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La guerra mediática tras la masacre de Empalme

La guerra de los cárteles en los medios de comunicación y redes sociales, a propósito del caso Empalme

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SEGUNDA Y ÚLTIMA PARTE

Por Guadalupe Lizárraga

EMPALME, Sonora.- El incendio de casas y autos con familias en su interior ha sido una forma de ataque recientemente utilizada por algunos cárteles en México, entre éstos, ha sido señalado el grupo La Línea, asociado al Cártel de Juárez, y el Cártel Jalisco Nueva Generación que ha cobrado fuerza por su escala de violencia en la región norte y noroeste del país. El 10 de septiembre de 2019, el terror envolvió a Empalme, Sonora, después de que seis sicarios incendiaron la casa de José de Jesús Luna Franco, de 27 años, con su familia adentro, sus hijos de 7 y 2 años, su esposa, de 31, y un hermano, de 25, como represalia por negarse a participar en el trasiego de “cristal”.

No obstante, una decena de medios informativos basados en los Estados Unidos, sin mayor investigación, adjudicaron de entrada el ataque al Cártel de Sinaloa, y a Joaquín El Chapo Guzmán. Incluso, usaron la misma redacción, evidenciando que se trataba de un boletín circulado a los medios. Un par de medios más, relacionaron la masacre con “Los Salazar”, sin especificar nombres, pero referenciándolos como “grupo delictivo” a Adán Salazar Zamorano y Jesús Alfredo Salazar Ramírez, quienes se encuentran en el penal de Puente Grande, Jalisco, y El Altiplano, Estado de México, desde hace ocho y siete años, respectivamente, acusados de delincuencia organizada por un testigo protegido de la SEIDO, y pagando condena sin sentencia.

El periodista Luis Cardona, a menos de 24 horas de la masacre de la familia Lebaron –perpetrada el 4 de noviembre con el mismo modus operandi de la familia de Empalme–, se presentó a la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador y señaló que Los Salazar podrían ser los responsables del caso LeBaron, porque –afirmó–“estos caminos son utilizados comúnmente por Los Salazar”, y señaló que allí él había sido secuestrado. Sin embargo, el presidente López Obrador tuvo que pedirle que evitara conjeturas porque apenas se estaban investigando los hechos.

Desde mediados de septiembre, días después de la masacre de Empalme, los responsables habían sido identificados y denunciados directamente por sus víctimas. Perla Verónica Viera y Cristian Abel Luna Franco, esposa y hermano de José de Jesús, y al igual que él, identificaron con fotografías, descripciones de las características físicas y nombres completos de los seis agresores, en sus declaraciones ministeriales, afirmando que cuatro de ellos habían perpetrado los hechos y dos esperaban en las camionetas estacionadas frente a la casa, pero quien había dado la orden de quemar a la familia había sido Jesús Hernández Esquivel (a) El Oliver, de La Mafia de Empalme que apoya el Cártel Jalisco Nueva Generación.

Los demás agresores fueron Damián Díaz Romero (a) El Flaco, José Ignacio Ruiz Cortez (a) El Mojarras, Alejandro Ballesteros Patiño (a) El Cano Ballesteros, Juan Carlos Real Nieblas (a) El Mocho, y Jorge Enrique Cuesta Grajeda (a) El Caballo. Éste último, acribillado dentro de su auto, veinticinco días después de la masacre de la familia Luna, el 3 de octubre, en la colonia Centro, de Guaymas, Sonora. Los mismos pobladores lo señalaron de haber sido parte de la célula del Cártel Jalisco Nueva Generación que opera en la región del Valle de Guaymas y Empalme, bajo las órdenes de quien es identificado como “Tony Navidad”, primo hermano de Sajid Emilio Quintero Navidad (a) El Cadete, extraditado en Estados Unidos, y primo de Rafael Caro Quintero.

La Agencia Ministerial de Investigación Criminal, con base operativa en Hermosillo, giró las órdenes de aprehensión para los seis agresores directos de la familia Luna, bajo la causa penal 2398/2019, y el expediente NUC: SON/GUA/FGE/2019/110/48466. Sin embargo, la única orden de aprehensión cumplimentada ha sido la de Damián Díaz Romero, quien fue detenido en la vía pública, en la colonia Centenario, de Hermosillo, Sonora, el 24 de octubre. En el caso de Jorge Enrique Cuesta Grajeda, se canceló su orden por fallecimiento el 3 de octubre, según el acta de defunción presentada a la fiscalía. Alejandro Ballesteros fue balaceado el 18 de diciembre, y murió el 20, de acuerdo con la información que ha trascendido en las diferentes páginas de Facebook utilizadas para dar la nota roja de Sonora. El resto de los imputados aún se encuentra en libertad.

