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Justicia pendiente

Carta abierta de abogado Alejandro Garduño Real por acoso y discriminación en Defensoría Pública

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Ciudad de México, 16 de abril de 2021

Al Presidente de México Andrés Manuel López Obrador

Al Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación

Al Pueblo de México

A la Opinión Pública

Me dirijo a ustedes con todo respeto, de esta manera, abierta y transparente por su enorme gravedad, sobre los recientes hechos que ponen en riesgo mi vida como abogado defensor y que obstaculizan la justicia para dos de mis defendidos, Jacobo Tagle Dobin, conocido por el Caso Wallace, y Francisco García Medel, por el caso de Nelson Vargas.

El 14 de abril del año en curso, se me notificó mi cese laboral, del Instituto de la Defensoría Pública, sin ningún motivo o causa que lo justificara. Esto, como continuidad del acoso y hostigamiento, que he recibido desde que acepté la asignación de los casos mencionados. Incluso, sufrí un atentado que me obligó a separarme de mis hijos aún menores de edad, siendo yo su único sostén emocional y económico, al ser padre soltero.

Sin incurrir en falsas modestias, mi trayectoria profesional ha sido impecable. Ingresé al Poder Judicial de la Federación el 27 de septiembre del 2001, y para septiembre de 2021 estaría por cumplir 20 años de servicio, sin haber recibido nunca una amonestación por menor que fuera.

En el año 2016, participé en el curso para Defensor Público Federal. En 2017, me dieron el nombramiento como Defensor Público Federal. Al momento de mi ingreso, estuve en otras instancias, y con posteridad me asignaron al Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales.

El día 05 de abril de 2019, acepté y protesté el cargo en la causa penal 35/2006, ante el extinto Juez Decimosexto de Distrito de Procesos Penales Federales instruida contra Jacobo Tagle Dobin, en el asunto mejor conocido como «Caso Wallace «. La causa penal se encuentra en etapa de instrucción, se desahogan las pruebas que fueron ofertadas dentro del segundo periodo probatorio (el cual feneció en el año 2014), no obstante se han ofertado pruebas documentales y algunas otras supervenientes. La causa fue turnada en el mes de octubre de 2019, al Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en la Ciudad de México, y radicada como causa penal 286/2019. Se han solicitado en favor de Jacobo Tagle Dobin, traslados, como es su derecho, cambio de medida cautelar y se han presentado pruebas diversas.

El trece de enero de 2020, fui amenazado vía telefónica. Las amenazas estaban relacionadas con la causa penal en comento, lo que hice del conocimiento al Consejo de la Judicatura Federal, motivo por el cual me fueron asignadas medidas de seguridad, tales como prenda de seguridad, escolta y vehículo patrulla. Reporté varios incidentes en contra de mi seguridad, durante el período que duró la comisión de la escolta, misma que fue terminada el trece de enero de 2021. No obstante, solicité la continuidad de la misma, por los problemas de seguridad que se habían presentado de forma reiterada a mi persona.

Así mismo, denuncié las amenazas recibidas, ante el Ministerio Público de la Federación, misma que se radicó con la integración de una carpeta de investigación, a la que se le ha dado seguimiento y en la cual, incluso, se ha ampliado en dos ocasiones por incidentes y atentados en mi contra.

El 22 de marzo de 2021, recibí la noticia de que estoy obligado a comparecer ante el Ministerio Público por la posible comisión del delito contemplado en el artículo 231 fracción I, del Código Penal Federal, de la que se advierte que la señora María Isabel Miranda Torres y su asesor jurídico o asesor victimal, Yohann Iván Torres Pérez, figuran como denunciantes, quienes solicitaron iniciar carpeta de investigación en mi contra, la cuál, se radicó ante el Ministerio Público con el número SZS-EIL-EI-C3-149/2021, lo que aparentemente se realiza con la finalidad de amedrentar a la defensa, como ha sucedido con todos los abogados que me antecedieron para llevar la defensa de este mismo caso, con los coprocesados de mi defendido.

Todo lo anterior lo hice del conocimiento del Instituto Federal de Defensoría Pública, cuya respuesta fue que me brindaría el apoyo necesario. Sin embargo, lo que recibí fue el cese de mi trabajo.

