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Investigaciones

Sanjuana Martínez, protegida de AMLO y amante de las buganvilias, viola leyes federales desde Notimex 

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Por Rivelino Rueda 

Sanjuana Martínez Montemayor le dedica más tiempo a cuidar de sus buganvilias que a tomar medidas ante el hacinamiento y los potenciales contagios de Covid-19 en los casi 250 trabajadores que van a laborar, en la clandestinidad, a la bodega de África 15.

La pandemia, los contagios al alza en todo el país, la instrucción del gobierno federal de “quedarse en casa”, en ese momento no interesan a la directora general de Notimex. Lo importante es el aspecto de las flores de ornamento que instala cuidadosamente en su nueva oficina.

Un sanitario de tres por tres metros para casi doscientas cincuenta personas, en tres turnos. Mujeres y hombres compartiendo el mismo cuarto hediondo de materia fecal y orines fétidos, sin papel higiénico, sin jabón, a veces sin agua.

Diez cámaras de videovigilancia para “tomar medidas drásticas” ante cualquier movimiento sospechoso, más parecidas al espionaje que a un control para la seguridad de los trabajadores. Los “focos de alerta” ante jornadas laborales clandestinas, a sabiendas de que se está violentando el estado de huelga legítima en la agencia.

Martínez, sin ninguna sanción, ha violado leyes federales. Entre éstas, la Ley Federal de Austeridad Republicana y sus lineamientos, la Ley Federal del Trabajo, la Ley General de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, la Ley de la Agencia de Noticias del Estado mexicano, Notimex, el Reglamento del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, e incluso el Artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Todas pisoteadas de la manera más cínica.

El engaño, la mentira y el chantaje como carnada para justificar el ejercicio discrecional de 222 millones de pesos del presupuesto asignado para 2020.

Y es que todo se puede en esta administración si uno es “protegido” del presidente Andrés Manuel López Obrador. Sanjuana Martínez lo sabe y por eso le dedica más atención a sus buganvilias que al personal que labora en el organismo que supuestamente preside.

El grupo de incondicionales, a pie juntillas, prestos a cumplir la triple labor dictada por “La Patrona”: reventar la huelga a como dé lugar, fomentar campañas de odio hacia los críticos y los trabajadores en paro, así como fungir como virtuales capataces en la “sede alterna” que, supuestamente, es invisible para todos, hasta para las autoridades hacendarias, a quienes se tenía que notificar sobre su arrendamiento.

Sanjuana Martínez riega sus buganvilias con esmero, con harto amor, en su nueva oficina de África 15, en el Barrio de La Concepción, de la Alcaldía Coyoacán, alejada de la realidad.

Pero nada salió como la funcionaria esperaba.

Incluso, se fue por la borda la instrucción de no dejar huella sobre las labores ilegales que se desarrollaron en ese inmueble y, sobre todo, el reporte que -por obligación- tenía que hacer Notimex sobre la renta de ese sitio.

¿Leyes laborales? ¿Para qué?

Martes 17 de marzo de 2000.  

A la señora que ama las buganvilias y la tranquilidad en su oficina particular le urge cerrar el paso a los huelguistas de Notimex. Es tanta la obsesión de ganar la partida, a costa de lo que sea, que dicta la orden para presentarse a trabajar en unas oficinas alternas.

Busca esquiroles, materializa un sindicato blanco, regaña (la palabra más exacta es “humilla”, de acuerdo con testimonios de editores, reporteros y fotorreporteros que laboraron en Notimex) a sus más cercanos. Siempre saca a relucir el cobijo que tiene del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Y en ese afán de actuar por las malas, sin importarle las leyes laborales, y querer doblegar a “sus enemigos” y “detractores”, ordena la renta de un inmueble para aparentar que en la agencia —que se fundó en 1968, con motivo de los Juegos Olímpicos en la Ciudad de México—, las cosas marchan a la perfección.

“COMUNICADO URGENTE/ Todos me confirman de enterado apenas lean/ Mañana todos a las 9:00 en África 15, La concepción (sic), Coyoacán/ Menos los colegas de la madrugada/ Que irán en la noche a hacer su turno normal Será un día atípico que romperá por completo nuestra dinámica/ Pero ni modos/ Es la indicación/ Supongo se dará información y luego quizás los de la tarde puedan partir y regresar a su turno” (sic).

José Gabriel Martínez Rodríguez, exsubdirector de Noticias de Europa, Asia, El Caribe, Centro y Sudamérica de Notimex, replica la instrucción a los reporteros de esa área a las 21:55 horas de aquel día, vía mensaje de WhatsApp en un grupo denominado “Internacionales tod@s”.

En unas horas, las autoridades sanitarias reportarán la primera muerte por Covid-19 en México. Los casos confirmados por coronavirus en el país ya llegan a 118, un incremento del 26 por ciento respecto al día anterior. Pero no. A Sanjuana Martínez le gana la paranoia y ordena laborar, en tres turnos, en una bodega sin ventilación ni los más elementales protocolos de medidas sanitarias.

Ingrid Sánchez Pulido, trabajadora en activo de Notimex, de la Sección de Noticias Internacionales, recuerda que los directivos de la Agencia convocaron a laborar en la bodega de África 15 “unos días antes de que el gobierno federal decretara el confinamiento de la población por la pandemia de Covid-19, y luego el anunció de la emergencia epidemiológica”.

“Fue el 18 de marzo cuando convocaron a la sede de África. Recuerdo que hubo inconformidad con esa medida porque entre nosotros nos preguntábamos que por qué se estaba llamando a todos los trabajadores a quedarse en casa y a nosotros se nos estaba regresando a laborar” detalla.

La periodista puntualiza que en ese bodegón de la alcaldía Coyoacán estuvieron trabajando unos días, pero “el gobierno federal emite la emergencia epidemiológica y las medidas de confinamiento, y de nuevo nos dan la indicación de trabajar en casa hasta el 8 de junio, que es cuando la Junta de Gobierno reconoce la huelga”, apunta la periodista.

Declaración patrimonial de Ingrid Pamela Sánchez Pulido 

Las irregularidades

La primera de una serie de irregularidades en las que ha incurrido Sanjuana Martínez en los últimos 514 días de paro de labores en la Agencia de Noticias del Estado mexicano está en marcha.

Miércoles 18 de marzo, a las 00.33 horas.

Un trabajador de Notimex de la Sección de Noticias Internacionales, que opta por el anonimato, envía otro mensaje al chat de Whatsapp en cuestión:

“Este es el bueno: Mensaje a todos esperando les sirva: la forma más directa es llegar al metro Tasqueña y tomar cualquier transporte que se vaya por Migue Angel (sic) de Quevedo, bajándose donde está un Vips y atrás un Superama, en el cruce con Pacífico hacia el sur o América al nororiente. Africa (sic) está a una calle del Vips y separa a este del Superama, además sale a Miguel Angel (sic). Si a alguien le queda por el metro verde línea 3 (sic), se baja en Metro Miguel Angel (sic) y toma cualquier transporte hasta América o el Vips, se baja ahí, donde está la gas, y se cruza y sigue las instrucciones de arriba. Para mayores señas, Pacífico termina o empieza, según les guste, en ese cruce del Vips, donde a su vez comienza América. Buenas noches”.

 

 

Una desaforada carrera a contrarreloj cunde entre los mandos de Notimex. Son horas vitales para –según Sanjuana Martínez—“mostrar el músculo” ante los huelguistas.

Es el demostrar que la Agencia de Noticias sí labora (con esquiroles, con un sindicato blanco creado ex profeso, en una “sede alterna”) a pesar de la huelga, sin importar que esto conlleve a otro exceso jurídico, el de la violación de la misma Ley que crea la Agencia de Noticias del Estado Mexicano, que en el Artículo 13, Párrafo X, puntualiza:

“Son facultades indelegables de la Junta de Gobierno (de Notimex, autoridad suprema de la Agencia) establecer las bases para la adquisición, arrendamiento y enajenación de inmuebles que el organismo requiera para la prestación de sus servicios, en los términos de la legislación aplicable”.

