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Mexico Violento

Guardia Nacional detiene de forma arbitraria al empresario Carlos Mimenza e ignora Amparo federal

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Por Guadalupe Lizárraga  

MÉRIDA, Yucatán.- Agentes de la Guardia Nacional detuvieron de manera arbitraria al empresario Carlos Mimenza Novelo en el aeropuerto de la ciudad de Mérida, Yucatán, sin especificar motivo e ignorando el amparo federal mostrado a los oficiales. Así lo dio a conocer, el mismo empresario por de un video grabado al momento de su detención, que compartió en las redes sociales.

Mimenza iba a viajar a la Ciudad de México, en un vuelo vespertino, sin embargo, las oficiales Manzo y Torres de la Guardia Nacional lo detuvieron sin orden de aprehensión o presentación, pasando por alto un amparo de juez federal que llevaba consigo por las amenazas de autoridades del estado de Quintana Roo. De acuerdo con un mensaje enviado por el empresario fue amenazado con llevarlo a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Yucatán, por órdenes del comandante Francisco Díaz González.

De acuerdo con un tweet de la Fiscalía de Quintana Roo, se dio a conocer públicamente que en colaboración con la Guardia Nacional daba cumplimiento a una orden de aprehensión por el presunto delito de extorsión, sin especificar el nombre del empresario pero haciendo referencia a que iba a viajar a la Ciudad de México.

El empresario de Quintana Roo ha hecho diversas denuncias contra el gobernador Carlos Joaquín González por explotación sexual de mujeres, corrupción y negligencia administrativa ante la violencia extrema por grupos delictivos. Así mismo, ha denunciado al fiscal Óscar Montes de Oca y al secretario de Seguridad Pública Alberto Capella, responsables de la violencia contra manifestantes y periodistas el pasado 10 de noviembre por el feminicidio de Bianca Alexis.

Entérate: Empresario denuncia explotación sexual y corrupción en el gobierno de Quintana Roo, Carlos Joaquín González

Amparo federal en favor del empresario Carlos Mimenza

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Justicia pendiente

Juez niega prisión domiciliaria a Murillo Karam

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Un juez le negó prisión domiciliaria a Jesús Murillo Karam

El juez adscrito al Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, Marco Antonio Tapia Fuerte, negó cambiar la medida cautelar de prisión domiciliaria al ex procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, que fue aprehendido desde agosto pasado.

El juzgador ordenó que el ex funcionario federal permanezca en prisión preventiva justificada, aunque en la Torre Médica del penal de Tepepan, por lo cual deberá permanecer en reclusión por las imputaciones que existen en su contra.

Para saber más del caso: UIF denuncia a Murillo Karam por lavado de dinero

La defensa legal del ex gobernador de Hidalgo alegó que debería permanecer en su domicilio, debido a las complicaciones de salud que ha presentado durante meses, no obstante, esta petición fue rechazada y será atendido médicamente en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México.

El juez también determinó fijar un plazo de tres meses para la investigación complementaria contra el también ex senador, debido a que fue vinculado a proceso por tortura, desaparición forzada y delitos contra la administración de la justicia por el caso Ayotzinapa.

Según la defensa legal de Murillo Karam, quien se desempeñó en diferentes puestos durante la administración de Enrique Peña Nieto, necesita de atención médica especial, ya que padece hipertensión arterial e insuficiencia vascular cerebral, pero el juez consideró que existe el riesgo de que se dé a la fuga y por ello debe seguir recluido.

No te pierdas: Murillo Karam fue trasladado al Hospital Balbuena por revisión médica

También la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) interpuso una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra Murillo Karam por lavado de dinero, debido a que no comprobó millones de pesos que recibió en distintas cuentas bancarias que usaba para fines personales y a través de familiares durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.

 

 

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Investigaciones

Mineras canadienses y mexicanas acaparan el agua en Dolores Hidalgo, Guanajuato, con concesiones hasta 2029

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Las mineras canadienses y mexicanas están apropiándose del agua en Guanajuato hasta 2029

Nacional de Cobre, filial del privado Grupo Elementia -del Grupo Carso, propiedad del magnate mexicano Carlos Slim-, cuenta la concesión de aguas subterráneas por 98 928 m3 al año, hasta 2029.

Por Emilio Godoy

DOLORES HIDALGO, México – Ante la escasez existente en la zona, la mexicana Fausta Márquez se considera a sí misma “una guardiana del agua” en su comunidad, pues almacena el líquido, reutiliza el agua de la lavadora y del enjuague de los utensilios de cocina, y tiene un baño seco en su casa.

