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Fabricación de culpables

Tortura, fabricaciones y falsos testigos con paga mensual en el caso de Miroslava Breach

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Por Guadalupe Lizárraga

Uno de los asesinatos de periodistas más mediáticos internacionalmente ha sido el de Miroslava Breach Velducea, perpetrado la mañana del 23 de marzo de 2017. La gran consternación que causó en el gremio periodístico fuera y dentro de México promovió investigaciones independientes a las diferentes versiones oficiales dadas por el gobierno estatal y el federal, que revelaron contradicciones y la disputa por el posicionamiento mediático. Los Ángeles Press, por su parte, revela que desde las fiscalías en ambos niveles de gobierno se han cometido actos de tortura, falsedad de declaraciones y se pagó mensualmente por lo menos a un testigo falso para manipular el caso.

Uno de los hechos al que se le dio gran difusión -promovido por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Chihuahua- fue a la detención de Édgar Salazar Gaxiola, de 23 años, hijo de Crispín Salazar Zamorano. Primero se le detuvo el 22 de enero de 2019, por una denuncia de secuestro contra su expareja sentimental; después se le incriminó en los medios del asesinato de la periodista Miroslava Breach, el 9 de febrero de 2019, a través de un boletín de prensa que puso en circulación la fiscalía. Posteriormente, se le obligó bajo coacción y tortura a incriminar a su padre, Crispín Salazar Zamorano, y a mencionar a otros miembros de su familia que no ve desde que hace más de diez años.

Sin embargo, las fabricaciones no empezaron allí. El mismo gobernador de Chihuahua Javier Corral, aquel 23 de marzo, dos horas después del asesinato de la periodista, salió a los medios y señaló que se trataba de una amenaza del narcotráfico contra él “por su cercanía” con la corresponsal del diario La Jornada. Cuatro horas más tarde, señaló que “sin duda” había sido un “silenciamiento” a la periodista quien “documentó las relaciones del narcotráfico con el PRI de Chihuahua”.

Después de estos señalamientos, periodistas mexicanos e internacionales cuestionaron públicamente al gobernador por las imprecisiones y la premura de la información relacionada con el crimen. Entre los cuestionamientos, se destacaron las tres diferentes versiones sobre la cartulina “plantada” en el auto en que se disponía a viajar Miroslava Breach, y en las que supuestamente se amenazaba al gobernador.

El diario La Jornada fue el primero en difundir la imagen de un hombre que llevaba enrollada la cartulina y que introdujo en el auto de la víctima. Las autoridades señalaron que se trataba de una imagen obtenida de los videos de seguridad, momentos antes del ataque, pero que ellos oficialmente no la habían difundido.

Imagen difundida por La Jornada.

La primera versión del contenido de la cartulina, se dio a conocer el jueves 23 de marzo, a las 12:39 horas y fue reproducida masivamente en redes sociales:

“Por lenguona”.

La segunda versión, jueves 23 de marzo, a las 16:00 horas:

“Por lenguona. Sigue tu gobernador. El 80”.

Y la tercera versión, sábado 25 de marzo, a las 6:43 horas:

“Esto les pasará a toda la gente lengua suelta y llegadas al gobernador y voy por ti gober. Atte: El 80”.

La Asociación de Periodistas y comunicadores del Estado de Chihuahua, en carta pública con fecha del 27 de marzo de 2017 -reproducida en Los Ángeles Press– hizo observaciones puntuales al gobernador Javier Corral:

  1. A las pocas horas de haberse perpetrado el asesinato de nuestra colega Miroslava Breach, usted, sin mayor fundamento, vinculó el hecho al crimen organizado, sugiriendo una represalia al trabajo periodístico de la colega, quien cubría hechos de política, corrupción y nota roja.
    No es la primera vez que un gobernador en nuestro estado y en México hace tan irresponsables declaraciones para desviar la atención de la verdad o para dar una oportunista respuesta por la presión mediática. Sobre todo cuando las autoridades estatales han fomentado, por su indiferencia o incapacidad, la impunidad sistemática del asesinato de 21 periodistas en el estado desde el año 2000.
  2. Usted declaró que sabía desde hace dos años que Miroslava Breach estaba siendo amenazada. ¿Por qué usted, siendo entonces senador, no hizo nada al respecto si tenía el poder y los recursos institucionales para prevenir el hecho? ¿Ni aún la cercanía que asegura usted haber tenido con nuestra colega lo impulsó a actuar? ¿Por qué?
  3. Una de las características de los asesinatos de periodistas y jóvenes mujeres en Chihuahua (desde 1993) ha sido la impunidad por una parte, y la fabricación de culpables para simular justicia, por otra. ¿Ahora sí sería diferente con la investigación del asesinato de nuestra compañera de La Jornada?
  4. ¿Cuál es la diferencia de este crimen con respecto a los 21 anteriores de nuestros colegas para que usted, en su calidad de gobernador, ahora sí ordene investigar a fondo como lo ha anunciado en la prensa nacional e internacional? ¿Se debe a una distinción por el medio en el que trabajaba Miroslava? ¿A la supuesta amistad con Usted? ¿O a la internacionalización mediática de este asesinato?
  5. Si Usted, a las pocas horas ya tenía elementos informativos para hablar a los medios sobre las posibles causas como lo hizo, ¿por qué hay tres diferentes versiones de un elemento con el que usted adjudica el crimen a Carlos Arturo Quintana, El 80, líder del Cártel de Juárez?
  6. Si el Cártel de Juárez es el responsable del crimen de Miroslava, como usted apunta, ¿por qué usted tendría que ser amenazado a través de ella? En todo caso, el mismo cártel tiene los medios directos, las personas más allegadas a usted dentro del mismo gobierno para presionar, negociar o actuar con o contra su administración, como cualquier otro cártel en cualquier otro estado de nuestro país. ¿Por qué impulsó usted esta información sin tener las evidencias suficientes, utilizando el nombre de nuestra colega en su favor, como si usted fuera víctima y no el principal responsable de la falta de seguridad en el estado?

Los periodistas mexicanos e internacionales estamos cansados de que el poder, cualquiera sea éste, nos use, nos calle, nos amenace, nos asesine; y ustedes –los políticos profesionales– sean la única voz dominante del «esclarecimiento de los hechos», lo cual significa en México el sello de la impunidad contra la dignidad de nuestras vidas perdidas.

Estamos cansados de llorar en silencio a nuestros colegas y amigos. Cansados de ser un titular de lamento en nuestros propios medios y en nuestros perfiles en redes sociales. Mientras ustedes, desde el gobierno, desde el poder, siguen ganando –de una u otra forma– con nuestras muertes y nuestro silencio. Firmas.

A la carta se sumaron firmas de periodistas de España, Holanda, Argentina, Venezuela, México y Estados Unidos. Sin embargo, el gobernador fue indiferente a los cuestionamientos, y continuó con la misma manipulación mediática.

