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La guerra mediática tras la masacre de Empalme

La guerra de los cárteles en los medios de comunicación y redes sociales, a propósito del caso Empalme

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SEGUNDA Y ÚLTIMA PARTE

Por Guadalupe Lizárraga

EMPALME, Sonora.- El incendio de casas y autos con familias en su interior ha sido una forma de ataque recientemente utilizada por algunos cárteles en México, entre éstos, ha sido señalado el grupo La Línea, asociado al Cártel de Juárez, y el Cártel Jalisco Nueva Generación que ha cobrado fuerza por su escala de violencia en la región norte y noroeste del país. El 10 de septiembre de 2019, el terror envolvió a Empalme, Sonora, después de que seis sicarios incendiaron la casa de José de Jesús Luna Franco, de 27 años, con su familia adentro, sus hijos de 7 y 2 años, su esposa, de 31, y un hermano, de 25, como represalia por negarse a participar en el trasiego de “cristal”.

No obstante, una decena de medios informativos basados en los Estados Unidos, sin mayor investigación, adjudicaron de entrada el ataque al Cártel de Sinaloa, y a Joaquín El Chapo Guzmán. Incluso, usaron la misma redacción, evidenciando que se trataba de un boletín circulado a los medios. Un par de medios más, relacionaron la masacre con “Los Salazar”, sin especificar nombres, pero referenciándolos como “grupo delictivo” a Adán Salazar Zamorano y Jesús Alfredo Salazar Ramírez, quienes se encuentran en el penal de Puente Grande, Jalisco, y El Altiplano, Estado de México, desde hace ocho y siete años, respectivamente, acusados de delincuencia organizada por un testigo protegido de la SEIDO, y pagando condena sin sentencia.

El periodista Luis Cardona, a menos de 24 horas de la masacre de la familia Lebaron –perpetrada el 4 de noviembre con el mismo modus operandi de la familia de Empalme–, se presentó a la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador y señaló que Los Salazar podrían ser los responsables del caso LeBaron, porque –afirmó–“estos caminos son utilizados comúnmente por Los Salazar”, y señaló que allí él había sido secuestrado. Sin embargo, el presidente López Obrador tuvo que pedirle que evitara conjeturas porque apenas se estaban investigando los hechos.

Desde mediados de septiembre, días después de la masacre de Empalme, los responsables habían sido identificados y denunciados directamente por sus víctimas. Perla Verónica Viera y Cristian Abel Luna Franco, esposa y hermano de José de Jesús, y al igual que él, identificaron con fotografías, descripciones de las características físicas y nombres completos de los seis agresores, en sus declaraciones ministeriales, afirmando que cuatro de ellos habían perpetrado los hechos y dos esperaban en las camionetas estacionadas frente a la casa, pero quien había dado la orden de quemar a la familia había sido Jesús Hernández Esquivel (a) El Oliver, de La Mafia de Empalme que apoya el Cártel Jalisco Nueva Generación.

Los demás agresores fueron Damián Díaz Romero (a) El Flaco, José Ignacio Ruiz Cortez (a) El Mojarras, Alejandro Ballesteros Patiño (a) El Cano Ballesteros, Juan Carlos Real Nieblas (a) El Mocho, y Jorge Enrique Cuesta Grajeda (a) El Caballo. Éste último, acribillado dentro de su auto, veinticinco días después de la masacre de la familia Luna, el 3 de octubre, en la colonia Centro, de Guaymas, Sonora. Los mismos pobladores lo señalaron de haber sido parte de la célula del Cártel Jalisco Nueva Generación que opera en la región del Valle de Guaymas y Empalme, bajo las órdenes de quien es identificado como “Tony Navidad”, primo hermano de Sajid Emilio Quintero Navidad (a) El Cadete, extraditado en Estados Unidos, y primo de Rafael Caro Quintero.

La Agencia Ministerial de Investigación Criminal, con base operativa en Hermosillo, giró las órdenes de aprehensión para los seis agresores directos de la familia Luna, bajo la causa penal 2398/2019, y el expediente NUC: SON/GUA/FGE/2019/110/48466. Sin embargo, la única orden de aprehensión cumplimentada ha sido la de Damián Díaz Romero, quien fue detenido en la vía pública, en la colonia Centenario, de Hermosillo, Sonora, el 24 de octubre. En el caso de Jorge Enrique Cuesta Grajeda, se canceló su orden por fallecimiento el 3 de octubre, según el acta de defunción presentada a la fiscalía. Alejandro Ballesteros fue balaceado el 18 de diciembre, y murió el 20, de acuerdo con la información que ha trascendido en las diferentes páginas de Facebook utilizadas para dar la nota roja de Sonora. El resto de los imputados aún se encuentra en libertad.