La narco-red detrás de la masacre de Empalme

El día que incendiaron la casa de José de Jesús Luna, con su familia adentro, hubo patrullas con policías municipales que solo pasaron por enfrente de la casa, según el testimonio de vecinos y de uno de los familiares de José de Jesús, que a distancia observaba aterrado el siniestro. Llegaron también dos patrullas de la Policía estatal, hicieron preguntas a los vecinos y se retiraron del lugar sin mayor gestión.

En la página de Facebook de la Fiscalía General del Estado de Sonora, donde reportan regularmente los delitos de la entidad, la mayoría por robo y homicidio, no reportaron el siniestro hasta el día siguiente, 11 de septiembre, que falleció el hijo de José de Jesús Luna, el niño Dayron, de 7 años, por las quemaduras de segundo y tercer grado, en el noventa por ciento de su cuerpo. La muerte del niño fue anunciada por un escueto boletín de la fiscalía, sin dar los pormenores de los hechos ni mencionaron a los responsables denunciados por las víctimas directas. 

Para el 15 de septiembre, José de Jesús Luna, aún convaleciente de heridas de bala, puso la denuncia de hechos ante la FGE, por daño físico y psicológico, dando los nombres de los seis victimarios que prendieron su casa. Su hermano y su esposa, pese a la gravedad de las quemaduras de segundo y tercer grado, hicieron lo mismo. Sin embargo, la Fiscalía General del Estado de Sonora no difundió ningún boletín oficial de búsqueda o para recibir información sobre los agresores, pese a las órdenes de aprehensión que ya se habían girado “en concurso real de delitos”.

En la página de Facebook Sonora Violento y en una serie de sitios digitales, desde el 27 de octubre, señalaron incluso a quienes presumen tener el poder de la plaza de Empalme y Guaymas para la venta de droga. Como “encargado” se señaló a Francisco Javier Camacho Espinoza, conocido como El Fino o El Pisipi, y circuló que aparte de recibir órdenes del mencionado Tony Navidad, los jefes que movían la red eran Alfredo Olivas Valenzuela –padre del cantautor de narco-corridos, Alfredo Olivas– y de Juan Pablo Quintero Navidad, hermano de Sajid Emilio Quintero.

Los antecedentes de Sajid Emilio

En octubre de 2017, la Fiscalía de los Estados Unidos informó del arresto de Sajid Emilio Quintero. Para enero de 2018, Sajid se declaró culpable de cargos de narcotráfico en una corte federal de San Diego, California. Confesó ante el tribunal que había coordinado el tráfico de cientos de kilos de droga de Guatemala y Bolivia –a través de México– hacia los Estados Unidos y había blanqueado millones de dólares en ganancias ilícitas como jefe de la plaza en Sonora (México) para el Cártel de los Beltrán Leyva.

El Departamento del Tesoro, desde el 27 de agosto de 2014, había anunciado que Quintero Navidad era responsable de controlar las rutas más importantes de la región para el trasiego de toneladas de cocaína y de una serie de asesinatos, secuestros y robo de combustible en 2012, en Hermosillo, Agua Prieta y Nogales. En el comunicado público, el Departamento del Tesoro también señaló que –de acuerdo con la Ley Kingpin (Designation Foreing Narcotics Kingpin Act) se designaba la prohibición a estadounidenses de realizar transacciones financieras y comerciales con Quintero Navidad, y se congelaría cualquier activo que se tuviera en territorio estadounidense.

La guerra en los medios

Medios de ambos lados de la frontera entre Estados Unidos y México desviaron la información sobre los responsables de la masacre de Empalme, pese a las declaraciones ministeriales de las víctimas directas. El Imparcial (Hermosillo), Infobae (portal argentino) e incluso la revista Proceso señalaron con insistencia que “los incendios de casas con familias adentro eran un modus operandi de Los Salazar”, que se trataba de una fracción del Cártel de Sinaloa, disputando la frontera de Sonora con Chihuahua al grupo delictivo La Línea, brazo ejecutor del Cártel de Juárez. La revista Proceso, incluso, también vinculó a Los Salazar con la masacre de los LeBaron, y sustentó su señalamiento en que era información dada por “Inteligencia de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSP), sin presentar sustento de lo dicho.