“Recibimos agua cada tres días y cuando cae, la echan tres veces al día. Pero en época de sequía, la situación empeora”, porque el recurso escasea aún más, relató Márquez, quien compatibiliza la agricultura con el cuidado del hogar,  mientras enseñaba los visibles beneficios de contar con el recurso en el patio de su casa.

Esta madre de tres hijas y un hijo y ya con dos nietos vive en la comunidad de Santa Bárbara, en el municipio de Dolores Hidalgo, en el estado de Guanajuato, a unos 337 kilómetros al norte de Ciudad de México.

Su jardín muestra las bondades del agua en una zona semidesértica, pues abundan plantas variadas, y el suelo aún está verde, ante la inminencia del frío al que seguirá  la temporada seca.

Márquez, integrante del colectivo Hermandad de la Cuenca de Independencia, posee un sistema de captación de lluvia, que consta de un depósito de unos 12 000 litros y otro de menor capacidad, que alcanza para un año. Un pozo abastece a Santa Bárbara y otras tres comunidades vecinas desde 1994.

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A la sobreexplotación, especialmente por la agricultura de exportación, y la sequía, otra amenaza se cierne en el horizonte. La Minera Cerro del Gallo, propiedad de la canadiense Argonaut Gold Inc, posee siete concesiones hídricas por 1 240 millones de metros cúbicos (m3) anuales, cuyo uso supondría un golpe devastador al inventario hídrico de la zona y la generación de contaminación.

“No teníamos mucha información. Y luego obtuvimos más. Se va a acabar el agua, se gasta mucho en el lavado de oro, y las enfermedades por todo lo que contamina”: Fausta Márquez.

La mina de tajo a cielo abierto, la primera de su tipo en Guanajuato, dista cinco kilómetros de Santa Bárbara, habitada por unas 600 personas, con sus familias dedicadas a la agricultura.

Su extracción implica la voladura del cerro mediante cargas de dinamita y la separación de los minerales, grandes volúmenes de agua y cianuro, cuyos desechos lodosos contaminan el suelo, el aire y el agua. Ello acarrea riesgos para la salud de la población cercana.

El proyecto extractivo, situado en un área de 20 000 hectáreas y que confina 70 millones de reservas probadas de oro, plata y cobre, encierra riesgos para la llamada Cuenca de la Independencia, que abarca a seis municipios, 21 comunidades, una extensión de 7 000 kilómetros cuadrados y una población que totaliza 569 369 personas, dentro de un estado que tenía más de seis millones de habitantes en 2020 y 46 municipios.

“No teníamos mucha información. Y luego obtuvimos más. Se va a acabar el agua, se gasta mucho en el lavado de oro, y las enfermedades por todo lo que contamina”, señaló Márquez, quien ella sola cultiva maíz y frijol, a la vez que cría cerdos.

apicultor Hidalgo Gto

El apicultor Salvador García asegura que la mina de tajo a cielo abierto Cerro del Gallo, situada en el municipio de Dolores Hidalgo, en el estado mexicano de Guanajuato, representa una amenaza para sus colmenas por el daño a la vegetación y la contaminación del agua que supone esa explotación. Foto: Emilio Godoy / IPS

Para el apicultor Salvador García, el temor estriba en la devastación territorial, que también amenaza a sus colmenas.

“Si van a madrear (golpear) toda esta parte, afecta la vegetación y eso afecta todo”, explicó García, miembro de la asociación ganadera local y que agrupa a 13 productores, mientras revisaba distancia un lote de 25 colmenas en su terreno, en La Colmena, otra comunidad de Dolores Hidalgo.

Él y su familia poseen unos 350 panales, que aportan aproximadamente 10 toneladas de miel anuales, mientras que la asociación suma unas 2500 colmenas, que generan unas 20 toneladas.

Las abejas se mueven en un radio de tres kilómetros para beber el néctar de las flores y agua, y polinizar las plantas circundantes. La polución puede ser letal para estos insectos.

A la distancia, los tajos deforman la silueta del cerro. En su vecindad, los campesinos ya recogieron el maíz, base de la dieta local, y quedaron los esqueletos de los matojos, a la espera de su recolección o su integración al suelo, para continuar con el proceso de fertilidad necesario para la siguiente siembra. Ignorantes de los riesgos, unas mariposas revolotean, a la espera de alimento o de un depredador.

