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Miles de venezolanos atrapados en diferentes países sin poder cumplir propósito de llegar a EEUU

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MIles de migrantes venezolanos se quedaron atrapados en otros países, luego de que EU endureciera sus leyes contra la migración de ciudadanos de esos países

Por Humberto Márquez

CARACAS – Miles de venezolanos que cruzaban la espantosa selva de Darién entre Colombia y Panamá, o que transitaban penosamente por América Central y México para llegar a Estados Unidos, han quedado atrapados en países que no los quieren, sin poder seguir su marcha y casi sin recursos para devolverse a su país.

Súbitamente, el 12 de octubre, el gobierno de Estados Unidos anunció que cesaba la admisión de venezolanos que cruzasen informalmente su frontera sur, los devolvería a México y, en contrapartida, abriría hasta un tope de 24 mil cupos anuales, durante dos años, para aspirantes a ingresar por vía aérea y bajo un nuevo cúmulo de requisitos.

“Ya estábamos dentro de Estados Unidos, cuando el presidente Joe Biden dio la orden, pero nos montaron en una camioneta y nos devolvieron a México. No es justo, el día 12 ya habíamos pasado”, dijo entre lágrimas a periodistas un joven que se identificó como Antonio, entre los primeros reenviados a la ciudad fronteriza de Tijuana.

Era uno de los aproximadamente 150 mil venezolanos que cruzaron la frontera entre México y Estados Unidos este año, para sumarse a los 545 mil que ya estaban en territorio estadounidense a finales de 2021, según sus autoridades.

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Raúl estuvo en un grupo que demoró una semana para cruzar selva, ríos y montes en Darién, sorteando maleza, lluvias, fango, hambre, sed, y la amenaza de alimañas y asaltantes. Cuando llegó al corregimiento indígena de Lajas Blancas en el este de Panamá se enteró de la nueva norma estadounidense que volvía inútil su travesía.

Allí contó al político opositor venezolano Tomás Guanipa, quien visitó el corregimiento en este mes de octubre, que “el recorrido es demasiado duro, vi morir gente, alguien a quien no pude salvar porque se lo llevó un río, y no valió la pena, ahora lo que debo hacer es regresar, vivo, a mi país”.

En Panamá, como en Costa Rica, Honduras, Guatemala y por supuesto en México, ahora hay miles de venezolanos varados, unos aún con el propósito de alcanzar y cruzar la frontera estadounidense, otros intentando conseguir recursos para emprender el regreso.

Llenan los refugios donde se les acoge, a menudo sobrecargados y con escasos recursos para atenderles, a veces duermen en las calles, o se les ve caminando y pidiendo comida o algún dinero, cortado abruptamente el sueño de llegar a vivir y trabajar legalmente en Estados Unidos.

Ese anhelo se alimentó porque Estados Unidos flexibilizó para los venezolanos la posibilidad de otorgarles asilo, como parte de su confrontación con gobierno del presidente Nicolás Maduro, al que consideran ilegítimo.

Además, estableció un estatuto de protección que de manera temporal permite la estadía y labor de los venezolanos que llegasen a su territorio.

Venezuela ha vivido una crisis económica y política en la última década que, con el empobrecimiento de la población, produjo el mayor éxodo en la historia del hemisferio: según agencias de las Naciones Unidas, han salido del país 7,1 millones de personas, una cuarta parte de su población.

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Migrantes venezolanos caminan en la mexicana Ciudad Juárez entre el río Bravo y el muro que los separa de Estados Unidos, una frontera que ya no podrán cruzar a pie sino solo por vía aérea y con permiso expreso de Washington. Foto: Rey R. Jáuregui / Pie de Página

Una elección en el medio de la crisis de migrantes venezolanos en EU

El aluvión de migrantes venezolanos que llegaban por la frontera sur coincidió con la dura campaña electoral para renovar este noviembre el legislativo Congreso estadounidense, y la cual puede resultar en el control de sus dos cámaras por el Partido Republicano, fuertemente opuesto al demócrata Biden.

