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Justicia pendiente

Carta abierta de abogado Alejandro Garduño Real por acoso y discriminación en Defensoría Pública

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Ciudad de México, 16 de abril de 2021

Al Presidente de México Andrés Manuel López Obrador

Al Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación

Al Pueblo de México

A la Opinión Pública

Me dirijo a ustedes con todo respeto, de esta manera, abierta y transparente por su enorme gravedad, sobre los recientes hechos que ponen en riesgo mi vida como abogado defensor y que obstaculizan la justicia para dos de mis defendidos, Jacobo Tagle Dobin, conocido por el Caso Wallace, y Francisco García Medel, por el caso de Nelson Vargas.

El 14 de abril del año en curso, se me notificó mi cese laboral, del Instituto de la Defensoría Pública, sin ningún motivo o causa que lo justificara. Esto, como continuidad del acoso y hostigamiento, que he recibido desde que acepté la asignación de los casos mencionados. Incluso, sufrí un atentado que me obligó a separarme de mis hijos aún menores de edad, siendo yo su único sostén emocional y económico, al ser padre soltero.

Sin incurrir en falsas modestias, mi trayectoria profesional ha sido impecable. Ingresé al Poder Judicial de la Federación el 27 de septiembre del 2001, y para septiembre de 2021 estaría por cumplir 20 años de servicio, sin haber recibido nunca una amonestación por menor que fuera.

En el año 2016, participé en el curso para Defensor Público Federal. En 2017, me dieron el nombramiento como Defensor Público Federal. Al momento de mi ingreso, estuve en otras instancias, y con posteridad me asignaron al Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales.

El día 05 de abril de 2019, acepté y protesté el cargo en la causa penal 35/2006, ante el extinto Juez Decimosexto de Distrito de Procesos Penales Federales instruida contra Jacobo Tagle Dobin, en el asunto mejor conocido como «Caso Wallace «. La causa penal se encuentra en etapa de instrucción, se desahogan las pruebas que fueron ofertadas dentro del segundo periodo probatorio (el cual feneció en el año 2014), no obstante se han ofertado pruebas documentales y algunas otras supervenientes. La causa fue turnada en el mes de octubre de 2019, al Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en la Ciudad de México, y radicada como causa penal 286/2019. Se han solicitado en favor de Jacobo Tagle Dobin, traslados, como es su derecho, cambio de medida cautelar y se han presentado pruebas diversas.

El trece de enero de 2020, fui amenazado vía telefónica. Las amenazas estaban relacionadas con la causa penal en comento, lo que hice del conocimiento al Consejo de la Judicatura Federal, motivo por el cual me fueron asignadas medidas de seguridad, tales como prenda de seguridad, escolta y vehículo patrulla. Reporté varios incidentes en contra de mi seguridad, durante el período que duró la comisión de la escolta, misma que fue terminada el trece de enero de 2021. No obstante, solicité la continuidad de la misma, por los problemas de seguridad que se habían presentado de forma reiterada a mi persona.

Así mismo, denuncié las amenazas recibidas, ante el Ministerio Público de la Federación, misma que se radicó con la integración de una carpeta de investigación, a la que se le ha dado seguimiento y en la cual, incluso, se ha ampliado en dos ocasiones por incidentes y atentados en mi contra.

El 22 de marzo de 2021, recibí la noticia de que estoy obligado a comparecer ante el Ministerio Público por la posible comisión del delito contemplado en el artículo 231 fracción I, del Código Penal Federal, de la que se advierte que la señora María Isabel Miranda Torres y su asesor jurídico o asesor victimal, Yohann Iván Torres Pérez, figuran como denunciantes, quienes solicitaron iniciar carpeta de investigación en mi contra, la cuál, se radicó ante el Ministerio Público con el número SZS-EIL-EI-C3-149/2021, lo que aparentemente se realiza con la finalidad de amedrentar a la defensa, como ha sucedido con todos los abogados que me antecedieron para llevar la defensa de este mismo caso, con los coprocesados de mi defendido.

Todo lo anterior lo hice del conocimiento del Instituto Federal de Defensoría Pública, cuya respuesta fue que me brindaría el apoyo necesario. Sin embargo, lo que recibí fue el cese de mi trabajo.

El día 26 de marzo del presente año, se llevó a cabo una audiencia informativa, dentro de la causa 359/2019, la cual se instruye contra Francisco García Medel, en el Juzgado Segundo de Procesos Penales Federales en la Ciudad de México, con sede en el Reclusorio Norte. En esa ocasión, en la cual el procesado Francisco García Medel hizo uso de la voz y manifestó ante el juez que el día 14 de enero del 2020, una vez concluida la diligencia informativa programada en la data anotada, su defensor, el licenciado Alejandro Garduño Real, había recibido una llamada telefónica con amenazas de muerte explícitas. Mi defendido había escuchado toda la conversación telefónica dado que el suscrito se encontraba en diligencia y contestó en altavoz y escuchó las amenazas hechas al momento de concluir la audiencia.