Y sí. La señora que ama las buganvilias se saltó a la “autoridad suprema de la Agencia”, la Junta de Gobierno, para cumplir su capricho de “mostrar el músculo”.

Sanjuana ignora responsabilidades

Obligada por ley a informar a la autoridad hacendaria federal sobre el arrendamiento de bienes inmuebles para actividades propias de la institución pública que lo requiera, la Agencia de Noticias del Estado Mexicano, Notimex, que preside Sanjuana Martínez Montemayor, incumplió con ese requisito oficial y, de paso, violentó la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

La Agencia de Noticias rentó, entre marzo y noviembre de 2020, una oficina alterna para laborar clandestinamente (ya que trabajadores de Notimex se encuentran en huelga desde hace 16 meses) en un inmueble ubicado en la calle de África 15, en el Barrio La Concepción, en la Alcaldía Coyoacán, de la Ciudad fue de México.

Cabe mencionar que el Artículo 12 del Estatuto Orgánico de Notimex, Agencia de Noticias del Estado Mexicano señala que “la o el titular de la Dirección General contará con las siguientes obligaciones: “Párrafo VI. Proponer ante la Junta de Gobierno la apertura, el cierre o la reubicación de oficinas y/o corresponsalías de la Agencia en territorio nacional o en el extranjero”.

De acuerdo con dos solicitudes de información que presentó Los Ángeles Press al Instituto de Administración de Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN), órgano público desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), para conocer si Notimex había notificado sobre el arrendamiento de las oficinas en la Calle de África 15, el organismo respondió a la primera solicitud el pasado 31 de mayo:

“Con base en el artículo 132 segundo párrafo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente, se realizó la búsqueda en el Sistema de Contratos de Arrendamiento y Otras Figuras de Ocupación, el registro del contrato por parte de la Agencia de Noticias del Estado Mexicano, Notimex, del inmueble ubicado en la Calle África No. 15, Colonia La Concepción, Alcaldía Coyoacán, Ciudad de México, C.P. 04029, no encontrado registro alguno por parte de esta institución”.

Solicitud de documentación a INDAABIN 

***

En la segunda solicitud de información, con el Folio 2700100009621, enviada el 11 de junio de 2021, Los Ángeles Press buscó ampliar la información y preguntó cuántas solicitudes de arrendamiento había realizado Notimex en el periodo del 21 de febrero de 2000 (fecha en que estalló la huelga en el organismo) al 10 de junio de 2021.

El INDAABIN, con fecha del 14 de junio de 2021, la autoridad respondió:

“Con base en el artículo 132 segundo párrafo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente, se anexa en Disco Compacto (CD) que contiene la relación de los 19 contratos de arrendamiento registrados en el Sistema de Contratos de Arrendamiento y Otras Figuras de Ocupación con corte al 14 de junio de 2021, por parte de la Agencia de Noticias del Estado Mexicano en su calidad de arrendataria, que contiene los siguientes criterios:

“Folio. Arrendatario. Estado. Alcaldía/Municipio. Colonia. Calle. Número Exterior. Número Interior. Código Postal. Uso Inmueble. Área Ocupada M2. Monto Pago Mensual. Fecha de Contrato Desde. Fecha de Contrato Hasta”.

Segunda solicitud de información al INDAABIN 

En un anexo aparte, el INDAABIN notificó con una tabla de los arrendamientos solicitados por Notimex desde 2009 a la fecha, en donde destaca que el único arrendamiento que se realizó el año pasado fue el de las oficinas ubicadas en Avenida Baja California 200, Colonia Roma Sur, en la Alcaldía Cuauhtémoc.

Sobre la notificación de la renta de las oficinas en la Calle de África 15, no aparece ningún registro de la Agencia de Noticias del Estado Mexicano en ese periodo.

En el apartado 11 de la tabla se especifica que el único arrendamiento en 2020 es de las oficinas que, desde el 21 de febrero del año pasado, mantienen cerradas los trabajadores de Notimex en huelga, en Avenida Baja California 200, así como campamentos en la sede original de la Agencia, en la calle de La Morena 110, Colonia Del Valle Norte, en la Alcaldía Benito Juárez, y uno más en la de la Calle África 15.

Las oficinas de Avenida Baja California # 200 fueron rentadas por Notimex luego de los sismos del 8 y 19 de septiembre de 2017, ya que el inmueble de la calle de La Morena resultó dañado. El área ocupada en ese edificio, de acuerdo con lo que notificó la Agencia al INDAABIN, es de 2,757 metros cuadrados, con una fecha de contrato desde el 1 de noviembre de 2017 hasta el 31 de diciembre de 2020, y con un monto de pago mensual de arrendamiento de 509,996 pesos.

Servidores públicos, sin dar la cara

Diez cámaras de videovigilancia coronaban las oficinas clandestinas de Notimex, en África 15. Un ambiente de paranoia y persecución era lo que se vivía en ese inmueble, según testimonios de reporteros que trabajaron en ese sitio.

Todo era controlado y todo era objeto de sospecha. Todos eran potenciales espías y desestabilizadores. El más mínimo movimiento era vigilado. Una llamada, un mensaje, un correo electrónico, eran motivo de las más grandes sospechas…

Y Sanjuana Martínez cuidaba sus flores, cuando iba al local.

Para contar con su versión, Los Ángeles Press buscó, a través de sus correos electrónicos institucionales, a la directora general de Notimex, San Juana Martínez Montemayor; al encargado de Despacho de Administración y Finanzas, Martín Rolando Alarcón Meléndez, y al encargado de Despacho de la Subdirección de Administración, Martín Rosado Huitz.

Correos electrónicos solicitando entrevistas a Sanjuana Martínez y otros servidores públicos. 

También, a la encargada del Órgano de Control Interno de Notimex, Juana Verónica Osorio Cuevas, así como al encargado de la Dirección Editorial, Carlos Agustín Lozano Delgado.

Los correos electrónicos enviados para tener su opinión sobre este asunto se enviaron el viernes 11 de junio, cuando este medio digital había recibido la respuesta del INDAABIN a la primera solicitud de información. Hasta la entrega de este texto, ninguno de los funcionarios había respondido a la petición de entrevista.

Obligaciones adminsitrativas evadidas por Sanjuana

El Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, de acuerdo con su portal de internet, es un organismo público desconcentrado de la SHCP, cuyo objetivo es “administrar y valuar el patrimonio inmobiliario federal y paraestatal, así como procurar una Administración Pública que cuente con los inmuebles adecuados para el pleno ejercicio administrativo”.

A este organismo lo rige el Reglamento del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, el cual contó con nuevas adiciones mediante el decreto que reformó diversas disposiciones de este ordenamiento, y que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de mayo de 2012, así como como el 12 de enero de 2017.

La legislación modificada puntualizó, en el Artículo 10 de dicho Reglamento, que es atribución de la Dirección General de Política y Gestión Inmobiliaria:

“Apartado XIV. Determinar el mecanismo para que las dependencias y entidades capturen en la página de internet que el Instituto destine para tal efecto, los datos relativos a los contratos de arrendamiento que suscriban con carácter de arrendatarias, con el objeto de que los órganos internos de control consulten dicha información para verificar si el monto de la renta y la vigencia de cada contrato se sujeta a la normativa aplicable”.

En ese sentido, el INDAABIN implementó el Sistema de Arrendamientos y Otras Figuras de Ocupación, con el propósito de que las instituciones públicas capturen los datos respectivos a los contratos de arrendamiento que celebren bajo el carácter de arrendatarias, a fin de dar cumplimiento al numeral 165 del Acuerdo por el que se establecen las disposiciones en Materia de Recursos Materiales y Servicios Generales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 16 de julio de 2010, que contó con una última reforma el 5 de abril de 2016, y que a la letra señala:

“165. Las Instituciones Públicas deberán capturar los datos correspondientes a los contratos que celebren en su carácter de arrendatarias, en la página web que para estos efectos tiene el propio INDAABIN, en un plazo de 15 días hábiles contados a partir de la fecha del inicio de la vigencia del contrato de arrendamiento respectivo”.

