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Mexico Violento

Las historias de Ramsés Ancira para proteger a Eduardo Margolis, fuera de toda cordura

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Por Guadalupe Lizárraga

Hace unos cuantos años, cuando empecé a conocer las penurias de Ramsés Ancira por su propia voz, me conmovieron. Periodista sexagenario sin medio, recién salido de la cárcel por fraude procesal, batallando por los recursos, accidentes en su casa, dependencia casi total de los hijos… ¿cómo no tenderle la mano a un colega que pasa mala racha?

Después de algunos apoyos económicos, lo fui incorporando a Los Ángeles Press hasta que quedó acreditado como corresponsal de Palacio Nacional, con la expectativa de que fuera recuperando prestigio y el trabajo lo ayudara a mantenerse de pie, con un pago mensual de 12 mil pesos y algunos bonos. Es lo que podía pagar el medio por ir a la mañanera dos veces al mes y su columna semanal, más su apoyo en entrevistas en vivo en el canal de YouTube.

Sin embargo, la relación profesional y la amistad en ciernes fue interrumpida por la pérdida de confianza en su trabajo de quien esto escribe. Sus imparables calumnias contra personas que lo habían ayudado y contra víctimas de tortura tuvieron varios meses de tolerancia de mi parte. Pero sus mentiras cada vez más sorprendentes con una imaginación desbordada ponía a las víctimas de derechos humanos como si hubiesen merecido lo que el Estado criminal bajo la gestión de Felipe Calderón les había hecho. Fue cuando empecé a dudar de su cordura.

Lo primero que hice fue hablar con un amigo en común, que además de ser psiquiatra y psicoterapeuta, es impulsor del Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad, su nombre es Fernando Alejandro Valadez. Reconocido internacionalmente por su trayectoria en la lucha por los derechos humanos y específicamente contra la tortura. Le confié mi estupefacción ante las invenciones de Ramsés Ancira sobre Israel Vallarta Cisneros, de quien yo conocía de primera mano su protocolo de Estambul positivo en tortura, elaborado por los peritos Adrián Ramírez López y María Isabel Mazo Duarte, de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos y Colpaz.

El sufrimiento físico y psicológico de Vallarta causado por agentes del Estado no eran asunto menor, por lo que las burlas de Ramsés resultaban inaceptables, sobre todo cuando Israel era una víctima entre miles, de delitos de lesa humanidad; después, sus mentiras se dirigieron contra mi abogada Ivonne Carolina Flores Alcántara, a quien difamó de haber recibido dinero de Eduardo Margolis a cambio supuestamente de información. Mi abogada aclaró cada calumnia de Ramsés sobre su persona y demostró que ni siquiera conocía a Margolis. Y Ramsés jamás se disculpó con ella pese a haber recibido también su ayuda. Las palabras de Valadez cuando le conté lo que estaba pasando con mi excolaborador me quedaron grabadas, “Ramsés está enfermo mentalmente, el Colectivo le ofreció ayuda de manera gratuita después de la cárcel y hasta la fecha no ha querido atenderse”.

Yo había publicado un reportaje sobre el tráfico de influencias, espionaje político, torturas y detenciones ilegales de Eduardo Cuauhtémoc Margolis Sobol, en el que revelé sus contratos de seguridad privada con el gobierno de la Ciudad de México, en 2018 y 2019, a través de su empresa Epel, S.A. de C.V., de autos blindados para funcionarios públicos. En este trabajo de investigación, destaqué las tres intervenciones de tortura que tuvo Margolis, junto con Luis Cárdenas Palomino y otros once agentes, contra Israel Vallarta Cisneros, en diciembre de 2005, antes y después del montaje televisivo protagonizado por Carlos Loret de Mola y Pablo Reinah, quienes también intervinieron en la tortura.

Margolis igualmente fue señalado de las detenciones ilegales en contra de George Khoury Layón, culpable fabricado, relacionado con el falso secuestro y homicidio de Hugo Alberto Wallace Miranda, bajo tortura por Jacobo Tagle Dobin en 2010, y sentenciado en 2012 por el homicidio de Eduardo Salazar Bracamontes perpetrado en 2004. La jueza Hermelinda Silva, del Vigésimo Quinto en materia penal, en 2012, giró órdenes de aprehensión por esta causa (80/2012) en contra de Jacobo Tagle, César Freyre Morales y sentenció a George Khoury con las mismas declaraciones de Tagle obtenidas bajo tortura en las causas penales del fuero federal (el caso Wallace), sin estar relacionadas con los hechos dilucidados en este proceso judicial. Lo cual significa llanamente corrupción por consigna.

