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Con voz propia

Foro Público: Sobre ética académica y prestigio de la ministra Yasmín Esquivel

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El escándalo del plagio de la tesis manchó a López Obrador

 

Foro Público 

Durante los últimos días los reflectores se centraron en la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Yasmín Esquivel, quien fue señalada de plagiar su tesis de licenciatura en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en 1987, lo que ha generado desprestigio a su carrera profesional y se pone en duda la denominada ética académica que tanto pregonan las instituciones de educación superior del país.

Guillermo Sheridan reveló que la ministra plagió su tesis para obtener el grado de licenciada en Derecho a un proyecto de investigación publicado en 1986 por Edgar Ulises Báez, lo que de inmediato se convirtió en un escándalo, pues más del 90 por ciento de su tesis era coincidente con el proyecto que previamente publicó el otro abogado.

Aunque en un inicio Esquivel presentó cartas de recomendaciones de diferentes asesores académicos e incluso de su propia ex directora de tesis de Licenciatura, no acalló las críticas ni las dudas sobre la existencia de un plagio tan evidente, pues el documento era casi idéntico al de Báez, pero sin un trabajo de campo que el entonces estudiante sí redactó.

Para saber más del caso: Maestría y doctorado de la ministra Yasmín Esquivel Mossa, también en duda

El pésimo manejo de crisis de comunicación de Esquivel profundizó los señalamientos de plagio cometido para obtener su título universitario, por lo cual en caso de comprobarse que existió esta acción, por estatuto institucional la UNAM revocaría su grado académico, con lo cual estaría imposibilitada a fungir como ministra de la Corte, debido a que se trata de un requisito fundamental establecido por el Poder Judicial.

Esta información sobre plagio de la tesis de licenciatura ocurrió en un contexto en el que Esquivel buscaba la presidencia de la SCJN, pues era la favorita del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, para suceder a Arturo Zaldívar en el máximo órgano del Poder Judicial, por lo cual la ministra acusó una campaña de desprestigio y posteriormente aseveró que ella había sido la víctima de plagio del propio Báez.

Por inverosímil que se refleja, la ministra dijo que ella hizo primera la tesis en 1985 y que Báez plagió esa información y la publicó primero en su proyecto que Esquivel defendió para obtener el grado académico hasta 1987.

Incluso la ministra afirmó que obtuvo una declaración ante notario público del propio Báez en el que supuestamente reconocía haber plagiado la tesis de Esquivel, lo que dejó más dudas que certezas en la opinión pública.

No te pierdas: El plagio no es poca cosa

Además, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) anunció que Esquivel no incurrió en plagio sólo con la información que presentó la propia ministra, pese a que la UNAM no ha dado a conocer una resolución sobre la investigación que desarrolla por el caso de plagio que involucra a la ministra de la Corte.

Y aunque finalmente Yasmín Esquivel no fue elegida como presidente de la Corte, el tema del plagio no se ha resuelto, la opinión pública espera claridad en el caso y con toda la información difundida hasta el momento, el tema compete única y exclusivamente a la UNAM, cuyo prestigio como institución depende de la resolución del mismo, pues en cualquier institución de educación superior del país se sanciona de la forma más severa cualquier elemento de plagio.

Pese a que la máxima casa de estudios del país es más que cualquier crisis mediática, necesita dar tranquilidad a la sociedad sobre las implicaciones que conlleva un caso de plagio, en el que también estaría involucrada la propia directora de tesis de Esquivel, quien también asesoró el trabajo de Báez, y además esa misma tesis se publicó de forma casi idéntica en 2008 y 2010.

 

Esto derivaría en una serie de actos de corrupción en los cuales se venderían las tesis de licenciatura para la obtención de grados, por lo cual la propia UNAM tendría que profundizar la investigación que se desarrolla en el caso de Esquivel y que incluso podría ser la punta de iceberg un problema mayúsculo que se ha asentado en la institución educativa.

En un país como México, en donde la corrupción es una actividad recurrente tanto en el sector público como en el privado, el hecho de que no se sancionen casos de plagio evidenciaría la gran debacle de un sistema social que no se puede regular.

