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Mexico Violento

SCJN: Ministro Arturo Zaldívar, denunciado por fomentar terrorismo laboral y privilegios en Defensoría Pública

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SCJN: Ministro Arturo Zaldívar, denunciado por fomentar terrorismo laboral y privilegios en Defensoría Pública

* La Defensoría Pública se ha convertido en refugio de amigos

* Netzaí Sandoval Ballesteros, sin cumplir requisitos legales

* Terminan con derechos laborales de 10 o 15 años para no liquidar

 

El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, protege el terrorismo laboral en la Defensoría Pública Federal, donde su titular, Netzaí Sandoval Ballesteros, comete injusticias al rescindir contratos laborales sin justificación alguna. Los trabajadores pierden su antigüedad sin indemnización correspondiente por darle trabajo a sus compromisos personales y los de sus hermanos.

Según la queja de los trabajadores, la Comisión Substanciadora Única depende del Consejo de la Judicatura Federal, lo que convierte a la institución en juez y parte para resolver las demandas laborales dejando en la indefensión a los trabajadores a quienes se les resuelven sus demandas en sentido contrario.

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La misma Comisión se ha convertido en instrumento verdugo ya que, se presume, se tienen instrucciones del mismo magistrado presidente del Poder Judicial de la Federación, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, quien también es el presidente del Consejo de la Judicatura Federal de resolver en contra todos los asuntos que presenten los trabajadores.

“Las resoluciones que se han emitido han sido contrarias a los intereses de los trabajadores que buscan justicia laboral y de la propia ley en la materia. Con ello, los demandantes quedan hundidos en las deudas adquiridas durante su tiempo de laborar en el Poder Judicial como son viviendas y bienes materiales familiares que pagaban cuando tenían la certeza salarial de su trabajo”.

Todo este tema de contrariedad se ha reflejado desde la llegada de Netzaí Sandoval Ballesteros, quien arribó al cargo de director general del Instituto de la Defensoría Federal gracias a los favores políticos del presidente de la Corte con los hermanos de éste, Irma Eréndira Sandoval, otrora poderosa secretaria de la Función Pública, y Pablo Amílcar Sandoval, exsuperdelegado y actualmente diputado federal en Guerrero.

Netzaí Sandoval, desde su arribo al poder, ha dado de baja a diversos directivos sin importar sus antigüedades ni mucho menos sus derechos laborales y ha abierto la puerta a sus amigos de parrandas y de aventuras personales, según la información de la denuncia.

“Los hermanos Sandoval Ballesteros son quienes extienden las recomendaciones para satisfacer sus favores políticos en la institución y eso ha demeritado el profesionalismo de la misma”.

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Los trabajadores del Instituto denunciaron que, gracias a esa dadivosidad del presidente del Poder Judicial, el organismo se ha convertido en un trampolín político donde se dan nombramientos sin que los personajes cuenten siquiera con el perfil profesional y sin hacer examen de oposición lo que da a pie que muchos renuncien por falta de oportunidad a conseguir espacios de más crecimiento laboral.

“El Instituto de la Defensoría Pública se había procurado que fuera un organismo para la gente del mismo quienes deberían ascender siguiendo los protocolos de exámenes de oposición y ahora todo eso ha cambiado porque quienes llegan son por amiguismo y compadrazgo y se presume por actos de dinero lo que ha demeritado su función profesional”.

Con infinidad de juicios laborales por despidos injustificados a nivel nacional, el Instituto Federal de la Defensoría Jurídica de la SCJN ha trastocado sus perfiles profesionales y se ha convertido en refugio de amigos íntimos de Netzaí Sandoval Ballesteros, denunciaron trabajadores de la institución.

De acuerdo con las quejas de empleados federales, le han pedido por todos los medios al ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar, se asome al Instituto Federal de la Defensoría en donde los trabajadores han sido relegados por personal que no tiene perfiles académicos ni profesionales adecuados convirtiéndose en algo político y no jurídico.