Pero antes de eso, Eduardo Margolis había ordenado la detención de George Khoury Layón –a todas luces ilegal–, utilizando sus relaciones de influencia con Genaro García Luna y Cárdenas Palomino, en tres ocasiones, el 16 de julio de 2005, el 30 de enero de 2006 y el 2 de septiembre de 2009. En ese último año, tras la detención fue torturado por el inspector de la Policía Federal Porfirio Sánchez Mendoza, y el suboficial Rolando Mayorga Cordero, el primero recién en prisión, y el segundo prófugo.

Desde 2005, estas víctimas de fabricación de culpables han sobrevivido a las torturas reiteradas y tratos crueles e inhumanos dentro de las prisiones de máxima seguridad en México y se les ha denigrado hasta el cansancio su dignidad y honor. Muy pocos periodistas y abogados hemos dado cuenta de las irregularidades de sus procesos, de la corrupción de los jueces, de la corrupción de otros periodistas que se han prestado por años a denigrarlos, y de todos ellos hemos dado nombres y apellidos, y hemos demostrado las fabricaciones mediáticas.

Ramsés Ancira, desde Los Ángeles Press, no ignoraba nada de esto. Conocía a detalle la situación de las víctimas, y cuando por mi instrucción la llegó a exponer en más de una ocasión ante el presidente López Obrador, omitía detalles, nombres de los victimarios, o circunstancia clave de los hechos. Así empezó mi desconfianza, seguida por sus calumnias directas primero contra Israel Vallarta, llamándolo “marica” y “homosexual”, primero en los chats privados de WhatsApp, después ya lo hacía público en su perfil de Twitter llamándolo además “secuestrador” y alegando que tenía “pruebas” de sus secuestros anteriores y metiendo a otros personajes turbios.

La situación de Israel Vallarta había cambiado desde abril de 2021 al exponerse el montaje y tortura en televisión hecho en 2005 en la conferencia matutina del presidente López Obrador. En ese momento, su principal victimario seguramente temía ser nombrado, y más aún que Israel fuese indultado por el titular del Ejecutivo, que era lo que correspondía en términos de justicia. Sin embargo, no fue así. La ex titular de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, se encargó de justificar la continua prisión para Vallarta por otras dos causas a las que estaba vinculado su proceso, muy al estilo de la jueza Hermelinda Silva.

Ahora, en marzo de 2022, las calumnias de Ramsés Ancira están dirigidas contra George Khoury Layón, también víctima del trío Margolis-Wallace-García Luna. Con mensajes en las redes bajo el membrete de la Nueva Unión de Periodistas Democráticos, una inexistente asociación, acusa sin ningún sustento a Khoury de haber ofrecido un millón de pesos por asesinar a Margolis, además de narcotráfico. La misma historia de 2005, pero aderezada con la imaginación Ancira, la pone bajo la entrevista al asesor jurídico de Khoury sobre su presunto torturador Porfirio Sánchez Mendoza cuando pide cambio de medida cautelar en su proceso.

Ramsés llegó a aceptar públicamente y por escrito que recibía dinero de Eduardo Margolis, los llamó “préstamos” y “ayudas”, y en su interacción por los chats dio tres cantidades, 2 mil pesos, 13 mil pesos y que le había completado 100 mil pesos de un premio de literatura. Ahora, en su mensaje del 21 de marzo, justifica a Margolis de ser el “jefe de seguridad de la comunidad judía en México”.

Si esto fuera cierto, Margolis estaría realizando funciones paralelas a las del Estado mexicano, ilegales a toda costa, por un lado; por otro, las imprecisiones de Ramsés rayan en el absurdo, sobre todo con una persona que ya fue absuelta de lo mismo que él la acusa en las redes, puesto que fue parte de la fabricación Margolis el que Cárdenas Palomino le sembrara droga y armas en su auto como logró probar la defensa a través de videos de cámaras de seguridad en una de sus detenciones. Adicionalmente, el restaurante en Polanco al que alude Ramsés no era el Doberman, sino el Cronic Garden, y la carta de la que habla es a la inversa, fue Margolis quien se la envió a Khoury Layón a prisión por medio de su íntimo amigo, el abogado Marcos Bergman; un último punto es la existencia de miembros de la comunidad judía que han acumulado denuncias penales contra Margolis precisamente por su vocación policiaca sin tener facultad para ello.

Independientemente de su religión, Margolis es un civil que sigue utilizando el tráfico de influencias y sus negocios en seguridad privada para perjudicar a otras personas incluyendo judíos. En el caso de Jacobo Tagle Dobin, por ejemplo, de su misma religión, Margolis dejó que Isabel Miranda Torres lo torturara, expropiaran la casa de su madre y mantuvieran en prisión injusta a su hermano Salomon, menor de edad en ese entonces. Todo esto con la tecnología de espionaje adquirida por el propio Margolis, como demuestran los correos electrónicos de la compra de softwares maliciosos expuestos por Wikileaks.

