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Justicia pendiente

Ex defensor público desmiente al ministro Zaldívar en temas de discriminación y defensa para pobres

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Por Ignacio García

El ex defensor público Alejandro Garduño Real desmintió al ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldìvar, y al director del Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP), Netzaí Sandoval Ballesteros, que aseguran en sus redes sociales que constantemente están preocupados en la defensa de los pobres y de atender la discriminación.

Por medio de una misiva, el ex servidor público refirió que cuando fue cesado como defensor público, siendo abogado de Jacobo Tagle, víctima del caso Wallace, el director del IFDP no consideró que se trató de una persona con discapacidad física y tenía que trasladarse a distintos puntos para ser notificado por la causa de su salida de la institución.

Mientras Zaldívar y Sandoval presumieron en sus respectivas redes sociales sobre su preocupación a los derechos humanos y la defensa de los pobres, el abogado Alejandro Garduño les recordó que siendo una persona en silla de ruedas tuvo que trasladarse a distintos espacios públicos ante la falta de respuesta de las autoridades.

También expresó que fue cesado cuando tomó los casos de defensoría pública de Jacobo Tagle Dobin en el «caso Wallace” y Francisco García Medel en el «caso Nelson Vargas», debido a que durante su trayectoria como defensor público no había recibido ninguna amonestación, pero fue sustituido por personas allegadas al hermano de la ex titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Irma Sandoval, quienes no cuentan con experiencia e ingresaron sin preparación previa.

Agregó que desde que decidió tomar los casos, Isabel Miranda de Wallace actuó en su contra para dejarlo fuera del caso como sucedió con otros abogados, mientras que durante su trabajo en el IFDP recibió constantes agresiones e incluso atentados con armas de fuego.

Los Ángeles Press documentó que el ex defensor público fue cesado después de tomar los casos de los acusados de Isabel Miranda, además de que el director del IFDP reemplazó a discreción en la nómina a trabajadores con antigüedad en la institución para incorporar a personas cercanas a su círculo.

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Justicia pendiente

Diputada de Morena pide intervención de Encinas para atender violaciones de derechos humanos del gobierno de Barbosa

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La diputada federal del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Inés Parra Juárez, pidió la intervención del subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), Alejandro Encinas, para que atienda las constantes violaciones de derechos humanos que se han cometido contra diferentes ciudadanos por parte del gobierno de Puebla, encabezado por Miguel Barbosa.

La legisladora federal dijo que la Fiscalía General de Justicia del Estado de Puebla ha integrado carpetas de investigación de forma inquisitoria contra los habitantes del municipio de Zinacantepec, debido a que actúa a modo a favor de los intereses del mandatario estatal.

De acuerdo con la representante popular, la fiscalía estatal de Puebla funciona también para los intereses caciquiles de los familiares del gobernador de extracción morenista, pues se han acusado a los ciudadanos de delitos que no cometieron, por lo que también han ejercido violencia política de género.

Agregó que la policía estatal ha agredido a los ciudadanos que se manifestaron la semana pasada en la explanada de Zinacantepec, en donde resultaron heridas ocho personas, mientras que la fiscalía sigue recibiendo órdenes de Barbosa para ejercer procedimientos penales contra los manifestantes a quienes no les reconocen los derechos humanos establecidos en la Constitución Política Mexicana.

Asimismo, pidieron la intervención de forma contundente por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), debido a que también ha sido agredida de forma mediática por defender a los habitantes de Zinacantepec e incluso ha sido acusada de ser la incitadora de la violencia en la Sierra Negra.

Recordó que fueron los diputados locales de Puebla los que aprobaron el impuesto al alumbrado público para los habitantes de Zinacantepec sin tomar en cuenta las necesidades de los pobladores de la región, por lo que también el alcalde Miguel Huerta ha actuado en contubernio con su primo, el gobernador de Puebla.

Además, pidió al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que vigile el desempeño de Barbosa, pues aseguró que ha actuado de forma contraria a los intereses de la denominada cuarta transformación violando permanentemente los derechos humanos de los ciudadanos para permitir prácticas caciquiles.

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Justicia pendiente

Luis Echeverría, el último súper presidente del priismo que sigue en la impunidad

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Este día cumple 100 años de edad el expresidente de México, Luis Echeverría Álvarez, quien entre 1970 y 1976 fue el hombre más poderoso del país como representante del súper presidencialismo mexicano y cuyas acciones que derivaron en las muertes de miles de personas en la denominada guerra sucia en la década de los setenta.