Todas estas obligaciones administrativas fueron evadidas por la Agencia de Noticias del Estado mexicano, Notimex, bajo la dirección de Sanjuana Martínez.

Arrendamientos ilegales

Aunque los mandos de Notimex, comandados por la funcionaria Sanjuana Martínez Montemayor, han intentado eliminar por todos los medios posibles –incluso con amenazas, como la que sufrió la periodista y trabajadora en activo de la Agencia, Ingrid Sánchez Pulido—cualquier vestigio que los vincule con la renta de la bodega en África 15, al final han dejado diversos rastros de este arrendamiento fuera de la ley, sobre todo porque el organismo se encuentra en una huelga constitucional desde el 21 de febrero de 2020.

Borrando huellas en redes sociales, bajando datos de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), armando campañas de odio y descalificaciones contra periodistas, funcionarios y trabajadores en huelga que han cuestionado la gestión de Martínez Montemayor, amagando con presentar demandas; tergiversando hechos; ofreciendo entrevistas “a modo” sólo a medios afines a la Cuarta Transformación, a la dirección de Notimex se le han pasado detalles elementales para ocultar las innumerables irregularidades que se han dado en la gestión de Sanjuana Martínez al frente del organismo.

Y sí. A pesar de que los directivos de la Agencia de Noticias del Estado mexicano contaron con un presupuesto en 2020 por 222 millones de pesos, y otros 218 mil 521 millones 407 pesos de recursos públicos para ejercer a discrecionalidad y sin rendir cuentas en este 2021, como lo reportó Los Ángeles Press el 22 de junio en el reportaje titulado “Sanjuana Martínez erogó total del presupuesto 2020 de Notimex, en huelga; 222 mdp sin transparentar”, no pudieron evitar que al menos dos trabajadores de ese organismo hayan notificado, en sus declaraciones patrimoniales del año pasado, que laboraban en las oficinas clandestinas de África 15.

El primer caso es el del trabajador Miguel Ángel Alba González, quien en su declaración patrimonial del año pasado anotó esa dirección en el documento oficial, que incluso es verificado por la Secretaría de la Función Pública (SFP), que en ese entonces estaba al mando de Irma Eréndira Sandoval Ballesteros.

La fecha de recepción de dicha declaración patrimonial fue el 17 de agosto de 2020, en donde Alba González declara que su nivel jerárquico es el de “director editorial”, con el cargo de “editor AA” y su función principal era la de “redactar información”.

Declaración patrimonial de Miguel Ángel Alba González

Un segundo caso es el del trabajador José Cristóbal Torres Márquez, acreditado como “reportero” en la “Sección Cultura”, área que aún no se sabe si coordina Mario Bravo Soria o Víctor Roura Pech, ya que ambos se asumen como titulares de esa sección de la Agencia.

Torres Márquez presentó esta declaración patrimonial el 29 de mayo de 2020. En el documento destaca que no está contratado por honorarios y que el domicilio del empleo, cargo o comisión en México es en “África 15, La Concepción, Coyoacán, Ciudad de México, C.P. 04020”.

Declaración patrimonial de José Cristóbal Torres Márquez.

Notimex, se olvida de la austeridad

Una fecha clave en esta historia de caprichos y sistemáticas violaciones a la ley por parte de Sanjuana Martínez Montemayor es el viernes 18 de septiembre de 2020.

Ese día, el Diario Oficial de la Federación (DOF) publicó los lineamientos emitidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y por la Secretaría de la Función Pública (SFP) referentes a la Ley de Austeridad Republicana de la Administración Pública Federal.

En el Artículo 15 de ese ordenamiento se establece, puntualmente, que “no podrán efectuarse nuevos arrendamientos de bienes inmuebles para oficinas, salvo los casos estrictamente indispensables para la operación institucional”.

Lo anterior –añade el ordenamiento—“siempre y cuando se cuente con la disponibilidad presupuestaria y con la autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por conducto del Instituto de Administración de Avalúos y Bienes Nacionales, conforme a las disposiciones aplicables, buscando la máxima economía, eficiencia y funcionalidad”.

La dirección de Notimex, la Agencia de Noticias del Estado Mexicano, determinó saltarse ésta y otras leyes.

***

Tan solo en la entrada de los trabajadores, en el área del estacionamiento de África 15, la dirección de Notimex mandó colocar cuatro cámaras de videovigilancia. Otra más por el acceso de personas. Después había un pasillo largo y ancho para llegar a la bodega, que fue acondicionada sala de redacción.

Ya en esa área -de acuerdo con testimonios de periodistas de la Agencia en activo, así como trabajadores en litigio laboral con Notimex- se encontraban otras cuatro cámaras para monitorear a los trabajadores. Otra más en la zona que llevaba a las oficinas de los directores. Y una más en la Sala de Juntas.

Ingrid Sánchez fue la periodista de Notimex (contratada antes de que estallara la huelga, el 21 de febrero de 2020) que denunció las condiciones deplorables en las que se encontraban laborando los trabajadores de la Agencia en ese bodegón de la Alcaldía Coyoacán, pero además la enorme irresponsabilidad de estar asistiendo a un sitio que se encontraba hacinado casi las 24 horas del día.

6 de octubre. El número de casos totales de contagios por Covid-19 era de 789 mil 780. Las defunciones por la pandemia ya alcanzaban la cifra de 81 mil 887. El mapa de México estaba totalmente pintado de rojo, de acuerdo con el informe epidemiológico de la Secretaría de Salud.

Pero la señora que ama las buganvilias llamó a laborar. Obsesionada por controlarlo todo, instruyó a los mandos de la agencia de noticias a que convocaran a los trabajadores a laborar bajo estricta vigilancia.

En el chat de WhatsApp del grupo de periodistas de la Sección de Noticias Internacionales, “Internacionales tod@s”, José Gabriel Martínez Rodríguez, excoordinador del área, trata de calmar las aguas ante el nuevo desplante de Sanjuana Martínez:

“Miren/Como yo veo/ Es un mes/ Pasado ese tiempo no puede seguir así/ Y ya he hablado con varios homólogos de otras secciones y pensamos igual/ es un mes y lyuego (sic), si no se ha vuelto a la normalidad, se seguirá con la tarea, pero teniendo descansos/ y son cinco horas/ no 8 ni 10/ ni se perderá el día completo/ si (sic) se tronchan los días y fastidiará algunas actividades/ pero es un mes/”.

Samuel Cortés Hamdan, también periodista de la Sección de Noticias Internacionales, pregunta en el mismo chat:

“Pido disculpas, sé que ya se dijo, pero ¿podrían puntualizarme los horarios de asistencia a África?”

La respuesta corre a cargo de un trabajador que en el chat aparece como “Manuel Noti”:

“Mañana a las 9 y de ahí se harán turnos de cinco horas empezando de las 7:00 a.m. hasta las 10:00 p.m”.

Otro miembro del chat, que no está identificado, abunda:

“ajá (sic) 7:00-12:00 12:00-5:00 5:00-10:00”

Al día siguiente, Mariana García, periodista de Notimex durante la huelga, también de la Sección de Noticias Internacionales, recibió un correo electrónico de Mara Palacios Arzate, supervisora administrativa de la agencia de información, según el portal Nómina Transparente, desde su correo institucional, en donde le notifica sobre el número de cuenta para el acceso a su equipo de cómputo asignado en África 15: “notimex67”.

La periodista recuerda que en el bodegón de África 15 los trabajadores operaban con equipo de cómputo “viejo”, el cual, una parte estaba originalmente en la sede oficial de Avenida Baja California 200, Colonia Roma Sur.

