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La guerra mediática tras la masacre de Empalme

La guerra de los cárteles en los medios de comunicación y redes sociales, a propósito del caso Empalme

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SEGUNDA Y ÚLTIMA PARTE

Por Guadalupe Lizárraga

EMPALME, Sonora.- El incendio de casas y autos con familias en su interior ha sido una forma de ataque recientemente utilizada por algunos cárteles en México, entre éstos, ha sido señalado el grupo La Línea, asociado al Cártel de Juárez, y el Cártel Jalisco Nueva Generación que ha cobrado fuerza por su escala de violencia en la región norte y noroeste del país. El 10 de septiembre de 2019, el terror envolvió a Empalme, Sonora, después de que seis sicarios incendiaron la casa de José de Jesús Luna Franco, de 27 años, con su familia adentro, sus hijos de 7 y 2 años, su esposa, de 31, y un hermano, de 25, como represalia por negarse a participar en el trasiego de “cristal”.

No obstante, una decena de medios informativos basados en los Estados Unidos, sin mayor investigación, adjudicaron de entrada el ataque al Cártel de Sinaloa, y a Joaquín El Chapo Guzmán. Incluso, usaron la misma redacción, evidenciando que se trataba de un boletín circulado a los medios. Un par de medios más, relacionaron la masacre con “Los Salazar”, sin especificar nombres, pero referenciándolos como “grupo delictivo” a Adán Salazar Zamorano y Jesús Alfredo Salazar Ramírez, quienes se encuentran en el penal de Puente Grande, Jalisco, y El Altiplano, Estado de México, desde hace ocho y siete años, respectivamente, acusados de delincuencia organizada por un testigo protegido de la SEIDO, y pagando condena sin sentencia.

El periodista Luis Cardona, a menos de 24 horas de la masacre de la familia Lebaron –perpetrada el 4 de noviembre con el mismo modus operandi de la familia de Empalme–, se presentó a la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador y señaló que Los Salazar podrían ser los responsables del caso LeBaron, porque –afirmó–“estos caminos son utilizados comúnmente por Los Salazar”, y señaló que allí él había sido secuestrado. Sin embargo, el presidente López Obrador tuvo que pedirle que evitara conjeturas porque apenas se estaban investigando los hechos.

Desde mediados de septiembre, días después de la masacre de Empalme, los responsables habían sido identificados y denunciados directamente por sus víctimas. Perla Verónica Viera y Cristian Abel Luna Franco, esposa y hermano de José de Jesús, y al igual que él, identificaron con fotografías, descripciones de las características físicas y nombres completos de los seis agresores, en sus declaraciones ministeriales, afirmando que cuatro de ellos habían perpetrado los hechos y dos esperaban en las camionetas estacionadas frente a la casa, pero quien había dado la orden de quemar a la familia había sido Jesús Hernández Esquivel (a) El Oliver, de La Mafia de Empalme que apoya el Cártel Jalisco Nueva Generación.

Los demás agresores fueron Damián Díaz Romero (a) El Flaco, José Ignacio Ruiz Cortez (a) El Mojarras, Alejandro Ballesteros Patiño (a) El Cano Ballesteros, Juan Carlos Real Nieblas (a) El Mocho, y Jorge Enrique Cuesta Grajeda (a) El Caballo. Éste último, acribillado dentro de su auto, veinticinco días después de la masacre de la familia Luna, el 3 de octubre, en la colonia Centro, de Guaymas, Sonora. Los mismos pobladores lo señalaron de haber sido parte de la célula del Cártel Jalisco Nueva Generación que opera en la región del Valle de Guaymas y Empalme, bajo las órdenes de quien es identificado como “Tony Navidad”, primo hermano de Sajid Emilio Quintero Navidad (a) El Cadete, extraditado en Estados Unidos, y primo de Rafael Caro Quintero.

