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Mexico Violento

La paz sangrienta que viene a México

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En Tras bambalinas, jorge octavio Ochoa plantea el panorama sangriento que puede venir para México

TRAS BAMBALINAS

Por Jorge Octavio Ochoa

Otro sensible cambio de opinión en el discurso. Pero ahora con una advertencia al “pueblo bueno” que protege a criminales en Tierra Caliente: “eso no debe hacerse”.

Finalmente, el presidente López Obrador admite que el crimen tiene “bases sociales” en las comunidades, lo cual ha impedido la intervención de las Fuerzas Armadas en zonas donde los pueblos han sido despojados de sus tierras y sus viviendas.

Este argumento nunca lo habría usado en campaña como candidato, pero la situación ha llegado a tal nivel de descomposición política y social, que adquiere carácter de emergencia por la metástasis que ha generado el crimen organizado.

Ahora, el mensaje pareciera ser: “¿Querían resultados? Pues ahí les va el Ejército, ya verán”. Viene el contraataque. ¿Será una paz sangrienta, de ajusticiamiento?

Para leer más sobre el autor: Los demonios sueltos en Palacio Nacional

La última revelación, surgida por el robo de 35 millones de documentos a la Secretaría de la Defensa, es la cereza de un terrorífico pastel que reventó con la reciente masacre en San Miguel Totolapan, Guerrero.

Ahí, los propios criminales se encargaron de “transparentar” los hechos y pusieron en carne viva las mafiosas relaciones entre altos personajes de la política como el senador Félix Salgado Macedonio y su hija, la gobernadora, con caciques y matones

Hay una guerra entre grupos criminales, pero uno de los bandos tiene el apoyo de gobiernos estatales, municipales y del mismísimo gobierno federal, directa o indirectamente.

Tiene razón AMLO cuando dice: “esto viene de años atrás”, pero la parábola en el discurso es que ellos han sido parte de la descomposición y las componendas, desde el momento en que vemos a delincuentes convertidos en políticos.

En 1995 fueron masacrados 17 campesinos en Aguas Blancas y eso le costó la gubernatura a Rubén Figueroa. La brutal masacre de 20 personas el pasado 5 de octubre, en San Miguel Totolapan, Guerrero, parece ya no conmovernos.

Ahora, incluso trasciende la mescolanza entre la clase política y los capos del crimen organizado, pero no ocurre nada. El más mortal de los silencios viene precisamente, de las altas esferas del poder.

Lee más: Fantasmas en Palacio

El jueves 6 de octubre, el presidente de la república lanzó un reproche velado, no sólo a los jueces que retrasan órdenes ejecutivas, sino también a los pobladores de esa región, que rechazaron la entrada del Ejército.

“…yo les comentaba que hace como un mes, se negaron órdenes de cateo, un juez, y ya cuando se autorizaron, ya no se encontró nada, al contrario, hubo resistencias de ciertos grupos de pobladores a la presencia del Ejército…”. 

Ese mismo día, en algunos medios de comunicación, trascendió un video, de José Alfredo Hurtado Olascoaga, “El Fresa”, en el que informó que él y su grupo mataron a los más de 40 sicarios que masacraron a 20 personas en Totolapan.

Es decir, la Ley del Talión. Consumó una venganza en eso que el propio Hurtado Olascoaga llamó “la guerra”, iniciada por Los Tequileros que iban por él y mataron al presidente municipal y a su padre, fundador de un grupo que los combatió.

Hubo armas de alto poder. De oficio, debe intervenir la Federación, pero el Presidente de la República anunció que dejaría todo en manos de la Fiscalía del Estado, como si la gobernadora y su papá fueran garantía de algo.

¿Por qué esa displicencia? Suena extraño ese deslinde cuando en las redes sociales pululan video-reportajes que desgranan la relación entre José Alfredo Hurtado Olascoaga y Celeste Mora Eguiluz, supuesta pareja sentimental

Ella es diputada local, estudia economía en la UAM, integra el Comité Estatal de Morena como secretaria de Formación Política. Fue propuesta para el cargo, por el senador Félix Salgado Macedonio y su hija, Evelyn Salgado, la actual gobernadora de Guerrero.

 

Su familia ha mantenido un cacicazgo en Tlalchapa y, a raíz de la difusión del video de José Alfredo, se viralizó una foto en la que Celeste Mora aparece con el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.

Aun así, el pasado jueves, pese a la brutal masacre de 20 personas, López Obrador descartó reforzar la seguridad en San Miguel Totolapan porque, dijo, en la zona trabajan autoridades estatales de seguridad pública y de la procuraduría.

¿Se dio por satisfecho con el exterminio llevado a cabo por José Alfredo Hurtado?