“Los directivos ofrecen a los compañeros cargos en el Poder Judicial federal a cambio de que renuncien a su antigüedad y luego de tres a seis meses son despedidos de manera injustificada. Aquel que no acepta las propuestas de dichos cargos se convierte en víctima automática del acoso y hostigamiento laboral en todos los sentidos. Los cambios de sede laboral son porque el servicio lo requiere, según lo justifican”.

Los problemas se repiten a nivel nacional en donde los trabajadores son cambiados de manera arbitraria de su sede laboral a otros estados del país y si reniegan al cambio sufren las consecuencias del hostigamiento y acoso laboral o simplemente les levantan actas administrativas inventando comisiones de irregularidades.

Por diversos medios, explican los trabadores, se le ha pedido al presidente de la SCJN su inmediata intervención para solucionar la problemática, pero prefiere estar al pendiente a las actividades del Palacio Nacional, como se ha publicado en diversos medios de comunicación.

“Es momento de que se quite la venda de los ojos que le ha puesto Netzaí Sandoval Ballesteros y voltee a ver que el Instituto Federal de Defensoría Pública, se ha vuelto una cueva de ladrones ya que se contrata a personal por amiguismo, donde personajes como Diego Roberto Tovar Sánchez y Rafael Robles Roa han hecho negocios con los puestos de altos mandos”.

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Denunciaron que se está dando de baja tramposamente a gente con conocimientos técnicos y jurídicos importantes para contratar a gente sin preparación, pisoteando los derechos de todos los oficiales administrativos.

“Es urgente que se realice una auditoría al Instituto Federal de Defensoría Pública y que Netzaí Sandoval explique por qué los nuevos defensores fueron contratados sin reunir el perfil sin hacer examen de oposición al igual que el personal administrativo y por qué se excluye a los oficiales administrativos quienes cuentan con la experiencia y los conocimientos necesarios para el desarrollo de las funciones de defensa. Exigimos que dejen de pisotear nuestros derechos laborales, no puede ser posible que se presuma en los medios de una protección a derechos humanos y se pisoteen a los de casa”.

Actualmente, el presidente de la SCJN ha declarado públicamente la elaboración de un documental sobre el caso del feminicida serial llamado “El monstruo de Atizapán” con un gasto de 10 millones de pesos lo que evidencia tirar el dinero en cosas innecesarias en lugar de resolver problemas internos en el Poder Judicial como el despido injustificado de los trabajadores.

Los trabajadores de la Defensoría aseguraron que es triste ver cómo sus compañeros de muchos años, de la noche a la mañana, salen derrotados y burlados en sus derechos de antigüedad laboral, además de sufrir discriminación y abusos que impiden el crecimiento laboral.

“Vemos con mucha tristeza que este gobierno ha permitido la destrucción de una institución tan noble y tan útil para la Nación. Eso lo sabe Arturo Zaldívar y lo ha permitido al hacerse de la vista gorda con los actos ilegales cometidos por el presidente del Instituto, Netzaí Sandoval Ballesteros”.

Esto lo sustenta el propio Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación que, desde el pasado mes de abril, denunció que en las últimas semanas se han realizado despidos injustificados, hostigamiento laboral y cargas de trabajo por lo que anunció una serie de movilizaciones que comprenden marchas, mítines y actos de protesta en las dependencias.

El secretario general del STPJF, Jesús Gilberto González Pimentel, dijo que los cerca de 35 mil trabajadores que laboran en los circuitos judiciales del país -juzgados de distrito, tribunales de circuito y áreas administrativas-, acordaron iniciar la movilización para exigir a las autoridades del Consejo de la Judicatura Federal, detener la política antilaboral que se vive al interior de esta institución.

