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Mexico Violento

Pese a desmentido, ministra Yasmín Esquivel mantiene testimonio apócrifo del que dio fe Notaría 121 de CDMX

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El notario Amando Mustachi podría estar cometiendo una ilegalidad al respaldar un testimonio apócrifo ëdgar Báez

 

Por Guadalupe Lizárraga

Amando Mastachi Aguario, titular de la Notaría 121 de la Ciudad de México, podría estar cometiendo una falta punible al dar su fe de notario para ayudar a la ministra Yasmín Esquivel con un testimonio apócrifo y con una firma falsa, del abogado Édgar Ulises Báez Gutiérrez, acusado por la ministra de plagiar su tesis.

«¡Nadie!», «¡Nadie!», «¡Nadie!», fueron las respuestas sin titubeo del abogado Édgar Ulises Báez Gutiérrez al ser entrevistado por un reportero sobre si algún notario o autoridad universitaria lo había visitado para obtener su supuesto testimonio firmado tal como lo presentó la ministra Yasmín Esquivel púbicamente a la Suprema Corte de Justicia tras ser ella la acusada de plagio.

Para saber más del caso: Foro Público: Sobre ética académica y prestigio de la ministra Yasmín Esquivel

El licenciado en Derecho por la UNAM, Édgar Ulises Báez, repitió al reportero que no podía atenderlo porque estaba recién operado de cataratas y tenía sensibilidad a la luz; pero el reportero insistió en si él había dado su testimonio firmado ante notario de haber plagiado la tesis de licenciatura presentada por la ministra Esquivel en 1987.

Báez, desde el umbral de la puerta principal de su casa, reiteró que nadie había ido a verlo, y por «razonamiento deductivo, si ella (la ministra) se graduó después que yo, entonces por lógica es hacerse pato», lo que implicaría que su tesis fue presentada con anterioridad a la de la ministra.

Sin embargo, pese al desmentido público del 2 de enero de 2023, la ministra Esquivel sigue exhibiendo en su perfil de Twitter como argumento en su defensa el supuesto testimonio firmado ante el notario Amando Mastachi Aguario, de la Notaría 121 de a Ciudad de México.

Lo presenta como el punto número 1: «Declaración ante notario público del otro alumno, cuyo testimonio fue presentado por a directora de tesis, y considero que me favorece, pues reconoció y manifestó que: ‘de ese trabajo tomé varias referencias y texto’ y ‘pude tomar varias partes importantes del trabajo en e año de 1985 a 1986, antes estos hechos, se confirma que la autoría es mía. El otro alumno reconoció que tomó mi proyecto de tesis que comencé a elaborar desde 1985 y que estaba en posesión de la directora de tesis».

Notario público: Amando Mastachi Aguario.

El otro alumno: Édgar Ulises Báez Gutiérrez.

ministra yasmin esquivel testimonio

El notario de la ministra Esquivel

Ante el desmentido público del abogado Édgar Ulises Báez, el notario Amando Mastachi Aguario, quien obtuvo la patente de la notaría 121 en el año 2000, podría ser llamado a cuentas para responder a las autoridades correspondientes y ante el Colegio de Notarios.

No te pierdas: Maestría y doctorado de la ministra Yasmín Esquivel Mossa, también en duda

El titular de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales (CJUR), del colegio, Néstor Vargas Solano, en la ceremonia para otorgar las patentes a dos nuevos notarios, a finales de octubre, destacó en su discurso que además de ser un profesional del Derecho, los y las notarias “adquieren un compromiso con la sociedad; sus funciones deben ser ejercidas con independencia del poder público, de los particulares y también de grupos delictivos”; deben actuar con imparcialidad para sus clientes y autonomía en sus decisiones.

En el caso de Mastachi Aguario se promueve desde su sitio digital un enlace directo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero hasta ahora no ha dado respuesta sobre el testimonio apócrifo del que dio fe.