No obstante, un mando de producción de la agencia de noticias –que pidió el anonimato porque aún labora en ese organismo– detalló a Los Ángeles Press que de las oficinas de Avenida Baja California “sólo fueron sustraídos ilegalmente, a través de vehículos automotores que ingresaban al estacionamiento y trasladaban esas herramientas a la sede alterna, algunas PC´s, así como las Mac de Sanjuana Martínez y del área de Producción”.

Además, indica que los trabajadores de la agencia de información que asistían a la bodega de África 15 “no checaban entradas ni salidas, sino que se tenían que anotar en una libreta que estaba a la entrada del local, que controlaba una persona de vigilancia, que de hecho fue la que se hizo de palabras y empujones con reporteros que cubrían el auto desalojo en ese local, el 9 de octubre”.

***

Cuatro días antes, el 5 de octubre de 2020, se afina el regreso a las actividades laborales en la bodega de África 15.

En huelga y en pandemia, Martínez Montemayor instruye a los editores de las distintas áreas convocar a los trabajadores a presentarse a laborar al día siguiente, durante los siete días de la semana, primero en un horario de cinco horas, pero luego cambia de parecer y exige que sean ocho horas laborales al día.

Fiel a sus estrategias intimidatorias y de violación sistemática a las leyes (esta vez a la Ley Federal del Trabajo), la funcionaria dicta que, de no presentarse, “se congelarán sueldos y prestaciones”.

Desde el número de celular con terminación 9329 -el cual Los Ángeles Press verificó que es de su propiedad, e incluso logró tener una entrevista vía telefónica con él-, José Gabriel Martínez Rodríguez replica entre su equipo de trabajo la instrucción de la directora de Notimex en el chat “Internacionales tod@s”:

«A ver/sinceramente/estampos (sic) exagerando/la lft (Ley Federal del Trabajo) marca/no más de 40 horas a la semana y al menos un día de descanso/aquí normalmente uds (confianza y base), tienen dos/número uno por ahí/número dos/Insisto a verlo así:/Se nos pide un esfuerzo de un mes, literal, cinco horas siete días/”.

Martínez Rodríguez, con su pegajoso acento cubano, narra para Los Ángeles Press que hubo dos momentos en el llamado a trabajar en la sede alterna de África 15, la primera, cuando anuncian que “van a irse a unas nuevas oficinas”, en marzo, unas semanas después de estallada la huelga, y el segundo, del 6 al 9 de octubre.

En total -comenta el periodista- “fueron menos de dos semanas las que se laboraron ahí, al menos todos los trabajadores de la agencia, porque los mandos sí teníamos que estar asistiendo diario, en mi caso, en un horario de nueve de la mañana a dos de la tarde, hasta el 12 de noviembre, cuando los trabajadores de Notimex en huelga instalan un campamento en la África 15”.

“Fuimos a trabajar a África 15, una semana de marzo, antes de que el gobierno declarara la contingencia sanitaria y que la Secretaría de la Función Pública instruyera a las dependencias que los trabajadores tenían que laborar desde casa. Nos vamos a casa a trabajar, hasta que el 8 de junio, la Junta de Gobierno de Notimex informó que había que acatar un laudo de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje de parar labores por la huelga”, detalla.

José Gabriel Martínez anota que desde el 8 de junio continuaron todos trabajando desde casa. “Nos dijeron que panificáramos con nuestros respectivos equipos trabajos atemporales y especiales que, cuando se terminara la huelga se pudieran manejar”.

“Todo bien hasta que se volvió a convocar a subir notas del archivo histórico de la agencia, que se perdió, y ahí fue cuando inició el descontento de algunos compañeros. Pero en todo ese intervalo estuvimos yendo los mandos medios todos los días, y no sólo de editorial, sino administrativos, jurídico y sistemas. No eran horarios extremos de nueve de la mañana a siete de la noche”, relata.

Pero lo que más molestó en el segundo llamado a laborar en África 15, del 6 al 9 de octubre –comenta—fueron “las condiciones sanitarias que había en ese lugar, además la instrucción que se dio, en el sentido de utilizar sus cuentas personales de Twitter, siguiendo ciertos protocolos, para publicar contenidos de la agencia, como si fueran publicaciones propias”.

Y aunque después del escándalo que se dio luego de que la periodista en activo de la agencia, Ingrid Sánchez, difundió un video vía redes sociales, revelando las condiciones de riesgo sanitario en las que se encontraban trabajando en la sede alterna, y las acciones violatorias de derechos humanos de mandos medios de Notimex hacia su persona, al retenerle su teléfono móvil y encerrarla en la Sala de Juntas del local, José Gabriel Martínez revela que “se dijo al principio que sería el último día en ese lugar, pero los mandos seguimos asistiendo todos los días hasta el día que el sindicato instaló el campamento (12 de noviembre)”.

***

El 9 de octubre), Sanjuana Martínez ordena la suspensión de labores en la bodega de África por el escándalo que provoca la difusión de un video donde trabajadores de Notimex denuncian las pésimas condiciones en las que están realizando sus actividades, así como las nulas medidas sanitarias por la pandemia.

Pero, sobre todo, las denuncias se lanzan por las agresiones de los más leales de Sanjuana (Agustín Lozano, Érick Muñiz, Debanhi Alejandra Tienda Coronado, José Gabriel Martínez Rodríguez y Luis Monroy), quienes literalmente retienen ilegalmente y despojan por unas horas de su teléfono móvil a Ingrid Sánchez Pulido, a quien acusan de “robo de documentos, grabación de imágenes de manera ilegal”, así como “violar la privacidad el Reglamento Interno”.

Horas más tarde, es la misma directora general de Notimex la que acepta, en un comunicado, que en la bodega de África 15, Colonia La Concepción, Alcaldía Coyoacán, existen unas oficinas alternas:

“Las cámaras de seguridad de la sede alterna de la agencia captaron el preciso momento en el que Sánchez Pulido graba a sus compañeros sin su previo consentimiento ni autorización legal y extrae información de una computadora a su celular”, dice el comunicado.

La fecha de este documento es del 9 de octubre de 2020.

https://twitter.com/SanjuanaNotimex/status/1314669857120514049

***

Desde el 30 de marzo de ese año, cuando el gobierno federal declara la emergencia epidemiológica en el país y las directrices para el confinamiento de la población, excepto para las actividades primaras y los sectores estratégicos, se notifica a todos los sectores de la población, incluidos los servidores públicos de todas las dependencias del gobierno federal, a realizar actividades laborales desde casa, en tanto no se emita una declaratoria para el regreso escalonado a las actividades propias de la administración pública.

El Artículo 12 de los Lineamientos en materia de Austeridad Republicana de la Administración Pública Federal establece que “se podrá otorgar a las personas servidoras públicas, cuyo desempeño ponga en riesgo su seguridad o su salud, la potenciación del seguro de vida institucional y un pago extraordinario por riesgo hasta por el 30 por ciento sobre la percepción ordinaria mensual, por conceptos y salarios”.

¿Sanjuana Martínez planteó esto a los trabajadores de Notimex para regresar a laborar en África 15 en medio de la pandemia y de la huelga legítima?

No. Ni por error. Al menos eso es lo que dicen periodistas en activo y extrabajadores de Notimex que laboraron en ese bodegón.

Otra más. El Artículo 51 de la Ley Federal del Trabajo establece que “son causas de recisión de la relación de trabajo, sin responsabilidad para el trabajador: (Párrafo VII.) La existencia de un peligro grave para la seguridad o salud del trabajador o de su familia, ya sea por carácter de condiciones higiénicas del establecimiento o porque no se cumplan las medidas preventivas y de seguridad que las leyes establezcan”.

Y, en el Párrafo IX, “exigir la realización de actos, conductas o comportamientos que menoscaben o atenten contra la dignidad del trabajador”.

***

Para el 12 de noviembre, trabajadores del Sindicato Único de Trabajadores de Notimex (SutNotimex) determina instalar un campamento en África 15, al argumentar que la Agencia estaba violando la declaratoria de legalidad de la huelga, declarada constitucional el 4 marzo del año pasado por el Secretario General de Acuerdos, Conciliación y Asuntos Colectivos de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.

