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Investigaciones

Sanjuana Martínez, protegida de AMLO y amante de las buganvilias, viola leyes federales desde Notimex 

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Por Rivelino Rueda 

Sanjuana Martínez Montemayor le dedica más tiempo a cuidar de sus buganvilias que a tomar medidas ante el hacinamiento y los potenciales contagios de Covid-19 en los casi 250 trabajadores que van a laborar, en la clandestinidad, a la bodega de África 15.

La pandemia, los contagios al alza en todo el país, la instrucción del gobierno federal de “quedarse en casa”, en ese momento no interesan a la directora general de Notimex. Lo importante es el aspecto de las flores de ornamento que instala cuidadosamente en su nueva oficina.

Un sanitario de tres por tres metros para casi doscientas cincuenta personas, en tres turnos. Mujeres y hombres compartiendo el mismo cuarto hediondo de materia fecal y orines fétidos, sin papel higiénico, sin jabón, a veces sin agua.

Diez cámaras de videovigilancia para “tomar medidas drásticas” ante cualquier movimiento sospechoso, más parecidas al espionaje que a un control para la seguridad de los trabajadores. Los “focos de alerta” ante jornadas laborales clandestinas, a sabiendas de que se está violentando el estado de huelga legítima en la agencia.

Martínez, sin ninguna sanción, ha violado leyes federales. Entre éstas, la Ley Federal de Austeridad Republicana y sus lineamientos, la Ley Federal del Trabajo, la Ley General de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, la Ley de la Agencia de Noticias del Estado mexicano, Notimex, el Reglamento del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, e incluso el Artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Todas pisoteadas de la manera más cínica.

El engaño, la mentira y el chantaje como carnada para justificar el ejercicio discrecional de 222 millones de pesos del presupuesto asignado para 2020.

Y es que todo se puede en esta administración si uno es “protegido” del presidente Andrés Manuel López Obrador. Sanjuana Martínez lo sabe y por eso le dedica más atención a sus buganvilias que al personal que labora en el organismo que supuestamente preside.

El grupo de incondicionales, a pie juntillas, prestos a cumplir la triple labor dictada por “La Patrona”: reventar la huelga a como dé lugar, fomentar campañas de odio hacia los críticos y los trabajadores en paro, así como fungir como virtuales capataces en la “sede alterna” que, supuestamente, es invisible para todos, hasta para las autoridades hacendarias, a quienes se tenía que notificar sobre su arrendamiento.

Sanjuana Martínez riega sus buganvilias con esmero, con harto amor, en su nueva oficina de África 15, en el Barrio de La Concepción, de la Alcaldía Coyoacán, alejada de la realidad.

Pero nada salió como la funcionaria esperaba.

Incluso, se fue por la borda la instrucción de no dejar huella sobre las labores ilegales que se desarrollaron en ese inmueble y, sobre todo, el reporte que -por obligación- tenía que hacer Notimex sobre la renta de ese sitio.

¿Leyes laborales? ¿Para qué?

Martes 17 de marzo de 2000.  

A la señora que ama las buganvilias y la tranquilidad en su oficina particular le urge cerrar el paso a los huelguistas de Notimex. Es tanta la obsesión de ganar la partida, a costa de lo que sea, que dicta la orden para presentarse a trabajar en unas oficinas alternas.

Busca esquiroles, materializa un sindicato blanco, regaña (la palabra más exacta es “humilla”, de acuerdo con testimonios de editores, reporteros y fotorreporteros que laboraron en Notimex) a sus más cercanos. Siempre saca a relucir el cobijo que tiene del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Y en ese afán de actuar por las malas, sin importarle las leyes laborales, y querer doblegar a “sus enemigos” y “detractores”, ordena la renta de un inmueble para aparentar que en la agencia —que se fundó en 1968, con motivo de los Juegos Olímpicos en la Ciudad de México—, las cosas marchan a la perfección.

“COMUNICADO URGENTE/ Todos me confirman de enterado apenas lean/ Mañana todos a las 9:00 en África 15, La concepción (sic), Coyoacán/ Menos los colegas de la madrugada/ Que irán en la noche a hacer su turno normal Será un día atípico que romperá por completo nuestra dinámica/ Pero ni modos/ Es la indicación/ Supongo se dará información y luego quizás los de la tarde puedan partir y regresar a su turno” (sic).

José Gabriel Martínez Rodríguez, exsubdirector de Noticias de Europa, Asia, El Caribe, Centro y Sudamérica de Notimex, replica la instrucción a los reporteros de esa área a las 21:55 horas de aquel día, vía mensaje de WhatsApp en un grupo denominado “Internacionales tod@s”.

En unas horas, las autoridades sanitarias reportarán la primera muerte por Covid-19 en México. Los casos confirmados por coronavirus en el país ya llegan a 118, un incremento del 26 por ciento respecto al día anterior. Pero no. A Sanjuana Martínez le gana la paranoia y ordena laborar, en tres turnos, en una bodega sin ventilación ni los más elementales protocolos de medidas sanitarias.

Ingrid Sánchez Pulido, trabajadora en activo de Notimex, de la Sección de Noticias Internacionales, recuerda que los directivos de la Agencia convocaron a laborar en la bodega de África 15 “unos días antes de que el gobierno federal decretara el confinamiento de la población por la pandemia de Covid-19, y luego el anunció de la emergencia epidemiológica”.

“Fue el 18 de marzo cuando convocaron a la sede de África. Recuerdo que hubo inconformidad con esa medida porque entre nosotros nos preguntábamos que por qué se estaba llamando a todos los trabajadores a quedarse en casa y a nosotros se nos estaba regresando a laborar” detalla.

La periodista puntualiza que en ese bodegón de la alcaldía Coyoacán estuvieron trabajando unos días, pero “el gobierno federal emite la emergencia epidemiológica y las medidas de confinamiento, y de nuevo nos dan la indicación de trabajar en casa hasta el 8 de junio, que es cuando la Junta de Gobierno reconoce la huelga”, apunta la periodista.

Declaración patrimonial de Ingrid Pamela Sánchez Pulido 

Las irregularidades

La primera de una serie de irregularidades en las que ha incurrido Sanjuana Martínez en los últimos 514 días de paro de labores en la Agencia de Noticias del Estado mexicano está en marcha.

Miércoles 18 de marzo, a las 00.33 horas.

Un trabajador de Notimex de la Sección de Noticias Internacionales, que opta por el anonimato, envía otro mensaje al chat de Whatsapp en cuestión:

“Este es el bueno: Mensaje a todos esperando les sirva: la forma más directa es llegar al metro Tasqueña y tomar cualquier transporte que se vaya por Migue Angel (sic) de Quevedo, bajándose donde está un Vips y atrás un Superama, en el cruce con Pacífico hacia el sur o América al nororiente. Africa (sic) está a una calle del Vips y separa a este del Superama, además sale a Miguel Angel (sic). Si a alguien le queda por el metro verde línea 3 (sic), se baja en Metro Miguel Angel (sic) y toma cualquier transporte hasta América o el Vips, se baja ahí, donde está la gas, y se cruza y sigue las instrucciones de arriba. Para mayores señas, Pacífico termina o empieza, según les guste, en ese cruce del Vips, donde a su vez comienza América. Buenas noches”.

 

 

Una desaforada carrera a contrarreloj cunde entre los mandos de Notimex. Son horas vitales para –según Sanjuana Martínez—“mostrar el músculo” ante los huelguistas.

Es el demostrar que la Agencia de Noticias sí labora (con esquiroles, con un sindicato blanco creado ex profeso, en una “sede alterna”) a pesar de la huelga, sin importar que esto conlleve a otro exceso jurídico, el de la violación de la misma Ley que crea la Agencia de Noticias del Estado Mexicano, que en el Artículo 13, Párrafo X, puntualiza:

“Son facultades indelegables de la Junta de Gobierno (de Notimex, autoridad suprema de la Agencia) establecer las bases para la adquisición, arrendamiento y enajenación de inmuebles que el organismo requiera para la prestación de sus servicios, en los términos de la legislación aplicable”.

Y sí. La señora que ama las buganvilias se saltó a la “autoridad suprema de la Agencia”, la Junta de Gobierno, para cumplir su capricho de “mostrar el músculo”.

Sanjuana ignora responsabilidades

Obligada por ley a informar a la autoridad hacendaria federal sobre el arrendamiento de bienes inmuebles para actividades propias de la institución pública que lo requiera, la Agencia de Noticias del Estado Mexicano, Notimex, que preside Sanjuana Martínez Montemayor, incumplió con ese requisito oficial y, de paso, violentó la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

La Agencia de Noticias rentó, entre marzo y noviembre de 2020, una oficina alterna para laborar clandestinamente (ya que trabajadores de Notimex se encuentran en huelga desde hace 16 meses) en un inmueble ubicado en la calle de África 15, en el Barrio La Concepción, en la Alcaldía Coyoacán, de la Ciudad fue de México.

Cabe mencionar que el Artículo 12 del Estatuto Orgánico de Notimex, Agencia de Noticias del Estado Mexicano señala que “la o el titular de la Dirección General contará con las siguientes obligaciones: “Párrafo VI. Proponer ante la Junta de Gobierno la apertura, el cierre o la reubicación de oficinas y/o corresponsalías de la Agencia en territorio nacional o en el extranjero”.

De acuerdo con dos solicitudes de información que presentó Los Ángeles Press al Instituto de Administración de Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN), órgano público desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), para conocer si Notimex había notificado sobre el arrendamiento de las oficinas en la Calle de África 15, el organismo respondió a la primera solicitud el pasado 31 de mayo:

“Con base en el artículo 132 segundo párrafo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente, se realizó la búsqueda en el Sistema de Contratos de Arrendamiento y Otras Figuras de Ocupación, el registro del contrato por parte de la Agencia de Noticias del Estado Mexicano, Notimex, del inmueble ubicado en la Calle África No. 15, Colonia La Concepción, Alcaldía Coyoacán, Ciudad de México, C.P. 04029, no encontrado registro alguno por parte de esta institución”.

Solicitud de documentación a INDAABIN 

***

En la segunda solicitud de información, con el Folio 2700100009621, enviada el 11 de junio de 2021, Los Ángeles Press buscó ampliar la información y preguntó cuántas solicitudes de arrendamiento había realizado Notimex en el periodo del 21 de febrero de 2000 (fecha en que estalló la huelga en el organismo) al 10 de junio de 2021.

El INDAABIN, con fecha del 14 de junio de 2021, la autoridad respondió:

“Con base en el artículo 132 segundo párrafo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente, se anexa en Disco Compacto (CD) que contiene la relación de los 19 contratos de arrendamiento registrados en el Sistema de Contratos de Arrendamiento y Otras Figuras de Ocupación con corte al 14 de junio de 2021, por parte de la Agencia de Noticias del Estado Mexicano en su calidad de arrendataria, que contiene los siguientes criterios:

“Folio. Arrendatario. Estado. Alcaldía/Municipio. Colonia. Calle. Número Exterior. Número Interior. Código Postal. Uso Inmueble. Área Ocupada M2. Monto Pago Mensual. Fecha de Contrato Desde. Fecha de Contrato Hasta”.