Este medio consultó con una fuente confidencial de Inteligencia, a quien se le pidió corroborar esta información, y sólo respondió: “No operan de esa manera”, y dijo que no podía decir más al respecto. José de Jesús Luna, la víctima del siniestro de Empalme, por su parte, reiteró a Los Ángeles Press, que se trataba del Cártel Jalisco Nueva Generación: “trae a jóvenes entre 15 y 25 años, alterados, todos drogados, con armas y en camionetas pick up. Cuando me estaban golpeando afuera de mi casa, yo vi los bidones de gasolina en una de las camionetas, pero nunca me imaginé lo que iban a hacer con ellos”.

Luna Franco también afirmó, que sabía perfectamente la identidad de uno de los sicarios que prendieron su casa, porque había sido su compañero de la escuela primaria, y andaba tras de él para que se incorporara a “La Mafia”, que ahora traía el apoyo del CJNG, de acuerdo con la misma información que el sicario le había dado. A Damián Díaz Romero, el único preso de los cuatro agresores que quedan vivos, dijo no conocerlo, “sólo lo había visto un par de veces acompañando al Oliver”. Abundó que esta información la declaró ante el Ministerio Público, en Sonora, tal como quedó asentado en el expediente judicial. Sin embargo, él y el resto de su familia siguieron recibiendo amenazas, mientras los medios publicaban que los sicarios lo tenían secuestrado, y supuestamente no se sabía nada de él, por lo que decidió hacer pública su denuncia y pedir ayuda al presidente de la república López Obrador.

La distorsión informativa en las redes

Entre los medios de Estados Unidos e Inglaterra que dieron la información falsa respecto a los responsables del siniestro de Empalme destacaron Dailymail.com, Konniemoments.com, y el El Diario de Nueva York; incluso desde estos medios se replicó en Inglaterra. Pero en las redes sociales, trascendió un video hecho por la señora Esmeralda Medrano Meza, de 38 años, originaria de Empalme, en la que afirma que “fue obligada a trabajar en la logística para el Cártel de los Salazar”, que pudo escapar, y decidió hacer el video, para denunciar la red de Los Salazar porque dijo que la tenían amenazada. El video lo hizo un par de días después del incendio de la casa de José de Jesús, a quien señaló de ser parte de los distribuidores de la droga de Empalme.

“Soy la encargada de la logística para la venta de droga de todo Empalme, junto con Sechua Carrillo”, inicia el video de Medrano Meza. Da el supuesto nombre y edad de dos hijos menores, y aunque se presenta como madre soltera, en las redes le refieren que su esposo está en prisión, que se había robado 150 mil pesos, y que se metió a trabajar para La Mafia de Empalme.

De la lista que enunció como la red de los supuestos distribuidores de la droga por colonias en la ciudad de Empalme, dos personas rechazaron ser parte de la red por medio de un mensaje privado a este medio, Carlos Medina y Sechua Carrillo. Éste último mencionado por Medrano Meza como alguien que le ayudaba en la logística, sin embargo, los aludidos dijeron que se vieron obligados a marcharse de la ciudad por temor a perder la vida por esa falsa incriminación. De acuerdo con la información que se ha dado a conocer en los portales mencionados sobre homicidios en la ciudad, otras cuatro personas más de la lista han sido ya asesinadas, de los cuales se desconoce si pertenecían o no a la red.

Respecto a Francisco Manuel Betancourt, alias El Pancho, de 26 años, a quien señala como el que la obligó a trabajar para el narcotráfico, el diario El Imparcial publicó una nota en la que afirmó que había sido detenido el 13 de septiembre de 2019, por asalto a un menor de 16 de años, con arma blanca, según información proveída por la Policía Municipal de Empalme. Pero también esta información fue falsa. Manuel Betancourt siguió posteando en las redes sus actividades, incluso una foto con su madre fallecida en homenaje póstumo, y fotografías de reuniones con amigos. Lo que desmentía la información de la Policía Municipal difundida por El Imparcial.

¿Por qué tanta saña contra José de Jesús Luna?

En entrevista exclusiva a José de Jesús Luna sobre la mención de la mujer del video, Esmeralda Medrano Meza, en la supuesta red de distribuidores de droga, Luna negó los hechos. Incluso señaló que entre la gente del narcotráfico se acribillaban entre ellos, pero para la crueldad con la que habían atacado a su familia, no había razón, dijo entre lágrimas. “Me hubieran matado a mí nada más, ya me habían amenazado si no trabajaba para ellos, pero no a mi familia. Mis hijos eran mis ojos”.