Gobernadores y candidatos republicanos del sur, muy opuestos a la política migratoria y apertura a los venezolanos de la Casa Blanca, decidieron enviar autobuses, e incluso un avión con venezolanos solicitantes de asilo, hacia localidades del norte gobernadas por autoridades demócratas.

Así, y a menudo con ofertas engañosas, centenares de venezolanos fueron llevados y abandonados a la intemperie en Nueva York, Washington o Martha´s Vineyard, una isla donde veranean millonarios en el nororiental estado de Massachusetts.

Organizaciones humanitarias como Amnistía Internacional denunciaron el empleo de los migrantes como botín político o arma arrojadiza en la lucha electoral.

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En ese clima, el gobierno de Biden dio un giro a su política hacia los venezolanos, les cerró las puertas en la frontera sur, reactivó el Título 42 del compendio legislativo estadounidense, que permite la expulsión inmediata de personas por razones de salud, y pactó con México la devolución de los migrantes a ese territorio.

Los 24 000 cupos anuales dispuestos como consuelo, para migrantes que cuenten con patrocinadores responsables de su sostén en Estados Unidos, más requisitos como no intentar el cruce ilegal de fronteras o no tener refugio en otro país, equivale casi al volumen mensual de venezolanos que buscaron el suelo estadounidense este año.

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Una familia de migrantes avanza al término de su recorrido por la peligrosa selva de Darién, entre Colombia y Panamá, para alcanzar la frontera de México. La nueva medida migratoria estadounidense veda el acceso a ese país a quienes cubran ese recorrido. Foto: Nicola Rosso / Acnur

¿Y ahora qué les espera a los migrantes venezolanos?

En lo inmediato quedan en un limbo quienes iban en camino y ahora deberán regresar al país, donde muchos vendieron desde su ropa hasta la vivienda para costear la aventurada travesía.

A Caracas comenzaron a llegar cientos de venezolanos en vuelos que ellos mismos han sufragado desde Panamá, mientras en México y otros países se aguarda la posibilidad de viajes aéreos gratuitos, de carácter humanitario, porque miles de migrantes han quedado en la indigencia.

Hay familias enteras que ya eran migrantes en otros países, como Chile, Ecuador o Perú –donde Lima es una ciudad con un millón de venezolanos-, pero decidieron dejar esas plazas ante un ambiente hostil o las dificultades para conservar empleos u ocupar una vivienda digna, en un clima generalizado de inflación en la región.

Es el caso que narró a periodistas Héctor, quien con esposa, suegra y tres hijos invirtió casi 10 000 dólares en pasajes desde Chile hasta la isla colombiana de San Andrés, en el Caribe, de allí en bote a Nicaragua, y viaje por tierra hasta que en Guatemala les sorprendió el anuncio del gobierno estadounidense.

Ahora, en contacto con algunos familiares en Estados Unidos, desgrana la posibilidad de devolverse al país que dejó hace tres años rumbo a Chile, o tratar de seguir, a la espera de que se abra otra opción de ingreso a su deseado destino.

También en lo inmediato, Estados Unidos registra que los cruces o intentos de cruzar clandestinamente su frontera, han disminuido sensiblemente desde el 12 de octubre.

Entre las justificaciones de su medida en esa fecha, Washington dijo que buscaba combatir la trata de personas y otros delitos asociados a la migración irregular, y desalentar el peligroso cruce de fronteras en el Darién.

Según datos del gobierno panameño, entre enero y el 15 de octubre de este año llegaron a su territorio 184 mil 433 migrantes irregulares en tránsito desde la selva, de los cuales 133 mil 597 eran venezolanos.

Tras su regreso al país el martes 25, Guanipa aseguró a IPS que eran venezolanos al menos 70 % de los migrantes que cruzaron el llamado Tapón del Darién los últimos 12 meses, junto a otros latinoamericanos, caribeños o africanos.

Y, después de recoger testimonios de la terrible travesía, pidió a sus compatriotas que “por ninguna razón arriesguen la vida” en ese tramo que es la inhóspita puerta desde Sudamérica del istmo centroamericano.