Segunda solicitud de información al INDAABIN 

En un anexo aparte, el INDAABIN notificó con una tabla de los arrendamientos solicitados por Notimex desde 2009 a la fecha, en donde destaca que el único arrendamiento que se realizó el año pasado fue el de las oficinas ubicadas en Avenida Baja California 200, Colonia Roma Sur, en la Alcaldía Cuauhtémoc.

Sobre la notificación de la renta de las oficinas en la Calle de África 15, no aparece ningún registro de la Agencia de Noticias del Estado Mexicano en ese periodo.

En el apartado 11 de la tabla se especifica que el único arrendamiento en 2020 es de las oficinas que, desde el 21 de febrero del año pasado, mantienen cerradas los trabajadores de Notimex en huelga, en Avenida Baja California 200, así como campamentos en la sede original de la Agencia, en la calle de La Morena 110, Colonia Del Valle Norte, en la Alcaldía Benito Juárez, y uno más en la de la Calle África 15.

Las oficinas de Avenida Baja California # 200 fueron rentadas por Notimex luego de los sismos del 8 y 19 de septiembre de 2017, ya que el inmueble de la calle de La Morena resultó dañado. El área ocupada en ese edificio, de acuerdo con lo que notificó la Agencia al INDAABIN, es de 2,757 metros cuadrados, con una fecha de contrato desde el 1 de noviembre de 2017 hasta el 31 de diciembre de 2020, y con un monto de pago mensual de arrendamiento de 509,996 pesos.

Servidores públicos, sin dar la cara

Diez cámaras de videovigilancia coronaban las oficinas clandestinas de Notimex, en África 15. Un ambiente de paranoia y persecución era lo que se vivía en ese inmueble, según testimonios de reporteros que trabajaron en ese sitio.

Todo era controlado y todo era objeto de sospecha. Todos eran potenciales espías y desestabilizadores. El más mínimo movimiento era vigilado. Una llamada, un mensaje, un correo electrónico, eran motivo de las más grandes sospechas…

Y Sanjuana Martínez cuidaba sus flores, cuando iba al local.

Para contar con su versión, Los Ángeles Press buscó, a través de sus correos electrónicos institucionales, a la directora general de Notimex, San Juana Martínez Montemayor; al encargado de Despacho de Administración y Finanzas, Martín Rolando Alarcón Meléndez, y al encargado de Despacho de la Subdirección de Administración, Martín Rosado Huitz.

Correos electrónicos solicitando entrevistas a Sanjuana Martínez y otros servidores públicos. 

También, a la encargada del Órgano de Control Interno de Notimex, Juana Verónica Osorio Cuevas, así como al encargado de la Dirección Editorial, Carlos Agustín Lozano Delgado.

Los correos electrónicos enviados para tener su opinión sobre este asunto se enviaron el viernes 11 de junio, cuando este medio digital había recibido la respuesta del INDAABIN a la primera solicitud de información. Hasta la entrega de este texto, ninguno de los funcionarios había respondido a la petición de entrevista.

Obligaciones adminsitrativas evadidas por Sanjuana

El Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, de acuerdo con su portal de internet, es un organismo público desconcentrado de la SHCP, cuyo objetivo es “administrar y valuar el patrimonio inmobiliario federal y paraestatal, así como procurar una Administración Pública que cuente con los inmuebles adecuados para el pleno ejercicio administrativo”.

A este organismo lo rige el Reglamento del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, el cual contó con nuevas adiciones mediante el decreto que reformó diversas disposiciones de este ordenamiento, y que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de mayo de 2012, así como como el 12 de enero de 2017.

La legislación modificada puntualizó, en el Artículo 10 de dicho Reglamento, que es atribución de la Dirección General de Política y Gestión Inmobiliaria:

“Apartado XIV. Determinar el mecanismo para que las dependencias y entidades capturen en la página de internet que el Instituto destine para tal efecto, los datos relativos a los contratos de arrendamiento que suscriban con carácter de arrendatarias, con el objeto de que los órganos internos de control consulten dicha información para verificar si el monto de la renta y la vigencia de cada contrato se sujeta a la normativa aplicable”.

En ese sentido, el INDAABIN implementó el Sistema de Arrendamientos y Otras Figuras de Ocupación, con el propósito de que las instituciones públicas capturen los datos respectivos a los contratos de arrendamiento que celebren bajo el carácter de arrendatarias, a fin de dar cumplimiento al numeral 165 del Acuerdo por el que se establecen las disposiciones en Materia de Recursos Materiales y Servicios Generales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 16 de julio de 2010, que contó con una última reforma el 5 de abril de 2016, y que a la letra señala:

“165. Las Instituciones Públicas deberán capturar los datos correspondientes a los contratos que celebren en su carácter de arrendatarias, en la página web que para estos efectos tiene el propio INDAABIN, en un plazo de 15 días hábiles contados a partir de la fecha del inicio de la vigencia del contrato de arrendamiento respectivo”.

Todas estas obligaciones administrativas fueron evadidas por la Agencia de Noticias del Estado mexicano, Notimex, bajo la dirección de Sanjuana Martínez.

Arrendamientos ilegales

Aunque los mandos de Notimex, comandados por la funcionaria Sanjuana Martínez Montemayor, han intentado eliminar por todos los medios posibles –incluso con amenazas, como la que sufrió la periodista y trabajadora en activo de la Agencia, Ingrid Sánchez Pulido—cualquier vestigio que los vincule con la renta de la bodega en África 15, al final han dejado diversos rastros de este arrendamiento fuera de la ley, sobre todo porque el organismo se encuentra en una huelga constitucional desde el 21 de febrero de 2020.

Borrando huellas en redes sociales, bajando datos de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), armando campañas de odio y descalificaciones contra periodistas, funcionarios y trabajadores en huelga que han cuestionado la gestión de Martínez Montemayor, amagando con presentar demandas; tergiversando hechos; ofreciendo entrevistas “a modo” sólo a medios afines a la Cuarta Transformación, a la dirección de Notimex se le han pasado detalles elementales para ocultar las innumerables irregularidades que se han dado en la gestión de Sanjuana Martínez al frente del organismo.

Y sí. A pesar de que los directivos de la Agencia de Noticias del Estado mexicano contaron con un presupuesto en 2020 por 222 millones de pesos, y otros 218 mil 521 millones 407 pesos de recursos públicos para ejercer a discrecionalidad y sin rendir cuentas en este 2021, como lo reportó Los Ángeles Press el 22 de junio en el reportaje titulado “Sanjuana Martínez erogó total del presupuesto 2020 de Notimex, en huelga; 222 mdp sin transparentar”, no pudieron evitar que al menos dos trabajadores de ese organismo hayan notificado, en sus declaraciones patrimoniales del año pasado, que laboraban en las oficinas clandestinas de África 15.

El primer caso es el del trabajador Miguel Ángel Alba González, quien en su declaración patrimonial del año pasado anotó esa dirección en el documento oficial, que incluso es verificado por la Secretaría de la Función Pública (SFP), que en ese entonces estaba al mando de Irma Eréndira Sandoval Ballesteros.

La fecha de recepción de dicha declaración patrimonial fue el 17 de agosto de 2020, en donde Alba González declara que su nivel jerárquico es el de “director editorial”, con el cargo de “editor AA” y su función principal era la de “redactar información”.

Declaración patrimonial de Miguel Ángel Alba González

Un segundo caso es el del trabajador José Cristóbal Torres Márquez, acreditado como “reportero” en la “Sección Cultura”, área que aún no se sabe si coordina Mario Bravo Soria o Víctor Roura Pech, ya que ambos se asumen como titulares de esa sección de la Agencia.

Torres Márquez presentó esta declaración patrimonial el 29 de mayo de 2020. En el documento destaca que no está contratado por honorarios y que el domicilio del empleo, cargo o comisión en México es en “África 15, La Concepción, Coyoacán, Ciudad de México, C.P. 04020”.

Declaración patrimonial de José Cristóbal Torres Márquez.

Notimex, se olvida de la austeridad

Una fecha clave en esta historia de caprichos y sistemáticas violaciones a la ley por parte de Sanjuana Martínez Montemayor es el viernes 18 de septiembre de 2020.

Ese día, el Diario Oficial de la Federación (DOF) publicó los lineamientos emitidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y por la Secretaría de la Función Pública (SFP) referentes a la Ley de Austeridad Republicana de la Administración Pública Federal.

En el Artículo 15 de ese ordenamiento se establece, puntualmente, que “no podrán efectuarse nuevos arrendamientos de bienes inmuebles para oficinas, salvo los casos estrictamente indispensables para la operación institucional”.

Lo anterior –añade el ordenamiento—“siempre y cuando se cuente con la disponibilidad presupuestaria y con la autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por conducto del Instituto de Administración de Avalúos y Bienes Nacionales, conforme a las disposiciones aplicables, buscando la máxima economía, eficiencia y funcionalidad”.

La dirección de Notimex, la Agencia de Noticias del Estado Mexicano, determinó saltarse ésta y otras leyes.

***

Tan solo en la entrada de los trabajadores, en el área del estacionamiento de África 15, la dirección de Notimex mandó colocar cuatro cámaras de videovigilancia. Otra más por el acceso de personas. Después había un pasillo largo y ancho para llegar a la bodega, que fue acondicionada sala de redacción.

Ya en esa área -de acuerdo con testimonios de periodistas de la Agencia en activo, así como trabajadores en litigio laboral con Notimex- se encontraban otras cuatro cámaras para monitorear a los trabajadores. Otra más en la zona que llevaba a las oficinas de los directores. Y una más en la Sala de Juntas.

Ingrid Sánchez fue la periodista de Notimex (contratada antes de que estallara la huelga, el 21 de febrero de 2020) que denunció las condiciones deplorables en las que se encontraban laborando los trabajadores de la Agencia en ese bodegón de la Alcaldía Coyoacán, pero además la enorme irresponsabilidad de estar asistiendo a un sitio que se encontraba hacinado casi las 24 horas del día.

6 de octubre. El número de casos totales de contagios por Covid-19 era de 789 mil 780. Las defunciones por la pandemia ya alcanzaban la cifra de 81 mil 887. El mapa de México estaba totalmente pintado de rojo, de acuerdo con el informe epidemiológico de la Secretaría de Salud.

Pero la señora que ama las buganvilias llamó a laborar. Obsesionada por controlarlo todo, instruyó a los mandos de la agencia de noticias a que convocaran a los trabajadores a laborar bajo estricta vigilancia.

En el chat de WhatsApp del grupo de periodistas de la Sección de Noticias Internacionales, “Internacionales tod@s”, José Gabriel Martínez Rodríguez, excoordinador del área, trata de calmar las aguas ante el nuevo desplante de Sanjuana Martínez:

“Miren/Como yo veo/ Es un mes/ Pasado ese tiempo no puede seguir así/ Y ya he hablado con varios homólogos de otras secciones y pensamos igual/ es un mes y lyuego (sic), si no se ha vuelto a la normalidad, se seguirá con la tarea, pero teniendo descansos/ y son cinco horas/ no 8 ni 10/ ni se perderá el día completo/ si (sic) se tronchan los días y fastidiará algunas actividades/ pero es un mes/”.

