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Justicia pendiente

Carta abierta de abogado Alejandro Garduño Real por acoso y discriminación en Defensoría Pública

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Ciudad de México, 16 de abril de 2021

Al Presidente de México Andrés Manuel López Obrador

Al Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación

Al Pueblo de México

A la Opinión Pública

Me dirijo a ustedes con todo respeto, de esta manera, abierta y transparente por su enorme gravedad, sobre los recientes hechos que ponen en riesgo mi vida como abogado defensor y que obstaculizan la justicia para dos de mis defendidos, Jacobo Tagle Dobin, conocido por el Caso Wallace, y Francisco García Medel, por el caso de Nelson Vargas.

El 14 de abril del año en curso, se me notificó mi cese laboral, del Instituto de la Defensoría Pública, sin ningún motivo o causa que lo justificara. Esto, como continuidad del acoso y hostigamiento, que he recibido desde que acepté la asignación de los casos mencionados. Incluso, sufrí un atentado que me obligó a separarme de mis hijos aún menores de edad, siendo yo su único sostén emocional y económico, al ser padre soltero.

Sin incurrir en falsas modestias, mi trayectoria profesional ha sido impecable. Ingresé al Poder Judicial de la Federación el 27 de septiembre del 2001, y para septiembre de 2021 estaría por cumplir 20 años de servicio, sin haber recibido nunca una amonestación por menor que fuera.

En el año 2016, participé en el curso para Defensor Público Federal. En 2017, me dieron el nombramiento como Defensor Público Federal. Al momento de mi ingreso, estuve en otras instancias, y con posteridad me asignaron al Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales.

El día 05 de abril de 2019, acepté y protesté el cargo en la causa penal 35/2006, ante el extinto Juez Decimosexto de Distrito de Procesos Penales Federales instruida contra Jacobo Tagle Dobin, en el asunto mejor conocido como “Caso Wallace “. La causa penal se encuentra en etapa de instrucción, se desahogan las pruebas que fueron ofertadas dentro del segundo periodo probatorio (el cual feneció en el año 2014), no obstante se han ofertado pruebas documentales y algunas otras supervenientes. La causa fue turnada en el mes de octubre de 2019, al Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en la Ciudad de México, y radicada como causa penal 286/2019. Se han solicitado en favor de Jacobo Tagle Dobin, traslados, como es su derecho, cambio de medida cautelar y se han presentado pruebas diversas.

El trece de enero de 2020, fui amenazado vía telefónica. Las amenazas estaban relacionadas con la causa penal en comento, lo que hice del conocimiento al Consejo de la Judicatura Federal, motivo por el cual me fueron asignadas medidas de seguridad, tales como prenda de seguridad, escolta y vehículo patrulla. Reporté varios incidentes en contra de mi seguridad, durante el período que duró la comisión de la escolta, misma que fue terminada el trece de enero de 2021. No obstante, solicité la continuidad de la misma, por los problemas de seguridad que se habían presentado de forma reiterada a mi persona.

Así mismo, denuncié las amenazas recibidas, ante el Ministerio Público de la Federación, misma que se radicó con la integración de una carpeta de investigación, a la que se le ha dado seguimiento y en la cual, incluso, se ha ampliado en dos ocasiones por incidentes y atentados en mi contra.

El 22 de marzo de 2021, recibí la noticia de que estoy obligado a comparecer ante el Ministerio Público por la posible comisión del delito contemplado en el artículo 231 fracción I, del Código Penal Federal, de la que se advierte que la señora María Isabel Miranda Torres y su asesor jurídico o asesor victimal, Yohann Iván Torres Pérez, figuran como denunciantes, quienes solicitaron iniciar carpeta de investigación en mi contra, la cuál, se radicó ante el Ministerio Público con el número SZS-EIL-EI-C3-149/2021, lo que aparentemente se realiza con la finalidad de amedrentar a la defensa, como ha sucedido con todos los abogados que me antecedieron para llevar la defensa de este mismo caso, con los coprocesados de mi defendido.

Todo lo anterior lo hice del conocimiento del Instituto Federal de Defensoría Pública, cuya respuesta fue que me brindaría el apoyo necesario. Sin embargo, lo que recibí fue el cese de mi trabajo.