El día 26 de marzo del presente año, se llevó a cabo una audiencia informativa, dentro de la causa 359/2019, la cual se instruye contra Francisco García Medel, en el Juzgado Segundo de Procesos Penales Federales en la Ciudad de México, con sede en el Reclusorio Norte. En esa ocasión, en la cual el procesado Francisco García Medel hizo uso de la voz y manifestó ante el juez que el día 14 de enero del 2020, una vez concluida la diligencia informativa programada en la data anotada, su defensor, el licenciado Alejandro Garduño Real, había recibido una llamada telefónica con amenazas de muerte explícitas. Mi defendido había escuchado toda la conversación telefónica dado que el suscrito se encontraba en diligencia y contestó en altavoz y escuchó las amenazas hechas al momento de concluir la audiencia.

Cabe señalar que esta causa penal se instruye en contra de mi defendido por los hechos mediáticos del “Caso Nelson Vargas”, por lo que el procesado manifestó, ante el juez que teme por su seguridad, así como por la seguridad de su defensor, en este caso el de la voz. Su proceso, se encontraba paralizado desde 2014, y una vez que el suscrito asumió el cargo, en esa causa penal, se empezaron a promover pruebas encaminadas hacía una sentencia absolutoria, ya que no hay señalamientos contundentes para demostrar que mi defendido tenía participación en los hechos que se le imputan. Por el contrario, se han aportado diversas pruebas, con las cuales se podrá constatar que es una persona inocente.

Ante tal circunstancia, el juez tomó cartas en el asunto y envió al Director de Instituto Federal de Defensoría Pública, Netzaí Sandoval Ballesteros, para que él a su vez, en su calidad de superior jerárquico del suscrito, informara al Consejo de la Judicatura Federal, a través Consejo de Disciplina y Vigilancia, para que –de ser procedente–, se me asignara nuevamente la escolta. Ya que en este caso, se vulneran la defensa técnica y material, de acuerdo con el artículo 14.3, del Pacto de Derechos Civiles y Políticos. Dado que no se me permitió continuar con la escolta y por ende, no me proporcionaron los medios materiales para el debido cumplimiento de mi función, se entorpeció la defensa, violando los derechos constitucionales y humanos de mi defendido y de mi persona.

Quiero especificar que una vez que el oficio del juez llegó al Instituto Federal de Defensoría Pública, me convocaron a una junta, en la cual me manifestaron que darían seguimiento en mi apoyo. No obstante, el día 13 de abril, vía telefónica la licenciada Claudia Maribel, quién hasta ese momento era mi jefa inmediata superior, me convocó a que acudiera el día 14 de abril, a las 9:30 horas, al Instituto Federal de Defensoría Pública, diciéndome que la reunión era para llevar a cabo la estrategia de defensa relativa a la carpeta de investigación que me había iniciado la señora María Isabel Miranda Torres, aludiendo a ella como “la señora Wallace”, lo cual era totalmente falso, ya que era para notificarme mi cese al cargo como Defensor Público Federal, motivo por el cual me trasladé a dichas oficinas en la hora y fecha indicada, y una vez que estuve en presencia de ella, me notificó mi cese del cargo como defensor público federal. Yo le solicité que me informaran el motivo por el cual me estaban cesando, y me manifestó que me tenía que trasladara a las oficinas del licenciado Carlos Gustavo Cruz Miranda, para que me informará el motivo por el cual me estaban cesando, sin que el citado Carlos Gustavo Cruz Miranda, me diera respuesta alguna y me comentó que tenía que firmar en ese momento, dado que si no lo hacía las consecuencias serían graves. En ese momento pedí una audiencia con el maestro Netzaí Sandoval Ballesteros y la respuesta del licenciado Carlos Gustavo Cruz, fue que no se encontraba en esas oficinas, sino que estaba despachando desde su casa, por lo que no podía recibirme, sin que hasta la fecha tuviera más respuesta que el cese laboral.

Cabe destacar que soy una persona con capacidades diferentes, dado que utilizo silla de ruedas para trasladarme de un lugar a otro, por lo que se me están vulnerando mis derechos humanos, e irónicamente, el titular de la institución, el maestro Netzaí Sandoval Ballesteros, casi a diario pública en sus redes sociales que está velando por los derechos humanos de personas detenidas en prisión, por personas sujetas a proceso o bien por imputados que se encuentran sujetos a un proceso en el sistema penal acusatorio. Sin embargo, como defensor público y con mi discapacidad, mis propios derechos humanos son pisoteados en este momento, dado que serví 20 años al Poder Judicial de la Federación, del cual depende el Instituto de la Defensoría Pública.