Samuel Cortés Hamdan, también periodista de la Sección de Noticias Internacionales, pregunta en el mismo chat:

“Pido disculpas, sé que ya se dijo, pero ¿podrían puntualizarme los horarios de asistencia a África?”

La respuesta corre a cargo de un trabajador que en el chat aparece como “Manuel Noti”:

“Mañana a las 9 y de ahí se harán turnos de cinco horas empezando de las 7:00 a.m. hasta las 10:00 p.m”.

Otro miembro del chat, que no está identificado, abunda:

“ajá (sic) 7:00-12:00 12:00-5:00 5:00-10:00”

Al día siguiente, Mariana García, periodista de Notimex durante la huelga, también de la Sección de Noticias Internacionales, recibió un correo electrónico de Mara Palacios Arzate, supervisora administrativa de la agencia de información, según el portal Nómina Transparente, desde su correo institucional, en donde le notifica sobre el número de cuenta para el acceso a su equipo de cómputo asignado en África 15: “notimex67”.

La periodista recuerda que en el bodegón de África 15 los trabajadores operaban con equipo de cómputo “viejo”, el cual, una parte estaba originalmente en la sede oficial de Avenida Baja California 200, Colonia Roma Sur.

No obstante, un mando de producción de la agencia de noticias –que pidió el anonimato porque aún labora en ese organismo– detalló a Los Ángeles Press que de las oficinas de Avenida Baja California “sólo fueron sustraídos ilegalmente, a través de vehículos automotores que ingresaban al estacionamiento y trasladaban esas herramientas a la sede alterna, algunas PC´s, así como las Mac de Sanjuana Martínez y del área de Producción”.

Además, indica que los trabajadores de la agencia de información que asistían a la bodega de África 15 “no checaban entradas ni salidas, sino que se tenían que anotar en una libreta que estaba a la entrada del local, que controlaba una persona de vigilancia, que de hecho fue la que se hizo de palabras y empujones con reporteros que cubrían el auto desalojo en ese local, el 9 de octubre”.

***

Cuatro días antes, el 5 de octubre de 2020, se afina el regreso a las actividades laborales en la bodega de África 15.

En huelga y en pandemia, Martínez Montemayor instruye a los editores de las distintas áreas convocar a los trabajadores a presentarse a laborar al día siguiente, durante los siete días de la semana, primero en un horario de cinco horas, pero luego cambia de parecer y exige que sean ocho horas laborales al día.

Fiel a sus estrategias intimidatorias y de violación sistemática a las leyes (esta vez a la Ley Federal del Trabajo), la funcionaria dicta que, de no presentarse, “se congelarán sueldos y prestaciones”.

Desde el número de celular con terminación 9329 -el cual Los Ángeles Press verificó que es de su propiedad, e incluso logró tener una entrevista vía telefónica con él-, José Gabriel Martínez Rodríguez replica entre su equipo de trabajo la instrucción de la directora de Notimex en el chat “Internacionales tod@s”:

“A ver/sinceramente/estampos (sic) exagerando/la lft (Ley Federal del Trabajo) marca/no más de 40 horas a la semana y al menos un día de descanso/aquí normalmente uds (confianza y base), tienen dos/número uno por ahí/número dos/Insisto a verlo así:/Se nos pide un esfuerzo de un mes, literal, cinco horas siete días/”.

Martínez Rodríguez, con su pegajoso acento cubano, narra para Los Ángeles Press que hubo dos momentos en el llamado a trabajar en la sede alterna de África 15, la primera, cuando anuncian que “van a irse a unas nuevas oficinas”, en marzo, unas semanas después de estallada la huelga, y el segundo, del 6 al 9 de octubre.

En total -comenta el periodista- “fueron menos de dos semanas las que se laboraron ahí, al menos todos los trabajadores de la agencia, porque los mandos sí teníamos que estar asistiendo diario, en mi caso, en un horario de nueve de la mañana a dos de la tarde, hasta el 12 de noviembre, cuando los trabajadores de Notimex en huelga instalan un campamento en la África 15”.

“Fuimos a trabajar a África 15, una semana de marzo, antes de que el gobierno declarara la contingencia sanitaria y que la Secretaría de la Función Pública instruyera a las dependencias que los trabajadores tenían que laborar desde casa. Nos vamos a casa a trabajar, hasta que el 8 de junio, la Junta de Gobierno de Notimex informó que había que acatar un laudo de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje de parar labores por la huelga”, detalla.

José Gabriel Martínez anota que desde el 8 de junio continuaron todos trabajando desde casa. “Nos dijeron que panificáramos con nuestros respectivos equipos trabajos atemporales y especiales que, cuando se terminara la huelga se pudieran manejar”.

“Todo bien hasta que se volvió a convocar a subir notas del archivo histórico de la agencia, que se perdió, y ahí fue cuando inició el descontento de algunos compañeros. Pero en todo ese intervalo estuvimos yendo los mandos medios todos los días, y no sólo de editorial, sino administrativos, jurídico y sistemas. No eran horarios extremos de nueve de la mañana a siete de la noche”, relata.

Pero lo que más molestó en el segundo llamado a laborar en África 15, del 6 al 9 de octubre –comenta—fueron “las condiciones sanitarias que había en ese lugar, además la instrucción que se dio, en el sentido de utilizar sus cuentas personales de Twitter, siguiendo ciertos protocolos, para publicar contenidos de la agencia, como si fueran publicaciones propias”.

Y aunque después del escándalo que se dio luego de que la periodista en activo de la agencia, Ingrid Sánchez, difundió un video vía redes sociales, revelando las condiciones de riesgo sanitario en las que se encontraban trabajando en la sede alterna, y las acciones violatorias de derechos humanos de mandos medios de Notimex hacia su persona, al retenerle su teléfono móvil y encerrarla en la Sala de Juntas del local, José Gabriel Martínez revela que “se dijo al principio que sería el último día en ese lugar, pero los mandos seguimos asistiendo todos los días hasta el día que el sindicato instaló el campamento (12 de noviembre)”.

***

El 9 de octubre), Sanjuana Martínez ordena la suspensión de labores en la bodega de África por el escándalo que provoca la difusión de un video donde trabajadores de Notimex denuncian las pésimas condiciones en las que están realizando sus actividades, así como las nulas medidas sanitarias por la pandemia.

Pero, sobre todo, las denuncias se lanzan por las agresiones de los más leales de Sanjuana (Agustín Lozano, Érick Muñiz, Debanhi Alejandra Tienda Coronado, José Gabriel Martínez Rodríguez y Luis Monroy), quienes literalmente retienen ilegalmente y despojan por unas horas de su teléfono móvil a Ingrid Sánchez Pulido, a quien acusan de “robo de documentos, grabación de imágenes de manera ilegal”, así como “violar la privacidad el Reglamento Interno”.

Horas más tarde, es la misma directora general de Notimex la que acepta, en un comunicado, que en la bodega de África 15, Colonia La Concepción, Alcaldía Coyoacán, existen unas oficinas alternas:

“Las cámaras de seguridad de la sede alterna de la agencia captaron el preciso momento en el que Sánchez Pulido graba a sus compañeros sin su previo consentimiento ni autorización legal y extrae información de una computadora a su celular”, dice el comunicado.

La fecha de este documento es del 9 de octubre de 2020.

https://twitter.com/SanjuanaNotimex/status/1314669857120514049

***

Desde el 30 de marzo de ese año, cuando el gobierno federal declara la emergencia epidemiológica en el país y las directrices para el confinamiento de la población, excepto para las actividades primaras y los sectores estratégicos, se notifica a todos los sectores de la población, incluidos los servidores públicos de todas las dependencias del gobierno federal, a realizar actividades laborales desde casa, en tanto no se emita una declaratoria para el regreso escalonado a las actividades propias de la administración pública.

El Artículo 12 de los Lineamientos en materia de Austeridad Republicana de la Administración Pública Federal establece que “se podrá otorgar a las personas servidoras públicas, cuyo desempeño ponga en riesgo su seguridad o su salud, la potenciación del seguro de vida institucional y un pago extraordinario por riesgo hasta por el 30 por ciento sobre la percepción ordinaria mensual, por conceptos y salarios”.

¿Sanjuana Martínez planteó esto a los trabajadores de Notimex para regresar a laborar en África 15 en medio de la pandemia y de la huelga legítima?

No. Ni por error. Al menos eso es lo que dicen periodistas en activo y extrabajadores de Notimex que laboraron en ese bodegón.

Otra más. El Artículo 51 de la Ley Federal del Trabajo establece que “son causas de recisión de la relación de trabajo, sin responsabilidad para el trabajador: (Párrafo VII.) La existencia de un peligro grave para la seguridad o salud del trabajador o de su familia, ya sea por carácter de condiciones higiénicas del establecimiento o porque no se cumplan las medidas preventivas y de seguridad que las leyes establezcan”.

Y, en el Párrafo IX, “exigir la realización de actos, conductas o comportamientos que menoscaben o atenten contra la dignidad del trabajador”.

***

Para el 12 de noviembre, trabajadores del Sindicato Único de Trabajadores de Notimex (SutNotimex) determina instalar un campamento en África 15, al argumentar que la Agencia estaba violando la declaratoria de legalidad de la huelga, declarada constitucional el 4 marzo del año pasado por el Secretario General de Acuerdos, Conciliación y Asuntos Colectivos de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.

Sanjuana Martínez estalló en cólera y aseguró, en su cuenta personal de Twitter, que ese edificio “es propiedad privada y no está dentro del emplazamiento a huelga”.

A la par de esta anotación de la directora de Notimex en redes sociales, y como ya se ha vuelto una costumbre entre sus allegados, la agencia de información emitió un comunicado con los mismos lineamientos que marcó Martínez Montemayor en su cuenta de Twitter.

“La denuncia se presentó luego de que Adriana Urrea, lideresa del SutNotimex, junto con su comité ejecutivo, formado por Héctor Colón y David Fernández Hummel, tomaron por asalto dicha propiedad e instalaron un campamento ilegal pensando que ahí mantenía operaciones la agencia informativa, cosa que resultó totalmente falso”, señaló el comunicado de Notimex.

No obstante, días después de este deslinde de Sanjuana Martínez, la periodista Neldy San Martín y el periodista Juan Omar Fierro, publicaron un texto en la Revista Proceso en donde revelaron que Notimex pagó una renta mensual de 206 mil 751.44 pesos por la bodega de África 15, a la empresa Corporativo de Cobranza BR y EMPA, por concepto de “arrendamiento para el mes de septiembre”.

Los periodistas de Proceso verificaron la validez del documento en la página oficial de Sistema de Administración Tributaria (SAT), en el apartado de “Verificación de comprobantes fiscales por internet”.

Además, revelaron que el comprobante fiscal realizado por la Agencia fue por concepto de “arrendamiento del inmueble para oficinas de uso administrativo y operativo del 1 al 30 de septiembre de 2020”.