Las filtraciones de Peniche

Para finales de diciembre de 2017, en medio de escándalos protagonizados por el mismo gobernador Javier Corral, el fiscal del estado de Chihuahua César Augusto Peniche Espejel sería responsable de la filtración de información al Diario de Juárez sobre la ejecución de una persona en Álamos, Sonora, al que se presentó como el presunto homicida material de Miroslava.

El diario en referencia afirmaba que según “datos confidenciales”, la fiscalía tenía “plenamente reconocido” a la persona victimada el 19 de diciembre en Álamos, Sonora, bajo el nombre de Ramón Andrés Zavala Corral, de 25 años, como el asesino de Miroslava.

Los cuestionamientos públicos al fiscal por parte de Los Ángeles Press fueron muy puntuales. Si esto era cierto:

¿Por qué la fiscalía de Chihuahua tuvo que “filtrar” esta información a un diario de Ciudad Juárez, en vez de dar una conferencia de prensa formal en la capital del estado, donde está su sede, y es el lugar donde asesinaron a Miroslava? ¿Por qué no se organizó esta rueda de prensa después de cumplimentar el proceso de investigación que viene realizando la unidad especial nombrada por el gobernador Javier Corral, y de la que él mismo aseguró ante medios nacionales formar parte y tener reuniones cada tercer día?

La unidad especial de investigación se había integrado precisamente para que no hubiera filtraciones informativas, argumentando la seguridad de los agentes investigadores con el fin de evitar persecuciones, amenazas u otro tipo de acoso por grupos delictivos. La unidad estaba ubicada en el Complejo de Seguridad, conocida como C4, una zona resguardada por y para agentes, y ninguno de los miembros de ese grupo interdisciplinario de investigación debía dar a conocer a sus compañeros de la fiscalía ni de ninguna otra instancia gubernamental el asunto de interés.

La fiscalía del estado guardó silencio respecto a la filtración, y se avizoraba cierto fracaso en el inicio de la investigación porque contradecía el principio de discrecionalidad y ética para el manejo de información sensible que aún no había sido verificada.

La filtración a El Diario de Juárez además apuntó que “el hombre fue identificado extraoficialmente”. ¿Qué significaba esto para la fiscalía de Chihuahua? ¿Que un agente investigador lo identificó sin hacerlo público de manera oficial? ¿Que fue identificado por una persona ajena a la investigación oficial? ¿Que al momento de ser identificado la fiscalía no sabía de quién se trataba?

También la fiscalía y el diario dejaban otras preguntas básicas sin responder: ¿en dónde se identificó “extraoficialmente”? ¿En la morgue de Hermosillo, Sonora? ¿Quién dio notificación del cadáver? ¿Cómo se identificó: visualmente por un testigo, por una fotografía, o por su ADN? ¿Cuándo sucedió esta identificación? ¿El día en que fue victimado, 19 de diciembre? Si el presunto asesino de Miroslava fue asesinado ese día ¿por qué tres días después se daba a conocer el hecho? ¿O hasta el 22 de diciembre de 2017 fue identificado como el asesino material y se dio parte solo al diario juarense?

Más aún, ¿cómo y cuándo obtuvieron el nombre del victimado para hacer el reconocimiento fisonómico del rostro, y saber que se trataba de la misma persona que disparó ocho veces contra el cuerpo de Miroslava frente a su hijo, bajo el nombre que supuestamente guardaban con celo en un expediente de la unidad especial de investigadores? ¿Después de realizarle una autopsia? ¿Se la realizaron?

A las primeras horas de la mañana del 22 de diciembre, cuando se dio a conocer la información filtrada al diario local, esta periodista se comunicó a la Fiscalía General del Estado de Sonora, a diferentes áreas, desde Comunicación hasta la Dirección de Investigaciones, y la de Secuestro y Crimen organizado. Ninguno de los agentes que respondieron amablemente a la llamada reconocía la información. Incluso, dos directores de área se enteraban en ese momento de los hechos publicados por El Diario de Juárez y buscaron la información en internet.

La fiscalía de Chihuahua tenía un elemento que vinculaba su investigación a la fiscalía de Sonora: las placas del auto en el que se trasladaba el victimario de Miroslava. Sin embargo, el día en que ejecutaron al presunto asesino material, no había ninguna coordinación entre ambas instancias, de acuerdo con la respuesta de los agentes sonorenses.

La investigación “ejemplar” de Corral

Durante el año que Peniche tuvo la investigación bajo su cargo, supuestamente se obtuvieron la mayoría de las evidencias y se identificaron a tres presuntos asesinos: Ramón Andrés Zavala Corral, asesinado en diciembre de 2017 en Álamos Sonora, una semana antes de la detención de Juan Carlos Moreno Ochoa, sentenciado a 50 años de prisión como coautor del crimen, y otra persona que está en calidad de prófugo, Wilbert Jaciel Vega Villegas, a quien le atribuyen estar escondido en Chínipas, una población de 8 400 habitantes, ubicado en el suroeste del estado de Chihuahua y de donde era originaria Miroslava.

Sin mayor justificación, la fiscalía del estado pidió a los hermanos de Miroslava que firmaran un amparo para impedir que la fiscalía federal atrajera la investigación, pero durante diez meses no los reconoció como víctimas indirectas, y además les negó el expediente judicial. Pese a ello, la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) atrajo el caso en abril de 2018.

En la trama que presentó el fiscal del estado se demostró que funcionarios del Partido de Acción Nacional habían estado involucrados en el crimen. El expresidente municipal de Chínipas Hugo Amed Schultz Alcaraz, el secretario particular del gobernador, José Alberto Luévano, y el vocero del mismo partido, actual asesor en el congreso local Alfredo Piñera.

La voz de estas tres personas fue grabada en la llamada que hicieron a escondidas de Miroslava. Y de acuerdo con la fiscalía, habrían entregado el audio supuestamente al grupo de Los Salazar, del que es miembro Juan Carlos Moreno Ochoa “El Larry”, y quien presuntamente habría orquestado el asesinato de la periodista, ayudado por Zavala Corral y Vega Villegas, para silenciarla por revelaciones de narcotráfico y políticos del PRI. Ésta es la versión de la fiscalía, bajo la gestión de César Augusto Peniche.

No obstante, en la primera etapa de esta teoría –tanto la fiscalía estatal como la federal– deja a los implicados directos fuera de la trama y los presenta como “testigos con identidad reservada” y no como personas de interés, pese a que el primer día de audiencia en el tribunal federal, a casi tres años del homicidio, dos familiares de Miroslava señalaron que ella los mencionaba como “los enviados del narco”, en referencia a Hugo Amed Schultz Alcaraz, José Alberto Luévano y Alfredo Piñera.