El día 26 de marzo del presente año, se llevó a cabo una audiencia informativa, dentro de la causa 359/2019, la cual se instruye contra Francisco García Medel, en el Juzgado Segundo de Procesos Penales Federales en la Ciudad de México, con sede en el Reclusorio Norte. En esa ocasión, en la cual el procesado Francisco García Medel hizo uso de la voz y manifestó ante el juez que el día 14 de enero del 2020, una vez concluida la diligencia informativa programada en la data anotada, su defensor, el licenciado Alejandro Garduño Real, había recibido una llamada telefónica con amenazas de muerte explícitas. Mi defendido había escuchado toda la conversación telefónica dado que el suscrito se encontraba en diligencia y contestó en altavoz y escuchó las amenazas hechas al momento de concluir la audiencia.

Cabe señalar que esta causa penal se instruye en contra de mi defendido por los hechos mediáticos del “Caso Nelson Vargas”, por lo que el procesado manifestó, ante el juez que teme por su seguridad, así como por la seguridad de su defensor, en este caso el de la voz. Su proceso, se encontraba paralizado desde 2014, y una vez que el suscrito asumió el cargo, en esa causa penal, se empezaron a promover pruebas encaminadas hacía una sentencia absolutoria, ya que no hay señalamientos contundentes para demostrar que mi defendido tenía participación en los hechos que se le imputan. Por el contrario, se han aportado diversas pruebas, con las cuales se podrá constatar que es una persona inocente.

Ante tal circunstancia, el juez tomó cartas en el asunto y envió al Director de Instituto Federal de Defensoría Pública, Netzaí Sandoval Ballesteros, para que él a su vez, en su calidad de superior jerárquico del suscrito, informara al Consejo de la Judicatura Federal, a través Consejo de Disciplina y Vigilancia, para que –de ser procedente–, se me asignara nuevamente la escolta. Ya que en este caso, se vulneran la defensa técnica y material, de acuerdo con el artículo 14.3, del Pacto de Derechos Civiles y Políticos. Dado que no se me permitió continuar con la escolta y por ende, no me proporcionaron los medios materiales para el debido cumplimiento de mi función, se entorpeció la defensa, violando los derechos constitucionales y humanos de mi defendido y de mi persona.

Quiero especificar que una vez que el oficio del juez llegó al Instituto Federal de Defensoría Pública, me convocaron a una junta, en la cual me manifestaron que darían seguimiento en mi apoyo. No obstante, el día 13 de abril, vía telefónica la licenciada Claudia Maribel, quién hasta ese momento era mi jefa inmediata superior, me convocó a que acudiera el día 14 de abril, a las 9:30 horas, al Instituto Federal de Defensoría Pública, diciéndome que la reunión era para llevar a cabo la estrategia de defensa relativa a la carpeta de investigación que me había iniciado la señora María Isabel Miranda Torres, aludiendo a ella como “la señora Wallace”, lo cual era totalmente falso, ya que era para notificarme mi cese al cargo como Defensor Público Federal, motivo por el cual me trasladé a dichas oficinas en la hora y fecha indicada, y una vez que estuve en presencia de ella, me notificó mi cese del cargo como defensor público federal. Yo le solicité que me informaran el motivo por el cual me estaban cesando, y me manifestó que me tenía que trasladara a las oficinas del licenciado Carlos Gustavo Cruz Miranda, para que me informará el motivo por el cual me estaban cesando, sin que el citado Carlos Gustavo Cruz Miranda, me diera respuesta alguna y me comentó que tenía que firmar en ese momento, dado que si no lo hacía las consecuencias serían graves. En ese momento pedí una audiencia con el maestro Netzaí Sandoval Ballesteros y la respuesta del licenciado Carlos Gustavo Cruz, fue que no se encontraba en esas oficinas, sino que estaba despachando desde su casa, por lo que no podía recibirme, sin que hasta la fecha tuviera más respuesta que el cese laboral.

Cabe destacar que soy una persona con capacidades diferentes, dado que utilizo silla de ruedas para trasladarme de un lugar a otro, por lo que se me están vulnerando mis derechos humanos, e irónicamente, el titular de la institución, el maestro Netzaí Sandoval Ballesteros, casi a diario pública en sus redes sociales que está velando por los derechos humanos de personas detenidas en prisión, por personas sujetas a proceso o bien por imputados que se encuentran sujetos a un proceso en el sistema penal acusatorio. Sin embargo, como defensor público y con mi discapacidad, mis propios derechos humanos son pisoteados en este momento, dado que serví 20 años al Poder Judicial de la Federación, del cual depende el Instituto de la Defensoría Pública.