Sanjuana Martínez estalló en cólera y aseguró, en su cuenta personal de Twitter, que ese edificio “es propiedad privada y no está dentro del emplazamiento a huelga”.

A la par de esta anotación de la directora de Notimex en redes sociales, y como ya se ha vuelto una costumbre entre sus allegados, la agencia de información emitió un comunicado con los mismos lineamientos que marcó Martínez Montemayor en su cuenta de Twitter.

“La denuncia se presentó luego de que Adriana Urrea, lideresa del SutNotimex, junto con su comité ejecutivo, formado por Héctor Colón y David Fernández Hummel, tomaron por asalto dicha propiedad e instalaron un campamento ilegal pensando que ahí mantenía operaciones la agencia informativa, cosa que resultó totalmente falso”, señaló el comunicado de Notimex.

No obstante, días después de este deslinde de Sanjuana Martínez, la periodista Neldy San Martín y el periodista Juan Omar Fierro, publicaron un texto en la Revista Proceso en donde revelaron que Notimex pagó una renta mensual de 206 mil 751.44 pesos por la bodega de África 15, a la empresa Corporativo de Cobranza BR y EMPA, por concepto de “arrendamiento para el mes de septiembre”.

Los periodistas de Proceso verificaron la validez del documento en la página oficial de Sistema de Administración Tributaria (SAT), en el apartado de “Verificación de comprobantes fiscales por internet”.

Además, revelaron que el comprobante fiscal realizado por la Agencia fue por concepto de “arrendamiento del inmueble para oficinas de uso administrativo y operativo del 1 al 30 de septiembre de 2020”.

***

Apenas el viernes 16 de julio, otra nueva evidencia sobre las malas prácticas de Sanjuana Martínez al frente de Notimex salió a la luz. Esta vez, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) emitió un acuerdo en el que determina que ese organismo estableció una sede ilegal en la que operó después de estallada la huelga (21 de febrero de 2021)

Luego de este fallo, el Sindicato Único de Trabajadores de Notimex (SutNotimex) emitió un comunicado señaló que “en el inmueble ubicado en la calle de África 15, colonia La Concepción, alcaldía Coyoacán, Ciudad de México, la Dirección de Notimex estableció una oficina alterna, sin contar con la autorización de la Junta de Gobierno (órgano supremo de la Agencia), por lo que también se violentó la Ley que crea a este medio de comunicación público”.

La respuesta de Sanjuana Martínez fue la misma de siempre. No podía ser de otra manera.

A través de una “nota a modo” del periódico La Jornada –medio favorito de Andrés Manuel López Obrador, a quien sólo en 2020 le asignó 12 contratos de publicidad gubernamental por asignación directa, por un monto de 67 millones 117 mil 953 pesos-, cuya directora general, Carmen Lira Sade es íntima amiga de Sanjuana Martínez, el director Jurídico de Notimex, Víctor Fernández acusó a “las autoridades laborales de proteger a Adriana Urrea Torres, lideresa del SutNotimex, a pesar de que tiene varias órdenes de aprehensión en su contra”.

El funcionario adelantó que la Agencia “impugnará dicha resolución sobre el inmueble de Coyoacán y “demostrará la parcialidad de la JFCA a favor de Urrea Torres y la organización que encabeza”, ya que “el pasado 21 de octubre de 2020 el actuario Miguel Ángel Parra Mendoza corroboró que la Agencia no operaba en dicho inmueble, según consta en el acta circunstanciada emitida por la propia JFCA”.

Un detalle. José Gabriel Martínez Rodríguez, exsubdirector de Noticias de Europa, Asia, El Caribe, Centro y Sudamérica de Notimex, precisa que el 21 de octubre, día en el que se realizó una “inspección” para verificar que en la bodega de África 15 “no operaba una sede de Notimex”, como argumenta Sanjuana Martínez y sus más leales, se les pidió a los mandos que estuvieron laborando en ese lugar hasta el 12 de noviembre “no ir a laborar”.

El egresado de la carrera de periodismo por la Universidad de La Habana, maestro en Ciencia Política por El Colegio de México y extrabajador de la Agencia de Noticias de Cuba, Prensa Latina, detalla que días antes de esa inspección se presentó un actuario para hacer una verificación del lugar, pero que sólo se quedó en la puerta de entrada y “se nos pidió a todos que no nos asomáramos por las ventanas”.

“Ese día, 20 de octubre, nos llamaron y nos dijeron: ‘no vengan mañana’. La indicación no fue a nivel de mensaje de chat por WhatsApp, ni por correo electrónico. Fue a nivel de llamada telefónica”, subraya Martínez Rodríguez.

El Notimex de Sanjuana

La Ley Federal de Austeridad Republicana, uno de los ordenamientos legales insignes de la llamada Cuarta Transformación, pero sobre todo una de las banderas que ha enarbolado Andrés Manuel López Obrador a lo largo de dos décadas, está en entredicho.

En el Artículo 4, Párrafo I de esa histórica legislación, se puntualiza que la Austeridad Republicana se define como:

“Conducta republicana y política de Estado que los entes públicos, así como los Poderes Legislativo y Judicial, las empresas productivas del Estado y sus empresas subsidiarias, y los órganos constitucionales autónomos están obligados a acatar de conformidad con su orden jurídico, para combatir la desigualdad social, la corrupción, la avaricia, el despilfarro de los bienes y recursos nacionales, administrando los recursos con eficiencia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que están destinados”.

¿Se ha cristalizado esto en el Notimex de Sanjuana Martínez?

Las omisiones de los directivos de la Agencia, al mando de la funcionaria supuestamente egresada de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), también estarían contraviniendo el Artículo 49, Párrafo V, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, que puntualiza que todo servidor público tiene la obligación de:

“V. Registrar, integrar, custodiar y cuidar la documentación e información que por razón de su empleo, cargo o comisión, tenga bajo su responsabilidad, e impedir o evitar su uso, divulgación, sustracción, destrucción, ocultamiento o inutilización indebidos”.

Eso no es todo. La directora de la Agencia de Noticias del Estado Mexicano y sus más cercanos estarían en desacato con el Artículo 7 de este ordenamiento, que a la letra señala que “los Servidores Públicos observarán en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, los principios de disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia que rigen el servicio público”.

En ese mismo artículo, pero en el Párrafo VI, también se subraya que todo servidor público deberá “administrar los recursos públicos que estén bajo su responsabilidad, sujetándose a los principios de austeridad, eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados”.

Pero todo ello parece que ha pasado de largo en la polémica gestión de la funcionaria Sanjuana Martínez Montemayor, una aficionada a cuidar de sus gardenias, a videovigilar a las personas, a crear campañas de odio en contra de sus detractores, a confrontarse con secretarios y subsecretarios de Estado (Luisa María Alcalde y Alejandro Encinas, por ejemplo) a torcer la ley por ser “protegida” de AMLO, a delegar problemas en tiempos de desastre…

Y sí, a retuitear cuentas de esa red social, o bots, que se desviven en halagos hacia sus acciones de “combate a la corrupción” en Notimex, como “Fernando Agente Sputnik V (@FernandoValCar), ALEJANDRA HicimosHistoria (@AlinGabAlexa), inesvova Kgb (@donainesdesuarez), JJDelgado (@JJDelga12323133), o Dane Blasón #AMLOpadredelanuevapatriamexicana (@BlasonDane).

@RivelinoRueda 

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El Caso Wallace

Ciro Gómez Leyva revictimiza a falsos culpables del caso Wallace, en complicidad con Isabel Miranda desde 2006

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Ciro Gómez leyva sabía desde el 2006 que había pruebas fabricadas en el caso Wallace

 

El periodista Ciro Gómez Leyva, titular del noticiero de Imagen Noticias por la noche, presentó el pasado 16 de noviembre un antiguo reportaje de las supuestas pruebas del secuestro y asesinato de Hugo Alberto Wallace, hijo de Isabel Miranda Torres, quien ha sido denunciada penalmente por tortura y fabricación de pruebas. En el reportaje de Grupo Imagen, se muestra el departamento en el que la supuesta víctima «llegó secuestrado y salió en pedazos», según el mismo comunicador juzgó en su cuenta de Twitter.