La activista Sara Mendiola, de Justicia Cívica, recuerda a El Diario de Chihuahua que la principal protección de estas tres personas fue por parte del gobernador Javier Corral:

“Aun cuando en diversas ocasiones el propio gobernador Javier Corral negó que Hugo Amed Schultz estuviera involucrado en la participación, en 2017 él fue claro en decir que no había participación de estos personajes, pero cuatro años después tenemos a Hugo Amed Schultz diciendo de viva voz que él participó en el homicidio de la periodista Miroslava Breach”.

Las incriminaciones de Corral

A las dos horas del asesinato de Miroslava Breach, Javier Corral, sin titubear, incriminó públicamente al Cártel de Juárez de los hechos, y específicamente identificó como responsable al supuesto líder del grupo delictivo, Carlos Arturo Quintana, «El 80». Para diciembre de ese mismo año, nueve meses después, daba un giro a sus incriminaciones públicas y ahora señalaba al grupo de Los Salazar, con información filtrada a El Diario de Juárez, sobre el ejecutado en Álamos. Para 2019, ya había una campaña de criminalización sistemática en los medios y redes sociales contra Jesús Alfredo Salazar Ramírez y su padre Adán Salazar Zamorano, en la que circulaban datos imprecisos sobre sus procesos y adjudicándoles crímenes sin ninguna prueba, pese a que se encuentran en prisión preventiva desde 2012 y 2011 respectivamente, acusados de delitos contra la salud.

Otra de estas falsas incriminaciones de Corral fue sobre la masacre Lebaron, perpetrada el 4 de noviembre de 2019, con nueve víctimas mortales, entre éstas seis menores de edad. Al día siguiente se mencionaba a «Los Salazar» en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, en el contexto de la masacre y se les exhibía mediáticamente como los responsables. Jesús Alfredo Salazar Ramírez desmintió públicamente la incriminación y pidió se respetaran sus derechos constitucionales, por tener un proceso aun sin sentencia. Un año más tarde, el 29 de noviembre de 2020, Alfonso Durazo, en su calidad de secretario de Seguridad Pública federal, daba a conocer la vinculación a proceso de los verdaderos responsables de la masacre, miembros del grupo delictivo La Línea.

Después de la detención de Juan Carlos Moreno, el gobernador Javier Corral enfocó su campaña en Crispín Salazar Zamorano, y elaboró nuevas acusaciones contra Jesús Alfredo Salazar Ramírez, basadas sólo en el parentesco con Crispín, señalándolos como aliados del Cártel de Sinaloa que había cobrado la vida de la periodista. Lo mismo hizo con Édgar Salazar Gaxiola, hijo de Crispín Salazar, a quien también se expuso mediáticamente como el asesino intelectual de Miroslava, por su parentesco con los Salazar.

Poco antes de que se cumpliera un año de la agresión fatal a Miroslava, el mismo gobernador la culpaba de lo que le había pasado y así se lo expresaba a los familiares de la víctima. Un video de La Jornada daba cuenta de ello.

«Miroslava tuvo la culpa por pisarle los callos al diablo, y ella misma buscaba que le dieran las notas más escabrosas».

https://videos.jornada.com.mx/video/94105486/miroslava-tuvo-la-culpa-por-pisarle-los-callos-al-/

Algunos medios retiraron las incriminaciones del gobernador, pero en la mayoría siguen activas.

El testigo protegido Apolo

De los funcionarios cercanos al exgobernador de Chihuahua, Hugo Schultz fue el único vinculado a proceso, tras su detención el 17 de diciembre de 2020. Pero casi dos años antes, el 9 de febrero de 2019, circuló en las redacciones de todos los medios un boletín promovido por la fiscalía del estado de Chihuahua con la detención de Édgar Salazar Gaxiola, como uno de los asesinos intelectuales de Miroslava Breach. No obstante, Édgar había sido detenido el 22 de enero de 2019 presuntamente por el delito de secuestro, fue torturado, y finalmente vinculado a proceso por el delito de extorsión, bajo acuerdo de paga mensual de 25 mil pesos (1,265 dólares aprox.) a cargo de la Fiscalía Especializada para la Atención a Delitos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) como testigo protegido para incriminar a su padre del asesinato de Miroslava Breach.

La detención de Édgar se dio por la denuncia de la madre de una mujer con la que tuvo una relación sentimental en el pasado, y con quien simuló el secuestro para pedir 150 mil pesos (7,500 dólares aprox.) por su liberación. La mujer de 25 años, de San Juanito, Chihuahua, no firmó la acusación contra él y declaró no haber estado retenida contra su voluntad. De allí que los cargos solo quedaran por extorsión, sin embargo, la tortura fue el preámbulo para cooptarlo como falso testigo protegido con el seudónimo de Apolo.

La agente del Ministerio Público de la FEADLE, Iris Gabriela Santoyo Cuervo, y otro agente identificado como Jean Paul Rodríguez, “Pol”, fueron quienes se encargaron primero de vincular a Édgar Salazar con Hugo Schultz, aludiendo a un supuesto parentesco. Al no poder sustentarlo, Édgar fue coaccionado a declarar sobre una supuesta amistad entre Schultz y su padre Crispín Salazar Zamorano, lo cual tampoco les resultó viable y, finalmente, lo indujeron a que firmara la incriminación contra su padre.

Los agentes de la FEADLE primero lo visitaron en el penal de Chihuahua para preguntarle sobre el asesinato de Miroslava. Édgar dijo que desconocía la historia, y de la lista de nombres que le presentaron solo confirmó el parentesco con Crispín Salazar Zamorano, al señalar que era su padre biológico pero que no lo frecuentaba, por ser hijo fuera de matrimonio. Sin embargo, los agentes le dijeron que si repetía ante el juez lo que ellos le dijeran lo iban a sacar de la cárcel, y le iban a dar un pago mensual de 25 mil pesos. A lo que él respondió que lo pensaría. La siguiente vez que lo visitaron, Édgar había sido trasladado al penal de Hermosillo, y golpeado nuevamente. Allí aceptó el trato.

La FEADLE no cumplió el trato por completo, le pagó después de las torturas pero no lo sacó de la cárcel.

En entrevista para Los Ángeles Press, Édgar Salazar Gaxiola nos habló de esa detención y de las torturas para vincularlo a él y a familiares con el caso de Miroslava Breach. En la tortura, le cubrieron los ojos con cinta adhesiva industrial y le generaron una degradación visual significativa.

Édgar Salazar Gaxiola, de 23 años, torturado y acusado falsamente en el caso de Miroslava Breach, fue utilizado como testigo protegido para incriminar a su padre. Foto: Los Ángeles Press

“Querían que dijera que vivía con mi apá desde el 2011, y que ese año habían detenido a Alfredo Salazar Ramírez, y que era líder de la Gente Nueva Salazar. Pero yo, la verdad, ni lo conozco ni sabía a qué se dedicaba, porque yo nací en Navojoa y no los frecuentaba, yo estaba bien chiquillo. También me dijeron que tenía que decir que cuando detuvieron a Alfredo, mi apá agarró el mando y que a mi apá le dicen El Tío, y que mi apá se dedica al narcotráfico, que compraba y vendía drogas, armas, carros robados y que traficaba la droga para el otro lado. También me dijeron que a mi apá lo cuidaban como 40 pistoleros que se movían en camionetas robadas y que cuando se las acababan se robaban otras. Pero era mucho, y no me lo aprendí todo y declaré en el juicio que eran El Leonardo y El Cuate, como no me acordaba de lo que tenía que decir pues declaré que el más cercano a mi apá era El Toque.