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En cada frontera latinoamericana cambian para peor las normas migratorias y los venezolanos aguardan pacientemente que se les permita acceder, a menudo para tratar de llegar a los destinos más distantes del continente, como Chile y Estados Unidos. Foto: Gema Cortés / OIM

El gobierno venezolano ha inscrito el movimiento migratorio y la situación del Darién en la confrontación política y mediática que sostiene con Estados Unidos, considera que las cifras de migrantes son abultadas y afirma que, al contrario, más de 360 000 compatriotas han regresado al país desde 2018.

Responsables de agencias de las Naciones Unidas, y de organizaciones humanitarias internacionales, consideran que dada la persistente crisis en Venezuela continuará el flujo migratorio, por lo que piden a los países de acogida normas y mecanismos que faciliten la inserción de los migrantes en sus comunidades.

Si en Estados Unidos han dado un portazo a los migrantes de a pie, en países como Chile, Ecuador, Perú, Colombia, México y algunos de América Central se alistan nuevas reglas para modificar la política de mano tendida a los venezolanos.

Por ejemplo, Ecuador modificó la ley de Movilidad Humana para aumentar las causales de deportación, como “representar una amenazan a la seguridad”, y Colombia –el mayor país de acogida de sus vecinos- eliminó la oficina para la atención e integración socioeconómica de la población migrante.

Panamá exigirá visa a quienes se devuelvan desde América Central o México, Perú trabaja para cambiar la reglamentación para la población migrante y el gobierno de Chile, que en el pasado expulsó en sucesivos vuelos a cientos de migrantes, anunció que tomará medidas para resguardarse de la inmigración indeseada.

De los 7,1 millones de venezolanos hasta septiembre registrados como migrantes por las agencias de la ONU, la inmensa mayoría de ellos salidos del país desde 2013, casi seis millones estaban en los vecinos países latinoamericanos y caribeños.

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Familias enteras no solo han buscado el Norte, en Estados Unidos o Europa, sino que recorrieron miles de kilómetros, en viajes inéditos en sus vidas, con tramos en autobús pero a menudo a pie, por pasos clandestinos de selva o frías montañas, para llegar a Brasil, Colombia, Ecuador, Perú, Argentina o Chile.

Otros prueban suerte en las vecinas y hostiles islas del Caribe y decenas perdieron la vida al naufragar los atestados botes en los que trataban de llegar a costas seguras.

Ante lo explosivo del fenómenos, la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) establecieron una plataforma para programas de ayuda a los migrantes en la región y a las comunidades de acogida, la cual coordina un antiguo vicepresidente guatemalteco, Eduardo Stein.

De su presupuesto para 2022, basado en ofertas de países e instituciones donantes, por mil 700 millones de dólares, solo han podido colectar 300 millones, en otra muestra de los migrantes venezolanos han dejado de tener protagonismo en el escenario internacional.

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Fuente: ipsnoticias.net

 

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Denuncia de abusos a gran escala en cárceles de El Salvador, filtrada a organización internacional

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NUEVA YORK – Human Rights Watch (HRW) denunció este viernes 27 “abusos a gran escala” en las cárceles de El Salvador, recogidos en una base de datos que según esa organización humanitaria se filtró desde el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública del país centroamericano.

El documento “permite corroborar graves violaciones de derechos humanos cometidas durante el régimen de excepción” que impera en El Salvador desde marzo de 2022, expresó Tamara Taraciuk, directora en funciones para América en HRW.

“Los datos revelan que las autoridades salvadoreñas han sometido a las personas detenidas, incluyendo a cientos de niños, a un hacinamiento extremo en centros de detención abarrotados, y que han hecho muy poco para garantizar acceso a la justicia para las víctimas de los graves abusos cometidos por pandillas”, dijo Taraciuk.

La base de datos proporciona los nombres, las edades y el género de las personas procesadas durante el régimen de excepción, por delitos definidos de manera amplia, de modos que violan las garantías básicas del debido proceso, según HRW.