Quiero hacer énfasis en que, de igual forma que a mí, el maestro Netzaí Sandoval Ballesteros, también despidió a defensores públicos adscritos a la SEIDO, relacionados con el caso Ayotzinapa. Adicionalmente, en el proceso del caso Wallace, se asignó a un defensor para llevar otra diligencia y al no tener oficio de designación por parte de la Dirección General, y al haberse negado a asistir en la diligencia, también fue cesado del cargo de ese defensor.

Por último, hago mención que hay personas que ocupan el cargo de Defensor que no hacen la labor como tal y que el maestro Netzaí Sandoval, los tiene en el Instituto cobrando sin hacer nada, además que para acceder al cargo de Defensor Público, se requiere de un examen y los compadres, amigos y familiares de dicho Director, están con nombramientos de Defensor sin siquiera contar con el curso. Asimismo cabe mencionar que en esta administración despidieron injustificadamente a casi todo el personal que labora en el Instituto Federal de Defensoría Pública, sin ningún argumento sólido, comenzaron a cambiar a oficiales administrativos y Defensores Públicos al interior de la República, sin sustento legal, sin importarles que ya tenían establecido un hogar y estabilidad económica, separando familias, sin tomar en cuenta que el cambio a otro estado de la república, implica pagar renta y diversos gastos, y eso no les importó.

Deseo mencionar que con todos estos cambios que se han hecho con la suspensión y cese de personal, tanto oficiales administrativos, así como defensores públicos federales que llevaban casos sensibles por el grado de irregularidades debido a injerencias externas, los nombramientos vacantes por el cese de cargos, los están dando a allegados del maestro Netzaí Sandoval Ballesteros.

Hago esta denuncia con plena consciencia de la responsabilidad que ello implica, y temo por mi vida. Sin embargo, el silencio de quienes tenemos en nuestras manos el enorme deber moral de procurar la justicia en nuestro país, nos hace cómplices de la grave fractura del Estado de derecho al favorecer las mismas prácticas de corrupción judicial y abusos de gobiernos anteriores.

Atentamente

Lic. Alejandro Garduño Real
Ex defensor público

Justicia pendiente

México tiene más de 7 millones de predios en riesgo de deslaves por asentamientos irregulares

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El titular del Instituto Nacional de Suelo Sustentable (Insus), José Iracheta Carroll, señaló que en México existen más de 7.5 millones de lotes en condiciones de irregularidad, los cuales se encuentran en situación de riesgo como en el cerro del Chiquihuite en el Estado de México.

El funcionario federal explicó que cada año alrededor de cien mil familias de escasos recursos adquieren viviendas en zonas de riesgo, debido a que se han encarecido las zonas urbanas en los últimos años y que son de difícil acceso para las personas de nivel socioeconómico bajo.

De acuerdo con el responsable del Insus, existe una falta de regulación por parte de las autoridades municipales y estatales para permitir la construcción de viviendas en espacios de elevado riesgo para las personas de escasos recursos económicos, por lo que consideró que se necesita atender esta situación.

Agregó que este tipo de condiciones son frecuentes en la Ciudad de México y el Estado de México, donde se han contabilizado diferentes asentamientos irregulares, en donde se ha permitido la construcción de espacios habitacionales en áreas de elevado riesgo que puede deslavarse por el reblandecimiento de la tierra ante las recientes lluvias.

Indicó que se necesitan acciones oportunas por parte de los tres niveles de gobierno para que se atiendan estas problemáticas en diferentes municipios donde se han presentado construcciones permanentes en el Valle de México.

La semana pasada se desgajó el cerro del Chiquihuite, en Ecatepec, Estado de México, donde murieron dos personas, además de que fueron afectadas diez viviendas en la región, por lo que las autoridades federales continúan con las indagatorias correspondientes.

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Justicia pendiente

Periodistas independientes convocan a integrar comisión de observadores por la liberación de presos

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Por Ignacio García

Periodistas de Los Ángeles Press lanzan convocatoria a las personas interesadas en formar parte de la Comisión Independiente de Observación en la Liberación de Presos, a raíz del Acuerdo del presidente Andrés Manuel López Obrador, publicado en el Diario de la Federación, el pasado 25 de agosto.

