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Justicia pendiente

Gobierno mexicano niega protección a familia del activista Arturo Hernández Cardona, ejecutado en 2013

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Este 3 de junio, la Organización de Derechos Humanos Red Solidaria Década Contra la Impunidad, A.C., dio una conferencia de prensa, para denunciar el constante hostigamiento hacia la familia del activista Arturo Hernández Cardona, víctima de desaparición forzada, tortura y ejecución extrajudicial, en Guerrero en 2013, y la negativa actual del Gobierno de México para brindarles seguridad.

Con la presencia de Fray Julián Cruzalta Aguirre, Soledad Hernández Cardona, Ernesto Rodríguez Cabrera, María Magdalena López Paulino y Yosadhara Vega Andrade, la organización de derechos humanos señaló que la familia Hernández se encuentra en peligro, por lo que se recurrió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en busca de medidas cautelares.

Hernández Cardona, líder de la organización Unidad Popular de Guerrero, fue encontrado en 2013 sin vida en Iguala, Guerrero, junto con dos de sus compañeros, luego de haber participado en una protesta contra el gobierno del alcalde José Luis Abarca Velázquez para reclamar fertilizantes, obras públicas en el estado y vivienda.

Fue el 29 de mayo de aquel año, cuando el activista se presentó ante el cabildo con sus compañeros de la organización Unidad Popular de Guerrero y Abarca les gritó: “Dejen de estar chingando, porque yo tengo gente que me haga el trabajo”.

Los hechos se pusieron tensos y el mismo día, los miembros de la organización interpusieron una denuncia contra el presidente municipal, su esposa María de los Ángeles Pineda Villa y contra Felipe Flores Velázquez, secretario de Seguridad Pública Municipal, donde declararon que tenían “temores fundados” de que podrían ser privados de la vida.

Al día siguiente, el 30 de mayo de 2013, los mismos simpatizantes bloquearon la carretera federal México–Acapulco, donde se registraron altercados con la policía. Tras los hechos, Arturo Hernández Cardona y seguidores se alejaron en una camioneta particular y en el trayecto los desaparecieron, por lo que los familiares del activista señalaron a José Luis Abarca Velázquez como el autor intelectual de su asesinato y desde entonces han buscado justicia en diferentes instancias.

José Luis Abarca, el presunto responsable del crimen

Los defensores de derechos humanos subrayaron que van ocho años sin que se le dicte sentencia, al presunto responsable José Luis Abarca, quien se encuentra interno en el Centro Federal de Readaptación Social N.º 1, e incluso, la organización reveló que la Fiscalía General de la República les informó en días recientes que ha abierto una carpeta de investigación con el folio  APFGR/FEMDH/UEILCA/5/2020 en contra del exalcalde y de Felipe Flores Velázquez por los delitos de tortura y desaparición forzada.

Sin embargo, los defensores reiteraron que dicha carpeta de investigación es sólo una forma de seguir manteniendo en total impunidad el caso y se dijeron en espera del informe de admisibilidad de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

José luis Abarca y su esposa María de los Ángeles Pineda fueron detenidos en 2014 por la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos, en Ayotzinapa, Guerrero, y fueron señalados de tener vínculos con el grupo delictivo Guerreros Unidos.

Justicia pendiente

Presos del Cefereso 4, de Tepic, denuncian tortura de autoridades penitenciarias

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Jazmín Borboa Ochoa, una de las directoras de penales federales con más denuncias por tortura y otras violaciones de derechos humanos

Por Ignacio García

Los presos del Centro Federal de Reinserción Social (Cefereso) #4, de Tepic, Nayarit, Jorge Manuel Ruíz, Jorge Rivas Félix y Óscar Enrique Rodarte Márquez, denunciaron ante la Fiscalía General de la República (FGR) que han sido víctimas de tortura, malos tratos, discriminación y humillaciones por parte de las autoridades penitenciarias dirigidas por la directora Jazmín Borboa Ochoa.

Por medio de una misiva enviada a la fiscalía federal, los internos refirieron que han sido víctimas de agresiones constantes por parte de las autoridades del centro penitenciario en reiteradas ocasiones, lo que ha generado diferentes problemas físicos y de salud a la población del penal.

Recordaron que el pasado 27 de octubre dos internos fueron golpeados de forma violenta por los guardias, pero no hubo intervención de las autoridades federales, debido a que presuntamente se les realizaría el protocolo de Estambul, aunque hasta el momento no han recibido respuesta de su solicitud.

Por si te lo perdiste: En libertad, tras 22 años de prisión con calidad de víctima del Estado por torturas y malos tratos

 

Por ello, solicitaron la intervención de la FGR, debido a que aseguraron que la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nayarit está coludida con las autoridades penitenciarias, razón por la cual no atiende las denuncias de los presos del penal federal.