La organización sostuvo que una fuente confiable aseguró que la base de datos pertenece al Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, y para evaluar su autenticidad HRW comparó los nombres de la base de datos con otras fuentes.

Incluyó casos documentados por organizaciones locales o reportados en los medios de comunicación, e identificó más de 300 coincidencias, por lo que la información “resulta consistente con los hallazgos de HRW y Cristosal”, una organización humanitaria fundada por obispos anglicanos y que opera en América Central.

El régimen de excepción aprobado por la Asamblea Legislativa “suspendió derechos fundamentales en respuesta a un incremento de la violencia cometida por las pandillas”, recordó HRW.

La medida se ha prorrogado 10 veces y aún se encuentra vigente.

Policías y soldados han detenido a más de 61 000 personas, según cifras oficiales. Alrededor de 3000 han sido liberadas de prisión, en muchos casos con medidas sustitutivas, y 58 000 permanecen encarceladas.

A fines de agosto pasado, 1082 menores detenidos durante el régimen de excepción, 918 niños y 164 niñas, habían sido enviados a detención provisional, incluidos 21 con edades de que tenían 12 o 13 años, sobre la base de una ley de marzo de 2022 que disminuyó la edad de imputabilidad penal de 16 a 12 año.

La base de datos indica que 32 personas murieron bajo custodia, en su mayoría en los penales de Izalco y La Esperanza, también conocido como Mariona.

En noviembre, las autoridades salvadoreñas informaron que 90 personas detenidas habían fallecido desde marzo, “en circunstancias que las autoridades todavía no han investigado de forma adecuada”, señaló HRW.

Según sus datos, 39 000 personas fueron acusadas del delito de “agrupaciones ilícitas” y más de 8000 por ser miembros de una “organización terrorista”.

En comparación, “muchas menos personas habían sido acusadas de delitos violentos, como homicidio (148, es decir, menos de 0,3 % de los detenidos) o agresión sexual (303 personas, es decir, menos del 0,6 %)”.

HRW sostiene que “el derecho salvadoreño define ´organización terrorista´ de una forma amplia que no resulta compatible con los estándares internacionales”, lo cual “abre la puerta a detenciones arbitrarias de personas sin conexión relevante con las actividades de las pandillas”.

También indicó ya para el pasado agosto “más de 50 000 personas habían sido enviadas a detención provisional, elevando la población penitenciaria a más de 86 000 personas”, siendo que el sistema penitenciario tenía capacidad para 30 000.

La mayoría de los detenidos fueron enviados al penal Mariona, donde la población penitenciaria aumentó de 7600 a 33 000, y al penal de Izalco, donde este incremento pasó de 8500 a 23.300.

Según HRW y Cristosal, “en algunos casos los agentes se han negado a proporcionar información sobre el paradero de los detenidos a sus familiares, lo cual constituye desaparición forzada conforme al derecho internacional”.

“Este hallazgo respalda las conclusiones de nuestros informes sobre las violaciones masivas de derechos humanos y especialmente en medio de una ausencia de procesos de investigación y el cumplimiento de garantías judiciales”, dijo Noah Bullock, director ejecutivo de Cristosal.

Las autoridades “deberían reemplazar el régimen de excepción con una estrategia sostenible y respetuosa de los derechos humanos para abordar la violencia de pandillas y proteger a la población de los abusos que estas cometen”, según HRW.

Tal estrategia debería “abordar las causas estructurales de la violencia de las pandillas, como los niveles elevados de pobreza y exclusión social”.

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Fuente: ipsnoticas.net

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Argentina: Centro Ana Frank convoca a periodistas y medios a combatir discursos de odio y mensajes genocidas

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Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto (Proyecto IHRA): contra la distorsión, negación y banalización de la tragedia.

«Los discursos de odio construyeron el holocausto.
Todo comenzó con la palabra. La historia nos enseña, también, que así comenzaron otros genocidios y los terrorismos de Estado».