Nota aparte: Yasmín Esquivel era la consentida del presidente López Obrador y aunque trató de defenderla, no habían elementos para protegerla de un escándalo tan vergonzoso como el que se le señalaba.

 

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Con voz propia

La nueva casta en el poder

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Redes de corrupción y tráfico de influencias , parte de la estructura captadora de dinero público

TRAS BAMBALINAS 

Por Jorge Octavio Ochoa

Se habla de “mafias”, pero lo que se ha instalado en México es una nueva “casta” en el poder, con todo un esquema de negocios, similar al que ocupan ahora los modernos cárteles del crimen organizado. Esta casta opera desde las más altas esferas, con funcionarios y servidores públicos, a los que se les ha encargado desde la obtención de enormes volúmenes de dinero a través de negocios sucios, compras fantasma, contratación de servicios, “igualas”, “mordidas” en licitaciones, “quitas” o “moches” de salarios de las nóminas de empleados, hasta la cooptación del voto para consultas o elecciones.

Las evidencias ya están a la vista. El caso Segalmex se ha convertido en la bomba de tiempo, que pone contra la pared el lema de la Honestidad, que desde hace 20 años pregonan a los cuatro vientos. Es un descomunal desvío de recursos, obtenido de la manera más inmoral que puede haber: falsa solidaridad con el pueblo. Han desviado 15 mil millones de pesos, gracias a compras simuladas de carne, azúcar, garrafones de agua, alimentos y enseres que no llegan a los pobres, pero que pretenden justificar con el otorgamiento de pensiones para los mayores, aunque muchos de estos hayan muerto o becas para estudiantes, sin ningún control.

En el mega plan de negocios de toda esta estructura captadora de dinero, también hay proyectos de inversión en playas, hoteles, corredores turísticos y hasta la instalación de plantas solares; así como concesiones especiales para el usufructo del litio en territorio mexicano (léase Vidanta). Es toda una nueva élite. Lo peligroso es que, a esta nueva casta de políticos, se le ha ocurrido la brillante idea de asociarse con el crimen organizado, al puro estilo siciliano. México vive hoy una y mil masacres, que sirven por igual para simular consultas, como la de revocación del mandato o falsificar repartos de medicinas y alimentos.

Los nubarrones llegan ya hasta el Banco del Bienestar, que recientemente tuvo que retirarse “voluntaria e unilateralmente” del millonario negocio de recepción de remesas en Estados Unidos, ante el solo rumor de que se detectaron mecanismos de lavado de dinero. Sin embargo, ese servicio se llevará a cabo ahora desde Financiera para el Bienestar (antes conocida como Telecomm), que cuenta con mil 700 sucursales en todo el país y que, aparentemente, no pasa por el cedazo de la banca estadounidense. Ahora entendemos el porqué de la algarabía del presidente, cada vez que anunciaba el incremento del monto de remesas.

Si revisamos el esquema de “negocios”, podemos ver que en la línea de investigación aparecen, desde hace años, personajes como Alejandro Esquer, secretario particular del presidente de la República y Octavio Oropeza, actual titular de Pemex. Pero ahora hay nuevos nombres, que ocupan puestos estratégicos en enclaves del sistema financiero, como es el caso de la temida extitular del SAT y actual secretaria de Economía, Raquel Buenrostro, y su hermana, Lucía Buenrostro, exdirectora General Adjunta de Crédito en el Banco del Bienestar; o José Ángel Ansúrez Galicia y María del Rocío García Pérez.

Estos dos últimos, aparecen como nuevos artífices del “moche” y el “diezmo”, que desde hace ya muchos años implementó López Obrador cuando fue líder del PRD y después como jefe de Gobierno del Distrito Federal, con el apoyo de Marcelo Ebrard y del actual líder de MORENA, Mario Delgado, cuando era secretario de Finanzas de Marcelo. Así se trasladó la práctica hasta MORENA y desde 2016 se documentaron algunos casos específicos, como el de Lyssette Jiménez Medina a quien, entre enero y febrero de ese año, le pagaron un millón 12 mil 772.20 pesos por “prestación de servicios”.