¿Cómo fue cuando te torturaron?

“Nunca vi cuántos eran porque me encintaron la cara. Me pusieron cinta en los ojos, me amarraron y me empezaron a golpear. Me pusieron la bolsa en la cabeza, me metían en agua, y… pues así, me daban toques, me golpeaban…”

¿Qué querían que dijeras, por qué la tortura?

«Pues querían que dijera más cosas de mi apá, me preguntaban por mi apá, por muchos familiares…»

¿Me puedes especificar más por favor?

“Pues me preguntaban que dónde estaba mi apá. Me preguntaban también por un primo Alonso, me preguntaban dónde estaba uno de los trabajadores, Leonardo, y por muchos trabajadores. Me preguntaban por lo de eso, de una periodista Miroslava, querían saber, y me decía te vamos a dejar libre si los pones… ¿si me entiende?”

¿Cuánto tiempo estuviste con ellos, con los torturadores?

“Sí, estuve como unos dos días. Un día sí lo estuve, dos no lo sé bien, pero un día sí estuve. Algunas veces me desmayé, una de las veces me desperté porque sentía toques, toques de corriente… Como a las dos o tres horas llegaron y me quitaron la cinta, me quitaron la cinta… y duré un rato así, pero esposado, después como a la hora volvieron otra vez, y me volvieron a torturar otro rato, ya sin cinta”.

Entonces, ¿los viste?

“Sí, pero era ya un solo señor, un chaparrito, gordito de lentes…”

Un solo oficial ya…

“No sé si era oficial, porque iba cambiado con ropa así normal, pantalón así, camisa, vestido de civil… pero éste me preguntaba por lo que había pasado con la muchacha…”

¿Qué había pasado?

“Pues desde que me la traje del centro de Chihuahua hasta San Juanito, todo ese trayecto… me hizo que se lo repitiera… pero yo no la subí a fuerzas, ¿si me entiende? Ella se subió también por su propia voluntad, yo no la jalé, ni nada, ella se subió por su propia voluntad”.

¿Había una relación con ella?

“Sí, salí con ella un tiempo. Pero ya cuando pasó eso, ya no salía con ella”.

¿Su familia llegó a pagar el dinero?

“No, nomás dieron como diez mil pesos”.

¿Y sobre el caso de la periodista qué te preguntaban los agentes?

“Qué quién había sido… de hecho, a mí también me involucraron en eso, al principio salió que yo también había sido, después que era hijo del autor intelectual… eso me preguntaban, que quiénes habían participado”.

¿Y tus respuestas?

“Pues, la verdad, yo casi no estaba enterado de eso, hasta después de que empezó a salir en la televisión en febrero (2019) fue cuando empecé a saber más de ella. Yo de la periodista Miroslava, cuando me detuvieron, no sabía ni qué pedo… Sabía que la habían asesinado y todo eso, pero no sabía con certeza quién había sido, ¿si me entiende? Yo nomás había escuchado rumores, yo de hecho ni la conozco, ni la conocí nunca».

¿Y por qué aceptaste relacionar el caso con tu padre?

“Pues, porque yo y mi padre hemos tenido todo el tiempo… desde que me salí de la escuela, hemos tenido pleito, se puede decir, por lo mismo. Yo siempre le pedí ayuda para que me pusiera a trabajar, sí me ayudaba, pero nunca me daba lo que yo necesitaba, y de allí empezó el pleito entre yo y él, y peleábamos… fue rencor más bien. Estábamos muy distanciados. Por eso lo hice por rencor”.

Y del caso de Miroslava, ¿cómo te fueron dando la información?

“Cuando yo caí al CERESO, pues allí estaba una persona que estaba por lo mismo, por eso, y ahí fui sabiendo de todo eso. Cuando yo llegué ahí, él fue a visitarme luego, luego, porque supo que yo estaba allí”.

Y esta persona ¿se identificó contigo?

“Sí, me saludó, y hasta una cobija me dio porque yo no traía nada, pues iba todo golpeado yo. Y así quedó, o sea de la periodista todavía no salía nada, hasta después de los quince días, veinte días o un mes empezó a salir en la televisión de que yo era uno de los autores intelectuales, después que yo era hijo de uno de los autores intelectuales, y ya fue cuando él me habló y me dijo que si qué onda… y yo le dije: no sé qué pedo… yo no sé qué onda con eso, y ya de ahí fue cuando empecé a saber más de ella porque ya fue cuando me empezó a hablar de eso”.

¿Y lo de la periodista cómo decidiste decirlo?

“El problema estuvo en que un día él me dijo que iban a venir a visitarme del gobierno de allá de México. Y le dije pues está bueno. Sí fueron a los días, y la primera vez que fueron pues yo me negué a todo, ¿si me entiende?”.

¿Todavía estabas con la secuela de los golpes?

“Sí, hasta me tomaron medidas de todos estos, y chingaderas de ésas… Y yo me negué y se fueron. Me dejaron un número, me acuerdo que me dejaron un número… y todo bien… pero yo como estaba jodido, no tenía dinero, no tenía nada, nada, nada, y pues mi familia también estaba bien jodida… y pues pasó una semana y no hallaba qué hacer, y pues tomé la decisión de hablarles a los de México, a los de la fiscalía, a esos de la FGR, y ya les dije que sí iba a cooperar, que sí aceptaba que me echaran la mano económicamente”.

Con lo de los golpes, lo de la tortura ¿hubo un médico que te certificara?

“Ellos, los de la fiscalía, mandaron a un médico, me tomaron medidas de las marcas, ya cuando ellos vinieron solo tenían las marcas de las esposas, era una médico mujer, todo me revisó, me hizo firmar un documento, se veía como un cuerpo de un humano y le marcaba dónde tenías las quemaduras”.

Entonces, si ya sabías de las noticias de Miroslava, ¿de quién vino la idea de hablar sobre eso?

Pues yo solo tomé la decisión… le hablé a los agentes, y luego luego fueron al otro día… y ya me tomaron una declaración y ya la firmé. Ellos le pusieron lo que quisieron y yo ya firmé. Sí estaba consciente de que estaba relacionando a personas que no tienen nada qué ver, pero…

¿Puedes mencionar los nombres de esas personas?

“En esa entrevista, pues… mencioné al Larry y a mi papá, nomás. En la primera entrevista”.

¿Cuántas entrevistas fueron?