Pero lo peor viene con la reciente publicación de documentos hackeados a la Secretaría de la Defensa, que revelan la venta de armamento a bandas del crimen organizado desde el Campo Militar número 1 y el 8º Regimiento en Almoloya.

¡No sólo vendieron granadas, millares de municiones para fusil AK-47, cinco millares para R-15 y cargadores! ¡También negociaban contratos para la compra de camiones recolectores de basura!

Para entender más del tema: Hackeo a SEDENA: lo que se sabe de la salud de López Obrador y el grupo de hackers ‘Guacamaya’

Uno de los líderes delictivos tenía interés “por el manejo de recursos públicos” del municipio de Tejupilco. Y todo esto ocurrió ya dentro del actual régimen de la 4T, cuando también se sabe que el FBI y DEA plantean intervenir en Zacatecas.

La salud del presidente de la República pasa a segundo plano ante la gravedad y profundidad de estas evidencias. ¿Se ha entronizado un narco Estado policiaco-militar donde sólo una parte de las bandas criminales será exterminada?

¿Es con la ayuda de esas “bases sociales” de las que habla López Obrador, como se pretende implantar en México una paz narca y sangrienta? Conste que sólo son preguntas.

 

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Defensa de César Duarte pide cambio de medida cautelar a juez por deterioro de salud

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César Duarte juicio

 

La defensa del exgobernador de Chihuahua César Duarte Jáquez, quien se encuentra en prisión preventiva desde hace casi tres años, pidió ampliar la audiencia intermedia, la cual se difirió para el 3 de abril. Sin embargo, debido al estado de su salud su defensa solicitó el cambio de su medida cautelar.

El abogado del exgobernador pidió al juez que se le cambie la medida cautelar ya sea por brazalete en libertad o por arraigo domiciliario, debido a una incipiente parálisis que está teniendo su cuerpo por la falta de atención especializada y terapias tras una intervención quirúrgica de vértebras.

El proceso de César Duarte Jáquez tenía 22 carpetas de investigación, federales y estatales, bajo cargos de peculado, enriquecimiento ilícito y desvío de fondos públicos por 96 millones de pesos. Lleva dos años y siete meses en prisión preventiva, desde su detención el 8 de julio de 2020 en la ciudad de Miami, Florida, donde estuvo un año y diez meses.

A través de un juez de Nuevo México se aceptó su extradición a México, el 2 de junio de 2022 y sujeto a proceso por la causa penal 3014/2019. En la audiencia intermedia, el juez de control depurará las pruebas aportadas por la defensa y la fiscalía, y decidirá cuales tomará en cuenta para dar paso a la siguiente etapa del proceso penal, lo que sería el debate del juicio oral.

Actualmente se encuentra interno en el Centro de Readaptación Social de Aquiles Serdán, en la ciudad de Chihuahua, en una celda regular, con una cama ortopédica por la dificultad para su movilidad física.

Leer más: Juez vincula a proceso a César Duarte por asociación delictuosa y peculado –

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Justicia pendiente

Presos del Cefereso 4, de Tepic, denuncian tortura de autoridades penitenciarias

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Jazmín Borboa Ochoa, una de las directoras de penales federales con más denuncias por tortura y otras violaciones de derechos humanos

Por Ignacio García

Los presos del Centro Federal de Reinserción Social (Cefereso) #4, de Tepic, Nayarit, Jorge Manuel Ruíz, Jorge Rivas Félix y Óscar Enrique Rodarte Márquez, denunciaron ante la Fiscalía General de la República (FGR) que han sido víctimas de tortura, malos tratos, discriminación y humillaciones por parte de las autoridades penitenciarias dirigidas por la directora Jazmín Borboa Ochoa.

Por medio de una misiva enviada a la fiscalía federal, los internos refirieron que han sido víctimas de agresiones constantes por parte de las autoridades del centro penitenciario en reiteradas ocasiones, lo que ha generado diferentes problemas físicos y de salud a la población del penal.

Recordaron que el pasado 27 de octubre dos internos fueron golpeados de forma violenta por los guardias, pero no hubo intervención de las autoridades federales, debido a que presuntamente se les realizaría el protocolo de Estambul, aunque hasta el momento no han recibido respuesta de su solicitud.

Por si te lo perdiste: En libertad, tras 22 años de prisión con calidad de víctima del Estado por torturas y malos tratos

 

Por ello, solicitaron la intervención de la FGR, debido a que aseguraron que la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nayarit está coludida con las autoridades penitenciarias, razón por la cual no atiende las denuncias de los presos del penal federal.