De acuerdo con la convocatoria de los periodistas, podrán participar integrantes de institutos de investigaciones jurídicas, asociaciones independientes de derechos humanos, colegios de abogados, facultades de Derecho, Medicina e Instituciones Universitarias que podrán nombrar a un representante para participar a título individual o realizar una declaración firmada de no tener vínculo con alguno con instancias de gobierno o acusadores de las personas privadas de libertad.

La convocatoria especifica que no podrán participar notarios públicos, funcionarios o ex servidores públicos de la administración pública federal, estatal y municipales, por lo que los resolutivos serán enviados a la Comisión Nacional, las comisiones estatales de Derechos Humanos y otras instancias internacionales.

En caso de que la comisión independiente de observación emita acusaciones de corrupción de jueces o funcionarios del poder judicial, serán enviadas al Consejo de la Judicatura Federal (CJF) y de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), aunado a que se dará a conocer a la opinión pública.

De la misma manera, la convocatoria invita a participar a personas expertas en diferentes áreas como médicos especialistas en Protocolos de Estambul, periodistas de investigación, médicos legistas, criminólogos, posgraduados en Derecho Penal, entre otros.

La convocatoria estará abierta a partir del 15 de septiembre y se cerrará el jueves 30 de septiembre de 2021, por lo que los interesados deberán enviar su solicitud de participación al correo electrónico falsosculpablesdemx@gmail.com, en donde adjunten un documento oficial que acredite su identidad, el cual será únicamente utilizado para validar la identidad del participante.

Asimismo, debe incluir una breve semblanza curricular de no más de diez líneas y los resultados de los integrantes de la comisión serán dados a conocer el 5 de octubre de 2021, por lo que dependiendo del número de integrantes se abrirá un foro virtual, mismo que admitirá propuestas y testimonios sobre la organización de acuerdos que serán entregados a un secretario de la comisión elegido por los integrantes de la misma.