Esto fue lo que MORENA-DF entregó en aquel entonces, como respuesta a una solicitud de información folio 5510000020416. Es decir, una friolera de 506 mil pesos mensuales. Así se las gastaban y se las han gastado desde entonces. Justo es decir que el caso Segalmex es una práctica que ya se había utilizado en tiempos de Carlos Salinas de Gortari, en lo que se conocía como CONASUPO y que llevó a la cárcel por diez años a su hermano Raúl Salinas. Sin embargo, la fe y las ganas de creer han impregnado una especie de ceguera en los mexicanos, que se preparan para aceptar a MORENA como el nuevo partido de Estado.

En esta nueva “estirpe” figura especialmente René Gavira Segreste, exdirector de Administración y Finanzas de Segalmex, quien fue recomendado para el cargo nada menos que por Raquel Buenrostro. Hoy este sujeto ya cuenta con el amparo definitivo de un juez federal contra cualquier orden de aprehensión en su contra. Quizá a eso se refiera el presidente López Obrador cuando dice que hay una “mafia” en el Poder Judicial. Pero de la mafia dentro del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP) no ha dicho nada, pese a las acusaciones de 15 trabajadores contra Anzurez Galicia.

Como ”encargado de despacho” de la Dirección Ejecutiva de Recursos Materiales del INDEP, este angelito pedía desde hace dos años a sus empleados, el 30 por ciento de sus salarios si querían trabajar en el gobierno. Sus influencias llegan a tres dependencias, donde colocaba personas a cambio de esa “quita” o “moche”. Pero, como decíamos, no es algo nuevo. El “diezmo” fue implementado por primera vez por López Obrador en el PRD y hoy, una de sus más fieles representantes, Delfina Gómez, se ha convertido en el impune estandarte de su aplicación, en absoluta burla de las instituciones y de la ley.

Por si te lo perdiste: La mención de López Obrador en la Corte de Nueva York – (losangelespress.org)

Crónica de un fraude anunciado 

Esta es, pues, la crónica no sólo de un fraude anunciado para los comicios de junio próximo en el Estado de México, fundamentalmente. Es el resurgimiento del dedazo y de un presidencialismo brutal que, como ya lo anunció el pasado 18 de marzo, va a meter la mano completa en la postulación de candidato de MORENA para la presidencia de la República, para que no ocurra, según dijo, como con Lázaro Cárdenas, que se pronunció por un candidato de derecha, Manuel Ávila Camacho, y no un izquierdista, como Francisco Múgica. Como puede verse, López Obrador está dispuesto a meter el cuerpo entero.

Como hemos dicho aquí ya varias veces, movilizará células de simpatizantes y de funcionarios, que lo mismo promoverán el voto, acudirán a actualizar padrones de beneficiarios de la pensión para adultos mayores, becas de jóvenes por el futuro, apoyo a madres solteras. En esta estrategia, Delfina será la punta de lanza. Expresión máxima del autoritarismo de un régimen para el que la ley es letra muerta y que fue lanzada como candidata pese a que existe un fallo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que la imputa por el desvió el 10 por ciento de los salarios de 472 trabajadores del ayuntamiento de Texcoco.

Este “moche” o quita del “diezmo” a los trabajadores, se llevó a cabo a lo largo de casi tres años (del 13 de febrero de 2013 a julio de 2015), lo que implica una derrama de 2 millones 264 mil pesos. Fueron 72 quincena, cuando era presidenta municipal. Ese dinero fue a parar a las actividades proselitistas de MORENA, es decir, López Obrador. Tan fue comprobado el ilícito, que el Instituto Nacional Electoral aplicó una multa de 4.5 millones de pesos a MORENA. Es bajo esa misma lógica de robo y fraude que encaran ahora la contienda electoral en el Estado de México, al estilo del viejo PRI.