***

Fuente: sintesisdeguerrero.com.mx

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Narcopolítica, corrupción y más de lo mismo

Televisa, Tv Azteca y La Jornada concentran casi el 30 % de la publicidad del gobierno de México

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Televisa, Tv Azteca y La Jornada concentran casi el 30 % de la publicidad del gobierno de México

 

Por Ignacio García

Las cadenas de televisión Televisa y Tv Azteca, así como el diario La Jornada, concentraron el 29.4 por ciento de la publicidad oficial que el gobierno federal de México ha destinado entre los años de 2019 y 2021, de acuerdo con el reporte publicado por la organización de protección a periodistas Artículo 19.

El reporte reveló que la administración de Andrés Manuel López Obrador destinó en los primeros tres años del actual sexenio un total de 8 mil 648.74 millones de pesos para publicidad oficial, de los cuales Televisa fue la empresa más beneficiada con un total de 933 millones de pesos, lo que representa el 10.7 por ciento del total del presupuesto para este sector.

No te pierdas: ‘Youtuber’ Meme Yamel reconoce ignorar a víctimas de Isabel Miranda de Wallace por sentirse «saturada»

 

En segundo lugar se ubicó Tv Azteca, de Ricardo Salinas Pliego —personaje público señalado por rehusarse a pagar los millones de pesos que adeuda al fisco por impuestos— con un total de 848. 75 millones de pesos, lo que equivale al 9.8 por ciento del total del presupuesto público.

En tercer lugar se situó La Jornada, diario encabezado por Carmen Lira, que recibió de convenios publicitarios 771.16 millones de pesos, lo que representa el 8.9 por ciento del total de la publicidad oficial.

Otros medios beneficiados con publicidad oficial en el actual sexenio son Medios Masivos Mexicanos (varios periódicos) con 521.62 millones de pesos, lo que significa el 6 por ciento de este concepto, seguido de Radio Fórmula con 322.18 millones de pesos, es decir, el 3.7 por ciento, después Tele Fórmula con 195.2 millones de pesos que equivalen al 2.2 por ciento, Organización Editorial Acuario con 186.76 millones de pesos equivalentes al 2.1 por ciento, Centro de Cultura Nuestra América con 191.78 millones de pesos y el 2.2 por ciento, Grupo Milenio con 183.78 millones de pesos con 2.1 por ciento y Edición y Publicidad de los Medios de los Estados con 171.87 millones de pesos con el 1.9 por ciento.

Un total de 768 medios de comunicación restantes recibieron el 49.9 por ciento de la publicidad oficial, lo que representa el cuatro mil 323.22 millones de pesos.

Para recordar: Detenidos en Nicaragua por narcotráfico son de Televisa

En 2021, Televisa recibió un total de 257.1 millones de pesos, lo que significa el 10.4 por ciento de los dos mil 459.1 millones de pesos que el gobierno federal destinó para publicidad oficial en ese periodo.

La Jornada recibió 253.6 millones de pesos, lo que representó el 10.3 por ciento, mientras que Tv Azteca recibió 217.2 millones de pesos, lo que significa el 8.8 por ciento del presupuesto, por lo que nuevamente Medios Masivos Mexicanos, Grupo Fórmula, Tele Fórmula, Centro de Cultura Nuestra América, Organización Editorial Acuario, Milenio Diario y Agencia Digital obtuvieron casi el 52 por ciento del total.

En tanto 463 medios de comunicación recibieron mil 188.32 millones de pesos el año pasado, lo que equivale al 48.3 por ciento del presupuesto destinado para publicidad oficial.

Aunque el coordinador de Comunicación Social de la Presidencia de la República, Jesús Ramírez, anunció que se regularía la publicidad oficial en este gobierno, sólo se redujo el presupuesto para este sector pero sin definir los criterios específicos para su asignación, distribuyendo recursos de forma discrecional a medios de comunicación cercanos al gobierno federal.

Para leer el informe completo de Artículo 19: Gasto de publicidad oficial en la primera mitad del sexenio de AMLO

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Mexico Violento

Paloma Sánchez, diputada del PRI, se suma a exigencia de protección del periodista Juan Manuel Partida Valdez

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Paloma Sánchez, diputada del PRI, se suma a exigencia de protección del periodista Juan Manuel Partida Valdez

 

Pidió a la Secretaría de Gobernación que lo proteja a través del Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas

Paloma Sánchez, diputada federal por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), exigió a la Secretaría de Gobernación (Segob) que, de manera inmediata, despliegue medidas de protección, a través del Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, a favor del periodista sinaloense Juan Manuel Partida Valdez, quien fue amenazado de muerte.