Convocatoria abierta

a formar parte de la

Comisión Independiente de Observación

por la Liberación de Presos

Considerandos

  1. El ACUERDO presidencial publicado el pasado 25 de agosto del 2021 por el que se instruye “a realizar acciones para gestionar, ante las autoridades competentes, las solicitudes de pre liberación de personas sentenciadas, así como para identificar casos tanto de personas en prisión preventiva, como de aquellas que hayan sido víctimas de tortura, en términos de las disposiciones jurídicas aplicables”, adolece de distintas condiciones indispensables de considerar.
  2. Que la mayoría de las condiciones para la liberación de presos en el ACUERDO, YA ESTÁN ESTABLECIDAS EN DIVERSOS INSTRUMENTOS JURÍDICOS como es el caso del artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual estipula que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales y el Artículo 20, Apartado B, fracción IX, de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, dice que “La prisión preventiva no podrá exceder del tiempo que como máximo de pena fije la ley al delito que motivare el proceso y en ningún caso será superior a dos años, salvo que su prolongación se deba al ejercicio del derecho de defensa del imputado. Si cumplido este término no se ha pronunciado sentencia, el imputado será puesto en libertad de inmediato mientras se sigue el proceso, sin que ello obste para imponer otras medidas cautelares; En la Ley Nacional de Ejecución Penal, el Código Nacional de Procedimientos Penales; el Código Penal Federal y la Ley Federal de Amnistía; así como en las legislaciones estatales correspondientes.”
  • Que de acuerdo con el principio de progresividad de los derechos humanos, las normas deben ser interpretadas expandiendo la protección de los derechos de la persona. En atención a este principio, el marco jurídico de la duración de privación de libertad favorece a las personas sentenciadas más que a las personas procesadas. Mientras que a las personas procesadas les aplica el máximo de la pena que la ley fija para el delito de que se trate, a la mayoría de las personas sentenciadas, el plazo de privación de libertad es del cincuenta o del setenta por ciento de la pena[1] por la aplicación de las medidas preliberacionales de libertad condicionada o anticipada. Esta situación genera una diferencia irracional y desproporcionada basada en la situación jurídica, que como se señaló favorece a las personas sentenciadas más que a las procesadas, lo que no resulta lógico ni jurídico.
  1. Que el artículo 1 de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, establece que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, deberán promover, respetar, proteger y garantizar en todo momento el derecho de toda persona a que se respete su integridad personal contra cualquier acto de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes;
  2. “Que el artículo 52 del referido ordenamiento legal establece que procederá el reconocimiento de inocencia de la persona sentenciada” … “en virtud de haberse obtenido a través de una violación de derechos humanos o fundamentales”.
  3. Que a pesar de estar en vigor el Título Quinto, Capítulo V, de la Ley Nacional de Ejecución Penal denominado “Pre liberación por criterios de política penitenciaria” donde se establece “Cuando se trate de personas sentenciadas adultas mayores, portadoras de una enfermedad crónico-degenerativa o terminal, independientemente del tiempo que lleven compurgando o les falte por compurgar de la sentencia, o bien cuando la continuidad de la aplicación de la pena sea irrelevante para los fines de la reinserción del sentenciado a la sociedad o prevenir la reincidencia”, en la práctica NO SE CUMPLE.
  • Que hay suficientes testimonios de abogados penalistas que dan cuenta de la violación de derechos humanos y parcialidad de jueces en la aplicación de las leyes, a los que se les identifica como “jueces de consigna”.
  • Que más de 112 mil personas en México (INEGI, 2019) permanecen por más de dos años de prisión preventiva bajo el argumento de sobre carga de trabajo en los juzgados o la suspensión de labores por motivos de la pandemia, violando derechos constitucionales.
  1. Que el Comité a formarse conforme al Acuerdo Presidencial, “deberá de estar integrado por servidores públicos que se encuentren adscritos a las dependencias previstas en el artículo Primero de este Acuerdo, a fin de que den seguimiento a la implementación de este instrumento, cuyos acuerdos serán vinculantes y remitidos a la persona Titular del Ejecutivo Federal.
  2. Que hay una tendencia natural a que los integrantes de los poderes públicos, en general, y del Poder Judicial, en particular, se protejan entre sí, porque la liberación de personas privadas de su libertad por estas causas revela errores, actos de corrupción y actos ilícitos de servidores públicos.
  3. Que la mayoría de las personas privadas de libertad que alegan tortura no cuentan con el Protocolo de Estambul que acredite estos hechos, y en miles de casos se ha sentenciado con confesiones bajo tortura y sin evidencia científica por delitos de alto impacto, negándoles la aplicación del protocolo por estar sentenciados.
  • Que aun cuando está en vigor el principio constitucional de publicidad, que permite que las personas periodistas puedan presenciar audiencias, las autoridades siguen impidiendo el cumplimiento de este principio lo que favorece la opacidad en las resoluciones judiciales, por lo que se necesita socializar la información necesaria para que se ejerza el control comunitario de los procesos judiciales por medio de la labor periodística.
  • Que se siguen fabricando culpables y cometiendo actos de tortura para simular la resolución de investigaciones sobre todo tipo de delitos y, en particular asesinatos de periodistas y defensores de los derechos humanos y ambientales, y que a la fecha representan un promedio de cuatro crímenes al mes, los abajo firmantes nos permitimos publicar la siguiente:

Convocatoria a integrar la Comisión Independiente de Observadores de Derechos humanos para vigilar, dar seguimiento e incluso impugnar públicamente las resoluciones de los servidores públicos en torno a las omisiones para la liberación masiva de personas privadas de su libertad, por los considerandos arriba mencionados:

  1. Esta convocatoria está abierta a los integrantes de institutos de investigaciones jurídicas, asociaciones independientes de Derechos Humanos, Colegios de abogados, facultades de derecho y medicina e instituciones universitarias, quienes tendrán el derecho preferente de nombrar un representante por colectivo o asociación; sin embargo, los integrantes deberán participar a título individual y hacer una declaración firmada de no tener vínculo alguno con instituciones o personas que hayan sido vinculadas, mencionadas en expedientes judiciales o en la opinión pública como participantes de manera directa o indirecta de violaciones al debido proceso de personas privadas de libertad. Para garantizar la autonomía de criterios no se admitirá la participación de notarios, funcionarios o ex funcionarios públicos de ninguno de los tres poderes, Ejecutivo, Legislativo o Judicial, tanto del fuero común como federal, ni integrantes de partidos políticos.
  2. Los resolutivos serán entregados a las Comisiones Nacional y estatales de Derechos humanos, Las Cámaras de Diputados y Senadores, para la creación de las iniciativas de ley que de ella emanen, la Suprema Corte de Justicia y la Presidencia de la República, Secretaría de Gobernación, Secretaría de Seguridad Pública y Secretaría de la Función Pública, así como a los diversos Grupos de Trabajo de Naciones Unidas, la Organización Mundial Contra la Tortura, la Federación Internacional de Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que promueven la liberación de víctimas de derechos humanos privadas de libertad.
  3. En caso de que en la Comisión Independiente de Observación se desprendan acusaciones de corrupción de jueces o funcionarios públicos del poder judicial o federal, se entregará la información correspondiente al Consejo de la Judicatura de la Federación y la Unidad de Inteligencia Financiera, y será puesta al conocimiento de la opinión pública.
  4. Se alienta en particular la participación, mencionada pero no exclusiva de expertos en otras materias de médicos especialistas en Protocolo de Estambul, Periodistas de Investigación, Médicos legistas, criminólogos; postgraduados en Derecho penal, sin detrimento de la inscripción de profesionales en otras materias no contempladas en este primer borrador.