Cabe señalar que esta causa penal se instruye en contra de mi defendido por los hechos mediáticos del “Caso Nelson Vargas”, por lo que el procesado manifestó, ante el juez que teme por su seguridad, así como por la seguridad de su defensor, en este caso el de la voz. Su proceso, se encontraba paralizado desde 2014, y una vez que el suscrito asumió el cargo, en esa causa penal, se empezaron a promover pruebas encaminadas hacía una sentencia absolutoria, ya que no hay señalamientos contundentes para demostrar que mi defendido tenía participación en los hechos que se le imputan. Por el contrario, se han aportado diversas pruebas, con las cuales se podrá constatar que es una persona inocente.

Ante tal circunstancia, el juez tomó cartas en el asunto y envió al Director de Instituto Federal de Defensoría Pública, Netzaí Sandoval Ballesteros, para que él a su vez, en su calidad de superior jerárquico del suscrito, informara al Consejo de la Judicatura Federal, a través Consejo de Disciplina y Vigilancia, para que –de ser procedente–, se me asignara nuevamente la escolta. Ya que en este caso, se vulneran la defensa técnica y material, de acuerdo con el artículo 14.3, del Pacto de Derechos Civiles y Políticos. Dado que no se me permitió continuar con la escolta y por ende, no me proporcionaron los medios materiales para el debido cumplimiento de mi función, se entorpeció la defensa, violando los derechos constitucionales y humanos de mi defendido y de mi persona.

Quiero especificar que una vez que el oficio del juez llegó al Instituto Federal de Defensoría Pública, me convocaron a una junta, en la cual me manifestaron que darían seguimiento en mi apoyo. No obstante, el día 13 de abril, vía telefónica la licenciada Claudia Maribel, quién hasta ese momento era mi jefa inmediata superior, me convocó a que acudiera el día 14 de abril, a las 9:30 horas, al Instituto Federal de Defensoría Pública, diciéndome que la reunión era para llevar a cabo la estrategia de defensa relativa a la carpeta de investigación que me había iniciado la señora María Isabel Miranda Torres, aludiendo a ella como “la señora Wallace”, lo cual era totalmente falso, ya que era para notificarme mi cese al cargo como Defensor Público Federal, motivo por el cual me trasladé a dichas oficinas en la hora y fecha indicada, y una vez que estuve en presencia de ella, me notificó mi cese del cargo como defensor público federal. Yo le solicité que me informaran el motivo por el cual me estaban cesando, y me manifestó que me tenía que trasladara a las oficinas del licenciado Carlos Gustavo Cruz Miranda, para que me informará el motivo por el cual me estaban cesando, sin que el citado Carlos Gustavo Cruz Miranda, me diera respuesta alguna y me comentó que tenía que firmar en ese momento, dado que si no lo hacía las consecuencias serían graves. En ese momento pedí una audiencia con el maestro Netzaí Sandoval Ballesteros y la respuesta del licenciado Carlos Gustavo Cruz, fue que no se encontraba en esas oficinas, sino que estaba despachando desde su casa, por lo que no podía recibirme, sin que hasta la fecha tuviera más respuesta que el cese laboral.

Cabe destacar que soy una persona con capacidades diferentes, dado que utilizo silla de ruedas para trasladarme de un lugar a otro, por lo que se me están vulnerando mis derechos humanos, e irónicamente, el titular de la institución, el maestro Netzaí Sandoval Ballesteros, casi a diario pública en sus redes sociales que está velando por los derechos humanos de personas detenidas en prisión, por personas sujetas a proceso o bien por imputados que se encuentran sujetos a un proceso en el sistema penal acusatorio. Sin embargo, como defensor público y con mi discapacidad, mis propios derechos humanos son pisoteados en este momento, dado que serví 20 años al Poder Judicial de la Federación, del cual depende el Instituto de la Defensoría Pública.

Quiero hacer énfasis en que, de igual forma que a mí, el maestro Netzaí Sandoval Ballesteros, también despidió a defensores públicos adscritos a la SEIDO, relacionados con el caso Ayotzinapa. Adicionalmente, en el proceso del caso Wallace, se asignó a un defensor para llevar otra diligencia y al no tener oficio de designación por parte de la Dirección General, y al haberse negado a asistir en la diligencia, también fue cesado del cargo de ese defensor.