Quiero hacer énfasis en que, de igual forma que a mí, el maestro Netzaí Sandoval Ballesteros, también despidió a defensores públicos adscritos a la SEIDO, relacionados con el caso Ayotzinapa. Adicionalmente, en el proceso del caso Wallace, se asignó a un defensor para llevar otra diligencia y al no tener oficio de designación por parte de la Dirección General, y al haberse negado a asistir en la diligencia, también fue cesado del cargo de ese defensor.

Por último, hago mención que hay personas que ocupan el cargo de Defensor que no hacen la labor como tal y que el maestro Netzaí Sandoval, los tiene en el Instituto cobrando sin hacer nada, además que para acceder al cargo de Defensor Público, se requiere de un examen y los compadres, amigos y familiares de dicho Director, están con nombramientos de Defensor sin siquiera contar con el curso. Asimismo cabe mencionar que en esta administración despidieron injustificadamente a casi todo el personal que labora en el Instituto Federal de Defensoría Pública, sin ningún argumento sólido, comenzaron a cambiar a oficiales administrativos y Defensores Públicos al interior de la República, sin sustento legal, sin importarles que ya tenían establecido un hogar y estabilidad económica, separando familias, sin tomar en cuenta que el cambio a otro estado de la república, implica pagar renta y diversos gastos, y eso no les importó.

Deseo mencionar que con todos estos cambios que se han hecho con la suspensión y cese de personal, tanto oficiales administrativos, así como defensores públicos federales que llevaban casos sensibles por el grado de irregularidades debido a injerencias externas, los nombramientos vacantes por el cese de cargos, los están dando a allegados del maestro Netzaí Sandoval Ballesteros.

Hago esta denuncia con plena consciencia de la responsabilidad que ello implica, y temo por mi vida. Sin embargo, el silencio de quienes tenemos en nuestras manos el enorme deber moral de procurar la justicia en nuestro país, nos hace cómplices de la grave fractura del Estado de derecho al favorecer las mismas prácticas de corrupción judicial y abusos de gobiernos anteriores.

Atentamente

Lic. Alejandro Garduño Real
Ex defensor público

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Justicia pendiente

Por ejecuciones extrajudiciales a indígenas de Coyomeapan, organizaciones exigen destitución del gobernador Barbosa

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Los Ángeles Press

Un grupo de 35 organizaciones y defensores de derechos humanos, encabezados por la organización Red Solidaria Década contra la Impunidad, AC, lanzaron una carta pública de extrañamiento al gobernador de Puebla, Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta, en la que se exige su destitución, por las recientes ejecuciones extrajudiciales a indígenas de Coyomeapan.

La represión tuvo lugar en la comunidad de Zoquitlán, el 9 de mayo, en torno a las 17 horas, donde policías de estado rafaguearon a indígenas que caminaban de regreso a su casa, dejando tres muertos, uno de ellos menor de edad, y siete heridos.

El conflicto data de junio 2021, tras un fraude electoral en la comunidad de Coyomeapan, donde la familia Celestino Rosas, impuso al presidente municipal, siendo esposo de la diputada federal Araceli Celestino Rosas. La protesta de la comunidad ha tenido como represalia el encarcelamiento de defensores de derechos humanos, como Basilisa Montaño Gutiérrez y Gonzalo Martínez, y el hostigamiento a la periodista Claudia Martínez Sánchez, quien ha reportado sistemáticamente las agresiones a la comunidad y la restricción de las libertades constitucionales de los indígenas.

Ciudad de México, a 13 de mayo 2022

CARTA PÚBLICA

Los y las abajo firmantes integrantes de la sociedad civil, manifestamos nuestro extrañamiento por la represión contra la comunidad indígena de Coyomeapan, realizada por integrantes de la policía estatal del estado de Puebla, y exigimos la inmediata intervención de las autoridades federales e organismos internacionales para resolver las demandas de verdad y justicia.

