentada con fecha del 2 de febrero de 2023, hago las siguientes precisiones con respecto a las víctimas de la fabricación del caso Wallace, por mi compromiso ético con éstas y por el derecho que México tiene a estar informado, sobre todo cuando ha sido objeto de manipulación mediática y corrupción judicial por casi cuatro sexenios promovida por ustedes mismos, los servidores públicos.

Siendo secretario técnico de Combate a la Tortura, Tratos Crueles e Inhumanos, adscrito a la Dirección General del IFDP, usted ignoró a las víctimas de tortura relacionadas con este caso: César Freyre Morales, Jacobo Tagle Dobin, Jael Malagón Uscanga, George Khoury Layón, y al abogado defensor de Jacobo, Alejandro Garduño Real, quien sufrió atentados con armas de fuego, además de la tortura psicológica por las amenazas a su familia.

Bajo su gestión, se le negó a César Freyre Morales practicarle el protocolo de Estambul por parte de la institución con el argumento de que ya estaba sentenciado. Incluso el defensor público que lleva el caso de esta víctima dijo tener miedo a represalias por tomar iniciativas en la defensa. Mi trabajo como periodista de investigación llegó a generar la evidencia documental para gestionar ante el Mecanismo Nacional de Prevención de Tortura, adjunto a la CNDH, la aplicación del protocolo de Estambul a César Freyre, y el 1 de agosto de 2022, bajo la dirección del Dr. Emmanuel Santos Narváez, se le entregó el resultado positivo en tortura, siendo una de las víctimas con más eventos de estas violaciones de derechos humanos en las que participó directamente Isabel Miranda Torres, acompañada en 2015 por Renato Sales Heredia, excomisionado nacional de seguridad púbica, esposo de quien ahora es la titular del IFDP.

Usted, su director general y el defensor público de César Freyre ignoraron los resultados de ese protocolo de Estambul, sin darle el debido seguimiento.

Jael Malagón Uscanga, quien fue torturado dentro de la celda en mayo de 2010 y que el ataque le provocó el desprendimiento de la retina del único ojo que tiene, tampoco fue atendido por el IFDP como víctima de tortura en el tiempo de su gestión como secretario técnico, siendo la acusadora Isabel Miranda Torres la que participó directamente en la detención de Jael, a quien también se le ha negado realizar un protocolo de Estambul y aún se encuentra sin sentencia. La defensora pública que lleva el caso de Jael ha expresado a la familia “el pánico que le tiene a Isabel Miranda”, por lo que tampoco ha hecho una defensa correcta.

Jacobo Tagle, como usted bien sabe, con protocolos de Estambul positivos en tortura y sin sentencia, además de la acusación del falso secuestro de Hugo Alberto Wallace, fue acusado del homicidio de Eduardo Bracamontes Salazar, causa 80/2012, perpetrado en 2004. La confesión de Jacobo bajo tortura fue parte de las fabricaciones del exagente de la SIEDO Braulio Robles Zúñiga, con la complicidad de la jueza de la CDMX Hermelinda Silva Meléndez, para sentenciar culpables a George Khoury Layón y a César Freyre Morales.

George Khoury ha sido víctima de cuatro detenciones arbitrarias y tortura ordenadas por Eduardo Cuauhtémoc Margolis Sobol, y ha sido acusado reiteradamente en los medios por Isabel Miranda de ser el autor intelectual del supuesto secuestro de su hijo y de otros crímenes.

Sin embargo, George ha sido absuelto de cinco procesos, y solo tiene la causa mencionada por la corrupción del Juzgado Vigésimo Quinto Penal de la Ciudad de México. La tortura más reciente a George Khoury fue el 12 de junio de 2022, en el Cefereso #17 de Michoacán, y en su traslado arbitrario al Cefereso #12 de Guanajuato, cuatro días antes de su audiencia de preliberación por haber compurgado el 50 por ciento de la condena por el delito que no cometió. La misma acusadora, los mismos torturadores y la misma indiferencia de usted en estos casos en su responsabilidad de combatir la tortura, los tratos crueles e inhumanos en el sistema penitenciario.

Por último, el exdefensor público Alejandro Garduño Real fue despedido injustificadamente del IFDP, después de 20 años de trabajar en el Poder Judicial y de tomar la defensa de Jacobo Tagle en 2019, cuando presenté ante la FGR y al Senado de la República al padre biológico de Hugo Alberto Wallace, quien daba la prueba superveniente con la muestra de ADN, el acta de matrimonio con su prima Isabel Miranda y el de nacimiento de su hijo con sus apellidos. Tras una serie de amenazas y atentados, el abogado Alejandro Garduño fue obligado a pedir refugio político a Estados Unidos, debido a la falta de protección institucional y a las torturas psicológicas por las amenazas a su familia ignoradas bajo su gestión en la secretaría para combatir la tortura.