***

Apenas el viernes 16 de julio, otra nueva evidencia sobre las malas prácticas de Sanjuana Martínez al frente de Notimex salió a la luz. Esta vez, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) emitió un acuerdo en el que determina que ese organismo estableció una sede ilegal en la que operó después de estallada la huelga (21 de febrero de 2021)

Luego de este fallo, el Sindicato Único de Trabajadores de Notimex (SutNotimex) emitió un comunicado señaló que “en el inmueble ubicado en la calle de África 15, colonia La Concepción, alcaldía Coyoacán, Ciudad de México, la Dirección de Notimex estableció una oficina alterna, sin contar con la autorización de la Junta de Gobierno (órgano supremo de la Agencia), por lo que también se violentó la Ley que crea a este medio de comunicación público”.

La respuesta de Sanjuana Martínez fue la misma de siempre. No podía ser de otra manera.

A través de una “nota a modo” del periódico La Jornada –medio favorito de Andrés Manuel López Obrador, a quien sólo en 2020 le asignó 12 contratos de publicidad gubernamental por asignación directa, por un monto de 67 millones 117 mil 953 pesos-, cuya directora general, Carmen Lira Sade es íntima amiga de Sanjuana Martínez, el director Jurídico de Notimex, Víctor Fernández acusó a “las autoridades laborales de proteger a Adriana Urrea Torres, lideresa del SutNotimex, a pesar de que tiene varias órdenes de aprehensión en su contra”.

El funcionario adelantó que la Agencia “impugnará dicha resolución sobre el inmueble de Coyoacán y “demostrará la parcialidad de la JFCA a favor de Urrea Torres y la organización que encabeza”, ya que “el pasado 21 de octubre de 2020 el actuario Miguel Ángel Parra Mendoza corroboró que la Agencia no operaba en dicho inmueble, según consta en el acta circunstanciada emitida por la propia JFCA”.

Un detalle. José Gabriel Martínez Rodríguez, exsubdirector de Noticias de Europa, Asia, El Caribe, Centro y Sudamérica de Notimex, precisa que el 21 de octubre, día en el que se realizó una “inspección” para verificar que en la bodega de África 15 “no operaba una sede de Notimex”, como argumenta Sanjuana Martínez y sus más leales, se les pidió a los mandos que estuvieron laborando en ese lugar hasta el 12 de noviembre “no ir a laborar”.

El egresado de la carrera de periodismo por la Universidad de La Habana, maestro en Ciencia Política por El Colegio de México y extrabajador de la Agencia de Noticias de Cuba, Prensa Latina, detalla que días antes de esa inspección se presentó un actuario para hacer una verificación del lugar, pero que sólo se quedó en la puerta de entrada y “se nos pidió a todos que no nos asomáramos por las ventanas”.

“Ese día, 20 de octubre, nos llamaron y nos dijeron: ‘no vengan mañana’. La indicación no fue a nivel de mensaje de chat por WhatsApp, ni por correo electrónico. Fue a nivel de llamada telefónica”, subraya Martínez Rodríguez.

El Notimex de Sanjuana

La Ley Federal de Austeridad Republicana, uno de los ordenamientos legales insignes de la llamada Cuarta Transformación, pero sobre todo una de las banderas que ha enarbolado Andrés Manuel López Obrador a lo largo de dos décadas, está en entredicho.

En el Artículo 4, Párrafo I de esa histórica legislación, se puntualiza que la Austeridad Republicana se define como:

“Conducta republicana y política de Estado que los entes públicos, así como los Poderes Legislativo y Judicial, las empresas productivas del Estado y sus empresas subsidiarias, y los órganos constitucionales autónomos están obligados a acatar de conformidad con su orden jurídico, para combatir la desigualdad social, la corrupción, la avaricia, el despilfarro de los bienes y recursos nacionales, administrando los recursos con eficiencia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que están destinados”.

¿Se ha cristalizado esto en el Notimex de Sanjuana Martínez?

Las omisiones de los directivos de la Agencia, al mando de la funcionaria supuestamente egresada de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), también estarían contraviniendo el Artículo 49, Párrafo V, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, que puntualiza que todo servidor público tiene la obligación de:

“V. Registrar, integrar, custodiar y cuidar la documentación e información que por razón de su empleo, cargo o comisión, tenga bajo su responsabilidad, e impedir o evitar su uso, divulgación, sustracción, destrucción, ocultamiento o inutilización indebidos”.

Eso no es todo. La directora de la Agencia de Noticias del Estado Mexicano y sus más cercanos estarían en desacato con el Artículo 7 de este ordenamiento, que a la letra señala que “los Servidores Públicos observarán en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, los principios de disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia que rigen el servicio público”.

En ese mismo artículo, pero en el Párrafo VI, también se subraya que todo servidor público deberá “administrar los recursos públicos que estén bajo su responsabilidad, sujetándose a los principios de austeridad, eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados”.

Pero todo ello parece que ha pasado de largo en la polémica gestión de la funcionaria Sanjuana Martínez Montemayor, una aficionada a cuidar de sus gardenias, a videovigilar a las personas, a crear campañas de odio en contra de sus detractores, a confrontarse con secretarios y subsecretarios de Estado (Luisa María Alcalde y Alejandro Encinas, por ejemplo) a torcer la ley por ser “protegida” de AMLO, a delegar problemas en tiempos de desastre…

Y sí, a retuitear cuentas de esa red social, o bots, que se desviven en halagos hacia sus acciones de “combate a la corrupción” en Notimex, como “Fernando Agente Sputnik V (@FernandoValCar), ALEJANDRA HicimosHistoria (@AlinGabAlexa), inesvova Kgb (@donainesdesuarez), JJDelgado (@JJDelga12323133), o Dane Blasón #AMLOpadredelanuevapatriamexicana (@BlasonDane).

@RivelinoRueda 

El Caso Wallace

Caso Wallace: Información complementaria a la expuesta en conferencia del presidente López Obrador

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Por Ramsés Ancira

Soy el reportero que expuso hoy al presidente López Obrador las acciones ilegales que ha realizado la señora Isabel Miranda de Wallace. Para establecer la credibilidad de lo que añado a continuación deseo enfatizar que soy premio Bellas Artes, Carlos Montemayor de Literatura testimonial por el libro Reportero Encubierto y dos veces ganador del estímulo del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes por el audiolibro y serie de entrevistas México en su Memoria.

En abono a la verdad sobre el caso deseo hacer las siguientes aportaciones complementarias obtenidas de la investigación El falso caso Wallace, de Guadalupe Lizárraga, y testimonios de las víctimas:

La señora Wallace ha encarcelado no sólo a las personas que aparecen en una foto de su hijo en Chalma, sino además, temporalmente, a abogados, madres y hermanas de las personas torturadas bajo su supervisión en diversos reclusorios federales, y a Geroge Khoury Layón, empresario vinculado al caso Wallace, bajo tortura de Jacobo Tagle Dobin.

La última de sus víctimas fue el ex defensor del Instituto de la Defensoría Pública Federal, Alejandro Garduño Real, quien llevaba el caso de Jacobo Tagle Dobín. Este acusado fue privado ilegalmente de su libertad, violado con un tolete y sometido a descargas eléctricas para que no dejaran huella de manera que no intervinieran comisiones de derechos humanos.

Después de que el defensor fuera amenazado de muerte, demandado por Isabel Miranda de Wallace por expresar en juicio los alegatos de su defendido, y de que le fueran retirados los escoltas que le proporcionó Gobernación, el licenciado Garduño fue privado ilegalmente de la libertad en la Defensoría Pública Federal, que encabeza Netzaí Sandoval, para obligarlo a que presentara su renuncia.

El licenciado Garduño es paralítico de ambas piernas, debido a que años antes, en el cumplimiento de su deber, le cayeron encima varias cajas de expedientes en un juzgado, desviándole discos de la columna vertebral. Ante la indefensión en la que se encontraba, y por la persecución de la que era objeto, solicitó y obtuvo asilo político en Estados Unidos.

La periodista y escritora Guadalupe Lizárraga localizó en el norte del país al padre biológico de Hugo Alberto Wallace Miranda y/o Hugo Alberto León Miranda, y/o Hugo ALberto Miranda Torres, lo que debería haber dejado inválida la “prueba de la gota de sangre”, que además era femenina. El ente biológico León Miranda no podía en consecuencia tener ADN Wallace.

Entre las muchas falsificaciones del caso, Isabel Miranda obtuvo ocho años después dos actas de defunción en las que se establecían con precisión causas de muerte imposibles de comprobar, ya que el cuerpo jamás fue encontrado; en cambio hay varios testigos que reconocieron meses después de su supuesta muerte la voz de Hugo Alberto, y hasta dos años después hubo testigos que afirmaron haber interactuado con Hugo Alberto, vía telefónica o presencial. Una de ellas es la madre de su segunda hija, nieta de Isabel Miranda, pero a la que ella le impidió reconocer.

Finalmente, en este mismo año de 2021, Hugo Alberto Wallace aparece como denunciante en un amparo contra la Secretaría de Gobernación. Hay otro promovido por su madre contra el organismo de derechos humanos de la Fiscalía General de la República. Gran parte de esta información puede ser conocida en dos libros de Guadalupe Lizárraga, quien no solo investigó sino financió varios foros con familiares de los culpables fabricados. Uno de estos realizado en la Cámara de Diputados cuando la coordinaba el hoy presidente de Morena Mario Delgado, quien prohibió a la también legisladora de Morena, María de los Ángeles Huerta que se diera cobertura a los testimonios de los familiares de las víctimas. Huerta amenazó desde su curul a Lizárraga, para intentar disuadirla de presentar las denuncias judicialmente. Sin embargo la periodista no desistió. En días pasados el juez que llevaba la causa dijo que los delitos relacionados con las falsedades en las declaraciones de la señora Wallace ya habían prescrito, y que si se quería hacer algo, debía reabrise otro juicio solo por tortura y secuestro, y éste fue dado por concluido.

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Investigaciones

Sierra Negra de Puebla azotada por caciques y crimen organizado

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Por Claudia Martínez Sánchez

El viento en Coyomeapan huele a café, tabaco y miedo. En su verde espesura color esmeralda los cerros abrazan los espíritus y las almas de los indígenas en la región de la sierra negra, en un lugar cercano a los caprichosos colores azules de la naturaleza. Solo ellos son bendecidos en el buen vivir de la madre tierra: tan cerca del cielo, las nubes, la lluvia… y tan lejos de la justicia.

La madrugada del 6 de junio, el miedo y el espanto se escuchó desde las montañas de Coyomeapan: hombres encapuchados de procedencia nayarita y veracruzana con armas largas en mano comenzaron a azotar de terror las alfombras doradas de luciérnagas que incendian la oscuridad para amarse entre los bosques; todos en la sierra los identifican como “Los Celestinos”, los caciques del pueblo, autores de la inseguridad y la violencia en estas tierras.

Las familias indígenas que se internan en la sierra, son las que viven de lo que la tierra les da. Estas familias, que viven en chozas de tejamaní y madera, han sido las más acechadas desde hace 11 años, cuando llegaron “Los Celestinos”. Pero el 6 de junio, los abusos de “Los Celestinos” fueron desmedidos: hogares fueron irrumpidos durante la madrugada por este grupo delincuencial para obligarlos, a mano armada, a votar por el candidato que forma parte de esta mafia, Rodolfo García López, de origen nayarita –esposo de la recién electa diputada federal, Araceli Celestino Rosas–. A los que mejor les fue, fueron a aquéllos a los que les llegaron a ofrecer de mil a dos mil pesos por el voto y a aquellos a los que les arrebataron su credencial para votar.