La narco-red detrás de la masacre de Empalme

El día que incendiaron la casa de José de Jesús Luna, con su familia adentro, hubo patrullas con policías municipales que solo pasaron por enfrente de la casa, según el testimonio de vecinos y de uno de los familiares de José de Jesús, que a distancia observaba aterrado el siniestro. Llegaron también dos patrullas de la Policía estatal, hicieron preguntas a los vecinos y se retiraron del lugar sin mayor gestión.

En la página de Facebook de la Fiscalía General del Estado de Sonora, donde reportan regularmente los delitos de la entidad, la mayoría por robo y homicidio, no reportaron el siniestro hasta el día siguiente, 11 de septiembre, que falleció el hijo de José de Jesús Luna, el niño Dayron, de 7 años, por las quemaduras de segundo y tercer grado, en el noventa por ciento de su cuerpo. La muerte del niño fue anunciada por un escueto boletín de la fiscalía, sin dar los pormenores de los hechos ni mencionaron a los responsables denunciados por las víctimas directas. 

Para el 15 de septiembre, José de Jesús Luna, aún convaleciente de heridas de bala, puso la denuncia de hechos ante la FGE, por daño físico y psicológico, dando los nombres de los seis victimarios que prendieron su casa. Su hermano y su esposa, pese a la gravedad de las quemaduras de segundo y tercer grado, hicieron lo mismo. Sin embargo, la Fiscalía General del Estado de Sonora no difundió ningún boletín oficial de búsqueda o para recibir información sobre los agresores, pese a las órdenes de aprehensión que ya se habían girado “en concurso real de delitos”.

En la página de Facebook Sonora Violento y en una serie de sitios digitales, desde el 27 de octubre, señalaron incluso a quienes presumen tener el poder de la plaza de Empalme y Guaymas para la venta de droga. Como “encargado” se señaló a Francisco Javier Camacho Espinoza, conocido como El Fino o El Pisipi, y circuló que aparte de recibir órdenes del mencionado Tony Navidad, los jefes que movían la red eran Alfredo Olivas Valenzuela –padre del cantautor de narco-corridos, Alfredo Olivas– y de Juan Pablo Quintero Navidad, hermano de Sajid Emilio Quintero.

Los antecedentes de Sajid Emilio

En octubre de 2017, la Fiscalía de los Estados Unidos informó del arresto de Sajid Emilio Quintero. Para enero de 2018, Sajid se declaró culpable de cargos de narcotráfico en una corte federal de San Diego, California. Confesó ante el tribunal que había coordinado el tráfico de cientos de kilos de droga de Guatemala y Bolivia –a través de México– hacia los Estados Unidos y había blanqueado millones de dólares en ganancias ilícitas como jefe de la plaza en Sonora (México) para el Cártel de los Beltrán Leyva.

El Departamento del Tesoro, desde el 27 de agosto de 2014, había anunciado que Quintero Navidad era responsable de controlar las rutas más importantes de la región para el trasiego de toneladas de cocaína y de una serie de asesinatos, secuestros y robo de combustible en 2012, en Hermosillo, Agua Prieta y Nogales. En el comunicado público, el Departamento del Tesoro también señaló que –de acuerdo con la Ley Kingpin (Designation Foreing Narcotics Kingpin Act) se designaba la prohibición a estadounidenses de realizar transacciones financieras y comerciales con Quintero Navidad, y se congelaría cualquier activo que se tuviera en territorio estadounidense.

La guerra en los medios

Medios de ambos lados de la frontera entre Estados Unidos y México desviaron la información sobre los responsables de la masacre de Empalme, pese a las declaraciones ministeriales de las víctimas directas. El Imparcial (Hermosillo), Infobae (portal argentino) e incluso la revista Proceso señalaron con insistencia que “los incendios de casas con familias adentro eran un modus operandi de Los Salazar”, que se trataba de una fracción del Cártel de Sinaloa, disputando la frontera de Sonora con Chihuahua al grupo delictivo La Línea, brazo ejecutor del Cártel de Juárez. La revista Proceso, incluso, también vinculó a Los Salazar con la masacre de los LeBaron, y sustentó su señalamiento en que era información dada por “Inteligencia de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSP), sin presentar sustento de lo dicho.

