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Mexico Violento

Jalife y Serrano desvían atención en redes sobre denuncias de nexos de Lozano con el Cártel de Sinaloa

Alfredo Jalife y Vicente Serrano lanzan campaña de violencia en redes contra Guadalupe Lizárraga por denuncias sobre nexos de Javier Lozano con el Cártel de Sinaloa

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Por Guadalupe Lizárraga

Alfredo Jalife Rahme, quien ha sido denunciado en diferentes ocasiones por violencia de género y misoginia en las redes sociales, se sumó a la agresión digital de Vicente Serrano, titular de Sin censura, contra esta periodista, Guadalupe Lizárraga, a quien llamó “sicaria”, por su entrevista con el capitán de Infantería Vladimir Ilich Malagón Rendón, sobreviviente de tortura, donde la víctima señala a Serrano de intentar cobrarle diez mil pesos por publicar su denuncia sobre los nexos de Javier Lozano Alarcón con el Cártel de Sinaloa, en enero de 2020.

El maestro de la UNAM, Alfredo Jalife, quien se ostenta falsamente como premio nobel 1985 y ha sido denunciado por lavado de dinero en el diario La Jornada, utilizó su cuenta de Facebook para proferir calumnias contra Lizárraga, relacionando a su esposo con el narcotráfico, en Los Ángeles, California. Ante el cuestionamiento de la periodista de que pusiera la denuncia en las instancias correspondientes, si le constaba, Jalife escribió un post en la red con las iniciales de instituciones de la DEA, FBI, y FGR simulando la denuncia ante sus seguidores.

Previamente, Vicente Serrano había anunciado que Jalife daría una noticia importante, y una hora después, el post de Jalife llevaba 198 mil likes y más de 200 compartidas, estadísticas que pusieron el número máximo de “likes” a su página y que por el número de seguidores, 234 mil, sería improbable obtenerlos en tan poco tiempo sin la compra de seguidores e interacciones en la red.

Las primeras agresiones en las redes sociales contra Lizárraga por parte de Jalife fueron después de su primer reportaje titulado Secretario de Trabajo del expresidente Felipe Calderón y parte de SEDENA en la red del Cártel de Sinaloa. Investigación que incluye las denuncias del capitán Malagón Rendón, con evidencias documentales, sobre Javier Lozano Alarcón, encargado del lavado de dinero para el cártel, y su escolta personal, el extinto capitán Carlos Antonio Alemán Pérez, encargado de reclutar militares dentro de la SEDENA, a donde llevaba al jefe de Seguridad del narcotraficante Joaquín Guzmán Loera.   

Las siguientes agresiones contra Lizárraga fueron de parte de Vicente Serrano después de ser mencionado en el reportaje sobre los periodistas que habían tenido la información en sus manos con acceso al denunciante y la habían ignorado. Junto con Serrano, se encontraba Jorge Carrasco Araizaga, de la revista Proceso, quien hizo directamente la entrevista al capitán Malagón en visita carcelaria en junio de 2019 y no la publicó. Y Anabel Hernández, quien recibió la información en mayo 2020, pero desde hacía un año también tenía información sensible sobre la corrupción de SEDENA que llevaba a Lozano Alarcón, y lo eludía en sus denuncias contra Calderón. Hernández respondió incluso que no había tenido tiempo de descargar la información por su trabajo y porque se encontraba en Italia.

El capitán Malagón –en entrevista con Lizárraga– sostuvo que Vicente Serrano le pedía diez mil pesos a su contacto para “sobornar custodios y un lugar para la entrevista” dentro de la prisión, pero la irritación de Serrano se enfocó en Lizárraga, llamándola “sicaria”, “mentirosa” y usando perfiles anónimos con alusiones sexuales a la periodista que replicaban sus seguidores anónimos. 

 

Dos días de insultos en la red contra Lizárraga y contra los lectores que la apoyaban, cuando Serrano extendió sus improperios contra el capitán Malagón, señalándolo también de “mentiroso”, pese a tratarse de una víctima del Estado mexicano, agredido desde junio 2010 por denunciar la corrupción del exsecretario Lozano Alarcón y de altos mandos del Estado Mayor presidencial bajo la administración de Felipe Calderón. Entre las evidencias documentales presentadas por Malagón se encuentra el protocolo de Estambul con resultado positivo de tortura, las denuncias de hechos y declaraciones ministeriales que forman parte de ocho tomos de su expediente judicial.

De esta manera, el ataque en redes sociales por Jalife y Serrano desviaban la atención sobre las denuncias contra Javier Lozano Alarcón por nexos con el Cártel de Sinaloa.