Elaborado por el reportero Humberto Padgett, se exhiben declaraciones de Jacobo Tagle y César Freyre en el que relatan cómo manejaron supuestamente el cuerpo de Hugo Alberto Wallace. Sin embargo, la investigación de la periodista de Guadalupe Lizárraga, en Los Ángeles Press, revelaron que tanto Tagle como Freyre fueron torturados por agentes de la SIEDO, y por la misma Isabel Miranda, por lo que ambos tienen protocolos de Estambul positivos en torturas, además de que el propio Ciro Gómez Leyva sabía desde el 2006 de la fabricación de pruebas en el caso Wallace.

A continuación compartimos el reportaje íntegro, publicado el pasado 9 de septiembre de 2020, en el que se demuestra como Gómez Leyva sabía de la fabricación de pruebas del caso Wallace:

Por Guadalupe Lizárraga

El periodista Ciro Gómez Leyva sabía desde 2006 que José Enrique Wallace no era padre biológico de Hugo Alberto Wallace Miranda, y por tanto la “prueba maestra” con la que Isabel Miranda sostenía el caso Wallace era falsa, de acuerdo con lo revelado por el investigador privado y asesor de Transparencia José Luis Moya, en entrevista exclusiva para Los Ángeles Press.

El investigador señaló que Laura Domínguez, vecina e íntima amiga de Hugo Alberto Wallace Miranda, lo acompañó a la entrevista con Gómez Leyva para aportar su testimonio de que el hijo de Isabel Miranda Torres no era hijo biológico de Enrique Wallace, por lo que el ADN de la gota de sangre, supuestamente hallada siete meses después en el departamento de Juana Hilda González Lomelí, había sido plantada por los agentes de la PGR.

No te pierdas: Caso Wallace: Isabel Miranda presentó pruebas y testigos falsos en el caso del secuestro de su hijo

Sin embargo, en el programa radiofónico, Miranda de Wallace los acusó de extorsión desacreditando el testimonio de Domínguez y Moya, quienes ya antes habían declarado que Hugo Alberto se había cruzado la barda de la casa de Domínguez para esconderse de los agentes de la AFI, en 2004, cuando tenía una orden de aprehensión por contrabando.

José Luis Moya también señaló en entrevista que él puso en contacto a Miranda de Wallace con un diputado de Guerrero, a fin de que les ayudara en la búsqueda en Acapulco, donde otras dos personas ya habían dado su testimonio de haber visto a Hugo Alberto, tiempo después de la fecha de supuesta muerte. Pero al enterar a Miranda, señala Moya, que empezaron a percatarse de las inconsistencias y mentiras de la señora Wallace, por lo que decidieron mantenerse al margen de la situación.

Después de la detención de Brenda Quevedo Cruz en Estados Unidos, durante el proceso judicial en Chicago para para su extradición a México, José Luis Moya fue requerido como testigo protegido, pero a raí de esas diligencias empezó a ser calumniado en los medios y acosado por Miranda de Wallace.

Lee más: Isabel Miranda expone en un parque su ‘verdad histórica’ pese a fabricaciones y torturas demostradas en el caso Wallace

Domínguez, por su parte, decidió no volver a hablar del tema por miedo, después de reencontrarse con Hugo Alberto en un hotel frente al aeropuerto de la Ciudad de México, después de la supuesta fecha de muerte.

El periodista Ciro Gómez Leyva sabía de todos estos detalles desde 2006, sin embargo, decidió guardar silencio pese a que su testimonio podría haber influido en el desarrollo del proceso judicial de los inculpados.

 

 

 

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Investigaciones

Mineras canadienses y mexicanas acaparan el agua en Dolores Hidalgo, Guanajuato, con concesiones hasta 2029

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Las mineras canadienses y mexicanas están apropiándose del agua en Guanajuato hasta 2029

Nacional de Cobre, filial del privado Grupo Elementia -del Grupo Carso, propiedad del magnate mexicano Carlos Slim-, cuenta la concesión de aguas subterráneas por 98 928 m3 al año, hasta 2029.

Por Emilio Godoy

DOLORES HIDALGO, México – Ante la escasez existente en la zona, la mexicana Fausta Márquez se considera a sí misma “una guardiana del agua” en su comunidad, pues almacena el líquido, reutiliza el agua de la lavadora y del enjuague de los utensilios de cocina, y tiene un baño seco en su casa.

“Recibimos agua cada tres días y cuando cae, la echan tres veces al día. Pero en época de sequía, la situación empeora”, porque el recurso escasea aún más, relató Márquez, quien compatibiliza la agricultura con el cuidado del hogar,  mientras enseñaba los visibles beneficios de contar con el recurso en el patio de su casa.

Esta madre de tres hijas y un hijo y ya con dos nietos vive en la comunidad de Santa Bárbara, en el municipio de Dolores Hidalgo, en el estado de Guanajuato, a unos 337 kilómetros al norte de Ciudad de México.

Su jardín muestra las bondades del agua en una zona semidesértica, pues abundan plantas variadas, y el suelo aún está verde, ante la inminencia del frío al que seguirá  la temporada seca.

Márquez, integrante del colectivo Hermandad de la Cuenca de Independencia, posee un sistema de captación de lluvia, que consta de un depósito de unos 12 000 litros y otro de menor capacidad, que alcanza para un año. Un pozo abastece a Santa Bárbara y otras tres comunidades vecinas desde 1994.

Lee más: Minera canadiense Esperanza Silver acosa y divide a la comunidad de Tetlama para imponer proyecto

A la sobreexplotación, especialmente por la agricultura de exportación, y la sequía, otra amenaza se cierne en el horizonte. La Minera Cerro del Gallo, propiedad de la canadiense Argonaut Gold Inc, posee siete concesiones hídricas por 1 240 millones de metros cúbicos (m3) anuales, cuyo uso supondría un golpe devastador al inventario hídrico de la zona y la generación de contaminación.

“No teníamos mucha información. Y luego obtuvimos más. Se va a acabar el agua, se gasta mucho en el lavado de oro, y las enfermedades por todo lo que contamina”: Fausta Márquez.

La mina de tajo a cielo abierto, la primera de su tipo en Guanajuato, dista cinco kilómetros de Santa Bárbara, habitada por unas 600 personas, con sus familias dedicadas a la agricultura.

Su extracción implica la voladura del cerro mediante cargas de dinamita y la separación de los minerales, grandes volúmenes de agua y cianuro, cuyos desechos lodosos contaminan el suelo, el aire y el agua. Ello acarrea riesgos para la salud de la población cercana.

El proyecto extractivo, situado en un área de 20 000 hectáreas y que confina 70 millones de reservas probadas de oro, plata y cobre, encierra riesgos para la llamada Cuenca de la Independencia, que abarca a seis municipios, 21 comunidades, una extensión de 7 000 kilómetros cuadrados y una población que totaliza 569 369 personas, dentro de un estado que tenía más de seis millones de habitantes en 2020 y 46 municipios.

“No teníamos mucha información. Y luego obtuvimos más. Se va a acabar el agua, se gasta mucho en el lavado de oro, y las enfermedades por todo lo que contamina”, señaló Márquez, quien ella sola cultiva maíz y frijol, a la vez que cría cerdos.

apicultor Hidalgo Gto

El apicultor Salvador García asegura que la mina de tajo a cielo abierto Cerro del Gallo, situada en el municipio de Dolores Hidalgo, en el estado mexicano de Guanajuato, representa una amenaza para sus colmenas por el daño a la vegetación y la contaminación del agua que supone esa explotación. Foto: Emilio Godoy / IPS

Para el apicultor Salvador García, el temor estriba en la devastación territorial, que también amenaza a sus colmenas.