Desde 2017, García registra la cantidad de lluvia en la zona y que cayó de 500 mililitros anuales a 275 en septiembre. “Del agua que cae, solo aprovechamos 30 %, el resto se pierde o se evapora”, lamentó, mientras escrutaba el cielo sobrado de sol.

agua Dolores Hidalgo Gto

Vista de la mina de tajo a cielo abierto Cerro del Gallo, de la canadiense Argonaut Gold, en el municipio de Dolores Hidalgo, la primera de su tipo en el estado de Guanajuato. Contiene reservas de oro, plata y cobre, para cuya extracción tiene siete concesiones hídricas por 1240 millones de metros cúbicos anuales, en una región con escasez del recurso. Foto: Emilio Godoy / IPS

Botín minero

Históricamente, Guanajuato, fraccionado en siete distritos de minería metálica, ha sido un territorio minero. En 2019, contribuyó con 0,07 % de la producción minera mexicana, para ocupar el puesto 19, según el estatal Servicio Geológico Mexicano (SGM).

La extracción de oro se ha duplicado en años recientes, al pasar de 2374 kilogramos en 2016 a 4118 en 2020, pero la de plata se ha derrumbado de 142 toneladas a 40 en ese periodo. Mientras, el cobre se ha mantenido alrededor de 0,9 toneladas.

Hace dos años, las empresas mineras poseían 631 concesiones sobre un área de 309 209 hectáreas, prácticamente 10 % del territorio del estado, de 3,06 millones de hectáreas, según el SGM. Entre 1995 y 2020, el sector público apoyó a 10 proyectos de oro y plata.

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México se ha transformado en este siglo en un fuerte escenario minero debido a las riquezas del subsuelo, lo que ha generado conflictos sociales y ambientales con comunidades locales.

En 2021 había 316 proyectos en exploración, 84 en producción, 44 en construcción, 757 postergados y nueve en cierre, cinco en 2017 y en 2019. Además, nueve empresas estaban en proceso de cierre.

“Primero, (llega) la exploración de minerales y luego un diagnóstico del agua. Así se apropian de todo. Hay impactos, como que la gente se pelee. La fractura comunitaria es el más obvio. Los daños son permanentes y por eso la gente prefiere que no se instale la mina”; Verónica Vázquez.

Este país, la segunda economía latinoamericana, con 1,96 millones de kilómetros cuadrados de superficie continental, ha entregado en concesión 10 % del territorio a compañías mineras.

México es actualmente el principal productor mundial de plata y también es un actor importante en el mercado de 12 minerales.

Pero esa misma actividad ha provocado al menos 374 conflictos ambientales por contaminación del agua, deforestación y generación de residuos.

Verónica Vázquezacadémica del público Colegio de Posgraduados, destacó que el modus operandi y los efectos de la minería son muy conocidos.

“Primero, la exploración de minerales y luego un diagnóstico del agua. Así se apropian de todo. Hay impactos, como que la gente se pelee. La fractura comunitaria es el más obvio. Los daños son permanentes y por eso la gente prefiere que no se instale la mina”, indicó desde Texcoco, en el estado de México, vecino a Ciudad de México, donde se ubica el centro universitario.

mapa de concesiones

Captura del mapa de concesiones mineras en Guanajuato, elaborado por Global Forest Watch. De tradición minera, ese territorio al norte de Ciudad de México hospeda concesiones mineras metálicas de oro, plata y cobre. Imagen: Emilio Godoy / IPS

Agua que no han de beber

Mientras la mitad del país enfrenta falta de agua por escasez o acaparamiento, 100 empresas mineras atesoran concesiones por 250 millones m3 anuales, de los cuales 174 millones corresponden a agua subterránea y 73 millones, a superficial, según la gubernamental Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Los estados de Sonora, Zacatecas y Durango, todos en el norte, concentran el mayor volumen: 200 millones.

En Guanajuato, la canadiense Guanajuato Silver Company Ltd posee una concesión de aguas subterráneas por 513 760 m3 anuales, sin vigencia definida, y cuatro permisos de descarga de residuos líquidos por 7 395 m3 y que vencen entre 2023 y 2040.

La Minera Las Torres tiene una licencia de aguas subterráneas por 480 609 m3 hasta 2026, mientras que San Antón de las Minas, la que desarrolla Cerro del Gallo, propiedad de Argonaut Gold, cuenta siete títulos por 1240 millones de m3, con su  expiración entre 2023 y 2029.

Nacional de Cobre, filial del privado Grupo Elementia -del Grupo Carso, propiedad del magnate mexicano Carlos Slim-, cuenta una concesión de aguas subterráneas por 98 928 m3 al año, hasta 2029.

A estas entregas se han aunado la agroexportación y la expansión inmobiliaria.

En la zona “hay un grave problema de agua, pues solo hay subterránea y de lluvia. La población recibe reparto de agua. De estilo de vida campesino pasó a la agricultura extensiva para exportación, que ha agravado la extracción”, explicó Gustavo Lozano, director de la no gubernamental Acción Colectiva.