Se abre un primer plazo para inscripciones a la

Comisión Independiente de Observación por la Liberación de Presos

Bases

Se abre un plazo para la inscripción de las personas interesadas a partir de la publicación y hasta las 00:00 del jueves 30 de septiembre de 2021, hora Ciudad de México, a través del correo electrónico falsosculpablesdemx@gmail.com

Es requisito indispensable acompañar la solicitud de inscripción de un documento oficial que acredite la identidad de los participantes. Los documentos se utilizarán exclusivamente para la identificación de los ponentes y estarán sujetos a las disposiciones de ley que garantizan la protección de datos personales.

Junto a la solicitud de inscripción se debe incluir una breve semblanza o perfil biográfico no más de 10 líneas.

La dirección de esta Comisión Independiente informará el jueves 23 de septiembre de 2021, las personas aceptadas como miembros de esta comisión y organizará itinerario de sus participaciones.

De acuerdo con el número de inscripciones y espacialidad de los miembros se abrirá un foro virtual, con diversas mesas que se programarán en fechas sucesivas, en las diferentes redes sociales de Los Ángeles Press y la Nueva Unión de Periodistas Democráticos.

El Foro virtual promovido por la Comisión Independiente de Observación por la Liberación de Presos admitirá testimonios y propuestas sobre los procesos de organización para los acuerdos que se tomen, los cuales serán entregados a un secretario de acuerdos designado por los propios participantes, para su publicación.

Las participaciones tendrán como objetivo central la exposición de motivos sobre los temas que no están previstos en el Acuerdo presidencial y la manera de subsanar estos fallos; dar seguimiento a los casos y generar propuestas para su solución.

Los materiales resultantes podrán ser utilizados, sin fines de lucro, exclusivamente para su publicación respondiendo al interés público con apego estricto a principios éticos y de derechos de autor.

Los asuntos no previstos en esta convocatoria serán resueltos por el mismo Comité integrado.

* * * O * **

 

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[1] Los delitos de delincuencia organizada, secuestro y trata de personas; así como el delito de tortura no admiten medidas de preliberación.

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CNDH pide cuidar higiene menstrual de internas en penales femeninos

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La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, a los gobernadores, a la Comisión de Prevención y Readaptación Social y a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para garantizar el cuidado de la higiene menstrual de las mujeres que se encuentran internas en los penales de la capital del país.

El organismo autónomo refirió que se acreditó violaciones al derecho humano a la protección de la salud en transversalidad con las garantías de salud sexual y reproductiva en los diferentes penales estatales y federales del país.

De acuerdo con la CNDH, tras realizar visitas al Personal de Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria a los centros penitenciarios que albergan mujeres se constató que hay restricciones para obtener toallas sanitarias femeninas y en la mayoría no se garantiza el acceso y el abasto suficiente y no existe una partida presupuestal para este sector.

La CNDH revisó los penales de las 32 entidades del país, por lo que confirmó que en la mayoría de los estados no se cuenta con una partida presupuestal para la adquisición de elementos de gestión menstrual que permitiera proporcionarlos de manera gratuita y suficiente a las mujeres.

Por ello, consideró que el gobierno federal y las autoridades estatales deben se garantes de salvaguardar el derecho a la protección de la salud y seguridad sanitaria de la población penitenciaria femenina.

Anteriormente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó que en México los penales femeninos no tienen la capacidad sanitaria necesaria para atender a las mujeres, por lo que también se han contabilizado problemas de hacinamiento permanentes.

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