“Si van a madrear (golpear) toda esta parte, afecta la vegetación y eso afecta todo”, explicó García, miembro de la asociación ganadera local y que agrupa a 13 productores, mientras revisaba distancia un lote de 25 colmenas en su terreno, en La Colmena, otra comunidad de Dolores Hidalgo.

Él y su familia poseen unos 350 panales, que aportan aproximadamente 10 toneladas de miel anuales, mientras que la asociación suma unas 2500 colmenas, que generan unas 20 toneladas.

Las abejas se mueven en un radio de tres kilómetros para beber el néctar de las flores y agua, y polinizar las plantas circundantes. La polución puede ser letal para estos insectos.

A la distancia, los tajos deforman la silueta del cerro. En su vecindad, los campesinos ya recogieron el maíz, base de la dieta local, y quedaron los esqueletos de los matojos, a la espera de su recolección o su integración al suelo, para continuar con el proceso de fertilidad necesario para la siguiente siembra. Ignorantes de los riesgos, unas mariposas revolotean, a la espera de alimento o de un depredador.

Desde 2017, García registra la cantidad de lluvia en la zona y que cayó de 500 mililitros anuales a 275 en septiembre. “Del agua que cae, solo aprovechamos 30 %, el resto se pierde o se evapora”, lamentó, mientras escrutaba el cielo sobrado de sol.

agua Dolores Hidalgo Gto

Vista de la mina de tajo a cielo abierto Cerro del Gallo, de la canadiense Argonaut Gold, en el municipio de Dolores Hidalgo, la primera de su tipo en el estado de Guanajuato. Contiene reservas de oro, plata y cobre, para cuya extracción tiene siete concesiones hídricas por 1240 millones de metros cúbicos anuales, en una región con escasez del recurso. Foto: Emilio Godoy / IPS

Botín minero

Históricamente, Guanajuato, fraccionado en siete distritos de minería metálica, ha sido un territorio minero. En 2019, contribuyó con 0,07 % de la producción minera mexicana, para ocupar el puesto 19, según el estatal Servicio Geológico Mexicano (SGM).

La extracción de oro se ha duplicado en años recientes, al pasar de 2374 kilogramos en 2016 a 4118 en 2020, pero la de plata se ha derrumbado de 142 toneladas a 40 en ese periodo. Mientras, el cobre se ha mantenido alrededor de 0,9 toneladas.

Hace dos años, las empresas mineras poseían 631 concesiones sobre un área de 309 209 hectáreas, prácticamente 10 % del territorio del estado, de 3,06 millones de hectáreas, según el SGM. Entre 1995 y 2020, el sector público apoyó a 10 proyectos de oro y plata.

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México se ha transformado en este siglo en un fuerte escenario minero debido a las riquezas del subsuelo, lo que ha generado conflictos sociales y ambientales con comunidades locales.

En 2021 había 316 proyectos en exploración, 84 en producción, 44 en construcción, 757 postergados y nueve en cierre, cinco en 2017 y en 2019. Además, nueve empresas estaban en proceso de cierre.

“Primero, (llega) la exploración de minerales y luego un diagnóstico del agua. Así se apropian de todo. Hay impactos, como que la gente se pelee. La fractura comunitaria es el más obvio. Los daños son permanentes y por eso la gente prefiere que no se instale la mina”; Verónica Vázquez.

Este país, la segunda economía latinoamericana, con 1,96 millones de kilómetros cuadrados de superficie continental, ha entregado en concesión 10 % del territorio a compañías mineras.

México es actualmente el principal productor mundial de plata y también es un actor importante en el mercado de 12 minerales.

Pero esa misma actividad ha provocado al menos 374 conflictos ambientales por contaminación del agua, deforestación y generación de residuos.

Verónica Vázquezacadémica del público Colegio de Posgraduados, destacó que el modus operandi y los efectos de la minería son muy conocidos.

“Primero, la exploración de minerales y luego un diagnóstico del agua. Así se apropian de todo. Hay impactos, como que la gente se pelee. La fractura comunitaria es el más obvio. Los daños son permanentes y por eso la gente prefiere que no se instale la mina”, indicó desde Texcoco, en el estado de México, vecino a Ciudad de México, donde se ubica el centro universitario.

mapa de concesiones

Captura del mapa de concesiones mineras en Guanajuato, elaborado por Global Forest Watch. De tradición minera, ese territorio al norte de Ciudad de México hospeda concesiones mineras metálicas de oro, plata y cobre. Imagen: Emilio Godoy / IPS

Agua que no han de beber

Mientras la mitad del país enfrenta falta de agua por escasez o acaparamiento, 100 empresas mineras atesoran concesiones por 250 millones m3 anuales, de los cuales 174 millones corresponden a agua subterránea y 73 millones, a superficial, según la gubernamental Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Los estados de Sonora, Zacatecas y Durango, todos en el norte, concentran el mayor volumen: 200 millones.

En Guanajuato, la canadiense Guanajuato Silver Company Ltd posee una concesión de aguas subterráneas por 513 760 m3 anuales, sin vigencia definida, y cuatro permisos de descarga de residuos líquidos por 7 395 m3 y que vencen entre 2023 y 2040.

La Minera Las Torres tiene una licencia de aguas subterráneas por 480 609 m3 hasta 2026, mientras que San Antón de las Minas, la que desarrolla Cerro del Gallo, propiedad de Argonaut Gold, cuenta siete títulos por 1240 millones de m3, con su  expiración entre 2023 y 2029.

Nacional de Cobre, filial del privado Grupo Elementia -del Grupo Carso, propiedad del magnate mexicano Carlos Slim-, cuenta una concesión de aguas subterráneas por 98 928 m3 al año, hasta 2029.

A estas entregas se han aunado la agroexportación y la expansión inmobiliaria.

En la zona “hay un grave problema de agua, pues solo hay subterránea y de lluvia. La población recibe reparto de agua. De estilo de vida campesino pasó a la agricultura extensiva para exportación, que ha agravado la extracción”, explicó Gustavo Lozano, director de la no gubernamental Acción Colectiva.

“Con la mina, la población afectada no tendría agua”, dijo en León, otro municipio guanajuatense.

De los 18 acuíferos de Guanajuato, al menos 11 sufren un déficit conjunto de 531 millones de m3 anuales, debido a que la extracción excede a la recarga, según datos de Conagua.

mapa

Las minas necesitan depósitos de residuos, o jales, para colocar los residuos provenientes de la explotación, pero esos amontonamientos de desechos contaminantes representan riesgos para el ambiente y la salud humana. En la imagen captura del mapa del Inventario Homologado Preliminar de Presas de Jales en el estado de Guanajuato, en el centro de México. Foto: Emilio Godoy / IPS

Relaciones peligrosas

Los depósitos de desechos, llamados localmente jales, acompañan a las minas, requieren de agua y significan riesgos sanitarios y ambientales, por la contaminación que causan.

El primer Inventario Homologado Preliminar de Presas de Jales, elaborado por la Secretaría (ministerio) de Medio Ambiente (Semarnat) enlista 585 depósito, de las cuales 301 funcionan, 275 inactivos, dos inactivos con posibilidades de reactivación, uno inconclusa, cuatro pasivos ambientales y dos temporales.

Los jales consisten en apilamientos de material molido (lodos) derivado de la extracción de minerales de las rocas, que contienen sustancias nocivas y que quedan al aire libre como pequeñas montañas muertas.

El listado revela que el mineral más relacionado con esos depósitos tóxicos –tanto de compañías mexicanas como extranjeras– es el oro, con 131 de esos apilamientos o presas como se las conoce en México. Le siguen la plata, con 40, el cobre, con 17; el hierro y el plomo, con seis.