“Con la mina, la población afectada no tendría agua”, dijo en León, otro municipio guanajuatense.

De los 18 acuíferos de Guanajuato, al menos 11 sufren un déficit conjunto de 531 millones de m3 anuales, debido a que la extracción excede a la recarga, según datos de Conagua.

mapa

Las minas necesitan depósitos de residuos, o jales, para colocar los residuos provenientes de la explotación, pero esos amontonamientos de desechos contaminantes representan riesgos para el ambiente y la salud humana. En la imagen captura del mapa del Inventario Homologado Preliminar de Presas de Jales en el estado de Guanajuato, en el centro de México. Foto: Emilio Godoy / IPS

Relaciones peligrosas

Los depósitos de desechos, llamados localmente jales, acompañan a las minas, requieren de agua y significan riesgos sanitarios y ambientales, por la contaminación que causan.

El primer Inventario Homologado Preliminar de Presas de Jales, elaborado por la Secretaría (ministerio) de Medio Ambiente (Semarnat) enlista 585 depósito, de las cuales 301 funcionan, 275 inactivos, dos inactivos con posibilidades de reactivación, uno inconclusa, cuatro pasivos ambientales y dos temporales.

Los jales consisten en apilamientos de material molido (lodos) derivado de la extracción de minerales de las rocas, que contienen sustancias nocivas y que quedan al aire libre como pequeñas montañas muertas.

El listado revela que el mineral más relacionado con esos depósitos tóxicos –tanto de compañías mexicanas como extranjeras– es el oro, con 131 de esos apilamientos o presas como se las conoce en México. Le siguen la plata, con 40, el cobre, con 17; el hierro y el plomo, con seis.

En Guanajuato existen 12 jales, de los cuales operan seis, uno correspondiente a Cerro del Gallo. Ante esta situación, Conagua podría acotar la entrega del recurso a las mineras y así dejarlo para las poblaciones locales. Esa dependencia y la minera Peñasquito, propiedad de la estadounidense Newmont Corporation, acordaron en 2020 la devolución de cinco millones de m3 del líquido, para permitir la recuperación de un acuífero en Zacatecas. Además, en 2023 la empresa cederá otros cuatro millones.

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Un problema añadido es que la vigilancia de Conagua sobre operaciones hídricas del sector es baja. De los 176 procedimientos administrativos que Conagua ha iniciado desde 2017, 35 ocurrieron en Guanajuato. De ellos, el organismo clausuró un aprovechamiento de 130 000 m3 anuales a San Antón de las Minas y le multó con unos 13 500 dólares por otros dos expedientes. Márquez y García están dispuestos al bloqueo permanente de la mina.

“Esperamos que les quiten las concesiones de agua. Con eso estaríamos salvados”, expresó la activista. A su vez, García planteó “exigirle al Estado que atienda el problema de fondo, tenemos que lograr que nos escuche”.

Para Vázquez, el gobierno debe aumentar su capacidad de vigilancia. “Hay que preguntarse por qué Conagua no retira concesiones hídricas a mineras, dijo.

“La solución pasa por la organización local y demandas legales para rechazar proyectos. Es un modelo que ha dado algunos resultados, como las declaratorias de zonas libres y la aplicación del ordenamiento territorial municipal. Lo segundo es más duradero, es una herramienta legal viable”, sugirió.

 

***

Fotogradía portada: La agricultora Fausta Márquez delante del tanque de agua de lluvia con el que logra tener agua potable en su casa, en medio de la escasez del recurso en su comunidad, Santa Bárbara, y otras vecinas del municipio de Dolores Hidalgo, Guanajuato. Foto: Emilio Godoy / IPS

Este reportaje se publicó originalmente en IPS con el apoyo de la Fundación Heinrich Böll y las organizaciones integrantes del Índice de Transparencia de los Recursos Naturales.
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Justicia pendiente

La cobertura de la narcopolítica en México, un enorme riesgo para periodistas: Héctor Valdez, desde prisión

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Hector Valdez, periodista preso por delitos fabricados, explica cómo lo dejaron

 

Ponencia en el Seminario Internacional Ryszard Kapuscinski de Periodismo, Derechos Humanos, Migración y Fronteras, organizado por la Universidad Miguel Hernández de Elche España, Los Ángeles Press y el Gobierno del estado de Chihuahua

Por Héctor Valdez Hernández

A la obligada distancia, pero, por fortuna, aún con vida. Les saluda un servidor, Héctor Valdez, periodista de Quintana Roo, una entidad fronteriza con Guatemala y Belice, y la única con costa al Caribe Mexicano.