Al presentar ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión esta propuesta con punto de acuerdo, la integrante del Grupo Parlamentario del PRI (GPPRI) en la Cámara de Diputados subrayó que el pasado 10 de agosto, Partida Valdez, quien es el presidente de la Asociación de Periodistas de Sinaloa, recibió amenazas por teléfono.

La editora recomienda: Callar no es una opción: otra agresión a periodista en Sinaloa, esta vez a Juan Manuel Partida Valdez

 

La legisladora sinaloense Paloma Sánchez explicó que el periodista fue amenazado para que detenga sus actividades de periodismo de investigación.

Indicó que frente al riesgo que corren los periodistas mexicanos y tomando en consideración que Partida Valdez ya ha había sido amenazado en 2017, “resulta importante que el asunto sea tomado con la mayor seriedad posible por parte de la Secretaría de Gobernación a fin de salvaguardar la integridad del periodista sinaloense y la de su familia”.

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El pasado 6 de marzo de 2018, Los Ángeles Press ventiló que Juan Manuel Partida fue vćitima de hostigamiento sistemático, insultos y amenazas de muerte. En ese momento, el reportero de esta casa editorial, Miguel Alonso Rivera, consignó que ante este acoso a Partida Valdez hubo «una absurda e incomprensible pasividad manifiesta que se observa», por parte de las autoridades para brindarle seguridad.

Partida Valdez acudió en eso mismos días de 2018 a la Fiscalía de Sinaloa para denunciar los hechos. Como parte de las evidencias divulgó una serie de audios difamatorios, además de mensajes y llamadas intimidatorias.

 

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Justicia pendiente

‘Youtuber’ Meme Yamel reconoce ignorar a víctimas de Isabel Miranda de Wallace por sentirse «saturada»

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Meme Yamel reconoce ignorar a víctimas de Isabel Miranda de Wallace por sentirse "saturada"

Por Guadalupe Lizárraga

En una serie de tuits, la youtuber Meme Yamel respondió a la periodista Guadalupe Lizárraga sobre la revelación que hizo Alma Nelly Flores, esposa de César Freyre Morales, a Los Ángeles Press, el haber sido ignorada cuando le solicitó ayuda en julio de 2021 para darle mayor visibilidad a las violaciones de derechos humanos sufridas por su esposo, César Freyre, a lo largo de 16 años de encarcelamiento injusto, con un protocolo de Estambul positivo en tortura. Mientras que en el caso de Brenda Quevedo Cruz, promovido por Defensoría pública, todos los medios, incluyendo los youtuberos y a ella misma, han hecho suyos los boletines de prensa de la institución.

Justificó la youtubera que era un ser humano y estaba «saturada», por lo que podrían olvidársele algunas cosas y pidió disculpas.

«Soy un ser humano, me saturo. Hay cosas que se me pueden llegar a olvidar y me disculpo, pero ¿de ahí a decir que sigo la línea de la defensoría y que por eso no voltee a ver a los demás? Wow.»

Tras leer la nota de César Freyre, Elena Uscanga, la madre de Jael Malagón Uscanga, mencionó que a ellos también les había hecho lo mismo. Después de que Meme Yamel se presentara a la conferencia matutina con el caso de Brenda Quevedo, también recurrieron a ella para que mostrara los otros casos de las víctimas de la fabricación. Sin embargo, no hubo respuesta de parte de la youtubera.

Meme Yamel acusó a la periodista de quererse «colgar» de su persona para «sacar un nota». A lo que Lizárraga le recordó que la denuncia había sido de la familiar de la víctima, y cuestionó el por qué habría de «colgarse» de una mala réplica de su trabajo.