“Me hicieron varias… como cuatro o cinco. Iban por ejemplo cada mes, cada dos meses… es que allí en ese centro nomás fueron una vez, donde iban seguido fue acá en Hermosillo, en el federal. Pues más bien a lo que iban es a que les yo les firmara un comprobante donde ellos me estaban entregando dinero. Y eso sí lo leía, nomás decía que me estaban entregando la cantidad de tanto…”.

¿Qué cantidad era?

“Veinticinco mil pesos”.

¿Veinticinco mil pesos por cada vez que iban?

«Por mes, por mes… Cuando me capturaron a mí…».

Tú tenías varios días…

“Sí… me capturaron a mí y duré un mes, y todavía ya fue cuando empezaron a echarme a mí, ya cuando empecé a salir en las noticias, al mes siguiente fue cuando ellos fueron… que relacionara a mi papá, que relacionara al Larry, que relacionara a Jaciel, que relacionara a la cría, a todos ellos… me preguntaron… o sea que dijera todo lo que ellos querían, ¿si me entiende?, cómo se meneaban, o sea en pocas palabras querían relacionar a mucha gente que ni siquiera tiene nada que ver, como por ejemplo mi tío Alfredo, mi tío Adán, todo lo que ellos hacían, a qué se dedicaban, que si vendían droga… todo eso para, cómo se puede decir, embarrar más al Larry, y pues a las demás personas también”.

¿Y cuándo tú declaraste a la audiencia ya llevabas aleccionado todo lo que querían ellos?

“Sí, como le digo, ellos llegaron unos días antes, y me dieron unas hojas y ya esas hojas las estudié, pero pues era mucho, no tengo cabeza para tanto y pues se me olvidaba la mayoría de las cosas… y aparte los nervios pues se te olvida todo…”.

¿Y el juez te hacía preguntas?

«Sí me hacía preguntas, que si conocía al Larry, que lo señalara, que si era testigo de que sí había sido él, y me pregunto por Alfredo, me preguntó por mi tío Adán, así… que si los conocía, que si sabía a qué se dedicaban, pero eso fue todo, casi… ahí más bien les corté el rollo… todo lo que viene en las hojas de la FEADLE todo me lo preguntó el juez, pero no de todo me acordé, yo le dije de lo que me acordé más o menos, fue por videoconferencia, yo ya estaba en Hermosillo”.

La fabricación del vínculo Schultz – Salazar

Los medios también señalaron a Hugo Amed Schultz, hoy sentenciado a ocho años de cárcel, en juicio abreviado, de tener un vínculo con Crispín Salazar Zamorano. La información fue fabricada por la misma FEADLE. El 25 de marzo de 2019, la agente del Ministerio Público Iris Gabriela Santoyo Cuervo condicionó a Édgar Salazar Gaxiola, quien había sufrido ya las torturas dos meses antes, a firmar la declaración sin que se le permitiera leerla. Ante juez, esa declaración fue desmentida posteriormente por Édgar confirmando su falsedad, y especificando:

  • Qué él jamás había mencionado que Hugo Ahmed Schultz Alcaraz fuera amigo de su padre Crispín Salazar Zamorano.
  • Que tampoco había mencionado que su padre hubiera puesto a Hugo Schultz como presidente municipal, porque incluso su padre estaba enojado cuando Hugo Schultz ganó por el PAN, porque él estaba apoyando al candidato del PRI.
  • Que también era falso que él hubiera visto a Hugo Schultz tomar cerveza y jugar baraja con Juan Carlos Moreno Ochoa.

Incluso, Édgar aclaró que desmentía esa declaración tomada por la agente del Ministerio Público porque estaba detenido cuando lo obligaron a firmar y en ese momento temía por su integridad física, y fue cuando le dijeron que lo iban a llamar “Apolo”.

Para el abogado Jesús Enrique Valencia Díaz, de acuerdo con el portal elpueblo.com, la declaración tomada por la ministerio público Iris Gabriela Santoyo Cuervo a Édgar Salazar Gaxiola, en resumen, no puede ser tomada en consideración como prueba ni otorgarle ningún valor probatorio porque esos hechos narrados no precisaron la acusación. Tampoco la de los testigos protegidos que fueron identificados como «Boby», «Casio», «Cjalego», «1981» y «Javier».

La mayoría de las evidencias –señaló Valencia Díaz– fueron tomadas de forma ilegal, o sin sustento. Y especificó que de la acusación se advertía:

– Que la fiscalía no había precisado cuál era la finalidad del plan premeditado.

– Que la fiscalía no había precisado en su acusación que Juan Carlos Moreno tuviera conocimiento de que se fuera privar de la vida a la víctima.

– Que la fiscalía no había precisado en su acusación que:

  1. José Crispín Salazar Zamorano haya ordenado que matara a la víctima y que se dedicara al narcotráfico.
  2. Que quienes planearon la muerte de la víctima fueron José Crispín S.Z, Juan Carlos M.O., Alfonso S. “La Cría” y El Leonardo.
  3. Que quienes tomaron la decisión de matar a la periodista fueron José Crispín S.Z., El Larry, La Cría, y que el testigo protegido Apolo lo supo porque vivía con su padre.
  4. Que El Larry se ofreció a hacerlo y que se dedica al narcotráfico.
  5. Que quien decidió la muerte de Miroslava fue José Crispín.
  6. Que quien iba a llevar cabo directamente el asesinato era El Larry.
  7. Que José Crispín le ordenó al Larry que la matara y que Larry contestó que estaba bien.

Audiencia judicial del 28 de diciembre de 2017 donde dan a conocer la conversación de Miroslava con los funcionarios panistas que la grabaron sin su consentimiento. Foto: elpueblo.com

Advierten de más aprehensiones

Ricardo Sánchez Pérez del Pozo, fiscal federal especializado para la atención de delitos cometidos contra la libertad de expresión, declaró a los medios en mayo de 2020 que además de la detención de Juan Carlos Moreno, “El Larry”, ya se tenían más órdenes de aprehensión contra otros posibles culpables. La advertencia la reiteró el gobernador Javier Corral.

“…Hay otros responsables, es lo que puedo afirmar, tenemos varias órdenes de aprehensión pendientes de ejecutar”.

“Aún no se dan nombres de las posibles personas acusadas, sin embargo, medios locales aseguran que entre estos hay funcionarios, exfuncionarios, criminales, entre otros. La FGE afirmó que el caso no concluirá hasta que terminen todas las órdenes de captura y sus respectivas declaraciones. Hasta la fecha, no se han dado nuevas detenciones sobre el caso de Miroslava, tampoco los cercanos al gobernador, José Luévano y Alfredo Piñera son investigados. Sin embargo, Édgar Salazar Gaxiola fue nuevamente detenido el 1 de agosto de 2021, por presuntamente portar armas de fuego.

