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Militarización en Ecuador y México otra amenaza más a los derechos humanos

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Amnistía Internacional alertó que se puede agravar la violación de derechos humanos en México y Ecuador por la militarización que sufren ambos países

 

MÉXICO – La actual tendencia hacia la militarización de la seguridad pública en América Latina, en particular en Ecuador y México, representa una amenaza para los derechos humanos en la región, afirmó en una nueva declaración la organización humanitaria Amnistía Internacional (AI).

“Es fundamental que las políticas de seguridad cumplan con las normas y estándares en materia de derechos humanos, particularmente ante la evidencia de los retrocesos que ocurren como consecuencia de la militarización de la seguridad pública”, advirtió la directora para el hemisferio de AI, Erika Guevara Rosas.

En Ecuador, la Corte Constitucional publicó el martes 29 la validación del pedido del presidente Guillermo Lasso de reformar la Constitución, para permitir el apoyo complementario y permanente de las Fuerzas Armadas en las funciones de la Policía Nacional, a fin de combatir el crimen organizado en el país.

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En México, la Suprema Corte de Justicia de la Nación anunció que en cuestión de días discutirá asuntos relacionados con la Guardia Nacional y con la militarización del país que se encuentran pendientes de resolución.

El primer análisis tratará la controversia constitucional sobre el Acuerdo Presidencial de mayo de 2020, que permitió la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública.

En el caso de Ecuador, el presidente Guillermo Lasso afirmó que las obligaciones emanadas para la protección de los derechos a la vida y a la integridad de las personas ecuatorianas son la justificación para la actuación permanente de parte de las Fuerzas Armadas para combatir el crimen organizado.

Además, mencionó que el problema del crimen organizado no es excepcional, sino que es un fenómeno creciente que ha sobrepasado el ejercicio de las facultades de la institución de protección interna, por lo cual no hay la necesidad de respetar el requisito de excepcionalidad de las Fuerzas Armadas, recordó AI.

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“El presidente Lasso no puede ignorar los estándares establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a su propia conveniencia, para justificar la militarización en Ecuador”, replicó Guevara Rosas.

Argumentó que “si el problema del crimen organizado, según el propio presidente, no es excepcional, la respuesta no puede darse a través del despliegue permanente de las fuerzas armadas, en virtud de los requisitos de excepcionalidad y carácter extraordinario de su uso”.

Recordó que existe una prohibición en la doctrina emanada de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), sobre perpetuar el uso de las fuerzas armadas en temas no relacionados con conflictos armados.

En su opinión “se abre una oportunidad para que empiece un proceso que permita que las fuerzas armadas estén a cargo de manera complementaria y permanente de la seguridad ciudadana”.

“Es un pésimo precedente para la garantía de los derechos humanos en el país”, aseveró la responsable de AI.

En el caso de México, el reporte de AI recordó que ese país “ha optado por utilizar las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública desde hace más de 15 años. Esta estrategia de seguridad se ha profundizado en los últimos años”.

En marzo de 2019, mediante una reforma constitucional, se creó la Guardia Nacional con mando civil y policial, pero con una influencia muy alta de las fuerzas armadas.

Por otra parte, el Acuerdo Presidencial facultaba a las Fuerzas Armadas a participar en tareas de seguridad pública hasta marzo de 2024, periodo que fue recientemente ampliado por el Congreso hasta 2028.

“Estas acciones se llevaron a cabo sin una estrategia clara de fortalecimiento de policías y de retiro de las Fuerzas Armadas de las calles”, según AI.

 

En septiembre de este año, el Congreso aprobó que se incorpore a la Guardia Nacional formalmente bajo el control administrativo y operativo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), que también tiene a su cargo las Fuerzas Armadas.

La iniciativa está siendo controvertida ante el poder judicial y actualmente cuenta con una suspensión que frena su entrada en vigor.

La oenegé recordó que la Guardia Nacional mexicana realiza adicionalmente más de 148 funciones civiles que no son relacionadas con seguridad, como la construcción de carreteras y el manejo de la vacunación contra la covid-19.

Tanto la Guardia Nacional como la Sedena se encuentran dentro de las 10 instituciones con mayor número de quejas abiertas este año, 346 y 327 respectivamente, ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Según Guevara Rosas “la estrategia de seguridad en manos de las Fuerzas Armadas ha probado una y otra vez ser ineficiente para atender la crisis de seguridad que enfrenta México, pese a lo cual se insiste en perpetuarla”.

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“Ello sin mencionar el cúmulo de violaciones de derechos humanos que se han documentado por parte de esas fuerzas”, agregó.

Opinó que ese país “está a tiempo de cambiar su estrategia de seguridad, para lo cual es fundamental priorizar la creación de un plan de fortalecimiento de los cuerpos policiales, bajo el mando civil, y el retiro progresivo de los militares a sus cuarteles”.