Un siguiente tuit de la youtuber señala que «nadie la obligó o presionó para reconocer a periodistas que investigaron el caso». Sin embargo, la investigación que reveló los rastros de vida de Hugo Alberto Wallace Miranda, iniciada en 2014 por Guadalupe Lizárraga, demostró que en 2018 todavía la supuesta víctima estaba activa en el Servicio de Administración Tributaria (SAT), tenía un número de seguro social, contaba con tres actas de nacimientos y dos actas de defunción y había siete testigos que interactuaron con él años después de la supuesta fecha de muerte que alega Isabel Miranda de Wallace como el 11 de julio de 2005.

Incluso, en 2006, dos de los testigos denunciaron ante la Procuraduría General de la República, hoy FGR, y en el programa de Ciro Gómez Leyva, a quienes posteriormente Isabel Miranda de Wallace los acusó de intento de extorsión.

Para Meme Yamel, «el problema de la periodista, dice, es que ella quiere ser la protagonista de la historia y los protagonistas son las víctimas». No obstante, a la única víctima que le da cobertura, con imprecisiones y falta de rigor periodístico señalado por Guadalupe Lizárraga, es a Brenda Quevedo Cruz, de quien emprendió campaña el titular del Instituto Federal de Defensoría Pública, Netzaí Sandoval Ballesteros, y promovió en medios, youtubers y periodistas para que le dieran cobertura «viral» a su boletín de prensa posterior a la decisión del Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias de Naciones Unidas de emitir una opinión de libertad por la larga prisión preventiva que sufría Brenda.

Las víctimas que siguen bajo consigna

El caso Wallace implica a ocho víctimas de detención arbitraria, tortura y encarcelamiento injusto, algunas por más de 16 años. De las seis víctimas acusadas directamente son Juana Hilda González Lomelí, caso recién atraído por la Suprema Corte de Justicia de la Nación con amparo interpuesto por Isabel Miranda de Wallace, y que los medios han dado cobertura desde el empuje de Defensoría pública.

Otras víctimas son los hermanos Albert y Tony Castillo Cruz, a quienes les negaron aplicar el protocolo de Estambul bajo el falso argumento de que ya estaban sentenciados, y que la madre de ellos solicitó el apoyo mediático para visibilizar sus casos.

Jacobo Tagle Dobín, sin sentencia con tres protocolos de Estambul positivos en tortura, uno de éstos aplicado por el Consejo de la Judicatura de la Federación, y César Freyre Morales, sentenciado a 131 años de cárcel con protocolo positivo en tortura.

Las otras dos víctimas relacionadas de manera indirecta para justificar una «banda de secuestradores» son George Khoury Layón, con reconocimiento de inocencia y opinión de libertad de Naciones Unidas, que vivió su tortura más reciente el 12 de junio de 2022, y Jael Malagón Uscanga, con registro de tortura en 2010, de la que quedó parcialmente ciego dentro del Cefereso #1, El Altiplano, Estado de México, y de la que le dijeron sus atacantes que no era nada personal, sino órdenes de Isabel Miranda de Wallace.

No ignores: Mi hijo lleva 16 años preso sin sentencia, 12 jueces, golpizas y pagos a autoridades carcelarias: Elena Uscanga

En la serie de tuits de Meme Yamel en respuesta a la periodista Guadalupe Lizárraga también asevera que respecto a las otras víctimas del caso Wallace dio lectura a una carta de Jacobo Tagle. No obstante, Los Ángeles Press, ha publicado y dado lectura a varias cartas de todas las víctimas, a excepción de Tony Castillo. En el caso de César Freyre se publicó en este medio, en 2019, una carta de 17 páginas y 25 puntos en donde narra la tortura a detalle y da nombres de sus agresores que sigue siendo ignorada por los medios, por Meme Yamel y los demás operadores de las redes sociales en favor del gobierno de López Obrador.

Para enterarte más: Represalias en penales a víctimas del Caso Wallace por exigir justicia – Los Ángeles Press

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