 

 

 

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Defensa de César Duarte pide cambio de medida cautelar a juez por deterioro de salud

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César Duarte juicio

 

La defensa del exgobernador de Chihuahua César Duarte Jáquez, quien se encuentra en prisión preventiva desde hace casi tres años, pidió ampliar la audiencia intermedia, la cual se difirió para el 3 de abril. Sin embargo, debido al estado de su salud su defensa solicitó el cambio de su medida cautelar.

El abogado del exgobernador pidió al juez que se le cambie la medida cautelar ya sea por brazalete en libertad o por arraigo domiciliario, debido a una incipiente parálisis que está teniendo su cuerpo por la falta de atención especializada y terapias tras una intervención quirúrgica de vértebras.

El proceso de César Duarte Jáquez tenía 22 carpetas de investigación, federales y estatales, bajo cargos de peculado, enriquecimiento ilícito y desvío de fondos públicos por 96 millones de pesos. Lleva dos años y siete meses en prisión preventiva, desde su detención el 8 de julio de 2020 en la ciudad de Miami, Florida, donde estuvo un año y diez meses.

A través de un juez de Nuevo México se aceptó su extradición a México, el 2 de junio de 2022 y sujeto a proceso por la causa penal 3014/2019. En la audiencia intermedia, el juez de control depurará las pruebas aportadas por la defensa y la fiscalía, y decidirá cuales tomará en cuenta para dar paso a la siguiente etapa del proceso penal, lo que sería el debate del juicio oral.

Actualmente se encuentra interno en el Centro de Readaptación Social de Aquiles Serdán, en la ciudad de Chihuahua, en una celda regular, con una cama ortopédica por la dificultad para su movilidad física.

Leer más: Juez vincula a proceso a César Duarte por asociación delictuosa y peculado –

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Justicia pendiente

Presos del Cefereso 4, de Tepic, denuncian tortura de autoridades penitenciarias

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Jazmín Borboa Ochoa, una de las directoras de penales federales con más denuncias por tortura y otras violaciones de derechos humanos

Por Ignacio García

Los presos del Centro Federal de Reinserción Social (Cefereso) #4, de Tepic, Nayarit, Jorge Manuel Ruíz, Jorge Rivas Félix y Óscar Enrique Rodarte Márquez, denunciaron ante la Fiscalía General de la República (FGR) que han sido víctimas de tortura, malos tratos, discriminación y humillaciones por parte de las autoridades penitenciarias dirigidas por la directora Jazmín Borboa Ochoa.

Por medio de una misiva enviada a la fiscalía federal, los internos refirieron que han sido víctimas de agresiones constantes por parte de las autoridades del centro penitenciario en reiteradas ocasiones, lo que ha generado diferentes problemas físicos y de salud a la población del penal.

Recordaron que el pasado 27 de octubre dos internos fueron golpeados de forma violenta por los guardias, pero no hubo intervención de las autoridades federales, debido a que presuntamente se les realizaría el protocolo de Estambul, aunque hasta el momento no han recibido respuesta de su solicitud.

Por si te lo perdiste: En libertad, tras 22 años de prisión con calidad de víctima del Estado por torturas y malos tratos

 

Por ello, solicitaron la intervención de la FGR, debido a que aseguraron que la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nayarit está coludida con las autoridades penitenciarias, razón por la cual no atiende las denuncias de los presos del penal federal.

Acusaron a la directora del Cefereso de Tepic, Jazmín Borbón Ochoa, de provocar una serie de afectaciones contra los internos de forma permanente, por lo cual aseveraron que existen pruebas documentales que confirman estas agresiones. 

Asimismo, pidieron que las autoridades penitenciarias sean procesadas por los delitos de tortura, abuso de autoridad y violaciones graves a los derechos humanos, así como la renuncia inmediata de la directora del penal federal, a quien responsabilizaron de esos actos.

Entérate: Voluntariado de familias de presos en Ceferesos lanzan campaña de salud por falta de atención médica del Estado

También demandaron la intervención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para que investigue todas las irregularidades cometidas de forma sistemática contra los internos del penal federal que han padecido lesiones por los golpes causados por los guardias, así como las vejaciones que han sido víctimas.