La oposición denunció que en aquella entidad, se han registrado más de 74 mil cambios de domicilio, el 52 por ciento procedente de la Ciudad de México. El resto, proviene de Hidalgo, Veracruz y Puebla, todos gobernados por MORENA. Los cambios se registraron en 260 secciones. En la sección 1054 de Chalco se registraron mil 200 cambios; en la sección 1052, también en Chalco, otros mil 126 cambios de domicilio. En Chimalhuacán, sección 5970, se registraron 743 cambios; En Tecámac, sección 4,251 se reportan 800 cambios y en la 4,208 hubo 835. En Zumpango, sección 5904, hubo 856 cambios y en la sección 5912, otros 860 cambios.

Todo esto, en municipios también gobernados por MORENA. Como puede verse, pese a tener enfrente a una oposición descompuesta y sin liderazgos, el régimen, desde el más alto poder central, busca de manera desesperada, generar más recursos a través de prácticas no muy “cristianas”, como la compra de garrafones vacíos de agua (1.8 millones de piezas, con un costo de 99.9 millones de pesos), para después quizá rellenarlos y venderlos. ¡Negociazo! Quizá busca “ahorros”, para más pensiones de adultos o becas para jóvenes. Tan sólo en una dependencia, 15 mil millones de pesos desviados y una estructura bancaria para lavar más dinero.

Si pensamos de buena fe, es evidente que la nueva casta política tiene decidido perpetuarse a través de otro partido de Estado, como lo era el PRI. Quiere crear otra manera de dispersar recursos, porque los que existen en el erario no alcanzan. Se necesita más, mucho más. La cifra de gente en la miseria rebasa los 45 millones de personas. Por más que se quiera, la bonhomía del sistema político de la 4T no alcanza para paliar esa tremenda desigualdad. Sin embargo, les ha parecido buena idea “amafiarse” con el crimen organizado para obtener así más riquezas y atender más núcleos de población, pero también para granjearse nuevos feligreses.

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África

Penas de cadena perpetua contra personas homosexuales en Uganda

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Religión y vida pública

Por Rodolfo Soriano Núñez

En 2023 se cumplen 810 años desde que el papa Inocencio III promulgó, en 1213, la bula Quia Maior, en la que llamaba a la cristiandad a iniciar una Quinta Cruzada. La Quinta Cruzada como tal inició en 1217 y concluiría, con más pena que gloria cuatro años después. No recuperó el control de la Tierra Santa. El único que puede considerarse que logró algo, fue san Francisco de Asís, quien obtuvo del sultán Al-Kamil, permiso para establecer un pequeño monasterio (priorato) que los franciscanos conservan hasta ahora. Como las cuatro anteriores y muchos otros intentos previos del occidente europeo para controlar las rutas de tráfico de mercancías que pasaban por Jerusalén, la Quinta Cruzada fracasó estrepitosamente.

No es que a los ejércitos europeos les hubiera faltado creatividad, recursos o ambición. Ensayaron todos los trucos tácticos y militares de la época; arriesgaron y perdieron fortunas equivalentes a los ingresos totales a la Inglaterra de Ricardo Corazón de León, pero había en la idea misma de la recuperación por medios militares de la Tierra Santa un conflicto insalvable entre los fines (salvar personas, salvar almas) y los medios (la ocupación militar, la violencia y la muerte). Es algo fundamentalmente incompatible, a lo que debía agregarse que, la conversión de vastas regiones de África y Asia al Islam había sido, desde el siglo VIII de la era común, tan sólida como para evitar que las poblaciones locales fueran leales a los europeos que trataban de recuperar la Tierra Santa, creando reinos, principados, protectorados.

Esa incompatibilidad entre los medios y los fines es algo que todavía ahora afecta a quienes, en el occidente cristiano y, más específicamente, católico, insisten en lanzar, cada que pueden, cruzadas. El objetivo ya no es el de recuperar Tierra Santa, pues es claro que eso no se va a lograr. El objetivo ahora, parece ser el de establecer sociedades o países “cristianos”, en los que se respeten ciertos ideales con los que el cristianismo católico de derechas se identifica, aunque menosprecien e incluso de manera activa vayan en contra de la doctrina de la Iglesia católica o, de manera más general, de la filosofía del cristianismo.