¿Y por qué tanta saña?, preguntó esta periodista. Luna Franco respondió sin titubear que creía que era un mensaje al pueblo de que a La Mafia no se le dice que no. Ya habían quemado varias casas, incluso las balaceaban, pero no había gente adentro, menos niños. También dijo que había sido en dos ocasiones donador de sangre y plaquetas, tanto en Ciudad Obregón como en Hermosillo. Entrenaba equipos de futbol de niños para organizar torneos. “Los vecinos me veían jugar con los niños. Y me decían: ya estás peludo. Sí, —dijo— a veces no teníamos para comer, y nos ayudaba la familia, pero yo estoy limpio, me pueden hacer el antidoping, no tengo deudas de ningún tipo”.

Respecto a Esmeralda Medrano, señaló que “si ella estuviera convencida de lo que dice en ese video, ¿por qué no ha puesto una denuncia a la fiscalía? Si ha sido amenazada o obligada a trabajar ¿por qué no ha pedido asilo político o cualquier tipo de ayuda, más si dice tener niños? No obstante, se lleva entre las patas a mucha gente, que ya están matando”. Una de estas muertes, fue la de Cristian Eduardo Preciado Cornejo (a) El Borrego.

José de Jesús Luna se encuentra en espera de ser ayudado por el gobierno mexicano para reunirse con su hija de tres años, que se encuentra en un hospital de Sacramento, California, en cuidados intensivos. Desde el siniestro, no la ha vuelto a ver, y desconoce el paradero de las tumbas de su esposa y de su hijo Dayron, negado por la familia de su esposa por miedo a que se extienda la violencia hacia ellos.

PRIMERA PARTE: Empalme Sonora: El silencio ante narcoterrorismo.

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Elecciones México

PRI recupera presencia en Hidalgo y Coahuila

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Por Ignacio García

Tras concluir la jornada electoral, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) recuperó presencia en Coahuila e Hidalgo, en donde se renovaron el Congreso local y los ayuntamientos, respectivamente, posicionándose como la principal fuerza política de esas entidades.

En el caso de Coahuila, el PRI ganó los 16 distritos locales electorales en disputa, por lo que recuperará la mayoría del Congreso local para los próximos tres años, ya que en la actualidad sólo tiene diez legisladores, mientras que el Partido Acción Nacional (PAN) sólo cuenta con nueve curules.

El Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) que se ubicó como la principal fuerza política del país en 2018, no obtuvo ninguna curul, por lo que se ubicó como la segunda fuerza política de Coahuila y desplazó de esos comicios al PAN como el segundo partido con más fuerza.

En el caso de Hidalgo, el PRI también recuperó varios municipios como Pachuca, Mineral de la Reforma y Huejutla, por lo que gobernará 32 municipios, superior a los 16 ayuntamientos que administró, mientras que Morena sólo ganó seis ayuntamientos en solitario y cinco demarcaciones más en alianza.

Tanto el PAN como el Partido de la Revolución Democrática (PRD) perdieron en los comicios, ya que el blanquiazul pasó de administrar 16 ayuntamientos a sólo cinco, mientras que el sol azteca pasó de 12 a sólo siete demarcaciones de la entidad, por lo que el PRI fue el principal ganador de la contienda.

Aunque Morena se ubicó como la principal fuerza política de México en 2018 ganando todos los distritos electorales federales, en la elección previa a las intermedias el partido guinda perdió presencia en dos estados que históricamente han sido gobernados por el PRI.

 

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Narcopolítica, corrupción y más de lo mismo

Miembros de la SEDENA y abogados estafan en penales federales bajo promesa de beneficios de ley

Ignacio García

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Por Ignacio García

El teniente de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), Francisco Fuentes Alburo, acompañado de Maricela García Bravo y un grupo de abogados fueron acusados de realizar diferentes estafas a internos en penales federales a cambio de supuestos beneficios de ley, entre éstos, preliberaciones.

Entre los denunciados por fraude se encuentra el arquitecto Leonardo Sotelo Mejía, quien tiene trayectoria de demandas y porta documentación como Senador de la República. Una de las demandas por Autos de Calidad Cortés, S.A. de C.V, en 2012, por lo que se abrió el expediente 1431/2012, en el Juzgado 10 Civil del Distrito Federal, y el 83/2016, en el Juzgado 41 de lo Civil en el Distrito Federal. En 2014, estuvo preso por fraude, y en 2018, ya en libertad, fue exhibido por vender plazas de la policía federal y de la policía del Estado de México.

Otros de los nombres que destacan es Guillermo Torres Rabadán, quien también se encuentra demandado por lo civil bajo el expediente 176/2010. Así mismo, Juan Carlos López Contreras, alias el “Mayor Plata”, propietario del restaurante argentino “El Arrabal”, y es enlace directo de Sotelo Mejía. Juana Jacqueline Díaz, Ibos Marlon Torres, Indira Shanel Torres, Fernando Cerezo Arenas y Laura López son acusados de realizar diferentes estafas en penales federales a cambio de supuestos beneficios de ley que prometen a internos.