Los cobros, desde 100 dólares hasta cientos de miles de pesos

Después de la denuncia del capitán Malagón sobre el cobro que le hacía Serrano por entrevistarlo, otros dos usuarios de las redes señalaron que también habían solicitado la ayuda de Serrano, y él le dieron dinero.

Es el caso de la señora Lourdes Téllez de Toledano, madre de José Eduardo Toledano Téllez, acusado falsamente de secuestro por lo que lleva 20 años en prisión injusta. Se trata de un caso de fabricación de culpables, en el que incluso, las autoridades ya tienen al verdadero responsable del delito desde 2009, y sin embargo no han liberado a Toledano pese a evidencias y testigos en favor de éste.

La desesperación de la madre, una mujer de 74 años, y con salud precaria, se incrementó con el confinamiento por la pandemia, porque su hijo se enfermó de Covid19 dentro del Reclusorio Oriente de la Ciudad de México y no le permitían verlo. En febrero de este año, con la esperanza de ser escuchada, fue a buscar a Serrano en una de sus transmisiones en el centro de la Ciudad de México, para llevarle cien dólares a cambio de que pudiera contar la injusticia de su hijo. No obstante, hasta la fecha, el caso de Toledano Téllez no ha sido contado por la voz titular de Sin Censura.

 

Los del Cruz Azul

Otro caso en el que señalaron a Vicente Serrano de recibir dinero fue desde el perfil de Twitter Salvemos a nuestra cooperativa @NuestraCoopera. Incluso le advierten que lo van a integrar a proceso judicial por la sospecha de que el dinero entregado semanalmente, sin especificar la cantidad, sería de procedencia ilícita. En este señalamiento público está involucrada también la cuenta Socios Cruz Azul @XLTCA quien apunta que el abogado del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, es el mismo “del general que defiende Serrano”, en referencia al abogado Guillermo Barradas y Tomás Ángeles Dauahare, respectivamente.

El dinero que recibía Vicente Serrano, de acuerdo con las declaraciones de la fuente, era para entrevistar a Barradas y otros abogados con el fin de promocionarlos en los medios, y “sembrar información en las mañaneras”, del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre el Cruz Azul. “Él apoyó a una parte de nuestro movimiento pero recibiendo recursos de parte de los líderes del movimiento. Nosotros somos pacíficos; ellos, en cambio, son apoyados por empresarios con mucho dinero y comenzaron una guerra mediática muy cara que polarizó todo”.

 

De acuerdo con información de El Financiero, Barradas será demandado por los cooperativistas de Cruz Azul al traicionar la confianza de su directivo Guillermo Álvarez Cuevas, a quien la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) le congeló sus cuentas.

 

Mexico Violento

Defensoría pública cesa a abogado que llevaba caso de Jacobo Tagle por injerencia de Isabel Miranda

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Por Guadalupe Lizárraga

“Ejercer la carrera de Derecho y litigar en México es estar con un pie en la cárcel y otro en el panteón”, señaló Alejandro Garduño Real, quien se desempeñaba como defensor público en el caso de Jacobo Tagle Dobin, al denunciar su cese laboral, después de haber recibido amenazas de muerte y acoso judicial por parte de Isabel Miranda Torres.

Con fecha del 13 de abril, su jefa inmediata, Claudia Maribel, lo convocó a una reunión bajo el argumento de que revisarían la carpeta de investigación iniciada en su contra por parte de “la señora Wallace”, sin embargo, en la reunión la funcionaria le notificó su cese de la institución en la que cumplía 20 años de servicio al Poder Judicial, señalando que Miranda Torres “era una figura pública” y que él “ya estaba causando muchos problemas”.

El abogado Garduño Real denunció en entrevista a Los Ángeles Press, que había un avance significativo en la defensa de Jacobo Tagle, conocido como el “caso Wallace” y así mismo en el de Francisco García Medel, conocido como el “caso Nelson Vargas”, del cual también ha tenido injerencia Miranda Torres.

Incluso, señaló el abogado defensor que una de las amenazas de muerte contra su persona fue al concluir una audiencia judicial, el 14 de enero de 2020, sobre el caso de García Medel, quien escuchó la agresión telefónica. Por lo que el juez solicitó al director del Instituto de la Defensoría Pública, Netzaí Sandoval Ballesteros, hiciera del conocimiento al Consejo de la Judicatura Federal para que se le asignara nuevamente una escolta. Sin embargo, señaló Garduño Real que no se le dio seguimiento a dicha petición, por lo que se encontraba en estado de indefensión.

Otra de las agresiones fue un atentado en Cuautitlán Izcalli, a pesar de traer escolta, al ser interceptado por un grupo de policías locales.