Es parte del mensaje que está difundiendo el Centro Ana Frank de Argentina para América Latina, el cual produjo dos materiales de uso y disponibilidad libre. Tratan sobre cómo manejar, administrar y combatir los discursos de odio y mensajes genocidas y/o antisemitas en Medios de Comunicación y Redes Sociales, y hay una convocatoria especial para periodistas y medios a seguir a guía para erradicar los discursos de odio.

La Guía hace referencia al legado de Ana Frank como «los aprendizajes que debemos extraer del holocausto como el hecho histórico de mayor dimensión y sistematización de matanzas masivas y exterminio de personas judías, discapacitados, homosexuales, opositores, la comunidad romaní o lo integrantes de los Testigos de Jehová -entre otras minorías-, por parte de los nazis y sus cómplices durante la Segunda Guerra Mundial«.

El documento también contiene contenidos y sugerencias para periodistas (redactores y editores) y el Manual incluye sugerencias para community managers, sobre cómo regular mensajes de odio en las redes sociales.

El documento alude en su prefacio a los principios que manejaba la manipulación propagandística de Goebbels, y que sigue operando desde diferentes perspectivas y tiempos. Estos principios se refieren a «la negación (desconocer la realidad histórica y sus consecuencias), la distorsión (reconocer aspectos y hechos, pero justificándolos, minimizándolos) y la banalización (del holocausto y otros genocidios), y funcionan transformando a la memoria de la tragedia y el sufrimiento del exterminio en algo intrascendente y menor».

Ambos materiales son resultado de los seminarios realizados en Bariloche, San Juan, Tucumán y Asunción del Paraguay en el año 2022.
Estas publicaciones fueron realizadas con el apoyo de los ministerios de Relaciones Exteriores, Justicia y Derechos Humanos y Educación, junto a la Defensoría del Público de la Nación, la Agencia Nacional de Noticias Télam, la Universidad Nacional de San Martín, el Museo del Holocausto de Buenos Aires y el Congreso Judío Latinoamericano.

Enlace para bajar las guías: @guiaymanual | Linktree

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Presidente Alberto Fernández construye agenda para relación estratégica entre la Unión Europea y la CELAC

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Alberto Fernández, presidente de Argentina, busca crear lazos de comercio con la Unión Europea

El presidente argentino se reunió con el titular del Consejo Europeo, Charles Michel, con el objetivo de alcanzar acuerdos en materias primas y energía

Por Diego Ruiz D.

El presidente de Argentina, Alberto Fernández, mantuvo hoy una reunión con el titular del Consejo Europeo, Charles Michel, con quien dialogó sobre la importancia de fortalecer los principales temas de la agenda bilateral y la relación estratégica entre la Unión Europea y la CELAC.

El mandatario coincidió con Michel en destacar la complementariedad entre ambas regiones y la importancia de continuar el trabajo impulsado en los últimos años para alcanzar nuevos acuerdos de entendimiento sobre materias primas y energía, cuya relevancia se tornó estratégica ante los desafíos que plantea el escenario mundial.

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En ese sentido resaltaron que América Latina se erige como una zona de paz y estabilidad, situación que permite afianzar la alianza como socios comerciales a largo plazo.

La Unión Europea es el tercer socio comercial de la Argentina y el principal inversor externo. Existe, además, una amplia agenda de cooperación en diversos campos que incluyen ciencia y tecnología, género, derechos humanos, educación, cultura, energía, digitalización y biotecnología, entre otros.

A fines de marzo de 2022, en su carácter de presidente pro tempore de la CELAC, Alberto Fernández sostuvo una videoconferencia con Michel con el objeto de reactivar el diálogo birregional entre ambos bloques y recuperar los espacios de trabajo al más alto nivel, a través del impulso de una comisión mixta.

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Estuvieron presentes en el encuentro, por Argentina, el ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Santiago Cafiero; y la jefa de Gabinete de la cartera, Luciana Tito; mientras que por la Unión Europea asistieron el embajador en Argentina, Amador Sánchez Rico; el jefe de Asuntos Exteriores, Simon Mordue; y el consejero de Asuntos Exteriores, Cibrán Fernández Silva.

 

 

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