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Mexico Violento

Manglares en riesgo por edificaciones, turismo masivo y cambio climático en el sureste de México

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Por Emilio Godoy

SINANCHÉ, México – Dos polos opuestos de desarrollo costero coexisten en la pequeña comunidad de San Crisanto, en el municipio de Sinanché, en el estado de Yucatán, al sureste de México.

En un lado está el bosque de manglar que el ejido ha conservado desde 1995. Protege el poblado de erosión costera, sostiene a las pesquerías locales y provee de empleos en el ecoturismo, además de que en este año genera ingresos de certificados por emisiones de carbono evitadas.

En el otro, se erigen dos polígonos para construcción inmobiliaria. Estas edificaciones en el área costera representan una de las mayores amenazas para estos ecosistemas en México y el mundo. Pero en San Crisanto el bosque permanece ileso.

“Afortunadamente, los manglares están bien. Estamos trabajando, gracias a eso, hay una mejor perspectiva en cuanto a los servicios ambientales (que ofrecen)”, aseguró José Loria, presidente de la no gubernamental Fundación San Crisanto. Esta organización supervisa los esfuerzos locales de cuidado y rehabilitación de manglares.

Pero en otras zonas de México las amenazas al manglar proliferan. Al mismo tiempo, la incertidumbre planea sobre los apoyos gubernamentales para la rehabilitación de los bosques costeros, y aún no está claro si los manglares pueden adaptarse al aumento del nivel del mar provocado por el calentamiento global.

Vista aérea de San Crisanto y su conservado manglar, en el estado de Yucatán, en el sureste de México. Además de atrapar y almacenar CO2, los manglares controlan la erosión costera, protegen contra huracanes y limpian el agua. Sin embargo, en Yucatán, como sucede en otros ecosistemas similares, enfrentan amenazas por la urbanización creciente, el turismo masivo y los efectos de la crisis climática. Foto: Juan Pablo Ampudia / IPS

Pérdida y restauración

Solo tres naciones –Australia, Brasil e Indonesia– cuentan con una mayor superficie de manglares que México, que tenía identificadas 905 086 hectáreas en 2020.

Estos frágiles ecosistemas juegan una función doble en la lucha contra la crisis climática. Por un lado, absorben y almacenan cantidades cuantiosas de carbono y, por el otro, protegen la costa de tormentas y la subida del mar.

Pero enfrentan amenazas por la construcción de granjas acuícolas y de vías de comunicación, la urbanización y el desarrollo de zonas turísticas. Las regulaciones dirigidas a proteger manglares y humedales en México no han frenado su arrasamiento.

“No se conoce el éxito de proyectos por la forma en que se ha hecho la restauración. Se hicieron por requerimientos de compensación (por daño ambiental), pero no había un objetivo de recuperar el ecosistema”. Claudia Teutli.

La deforestación de manglares ataca a tres estados en particular, según el gubernamental Sistema de Monitoreo de Manglares de México. En el norteño Sinaloa, la tala totalizó 5258 hectáreas entre 2015 y 2020, en el nororiental Baja California Sur sumó 1068 y en el occidental Nayarit, 247.

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Junto a la deforestación, las actividades humanas degradan grandes áreas de manglar. Mientras la superficie total de zonas perturbadas bajó de 18 332 hectáreas en 2015 a 9 680 en 2020, creció en los estados de Baja California Sur y el sureño Chiapas.

La reforestación de manglares perdidos es uno de los objetivos del Decenio de las Naciones Unidas para la Restauración de los Ecosistemas 2021-2030, lanzado en 2019. Pero México todavía no registra iniciativas de restauración en la base de datos de la ONU.

Ello aunque de hecho muchos proyectos están en marcha. Entre 2006 y 2020, por ejemplo, la gubernamental Comisión Nacional Forestal (Conafor) aprobó 74 emprendimientos de plantación de mangle para compensar deforestación en otros sitios.