En Guanajuato existen 12 jales, de los cuales operan seis, uno correspondiente a Cerro del Gallo. Ante esta situación, Conagua podría acotar la entrega del recurso a las mineras y así dejarlo para las poblaciones locales. Esa dependencia y la minera Peñasquito, propiedad de la estadounidense Newmont Corporation, acordaron en 2020 la devolución de cinco millones de m3 del líquido, para permitir la recuperación de un acuífero en Zacatecas. Además, en 2023 la empresa cederá otros cuatro millones.

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Un problema añadido es que la vigilancia de Conagua sobre operaciones hídricas del sector es baja. De los 176 procedimientos administrativos que Conagua ha iniciado desde 2017, 35 ocurrieron en Guanajuato. De ellos, el organismo clausuró un aprovechamiento de 130 000 m3 anuales a San Antón de las Minas y le multó con unos 13 500 dólares por otros dos expedientes. Márquez y García están dispuestos al bloqueo permanente de la mina.

“Esperamos que les quiten las concesiones de agua. Con eso estaríamos salvados”, expresó la activista. A su vez, García planteó “exigirle al Estado que atienda el problema de fondo, tenemos que lograr que nos escuche”.

Para Vázquez, el gobierno debe aumentar su capacidad de vigilancia. “Hay que preguntarse por qué Conagua no retira concesiones hídricas a mineras, dijo.

“La solución pasa por la organización local y demandas legales para rechazar proyectos. Es un modelo que ha dado algunos resultados, como las declaratorias de zonas libres y la aplicación del ordenamiento territorial municipal. Lo segundo es más duradero, es una herramienta legal viable”, sugirió.

 

***

Fotogradía portada: La agricultora Fausta Márquez delante del tanque de agua de lluvia con el que logra tener agua potable en su casa, en medio de la escasez del recurso en su comunidad, Santa Bárbara, y otras vecinas del municipio de Dolores Hidalgo, Guanajuato. Foto: Emilio Godoy / IPS

Este reportaje se publicó originalmente en IPS con el apoyo de la Fundación Heinrich Böll y las organizaciones integrantes del Índice de Transparencia de los Recursos Naturales.
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Feminicidios y trata sexual

Feminicidios: fiscalías corrompen investigaciones y encubren responsables para ‘maquillar’ resultados en México

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Las fiscalías corrompen investigaciones en los casos de feminicidio para evitar escarnio público.

Nueva necropsia a Ariadna López revela que su muerte fue por traumatismo múltiple y no por congestión alcohólica como señaló Fiscalía de Morelos

Por Rosario Martínez De la Vega

Ariadna López desapareció en la Ciudad de México la noche del domingo 30 de octubre.  El martes 1 de noviembre su cuerpo fue localizado bajo de un puente en Tepoztlán, Morelos, con marcas de moretones en el cuello, brazos y piernas. Tres días después del hallazgo, el fiscal del Estado de Morelos, Uriel Carmona, señaló que Ariadna había fallecido debido a una broncoaspiración a causa de una congestión alcohólica.

En una nueva necropsia a cargo de la Fiscalía de la Ciudad de México, realizada a petición de la familia de Ariadna, se dio a conocer que la causa de su muerte no era ‘congestión alcohólica’, sino a consecuencia de un traumatismo múltiple.  Ariadna fue víctima de feminicidio.

En un adelanto de las investigaciones por parte del gobierno de la Ciudad de México, fueron revelados los videos en los que se aprecia a Ariadna departir con sus presuntos asesinos, Vanessa “N” y Rautel “N” -amiga y novio de esta respectivamente- y otras personas en un restaurante, para después arribar a un departamento en la colonia Condesa.

Para saber más del caso: Juez vincula a proceso a ex candidato a la gubernatura de Puebla y a ex delegado de la SRE por presunto feminicidio de activista

Los victimarios señalaron que Ariadna había abandonado esa misma noche el departamento y abordado un taxi. No obstante, las imágenes proporcionadas por la Fiscalía de la CDMX, dan cuenta de cómo la mañana siguiente, su cuerpo fue subido a una camioneta por Rautel “N” para ser abandonado en el estado de Morelos, lugar donde fue localizada al día siguiente por unos ciclistas. Hasta el momento se presume una relación entre Rautel “N” y la Fiscalía de Morelos, motivo por el cual éste, habría abandonado el cuerpo de Ariadna en dicho estado. No se ha revelado el móvil o las causas del crimen.

Resulta escabroso que los presuntos responsables del crimen también manifestaron sus condolencias e incluso se presentaran al funeral de su víctima y brindaron entrevistas a los medios. Actualmente se encuentran detenidos y el caso será atraído por el área especializada en feminicidios de la Fiscalía General de la República.

Sin embargo, existen similitudes entre el caso de Ariadna y otras muertes violentas de mujeres, que apuntan indicios de cómo las fiscalías investigadoras son parte de la violencia machista que vive México. Tan sólo este año 2022, se encuentran los siguientes casos:

  • Debanhi Escobar. 18 años, desapareció el 9 de abril en Monterrey Nuevo León, tras acudir a una fiesta, fue hallada el 21 de abril en una cisterna del Motel Nueva Castilla a unos metros del lugar donde fue vista con vida por última vez; fue revictimizada debido a que se señaló se encontraba alcoholizada al momento de caer por sí misma en la cisterna en la que fue localizada dos semanas después de su desaparición. Tras la realización de tres necropsias se determinó que murió por asfixia por sofocación, entre tres y cinco días antes del hallazgo y que su cuerpo había sido sembrado en el lugar donde se encontró. No hay ningún detenido y su caso no ha sido judicializado pese a haber sido atraído por la FGR.
  • Yolanda Martínez. 26 años, desapareció tras salir de su domicilio el 31 de marzo en San Nicolás de los Garza, Nuevo León. Fue localizada sin vida el 8 de mayo, investigaciones de la Fiscalía General del estado de Nuevo León, señalaron de que se trató de un suicidó debido a que en el lugar de los hechos se encontró una nota póstuma escrita en un vaso desechable y dos recipientes con veneno. Con el apoyo de instancias internacionales se le practicó una segunda autopsia que arrojó que Yolanda había sido víctima de feminicidio y que su cuerpo había sido exhumado y colocado finalmente en el lugar donde fue localizado.
  • Luz Raquel Padilla. 35 años, Zapopan Jalisco, había denunciado desde mayo ante las autoridades locales las agresiones y amenazas por parte de uno de sus vecinos, fue quemada viva el 16 de julio por un grupo de personas que la atacaron en un parque cerca de su domicilio. Murió tres días después a causa de las heridas. El 26 de julio, una semana después de su fallecimiento, el fiscal de Jalisco Luis Joaquín Méndez Ruiz, dijo en conferencia de prensa que las quemaduras habrían sido ocasionadas por ella misma y mencionó un “autoataque” como una de las líneas de investigación.

Lee más: México sumó más de mil feminicidios en 2021; el año más violento contra las mujeres

Por décadas, investigaciones periodísticas han revelado que las fiscalías en México desvirtúan las investigaciones y maquillan las cifras para evitar aumentar las estadísticas y optan por clasificar la mayoría de los asesinatos de mujeres como «homicidios», y en algunos casos como suicidios, ya que de ser asumidos como feminicidios se tendría un alto costo político, lo cual contribuye a seguir repitiendo patrones de impunidad y corrupción.

Según el último reporte del INEGI realizado en 2020, en México mueren asesinadas 11 mujeres diariamente, no obstante, de acuerdo a las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) tan solo aparecen reportados 946 feminicidios en 2020 y 978 durante 2021, esto significa menos de tres feminicidios en promedio al día durante dos años.

 

Al corte de septiembre de este 2022, el SESNSP contemplaba 695 feminicidios, lo cual registra una baja estadística en el número de feminicidios con relación al año anterior, sin embargo, en conferencia matutina del presidente el pasado 9 de noviembre, Ricardo Mejía Berdeja señaló que el delito de feminicidio tuvo un repunte en los meses de agosto y septiembre, con 70 y 78 casos, respectivamente.

 

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