Esa manera de entender la política, como una herramienta en la construcción de gobiernos o de países “cristianos” no es exclusiva ya de Europa. De hecho, si uno observa a la mayoría de los países de Europa occidental, lo que encuentra en un activo esfuerzo para tomar distancia de esa manera de entender las relaciones entre religión y política. En algunos países de Europa oriental es posible ver todavía ese tipo de prácticas. De manera notable en Polonia y Hungría, donde gobiernos de la derecha populista identitaria apuestan todo su capital político a un acuerdo con las jerarquías de distintas iglesias cristianas.

Otra región donde fue posible ver ese tipo de práctica de la política fue América Latina que, desde mediados de los noventa y, por lo menos, hasta mediados de la década pasada, impuso una serie de restricciones al aborto. En esa ola de reformas participaron distintos gobiernos de América Latina. En México, durante las presidencias de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto las reformas ocurrieron a escala estatal y no nacional. Fue el caso también en Honduras, El Salvador, Guatemala y, de manera notable, con Daniel Ortega en Nicaragua. Además, en ese periodo se promovieron, incluso en los sistemas de salud pública, las así llamadas “terapias de conversión” de la preferencia sexual, que supuestamente servirían para “curar” a las personas homosexuales de los “males” que les hacen actuar como lo hacen en su vida

En el caso de las leyes en materia de aborto, es notable que ahora vivimos la reacción contra los excesos de décadas pasadas, de modo que, en los últimos cinco años muchas de esas leyes han sido derogadas, sea por decretos del Ejecutivo (como en el caso de Honduras), sea por reformas del Legislativo (como en Argentina y Chile) o por medio de declaratorias de inconstitucionalidad por parte del poder Judicial (como en México). Fue, en más de un sentido, una moderna cruzada.

A pesar de la manera en que esta cruzada fracasó en América Latina, estas ideas están lejos de haber perdido su atractivo. De hecho, en El Salvador y Guatemala, sostienen este tipo de leyes y no hay signos de que pudiera ocurrir algún cambio. En Guatemala, el gobierno actual intentó aprobar en 2022 una ley que, además de elevar todavía más las penas contra el aborto, pretendía impedir por todos los medios dar cualquier tipo de reconocimiento a los matrimonios civiles de personas homosexuales. Al final la iniciativa fracasó, pero el intento existió.

Pero la influencia de esta manera de entender el mundo, el papel de la Iglesia y su doctrina y sus relaciones con el mundo de la política no se agotan ahí. Por una parte, está la influencia de estas ideas en Estados Unidos, que amerita una reflexión por separado. Por otra parte, están los cambios que recién han ocurrido o ocurrirán en el futuro inmediato en África. El más reciente de esos cambios ocurrió en Uganda, el 22 de marzo, cuando el parlamento de ese país de África central, decidió que es ilegal que una persona se identifique a sí misma como homosexual o lesbiana. Lo que es peor, quien se identifique de esa manera enfrenta penas de hasta diez años de cárcel. Por si eso no fuera suficiente, una persona que participe en un acto o relación homosexual podría recibir una pena de cadena perpetua.

Esta nueva ley, aprobada en lo que parecía ser una sesión festiva del parlamento de ese país, se suma a otras que ya penalizan, incluso con cárcel, a las personas que realicen o participen en ese país en “actos homosexuales”. Y no es sólo Uganda. Otros países de África han seguido rutas similares. En total, 30 países de África han aprobado distintas leyes, sea en los ámbitos nacionales o subnacionales, en las que se penalizan los actos, las relaciones o el identificarse como homosexual.