Este medio consultó con una fuente confidencial de Inteligencia, a quien se le pidió corroborar esta información, y sólo respondió: “No operan de esa manera”, y dijo que no podía decir más al respecto. José de Jesús Luna, la víctima del siniestro de Empalme, por su parte, reiteró a Los Ángeles Press, que se trataba del Cártel Jalisco Nueva Generación: “trae a jóvenes entre 15 y 25 años, alterados, todos drogados, con armas y en camionetas pick up. Cuando me estaban golpeando afuera de mi casa, yo vi los bidones de gasolina en una de las camionetas, pero nunca me imaginé lo que iban a hacer con ellos”.

Luna Franco también afirmó, que sabía perfectamente la identidad de uno de los sicarios que prendieron su casa, porque había sido su compañero de la escuela primaria, y andaba tras de él para que se incorporara a “La Mafia”, que ahora traía el apoyo del CJNG, de acuerdo con la misma información que el sicario le había dado. A Damián Díaz Romero, el único preso de los cuatro agresores que quedan vivos, dijo no conocerlo, “sólo lo había visto un par de veces acompañando al Oliver”. Abundó que esta información la declaró ante el Ministerio Público, en Sonora, tal como quedó asentado en el expediente judicial. Sin embargo, él y el resto de su familia siguieron recibiendo amenazas, mientras los medios publicaban que los sicarios lo tenían secuestrado, y supuestamente no se sabía nada de él, por lo que decidió hacer pública su denuncia y pedir ayuda al presidente de la república López Obrador.

La distorsión informativa en las redes

Entre los medios de Estados Unidos e Inglaterra que dieron la información falsa respecto a los responsables del siniestro de Empalme destacaron Dailymail.com, Konniemoments.com, y el El Diario de Nueva York; incluso desde estos medios se replicó en Inglaterra. Pero en las redes sociales, trascendió un video hecho por la señora Esmeralda Medrano Meza, de 38 años, originaria de Empalme, en la que afirma que “fue obligada a trabajar en la logística para el Cártel de los Salazar”, que pudo escapar, y decidió hacer el video, para denunciar la red de Los Salazar porque dijo que la tenían amenazada. El video lo hizo un par de días después del incendio de la casa de José de Jesús, a quien señaló de ser parte de los distribuidores de la droga de Empalme.

“Soy la encargada de la logística para la venta de droga de todo Empalme, junto con Sechua Carrillo”, inicia el video de Medrano Meza. Da el supuesto nombre y edad de dos hijos menores, y aunque se presenta como madre soltera, en las redes le refieren que su esposo está en prisión, que se había robado 150 mil pesos, y que se metió a trabajar para La Mafia de Empalme.

De la lista que enunció como la red de los supuestos distribuidores de la droga por colonias en la ciudad de Empalme, dos personas rechazaron ser parte de la red por medio de un mensaje privado a este medio, Carlos Medina y Sechua Carrillo. Éste último mencionado por Medrano Meza como alguien que le ayudaba en la logística, sin embargo, los aludidos dijeron que se vieron obligados a marcharse de la ciudad por temor a perder la vida por esa falsa incriminación. De acuerdo con la información que se ha dado a conocer en los portales mencionados sobre homicidios en la ciudad, otras cuatro personas más de la lista han sido ya asesinadas, de los cuales se desconoce si pertenecían o no a la red.

Respecto a Francisco Manuel Betancourt, alias El Pancho, de 26 años, a quien señala como el que la obligó a trabajar para el narcotráfico, el diario El Imparcial publicó una nota en la que afirmó que había sido detenido el 13 de septiembre de 2019, por asalto a un menor de 16 de años, con arma blanca, según información proveída por la Policía Municipal de Empalme. Pero también esta información fue falsa. Manuel Betancourt siguió posteando en las redes sus actividades, incluso una foto con su madre fallecida en homenaje póstumo, y fotografías de reuniones con amigos. Lo que desmentía la información de la Policía Municipal difundida por El Imparcial.

¿Por qué tanta saña contra José de Jesús Luna?

En entrevista exclusiva a José de Jesús Luna sobre la mención de la mujer del video, Esmeralda Medrano Meza, en la supuesta red de distribuidores de droga, Luna negó los hechos. Incluso señaló que entre la gente del narcotráfico se acribillaban entre ellos, pero para la crueldad con la que habían atacado a su familia, no había razón, dijo entre lágrimas. “Me hubieran matado a mí nada más, ya me habían amenazado si no trabajaba para ellos, pero no a mi familia. Mis hijos eran mis ojos”.