Estas iniciativas sucedieron en 13 estados, cubrieron 11 479 hectáreas y costaron 200 millones de dólares, según cifras de Conafor. Nayarit albergó 21 proyectos y el suroriental estado de Veracruz, 18.

Adicionalmente, Conafor financió 11 trabajos de restauración en 2021. Sembraron 1,34 millones de semillas de manglar en 1048 hectáreas, a un costo de 2,52 millones de dólares.

Vacío informativo

Claudia Teutli, investigadora de manglares del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del estatal Instituto Politécnico Nacional, criticó varios aspectos de las políticas de manejo de estos ecosistemas en el país.

“No se conoce el éxito de proyectos por la forma en que se ha hecho la restauración. Se hicieron por requerimientos de compensación (por daño ambiental), pero no había un objetivo de recuperar el ecosistema”, explicó.

La académica consideró “desfasado” el sistema de monitoreo gubernamental y que la renovación requiere de mejores estrategias y conocimiento de los sitios dañados.

“Hay confusión entre restauración y reforestación. No sabemos qué se ha hecho y cómo. El éxito es más que la cantidad de árboles sembrados”, criticó.

Joanna Acosta, profesora de biología de la conservación de la estatal Universidad Autónoma del Carmen, en el suroriental estado de Campeche, coincidió con su colega.

“No sabemos dónde ha funcionado la restauración ni dónde ha fracasado. La cartografía gubernamental no aclara si están restaurados o no. Tenemos que aplicar estrategias de transparencia, pues no se debe intervenir en zonas ya conservadas”, dijo.

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La magnitud del desafío es enorme, pues Acosta calcula que México tendría al menos 235 000 hectáreas de manglares fuera de programas de preservación o manejo. A su juicio, el reconocimiento del valor de los manglares debe apoyar la formulación de políticas públicas.

“Los manglares son los más resilientes a la crisis climática, por eso hay que protegerlos. Es importante protegerlos y restaurarlos por su potencial de almacenamiento y secuestro de carbono, y porque al degradarse son fuentes de CO2 (dióxido de carbono)”, indicó.

¿Resistentes a la subida del mar?

La comunidad en San Crisanto se beneficia del nuevo entorno. Ya empezó la venta de compensaciones basadas en el carbono que almacenan sus 850 hectáreas de manglares.

San Crisanto es un ejido, una porción de tierra pública bajo posesión y manejo comunitario. Los manglares también generan ingresos por el Programa de Pago por Servicios Ambientales de Conafor. En 2022, San Crisanto recibe unos 53 dólares por hectárea para una superficie de 340 hectáreas.

El ejido, una figura común de tenencia colectiva de la tierra en México,  propone la creación de una red nacional de manglares y un sistema nacional de recursos costeros.

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“Hay que trabajar para construir la organización. Somos el punto de partida para ir corrigiendo procesos ambientales y generar resiliencia”, aseguró el ejidatario Loria.

A pesar de los éxitos de San Crisanto, Loria reconoció la existencia de problemas de erosión en la playa. Esto genera la pregunta sobre cómo los manglares mexicanos resistirán la elevación del nivel del mar en la medida en que el planeta se recalienta.

Algunos investigadores concluyen en que la subida del mar rebasará la tasa a la cual los manglares acumulan sedimentos en los próximos 30 años si el alza de temperatura prosigue a su tasa actual. Esto hundiría a los manglares.

Otros científicos, que trabajan en la península de Yucatán, en el sureste mexicano, vaticinan en cambio que este ecosistema variará en su capacidad para adaptarse al aumento del nivel del mar.

Teutli se ubica en el grupo optimista, al decir que en cuanto suba el nivel del mar, los sedimentos se acumularán y los árboles se mantendrán sobre la línea de agua.

Los manglares “se están adaptando a la inundación, antes pensábamos que no la resistían. Viene la tropicalización y eso va a ayudar a los manglares”, expuso.