En su viaje a Sudán del Sur, en enero y febrero de este año, el papa Francisco se pronunció públicamente en contra de este tipo de leyes que criminalizan a las personas o los actos de las personas homosexuales. A bordo del avión que lo llevaba de regreso a Roma, el papa expresó su dolor por la incapacidad para distinguir entre las nociones de pecado y de crimen:

Y hace poco dije algo, no lo recuerdo muy bien, en la entrevista de Associated Press. La criminalización de la homosexualidad es una cuestión que no debe dejarse pasar. Se calcula que, más o menos, cincuenta países, de una manera u otra, llevan a cabo esta criminalización. Algunos dicen más, digamos al menos cincuenta. Y algunos de estos —creo que serán diez—, tienen también la pena de muerte. De forma abierta o encubierta, pero pena de muerte. Esto no está bien. Las personas con tendencias homosexuales son hijos de Dios, Dios las ama, Dios las acompaña.

Papa Francisco, conferencia de prensa en el vuelo a Roma, 5 de febrero de 2023.

El papa tiene claro lo peligrosa que es esa confusión. No así el arzobispo de Kampala, la capital de Uganda, Paul Ssemogerere, quien ha permanecido en el más hermético silencio luego de que el parlamento aprobara la nueva ley, que hace más difícil la vida de las personas homosexuales ahí, como se puede ver en la página de Internet de la arquidiócesis.

El silencio de Paul Ssemogerere (izq.) arz. de Kampala, Uganda, sobre la criminalización de la homosexualidad contrasta con lo dicho por el papa Francisco. De la cronología en Twitter de @MagalaJames4.

Y si hubiera alguna evidencia de que penalizar la homosexualidad sirviera de algo, cualquiera estaría dispuesto a considerar si valen la pena o no este tipo de leyes. Pero la realidad es que los países donde se penalizan la homosexualidad, los actos homosexuales y, como ahora en el caso de Uganda, el identificarse como homosexual, acusan problemas de productividad, de desarrollo profesional, de emprendurismo, confianza interpersonal y en las instituciones, lo que se traduce en bajos niveles de desarrollo del así llamado capital social y califican mal en prácticamente cualquier índice que mida la vigencia del Estado de derecho y del respeto a los derechos humanos.

Al final del día, las conductas homosexuales pertenecen al ámbito más privado de la vida de las personas. Incluso países con muy robustos sistemas de justicia, como el Reino Unido, han debido abrogar las legislaciones que prohibían o penalizaban la práctica de la homosexualidad. En el Reino Unido esas leyes estuvieron vigentes desde 1533 y hasta 2009.

Ese tipo de legislación imponía cargas excesivas sobre las personas, que estaban obligadas a vivir sus vidas con el miedo de ser denunciadas. Además, para obligar la observancia de esas leyes, las autoridades debían contar con amplios márgenes de discreción para espiar la vida privada de las personas, de los ciudadanos. Es decir, podían espiarles para demostrar que eran homosexuales.

En lo personal dudo mucho que Uganda, Kenya o, para propósitos prácticos, cualquier país de África o América Latina tengan la capacidad para efectivamente vigilar que las personas no participen en actos homosexuales o se identifiquen como homosexuales. Son leyes pensadas más como instrumentos de propaganda política que, al final del día, logran poco, pero tienen la capacidad para destruir las vidas de miles de personas.

Lo peor de todo, es que más allá de que pudieran existir grupos que en América Latina o África promueven por sus propios medios este tipo de políticas, también es claro que existen grupos mucho más poderosos que impulsan estas políticas desde Estados Unidos. Uno de esos grupos es el llamado en algunos casos La Familia (The Family) y en otros La Hermandad (The Fellowship) que, originado en EU en los setenta, promueve desde hace varios años los así llamados Desayunos de Oración que en países como Guatemala tienen incluso una condición de celebración nacional cada 18 de agosto. La Familia, gracias a los Desayunos de Oración, promueve activamente este tipo de medidas en nombre de Jesús, quien en ninguna porción de los Evangelios habla de la homosexualidad.