Alcaldesa de Coyomeapan, por MORENA, Araceli Celestino Rosas.

Con el primer rayo de sol que iluminó el pino y el encino de los bosques en esa mañana luminosa del 6 de junio, el pueblo entero salió a votar. La indignación y el coraje rebasó el miedo del pueblo, su voto era a favor del partido que fuera, en su mayoría al Partido Revolucionario Institucional (PRI), no por su confianza al tricolor, sino porque el candidato es indígena como ellos y, para el pueblo, es el candidato que los representa, mas no el esposo de la diputada Araceli Rosas Celestino.

Los habitantes detectaron que, en muchas de las casillas, a temprana hora, ya habían hombres nunca vistos en Coyomeapan y ni el náhuatl sabían pronunciar. “Son gente ajena al pueblo, llegaron con credencial para votar –dijo Don Telésforo–, por allá por los cerros, ahí debió ver la fila de encapuchados armados que subieron a amedrentar a los más humildes, los que apenas viven de la tierra y tienen sus chocitas de madera. Eso no se vale que le hagan a nuestra gente, ya es mucho lo que nos hacen, ya es mucho”, recordó, secándose las lágrimas.

Si bien es cierto que la sierra negra es tierra de olvido, indiferencia, marginación, desigualdad y discriminación, también es cierto que nunca antes había sido azotada por grupos criminales como “Los Celestinos”, hasta que llegó la presencia de la minera Autlán a la región con el proyecto hidroeléctrico.

Desde hace 11 años, “Los Celestinos” han aplicado la ley del revolver: aquel que no se arrodille a su ley, o lo meten a la cárcel o los desaparecen o los matan. Los indígenas en esta zona de la Sierra Negra, enclavada en la región de Dios y del olvido de las autoridades, habían venido denunciando desde hace un par de años el despojo de grandes hectáreas de sus tierras para la construcción de cabañas y algunas otras hectáreas para disfrazar la exploración de la tierra con barrenos para el proyecto hidroeléctrico que pretende devastar toda la sierra negra.

Los medios de comunicación difícilmente entran a realizar, a conciencia, una radiografía periodística de los escenarios de marginación, pobreza y terror que en 11 años han sufrido los indígenas de Coyomeapan. Pocos son los que entran e investigan a fondo la corrupción que existe en la sierra negra en contubernio con la empresa hidroeléctrica de minera Autlán.

La Celestina y sus caciques

La Celestina es una novela literaria que bien le hace honor al juego de palabras con el que se le apodan “Los Celestinos” en la Sierra Negra de Puebla. La Celestina es una bruja meretriz, mañosa, alcahueta que practica la hechicería para lograr sus más siniestros y oscuros propósitos. En Puebla, Araceli Celestino Rosas, diputada federal electa, parece salida de la obra de Fernando de Rojas, pero en los tiempos actuales del narcotráfico y la simulación gubernamental. Araceli encaja en el estilo de “jefa de plaza” de la Sierra Negra por su operación al servicio de las empresas mineras y la organización de grupos criminales para someter y aterrorizar a todo el municipio. Actualmente hay más de 20 denuncias en contra de esta funcionaria pública por amenazas, persecución, despojo de tierras y diversas violaciones a los derechos humanos de los indígenas de Coyomeapan.

El origen de Los Celestinos

La historia de “Los Celestinos” comienza en 2010 con la llegada de David Celestino, un médico que no es originario de la sierra, pero que se fue ganando la confianza de las comunidades; es así que llegó a ser el presidente municipal de Coyomeapan, a base de mentiras, haciendo creer al pueblo que era generoso y buena persona; sin embargo, en el periodo municipal de David Celestino, comenzaron las balaceras, los actos de intimidación y la discriminación a los indígenas; desde entonces, los indígenas son obligados a hablar correctamente el español cuando llegan a las dependencias locales: son regañados por las autoridades municipales por hablar náhuatl, son objeto de burla y maltrato en el menor de los casos.

En 2014, David Celestino le cedió el cargo como presidenta municipal a su hermana Araceli Celestino Rosas, electa de igual manera, a base de compra de votos, intimidación y amenazas. Ahora, la señora ocupará un cargo federal como diputada; esta mujer ha manifestado a los habitantes de Coyomeapan, sin pudor y empacho alguno, que su emporio se lo debe a su compadre, el gobernador del estado de Puebla, Luis Miguel Barbosa Huerta.

Sicarios en la nómina del Ayuntamiento

Así pues, a los caciques “Los Celestinos” se les adhieren hasta los hijos de expresidentes municipales, los que cobran en la nómina del Ayuntamiento; después de terminar con su trabajo de servidores públicos, se ocupan como sicarios, gatilleros y golpeadores, como es el caso de los hijos del ex presidente municipal Marco Antonio Rojas Mendoza: Alfredo Rojas Arrollo y Sergio Rojas Arrollo, principales operadores de “la maña” en esta región.

Otros hijos de exalcaldes al servicio de “Los Celestinos”, que lavan los trapos sucios al interior de la administración celestina son: Omar Aguilar Bonilla, hijo del expresidente municipal Erasto Aguilar González, desde hace 11 años, cobra en la nómina del ayuntamiento con el cargo de secretario particular de David Celestino, Araceli Celestino Rosas, actualmente aparece en la planilla de Rodolfo García López como presidente municipal suplente.

Al servicio de “Los Celestinos”, también aparecen otros nombres de hijos de exalcaldes esperanzados en ser los próximos en la silla municipal: Giovanni Aguilar, Rodolfo Bolaños, Federico Avendaño, Everardo Arguelles, Édgar Nuño. Todos ellos con la fe ciega de la falsa promesa de Araceli Celestino: al que le eche ganas, lo harán presidente municipal en las próximas elecciones.

Para “Los Celestinos”, perder Coyomeapan es sinónimo de pérdidas millonarias entre la minera Autlán y sus operadores, que hacen exactamente lo mismo que en otras regiones del país, donde se pretenden instalar empresas eólicas, mineras e hidroeléctricas. Su operación principal es el resquebrajamiento social, el desplazamiento de las familias indígenas mediante la inseguridad y la violencia, la persecución, amenazas y encarcelamiento de indígenas.

Antonio Sandoval, encarcelado y acusado como autor intelectual y material de la desaparición del defensor de la tierra Sergio Rivera Hernández, en las elecciones de 2018 en Zoquitlán, Puebla, fue contratado hace unas semanas como guardaespaldas, y es uno de los gatilleros al servicio de “Los Celestinos”, tal como lo fue con Fermín González León, el exalcalde de Zoquitlán, también operador de la minera Autlán, acusado y encarcelado de igual manera, por la desaparición de Rivera Hernández.

Este último, González León, en estas elecciones también operó para la empresa minera; para nadie es ajeno que, a mano armada con un grupo de hombres, la madrugada del 6 de junio ingresó violentamente en los hogares de las comunidades indígenas en Zoquitlán; pero, ¿quién arma a estos exalcaldes mañosos? ¿Quién les patrocina armas largas? ¿De dónde sale tanto dinero para comprarlas?  ¿Quiénes son los autores de esta nueva oleada de caciques modernos a la copia fantoche y barata de narcos series? La respuesta es: Minera Autlán. ¿Quiénes son los más fáciles de corromper?: Las autoridades municipales, por eso González León y “Los Celestinos”, así como los hermanos Hernández Hernández en Eloxochitlán, pelean porque nadie les arrebate el hueso.

A la minera Autlán no le conviene volver a hacer labor de convencimiento ni a volver a comprar conciencias con nuevas administraciones y menos con nuevos alcaldes; por eso Antonio Sandoval, el gatillero de Fermín González, es tan cercano a “Los Celestinos”, porque todos persiguen el mismo fin: cumplir pactos con la empresa minera: someter a los pueblos, despojar a los campesinos de sus tierras, lograr el desplazamiento de familias para abrir el paso a la hidroeléctrica a costa de la devastación de bosques, ríos y de la vida de los habitantes de Coyomeapan, Zoquitlán y Eloxochitlán.

El Estado se combate a sí mismo: la simulación contra el narcotráfico

Si bien es cierto que Luis Miguel Barbosa Huerta reconoce abiertamente que existe la presencia de grupos delincuenciales en la Sierra Negra como Zapotitlán Salinas, Tlacotepec de Porfirio Díaz, Zoquitlán, Altepexi y Coyomeapan, también es verdad que se ha protegido a estos alcaldes caciques al descartar investigaciones, pese a que se cuentan con suficientes denuncias en instancias federales y estatales; Barbosa Huerta ha descartado que estos alcaldes tengan nexos con bandas delincuenciales dedicadas al robo de hidrocarburo y narcomenudeo u otras actividades ilícitas.

Sin embargo, en el caso del municipio de Ajalpan, con el expresidente Ignacio Salvador, prófugo de la justicia, no le ha quedado más remedio que aceptar que sí hay alcaldes vinculados al crimen organizado en esta región del estado de Puebla:

“Sabemos quiénes son las bandas, y estamos encima de ellos, pero trabajamos junto con la Guardia Nacional y Ejército Mexicano, para darle garantía a la ciudadanía”.

Para el investigador,  antropólogo y escritor de la casa editorial Grijalbo, el Dr. Edgar Morín, autor de La Maña, Crímenes de Cuello Blanco,Tinta y Carne, “quienes explotan los recursos naturales en estas comunidades son poderes fácticos. Cuando te hablo de usos y costumbres, lo manifiesto en un tono irónico porque ese es el pretexto para que el estado no llegue; una parte de la historia de México es también un historia de una serie de intermediarios parasitarios, y los caciques entran en esta categoría casi sociológica, son intermediarios parasitarios entre el estado mexicano –que está ausente totalmente en esas comunidades–, y cuando digo ausentes lo digo en términos históricos, porque cuando han estado, es sólo para saquear y explotar, y ese es el mecanismo histórico que se ha reproducido, justo como ocurrió en la relación entre el estado y los estudiantes  con la presencia de los porros en los movimientos estudiantiles.

No hay que olvidar que en Puebla históricamente han figurado cacicazgos terribles como el de Maximino Ávila Camacho o el más reciente en su intento de hacer un cacicazgo autoritario, poco democrático, bastante violento y corrupto, como el de Rafael Moreno Valle.

Desde su percepción en torno a los nuevos caciques modernos, el proceso de simulación no ha terminado, y menciona: “hay una simulación en lo hechos sobre distintos problemas que tiene el estado: delincuencia, corrupción, espionaje político, crimen organizado, el huachicol, y en esto de las mineras se tiene que investigar la relación de corrupción con figuras del poder, sin embargo, la ciudadanía no tiene confianza en las autoridades porque las autoridades no se han ganado la confianza de la ciudadanía, con estas relaciones perversas entre el crimen organizado, el poder político y el poder económico”.