La Agencia Ministerial de Investigación Criminal, con base operativa en Hermosillo, giró las órdenes de aprehensión para los seis agresores directos de la familia Luna, bajo la causa penal 2398/2019, y el expediente NUC: SON/GUA/FGE/2019/110/48466. Sin embargo, la única orden de aprehensión cumplimentada ha sido la de Damián Díaz Romero, quien fue detenido en la vía pública, en la colonia Centenario, de Hermosillo, Sonora, el 24 de octubre. En el caso de Jorge Enrique Cuesta Grajeda, se canceló su orden por fallecimiento el 3 de octubre, según el acta de defunción presentada a la fiscalía. Alejandro Ballesteros fue balaceado el 18 de diciembre, y murió el 20, de acuerdo con la información que ha trascendido en las diferentes páginas de Facebook utilizadas para dar la nota roja de Sonora. El resto de los imputados aún se encuentra en libertad.

La narco-red detrás de la masacre de Empalme

El día que incendiaron la casa de José de Jesús Luna, con su familia adentro, hubo patrullas con policías municipales que solo pasaron por enfrente de la casa, según el testimonio de vecinos y de uno de los familiares de José de Jesús, que a distancia observaba aterrado el siniestro. Llegaron también dos patrullas de la Policía estatal, hicieron preguntas a los vecinos y se retiraron del lugar sin mayor gestión.

En la página de Facebook de la Fiscalía General del Estado de Sonora, donde reportan regularmente los delitos de la entidad, la mayoría por robo y homicidio, no reportaron el siniestro hasta el día siguiente, 11 de septiembre, que falleció el hijo de José de Jesús Luna, el niño Dayron, de 7 años, por las quemaduras de segundo y tercer grado, en el noventa por ciento de su cuerpo. La muerte del niño fue anunciada por un escueto boletín de la fiscalía, sin dar los pormenores de los hechos ni mencionaron a los responsables denunciados por las víctimas directas. 

Para el 15 de septiembre, José de Jesús Luna, aún convaleciente de heridas de bala, puso la denuncia de hechos ante la FGE, por daño físico y psicológico, dando los nombres de los seis victimarios que prendieron su casa. Su hermano y su esposa, pese a la gravedad de las quemaduras de segundo y tercer grado, hicieron lo mismo. Sin embargo, la Fiscalía General del Estado de Sonora no difundió ningún boletín oficial de búsqueda o para recibir información sobre los agresores, pese a las órdenes de aprehensión que ya se habían girado “en concurso real de delitos”.

En la página de Facebook Sonora Violento y en una serie de sitios digitales, desde el 27 de octubre, señalaron incluso a quienes presumen tener el poder de la plaza de Empalme y Guaymas para la venta de droga. Como “encargado” se señaló a Francisco Javier Camacho Espinoza, conocido como El Fino o El Pisipi, y circuló que aparte de recibir órdenes del mencionado Tony Navidad, los jefes que movían la red eran Alfredo Olivas Valenzuela –padre del cantautor de narco-corridos, Alfredo Olivas– y de Juan Pablo Quintero Navidad, hermano de Sajid Emilio Quintero.

Los antecedentes de Sajid Emilio

En octubre de 2017, la Fiscalía de los Estados Unidos informó del arresto de Sajid Emilio Quintero. Para enero de 2018, Sajid se declaró culpable de cargos de narcotráfico en una corte federal de San Diego, California. Confesó ante el tribunal que había coordinado el tráfico de cientos de kilos de droga de Guatemala y Bolivia –a través de México– hacia los Estados Unidos y había blanqueado millones de dólares en ganancias ilícitas como jefe de la plaza en Sonora (México) para el Cártel de los Beltrán Leyva.