Les saludo a todos los participantes y asistentes a este décimo Seminario Internacional Ryszard Kapuscinski de Periodismo, Derechos Humanos, Migración y Fronteras. Les saludo no desde aquella entidad, Quintana Roo, sino desde la penitenciaría de la Ciudad de México, donde estoy encarcelado desde hace dos años por un crimen que jamás cometí, pues fue fabricado por los grupos de poder que pretendieron acallarme quitándome la vida. No lo consiguieron, pero sí lograron privarme de la libertad con una falsa acusación y con jueces de consigna, en lo que también se constituyó como un intento de asesinato civil, al que me resisto y contra el que lucho y seguiré luchando.

En principio, como dijera Kapuscinski, siendo un buen ser humano, un periodista digno, como trato de serlo desde hace más de 40 años, incluso ahora y desde la prisión en 2019, una serie de amenazas, agresiones y atentados me obligaron al desplazamiento forzado para refugiarme en la Ciudad de México, desde donde seguí mi labor periodística de denuncia puntual y sustentada, de lo que fue el más trágico y ominoso gobierno de aquella entidad, Quintana Roo, el del ahora exgobernador Carlos Joaquín.

Al llegar a Ciudad de México, busqué y conseguí estar en la conferencia mañanera del presidente López Obrador para exponer la situación en que se encontraba Quintana Roo, en el que existían y existen muy fuertes evidencias de colusión entre el narco y grupos delincuenciales con el gobierno de ese momento.

Vínculos incluso familiares y de dirección. En el caso del ex presidente municipal de Tulum, la ciudad donde yo residía y trabajaba, una ciudad pequeña pero muy turística, que llegó a tener la nada honrosa distinción de ser en ese momento una de los más letales del país, en términos per cápita, pues con sólo 32 mil habitantes oficiales, tuvo la friolera de más de 50 asesinatos a balazos.

Para leer más del autor: ¿Quiénes fabricaron los delitos? Desde la prisión Santa Martha Acatitla, la columna del periodista Héctor Valdez

Es decir, que extrapolando las cifras, debió contar ese pequeño municipio con alrededor de 180 asesinatos con sicarios, y en las calles, 180 por cada 100 mil habitantes.

La cobertura de la narcopolítica en el periodismo es un asunto de enorme riesgo, pero es necesario llevarla a cabo si queremos cumplir con el precepto de informar y de alumbrar para que la sociedad observe, analice reflexione. Aunque en el caso de la narcopolítica, las cucarachas no corran a esconderse, sino incluso envalentonadas, quieran pisarnos, callarnos, vigilarnos, destruirnos, encarcelarlos, matarnos.

En el estado de Quintana Roo, la actividad del narcotráfico tiene una historia mucho más larga que en el resto del país, al menos con las llamadas drogas duras o sintéticas, pues desde finales de los años 70, del siglo pasado, el estado se erigió apenas en 1974, cuando tuvo la figura legal del territorio. Y entonces los pobladores sabían del tráfico de estupefacientes por las costas del Mar Caribe.

Lo mismo como trasiego de una ruta por mar a una terrestre o por el reabastecimiento de las lanchas con dos o tres motores fuera de borda, bien conocidos como las lanchas rápidas del narco.

Las costas del sur de Quintana Roo y del actual municipio de Tulum fueron escenario de la incesante actividad del narcotráfico, que desde el principio se vinculó con las familias más poderosas, económica y políticamente de ese estado, precisamente en esa zona en las primeras décadas en que se integró como estado, del que forma parte Cozumel, donde la actividad fue más visible, aunque todavía discreta.

Precisamente en Cozumel es donde nació el poder político y económico de una familia que cuenta con dos hermanos exgobernadores, una senadora, diputados, varios presidentes municipales, todos ellos ascendidos al poder político de manera directa, como un núcleo familiar, pero también como una familia que decidió la mayor parte de los candidatos que luego fueron gobernadores, senadores, diputados federales y locales y por supuesto, presidentes municipales.

Se trata de la familia Joaquín, con un patriarca fallecido en el 2016 a la cabeza, donde Nassim Joaquín, padre del exgobernador Carlos Joaquín González, apenas afuera de la gubernatura hace poco más de un mes; pero también padre del gobernador Pedro Joaquín, en los años ochenta, que después en el sexenio de Enrique Peña, se desempeñó como Secretario de Energía y antes, incluso, había sido uno de los aspirantes por el PRI a la candidatura para la Presidencia de la República.