No son pocos los testimonios que dan cuenta de los problemas públicos de la comunidad:

“Tenemos el fenómeno de colusión y omisión, es decir, se traduce en que el crimen organizado le hace el trabajo sucio a funcionarios de mineras para eliminar a opositores, defensores de derechos humanos, ecologistas, defensores de la tierra ecologistas y me parece que allí hay un problema muy importante que se traduce en que el estado mexicano lo atiende, es decir, pareciera que el estado mexicano sí atiende este tema de manera simulada”.

“Donde vemos este tipo de explotación hay una violencia importante contra los opositores a estos proyectos llámese defensa de la tierra mineras, hidroeléctricas y esto se ve en todo el país.

“El fenómeno no se esta combatiendo con eficacia, esa es la realidad porque la relación entre políticos y células de grupos criminales y caciques sigue vigente; mientras el estado no intervenga de verdad, el fenómeno seguirá creciendo.

“El gobierno de Miguel Barbosa también sigue simulando, lo que tendríamos que entender es que la corrupción y el crimen no se acaba por decreto, el estado que combate al crimen, se combate así mismo; Falcone lo decía: cuando el estado combate al crimen organizado, se combate así mismo.

“Lo que la ciudadanía poblana tendría que analizar es si el estado poblano se está combatiendo así mismo o si simula combatirse así mismo, o si utiliza la justicia y la ley para arreglar las cuentas en otras direcciones, porque, ¿dónde quedan todas las denuncias? Esto será la retorica y la simulación, los hechos nos muestran que no ha pasado de las buenas intenciones y en un estado con estas características como Puebla se trata de omisiones y simulaciones”.

La ley de Herodes: Eloxochitlán

Hablar de Eloxochitlán es hablar de pobreza, desigualdad y marginación. Este municipio se encuentra atrapado en el tiempo. Es el municipio más pobre del estado de Puebla; en 1999 ocupó el primer lugar a nivel nacional. Aquí los 14 mil habitantes hablan la lengua materna: el náhuatl. Las 29 inspectorías y la única junta auxiliar se encuentran en el abandono. Los usos y costumbres se violentan cada día más a partir de la llegada de los nuevos caciques: los hermanos Hernández, dos en el poder y 12 que operan parte del terror en estas tierras del olvido.

Los servicios de drenaje y agua potable no existen; la luz es apenas un suspiro para los pocos que cuentan con este privilegio que enciende y apaga como un breve relámpago. El rezago en la educación es alarmante y en materia de salud el abandono es infame, todos estos factores han coadyuvado a los señores Herodes, los Hernández.

En 2014, Delfino Hernández Hernández entró con la bandera del PRI. Se ganó la empatía del pueblo con el discurso repetido del progreso: luz, drenaje y agua –derecho humano universal que en este municipio no existe–. Desde hace 7 años, el pueblo de Eloxochitlán vive bajo la amenaza de Honor Hernández Hernández –actual presidente municipal– y Delfino Hernández Hernández –exalcalde, ahora por segunda ocasión presidente electo por el PT y PSI–.

A la llegada de Delfino Hernández, la presencia de grupos armados, la venta de drogas y el consumo de cristal ha sido escandaloso. Hace año y medio Joel Cortés, contralor de este municipio, fue detenido por elementos de la policía estatal con un cargamento de cristal, sin embargo, la mano de Honor Hernández intervino con una fuerte cantidad de dinero para que fuera puesto en libertad antes de ser trasladarlo a los separos. El municipio lo sabe y fue un escándalo a voces silenciadas, porque además fue a la vista de muchos testigos, testigos que también fueron amenazados.

El desplazamiento forzado de familias indígenas por el arrebato de tierras bajo amenazas es de igual manera pavoroso, la intimidación y el hostigamiento es el pan de cada día en este municipio. Obligan a los campesinos a malbaratar sus tierras. Su eslogan: construyendo el rumbo. Y así construyen su rumbo: sometiendo a su pueblo.

Eloxochitlán nuevamente vivirá bajo el miedo y la incertidumbre, los Hernández seguirán violentando los derechos humanos de los indígenas. No hay autoridad federal ni estatal que entre a auditar a esta familia y a constatar toda la sarta de atrocidades que aquí ocurren. Las familias han denunciado, pero no hay respuesta de las autoridades.

Los Hernández Hernández fueron de cuna muy pobre, los padres nunca tuvieron riquezas y menos vehículos, hasta hace 7 años los hermanos Hernández vivían en una de las comunidades más humildes, en Atexcapa, al igual que sus padres tampoco tenían propiedades y menos vehículos; en 7 años su riqueza ha crecido de manera descomunal: compra de carros de volteo, maquinaria de trascabos, y pipas; la construcción de tres casas en Atexcapa, una tienda tipo bodega de abarrotes que la administra el padre de los Hernández en esta comunidad, y una tienda más de abarrotes en la cabecera municipal, además de un negocio de utensilios de cocina y una farmacia donde mandan a todas las familias indígenas que solicitan ayuda médica al municipio, allí pagan consulta, pagan medicamentos y también se les condiciona el servicio bajo empeños y prendas o propiedades, depende de la gravedad de la enfermedad. No puede faltar la empresa constructora y bloquera, misma que se autocompra para la construcción de pequeñas obras del ayuntamiento.

De acuerdo con los trabajadores cercanos a su administración municipal, en estos siete años han comprado residencias en Tehuacán, una en Puebla y un departamento en la zona de Angelópolis, más tres casas en la cabecera del municipio. Los trabajadores de este ayuntamiento han manifestado a este medio que viven y trabajan con miedo: “En qué andarán metidos, porque ni Andrés Manuel López Obrador anda con tantos hombres armados, aquí tienen en su poder cuatro vehículos tipo Chevrolet con blindaje del 7. A qué y a quiénes le tienen miedo, debería de ver cuántos guaruras andan resguardando a los dos hermanos y ni son guaruras, son sus matones, todos son foráneos, no son de la sierra. La familia de los Hernández es numerosa. Son catorce hermanos y los 12 hermanos restantes se dedican a administrar una flota de taxis piratas en toda la sierra negra, como en Tehuacán”, son taxis que operan como halcones.

Justo en el mes de enero el secretario particular de Honor Hernández, de nombre Carlos Aguas Balderrama, perdió la vida en un accidente por circular a alta velocidad, el vehículo salió de carretera, pero a abordo iba acompañado de un elemento del Ejército del estado de Veracruz, compañeros del militar llegaron al rescate y llevaron al gendarme a un hospital en la ciudad de Puebla. Los testigos manifiestan que dentro del vehículo llegaron a sacar maletas de dinero y armas, mismas que fueron a parar al domicilio particular de los Hernández.

El 6 de junio, fueron evidenciadas dos casas de seguridad donde se tenían acumuladas credenciales para votar, una de esas casas le pertenece al suegro del candidato electo Delfino Hernández Hernández, y de acuerdo a declaraciones de los habitantes, estas credenciales fueron acumuladas mediante engaños. En cada trámite que se gestiona en el ayuntamiento –como actas de nacimiento, constancias de vivienda y demás gestiones–, las autoridades municipales a base de mentiras les retenían las credenciales, de esa manera, antes de las elecciones se les fue a condicionar hasta el domicilio de cada persona la devolución del plástico siempre y cuando comprobaran que el voto iba a ser para Delfino Hernández, la Fiscalía tiene acumuladas varias denuncias por este delito electoral.

Salud privada y falsa educación sin límites, negocio redondo

Educación sin límites para todos los niños de Eloxochitlán es una más de las mentiras de estos caciques. La instalación de dos antenas para el servicio de internet gratuito sirvió para el uso personal de la gente de los Hernández Hernández, hasta el momento los estudiantes siguen esperando el servicio gratuito de internet para tomar clases a distancia. Los aparatos móviles que se entregaron en septiembre del año pasado fueron aparatos de desecho que sirvieron para ser tirados a la basura casi al mes, sin embargo, educación sin límites ha servido para desviar recursos.

Al no haber hospitales ni clínicas en este municipio, se instaló una farmacia municipal con equipamiento y presupuesto público; sin embargo, las consultas, así como el medicamento, se les cobra a las familias indígenas. Los servicios médicos para los caciques ha sido un negocio redondo en esta pandemia.

Y sí, también la empresa minera Autlán tiene presencia en esta parte de la sierra negra de Puebla. Justo en este punto es donde convergen los tres ríos más importantes que pretende entubar el proyecto hidroeléctrico, justo aquí inicia el río Tonto, que podría ser entubado en cualquier momento. La sierra negra peligra y las familias indígenas también.

Persecución política y amenazas de Los Celestinos

De acuerdo con el Censo del Colectivo Nacional Alerta Temprana de Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos, las amenazas a familias de Coyomeapan se potencializaron con el despojo de tierras desde hace dos años; a la fecha, suman 4 mil familias amenazadas y 50 defensores perseguidos y otros encarcelados.

Estos casos ya los atiende la Subsecretaría de Derechos Humanos Población y Migración, a través de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos, en conjunto con la Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México; dichas dependencias elaboran acciones para intervenir y velar por los derechos humanos de las comunidades indígenas en Coyomeapan.

De igual manera, la Fiscalía Estatal de Derechos Humanos fue inmediata en su atención y en la salvaguarda de los defensores amenazados con las medidas de protección. Un número considerable del personal de esta dependencia se trasladó hasta la Casa de Justicia en el municipio de Tehuacán para levantar las denuncias de los defensores, esto derivado de la desconfianza de los indígenas en las autoridades de la región. Lo cierto es que el miedo y el terror prevalece en los defensores y muchos de ellos decidieron denunciar en instancias federales y otra parte en la Fiscalía Estatal en materia de derechos humanos.

En esta región algunos defensores que encabezaron luchas ejemplares, han mandado mensajes a los que lideran la defensa de la tierra en el sentido de que se deben alinear porque los van a matar, advierten mensajes catastróficos. “Hay vidas de por medio”, y es que algunos de estos defensores en tiempos de campaña recibieron canonjías de Araceli Celestino Rosas, por eso es que se escudan y lanzan advertencias en el intento de controlar a los defensores de estos pueblos, incluso se ha comenzado a hacer una campaña negra en contra de los que en este momento están trabajando en favor de las comunidades indígenas de la sierra negra. Mensajes como “ los van a matar”, son avisos que finalmente son amenazas. Lo terrible es que los mismos defensores se presten a ser portavoces o mensajeros de “Los Celestinos”, Araceli Celestino se encargó de amarrar también las luchas de defensores a través de compadrazgos.

De Coyomeapan a Palacio Nacional

Era domingo seis de la tarde, habitantes de las comunidades indígenas bajaron a pie para llegar en punto de las diez de la noche a Coyomeapan, hora marcada para la salida a la Ciudad de México con dirección a Palacio Nacional y arribar a las 5:30 am. La Urvan blanca cargaba en el techo las lonas con consignas en contra de los caciques de Coyomeapan. Todos apretujados y abordo, tomaron camino por la sinuosa carretera de la sierra.