Por lo anterior, la realidad de las víctimas contradice sus palabras sobre el temor que dice sentir a que la defensa de éstas sea vulnerada, puesto que en su propia gestión -bajo la dirección de Netzaí Sandoval Ballesteros– ya lo era.

Usted mismo fue parte del tráfico de influencias promovido por Ricardo Raphael con Alejandro Gertz Manero, en la FGR, y con el expresidente de la SCJN Arturo Zaldívar. Usted mismo promovió la entrada ilegal de Ricardo Raphael al Cefereso #16, de Morelos, para entrevistar a una de las víctimas, usurpando la función de un servidor púbico y dando armas judiciales y mediáticas a Isabel Miranda Torres para sus ataques.

Desde el IFDP se manipuló la defensa de las víctimas, y se ignoraron mis denuncias por tortura y secuestro en grado tentativo contra Isabel Miranda Torres interpuestas en 2018 y ratificadas en 2019.

No señor Leyva, usted no dice la verdad a México, y es responsable de la defensa vulnerada de miles de víctimas de tortura que fueron ignoradas por su gestión, no solamente el de las ocho víctimas de Isabel Miranda Torres, no seis, por cierto, como usted dice, una imprecisión que demuestra su ignorancia o su manipulación.

Las víctimas y nuestro país merecen la verdad. No los subestime.

Atentamente

Guadalupe Lizárraga
Periodista independiente
Los Ángeles Press

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El Caso Wallace

‘La vida impune. Biografía criminal de Isabel Miranda de Wallace’, el nuevo libro de la periodista Guadalupe Lizárraga

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La vida impune. Biografía criminal de Isabel Miranda de Wallace1, es el nuevo libro de la periodista Guadalupe Lizárraga

Cómo surge el poder de impunidad de quien fabricó culpables y los torturó en prisión reiteradas veces, con sentencias de hasta de 131 años de cárcel

Los Ángeles Press

La vida impune: Biografía criminal de Isabel Miranda de Wallace es el nuevo libro de no ficción de la periodista Guadalupe Lizárraga, con el que cierra la Trilogía Wallace, sobre el falso secuestro y homicidio de Hugo Alberto Wallace Miranda, que ha mantenido por más de quince años en prisión a ocho personas inocentes, víctimas de torturas.

La biografía de Isabel Miranda aborda desde las condiciones de pobreza en las que nació y cómo fue escalando con estudios en una academia comercial para ayudar a su familia hasta llegar al poder político y económico para influir en las políticas de Seguridad pública del país. Este camino fue labrado con el apoyo del Estado, escribe Guadalupe Lizárraga, desde 1994.

Con el apoyo de seis presidentes, “a lo largo de más de dos décadas, Isabel Miranda no sólo mantuvo la atención mediática en torno a su persona, sino que adoptó otros papeles de la vida pública: a veces como acusadora, otras como jueza, ministerio público, policía, custodia, en ningún caso con facultad jurídica”, dice la periodista en el prólogo del libro.

Para saber más del tema: Isabel Miranda de Wallace admite responsabilidad en las torturas de sus inculpados

 

La periodista hace énfasis en dos personajes púbicos que han sido clave para la red Wallace, Eduardo Cuauhtémoc Margolis Sobol, empresario de Tecnología en Inteligencia, y Genaro García Luna, que materializaron el poder de Isabel para aterrorizar a las familias de sus inculpados.

Un prólogo, 39 capítulos, un epílogo, las referencias bibliográficas y documentos oficiales es el cuerpo que da a La vida impune. Biografía criminal de Isabel Miranda de Wallace, libro con el que cierra la trilogía: El falso caso Wallace y La lucha por la verdad.

Prólogo:

Escribir sobre los 70 años de la vida de una persona supone un amplio grado de conocimiento de ella o de sus acciones. Podría pensarse una tarea complicada cuando se está a la distancia, especialmente si ha sido flanqueada por el poder en las dos terceras partes de esos años. Este libro, sin embargo, pretende ser evidencia de que esta tarea no es imposible, porque desde el Estado no hay crímenes privados. El impacto público de éstos es inocultable. Sólo los calla, quien quiere callarlos.