El pasado 9 de mayo al rededor de las 17:00 hrs., algunos activistas indígenas nahuas de Coyomeapan, Puebla, que se encuentran en resistencia pacifica, por la defensa de sus derechos políticos, civiles y de la tierra y su territorio, caminaban de regreso a su hogar, cuando al pasar por la comunidad de Zoquitlán, Coyomeapan, fueron emboscados y rafagueados por integrantes de la policía estatal misma que haciendo uso excesivo de su fuerza pública, ejecuta a los activistas indígenas; Teofilo Barrera Herrera, de 24 años, Marcelo Carrera Reyes de 45 años y a un menor de 15 años de edad de nombre Omar Herrera Raymundo, y dejando a 7 heridos entre los que se encuentra el profesor Lauro Gil Arguelles, todos ellos integrantes del Movimiento Unidad por Coyomeapan.

Por lo que manifestamos por este medio nuestro extrañamiento al Estado mexicano por la omisión a estos hechos, y solicitamos a la ONU y a la CIDH, solicten información a el gobierno por estos lamentables hechos.

Recordando que 4 activistas de Coyomeapan se encuentran en el penal de Tehuacán, Puebla, criminalizados por la defensa a sus derechos humanos, entre ellos la defensora de derechos humanos y teóloga Basilisa Montaño Gutirrez, integrantes también del Movimiento Unidad por Coyomeapan, y que la periodista Claudia Martínez Sánchez, fuera desplazada de su hogar en Puebla, por ejercer su derecho difundir la criminalización social que sufre la comunidad indígena de Coyomeapan.

Ante este contexto de violaciones sistemáticas a los derechos humanos de esta comunidad y sus habitantes;

¡Exigimos la destitución del gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta!
¡Solicitamos la atracción del caso por parte de la Fiscalía General de la República!
¡Condenamos la criminalización de la protesta social!
¡Exigimos el alto al uso excesivo de la fuerza publica!
¡Libertad inmedita a la defensora de derechos humanos y teóloga Basiliza Montaño
Gutierrez y los tres activistas que se encuentran en prisión, desde el 21 de septiembre del
2021!
¡Responzabilizamos al Estado de los hechos del 9 de mayo 2022!

FIRMAS
Red Solidaria Década Contra la Impunidad AC (RSDCIAC)
Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA)
Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los
Derechos Humanos en México (AFADEM)
Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos (Limeddh)
Los Ángeles Press
Centro de Derechos Humanos Esteban (Puebla)
Red Universitaria de Monitores de Derechos Humanos
Desarrollo Humano Internacional AC
Frente Mexicano Pro Derechos Humanos (FREMEXDEHU)
Mujeres Co_Incidiendo con Mujeres AC
Colectiva Radial Poder Político de las Mujeres
Mujeres Guerrerenses por la Democracia AC
Senderos Para el Desarrollo Comunitario
Voz del Anahuac
Sindicato de la Unión de Trabajadores del Instituto de Educación Media Superior de la Cdmx
Zenzontle
Casa de los Pueblos México
Nueva Constituyente Ciudadana Popular (NCCP- Coahuila)
Colectivo Viva Voz
25 Día Naranja A.C.
Madres Exigiendo Justicia
CAM-CAI
Colectiva Brujas Zapateras
Colectiva Lilith Violeta
Colectivo Nacional Alerta Temprana de Periodistas y Defensores de Derechos Humanos
Movimiento Agrario Indígena Zapatista (MAIZ)
FIAC A.C.
FUNDACION ARTE Y MUNDO SOSTENIBLE A.C.
FINASBIH A.C.
Colectivo para la Equidad y la defensa de los derechos de las mujeres «Techiyaliztli»
33 Mujeres A.C.
Organización Jugestes-Cnpa
Colectivo de Mujeres por la Equidad la Salud y la Educación A.C.
Asociación para el Desarrollo Integral de Comunidades y Colonias A.C
Fray Julián Cruzalta Aguirre
Dramaturgo Humberto Robles
Senador José Narro Céspedes
Jackie Campbell)
Olimpya Jaimes López
Hilda Pérez Vázquez
Leticia López Zamora
Cynthia Bravo Moore
Vanessa Klainer Berkowitz
Dulce Mildret Sainz Torres
Isaura Contreras
Beatriz Salas Martínez
Claudia Magaña Lugo
Daniela Flores
Adriana Díaz González

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Justicia pendiente

Autoridades de DDHH ignoran caso de Claudia Ivonne Sánchez Mayorga, con tortura y fabricación de delitos

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Por Guadalupe Lizárraga

El caso de Claudia Ivonne Sánchez Mayorga fue expuesto de nuevo en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador en la que se denunció cómo las autoridades responsables de impartir justicia y reparar el daño han ignorado a la víctima de tortura y fabricación de delitos en 2013, además de ocultar documentos de su expediente y estar sin sentencia, por lo que se pidió que su causa penal sea atraída por la Suprema corte de Justicia de la Nación.