De acuerdo con la denuncia ciudadana, los integrantes de la SEDENA acuden a los penales federales para prometerles beneficios de ley en su proceso a cambio de compensaciones económicas, utilizando a abogados para cometer los fraudes. Uno de los ceferesos de mayor presencia de los defraudadores, es en El Altiplano, Almoloya de Juárez, del Estado de México, por tratarse de un penal de máxima seguridad con internos bajos cargos de narcotráfico y delincuencia organizada que han pagado fuertes cantidades de dinero con la esperanza de ser liberados.

Los abogados prometen visitar a los reos con falsos documentos para plantearles diferentes maneras en las que supuestamente los pueden liberar, incluyendo tráfico de influencias con miembros de la SEDENA y de diferentes niveles del Gobierno de México, incluyendo la Secretaría de Gobernación, por lo que a través de redes sociales y denuncias periodísticas, los internos víctimas de fraude han exigido al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que intervenga, ya que en algunos casos estos militares y abogados han pedido hasta un millón de dólares.

En su denuncia, agregaron que los presuntos extorsionadores citan a familiares de los internos en el restaurante “El Arrabal” ubicado en Naucalpan, Estado de México, del cual es propietario Juan Carlos López Contreras. Usan este espacio como lugar de operaciones y oficina, para la entrega del dinero de sus clientes, asegurando que con sus relaciones tanto en el gobierno federal, como en SEDENA, agilizarán la libertad de sus familiares.

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El Caso Wallace

Expertos internacionales en DDHH, satisfechos por respuesta de México en el caso de Brenda Quevedo

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GINEBRA (15 de octubre de 2020) – Expertos en derechos humanos de la ONU* acogieron hoy con satisfacción el anuncio del gobierno mexicano de que implementará la Opinión núm. 45/2020 y liberará a Brenda Quevedo Cruz, después de 11 años en prisión en México sin sentencia, instando a las autoridades a ponerla en libertad de inmediato.

“Estamos muy satisfechos por la declaración oficial de la Secretaría de Gobernación de México de que cumplirá con la opinión del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias y liberará a la víctima de detención arbitraria, esperamos que se tomen acciones concretas en ese sentido inmediatamente”, dijo el Grupo.

Quevedo Cruz fue detenida en relación con el falso secuestro y asesinato de Hugo Alberto Wallace Miranda, reportado en julio de 2005, pero el Grupo de Trabajo encontró graves violaciones a las garantías del debido proceso, como la presunción de inocencia y el derecho a ser juzgada sin dilaciones indebidas, además de haber sido torturada en dos ocasiones.

“Tras pasar más de una década en prisión preventiva, la señora Brenda Quevedo Cruz debe ser liberada, con garantías de acceso a una reparación integral”, indicaron los expertos. “La violación de sus derechos humanos debe investigada a profundidad, lo que debe de conducir a la rendición de cuentas por parte de los responsables.”

El Grupo de Trabajo exhorta al Gobierno de México a revisar urgentemente todas sus opiniones relativas a México, con la finalidad de identificar e implementar las reformas estructurales al sistema de justicia que son necesarias para evitar que casos como este se repitan. “Quedamos a la disposición del Gobierno para ayudarlo a cumplir con sus obligaciones internacionales.”

Con arreglo a lo dispuesto en el párrafo 5 de los métodos de trabajo del Grupo, José Antonio Guevara Bermúdez, miembro mexicano del Grupo de Trabajo, no participó en la adopción de la Opinión núm. 45/2020.

* Los expertos de la ONU: Leigh Toomey (Presidenta-Relatora), Elina Steinerte (Vice-Presidenta) Sètondji Roland Adjovi y Seong-Phil Hong, Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria.

Los Grupos de Trabajo forman parte de lo que se conoce como los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos. Procedimientos Especiales, el mayor cuerpo de expertos independientes del Sistema de Derechos Humanos de la ONU, es el nombre que se da a los mecanismos de investigación, recopilación de información y mecanismos de monitoreo que analizan la situación de los derechos humanos en algún país determinado o la situación de un derecho humano en particular en todo el mundo. Los expertos trabajan de forma voluntaria, no son funcionarios de la ONU y su labor no es remunerada. Son independientes de cualquier gobierno u organización y sirven en su capacidad individual.
ONU Derechos Humanos, página de país –  México

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