Pero Ramsés Ancira, también judío, intentó calumniar a Jacobo Tagle escribiendo en sus redes que había trabajado de carnicero y que tenía experiencia para “destazar”, en alusión a las declaraciones de Isabel Miranda con las que insiste en que su hijo fue destazado por sus inculpados, incluyendo a Jacobo. Cuando desmentí a Ramsés sobre sus calumnias a la víctima de Wallace, le aclaré que había sido comerciante, y compraba mercancía en el centro de la ciudad para su venta. Rápidamente, Ramsés modificó la historia y dijo: “más me das la razón, porque en Tepito abundan las bandas delincuenciales y el tráfico de armas en las que seguramente Jacobo estaba metido».

Es claro que a Ramsés Ancira ya no le importa la verdad ni seguir un código deontológico que lo sostenga como periodista, sino seguir cobrando a criminales como Margolis por servicios de desinformación en los casos en que está directamente involucrado.

Los dislates de Ramsés, ahora dirigidos contra George Khoury Layón, sobreviviente de tortura con sello de la tríada Margolis-Wallace-García Luna, secundan las calumnias de Anabel Hernández en su libro Los señores del narco, de 2010, en donde acusa a Khoury de ser secuestrador y narcotraficante, junto a las demás víctimas de Isabel Miranda, dando por veraz el caso Wallace.

Ramsés, fuera de toda cordura, regresa a las mismas tácticas del calderonato para fabricar culpables, bajo el mismo patrón de hostilidad, corrupción, desinformación, y odio propagado por los aliados de la maquinaria estatal que se enriquecieron del erario vendiendo miedo a la ciudadanía, cuando ellos eran parte del mismo cártel privilegiado.

 

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Internos del Cefereso #15, en huelga de alimentos por incumplimiento de autoridad penitenciaria a órdenes de Judicatura

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Por Guadalupe Lizárraga

Internos en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 15, en Comaltitlán, Chiapas, harán una huelga pacífica en la que se abstendrán de comer y de realizar actividades en protesta contra el incumplimiento de la directora general Ericka Adriana Tenopala Chaussee ante las controversias judiciales ganadas por los internos.

La huelga en la prisión iniciará el lunes 4 de julio por la mañana hasta que sean atendidas sus demandas y se restituya el trato digno. Entre las principales exigencias, además del cumplimiento de sus controversias, denuncian la falta de atención médica, espacios de visita insalubres, negativa de acceso a amistades en zonas de visita familiar, alimentos en descomposición y pésima calidad, así como el maltrato sistemático por los agentes de seguridad y custodia.

En un comunicado a este medio, los internos señalaron que “con esta directora, el centro se fue en declive”, y el 2 de marzo de este año, a través de un amparo colectivo otorgado a 197 internos, el Consejo de la Judicatura de la Federación le ordenó la suspensión de plano para que cesen de inmediato -“bajo la más estricta responsabilidad” de las autoridades penitenciarias- los actos de tortura, tortura psicológica, coacción, aislamiento, segregación y golpes al solicitar atención médica, u otro pedimento que por derecho constitucional tienen los internos.

Por lo que con esta huelga, los internos quieren poner de manifiesto ante el Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, así como a la Secretaría de Gobernación y la Subsecretaría de Derechos Humanos, y al presidente de la república, que la directora general del cefereso número 15, Ericka Adriana Tenopala Chausse, está cometiendo actos alevosos y premeditados en contra de los internos e incumpliendo las órdenes de la Judicatura. Sus peticiones:

-Dé cumplimiento a todas las controversias que se ganaron, ya que esta servidora pública no cumplimiento a ningún ordenamiento judicial.

-Que se suspenda el maltrato, la tortura y tratos crueles e inhumanos de todo tipo, como lo indica la suspensión de plano de la Judicatura.

-Que se nos dé atención médica.

-Que los alimentos estén en buen estado, sean porciones normales de acuerdo con los reglamentos penitenciarios.

-Que resuelva la falta de oficiales en cada módulo, ya que como no hay personal nos dejan afuera de la celda y tenemos que hacer nuestras necesidades fisiológicas en las regaderas del comedor.

-Que nos entreguen la correspondencia en tiempo y forma, y se envíe de la misma manera la correspondencia a nuestros familiares.

-Que nos den actividades físicas y laborales orientadas a la salud psicológica y física de los internos.

-Que los familiares nos depositen para la tienda sin tantos requisitos que nos obstaculizan el acceso al recurso.