Quien desee comprender mejor el papel de la así llamada The Family, puede consultar el documental homónimo que Netflix produjo en 2019, cuya cuarta parte, atinadamente titulada Dictadores, Asesinos y Ladrones, narra la manera en que esta organización promueve este tipo de cambios en las leyes de América Latina y África. En el caso de Uganda, donde The Family opera desde los setenta, durante el régimen de Idi Amín Dadá, como se puede ver en este documental de la Universidad de Michigan, así como en distintos reportajes y análisis de lo que fue ese régimen, al que se considera responsable de la muerte de entre 100 mil y hasta 300 mil disidentes y opositores. En la más reciente reforma en Uganda también participó el grupo llamado Family Life Network, como lo describe este artículo de Foreign Policy.

Esas organizaciones, lo mismo que el arzobispo Ssemogerere parecen no tener claro la distinción que hace el papa Francisco entre pecado y delito. Parecen, igualmente, incapaces de entender qué tan contraproducente es para el cristianismo embarcarse en este tipo de proyectos que recuerdan en todo a las cruzadas de la Edad Media.

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En el Zócalo de Ciudad de México, las falanges ‘marxistas’

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TRAS BAMBALINAS

Por Jorge Octavio Ochoa

En una pugna simbólica y mediática, partidarios y adversarios se trenzaron este fin de semana en una inútil lucha de cifras. Unos y otros aseguran haber conjuntado en la Ciudad de México, más de medio millón de personas el 26 de febrero y el 18 de marzo.

Al margen de quién tenga la razón, lo único inobjetable e irrebatible, es que el país está profundamente dividido. Lejos de la reconciliación, esas masas ahí aglutinadas, lo único que reflejan es un futuro aciago para los mexicanos.

Parecen gloriosos ambos mítines: la sociedad politizada acude sin temor. Pero el futuro es opaco y sumamente preocupante por el tufo autoritario. “Está asegurada la continuidad”, frase central de un discurso retórico y sin sustento. Además del dedazo, vendrá la imposición del proyecto.

Sea cual sea la corcholata ganadora en el 2024, ésta obedecerá las órdenes que vengan desde Tabasco, apalancadas por el apoyo inefable del Ejército.

La inversión populista de recursos continuará, aunque no tenga reservas. Se irá a barriles sin fondo, que no devolverán ganancia alguna. La imposición de una nueva clase política más voraz está en camino. Por eso llamó a sus fanáticos a votar “por todo”, para tener mayorías absolutas, incontestables.

La pobreza crece, junto con la violencia. No hay orden legal y nuestras juventudes se asesinan entre sí, porque sí, porque la SEP está más preocupada en ideologizar.

La división es manifiesta, evidente. A unas horas de la “Gran Fiesta Patriótica”, la familia Cárdenas marcó su distancia con Andrés Manuel López Obrador.

Lo mismo hicieron, desde hace dos años, los familiares de Emiliano Zapata. El presidente los traicionó y permitió la construcción de una presa con la que no estaban de acuerdo. La ausencia de los Cárdenas y de los Zapata es el gran vacío, que pega en la columna vertebral de un cuerpo sin moral, como el de la 4T.

Ése es el panorama con el que entra al último año de gobierno López Obrador, perseguido por fantasmas del pasado que hoy reviven. Conasupo es hoy Segalmex, con un mismo sujeto: Ignacio Ovalle, al que hoy defiende el primer mandatario, así como protegió a un presunto violador como Félix Salgado Macedonio, o como resguarda a una delincuente, Delfina Gómez.

La muerte de más de 700 mil mexicanos, muchos de ellos por una pandemia que fue mal enfrentada, según los especialistas, será otro de los espectros que lo seguirán hasta Macuspana.

Tarde o temprano el país reconocerá como verdad el informe sobre los privilegios que tuvo la familia presidencial durante la mortandad. Para ellos, sí, Remdesivir.

Es la tormenta perfecta, que se puede convertir en maremoto, si se descontrola el sistema financiero internacional, quiebran bancos y esas masas confrontadas no encuentran una guía pacífica.

Las buenas intenciones y el apoyo a los pobres podrían convertirse en una pesadilla descomunal. Más aún cuando están bañadas de populismo. No hay dinero que alcance y el Banco del Bienestar está bajo sospecha como lavadero de dinero.