Garduño Real destacó que era una persona con capacidades diferentes, ya que utiliza silla de ruedas para trasladarse de un lugar a otro, y que se le estaban vulnerando sus derechos humanos. Señaló que irónicamente, el titular de la institución, el maestro Netzaí Sandoval Ballesteros, publica en sus redes sociales “que está velando por los derechos humanos de personas detenidas en prisión, por personas sujetas a proceso o bien por imputados que se encuentran en el sistema penal acusatorio. Sin embargo, como defensor público y con mi discapacidad, mis propios derechos humanos son pisoteados en este momento”.

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Justicia pendiente

Telefonistas acusan a Luisa María Alcalde de frenar reforma laboral

Ignacio García

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Trabajadores telefonistas y universitarios disidentes denunciaron que la titular de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS) federal, Luisa María Alcalde Luján, ha frenado el avance de la reforma laboral para transformar el modelo sindical en el país.

Los inconformes acusaron que la funcionaria federal está influenciada por su padre, Arturo Alcalde, quien asesora desde hace años a los gremios sindicales del país y por ello se opone a un cambio en el modelo actual, lo que vulnera los derechos de los trabajadores organizados.

José del Refugio Cano Miramontes, integrante del Frente Telefonista Alternativo, señaló que la titular de la STPS no tiene interés en impulsar la reforma laboral que se planteó desde 2019, por lo que se sigue profundizando el rezago que prevalece en las demandas de justicia laboral.

De acuerdo con los telefonistas, no se ha impulsado la verdadera democracia dentro de las organizaciones sindicales y la pandemia de Covid-19 sirvió como un esquema para evitar el avance de la reforma laboral, por lo que expresaron que se debe eliminar por completo “el charrismo sindical”, cuyos secretarios generales se han perpetuado en el poder.

Indicó que los líderes sindicales han mantenido el control de las bases trabajadoras a partir de la represión, el hostigamiento y las amenazas a los trabajadores, por lo que recordaron que Francisco Hernández Juárez lleva al frente del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana por más de 45 años y no se han cubierto las más de 16 mil vacantes causadas por jubilaciones y pensiones.

Por ello, insistieron en la necesidad de que se garantice un proceso democrático entre los sindicatos del país para que no se sigan reproduciendo este tipo de prácticas que vulneran los derechos de los trabajadores, pues constantemente los líderes sindicales se enriquecen a partir de las cuotas sindicales.

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Justicia pendiente

Familiares de activista Claudia Uruchurtu, víctima de desaparición forzada en Oaxaca, exigen su localización

Ignacio García

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Por Ignacio García y Miguel Montesinos León

Familiares de la activista Claudia Uruchurtu Cruz, víctima de desaparición forzada, el pasado 26 de marzo, en Oaxaca, tras una manifestación por el abuso de autoridad ejercido por el gobierno de la alcaldesa de MORENA en Nochixtlán, Lizbeth Victoria Huerta, exigieron su búsqueda y localización inmediata.

Por medio de una misiva firmada y conferencia de prensa, las hermanas de la activista, Elizabeth y Sara Uruchurtu Cruz, señalaron que a 19 días de la desaparición de la defensora de derechos humanos no han obtenido respuesta por parte de las autoridades, pese a la petición del Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y del gobierno de Reino Unido al gobierno federal para localizarla.

Reclamaron que el gobierno mexicano no ha dado respuesta a las exigencias sociales, por lo que la ONU -en su petición- solicita al gobierno de México una investigación clara para localizar a la víctima y a los responsables de la desaparición de la activista.

Recordaron que previo a la desaparición de la defensora de derechos humanos, la activista había denunciado insistentemente el desvío de recursos públicos y las arbitrariedades del Cabildo de Nochixtlán, encabezado por la edil emanado del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), y posteriormente tras acudir a la manifestación para pedir la libertad de Alfonso Avendaño Rodríguez el 26 de marzo, fue vista por última vez tras el arribo de los policías municipales que disolvieron la protesta.

Aseguraron que se trata del primer caso de desaparición forzada desde que comenzó la administración de Andrés Manuel López Obrador, por lo que solicitaron al gobierno federal la búsqueda y localización de la víctima.

Por parte de Alfonso Avendaño Rodríguez, ante la gravedad de su estado de salud, en la manifestación de hoy participó en su representación su hermano Francisco Avendaño Rodríguez, y explicó que Alfonso había sido detenido por policías municipales de Nochixtlán, y que la activista fue desaparecida cuando acudió a una protesta a las afueras del ayuntamiento para exigir su liberación por haber solicitado el adeudo pendiente que tenía la alcaldía por unos servicios de ferretería que se rehusó a pagar y por lo cual fue golpeado y aprehendido sin razón legal.

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