El Departamento del Tesoro, desde el 27 de agosto de 2014, había anunciado que Quintero Navidad era responsable de controlar las rutas más importantes de la región para el trasiego de toneladas de cocaína y de una serie de asesinatos, secuestros y robo de combustible en 2012, en Hermosillo, Agua Prieta y Nogales. En el comunicado público, el Departamento del Tesoro también señaló que –de acuerdo con la Ley Kingpin (Designation Foreing Narcotics Kingpin Act) se designaba la prohibición a estadounidenses de realizar transacciones financieras y comerciales con Quintero Navidad, y se congelaría cualquier activo que se tuviera en territorio estadounidense.

La guerra en los medios

Medios de ambos lados de la frontera entre Estados Unidos y México desviaron la información sobre los responsables de la masacre de Empalme, pese a las declaraciones ministeriales de las víctimas directas. El Imparcial (Hermosillo), Infobae (portal argentino) e incluso la revista Proceso señalaron con insistencia que “los incendios de casas con familias adentro eran un modus operandi de Los Salazar”, que se trataba de una fracción del Cártel de Sinaloa, disputando la frontera de Sonora con Chihuahua al grupo delictivo La Línea, brazo ejecutor del Cártel de Juárez. La revista Proceso, incluso, también vinculó a Los Salazar con la masacre de los LeBaron, y sustentó su señalamiento en que era información dada por “Inteligencia de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSP), sin presentar sustento de lo dicho.

Este medio consultó con una fuente confidencial de Inteligencia, a quien se le pidió corroborar esta información, y sólo respondió: “No operan de esa manera”, y dijo que no podía decir más al respecto. José de Jesús Luna, la víctima del siniestro de Empalme, por su parte, reiteró a Los Ángeles Press, que se trataba del Cártel Jalisco Nueva Generación: “trae a jóvenes entre 15 y 25 años, alterados, todos drogados, con armas y en camionetas pick up. Cuando me estaban golpeando afuera de mi casa, yo vi los bidones de gasolina en una de las camionetas, pero nunca me imaginé lo que iban a hacer con ellos”.

Luna Franco también afirmó, que sabía perfectamente la identidad de uno de los sicarios que prendieron su casa, porque había sido su compañero de la escuela primaria, y andaba tras de él para que se incorporara a “La Mafia”, que ahora traía el apoyo del CJNG, de acuerdo con la misma información que el sicario le había dado. A Damián Díaz Romero, el único preso de los cuatro agresores que quedan vivos, dijo no conocerlo, “sólo lo había visto un par de veces acompañando al Oliver”. Abundó que esta información la declaró ante el Ministerio Público, en Sonora, tal como quedó asentado en el expediente judicial. Sin embargo, él y el resto de su familia siguieron recibiendo amenazas, mientras los medios publicaban que los sicarios lo tenían secuestrado, y supuestamente no se sabía nada de él, por lo que decidió hacer pública su denuncia y pedir ayuda al presidente de la república López Obrador.

La distorsión informativa en las redes

Entre los medios de Estados Unidos e Inglaterra que dieron la información falsa respecto a los responsables del siniestro de Empalme destacaron Dailymail.com, Konniemoments.com, y el El Diario de Nueva York; incluso desde estos medios se replicó en Inglaterra. Pero en las redes sociales, trascendió un video hecho por la señora Esmeralda Medrano Meza, de 38 años, originaria de Empalme, en la que afirma que “fue obligada a trabajar en la logística para el Cártel de los Salazar”, que pudo escapar, y decidió hacer el video, para denunciar la red de Los Salazar porque dijo que la tenían amenazada. El video lo hizo un par de días después del incendio de la casa de José de Jesús, a quien señaló de ser parte de los distribuidores de la droga de Empalme.

“Soy la encargada de la logística para la venta de droga de todo Empalme, junto con Sechua Carrillo”, inicia el video de Medrano Meza. Da el supuesto nombre y edad de dos hijos menores, y aunque se presenta como madre soltera, en las redes le refieren que su esposo está en prisión, que se había robado 150 mil pesos, y que se metió a trabajar para La Mafia de Empalme.