¿Y por qué tanta saña?, preguntó esta periodista. Luna Franco respondió sin titubear que creía que era un mensaje al pueblo de que a La Mafia no se le dice que no. Ya habían quemado varias casas, incluso las balaceaban, pero no había gente adentro, menos niños. También dijo que había sido en dos ocasiones donador de sangre y plaquetas, tanto en Ciudad Obregón como en Hermosillo. Entrenaba equipos de futbol de niños para organizar torneos. “Los vecinos me veían jugar con los niños. Y me decían: ya estás peludo. Sí, —dijo— a veces no teníamos para comer, y nos ayudaba la familia, pero yo estoy limpio, me pueden hacer el antidoping, no tengo deudas de ningún tipo”.

Respecto a Esmeralda Medrano, señaló que “si ella estuviera convencida de lo que dice en ese video, ¿por qué no ha puesto una denuncia a la fiscalía? Si ha sido amenazada o obligada a trabajar ¿por qué no ha pedido asilo político o cualquier tipo de ayuda, más si dice tener niños? No obstante, se lleva entre las patas a mucha gente, que ya están matando”. Una de estas muertes, fue la de Cristian Eduardo Preciado Cornejo (a) El Borrego.

José de Jesús Luna se encuentra en espera de ser ayudado por el gobierno mexicano para reunirse con su hija de tres años, que se encuentra en un hospital de Sacramento, California, en cuidados intensivos. Desde el siniestro, no la ha vuelto a ver, y desconoce el paradero de las tumbas de su esposa y de su hijo Dayron, negado por la familia de su esposa por miedo a que se extienda la violencia hacia ellos.

PRIMERA PARTE: Empalme Sonora: El silencio ante narcoterrorismo.

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Internos del Cefereso #15, en huelga de alimentos por incumplimiento de autoridad penitenciaria a órdenes de Judicatura

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Por Guadalupe Lizárraga

Internos en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 15, en Comaltitlán, Chiapas, harán una huelga pacífica en la que se abstendrán de comer y de realizar actividades en protesta contra el incumplimiento de la directora general Ericka Adriana Tenopala Chaussee ante las controversias judiciales ganadas por los internos.

La huelga en la prisión iniciará el lunes 4 de julio por la mañana hasta que sean atendidas sus demandas y se restituya el trato digno. Entre las principales exigencias, además del cumplimiento de sus controversias, denuncian la falta de atención médica, espacios de visita insalubres, negativa de acceso a amistades en zonas de visita familiar, alimentos en descomposición y pésima calidad, así como el maltrato sistemático por los agentes de seguridad y custodia.

En un comunicado a este medio, los internos señalaron que “con esta directora, el centro se fue en declive”, y el 2 de marzo de este año, a través de un amparo colectivo otorgado a 197 internos, el Consejo de la Judicatura de la Federación le ordenó la suspensión de plano para que cesen de inmediato -“bajo la más estricta responsabilidad” de las autoridades penitenciarias- los actos de tortura, tortura psicológica, coacción, aislamiento, segregación y golpes al solicitar atención médica, u otro pedimento que por derecho constitucional tienen los internos.

Por lo que con esta huelga, los internos quieren poner de manifiesto ante el Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, así como a la Secretaría de Gobernación y la Subsecretaría de Derechos Humanos, y al presidente de la república, que la directora general del cefereso número 15, Ericka Adriana Tenopala Chausse, está cometiendo actos alevosos y premeditados en contra de los internos e incumpliendo las órdenes de la Judicatura. Sus peticiones:

-Dé cumplimiento a todas las controversias que se ganaron, ya que esta servidora pública no cumplimiento a ningún ordenamiento judicial.

-Que se suspenda el maltrato, la tortura y tratos crueles e inhumanos de todo tipo, como lo indica la suspensión de plano de la Judicatura.

-Que se nos dé atención médica.

-Que los alimentos estén en buen estado, sean porciones normales de acuerdo con los reglamentos penitenciarios.

-Que resuelva la falta de oficiales en cada módulo, ya que como no hay personal nos dejan afuera de la celda y tenemos que hacer nuestras necesidades fisiológicas en las regaderas del comedor.

-Que nos entreguen la correspondencia en tiempo y forma, y se envíe de la misma manera la correspondencia a nuestros familiares.

-Que nos den actividades físicas y laborales orientadas a la salud psicológica y física de los internos.

-Que los familiares nos depositen para la tienda sin tantos requisitos que nos obstaculizan el acceso al recurso.

-Que el área técnica haga reclasificaciones en todos los módulos porque nos están juntando procesados y sentenciados, y gente del fuero común y federal. Lo que genera conflictos y extorsiones entre los internos.