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Fabricación de culpables

Juez federal niega cambio de medida cautelar a expolicía Porfirio Sánchez Mendoza acusado de tortura

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Por Guadalupe Lizárraga

Con una audiencia judicial de más de seis horas, un juez federal negó el cambio de medida cautelar solicitado por la defensa de Porfirio Javier Sánchez Mendoza, exsecretario de Seguridad Pública en Aguascalientes y policía federal de Genaro García Luna, acusado de tortura y detención ilegal contra George Khoury Layón, en prisión desde 2009, con reconocimiento de inocencia.

La víctima señaló ante el juez que temía por su vida y la de su familia si su victimario seguía el proceso en libertad condicional, además temía por la vida de quienes atestiguaron su detención arbitraria e ilegal el 2 de septiembre de 2009, tal como quedó asentado en video de las cámaras de seguridad del centro comercial donde se encontraba dentro de un gimnasio en la Ciudad de México.

La audiencia se prolongó por la defensa de Sánchez Mendoza, que presentó a un grupo de familiares, servidores públicos e incluso de agentes de la Guardia Nacional que declararon en favor de la “honorabilidad” del policía en juicio.

Por su parte, George Khoury Layón señaló que el agente del Ministerio Público no intervino prácticamente en el juicio, y al cuestionarlo, el agente argumentó que “lo habían cambiado hacía un mes, y no conocía el caso”. Por lo que Khoury apreció la asesoría jurídica de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV).

Khoury Layón, con opinión de libertad del Grupo de Trabajo de Detención Arbitraria de Naciones Unidas desde 2017 y reconocimiento de inocencia de la Secretaría de Gobernación de 2019, señaló que Porfirio Javier Sánchez Mendoza intervino en las tres últimas detenciones, de cuatro de las que fue víctima, ordenadas por el empresario Eduardo Cuauhtémoc Margolis Sobol.

La primera detención fue el 16 de julio de 2005, y desde entonces se le quiso relacionar con el falso secuestro de Hugo Alberto Wallace Miranda. La siguiente detención arbitraria fue el 30 de enero de 2006, perpetrada por el policía federale Porfirio Sánchez Mendoza y su suboficial Rolando Mayorga Cordero, éste último actualmente prófugo. Posteriormente, tras obtener una sentencia absolutoria el 14 de febrero de 2012, al momento de su salida de prisión, Porfirio Sánchez Mendoza volvió a detenerlo el 26 de febrero de ese año.

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El Caso Wallace

Jueza Hermelinda Silva, de CDMX, en la red de fabricación de culpables Margolis-Wallace

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Por Guadalupe Lizárraga

La jueza Hermelinda Silva Meléndez, quien fue reconocida por el magistrado Rafael Guerra Álvarez en marzo de 2020 con la medalla al mérito judicial en la Ciudad de México, arrastra en su trayectoria un acto de ilegalidad que lo mantiene firme hasta la fecha: la causa 80/2012 con la cual vinculó de manera corrupta a tres víctimas de tortura relacionadas con el falso caso Wallace.

El 30 de marzo de 2012, la jueza Silva Meléndez, del fuero común, libró una orden de aprehensión en contra de Jacobo Tagle Dobin, César Freyre Morales y George Khoury Layón, tras otorgarle valor a la declaración del testigo Jaime Rivera Ocaña sobre el asesinato de Eduardo Salazar Bracamontes perpetrado en 2004.

En ese año ninguno de los tres inculpados había sido relacionado con el homicidio. La primera declaración de Jaime Rivera Ocaña, vendedor ambulante que presenció los hechos, dejó asentado que no le era posible elaborar un retrato hablado de quiénes habían privado de la vida a Salazar Bracamontes: “ya que no me percaté de su media filiación”, especificó.

Rivera Ocaña desconocía la edad y características que identificaran al perpetrador de los hechos, según consta en el expediente. Así lo reiteró el 21 de abril de 2005, al ser requerido nuevamente a declarar: “yo solo vi que los sujetos que privaron de la vida al conductor del vehículo Porsche… uno de los sujetos era de estatura baja y el otro alto y delgado de quienes no puedo aportar mayores características fisonómicas”.

No obstante, la primera detención arbitraria se dio en contra de George Khoury Layón, ordenada por Eduardo Cuauhtémoc Margolis Sobol, vinculándolo con esta causa sin tener facultad para ello, el 16 de julio de 2005, cuatro días después de que Isabel Miranda reportara a su hijo Hugo Alberto Wallace como secuestrado y asesinado. Para entonces ya había registro de la relación entre Margolis y Miranda, y su injerencia en la PGR en los casos de secuestros.

El 14 de septiembre de 2005, por tercera vez se requirió al testigo Rivera Ocaña a que declarara sobre los mismos hechos, y él ratificó lo anteriormente dicho: “que no podía aportar mayores características físicas del sujeto que llegó en motocicleta, ya que no le vio la cara, lo vio de espaldas, y los mismos recuerdos guarda hasta ese entonces”.

Incluso le presentaron fotografías de varias personas y enfatizó que no podía aportar mayores datos sobre las personas que perpetraron el homicidio de Salazar Bracamontes.

Sin embargo, ocho años después de su primera declaración, el 7 de marzo de 2012, Jaime Rivera Ocaña fue reclamado con la averiguación previa SIEDO/UEIS/575/2010 de orden federal para que hiciera una nueva declaración, ahora frente a la jueza Hermelinda Silva Meléndez, del fuero común. El testigo inducido por el agente de la SIEDO Braulio Robles Zúñiga, sostuvo que ahora sí “recuerda que la persona que viajaba en la motocicleta tenía el pelo largo y lacio y que le había visto por un momento el rostro”. Incluso dijo que podría reconocer a los autores materiales del homicidio; por lo que le pusieron a la vista tres fotografías, dos de ellas de Jacobo Tagle Dobín. Entonces lo señaló de “haber participado para distraer a la víctima mientras un tercer sujeto privaba de la vida a Salazar Bracamontes”. Veintitrés días después, la jueza Silva Meléndez giró orden de aprehensión en contra de Jacobo Tagle, César Freyre y George Khoury.

La persecución de Margolis, con agentes de la Policía Federal

El 2 de septiembre de 2009, al salir de un gimnasio alrededor de las 2 de la tarde, George Khoury Layón fue detenido de manera arbitraria e ilegal por el inspector de la Policía Federal, Porfirio Javier Sánchez Mendoza, y su suboficial Rolando Mayorga Cordero. El registro videográfico de las cámaras de seguridad especifica la hora exacta en que se lo llevaron y cómo fue obligado a abordar su propia camioneta, trasladándolo a un lugar que no pudo identificar donde fue torturado. Los policías federales le exigieron, incluso, un millón de pesos para liberarlo de la consigna que llevaban. Al no acceder, fue puesto a disposición del Ministerio Público 36 horas después, acusado de tráfico de estupefacientes, armas de fuego y delincuencia organizada.