Insistió en que la protección del derecho a la vida y a la integridad personal no permite ni puede ser una justificación para que los Estados tomen medidas para complementar, mucho menos de manera permanente, los cuerpos policiales con las fuerzas armadas.

Recordó que la Corte IDH ha alertado sobre la formación del personal militar, que está orientada a su participación en conflictos armados con la consigna de derrotar al enemigo, mientras que el entrenamiento policial se dirige a la protección y seguridad de la población civil en tiempos de paz.

“Sin duda, la seguridad pública ante contextos de violencia es una preocupación legítima y prioritaria para los Estados de la región. Sin embargo, es fundamental que las políticas de seguridad cumplan con las normas y estándares en materia de derechos humanos”, dijo finalmente Guevara Rosas.

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Fuente: ipsnoticias.net

 

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Denuncia de abusos a gran escala en cárceles de El Salvador, filtrada a organización internacional

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NUEVA YORK – Human Rights Watch (HRW) denunció este viernes 27 “abusos a gran escala” en las cárceles de El Salvador, recogidos en una base de datos que según esa organización humanitaria se filtró desde el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública del país centroamericano.

El documento “permite corroborar graves violaciones de derechos humanos cometidas durante el régimen de excepción” que impera en El Salvador desde marzo de 2022, expresó Tamara Taraciuk, directora en funciones para América en HRW.

“Los datos revelan que las autoridades salvadoreñas han sometido a las personas detenidas, incluyendo a cientos de niños, a un hacinamiento extremo en centros de detención abarrotados, y que han hecho muy poco para garantizar acceso a la justicia para las víctimas de los graves abusos cometidos por pandillas”, dijo Taraciuk.

La base de datos proporciona los nombres, las edades y el género de las personas procesadas durante el régimen de excepción, por delitos definidos de manera amplia, de modos que violan las garantías básicas del debido proceso, según HRW.

La organización sostuvo que una fuente confiable aseguró que la base de datos pertenece al Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, y para evaluar su autenticidad HRW comparó los nombres de la base de datos con otras fuentes.

Incluyó casos documentados por organizaciones locales o reportados en los medios de comunicación, e identificó más de 300 coincidencias, por lo que la información “resulta consistente con los hallazgos de HRW y Cristosal”, una organización humanitaria fundada por obispos anglicanos y que opera en América Central.

El régimen de excepción aprobado por la Asamblea Legislativa “suspendió derechos fundamentales en respuesta a un incremento de la violencia cometida por las pandillas”, recordó HRW.

La medida se ha prorrogado 10 veces y aún se encuentra vigente.

Policías y soldados han detenido a más de 61 000 personas, según cifras oficiales. Alrededor de 3000 han sido liberadas de prisión, en muchos casos con medidas sustitutivas, y 58 000 permanecen encarceladas.

A fines de agosto pasado, 1082 menores detenidos durante el régimen de excepción, 918 niños y 164 niñas, habían sido enviados a detención provisional, incluidos 21 con edades de que tenían 12 o 13 años, sobre la base de una ley de marzo de 2022 que disminuyó la edad de imputabilidad penal de 16 a 12 año.

La base de datos indica que 32 personas murieron bajo custodia, en su mayoría en los penales de Izalco y La Esperanza, también conocido como Mariona.

En noviembre, las autoridades salvadoreñas informaron que 90 personas detenidas habían fallecido desde marzo, “en circunstancias que las autoridades todavía no han investigado de forma adecuada”, señaló HRW.

Según sus datos, 39 000 personas fueron acusadas del delito de “agrupaciones ilícitas” y más de 8000 por ser miembros de una “organización terrorista”.

En comparación, “muchas menos personas habían sido acusadas de delitos violentos, como homicidio (148, es decir, menos de 0,3 % de los detenidos) o agresión sexual (303 personas, es decir, menos del 0,6 %)”.

HRW sostiene que “el derecho salvadoreño define ´organización terrorista´ de una forma amplia que no resulta compatible con los estándares internacionales”, lo cual “abre la puerta a detenciones arbitrarias de personas sin conexión relevante con las actividades de las pandillas”.

También indicó ya para el pasado agosto “más de 50 000 personas habían sido enviadas a detención provisional, elevando la población penitenciaria a más de 86 000 personas”, siendo que el sistema penitenciario tenía capacidad para 30 000.

La mayoría de los detenidos fueron enviados al penal Mariona, donde la población penitenciaria aumentó de 7600 a 33 000, y al penal de Izalco, donde este incremento pasó de 8500 a 23.300.

Según HRW y Cristosal, “en algunos casos los agentes se han negado a proporcionar información sobre el paradero de los detenidos a sus familiares, lo cual constituye desaparición forzada conforme al derecho internacional”.

“Este hallazgo respalda las conclusiones de nuestros informes sobre las violaciones masivas de derechos humanos y especialmente en medio de una ausencia de procesos de investigación y el cumplimiento de garantías judiciales”, dijo Noah Bullock, director ejecutivo de Cristosal.