En Quintana Roo, en el último tercio del siglo XX y en las primeras décadas de este siglo XXI, era bien conocida la premisa de que nada podía hacerse sin la venia de los Joaquín, incluyendo el narcotráfico, cómo nació, creció y se fortaleció. Tanto así que en Tulum, mucho antes que fuera paraíso del turismo, un desarrollo mundial, Pablo Escobar, la figura histórica del narco en Colombia, eligió una de las zonas de playas más bellas de Tulum para construirse una residencia, un búnker con extensas fachadas de cristal blindado.

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Todo ello sobre unas costeras colindantes con la Reserva Natural de Sian Ka’an, patrimonio mundial de la humanidad, y a fines de los años ochenta y principios de los noventa, cuenta incluso de red eléctrica, cuando hasta cinco años atrás, oficialmente, estuvo prohibida esa infraestructura en una zona que se supone de preservación y amortiguamiento natural.

Esa residencia, Casa Magna, se volvió emblema y estandarte del narco y a la muerte del colombiano y el posterior crecimiento y control de los cárteles mexicanos, pasó a la posesión de distintos y sucesivos grupos delincuenciales.

A mí, en 2009 y desde entonces, muchas veces me tocó escribir esa historia que entonces los medios locales evitaban publicar y los medios nacionales e internacionales todavía ni siquiera la mencionaban. Pero después de varios años, puede leerse tal historia, aunque, por supuesto, no se ahonda en detalles.

La narcopolítica de Quintana Roo fue siempre la constante. Incluso un exgobernador que tuvo sentencia en México fue extraditado a los Estados Unidos y luego de regreso a nuestro país. Pero el caso del exgobernador Mario Villanueva no hubiese sido distinto de ninguno de sus antecesores o sucesores de no ser, precisamente, porque ese gobernador entró en pugna con la familia Joaquín al oponerse a que una hermana del clan llegara a gobernadora, algo en lo que el expresidente de la república de aquel entonces, Ernesto Zedillo, estaba de acuerdo.

Oponerse al poder real es peligroso, incluso para políticos. Ventilar las verdades de acción, publicar los intereses y las complicidades es un riesgo extremo para cualquier periodista.

Durante muchos años mi trabajo en los medios de comunicación se limitó a la radio en temas culturales y a la conducción noticiosa en medios públicos locales, en una etapa social en la que los medios de comunicación estaban totalmente bajo el control gubernamental.

 

Y cuando parecía que el control social lo mantenía el gobierno con relativa tranquilidad, como en la capital del estado desde los años ochenta y hasta poco antes de concluir la primera década de este siglo.

En 2007-2008 trasladé mi residencia al naciente municipio de Tulum. Venía de otro municipio, Solidaridad, que antes también formaba parte de Cozumel, que por cierto fue un centro turístico y económico aún antes de la existencia de Cancún, al norte de Quintana.

El motor económico y turístico del estado se volvió pronto en un polo de desarrollo económico enorme, con desarrollos turísticos inmobiliarios extensos y con un incremento verdaderamente exponencial de flujos turísticos y poblacionales.

Quintana Roo, desde los años 90, dejó de ser zona de trabajo y traslado para el negocio del narcotráfico y se volvió también en una zona de mercadeo para el consumo. Pero el crecimiento también llevó problemas de enorme violencia y descontrol, sobre todo porque pronto también tuvieron presencia, no unos cuantos, sino varios cárteles del narco que comenzaron su lucha por el control de territorios.

La violencia criminal que durante varios años permaneció relativamente discreta, estalló de pronto, justo a la llegada del exgobernador Carlos Joaquín, que además de manera personal, alentó y promovió las invasiones de terrenos urbanos en municipios como Solidaridad y Tulum, con el argumento de que su antecesor, Roberto Borge, por cierto familiar político, había vendido irregularmente buena parte de reservas territoriales urbanas.

En realidad, las invasiones de millones de metros cuadrados con valor de al menos dos mil pesos cada metro, Carlos Joaquín como un medio clientelar de base social, pero no en la organización de esas invasiones. Los líderes de ellos, muchos, estaban vinculados en varios casos con células criminales. Y justo por eso, de pronto, en las extensas zonas, habitaciones, tierra de nadie, a los pocos meses se aplicaron y operaron varias células locales de otros cárteles nacionales

El Cártel Jalisco Nueva Generación, por esos años justamente, llegó a Quintana Roo, coincidiendo con la llegada del gobernador Carlos Joaquín González, que en apenas un par de años, de 2016 a 2018, se volvió en el más fuerte en el norte de Quintana Roo. De todo ello y de manera cotidiana, ya para entonces me tocó referirlo y publicarlo en un medio digital propio Tulum en Red, que por cierto fue fundado desde el año 2008 y que entonces, ya con casi 10 años de presencia y conocido, gozaba de una buena credibilidad.