El 2 de septiembre de 2009, el policía federal Porfirio Sánchez Mendoza regresó al centro comercial donde estaba el gimnasio donde aprehendió a George Khoury Layón para ser visto en las cámaras a las 19:40, cinco horas después.

La agente del Ministerio Público federal María de Jesús Castillo Maldonado fue quien lo acusó de narcotráfico y fabricó como testigo protegido a Bryan Cabrera Castillo, bajo el alias “Zajed”, al que también utilizó para otros casos. En su declaración como “Zajed”, Cabrera señaló a George Khoury de ser “jefe de la plaza tanto en la Ciudad de México como en el Estado de Morelos” y que pertenecía al cártel de los hermanos Beltrán Leyva, relacionándolo con diferentes nombres y casos. Tras 80 días de arraigo, George Khoury fue consignado y puesto a disposición del Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en Matamoros, Tamaulipas. Por la intervención la agente del Ministerio Público también se libró una orden de aprehensión en el mismo juzgado en contra de un familiar directo, dentro de la causa penal número 05/2009, que hasta la fecha está vigente.

 

 

Icela Lagunas y Anabel Hernández, en la fabricación

La información fabricada por la agente Castillo Maldonado y el falso testigo Zajed fue promovida en el diario El Universal por la periodista Icela Lagunas, quien colaboraba con Isabel Miranda Torres, y replicada textualmente por Anabel Hernández en su libro Los señores del narco publicado en noviembre de 2010, un mes después de las torturas del 2 y 22 de octubre a César Freyre Morales.

Anabel Hernández incluso incorporó en su libro que Khoury Layón se relacionaba –además de con los hermanos Beltrán Leyva– con Édgar Valdez Villareal, Julio César Hernández Díaz, Pedro Salas Guzmán y Miguel Rodilla, y agregó el nombre de César Freyre Morales y el de Juana Hilda González Lomelí, entre éstos. Khoury ya había desmentido estas relaciones ante el mismo Juzgado de Matamoros, Tamaulipas, en su ampliación de declaración del 25 de noviembre de 2009, desahogada mediante el exhorto 499/2009- I, derivado de la causa penal 5/2009. No obstante, la periodista Anabel Hernández deliberadamente eludió esta información, puesto que era parte del expediente que había generado la agente federal Castillo Maldonado veinte días antes.

Después de esas pifias, en párrafos siguientes, Anabel Hernández, sin tener ningún indicio de nada, escribió que George Khoury también había intervenido en el atentado del futbolista Salvador Cabañas, en enero de 2010. Sin embargo, Khoury seguía en prisión defendiéndose, pero el hecho revela que al menos ese capítulo donde Anabel señala a las víctimas del caso Wallace –de estar relacionados con narcotraficantes– fue escrito y editado en varios meses del 2010, inducido por los mismos agentes de Eduardo Margolis e Isabel Miranda, puesto que el libro empezó a circular en noviembre de ese mismo año, previo a la ceremonia donde Miranda recibió el Premio Nacional de Derechos Humanos de manos de Felipe Calderón.

En marzo de 2012, Isabel Miranda rechazó públicamente que Khoury Layón tuviera algo que ver con el supuesto secuestro de su hijo, sin embargo para 2019, ella misma vuelve a relacionarlo a propósito de los atentados de Plaza Artz, diciendo que Khoury pertenecía a la «organización criminal que secuestró a su hijo», y dio el argumento de que Jacobo Tagle lo había declarado en su detención de 2010.

La consigna Margolis, vincularlos con secuestros

En 2011, se libró una nueva orden de aprehensión en contra de George Khoury ahora relacionándolo con el secuestro de Fernando Martí Haik. El Juzgado que se prestaba a librar esta orden era el Primero de Distrito en Materia de Procesos Penales federales del Estado de México con sede en Toluca, bajo la causa penal 83/2011. Se le dio formal prisión con cargos de secuestro y delincuencia organizada, y después de apelar y demostrar su inocencia se le concedió la libertad a finales del mes de febrero del año 2012.

Sin embargo, al salir del CEFERESO, nuevamente fue detenido por policías federales, y puesto en arraigo por el agente de la SIEDO Braulio Robles Zúñiga.

“…al abandonar dicho CEFERESO, caminando, fui nuevamente asegurado por elementos de la Policía Federal, quienes me indicaron que me trasladarían a la SIEDO para cumplimentar una orden de presentación en mi contra y fui puesto a disposición de un agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la unidad de Secuestros, el licenciado Braulio Robles Zúñiga” (causa penal 3/2021).

Khoury Layón había sido absuelto de todos los cargos federales, pero estuvo detenido ilegalmente en la SIEDO durante 35 días más por la decisión de Braulio Robles Zúñiga, en espera de la orden de aprehensión de la jueza Hermelinda Silva Meléndez, del fuero común, quien libró la orden de aprehensión utilizando las mismas declaraciones bajo tortura de Jacobo Tagle en la causa penal del fuero federal, en 2010, sin estar relacionada con los hechos de este proceso judicial.

“En abril del mismo año (2012) al obtener la libertad en la casa de arraigo dependiente de la SIEDO, fui nuevamente asegurado pero esta vez por unos policías judiciales del Distrito Federal e internado en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente tras cumplimentar en mi contra una orden de aprehensión librada por la Juez del Vigésimo Quinto Penal del Distrito Federal dentro de la causa penal 80/2012” (causa penal 3/2021)

Braulio Robles Zúñiga, de nuevo

Para marzo de 2012, George Khoury llevaba tres detenciones arbitrarias, 2005, 2006 y 2009, y la tortura del 2 de septiembre de ese último año, más la orden de aprehensión en 2011 por caso Martí. Jacobo Tagle llevaba dos años de haber sido detenido y torturado el 3 de diciembre de 2010, y presentado a los medios de información al día siguiente, directamente por Isabel Miranda en conferencia de prensa como uno de los responsables del secuestro de su hijo: “el último que faltaba por capturar”, según la versión de ella.

César Freyre llevaba en prisión desde el 23 de enero de 2006, detenido directamente por Isabel Miranda y los agentes de la SIEDO, entre estos Braulio Robles Zúñiga, quien lo mantuvo tres días en una casa de seguridad antes de presentarlo oficialmente. En seis años de prisiones federales de máxima seguridad, Freyre había sido torturado varias veces, y su madre María Rosa Morales y hermana Julieta Freyre habían sido ilegalmente encarceladas el 8 de febrero de 2006 por órdenes del entonces subprocurador José Luis Santiago Vasconcelos para presionarlo a que se confesara culpable. No fue hasta el 2 y 22 de octubre de 2010 que se incriminó por nuevas torturas, más brutales que las anteriores y la muerte de su hermana Julieta.

Durante la tortura a Jacobo Tagle en diciembre de 2010, Braulio Robles Zúñiga lo obligó a incriminarse y a incriminar a César Freyre y a George Khoury del homicidio de Eduardo Salazar Bracamontes. Esto con el objetivo de crearles una trayectoria en delincuencia organizada, para darle credibilidad a la fabricación del secuestro de Hugo Alberto Wallace Miranda.