Las autoridades “deberían reemplazar el régimen de excepción con una estrategia sostenible y respetuosa de los derechos humanos para abordar la violencia de pandillas y proteger a la población de los abusos que estas cometen”, según HRW.

Tal estrategia debería “abordar las causas estructurales de la violencia de las pandillas, como los niveles elevados de pobreza y exclusión social”.

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Fuente: ipsnoticas.net

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Argentina: Centro Ana Frank convoca a periodistas y medios a combatir discursos de odio y mensajes genocidas

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Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto (Proyecto IHRA): contra la distorsión, negación y banalización de la tragedia.

«Los discursos de odio construyeron el holocausto.
Todo comenzó con la palabra. La historia nos enseña, también, que así comenzaron otros genocidios y los terrorismos de Estado».

Es parte del mensaje que está difundiendo el Centro Ana Frank de Argentina para América Latina, el cual produjo dos materiales de uso y disponibilidad libre. Tratan sobre cómo manejar, administrar y combatir los discursos de odio y mensajes genocidas y/o antisemitas en Medios de Comunicación y Redes Sociales, y hay una convocatoria especial para periodistas y medios a seguir a guía para erradicar los discursos de odio.

La Guía hace referencia al legado de Ana Frank como «los aprendizajes que debemos extraer del holocausto como el hecho histórico de mayor dimensión y sistematización de matanzas masivas y exterminio de personas judías, discapacitados, homosexuales, opositores, la comunidad romaní o lo integrantes de los Testigos de Jehová -entre otras minorías-, por parte de los nazis y sus cómplices durante la Segunda Guerra Mundial«.

El documento también contiene contenidos y sugerencias para periodistas (redactores y editores) y el Manual incluye sugerencias para community managers, sobre cómo regular mensajes de odio en las redes sociales.

El documento alude en su prefacio a los principios que manejaba la manipulación propagandística de Goebbels, y que sigue operando desde diferentes perspectivas y tiempos. Estos principios se refieren a «la negación (desconocer la realidad histórica y sus consecuencias), la distorsión (reconocer aspectos y hechos, pero justificándolos, minimizándolos) y la banalización (del holocausto y otros genocidios), y funcionan transformando a la memoria de la tragedia y el sufrimiento del exterminio en algo intrascendente y menor».

Ambos materiales son resultado de los seminarios realizados en Bariloche, San Juan, Tucumán y Asunción del Paraguay en el año 2022.
Estas publicaciones fueron realizadas con el apoyo de los ministerios de Relaciones Exteriores, Justicia y Derechos Humanos y Educación, junto a la Defensoría del Público de la Nación, la Agencia Nacional de Noticias Télam, la Universidad Nacional de San Martín, el Museo del Holocausto de Buenos Aires y el Congreso Judío Latinoamericano.

Enlace para bajar las guías: @guiaymanual | Linktree

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Presidente Alberto Fernández construye agenda para relación estratégica entre la Unión Europea y la CELAC

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Alberto Fernández, presidente de Argentina, busca crear lazos de comercio con la Unión Europea

El presidente argentino se reunió con el titular del Consejo Europeo, Charles Michel, con el objetivo de alcanzar acuerdos en materias primas y energía

Por Diego Ruiz D.

El presidente de Argentina, Alberto Fernández, mantuvo hoy una reunión con el titular del Consejo Europeo, Charles Michel, con quien dialogó sobre la importancia de fortalecer los principales temas de la agenda bilateral y la relación estratégica entre la Unión Europea y la CELAC.

El mandatario coincidió con Michel en destacar la complementariedad entre ambas regiones y la importancia de continuar el trabajo impulsado en los últimos años para alcanzar nuevos acuerdos de entendimiento sobre materias primas y energía, cuya relevancia se tornó estratégica ante los desafíos que plantea el escenario mundial.

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En ese sentido resaltaron que América Latina se erige como una zona de paz y estabilidad, situación que permite afianzar la alianza como socios comerciales a largo plazo.

La Unión Europea es el tercer socio comercial de la Argentina y el principal inversor externo. Existe, además, una amplia agenda de cooperación en diversos campos que incluyen ciencia y tecnología, género, derechos humanos, educación, cultura, energía, digitalización y biotecnología, entre otros.

A fines de marzo de 2022, en su carácter de presidente pro tempore de la CELAC, Alberto Fernández sostuvo una videoconferencia con Michel con el objeto de reactivar el diálogo birregional entre ambos bloques y recuperar los espacios de trabajo al más alto nivel, a través del impulso de una comisión mixta.

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Estuvieron presentes en el encuentro, por Argentina, el ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Santiago Cafiero; y la jefa de Gabinete de la cartera, Luciana Tito; mientras que por la Unión Europea asistieron el embajador en Argentina, Amador Sánchez Rico; el jefe de Asuntos Exteriores, Simon Mordue; y el consejero de Asuntos Exteriores, Cibrán Fernández Silva.

 

 

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