Lee también: PGR ayudó a fabricar pruebas a Isabel Miranda de Wallace

 

La vida de María Isabel Miranda Torres, a quien por su propia insistencia le decían ‘La señora Wallace’, nos da la oportunidad de conocer cómo un Estado con vocación criminal es capaz de construir el mal a nivel de lesa humanidad a través de la simbólica sencillez de una madre ordinaria, convertida en icono de justicia con el supuesto secuestro y homicidio de su hijo, para el consumo mediático de las masas. El caso Wallace, desde el periodismo independiente, lo reportamos como emblema de la corrupción judicial en México, y la observación prolongada y minuciosa nos llevó a revelar el patrón de hostilidad diseñado como política de gobierno durante los mandatos de Vicente Fox, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador. Así, la oscura entelequia del Estado –con su doble cara de Jano– distorsionaba macabramente los hechos con los que se incriminaba de manera sistemática a personas inocentes para simular eficiencia policial y justificar estratosféricos presupuestos para una seguridad pública a modo con la que verdaderos responsables de los crímenes eran protegidos. Mientras, miles de personas sufrían torturas y agresiones sexuales dentro de las cárceles obligándolos a aceptar crímenes que no habían cometido. A lo largo de más de dos décadas, Isabel Miranda no sólo mantuvo la atención mediática en torno a su persona, sino que adoptó otros papeles de la vida pública: a veces como acusadora, otras como jueza, ministerio público, policía o custodia, en ningún caso con facultad jurídica.

Sin escrúpulos y ambiciosa, Isabel Miranda era incapaz de sentir compasión por el dolor ajeno. Ante el poder de los demás se mostraba arrogante, y con su propio poder se volvía impulsiva; una fiel representante de la ignominia política, se empeñó en construir el espejismo de amor maternal, la mentira jaspeada de madre dolida. De la apariencia de sufrimiento insoportable por la supuesta tragedia del hijo brincó rápidamente a la imagen de empresaria y política exitosa, fuerte y extravagante. La escala de su popularidad fue inflada por la voracidad de los medios, y de la crueldad de las torturas a sus víctimas nadie daba cobertura.

Intencionalmente se mostraba “perseguida” por supuestos delincuentes y armaba montajes de atentados que seguían los medios amansados desde el erario. Exhortaba a las autoridades judiciales a responder con violencia contra la amenaza magnificada del crimen organizado, y compensaba jueces por dar condenas a perpetuidad con delitos fabricados de secuestro, tema en el que la vistieron de experta, desde los servicios de Inteligencia del Estado para el desvío de recursos públicos bajo el membrete de su asociación Alto al secuestro.

De la niñez de Isabel Miranda, poco se sabe, excepto las historias que ella misma contaba con gran imaginación a los medios y los datos personales que quedaron registrados en documentos oficiales y que también llegó a alterar. La realidad se ha ido develando poco a poco. Se supo que sus padres eran Elfega Mónica Torres y Fausto Miranda Romero, y su fecha de nacimiento, el 27 de mayo de 1951. Pero cuando los medios se mostraron interesados en su historia, dijo a TV Azteca y a la Revista Quién que su padre se llamaba Heriberto Miranda Romero, y que ella había nacido en 1955. En su libro El caso Wallace (Aguilar, 2010), afirmó que el año de su nacimiento había sido 1949 y que se había casado siendo todavía adolescente con José Enrique del Socorro Wallace Díaz. Para el diario El Universal manejó como fecha de nacimiento el 17 de enero de 1951. Un día dijo que tenía cinco hermanos; otro, nueve. Así iba dejando falsas pistas tras de sí, a través de los años, tratando de difuminar el pasado y de soltarse de la cadena familiar imposible de desatar.

También manejaba diferentes domicilios, incluso en un mismo documento. En 1969, dejaba en los registros oficiales que sus padres vivían en la avenida Jalisco 66, sin especificar la colonia, en la Ciudad de México. Para 1975, indicaba que vivían en Villa Coapa, en el Andador 67, de la avenida El riego. Y para 1978, cuando registraba su segunda acta de matrimonio, declaraba vivir en la Avenida Miguel Ángel de Quevedo, en Coyoacán; ella, junto con sus padres, en el número 1042; y dos de sus hermanos, que fueron testigos de la boda, en el número 1083. Nada de esto sería relevante, sino fuera por las múltiples identidades con las que jugaba, las de su hijo, las de sus esposos y la de sus padres, con las que pudo fabricar las pruebas que aún, al momento de escribir estas líneas, mantienen en prisión a ocho personas inocentes que sufren enfermedades y estrés postraumático por las torturas ordenadas por ella.