***

Fotografía: Tala de mangles en Puerto Morelos, en el suroriental estado de Quintana Roo, en la península de Yucatán, una actividad prohibida por las leyes ambientales. En México, los manglares se enfrentan a amenazas como la urbanización, el desarrollo turístico y la construcción de granjas acuícolas. Foto: Emilio Godoy / IPS

Este artículo es parte de una serie de dos reportajes que se elaboraron con apoyo de la Earth Journalism Network de Internews.

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Mexico Violento

Defensores presentan denuncia colectiva a la 52º Asamblea de la OEA por tortura y prisión preventiva en cárceles mexicanas

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En la Asamblea de la OEA, la periodista guadalupe lizárraga y colectivos de derechos humanos entregaron una denuncia colectiva por violaciones a derechos humanos en cárceles mexicanas

Los Ángeles Press

En el marco de la 52º Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), realizada en Lima, Perú, defensores de los derechos humanos de personas privadas de libertad en México llevaron una denuncia colectiva por la tortura y tratos crueles e inhumanos en las cárceles mexicanas, así como el sustento jurídico internacional de la ilegalidad de la prisión preventiva y la figura del arraigo.

Con el acompañamiento de la organización Red Solidaria Década contra la Impunidad, AC, la periodista Guadalupe Lizárraga y los defensores Alejandro López Ponce de León, del Colectivo Dignidad y Derechos Humanos, y José Humbertus Pérez Espinoza, de Presunción de Inocencia y Derechos Humanos, AC, presentaron una queja colectiva de más de mil 500 internos en los diferentes Centros Federales de Readaptación Social y centros estatales.

Para saber más del tema: Presos de cárceles de Morelos denuncian autoridades penitenciarias por extorsión

El tema de la Asamblea General de la OEA es el de seguridad alimentaria de la región y la protección de los derechos humanos con el lema «juntos contra la desigualdad y la discriminación» y se desarrollará entre el 5 y el 7 de octubre en el Lima Convention Center, en la capital peruana, que por tercera vez será anfitrión de la cumbre, tras las ediciones de 1997 y 2010.

La Asamblea General, órgano principal de la OEA, reúne a las delegaciones de los estados miembro, como cada año desde 1971, para definir mecanismos, políticas y acciones para la región, además de decidir las autoridades al frente de organismos descentralizados.

La comitiva mexicana, por su parte, presenta por primera vez una denuncia colectiva a nivel internacional por las violaciones de derechos humanos en las cárceles y será recibida en audiencia con otros organismos de derechos humanos y autoridades miembros de la Asamblea.

No te pierdas: Desde la cárcel, líder indígena convoca a la Unidad de Coyomeapan, contra la represión en Puebla

El documento que encabeza la Red Solidaria Década contra la Impunidad señala como responsable al Estado mexicano de cometer actos de tortura de manera sistemática y generalizada a las personas privadas de libertad, así como la prohibición de alimentos, agua potable, el aislamiento, como medidas disciplinarias o de consigna, que son toleradas por los mismos jueces.

 

A continuación el documento parcial:

 

 

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Justicia pendiente

Juez niega amparo a exsecretario de Seguridad Pública de Tapachula acusado de tortura y abuso contra indígenas de Pavencul

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Los indígenas de pavencul, torturados por servidores públicos, obtuvieron un amparo contra ellos, en un caso que se denominó el lunes negro

Por Cinthya Alvarado Enríquez

TAPACHULA, Chiapas. El Juzgado Tercero de Distrito de Justicia Federal negó el amparo solicitado por Pedro Enock García Palazuelos Domínguez, ex secretario de Seguridad Pública y protección ciudadana, así como a Iván Inocente Morales Barrios, ex Jefe de la Policía municipal por su participación y coautoría en la tortura, detención ilegal y abusos de autoridad infligidos contra 42 campesinos indígenas de Pavencul y Toquian y de la periodista Cinthya Alvarado Enríquez, el 27 de enero se 2020, el llamado Lunes Negro.