Pero el mismo agente Robles Zúñiga también coaccionó al testigo Jaime Rivera Ocaña, quien después de tres ocasiones en declarar que no reconocía al atacante de Eduardo Salazar Bracamontes, para 2012 ante una instancia federal, siendo el caso del fueron común, sostuvo lo contrario: dijo reconocer plenamente al agresor que “por un momento logró verle el rostro” y acusó a Jacobo Tagle, quien bajo tortura incriminó a Khoury y a Freyre del homicidio.

Fue así como la jueza Hermelinda Silva Meléndez giró orden de aprehensión contra los tres.

El 28 de mayo de 2012, ante el Juzgado Vigésimo Quinto de lo Penal del Fuero Común, la representación legal de Khoury Layón, el abogado Humberto Isaac Cano Peralta cuestionó las declaraciones del testigo Rivera Ocaña, y éste respondió:

 “El señor de la SIEDO (en referencia a Braulio Robles Zúñiga) me indicó que según Jacobo Tagle Dobín había dado una declaración igual que la mía, según yo le entendí al oficial que pues si él había dado esa declaración pues era el sujeto que yo había visto en aquel entonces cuando asesinaron al señor Eduardo Salazar Bracamontes” (causa penal 3/2021).

Ante la pregunta de la representación legal de George Khoury al testigo sobre “¿Durante cuánto tiempo, conversó el declarante con el señor de la SIEDO que ha referido?” En respuesta, el testigo especificó:

“Como unas tres horas, yo sólo sé que el lugar en el que estuve conversando con este señor es en las oficinas de Reforma en la PGR; el señor de la PGR; el señor de la SIEDO me dijo que Jacobo Tagle Dobin, había sido cómplice en el asesinato del señor Eduardo Salazar Bracamontes, y que esto había ocurrido por un negocio de antros y platicando me dijo que este chavo Dobin ya no salía ni confianza ni nada, y al de la voz le dio miedo seguir trabajando en el mismo lugar porque ya no tenía confianza de acercarse a los carros y preguntarle a su conductor si se iban a quedar o no”.

Una siguiente pregunta de la representación legal de Khoury fue la de que especificara el testigo Rivera Ocaña “cuánto tiempo momentáneamente vio el rostro del sujeto que señaló la SIEDO cuando el sujeto llegó en la motocicleta al lugar de los hechos”. La respuesta del testigo Rivera Ocaña insiste:

“Repito, no le vi el rostro, me fui con las declaraciones que me hizo el de la SIEDO, por las mismas declaraciones que hizo el señor Tagle a las mías, por eso supuse que era el mismo que conducía la motocicleta”.

No obstante, el 19 de septiembre de 2014, la Juez Vigésimo Quinto de lo Penal del Distrito Federal, Hermelinda Silva Meléndez dictó sentencia contra George Khoury, señalándolo como penalmente responsable del homicidio de Eduardo Salazar Bracamontes, y condenándolo a 20 años de prisión, de los cuales ha compurgado el 50 por ciento.

En esta audiencia judicial estuvo presente la periodista Anabel Hernández, quien sabía perfectamente que Khoury Layón era inocente, porque la víctima le había dado la información a detalle de su caso después de que ella publicara en su libro Los señores del narco los expedientes fabricados de la PGR.

El ejercicio de la acción penal en contra de Jacobo Tagle Dobín y César Freyre Morales “por considerarlos probables responsables del homicidio de Eduardo Salazar Bracamontes” aún están pendientes.

***

¿Quieres conocer más sobre esta investigación original de Los Ángeles Press?

George Khoury, víctima de detención arbitraria y tortura, y las nuevas falsas incriminaciones – Los Ángeles Press (losangelespress.org)

Detención de ex policía Porfirio Sánchez Mendoza, por denuncia de su víctima George Khoury Layón – Los Ángeles Press (losangelespress.org)

Tortura, secuestro y espionaje, vínculo Margolis con casos Israel Vallarta, George Khoury y Wallace – Los Ángeles Press (losangelespress.org)

Director de Cefereso #17 desacata Ley de Amparo y vuelve a torturar a George Khoury, falso culpable – Los Ángeles Press (losangelespress.org)

Desnudo y descalzo en celda de castigo, mantienen a George Khoury, víctima de Isabel Miranda – Los Ángeles Press (losangelespress.org)

Director de CEFERESO #17 ordena torturar a George Khoury, víctima de Wallace, y desobedece amparos judiciales – Los Ángeles Press (losangelespress.org)

Víctima del falso caso Wallace denuncia torturas y represalias en el penal federal El Altiplano – Los Ángeles Press (losangelespress.org)

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El Caso Wallace

Mi hijo lleva 16 años preso sin sentencia, 12 jueces, golpizas y pagos a autoridades carcelarias: Elena Uscanga

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Por Guadalupe Lizárraga

“Después de haber vivido 16 años en proceso sin sentencia, con 12 jueces diferentes, traslados a diferentes reclusorios, golpizas y mi economía empobrecida por pagar a las autoridades carcelarias la manutención de mi ppl, definitivamente no creo en la justicia que pondera el presidente López Obrador”, señaló Elena Uscanga, madre de Jael Malagón Uscanga, una de las ocho víctimas de Isabel Miranda Torres, acusadas falsamente de secuestro.

Jael Malagón fue detenido en diciembre de 2006, directamente por Isabel Miranda Torres, después de que policías de la Ciudad de México le hablaron y ella respondió trasladándose a la colonia Polanco, donde lo retenían ilegalmente, plantándole droga por órdenes de ella.

Ha sido uno de los casos más ignorados por los medios de comunicación, por no estar acusado directamente por Miranda de haber perpetrado el secuestro y homicidio de su hijo Hugo Alberto Wallace, pero fue señalado por Miranda de formar parte de la supuesta banda de secuestradores. Sin embargo, pese al cúmulo de pruebas que revelaron la falsedad del caso Wallace y las declaraciones falsas de Miranda ante autoridades judiciales, Jael sigue en prisión después de 16 años sin sentencia y con un severo deterioro de su salud.

Acusado falsamente por terceros de secuestro y con la consigna de Isabel Miranda, Jael Malagón Uscanga fue atacado dentro del penal en mayo de 2010, una de las agresiones más graves, cuando lo dejaron parcialmente ciego, al golpearlo en el único ojo con el que podía ver, desprendiéndole la retina.

Elena Uscanga enfatizó recientemente en las redes sociales sobre la atención del presidente Andrés Manuel López Obrador: “Hizo públicamente la declaración de que se haría justicia en el caso Wallace y no pasa nada. Recomendaciones de la ONU no se aplican, los abogados defensores son perseguidos e incluso encarcelados. ¿Qué se puede hacer contra este sistema podrido y corrupto?».

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