-Que nos respeten nuestro derecho constitucional a la información a través de noticieros nacionales.

-Que haya variedad y calidad en los productos de la tienda.

-Que haya higiene en la sala de visitas familiares, en los módulos de locutorios y pasillos.

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Mexico Violento

Fiscalía de Michoacán localiza 22 cadáveres en fosa clandestina

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La Fiscalía General de Justicia del Estado de Michoacán informó que fueron localizados 22 cuerpos humanos en una fosa clandestina ubicada en el municipio de Villamar, Michoacán, que podrían pertenecer a integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) asesinados por el grupo criminal “Los Pájaros de la Sierra”.

De acuerdo con la fiscalía estatal, esta fosa clandestina fue hallada desde el pasado 19 de marzo en un terreno de la comunidad de “Los Negritos” que colinda con una presa, donde recientemente las autoridades federales y estatales localizaron dos osamentas humanas más para un total de 22 cuerpos recuperados.

Las autoridades estatales refirieron que estos cuerpos corresponden en su totalidad a varones, quienes formarían parte del CJNG, y habrían sido abatidos por el grupo criminal que controla la región, aunque hasta el momento no han sido identificados.

En total de los 22 cuerpos recuperados, 17 corresponden a varones y cinco mujeres, por lo que continúan con las labores de peritajes forenses para conocer la identidad de los asesinados, por lo que esta zona es acordonada por elementos de la Guardia Nacional que se encarga del resguardo del sitio.

Michoacán es uno de los estados más afectados por la violencia ocasionada por la disputa de los diferentes grupos delictivos dedicados al tráfico de drogas, por lo que las bandas escindidas de la Familia Michoacana buscan retomar el control del estado, mientras que el CJNG pretende apoderarse del mismo.

Aunque el gobierno federal se comprometió a reforzar la seguridad en la entidad, hasta el momento los niveles de inseguridad en ese estado no han disminuido, por lo que persiste el riesgo de nuevas agresiones entre las organizaciones delictivas que pretenden controlar el trasiego de estupefacientes.

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Colectivo Artículo 20 denuncia muerte de internas con enfermedades terminales tras su traslado arbitrario al Cefereso #16

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Los Ángeles Press

Familiar de una interna enferma de cáncer, en el Centro de Rehabilitación Social de Acapulco, Guerrero, denunció el fallecimiento tras su traslado arbitrario al Centro Federal número 16, en Coatlán del Río, Morelos. Según el testimonio dado al colectivo de derechos humanos Artículo 20, la interna de nombre Guadalupe Merino Sánchez, «iba estable» pero se le suspendió su tratamiento. Se trata de la tercera muerte tras el traslado arbitrario al mismo penal federal.

“La dejaron morir, yo tengo todos los audios grabados dónde mi mamá me decía que no le daban de comer y tampoco le daban la atención médica”, señaló en su testimonio la hija de la interna. Reiteró que nunca le dieron un medicamento, ni por humanidad, siendo una enferma en fase terminal, pero que además le piden 10 mil pesos (530 dólares) para el traslado del cuerpo nuevamente a Acapulco.

Durante los últimos cinco meses, se han realizado al menos unos 500 traslados de los centros estatales al CEFERESO número 16, de Morelos, sin justificación, ya que la mayoría de las internas son del fuero común, señala la organización Artículo 20.

El centro federal femenil, de acuerdo con la denuncia, se trata de un penal concesionado a una empresa privada presuntamente por el grupo Carso, del que es dueño el empresario Carlos Slim, y que en entrevista para Los Ángeles Press, las activistas de los derechos humanos de las internas en el movimiento «Ola Beige» habían denunciado una serie de irregularidades que iban desde el maltrato hasta la falta de atención médica.

El traslado masivo de mujeres y hombres en reclusión, con procesos judiciales del fuero común a penales federales, “es una violación de derechos humanos al alejarlos de sus familias a cientos de kilómetros, como pasó con las reclusas del puerto de Acapulco, del Cereso de Las Cruces”, apuntó la denunciante de Artículo 20.

Los familiares de las internas con traslados arbitrarios se han organizado en diversas protestas para exigir el retorno de sus familiares, sobre todo porque implicó que personas con enfermedades terminales, interrumpieran su tratamiento, lo que derivó en la muerte antes de tiempo.

También se enfatizó que la falta de atención médica en el Cefereso 16 se debe a la fata de personal, ya que sólo hay dos médicos para 1200 reclusas, además de que la comida es escasa y falta agua potable, les limitaron las llamadas telefónicas y la entrada de suministros.

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