Luis Echeverría nació el 17 de enero de 1922 y en 1946 ingresó a las filas del Partido Revolucionario Institucional (PRI), en donde escaló diferentes posiciones siendo secretario del presidente del partido, así como secretario de Rodolfo Sánchez Taboada hasta convertirse en el oficial mayor de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Se graduó como licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y en 1958 fue designado subsecretario de Gobernación y debido a su cercanía con Gustavo Díaz Ordaz fue incluido en su gabinete en la presidencia de la República ocupando la titularidad de la Secretaría de Gobernación (Segob) en 1964.

Durante ese periodo fue la mano derecha de Díaz Ordaz y señalado por permitir la operación de la CIA en México, además de vigilar y perseguir a los opositores del régimen, por lo que defendió al entonces mandatario federal por la matanza de estudiantes en Tlatelolco el 2 de octubre de 1968.

Debido a su cercanía con Díaz Ordaz fue elegido como candidato a la presidencia por el entonces partido oficial y ocupó la primera magistratura del país entre 1970 y 1976, desatando la denominada guerra secreta contra las guerrillas y la Liga de 23 de septiembre.

En su gestión se cometieron diferentes abusos y violaciones a los derechos humanos como la matanza conocida como “El Halconazo” en 1971, además de que fueron asesinados los guerrilleros Lucio Cabañas y Genaro Vázquez, así como el secuestro del empresario regiomontano Eugenio Garza Sada.

El manejo de la política económica del gobierno de Echeverría provocó el fin del periodo conocido como “el milagro mexicano”, debido a que hubo un mayor gasto público y su gobierno se caracterizó por un populismo que coqueteó con los gobiernos socialistas en América Latina.

También prohibió los movimientos juveniles y los conciertos de música rock, aunado a que inició un golpe a la prensa crítica, que en ese momento era encabezada por Julio Scherer en Excélsior y que derivó en su salida.

Aunque pretendía convertirse en secretario de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) al terminar su gestión, la economía cayó y la inseguridad incrementó, por lo que su carrera política terminó.

Desde entonces, diferentes organizaciones civiles se pronunciaron a favor de iniciar un juicio en contra de Echeverría por su responsabilidad en la matanza de Tlaltelolco, el Halconazo, la desaparición y asesinato de personas en la guerra sucia, así como por ser informante de la CIA, sin embargo, ninguna de las acusaciones prosperó y la periodicidad de los crímenes feneció, por lo que se mantendrá en la impunidad de forma indefinida.

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Justicia pendiente

Indígenas de Puebla denuncian agresiones de policía por protestar contra impuesto al alumbrado público

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Indígenas de San Sebastián Zinatepec, Puebla, denunciaron que fueron víctimas de agresiones físicas por parte de la policía estatal cuando intentaban manifestarse a las afueras del ayuntamiento contra el impuesto al alumbrado público.

Una de las habitantes del municipio de Zinatepec señaló que el alcalde Mario Roberto Huerta Gómez se ha negado al diálogo y por ello solicitó el apoyo de los granaderos de la policía estatal impedir el derecho a la libre manifestación de los pobladores contra la imposición de un impuesto por el que no fueron consultados.

A través de diferentes videos que fueron grabados por los manifestantes, se mostró la manera en la que los granaderos estatales reprimieron a los pobladores que pretendían manifestarse en contra de la nueva medida impuesta por el gobierno municipal y que afectará a la economía de las personas de menor nivel socioeconómico.

Una de las manifestantes fue lastimada por la mano por los uniformados, mientras que otros fueron golpeados y por ello solicitaron la intervención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para atender las violaciones graves a los derechos humanos cometidos en el municipio.

También pidieron la intervención del gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, ya que aseguraron que no se ha pronunciado al respecto, debido a que ha protegido al edil por su cercanía familiar y en caso de no obtener respuesta también solicitarán el apoyo del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

Asimismo, responsabilizaron al munícipe contra las agresiones que sufran los indígenas por parte de los granaderos y cuestionaron si la manera de actuar del gobierno local y estatal corresponde a la forma de gobernar del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) que prometía otras formas de gobierno sin represiones ni abusos.

 

 

 

 

 

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