Pero a los gobiernos autoritarios no les gusta la libertad de expresión y por eso fui despedido por esos años de una labor de más de una década en el Sistema Quintanarroense de Comunicación Social, de corte oficialista, donde yo ganaba dinero para vivir.

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Por ese tiempo vi que desapareció otro medio de comunicación en el que yo entonces trabajaba, Diario Respuesta. Los periodistas, sobre todo los reporteros en México, a veces necesitamos de tres o hasta cuatro trabajos distintos, al menos dos trabajos para subsanar los gastos cotidianos para subsistir junto con nuestras familias.

La parte económica, entonces, fue el primer ataque, la primera arremetida del poder a mi persona. Por fortuna, en ese tiempo, la Agencia Quadratín Quintana Roo me tendió la mano y confió en mi trabajo y profesionalismo, pues mi medio propio Tulum en Red siempre ha sido un medio informativo, independiente de esfuerzo propio, pero de ganancias económicas nulas.

La vorágine de violencia y asesinatos extrajudiciales que desde 2016 fueron multiplicándose cada año, ocupó de pronto casi toda mi actividad periodística y hasta el silenciamiento voluntario ordenado desde el gobierno de la mayoría de los medios formales.

‘Yo opté por una cobertura más completa que procesar, incluyendo una gran cantidad de transmisiones en vivo sobre hechos delictivos que incluyeron balaceras, que narré en video o en el momento mismo en que ocurrían.

En 2018, la situación se tornó incluso más complicada, pues un presidente municipal del equipo del gobernador logró ser electo, pero ese presidente municipal era líder, al mismo tiempo, de una banda criminal fundada por sus familiares desde muchos años atrás, algo que se conocía en voz baja por casi todos los pobladores.

Yo decidí hablar públicamente del tema y contextualizar la cobertura informativa con datos ampliamente conocidos, pero también responsablemente corroborados. Ya para ese tiempo también un personaje controversial.

Se había hecho cargo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Quintana Roo, Alberto Capella, como titular de la Policía, consiguió tener el mando único de todas las corporaciones del estado, pero era previsible que ello no remediaría y al final, incrementaría la violencia, pues al llegar Capella a Quintana Roo, era conocido porque tenía al menos dos demandas por posible colaboración con grupos delictivos de Guerrero y de Morelos, donde antes tuvo también el cargo de secretario de Seguridad, y cuyo estado dejó hecho un mar de muerte.

Otra coincidencia ocurrió entonces, pues, que ha fortalecido el Cártel, a principios de 2018, con la llegada de Alberto Capella, llegaron también los del grupo delincuencial Los Rojos, que se instalaron con fuerza en la llamada Riviera Maya.

Para 2019, el clima de violencia era insostenible para que se pretendiera informar, tres amigos de los medios, periodistas, habían sido asesinados a balazos, uno en Solidaridad, en Playa del Carmen, y uno más en el municipio de Benito Juárez, en la ciudad de Cancún.

Un supuesto amigo, dirigente local de un partido político y colaborador del Gobernador y del presidente municipal, me había advertido a principios de 2019 que a mí podría pasarme lo mismo que a mis amigos periodistas acallados a balazos, pues directamente me dijo que el Gobernador y el presidente municipal estaban hartos de mí.

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Después de esa advertencia, que traté de minimizar, aunque con muchas precauciones, vino un atentado con bombas molotov a mi domicilio y vehículo, una emboscada en una madrugada de la que escapé milagrosamente, una golpiza multitudinaria propinada a mi persona por una decena de policías y finalmente, amenazas demasiado claras de delincuentes, como esos policías que me golpearon.

En muchas ocasiones denuncié formalmente las amenazas, las agresiones, los atentados, denuncié en el ámbito estatal, pero también en el federal, ante la Fiscalía Especializada en la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) por sus siglas, pero ninguna de las muchas demandas avanzó en investigaciones.

Algunos ataques, como la golpiza de policías, fueron negadas por el entonces secretario de Seguridad Pública, aunque los grabé en video, e irónicamente, apenas el año pasado, en la cárcel por un delito fabricado, fui notificado de que en una investigación de la Comisión de Derechos Humanos de Quintana Roo se reconocían los hechos, e incluso se me daba la característica de víctima, característica que también antes ya me había otorgado la Comisión Nacional de Atención a Víctimas.

Salí de Quintana Roo el 15 de mayo de 2019 y dos días después mataron, también en Playa del Carmen a otro amigo periodista. Ese año, 2019, Quintana Roo fue el estado que más periodistas asesinados, contó.