La primera vez que se presentó este caso, por la representación de Los Ángeles Press, fue en 2019. Sin embargo, desde entonces, es muy poco lo que se ha avanzado, pese a que su defensa ha demostrado su inocencia, así como el haber sido torturada y mutilada en el penal de El Rincón, Nayarit, a donde llegó con cinco meses de embarazo. Tuvo a su hija en una clínica con atención de emergencia, ambas discriminadas en atención médica, por ser un caso de consigna de la “sociedad civil” contra el tráfico de mujeres, conocido como «Solid Gold».

En la intervención del reportero Ramón Flores, se expuso que la Unidad de Transparencia y la de Contraloría interna de la Fiscalía General de la República han ignorado la instrucción presidencial y que las nuevas conclusiones de la fiscalía, “vuelven a ser una burda fabricación criminal sin pruebas, que incluye el encubrir la tortura a la que sometieron” a Sánchez Mayorga.

La denuncia del reportero enfatizó que servidores públicos que operaban en red con el exsecretario de Seguridad Pública Genaro García Luna, han ocultado a la Fiscalía de Asuntos Internos y a CONAPRED, los videos de las cámaras de seguridad y el expediente médico que evidencian la tortura sufrida por la víctima.

Por lo que pidió que su causa penal sea atraída por la Suprema Corte de Justicia y que el Consejo de la Judicatura, con la jueza por Ministerio de Ley, revise y resuelva su caso.

También se denunció que la Defensoría pública federal y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, han ignorado -del mismo modo- este caso, pasando por alto las graves violaciones de derechos humanos, igual que otros miles de casos similares, y enfatizó el reportero en las condiciones en que se encuentran las internas del penal de Santa Martha Acatitla, además del abandono jurídico para su defensa.

Finalmente, se pidió una libre audiencia pública al interior del reclusorio femenil y varonil, con autoridades de derechos humanos, entre éstas el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, para que se investiguen los suicidios y los maltratos a las reclusas.

Testimonio desde la cárcel de Claudia Ivonne Sánchez Mayorga

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Justicia pendiente

Seguridad Pública detiene a presunto operador de “Guerreros Unidos”, vinculado en caso Ayotzinapa

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El subsecretario de Seguridad Pública (SSPC), Ricardo Mejía Berdeja, informó que elementos de seguridad detuvieron a Salvador “N”, presunto operador del grupo delictivo “Guerreros Unidos”, relacionado con la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa.

El funcionario federal explicó que este individuo contaba con una orden de aprehensión por delincuencia organizada y desaparición forzada que se cumplimentó con Jardines de Cuernavaca en Guerrero, por lo que también es conocido como parte del brazo armado conocido como “Los Peques” o “Los Titos” vinculados a la desaparición de los normalistas.

De acuerdo con el representante del gobierno federal, se solicitó su vinculación a proceso penal, por su presunta responsabilidad en los hechos delictivos que ocurrieron en septiembre de 2014.

Añadió que es señalado por ser uno de los responsables de la violencia que se presenta en la zona sur de Guerrero, por lo que había sido señalado por haber trabajado para la organización delictiva que ordenó la desaparición de los estudiantes normalistas.

Por su parte, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, refirió que es una prioridad de la actual administración federal esclarecer los hechos acontecidos en Iguala, Guerrero, hace casi ocho años, por lo que manifestó que continuarán con las investigaciones con la comisión de la Verdad.

Desde que inició la actual administración federal, se han desarrollado diferentes investigaciones para esclarecer los hechos ocurridos en Ayotzinapa, por lo que se demostró que hubo intervención de agentes del Estado mexicano para colocar presuntamente los restos de los normalistas en el basurero de Cocula.

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