Además, demandaron que se abra una carpeta de investigación federal por estos delitos y de sancione a estos servidores públicos para que tampoco puedan ejercer ningún cargo en la administración pública federal.

Jazmín Borbón Ochoa ha sido una de las directoras de penales con más denuncias por violaciones de derechos humanos, no sólo en Nayarit, sino en los diferentes penales en los que ha estado al frente, incluyendo Oaxaca y Estado de México.

Primera página de la denuncia.

Documento completo.

DENUNCIANAYARIT-_1_

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Freno al Acuerdo de Escazú en México incrementa riesgo a defensores del medio ambiente

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Acuerdo de Escazú

 

Por Emilio Godoy

En 2021 se registraron 200 asesinatos de ambientalistas en todo el mundo, con una ligera disminución de los 227 del año previo, según estadísticas de un informe al respecto de la no gubernamental Global Witness, con sede en Londres. Los ataques están relacionados con la oposición a la explotación forestal, minería, agroindustria a gran escala y represas, y más de 40 % de los ataques tuvieron como objetivo a indígenas.

América Latina encabezó esos crímenes, al ser el escenario de 157 de ellos, con una disminución discreta ante los 165 del año anterior, de los cuales México encabezó la lista mortal, con 54 casos, frente a 30 de 2020. Le siguió Colombia pese a la caída de casos: 33 frente a 65, Brasil (26 frente a 20), Honduras (ocho frente a 17) y Nicaragua (13 frente a 12).

El Acuerdo de Escazú es una herramienta judicial para mitigar los peligros a los defensores del medio ambiente. Sin embargo, se encuentra en espera de litigio en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) frenado por el gobierno mexicano, por medio del decreto de noviembre de 2021 mediante el cual el presidente Andrés Manuel López Obrador declaró sus megaproyectos “obras prioritarias de seguridad nacional”, con lo que garantiza autorizaciones provisionales, en contravención del tratado.

“Hasta ahora, el Acuerdo de Escazú se ha quedado únicamente en letra, así es la historia de muchas leyes en México. Es evidente lo que ha pasado con las violencias que las personas defensoras han vivido”: Alejandra Jiménez, de la Coordinadora Regional de Acción Solidaria en Defensa del Territorio Huasteca-Totonacapan (Corason), que trabaja con las comunidades indígenas.

Conoce más: El Acuerdo de Escazú para el acceso a la justicia ambiental amenazado por megaproyectos de AMLO

 

En México hay actualmente unos 600 conflictos ambientales, según estimaciones de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y que el gobierno sigue sin finiquitar.

El caso más reciente es el de la desaparición el 15 de enero del abogado Ricardo Lagunes y el defensor indígena Antonio Díaz, opositor de la explotación minera en el occidental estado de Michoacán, cuyo esclarecimiento urgente ha reclamado días después el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Fuente: Global Witness.

Qué es el Acuerdo de Escazú

Adoptado en Escazú, Costa Rica, el 4 de marzo de 2018, el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe tiene como objetivo garantizar los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales.

Se enfoca también en el acceso a la justicia en asuntos ambientales, así como el fortalecimiento de las capacidades y la cooperación con las comunidades.

A un año de su vigencia, el Acuerdo de Escazú enfrenta retos mayúsculos, en especial en países como Brasil, Colombia, Guatemala, Honduras, México y Nicaragua y donde los defensores enfrentan particulares riesgos.

Para Olimpia Castillo, coordinadora de la no gubernamental Comunicación y Educación Ambiental, el contexto arroja una luz de alerta.

“Es un round muy interesante, porque el artículo 10, del Acuerdo de Escazú, hace referencia a resaltar la participación de las organizaciones. Se podría contravenir ese artículo. Significaría una limitación muy grande. Son cosas que como país vamos a tener que enfrentar”, dijo la activista, quien participó en la negociación del acuerdo como parte de la sociedad civil.

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