Apenas a unas semanas de que yo llegué a Ciudad de México y de que el Mecanismo de Protección a Periodistas me incluyera en su programa, una conocida de Tulum, me habló por teléfono para decirme que viajaría por unos días a Ciudad de México, y que le gustaría saludarme al llegar.

Días después me pidió alojamiento por poco tiempo, el mismo día en que me otorgaron un departamento de refugio. Debo decir que para mí no es extraño recibir huéspedes o invitados, de hecho, pertenezco a dos plataformas de viajeros en el mundo, Hospitality Club y Couchsurfing, y ahí consta que por casi 20 años he recibido cálida y respetuosamente a hombres y mujeres de todo el mundo, algunos por varias semanas. Nunca fui desconfiado y menos falté al respeto a alguien, y mis amigos, hombres, pero también mujeres, pueden confirmarlo.

Sin embargo, la persona que recibí esos días realizó una falsa acusación de violación, sin pruebas e incluso con pruebas en contra, como una pretensión de su parte de comprar testigos, avanzó de pronto, coincidentemente después de que Tulum en Red, y mi persona difundieron profusamente con videos que me hicieron llegar, y testimonios, el ataque a balazos por parte de la policía de Quintana Roo de una manifestación feminista ocurrida en Cancún en noviembre de 2020, ataque que el propio Gobernador y su secretario de Seguridad negaron inicialmente, aunque había incluso dos mujeres heridas por arma de fuego, mujeres periodistas, por cierto, menos de 15 días después de que yo difundiera la noticia y se hiciera eco internacional.

 

El caso en mi contra fue reactivado y yo soy aprehendido. El Mecanismo de Protección a Periodistas del gobierno federal hacía meses que pretendía quitarme los apoyos en Ciudad de México y, por supuesto, que no me otorgó ni el menor apoyo legal, pese a que desde meses atrás yo les había expuesto que era víctima de la falsa acusación.

Hace casi dos años que estoy en prisión. Ingresé un 30 de noviembre de 2020. Sostengo que mi encarcelamiento responde al afán de callarme, de matar a un periodista con la impunidad que caracteriza a los hombres del poder en nuestro país.

Aún en prisión, he sido testigo directo de una podredumbre y una impunidad aún más grande del sistema policial y de justicia de Ciudad de México.

Sigo siendo periodista.

He recabado testimonios sobre el modo en que decenas de millones de pesos mensuales son extraídos de las cárceles de la ciudad y usados para fines de enriquecimiento personal ilícito de varios jefes policíacos, o para financiar actividades proselitistas de algunos políticos de esta ciudad.

En la cárcel he sido torturado de muy diversos modos y advertido de otras tantas maneras de que aquí, en cualquier momento, puedo perder la vida sin que a nadie le interese.

He sido amenazado directamente por el subsecretario del Sistema Penitenciario de Ciudad de México y por varios altos jefes policiacos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos, a través del Mecanismo para Prevenir y Erradicar la Tortura, salvó mi vida una ocasión al adelantarse a solicitar medidas precautorias a mi favor, después de que comencé a publicar testimonios de la corrupción y de los negocios millonarios al interior de los reclusorios.

El mismo mecanismo de la CNDH interpuso una denuncia ante la Fiscalía General de la Ciudad de México por tortura en mi contra ordenada por altos mandos policiacos, y solicitó también a la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, por ser de su esfera de competencia, una investigación por tortura continuada.

La denuncia ante la Fiscalía General simplemente fue recibida, pero no avanzó ni un ápice. No hasta ahora. La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México me ha dado a conocer que ellos han optado por, entre comillas, proteger mi vida de ahora en adelante, sin indagar las torturas anteriores que quedaron en constancia del mecanismo de la CNDH.

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Nada de esto me sorprende. La vida de los periodistas en México, sobre todo la de los periodistas críticos, no importa a las personas el poder. Incluso si esos hombres y mujeres del poder se dicen progresistas o precursores de transformaciones que solo lo son simuladas, Kapuscinski y otros referentes del periodismo nos han dejado claro que quienes decidimos informar debemos hacerlo con dignidad y con responsabilidad. No importan las circunstancias.

Un periodista por sí solo, nada cambiará en una sociedad, pero se puede aportar un poco a alumbrar la realidad a todos los asistentes a este Décimo Seminario Internacional Ryszard Kapuscinski de Periodismo, Derechos Humanos y Frontera.

Les pido su esfuerzo, su entereza e investigación, su solidaridad humana para avanzar por una sociedad más justa.

Desde la Penitenciaría de la Ciudad de México, en la que permanezco por un proceso fabricado desde el poder, pero en la que lucho por seguir siendo un buen ser humano que ejerce el periodismo incluso en prisión, les saluda, Héctor Valdez.

 

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