De la lista que enunció como la red de los supuestos distribuidores de la droga por colonias en la ciudad de Empalme, dos personas rechazaron ser parte de la red por medio de un mensaje privado a este medio, Carlos Medina y Sechua Carrillo. Éste último mencionado por Medrano Meza como alguien que le ayudaba en la logística, sin embargo, los aludidos dijeron que se vieron obligados a marcharse de la ciudad por temor a perder la vida por esa falsa incriminación. De acuerdo con la información que se ha dado a conocer en los portales mencionados sobre homicidios en la ciudad, otras cuatro personas más de la lista han sido ya asesinadas, de los cuales se desconoce si pertenecían o no a la red.

Respecto a Francisco Manuel Betancourt, alias El Pancho, de 26 años, a quien señala como el que la obligó a trabajar para el narcotráfico, el diario El Imparcial publicó una nota en la que afirmó que había sido detenido el 13 de septiembre de 2019, por asalto a un menor de 16 de años, con arma blanca, según información proveída por la Policía Municipal de Empalme. Pero también esta información fue falsa. Manuel Betancourt siguió posteando en las redes sus actividades, incluso una foto con su madre fallecida en homenaje póstumo, y fotografías de reuniones con amigos. Lo que desmentía la información de la Policía Municipal difundida por El Imparcial.

¿Por qué tanta saña contra José de Jesús Luna?

En entrevista exclusiva a José de Jesús Luna sobre la mención de la mujer del video, Esmeralda Medrano Meza, en la supuesta red de distribuidores de droga, Luna negó los hechos. Incluso señaló que entre la gente del narcotráfico se acribillaban entre ellos, pero para la crueldad con la que habían atacado a su familia, no había razón, dijo entre lágrimas. “Me hubieran matado a mí nada más, ya me habían amenazado si no trabajaba para ellos, pero no a mi familia. Mis hijos eran mis ojos”.

¿Y por qué tanta saña?, preguntó esta periodista. Luna Franco respondió sin titubear que creía que era un mensaje al pueblo de que a La Mafia no se le dice que no. Ya habían quemado varias casas, incluso las balaceaban, pero no había gente adentro, menos niños. También dijo que había sido en dos ocasiones donador de sangre y plaquetas, tanto en Ciudad Obregón como en Hermosillo. Entrenaba equipos de futbol de niños para organizar torneos. “Los vecinos me veían jugar con los niños. Y me decían: ya estás peludo. Sí, —dijo— a veces no teníamos para comer, y nos ayudaba la familia, pero yo estoy limpio, me pueden hacer el antidoping, no tengo deudas de ningún tipo”.

Respecto a Esmeralda Medrano, señaló que “si ella estuviera convencida de lo que dice en ese video, ¿por qué no ha puesto una denuncia a la fiscalía? Si ha sido amenazada o obligada a trabajar ¿por qué no ha pedido asilo político o cualquier tipo de ayuda, más si dice tener niños? No obstante, se lleva entre las patas a mucha gente, que ya están matando”. Una de estas muertes, fue la de Cristian Eduardo Preciado Cornejo (a) El Borrego.

José de Jesús Luna se encuentra en espera de ser ayudado por el gobierno mexicano para reunirse con su hija de tres años, que se encuentra en un hospital de Sacramento, California, en cuidados intensivos. Desde el siniestro, no la ha vuelto a ver, y desconoce el paradero de las tumbas de su esposa y de su hijo Dayron, negado por la familia de su esposa por miedo a que se extienda la violencia hacia ellos.

PRIMERA PARTE: Empalme Sonora: El silencio ante narcoterrorismo.

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Justicia pendiente

Fiscalía CDMX investiga a ex alcalde de Benito Juárez por corrupción inmobiliaria

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La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) informó que inició una investigación contra el ex alcalde de Benito Juárez, Christian Damián Von Roehrich, actual diputado local del Partido Acción Nacional (PAN), por delitos vinculados a la corrupción inmobiliaria.