Por último, hago mención que hay personas que ocupan el cargo de Defensor que no hacen la labor como tal y que el maestro Netzaí Sandoval, los tiene en el Instituto cobrando sin hacer nada, además que para acceder al cargo de Defensor Público, se requiere de un examen y los compadres, amigos y familiares de dicho Director, están con nombramientos de Defensor sin siquiera contar con el curso. Asimismo cabe mencionar que en esta administración despidieron injustificadamente a casi todo el personal que labora en el Instituto Federal de Defensoría Pública, sin ningún argumento sólido, comenzaron a cambiar a oficiales administrativos y Defensores Públicos al interior de la República, sin sustento legal, sin importarles que ya tenían establecido un hogar y estabilidad económica, separando familias, sin tomar en cuenta que el cambio a otro estado de la república, implica pagar renta y diversos gastos, y eso no les importó.

Deseo mencionar que con todos estos cambios que se han hecho con la suspensión y cese de personal, tanto oficiales administrativos, así como defensores públicos federales que llevaban casos sensibles por el grado de irregularidades debido a injerencias externas, los nombramientos vacantes por el cese de cargos, los están dando a allegados del maestro Netzaí Sandoval Ballesteros.

Hago esta denuncia con plena consciencia de la responsabilidad que ello implica, y temo por mi vida. Sin embargo, el silencio de quienes tenemos en nuestras manos el enorme deber moral de procurar la justicia en nuestro país, nos hace cómplices de la grave fractura del Estado de derecho al favorecer las mismas prácticas de corrupción judicial y abusos de gobiernos anteriores.

Atentamente

Lic. Alejandro Garduño Real
Ex defensor público

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Especialistas piden que arraigo y prisión preventiva desaparezcan por violar derechos humanos como en caso Tzompaxtle

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La Red Solidaria señaló que la prisión preventiva oficiosa condena a personas que no han tenido una sentencia

 

Especialistas de Red Solidaria Década Contra la Impunidad pidieron que desaparezca la figura del arraigo y de la prisión preventiva oficiosa en México, debido a que representan una violación de derechos humanos, pues se priva de la libertad a personas que aún no han sido sentenciadas por la presunta comisión de un delito, como sucedió con la detención ilegal de Jorge Marcial Tzompaxtle Tecpile, Gerardo Tzompaxtle Tecpile y Gustavo Robles López en enero de 2006.

Ernesto Rodríguez Cabrera, integrante de la Red Solidaria Década contra la Impunidad, dijo en entrevista con Los Ángeles Press que tanto el arraigo y la prisión preventiva oficiosa deben desaparecer en México, debido a que contraviene la convención internacional y fomenta la violación de derechos humanos.

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Carlos Zazueta, especialista en derechos humanos, mencionó que la figura del arraigo está establecida en el artículo 16 constitucional y se trata de aprehensión de una persona por un periodo de entre 40 y 80 días sin la presentación de pruebas, en la cual se pueden presentar otros actos de tortura para que las fiscalías incriminen a los detenidos.

El defensor de derechos humanos expuso que la prisión preventiva oficiosa sólo se aplica a nivel internacional en algunos contextos como son el riesgo real de fuga o la obstaculización del acceso a la justicia, pero en México se aplica de forma general para ciertos delitos, en los que una persona es privada de su libertad en tanto se presentan pruebas en su contra sin recibir sentencia.

Por su parte, Armando Vanegas, representante de Red Solidaria Década contra la Impunidad, recordó que en el caso Tzompaxtle se trató de un caso en el que los jóvenes fueron detenidos por policías federales cuando transitaban en la carretera Ciudad de México-Veracruz sin que se comprobara que hubiesen cometido algún delito.

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Los tres especialistas que defenderán el caso Tzompaxtle contra el Estado mexicano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para evidenciar que las figuras de arraigo y de prisión preventiva oficiosa fomentan las violaciones graves a los derechos humanos, pese a que el gobierno federal se ha opuesto a la desaparición de las mismas.

Refirieron que el caso Tzompaxtle evidenció la detención arbitraria de los jóvenes en 2006, por lo cual el Estado mexicano violó el derecho a la notificación previa y detallada de los cargos a la defensa técnica en los primeros días posteriores a la detención y estuvieron arraigados.

Asimismo, enfatizaron que con estas acciones las cárceles se llenaron durante las administraciones de Vicente Fox, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y en la actualidad con Andrés Manuel López Obrador.