Con la oscuridad que aún no ve el clarear del alba, llegaron a Palacio Nacional, la esperanza de ver al presidente Andrés Manuel López Obrador los despertó en cuanto pusieron el primer pie en la capital. Inseguros, tímidos y con mucha pena comenzaron a colocarse frente a Palacio Nacional, estirando sus lonas; por fin alguien se animó y comenzó a gritar: “¡Fuera los caciques de Coyomeapan! Y la gente se pregunta, y esos quiénes son: somos campesinos defendiendo la nación. Y la gente se pregunta y esos quiénes son: ¡somos campesinos exigiendo solución! ¡Obrador, escucha a tu pueblo!”.

Los paisanos que allí trabajan, al ver en redes sociales que había gente de su pueblo a las afueras de la mañanera, dejó todo a un lado para unirse a las protestas; muchos de ellos pidieron permiso en sus trabajos, otros llegaron con enormes ollas de café y pan para su gente. Habían trascurrido tres horas y media y sus consignas no cesaban: “¡abusados, allí viene la prensa!, que escuchen como se grita justicia en Coyomeapan: ¡justicia, justicia, justicia! ¡Fuera Los celestinos”!

La agenda programada marcaba una rueda de prensa a las once de la mañana para los habitantes de la sierra, al unísono se sumó Los Ángeles Press para ceder el uso de la palabra en su evento que se relacionaba con las víctimas de tortura: “son muchas familias las amenazadas, son campesinos muy humildes a los que les han arrebatado sus tierras, se han aprovechado de la ignorancia de las familias, han encarcelado a algunos, nosotros estamos amenazados”, dijeron en entrevista, “lo único que queremos es que se nos haga justicia y que se vayan ‘Los Celestinos’, le han hecho mucho daño a nuestro pueblo. Nuestra gente es de paz, no queremos violencia”.

 INE y los indígenas de Coyomeapan 

Lorenzo Córdova, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, abrió su agenda para escuchar a la comunidad indígena. Allí en la mesa de diálogo, se expusieron las anomalías: la problemática con cuatro casillas, la constancia que el IEE le había otorgado al candidato de “Los Celestinos” y la toma de las instalaciones del consejo municipal del IEE por el pueblo, así como otras incoherencias en las que incurrió el IEE. Los habitantes sabían de antemano que el INE les diría que no era de su competencia por tratarse de un tema local, pero escucharon lo que necesitaban saber para tomar el camino indicado en torno a sus demandas en el tribunal electoral. De inmediato, Lorenzo Córdova tomó su teléfono para poner a los indígenas en manos de la defensoría de los pueblos indígenas del instituto electoral.

Casi con el corazón de fuera y los ojos cercenados sin dormir, hombres y mujeres permanecieron de pie en espera de la respuesta de la comisión que había entrado con Lorenzo Córdova. A las tres de la tarde, con una sonrisa alentadora resumida en buenas noticias para el pueblo, la comisión se encontró con un nuevo grupo solidario de paisanos que llegaron a sumarse allí afuera del INE, igual de adheridos y con residencia en la Ciudad de México, habían llevado cajas enormes de alimentos y refrescos para que la gente pudiera almorzar y comer.

A las seis de la tarde, la Secretaría de Gobernación abrió las puertas para los coyomeapeños afectados, particularmente a las víctimas de amenazas de muerte y persecución. El cansancio vencía a algunos, pero en cuanto tuvieron a las autoridades frente a sus ojos, un impulso de voluntad y resistencia los volvía a poner en pie; expusieron sobre la mesa todas las injusticias y su preocupación por que las cosas se fueran a salir de control, el miedo se sentía a flor de piel y sus emociones también, algunos fueron vencidos por el sentimiento: la voz se les quebraba y en seguida las lágrimas de sus ojos humedecían sus rostros.

Al salir de la Secretaría de Gobernación, las porras y las palabras reconfortantes para todos los que esperaban afuera se desbordaron en llanto; por fin alguien los había escuchado, por fin las autoridades intervendrían para que la paz nuevamente arropara a los indígenas de la sierra negra. “Pero no hay que confiarnos, falta que cumplan las autoridades, tenemos que darles el voto de confianza, pero también de desconfianza, esperemos que de verdad este gobierno no nos falle”.

Radios disfrazadas de comunitarias al servicio de la minera

Una nueva estrategia para dividir a los pueblos es justamente a través de las radios en poder de los caciques para romper con las verdaderas radios comunitarias de la sierra negra que pertenecen a la RED de Radios Comunitarias de Puebla, Oaxaca y Veracruz. Mientras las radios comunitarias mantienen una programación cultural y educativa, pero también de resistencia en contra de los proyectos de muerte, “Los Celestinos” como el presidente actual de Zoquitlán, Claudio Hernández Cabanzo, y Fermín González, exalcalde de Zoquitlán como los caciques de Eloxochitlán, los Hernández Hernández, le han apostado a la programación radiofónica de la narco-cultura, con corridos y bandas, además de la desinformación para posicionar la entrada del proyecto Hidroeléctrico, Atzalan-Coyomeapan del Grupo Ferrominero Mexicano; estas estaciones tienen la finalidad de golpear a los defensores de la tierra, la división de familias, el resquebrajamiento social y la apología del delito, una de esas estaciones lleva por nombre La Llegadora en Zoquitlán, que se escucha en la 107.1 FM, esta estación le pertenece al expresidente municipal Fermín González, quien además utiliza su propia estación de radio para promocionar a sus candidatos y a la administración de Claudio Hernández Cabanzo. En Coyomeapan, “Los Celestinos” son dueños de la estación de radio La Triunfadora 103.1 y en Eloxochitlan los trabajadores del ayuntamiento tienen conocimiento que con la llegada de Delfino entrará una estación de radio FM. Que de igual manera va operar en favor de la empresa hidroeléctrica.

Rearticulación de defensores de la tierra en Zoquitlán

Este fin de semana, defensores de la tierra en Zoquitlán se rearticularon en Coyolapa, después de tres años de la desaparición de Sergio Rivera Hernández. Habitantes de varias comunidades de la sierra negra denunciaron severas amenazas; la empresa minera ahora está operando mediante funcionarios que se hacen pasar por catedráticos de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y como gente cercana a defensores de otras causas, para entrar a las comunidades con mentiras y promover la consulta en favor de la hidroeléctrica.

Tal es el caso de Zoilo Guzmán, quien se hace pasar por activista en San José Miahuatlán, y Paula Rosales Bravo, representante de BIENESTAR en Zoquitlán, funcionaria que fue denunciada este fin de semana por los defensores luego de que esta mujer ha estado maniobrando en la sierra negra para que se lleve a cabo una consulta, pese a que el pueblo ya fue consultado en 2017 y como resultado fue el rotundo rechazo al proyecto hidroeléctrico; sin embargo, Rosales Bravo continúa promoviendo la consulta de la mano con Zoilo Guzmán, mismo que de acuerdo a la versión de Rosales Bravo, es trabajador del Instituto Poblano de los Pueblos Indígenas (IPPI).

La sierra negra hoy se ve más oscura que en los años porfiristas, el tiempo se encuentra atrapado, la justicia es nula para los indígenas y seguirá siendo así mientras el gobierno no haga algo al respecto.

Los indígenas brillan en esas montañas y en los caudales de los ríos, como luciérnagas nos hacen señales de luz pero nadie los ve.

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El Caso Wallace

El juego perverso de Isabel Miranda y Netzaí Sandoval, en tres tiempos

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Por Guadalupe Lizárraga

A pesar de la avanzada edad y enfermedad, Isabel Miranda Torres sigue extendiendo su corrupción al Poder Judicial y a todo aquel servidor público con incontinente ambición y nula ética que se presta a sus juegos a costa de la vida y libertad de ocho personas inocentes. Netzaí Sandoval Ballesteros, titular de Defensoría pública de la Federación, es uno de ellos.

Para entender este juego perverso de simulación de acciones jurídicas vayamos por tiempos:

Primer tiempo

Hay que remontarse al 11 de diciembre de 2018. Se abre la primera carpeta de investigación contra Isabel Miranda Torres por la denuncia de esta periodista en la Unidad Especializada de Tortura, siendo PGR todavía. La denuncia se robusteció con los testimonios de los familiares de las víctimas, y se ratificó el 25 de mayo de 2019, después de presentar pruebas supervenientes al caso, como el testimonio y prueba de ADN del padre biológico de Hugo Alberto Wallace Miranda, el doctor Carlos León Miranda, primo hermano de Isabel, y una tercera identidad de Hugo Alberto.

Con el testimonio de León ante la FGR, se evidenció que Isabel Miranda había mentido desde su primera denuncia de secuestro ante la entonces Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, el 13 de julio de 2005, a las 5:30 de la mañana. Y cuatro horas antes, también había mentido al Ministerio Público, José Enrique del Socorro Wallace Díaz, quien puso la primera denuncia por secuestro identificándose como su padre biológico.

Desde febrero de 2006, Miranda Torres sostenía que la prueba contundente para acreditar el homicidio de su hijo era la gota de sangre encontrada en el departamento de Juana Hilda González Lomelí, casi ocho meses después de los supuestos hechos. El juego perverso de Miranda Torres siguió, al igual que las torturas a sus inculpados, primero en sus detenciones arbitrarias y después dentro de los penales federales de máxima seguridad en las que ella misma participó con la complicidad de Renato Sales Heredia, quien fungía como comisionado nacional de Seguridad en el gobierno de Enrique Peña Nieto, y le permitió la entrada a los penales a discreción.

A partir del 31 de mayo de 2014, la publicación de los ocho primeros reportajes en Los Ángeles Press, bajo el nombre de esta autora, aportaron suficientes elementos para evidenciar que Hugo Alberto no había sido secuestrado ni asesinado como lo sostenía Isabel Miranda y que todas las víctimas sin excepción habían sido torturadas; y al menos tres -de las ocho víctimas- con violencia sexual. Las evidencias se siguieron aportando: tres actas de nacimiento, dos actas de defunción, tres CURP (dos obtenidos cinco años después de la fecha de la supuesta muerte), documentos del SAT activos en 2018 y el número de seguro social, todo a nombre de Hugo Alberto con los apellidos Wallace Miranda, Miranda Torres y León Miranda.

Durante estos años, los familiares de las víctimas interpusieron un sinnúmero de denuncias contra Isabel Miranda ante la FGR por acoso, intimidación, amenazas, falsedad en declaraciones, tráfico de influencias, pero nada prosperó. Miranda, impune, ganaba tiempo corrompiendo autoridades y medios, simulándose víctima, mientras el lucro de su negocio y el de los servidores públicos sometidos a su voluntad se incrementaba con cada jefe de gobierno y con cada presidente de la república.

Fue pues hasta diciembre de 2018, cuando la denuncia por secuestro en grado tentativa, torturas físicas y psicológicas acreditadas en protocolos de Estambul y valoraciones psiquiátricas que, junto con la falsedad de declaraciones y documentos oficiales, formaron parte de una nueva denuncia que dio lugar a la primera carpeta de investigación bajo el número FED/SEIDF/UEIDT-CDMX/0000840/2019.