Acusaron a la directora del Cefereso de Tepic, Jazmín Borbón Ochoa, de provocar una serie de afectaciones contra los internos de forma permanente, por lo cual aseveraron que existen pruebas documentales que confirman estas agresiones. 

Asimismo, pidieron que las autoridades penitenciarias sean procesadas por los delitos de tortura, abuso de autoridad y violaciones graves a los derechos humanos, así como la renuncia inmediata de la directora del penal federal, a quien responsabilizaron de esos actos.

Entérate: Voluntariado de familias de presos en Ceferesos lanzan campaña de salud por falta de atención médica del Estado

También demandaron la intervención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para que investigue todas las irregularidades cometidas de forma sistemática contra los internos del penal federal que han padecido lesiones por los golpes causados por los guardias, así como las vejaciones que han sido víctimas.

Además, demandaron que se abra una carpeta de investigación federal por estos delitos y de sancione a estos servidores públicos para que tampoco puedan ejercer ningún cargo en la administración pública federal.

Jazmín Borbón Ochoa ha sido una de las directoras de penales con más denuncias por violaciones de derechos humanos, no sólo en Nayarit, sino en los diferentes penales en los que ha estado al frente, incluyendo Oaxaca y Estado de México.

Primera página de la denuncia.

Documento completo.

DENUNCIANAYARIT-_1_

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Mexico Violento

Freno al Acuerdo de Escazú en México incrementa riesgo a defensores del medio ambiente

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Acuerdo de Escazú

 

Por Emilio Godoy

En 2021 se registraron 200 asesinatos de ambientalistas en todo el mundo, con una ligera disminución de los 227 del año previo, según estadísticas de un informe al respecto de la no gubernamental Global Witness, con sede en Londres. Los ataques están relacionados con la oposición a la explotación forestal, minería, agroindustria a gran escala y represas, y más de 40 % de los ataques tuvieron como objetivo a indígenas.

América Latina encabezó esos crímenes, al ser el escenario de 157 de ellos, con una disminución discreta ante los 165 del año anterior, de los cuales México encabezó la lista mortal, con 54 casos, frente a 30 de 2020. Le siguió Colombia pese a la caída de casos: 33 frente a 65, Brasil (26 frente a 20), Honduras (ocho frente a 17) y Nicaragua (13 frente a 12).

El Acuerdo de Escazú es una herramienta judicial para mitigar los peligros a los defensores del medio ambiente. Sin embargo, se encuentra en espera de litigio en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) frenado por el gobierno mexicano, por medio del decreto de noviembre de 2021 mediante el cual el presidente Andrés Manuel López Obrador declaró sus megaproyectos “obras prioritarias de seguridad nacional”, con lo que garantiza autorizaciones provisionales, en contravención del tratado.

“Hasta ahora, el Acuerdo de Escazú se ha quedado únicamente en letra, así es la historia de muchas leyes en México. Es evidente lo que ha pasado con las violencias que las personas defensoras han vivido”: Alejandra Jiménez, de la Coordinadora Regional de Acción Solidaria en Defensa del Territorio Huasteca-Totonacapan (Corason), que trabaja con las comunidades indígenas.

Conoce más: El Acuerdo de Escazú para el acceso a la justicia ambiental amenazado por megaproyectos de AMLO

 

En México hay actualmente unos 600 conflictos ambientales, según estimaciones de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y que el gobierno sigue sin finiquitar.

El caso más reciente es el de la desaparición el 15 de enero del abogado Ricardo Lagunes y el defensor indígena Antonio Díaz, opositor de la explotación minera en el occidental estado de Michoacán, cuyo esclarecimiento urgente ha reclamado días después el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Fuente: Global Witness.

Qué es el Acuerdo de Escazú

Adoptado en Escazú, Costa Rica, el 4 de marzo de 2018, el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe tiene como objetivo garantizar los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales.

Se enfoca también en el acceso a la justicia en asuntos ambientales, así como el fortalecimiento de las capacidades y la cooperación con las comunidades.

A un año de su vigencia, el Acuerdo de Escazú enfrenta retos mayúsculos, en especial en países como Brasil, Colombia, Guatemala, Honduras, México y Nicaragua y donde los defensores enfrentan particulares riesgos.

Para Olimpia Castillo, coordinadora de la no gubernamental Comunicación y Educación Ambiental, el contexto arroja una luz de alerta.

“Es un round muy interesante, porque el artículo 10, del Acuerdo de Escazú, hace referencia a resaltar la participación de las organizaciones. Se podría contravenir ese artículo. Significaría una limitación muy grande. Son cosas que como país vamos a tener que enfrentar”, dijo la activista, quien participó en la negociación del acuerdo como parte de la sociedad civil.

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