Isabel Miranda se inventaba vidas como familiares, se aumentaba o disminuía la edad en documentos oficiales, cambiaba los nombres de sus padres, y a sus hermanos los desaparecía o los crecía según la necesidad literaria del momento. Brincaba de una clase social a otra, obsesionada por la exageración, mientras cubría los delitos de su hijo, quien, a los 25 años, en 1994, según sus propias palabras, ganaba 200 mil pesos mensuales en su empresa recién creada. Pero quienes crecieron cerca de ella, recuerdan a una familia integrada por sus padres, varios hermanos bravucones, y mujeres sometidas por la violencia doméstica. Una familia ordinaria de Texcoco, decían, que quería sobrevivir a la pobreza, como todas.

La editora recomienda: Caso Wallace: Isabel Miranda participó en la tortura de Jacobo Tagle, según protocolo de Estambul

Podemos volver la vista atrás y –con la reconstrucción de los eventos más significativos políticamente en esos años– entender, sin que se justifique, la crueldad de un Estado autoritario y corrupto con el irisado anuncio de “democracia emergente” como terreno fértil para conseguir el dominio sobre las masas y reducirlas a su condición manipulable. Pero lo que nunca entenderemos, es el enigma de una madre que decidió desaparecer a su hijo por el macabro gozo del poder.

 

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Fabricación de culpables

Traslados de presos adultos mayores vulneran derechos humanos y ponen en riesgo su vida en Puebla

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Tirso Zúñiga y Jens Herrera, adultos de la tercera edad, llevan presos sin sentencia más de 26 años

Tirso Zúñiga y Jens Herrera llevan 26 años de prisión sin sentencia acusados por sus coprocesados bajo tortura

Por Guadalupe Lizárraga

Familiares de Tirso Zúñiga Vargas, de 74 años, quien lleva 26 años preso sin sentencia, externaron su preocupación a este medio por el traslado arbitrario del penal del Cereso de Puebla al de Tecali de Herrera, en condiciones más vulnerables de movilidad y con reducción de alimentos. Antes, Jens Herrera Guzmán fue trasladado al penal de Tepexi de Rodríguez, incomunicado de su familia.

Tirso Zúñiga es uno de los dos presos con mayor número de años sin sentencia en México. Él y su coprocesado Jens Herrera Guzmán, cumplieron 26 años en prisión preventiva, bajo la causa penal 240/1996, acusados de secuestro en contra de una persona de nombre María Salazar Apango, la cual en ninguna de sus declaraciones ministeriales los señala ni los reconoce.

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De acuerdo con la defensa, el único señalamiento fue de dos coprocesados que rindieron su declaración bajo tortura, sin embargo, pese a las evidencias presentadas en más de veinte años, siguen sin sentencia.

Tirso Zúñiga Vargas padece las enfermedades de hipertensión, reumatismo y artritis en las extremidades que le impiden valerse por sí mismo, por lo que usa silla de ruedas y andadera. Fue contagiado de Covid19, y requiere de medicamento que es proveído por la familia.

Traslados arbitrarios

El 16 de diciembre Tirso Zúñiga fue trasladado al penal de Tecali de Herrera, como una de las supuestas medidas de apoyo para personas de la tercera edad privadas de su libertad. No obstante, el testimonio de los internos adultos mayores en Puebla es que los traslados han sido arbitrarios, ya que no se les notifica a la familia ni a sus abogados. Adicionalmente, la movilidad es complicada para los internos más vulnerables por la avanzada edad y las enfermedades que sufren y se les redujo a dos porciones de alimentos por día, sin atención médica.

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Jens Herrera Guzmán, procesado bajo la misma causa y en las mismas condiciones, fue trasladado el 25 de octubre al penal de Tepexi de Rodríguez, más de 80 kilómetros de distancia del Cereso de Puebla, por lo que a su familia también se le dificulta ir a verlos.

Al hacer el traslado de Herrera Guzmán, le quitaron sus pertenencias sin ninguna justificación, entre éstas, una lista de los internos adultos mayores en condiciones vulnerables, algunos en abandono jurídico, y muchos con más de dos años de prisión preventiva, una violación a la Constitución mexicana, según lo estipulado en el artículo 20, apartado B, fracción IX, donde se especifica que la prisión preventiva no podrá exceder del tiempo que como máximo de pena fije la ley al delito que motivare el proceso y en ningún caso será superior a dos años.

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