Con esto, se reestablece de nueva cuenta el proceso penal conducido por la FEADLE (Fiscalía Especializada en Delitos contra la Libertad de Expresión) clamado por la periodista C.E.A.E., mismo que se encuentra en su etapa intermedia pero que ha tenido varios lapsus debido a la influencia de la actual presidente municipal Rosa Urbina Castañeda, quien en el tiempo en que sucedieron los hechos fungía como titular de la Sindicatura.

Para saber más del caso: Cómo el INM intentó fabricar delitos a una periodista: el caso de Cinthya Alvarado Enríquez

Así mismo Urbina Castañeda estuvo al frente de la querella a nombre del Ayuntamiento de Tapachula donde las víctimas fueron llevados ante la FGE (Fiscalía General del Estado) mediante abuso, imputados en carpeta de investigación y fabricándoles delitos, misma que ya quedó sobreseída por no haber elementos de cargo.

Cómo el INM intentó fabricar delitos a Cinthya Alvarado Enríquez

Cinthya Alvarado, en pleno conocimiento de sus derechos constitucionales y en su calidad de periodista, el 6 de enero grababa a miembros de la Guardia Nacional persiguiendo a mujeres migrantes para detenerlas en un parque público de Tapachula. Grupos de migrantes habían llegado al parque por la información que había trascendido de que se les estarían dando códigos QR para la regularización de su estancia por el país.  Mientras ella reportaba la situación, funcionarios del Instituto Nacional de Migración la increparon y le pidieron que se retirara, a lo que ella se negó.

No te pierdas: Alerta Temprana de Periodistas reporta presunta desaparición forzada de Cinthya Alvarado cubriendo temas de Migración

Uno de los funcionarios del INM citó un artículo del reglamento local que prohibía el libre tránsito a extranjeros, con total desconocimiento de la Constitución mexicana, la cual invocó la periodista por el artículo 1, de que la entrada de extranjeros por el solo hecho de estar en territorio mexicano alcanzarán el mismo derecho respeto y garantía de sus derechos humanos.

Por lo que ella decidió poner una denuncia ante la fiscalía del estado sobre los que estaba pasando y se hizo acompañar de los migrantes en su auto. Por lo que fue interceptada por autoridades federales y detenida de manera arbitraria.

Una información extraoficial llegó a la dirección de este medio, señalando que se le pretendía imputar el cargo de “tráfico de migrantes”, porque había subido a tres personas extranjeras a su auto particular, y que necesitaba un abogado urgente para que se amparara.

 

 

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Justicia pendiente

Grupo de la ONU pide garantizar seguridad de familias buscadoras de desaparecidos

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El Grupo de Trabajo de Desapariciones Forzadas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) pidió al Estado mexicano garantizar la seguridad de las familias buscadoras de personas desaparecidas en el país.

El organismo internacional alertó sobre estas medidas después del asesinato de Blanca Esmeralda Gallardo, quien buscaba a su hija desaparecida, Betzabé Alvarado, el pasado mes de enero de 2021.

El Grupo de la ONU condenó el asesinato de la madre buscadora y pidió que se investigue y sancione a los responsables, debido a que se trata de un delito que puede permanecer en la impunidad.

Blanca Esmeralda Gallardo fue asesinada ayer por la mañana cuando esperaba el transporte público en la lateral de la carretera México-Puebla, cerca de la unidad habitacional Villa Frontera, donde sujetos armados le dispararon en siete ocasiones y falleció en el lugar.

La víctima refirió que uno narcomenudista fue el responsable de la desaparición de su hija, por lo que diferentes organizaciones civiles han señalado que debe ser detenido ese individuo de forma inmediata por parte de las autoridades federales y estatales.

La ONU ha alertado sobre los elevados niveles de violencia que persisten en México, donde los familiares de las víctimas de delitos como la desaparición se encuentran en un grado mayor de vulnerabilidad, la cual no obtuvo respuesta por parte de las autoridades federales.

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