-Que el área técnica haga reclasificaciones en todos los módulos porque nos están juntando procesados y sentenciados, y gente del fuero común y federal. Lo que genera conflictos y extorsiones entre los internos.

-Que nos respeten nuestro derecho constitucional a la información a través de noticieros nacionales.

-Que haya variedad y calidad en los productos de la tienda.

-Que haya higiene en la sala de visitas familiares, en los módulos de locutorios y pasillos.

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Fiscalía de Michoacán localiza 22 cadáveres en fosa clandestina

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La Fiscalía General de Justicia del Estado de Michoacán informó que fueron localizados 22 cuerpos humanos en una fosa clandestina ubicada en el municipio de Villamar, Michoacán, que podrían pertenecer a integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) asesinados por el grupo criminal “Los Pájaros de la Sierra”.

De acuerdo con la fiscalía estatal, esta fosa clandestina fue hallada desde el pasado 19 de marzo en un terreno de la comunidad de “Los Negritos” que colinda con una presa, donde recientemente las autoridades federales y estatales localizaron dos osamentas humanas más para un total de 22 cuerpos recuperados.

Las autoridades estatales refirieron que estos cuerpos corresponden en su totalidad a varones, quienes formarían parte del CJNG, y habrían sido abatidos por el grupo criminal que controla la región, aunque hasta el momento no han sido identificados.

En total de los 22 cuerpos recuperados, 17 corresponden a varones y cinco mujeres, por lo que continúan con las labores de peritajes forenses para conocer la identidad de los asesinados, por lo que esta zona es acordonada por elementos de la Guardia Nacional que se encarga del resguardo del sitio.

Michoacán es uno de los estados más afectados por la violencia ocasionada por la disputa de los diferentes grupos delictivos dedicados al tráfico de drogas, por lo que las bandas escindidas de la Familia Michoacana buscan retomar el control del estado, mientras que el CJNG pretende apoderarse del mismo.

Aunque el gobierno federal se comprometió a reforzar la seguridad en la entidad, hasta el momento los niveles de inseguridad en ese estado no han disminuido, por lo que persiste el riesgo de nuevas agresiones entre las organizaciones delictivas que pretenden controlar el trasiego de estupefacientes.

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Colectivo Artículo 20 denuncia muerte de internas con enfermedades terminales tras su traslado arbitrario al Cefereso #16

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Los Ángeles Press

Familiar de una interna enferma de cáncer, en el Centro de Rehabilitación Social de Acapulco, Guerrero, denunció el fallecimiento tras su traslado arbitrario al Centro Federal número 16, en Coatlán del Río, Morelos. Según el testimonio dado al colectivo de derechos humanos Artículo 20, la interna de nombre Guadalupe Merino Sánchez, «iba estable» pero se le suspendió su tratamiento. Se trata de la tercera muerte tras el traslado arbitrario al mismo penal federal.

“La dejaron morir, yo tengo todos los audios grabados dónde mi mamá me decía que no le daban de comer y tampoco le daban la atención médica”, señaló en su testimonio la hija de la interna. Reiteró que nunca le dieron un medicamento, ni por humanidad, siendo una enferma en fase terminal, pero que además le piden 10 mil pesos (530 dólares) para el traslado del cuerpo nuevamente a Acapulco.

Durante los últimos cinco meses, se han realizado al menos unos 500 traslados de los centros estatales al CEFERESO número 16, de Morelos, sin justificación, ya que la mayoría de las internas son del fuero común, señala la organización Artículo 20.

El centro federal femenil, de acuerdo con la denuncia, se trata de un penal concesionado a una empresa privada presuntamente por el grupo Carso, del que es dueño el empresario Carlos Slim, y que en entrevista para Los Ángeles Press, las activistas de los derechos humanos de las internas en el movimiento «Ola Beige» habían denunciado una serie de irregularidades que iban desde el maltrato hasta la falta de atención médica.

El traslado masivo de mujeres y hombres en reclusión, con procesos judiciales del fuero común a penales federales, “es una violación de derechos humanos al alejarlos de sus familias a cientos de kilómetros, como pasó con las reclusas del puerto de Acapulco, del Cereso de Las Cruces”, apuntó la denunciante de Artículo 20.

Los familiares de las internas con traslados arbitrarios se han organizado en diversas protestas para exigir el retorno de sus familiares, sobre todo porque implicó que personas con enfermedades terminales, interrumpieran su tratamiento, lo que derivó en la muerte antes de tiempo.

También se enfatizó que la falta de atención médica en el Cefereso 16 se debe a la fata de personal, ya que sólo hay dos médicos para 1200 reclusas, además de que la comida es escasa y falta agua potable, les limitaron las llamadas telefónicas y la entrada de suministros.

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