 

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Colectivos piden seguridad para ex fiscal del caso Ayotzinapa

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Omar Gómez Trejo renunció como fiscal a cargo del caso Ayotzinapa esta semana

Integrantes de diferentes colectivos defensores de derechos humanos pidieron al gobierno federal para que brinde seguridad al ex fiscal especializado en la investigación del caso Ayotzinapa, Omar Gómez Trejo, luego de presentar su renuncia a su cargo tras inconformarse por el desistimiento de 21 órdenes de aprehensión contra presuntos responsables de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas.

Los colectivos Seguridad sin guerra y Colectivo contra la Impunidad señalaron que existen riesgos de represalias en contra del ex funcionario federal, debido a que Omar Gómez Trejo se enfrentó a la impunidad que pretende impulsar la Fiscalía General de la República (FGR) a cargo de Alejandro Gertz Manero.

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De acuerdo con las organizaciones defensoras de derechos humanos, hay preocupación por las investigaciones relacionadas a la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, debido a que están sujetas a presiones externas.

Recordaron que Omar Gómez realizaba una labor independiente en las investigaciones en colaboración con el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), por lo cual ahora no hay certidumbre sobre el proceso de las indagatorias.

Añadieron que hay un retroceso por parte de la FGR para garantizar el acceso a la justicia sobre el tema de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, debido a que se trata de una problemática vigente en el territorio nacional.

Lee más: Padres de normalistas de Ayotzinapa descartan justicia con nuevas investigaciones

 

Acusaron que la FGR busca encubrir a los elementos del Ejército mexicano para que no sean procesados penalmente por su presunta responsabilidad en la detención de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa.

Padres de normalistas de Ayotzinapa descartan justicia con nuevas investigaciones

A ocho años de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, los padres de los jóvenes descartaron que exista justicia sobre el caso con las nuevas investigaciones, después de que la Fiscalía General de la República (FGR) desistió en órdenes de aprehensión contra los presuntos responsables del crimen.

Los padres de los estudiantes desaparecidos dijeron que están lejos de la justicia por el caso en el que estuvieron involucrados agentes del Estado mexicano, por lo que reprocharon que la FGR sucumba ante las presiones de las instituciones militares para evitar el encarcelamiento de los efectivos que participaron en los hechos delictivos.

 

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Ayotzinapa: otra historia negra del ejército mexicano

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ayotzinapa manifestación campo militar 1

CIUDAD DE MÉXICO.- «No tenemos solución de nada. Sabemos que en este campo militar hay muchas cosas que pasan, hay mucha información, ¿por qué no la dan? ¿Qué esconden o a quién están defendiendo?», cuestionó doña Joaquina en las protestas del campo número uno por la historia negra que tiene el ejército mexicano.

Más de 2 mil elementos del ejército y policías antimotines mantuvieron formación desde que llegaron las madres y padres de los 43 estudiantes desaparecidos al campo militar número uno. Ahí exigieron a los militares que brinden toda la información sobre el paradero de los 43 normalistas.

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A ocho años de la desaparición forzada, las madres y padres siguen con el dolor a flor de piel. En estas fechas les llega el recuerdo de la agresión contra sus hijos. Son incontenibles las lágrimas de tanto tormento, pues la espera se convirtió en una tortura. Sin embargo, lejos de que los militares sean sensibles al sufrimiento de las familias, las intimidan con los tambores de guerra del ejército.

A los militares no les importa la angustia de las familias, al contrario, ocultan información importante para dar con el paradero de los estudiantes. Lo peor es que integrantes del ejército participaron directamente en la desaparición de los jóvenes normalistas.

Las protestas que las madres y padres realizaron en el campo militar número uno es inédito. Es un lugar lúgubre de dolor, de desesperanza, desapariciones y torturas.

En el corazón de las infames violaciones a los derechos humanos en México, la voz de doña Joaquina hizo eco en la puerta enrejada de las instalaciones militares. «Nos encontramos en este campo militar ante tanto policía. Nosotros no venimos armados ni a pelear. Por eso les pedimos que si ellos tienen muchas pruebas que las demuestren. Nosotros nada más venimos para saber dónde están nuestros hijos y qué pasó con ellos. Lo que les pedimos a los militares es que den toda la información que tienen y que se cumplan las órdenes de aprehensión contra militares».

Por su parte, el padre Mario González relató que el ejército es una institución que admiran y respetan muchos, pero “fueron los militares quienes desaparecieron a nuestros 43 hijos. Los del 27 batallón de infantería son los asesinos” que se cubren con el manto de la impunidad. Sabían que los estudiantes estaban siendo atacados, pero no hicieron nada. Además, “tenían un infiltrado en la escuela que les iba pasando el reporte a sus jefes y tenían el control del C-4 en Iguala. Son unos criminales, dejaron al elemento que podría haber salvado a nuestros hijos”.