La fiscalía capitalina detalló que se logró una orden de aprehensión en contra del legislador local panista por el uso ilegal de funciones y atribuciones en la función pública, ya que fue acusado de formar parte de la denominada red del “Cártel Inmobiliario”.

El vocero de la fiscalía capitalina, Ulises Lara, expuso que el Congreso de la Ciudad de México no concederá ningún tipo de protección al ex alcalde de Benito Juárez, por lo que aseveró que recaerá el peso de la ley en contra del ex servidor público local.

De la misma manera, la fiscalía capitalina acusó a otros tres ex servidores públicos vinculados en la red de corrupción inmobiliaria en la alcaldía Benito Juárez, ya que presuntamente en la gestión del panista un total de 130 inmuebles violaron el espacio de uso de suelo y excedían el número de niveles permitidos que representaban más de siete mil 142 millones de pesos.

Al respecto, el juez octavo de Distrito en Materia administrativa de la Ciudad de México, Martín Adolfo Santos, concedió el amparo provisional que interpuso el ex alcalde acusado para que tenga acceso a sus cuentas bancarias personales.

Por su parte, la bancada del PAN a nivel nacional acusó al gobierno de Claudia Sheinbaum de utilizar a las instituciones con un uso faccioso para atender los intereses políticos en contra de la oposición y por ello enfatizaron que no permitirán que se incurran en estas anomalías.

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Justicia pendiente

Juez vincula a proceso a director de obra de Colegio Rébsamen

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Francisco Arturo Pérez, director de obra del colegio Rébsamen, fue vinvulado a proceso

Un juez de control de la Ciudad de México vinculó a proceso al director de obra del Colegio Rébsamen, Francisco Arturo Pérez Rodríguez, por su probable responsabilidad en el delito de homicidio en comisión por omisión, bajo el esquema de dolo eventual.

El juzgador determinó prisión preventiva oficiosa contra el responsable de la obra del colegio particular y fijó un plazo de dos meses para la investigación complementaria.

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El presunto responsable de la tragedia del Colegio Rébsamen fue aprehendido el jueves pasado en Oaxaca, por lo que permanecerá internado en el reclusorio Sur de la Ciudad de México en tanto se desarrolla la investigación complementaria.

Al respecto, el asesor jurídico de las víctimas del Rébsamen, Noé Franco, expresó que el detenido intentó culpar a otro director de obra de las irregularidades en la construcción del inmueble educativo, pero existía una carpeta de investigación en la que se comprobó su responsabilidad.

La defensa jurídica de las víctimas solicitará una pena de hasta 208 años de prisión, aunque reconoció que sólo podrían sentenciarlo hasta por 70 años, pero aseveraron que se constantó su responsabilidad en las fallas del inmueble que colapsó con el sismo de 2017.

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El 19 de septiembre de 2017 un total de 26 personas fallecieron por el colapso del Colegio Rébsamen en la alcaldía Tlalpan a consecuencia del sismo que se suscitó, por lo que también fue aprehendida la directora del plantel educativo por las fallas e irregularidades en la construcción de la escuela que no soportó el movimiento telúrico.

Diecinueve de los fallecidos eran niños, quienes murieron aplastados por el colapso de una parte del colegio. La escuela se colapsó en parte, según informaron autoridades capitalinas, porque la directora de la escuela construyó su departamento arriba de uno de los edificios del plantel.

 

 

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Latinoamérica

Pedro Castillo pone fin a su gobierno con un autogolpe de Estado, estilo Fujimori

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Pedro Castillo terminó con la presidencia de Perú con un autogolpe de Estado

 

Por Isaac Risco

Pedro Castillo decidió poner fin a su presidencia en Perú de una de las peores formas posibles. Tras liderar uno de los gobiernos más desastrosos de la historia del país, Castillo violó el miércoles (7.12.2022) la Constitución que juró cumplir al asumir el cargo y ordenó el cierre de un Congreso elegido de forma antidemocrática.