Acusaron a la directora del Cefereso de Tepic, Jazmín Borbón Ochoa, de provocar una serie de afectaciones contra los internos de forma permanente, por lo cual aseveraron que existen pruebas documentales que confirman estas agresiones. 

Asimismo, pidieron que las autoridades penitenciarias sean procesadas por los delitos de tortura, abuso de autoridad y violaciones graves a los derechos humanos, así como la renuncia inmediata de la directora del penal federal, a quien responsabilizaron de esos actos.

Entérate: Voluntariado de familias de presos en Ceferesos lanzan campaña de salud por falta de atención médica del Estado

También demandaron la intervención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para que investigue todas las irregularidades cometidas de forma sistemática contra los internos del penal federal que han padecido lesiones por los golpes causados por los guardias, así como las vejaciones que han sido víctimas.

Además, demandaron que se abra una carpeta de investigación federal por estos delitos y de sancione a estos servidores públicos para que tampoco puedan ejercer ningún cargo en la administración pública federal.

Jazmín Borbón Ochoa ha sido una de las directoras de penales con más denuncias por violaciones de derechos humanos, no sólo en Nayarit, sino en los diferentes penales en los que ha estado al frente, incluyendo Oaxaca y Estado de México.

Primera página de la denuncia.

Documento completo.

DENUNCIANAYARIT-_1_

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Justicia pendiente

Congreso de Nuevo León inicia juicio político contra Samuel García

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Los integrantes de la comisión Anticorrupción del Congreso local de Nuevo León aprobaron el inicio del procedimiento de juicio político en contra del gobernador de esa entidad, Samuel García Ruíz, por no haber presentado antes del 20 de noviembre el Presupuesto de Egresos de 2023.

El organismo legislativo local determinó que el mandatario estatal tiene hasta el próximo 10 de febrero para que comparezca ante la comisión o responda por escrito sobre las irregularidades en el cumplimiento de las disposiciones legales.

En el acuerdo avalado por los legisladores locales se establece que el gobernador de Nuevo León deberá comparecer para explicar sobre las irregularidades conformadas en el cumplimiento de la disposición de las instancias.

De la misma manera, solicitaron al jefe del Ejecutivo de la entidad que informe sobre su defensor o si será designado uno del Instituto de la Defensoría Pública, aunado a que reclamó al gobernador de Nuevo León no publicar 56 decretos en el Diario Oficial del Estado que fueron aprobados por el Congreso local.

La propuesta fue avalada por los diputados locales de los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y de Acción Nacional (PAN), aunque fue rechazada por Movimiento Ciudadano (MC) y de Movimiento Regeneración Nacional (Morena.

Los legisladores de MC acusaron revanchismo político de la oposición en contra del gobernador, ya que aseveraron que los decretos ya fueron publicados en el Diario Oficial del Estado, aunado a que la constitución local establece que al no entregarse el Presupuesto se aprobará el mismo un año antes.

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Justicia pendiente

Corte invalida “Ley Nahle” que impide que sea candidata a gobernadora de Veracruz

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Con ocho votos a favor, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidaron la denominada “Ley Nahle”, la reforma a la constitución de Veracruz que reconocía como veracruzanos a quienes tienen hijos nacidos en esa entidad y con lo cual podría contener por la gubernatura.

De acuerdo con la mayoría de los ministros, esta reforma local se contraponía a la constitución política mexicana que establece que sólo podrá ser gobernador de un estado un ciudadano mexicano por nacimiento y nativo de esa entidad.

Con ello, se desechó la reforma a la constitución política local de Veracruz que consideraba como veracruzanos a aquellas personas no nacieron en esa entidad pero que tienen hijos nativos en ese estado, con lo cual la titular de la Secretaría de Energía (Sener), Rocío Nahle, pretendía competir por la gubernatura del estado en 2024.

El ex presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar, sostuvo que se buscaba defraudar a la constitución federal, ya que se trata del documento máximo del país que regula los derechos de la ciudadanía y que no puede ser contrapuesto con la constitución local de Veracruz.

En tanto, la presidenta de la SCJN, Norma Lucía Piña Hernández, comentó que no puede ser desvinculado el término “nativo” al nacimiento de una persona como lo contempla la carta magna en el país, por lo cual se debe privilegiar el derecho básico para quienes buscan gobernar una entidad.

En agosto de 2022 el Congreso de Veracruz, encabezado en su mayoría por diputados locales del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), aprobó la reforma constitucional que permitía a la funcionaria federal contender por la gubernatura de ese estado, tras el sexenio de Cuitláhuac García.

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