Para saber más del tema: José Luis Abarca y esposa en el foco de atención de CIDH por caso Arturo Hernández Cardona

El ejército mexicano tiene un historial negro en Guerrero que tiene que ver con asesinatos y desapariciones. Algunos padres se sentían orgullosos de tener al ejército, pero a través de la lucha se dieron cuenta que son unos “asesinos”. “Mi hijo y sus 43 compañeros qué culpa tenían de que unos soldados asesinos con delirio de persecución piensen que los muchachitos son guerrilleros. Ahí están las líneas de investigación, donde 25 normalistas fueron llevados al 27 batallón”, dijo don Mario.

Las madres y padres se dirigieron a Andrés Manuel López Obrador para recordarle que dio su palabra para encontrar a sus hijos. “Señor presidente, se lo dicen los padres con su dolor que los queremos de regreso. Empeñó su palabra para dar con nuestros hijos”. Fueron las palabras de las familias que como un grito desesperado buscan más que voluntad, hechos de verdad y justicia.

Desaparición forzada: militares en la lupa

Las madres y padres de los 43 estudiantes han innovado formas de luchas para exigir el regreso de sus hijos. Con osadía han increpado al poder caciquil y a una clase política en el poder sin escrúpulos. Las protestas son legítimas y «ningún gobierno tiene derecho para decirnos cómo protestar». Esto viola los lineamientos del derecho a la libre expresión.

Este 23 de septiembre, las madres, padres y estudiantes realizaron pegas de carteles y pintas sobre la responsabilidad del ejército en la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

En la opinión de Vidulfo Rosales Sierra, abogado de las madres y padres, el ejército no es emanado del pueblo, más bien es un ejército de élites que sostiene a las oligarquías en el país. Fueron educados en las Escuelas de la Américas, en los años 60, para enfrentar la ola de protesta e inconformidad social que surgieron en aquellos años. Las innumerables violaciones a los derechos humanos, desapariciones forzadas, asesinatos extrajudiciales y tortura en contra de líderes sociales que reclamaban por un cambio en este país.

 

El ejército con una visión contrainsurgente infiltró soldados en la normal rural de Ayotzinapa para controlar y vigilar a los estudiantes porque saben que ahí se forjaron luchadores sociales como Lucio Cabañas Barrientos, Othón Salazar Ramírez o Carmelo Cortés Castro y otros profesores que impulsaron grandes movimientos de inconformidad en 1960. A partir de ahí ven a un guerrillero en cada estudiante normalista.

Por las filtraciones se podría investigar a Cienfuegos y jerarquías militares. Hay responsabilidades penales del ejército mexicano, iniciando porque desarrollaron operaciones encubiertas ilegales. Estuvieron enterados de principio a fin de lo que ocurrió en Ayotzinapa.

Vidulfo Rosales dijo que el ejército acumuló “acervo probatorio, videos, fotografías, audios, testimonios de lo que pasó de principio a fin. Eso también es ilegal. Están obstruyendo una investigación que se despliega por una grave violación a los derechos humanos. Por ejemplo, la intervención telefónica que hicieron a las 10 de la noche del día 26 de septiembre, supuestamente a un miembro de la delincuencia organizada y a un miembro policiaco de Iguala.

El GIEI encontró una hoja transcrita de esa intervención telefónica, pero el ejército se ha negado a corroborar esta información”. También se sabe que hay prueba objetiva que 25 jóvenes fueron ingresados al 27 batallón de infantería en Iguala. En el informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia investigó que seis estudiantes habrían sido asesinados cuatro días después por el coronel José Rodríguez Pérez.

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No hay disposición del ejército para una investigación exhaustiva donde se deslinde responsabilidades. Las fuerzas armadas es un poder aparte que no tiene controles y no rinde cuentas a las autoridades civiles. No reconocen que participaron en la desaparición de los estudiantes, ni siquiera en el ocultamiento de la información. Nadie dice nada.

Es increíble que un juez federal librara órdenes de aprehensión contra militares, sin embargo, este 24 de septiembre en la revista Proceso fue filtrada información sobre la cancelación de 21 órdenes de aprehensión de las 83, 16 corresponden a integrantes del ejército mexicano. Es preocupante lo que está pasando con el caso Ayotzinapa.

El dolor, la angustia y la incertidumbre de las madres y padres va más allá de las posturas políticas-ideológicas, más bien, su protesta o sus movilizaciones es porque tienen la esperanza  de acariciar el rostro de sus hijos.

***

Fuente: tlachinollan.org

 

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