Con ello, el mandatario le dio a sus críticos, finalmente, los argumentos que necesitaban para forzar su salida del poder. La precipitada votación en la que el Legislativo decidió poco después destituir al presidente estaba justificada en medio del caos y la locura en que se ha convertido la política peruana en los últimos tiempos: Pedro Castillo era una franca amenaza para la frágil democracia del país.

Incapacidad para gobernar

En Perú se habló de inmediato de un «golpe de Estado» y algunos analistas recordaron el autogolpe de Alberto Fujimori en 1992, el funesto precedente para la medida anunciada por Castillo. La comparación es pertinente: si bien la Carta Magna peruana contempla la posibilidad de que un presidente disuelva el Parlamento y llame a elecciones legislativas extraordinarias, ese extremo sólo puede ocurrir si la cámara le niega dos veces la confianza a un gabinete presidencial. Castillo no tenía ese argumento. Su intento de cerrar el Congreso era innegablemente ilegal.

Parte de la tragedia personal de Pedro Castillo es que él mismo, en los apenas 17 meses que ha durado su presidencia, terminó por convencer a una gran mayoría de sus compatriotas de su manifiesta incapacidad para gobernar. Poco se sabe aún de sus cálculos y razonamientos para quebrantar la legalidad. Dados los funestos precedentes de Castillo, es verosímil suponer que la medida fue un manotazo de ahogado, un acto desesperado y absurdo para evitar ser destituido cuando los indicios de corrupción contra él se volvían cada vez más contundentes.

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Parte de la tragedia personal de Pedro Castillo es que él mismo, en los apenas 17 meses que ha durado su presidencia, terminó por convencer a una gran mayoría de sus compatriotas de su manifiesta incapacidad para gobernar. Poco se sabe aún de sus cálculos y razonamientos para quebrantar la legalidad. Dados los funestos precedentes de Castillo, es verosímil suponer que la medida fue un manotazo de ahogado, un acto desesperado y absurdo para evitar ser destituido cuando los indicios de corrupción contra él se volvían cada vez más contundentes.

Tragicomedia política

Parte de la tragicomedia política peruana, por otro lado, es que la declaración de la «vacancia de la presidencia por incapacidad moral», como se llama al mecanismo constitucional previsto para destituir al presidente, se había convertido antes en una farsa. Una paradoja, porque la actual moción de vacancia es la única cuyo resultado está realmente justificado.

Se trataba de la tercera moción presentada en el Congreso en menos de dos años para intentar sacar a Castillo de Palacio de Gobierno en Lima. Antes, en noviembre de 2020, uno de sus predecesores, Martín Vizcarra, había sido destituido por la misma vía. Y en los últimos cinco años, tres presidentes afrontaron «pedidos de vacancia», cada cual hilado con argumentos más peregrinos que el anterior.

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Grave crisis sistémica

La estrepitosa caída de Pedro Castillo, por eso, no debe alegrar a nadie en Perú. Tampoco a la radicalizada oposición ultraconservadora que pedía destituir al presidente de izquierda cuando este no había ni siquiera asumido el cargo en 2021. La tragedia personal de Castillo es también la tragedia colectiva de un país que lleva años sumido en una grave crisis sistémica y en un proceso de descomposición política avanzado. Sin un Ejecutivo y un Congreso operantes, también sin partidos políticos dignos de ese nombre.

Es urgente, ahora, que el gobierno que asume la vicepresidenta, Dina Boluarte, convoque a nuevas elecciones cuanto antes. Y es perentorio, para salir de la crisis, que el próximo gobierno que salga de las urnas cuente con las mayorías y la voluntad necesarias para poner en marcha una reforma política que ya no puede esperar más.

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