Sin embargo, el 25 de noviembre de 2020, días antes del cierre de los juzgados por medidas contra la pandemia, la FGR determinó el no ejercicio de la acción penal contra Isabel Miranda por la falsificación de documentos y la falsedad de declaraciones judiciales en informes dados a una autoridad. La notificación fue dada a esta periodista el 26 de noviembre de 2020 a tres mil kilómetros de la CDMX, firmada por el agente del Ministerio Público Juan Diego Chávez Aguirre, el segundo de abordo del fiscal Alejandro Gertz Manero, bajo el argumento de que los delitos habían prescrito en 2012.

Los cargos de tortura y secuestro fueron omitidos por la FGR y fundaron su argumentación en un artículo inexistente. En juicio de impugnación, celebrado el 21 de junio de 2021, el juez de control Juan Carlos Ramírez Benítez declaró improcedente la impugnación alegando que se había interpuesto un día posterior a la fecha límite, lo cual era falso. Sin embargo, no hubo apelación y se decidió otra ruta jurídica.

A menos de un mes de esa audiencia judicial, Isabel Miranda simula la irritación contra el titular de Defensoría pública, Netzaí Sandoval Ballesteros, por el caso de Brenda Quevedo Cruz, y su supuesta insistencia en su liberación. Brenda tiene doce años en prisión sin sentencia en México, y dos torturas con violencia sexual. En cualquier Estado de derecho Brenda no sólo estaría en libertad, sino sería atendida por el mismo Estado para la reparación de daño. Pero Sandoval, siguiendo el juego perverso, asesorado por Ricardo Raphael, filtra a los medios la denuncia ante la FGR por falsedad de declaración contra Isabel Miranda, como “el fin de la Wallace”.

Segundo tiempo

Netzaí Sandoval Ballesteros, en su llegada a Defensoría pública lo primero que hizo fue despedir a los abogados defensores que no eran de su comunidad gay o no le rendían pleitesía. Y fue sustituyéndolos por sus cercanos. Pero en su manoteo, llegó al caso Wallace tomando decisiones que han favorecido claramente a Isabel Miranda, incluso la actual denuncia.

Al abogado de Brenda Quevedo, lo presionó a cambiar la estrategia de defensa, y al negarse el abogado lo destituyó empujando su jubilación para que dejara el caso y se retirara del Poder Judicial. Después fue el abogado Gerardo Manrique, quien había ayudado a Brenda a que se le atendiera médicamente porque estaba sufriendo las secuelas de las torturas. Y finalmente, despidió al abogado de Jacobo Tagle Dobin, el licenciado Alejandro Garduño Real, quien llevaba la defensa más sólida de todas las víctimas.

La estrategia de Garduño le permitía avanzar significativamente porque se basaba en la presentación de las pruebas supervenientes del padre biológico en la última etapa del proceso. Para esta estrategia se había puesto de acuerdo con el abogado de Brenda. Sin embargo, con la jubilación apresurada de éste por la presión de Netzaí, quien no tiene ninguna experiencia en litigio penal, y la nueva abogada defensora de Brenda presentó las pruebas con premura, causando su nulidad en el juicio.

Una siguiente estrategia de Garduño se basó en los protocolos de Estambul aplicados a Jacobo Tagle por orden del Consejo de la Judicatura de la Federación y la CNDH. En el protocolo con resultados positivos en tortura quedó asentado que Jacobo fue privado de su libertad el 3 de diciembre de 2010, y fue puesto a disposición del juez hasta el 12 de diciembre de 2010, nueve días privado de libertad, exhibido como secuestrador en los medios sin orden de arraigo, trayéndolo en las calles a reconocer lugares donde supuestamente estaban los restos de Hugo Alberto.

En esta detención participó directamente Isabel Miranda Torres y Braulio Robles Zúñiga, ignorando a los dos jueces que requerían a Jacobo por dos causas distintas, la 35/2006 del Juzgado 16º. de la CDMX, y la 9/2007 del Juzgado 4º. de Toluca. Por lo que el 7 de marzo de 2019, ya con los resultados de los protocolos de Estambul, Jacobo interpuso una denuncia por privación ilegal de libertad contra Isabel Miranda y contra el exagente de la SEIDO mencionado, directamente en la oficina de Gertz Manero, denuncia que no ha prosperado porque también el fiscal tomó partido por la impunidad de Miranda, y Jacobo no fue notificado para que ratificara su denuncia.

Más aún, el abogado Garduño desde que aceptó y protestó por el caso Wallace, en defensa de Jacobo, empezó a ser intimidado. Le apuntaron con armas de fuego, lo persiguieron en auto varias veces, lo amenazaron por teléfono y le dijeron explícitamente que se alejara del caso Wallace sino quería aparecer muerto en un barranco. De cada agresión, él puso una denuncia ante el Ministerio Público, pero siguió trabajando valientemente en favor de Jacobo. Incluso, tuvo escolta durante un año, y se la retiraron sin explicación.

El 13 de abril de 2021, tres días después de la última visita a Jacobo al cefereso de Chiapas, el abogado fue despedido injustificadamente por Netzaí Sandoval. Garduño cumplía veinte años de servicio al Poder Judicial, había quedado en silla de ruedas por un accidente de trabajo, y se había mantenido con absoluta discreción ante los medios sobre el caso, pero nada valió a Sandoval y confirmó su despido.

Es cuando el abogado decide hacer la denuncia pública a Los Ángeles Press de la persecución de Isabel Miranda y de la gestión corrupta y falta de ética de Netzaí Sandoval. Pero la intimidación no cesó, por lo que se vio obligado a solicitar el asilo político al gobierno de los Estados Unidos. El abogado viajó a Los Ángeles, California, y fue entrevistado por los agentes de Migración, quienes consideraron creíble su miedo a perder la vida por esa persecución. En la entrevista, los agentes de Homeland Security identificaron a Isabel Miranda como vínculo de Genaro García Luna, y así se lo hicieron saber. Por lo que, en menos de 24 horas, el abogado Alejandro Garduño Real obtenía la entrada legal a este país que había decidido resguardar su vida.

 

Tercer tiempo

Jacobo Tagle interpuso la denuncia penal contra Isabel Miranda y Braulio Robles Zúñiga por la privación ilegal de su libertad, pero nunca se le notificó la fecha para ratificarla. Fue infiltrado por una mujer para enamorarlo y obtener la información de cada paso que daba, y otra que le servía de mensajera para sus gestiones legales fue corrompida. El director del penal, sobornado para que informara a Miranda de sus llamadas y visitas. El aislamiento de Jacobo en el cefereso de Chiapas fue absoluto. Y el nuevo abogado defensor, íntimo de Netzaí Sandoval, cambió de estrategia legal, siguiendo la misma ruta seguida con Brenda, optando por gestionar una opinión de libertad de Naciones Unidas basada en la larga prisión preventiva de la que todavía no hay respuesta.

El escándalo mediático promovido y pagado por Netzaí Sandoval como ofensiva contra Miranda por sus quejas con Arturo Zaldívar encaja muy bien en la práctica de simulación de acciones jurídicas que ha arrastrado el caso Wallace desde su origen para prolongar indefinidamente la impunidad de Miranda. El principal argumento para sostener esta afirmación es la denuncia contra ésta: por falsedad de declaraciones. El proceso judicial contra Miranda, en el caso de esta periodista le llevó dos años a la FGR para determinar el no ejercicio de la acción penal. Siguiendo con este mismo patrón de consignas en favor de Miranda, terminaría el sexenio de López Obrador en impunidad, disimulada con una denuncia por delitos que prescribieron en 2012 y por los que ya se le acusó. Algunos medios, aludieron a la denunica como “simulación de pruebas”, pero Miranda fue precisa en la entrevista del medio que más la ha favorecido, El Universal. En medio de toda esta distracción, como bien la llamó la misma victimaria, alguien de Showcase Publicidad, su propia empresa, llama por teléfono al abogado Gerardo Manrique, quien actualmente realiza gestiones para George Khoury Layón y César Freyre Morales, ofreciéndole contratarlo como penalista con jugosos honorarios. La respuesta de Manrique fue negativa, y a esta periodista le señaló en específico que no podía hacerle eso a Brenda Quevedo, después de haberla defendido, puesto que era un delito.

Un último tiempo, a manera de corolario

No hay una denuncia penal de Defensoría pública contra Isabel Miranda por tortura ni secuestro, pese a que dos de las víctimas, George Khoury Layón y Jacobo Tagle Dobin, tienen protocolos de Estambul positivos en tortura y evidencias de privación ilegal de libertad. George Khoury con reconocimiento de inocencia por la Secretaría de Gobernación, institución demandada por Miranda en enero de 2021.

El caso de George Khoury Layón es ignorado por la Defensoría pública, de Netzaí Sandoval, pese a estar derivado directamente del caso Wallace y haber sufrido cuatro detenciones arbitrarias que implicaron la privación ilegal de libertad por parte de Braulio Robles Zúñiga, y tres torturas; una en su detención de 2009, por agentes de la PGR bajo el mando de Eduardo Medina Mora, y las otras dos en los ceferesos de Oaxaca y Michoacán por pedir atención médica y ampararse para que no lo golpearan.

En el caso de Brenda Quevedo, existen valoraciones psiquiátricas con alto estrés postraumático por eventos de tortura. Pero Netzaí Sandoval prefirió recurrir a la ONU por la larga prisión preventiva que denunciar penalmente a Isabel Miranda y a sus secuaces Braulio Robles, Fermín Ubaldo Cruz y Osvaldo Jiménez Juárez, actual fiscal de investigación en la alcaldía de Xochimilco.

En el caso de César Freyre, su madre María Rosa Morales, recién fallecida, y su hermana Julieta Freyre, fallecida en 2010, fueron encarceladas durante año y medio por la falsa acusación de Miranda, para torturar psicológicamente a César a que se incriminara por el supuesto secuestro de Hugo Alberto Wallace. Lo que sucedió hasta después de cuatro años de su detención y recurrentes torturas. La del día 2 de octubre de 2010, fue una de las torturas más crueles y después de ese evento le pusieron al teléfono a su madre, llorando en su casa, con los agentes de la entonces SIEDO que la estaban encañonando. La siguiente tortura a César fue veinte días después, el 22 de octubre, para que ratificara su confesión, el mismo día que falleció su hermana Julieta de un infarto cerebral.

Todas las demás víctimas dieron sus testimonios de tortura, pero les negaron el protocolo de Estambul bajo el alegato de que ya estaban sentenciados. En el caso de Jael Malagón Uscanga, para evitar que se asociara la tortura por el mismo caso Wallace, Isabel Miranda y Braulio Robles, también en 2010, pagaron a presos para que lo “atacaran” en su celda, causándole el desprendimiento de la retina del único ojo que tiene.

Isabel Miranda ha interpuesto 245 recursos judiciales entre los que se encuentran las demandas a las instancias gubernamentales encargadas de proveer justicia, y con el sello Wallace sostiene la enorme red de corrupción de funcionarios públicos.

Isabel Miranda dijo clara y cínicamente que pudo haber mandado matar a sus víctimas, pero no lo hizo, “solo los mandó golpear”. La respuesta es muy sencilla, no lo hizo porque las necesita con vida para seguir inyectando la legitimidad extinguida al caso Wallace, en espera de su propia muerte.

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