El sábado 18 de marzo vimos, entre otras cosas, el despliegue de algunos de los más de 23 mil Servidores de la Nación que engrosan la nómina de la Secretaría de Bienestar. Claro, la mayoría convencidos de su participación, ¡Nada más eso faltaba! Todos ellos significan un presupuesto superior a los tres mil millones de pesos al año. Por eso acudieron gustosos a arremolinarse ahí.

¿Servidores o siervos?

Los cuadros de estos servidores se componen de:

  • 18 mil 894 enlaces, desplegados en todo el país, con un sueldo de 8 mil 482 pesos mensuales.
  • 3 mil 736 trabajadores administrativos.
  • 252 directores regionales, que reciben 50 mil 158 pesos mensuales.
  • 32 delegados estatales o “superdelegados”. Ganan 87 mil 998 pesos al mes.

Hasta hace poco, el jefe de todos ellos era Gabriel García Hernández, coordinador Nacional de Programas Integrales de Desarrollo. Cercano al presidente AMLO, desde 2006.

Durante la elección de 2018, García Hernández fue responsable de desplegar una estructura partidista a favor de López Obrador; afiliar militantes a Morena y supervisar las asambleas municipales.

Es bajo esta descomunal estructura, que se expande la bonhomía del presidente de la República, convertido en moderno Robin Hood, que le quita el dinero a los ricos y clases medias para dárselo a los pobres, aunque algunos hayan muerto.

Por ello es por lo que resulta muy sospechoso el presunto robo de 136 millones de pesos a los Bancos del Bienestar hace unos días, cuando todavía no tiene ni estructura de verdadera institución financiera.

Es en medio de esas incongruencias, que ocurre esta nueva concentración. Lázaro Cárdenas Batel presentó su renunció el 17 de marzo, poco después de la confrontación de López Obrador con el ingeniero, su padre. AMLO decidió darla a conocer un día antes de la expropiación petrolera, para dañar lo menos posible “su fiesta”.

Fue una doble afrenta, pero ni todas las marchas o mítines del mundo podrán borrar el agravio al hijo del general, el Tata Cárdenas, al que también adoraba el pueblo hace 85 años.

No, no hay comparación alguna entre aquella gesta y lo que ocurre ahora. En aquel episodio histórico, la gente más humilde llevó al Zócalo sus pertenencias, sus animalitos, para ayudar con el pago de la deuda al vecino país. El pasado sábado 18 de marzo, hasta con 200 pesitos acarrearon a la gente. Otros, tenían que asistir, para no perder el trabajo.

Pero también hay los Solovinos, como les dijo una vez López Obrador, que fueron con toda la convicción y el corazón. Ojalá no los traicione también.

Lo peor fue el performance que algunos seguidores de AMLO escenificaron: la quema de un monigote que alude a la ministra Norma Piña, presidenta de la Suprema Corte. Como si no viviéramos en un país donde frecuentemente se lincha a víctimas inocentes, el discurso presidencial alienta este tipo de manifestaciones.

La ministra presidenta de la SCJN, Norma Piña. Foto: red.

En un país tan dividido, impulsar el odio hará más peligroso el año próximo. Más aún ante las asechanzas de los vecinos del norte. Este domingo, mandaron una misión diplomática, compuesta de legisladores y encabezada por el embajador Ken Salazar, para aclarar algunas paradas, no sólo sobre el narco.

Se supo, que México ha concesionado a Estados Unidos la terminal marítima de Punta Venado, en Quintana Roo, hasta el 2037. ¿En qué régimen se otorgó? ¿Por qué no lo sabíamos?

Sin embargo, nos enteramos el domingo que dichas instalaciones fueron requisadas por la Marina y la policía estatal, lo que desató el enojo del gobierno y Congreso de aquel país.

De esto, López Obrador no nos dijo nada ayer en su maratónico discurso de una hora. De hecho, frenó toda alusión antiyanqui. Evitó desatar el patrioterismo, para no enemistarse más con los gringos. Pero ahora tiene que explicar ¿Cómo pedirá la unidad de los mexicanos, incluso de aquellos a los que nos ha insultado por participar en manifestaciones que él no organiza?

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