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Justicia pendiente

Gobierno mexicano niega protección a familia del activista Arturo Hernández Cardona, ejecutado en 2013

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Por Joselaine Gutiérrez

Este 3 de junio, la Organización de Derechos Humanos Red Solidaria Década Contra la Impunidad, A.C., dio una conferencia de prensa, para denunciar el constante hostigamiento hacia la familia del activista Arturo Henández Cardona, víctima de desaparición forzada, tortura y ejecución extrajudicial, en Guerrero en 2013, y la negativa actual del Gobierno de México para brindarles seguridad.

Con la presencia de Fray Julián Cruzalta Aguirre, Soledad Hernández Cardona, Ernesto Rodríguez Cabrera, María Magdalena López Paulino y Yosadhara Vega Andrade, la organización de derechos humanos señaló que la familia Hernández se encuentra en peligro, por lo que se recurrió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en busca de medidas cautelares.

Hernández Cardona, líder de la organización Unidad Popular de Guerrero, fue encontrado en 2013 sin vida en Iguala, Guerrero, junto con dos de sus compañeros, luego de haber participado en una protesta contra el gobierno del alcalde José Luis Abarca Velázquez para reclamar fertilizantes, obras públicas en el estado y vivienda.

Fue el 29 de mayo de aquel año, cuando el activista se presentó ante el cabildo con sus compañeros de la organización Unidad Popular de Guerrero y Abarca les gritó: “Dejen de estar chingando, porque yo tengo gente que me haga el trabajo”.

Los hechos se pusieron tensos y el mismo día, los miembros de la organización interpusieron una denuncia contra el presidente municipal, su esposa María de los Ángeles Pineda Villa y contra Felipe Flores Velázquez, secretario de Seguridad Pública Municipal, donde declararon que tenían “temores fundados” de que podrían ser privados de la vida.

Al día siguiente, el 30 de mayo de 2013, los mismos simpatizantes bloquearon la carretera federal México–Acapulco, donde se registraron altercados con la policía. Tras los hechos, Arturo Hernández Cardona y seguidores se alejaron en una camioneta particular y en el trayecto los desaparecieron, por lo que los familiares del activista señalaron a José Luis Abarca Velázquez como el autor intelectual de su asesinato y desde entonces han buscado justicia en diferentes instancias.

José Luis Abarca, el presunto responsable del crimen

Los defensores de derechos humanos subrayaron que van ocho años sin que se le dicte sentencia, al presunto responsable José Luis Abarca, quien se encuentra interno en el Centro Federal de Readaptación Social N.º 1, e incluso, la organización reveló que la Fiscalía General de la República les informó en días recientes que ha abierto una carpeta de investigación con el folio  APFGR/FEMDH/UEILCA/5/2020 en contra del exalcalde y de Felipe Flores Velázquez por los delitos de tortura y desaparición forzada.

Sin embargo, los defensores reiteraron que dicha carpeta de investigación es sólo una forma de seguir manteniendo en total impunidad el caso y se dijeron en espera del informe de admisibilidad de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

José luis Abarca y su esposa María de los Ángeles Pineda fueron detenidos en 2014 por la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos, en Ayotzinapa, Guerrero, y fueron señalados de tener vínculos con el grupo delictivo Guerreros Unidos.

Justicia pendiente

PVEM perdería registro por reincidencia en llamado a voto en elecciones

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El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) podría perder su registro como instituto político como una sanción impuesta por el Instituto Nacional Electoral (INE), debido a la reincidencia en llamar al voto durante la jornada electoral del pasado 6 de junio como sucedió en 2015.

Los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinaron sanciones menores al PVEM por llamar al voto en la contienda electoral de 2015.

El INE determinó que el Verde Ecologista pagó a varios “influencers” para promocionar el voto a favor a su causa durante la jornada electoral, lo que representó un delito electoral, como ocurrió en las elecciones federales intermedias de hace seis años, donde también pagó para que distintos artistas promocionaran el voto.

Varios consejeros electorales del INE señalaron que como una sanción adecuada debería retirarse el registro al PVEM, debido a que es la segunda ocasión en la que incurre en estas prácticas para obtener ventaja durante el proceso electoral, por lo que ignoró a las autoridades electorales.

Al respecto, diferentes colectivos y organizaciones civiles pidieron a las autoridades electorales retirar el registro del PVEM, ya que ha incurrido en estas ocasiones en dos ocasiones influyendo en el voto durante dos procesos electorales, por lo que demandaron que sea sancionado de forma eficiente.

En la contienda electoral de 2015 el PVEM pagó a varios artistas y deportistas miles de pesos para promocionar en sus respectivas redes sociales el voto a favor del Verde Ecologista, sin embargo, el INE no retiró el registro al partido y sólo impuso una multa económica, por lo que en esta jornada electoral volvió a proceder de la misma forma.

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Justicia pendiente

Líder de la mafia rumana es vinculado a proceso

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El juez federal de control de Quintana Roo vinculó a proceso a Florian Tudor, identificado como el líder de la mafia rumana por el delito de asociación delictuosa.

El juzgador determinó que tanto Florian Tudor como Adrián “N” y Alin Gabriel “S” incurrieron en el delito de asociación delictuosa y realizaron operaciones irregulares en disposición de dinero en efectivo en la Ciudad de México, Quintana Roo, Estado de México e Hidalgo, en las cuales se retiraban más de 14 mil pesos.

La Fiscalía General de la República (FGR) acusó a Tudor de incurrir en la comisión de diferentes delitos asociados al lavado de dinero, por lo que el juez vinculó a proceso con una investigación complementaria de cuatro meses, por lo que deberá permanecer en reclusión.

Al respecto, la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez, refirió que Tudor fue recibido como cualquier otro ciudadano y aunque rechazó haber formado parte de la mafia rumana, enfatizó que recibió la mayor cantidad de apoyos posibles.

Según el acusado, las autoridades mexicanas fabricaron su delito, sin embargo, la investigación fue complementada con las autoridades rumanas que solicitaron la extradición del presunto delincuente para que sea procesado por esos delitos.

Florian Tudor fue detenido en Quintana Roo por la FGR, después de ser acusado de diferentes hechos ilícitos, en los cuales incurrió en lavado de dinero con dinero con procedencia desconocida y por ello fue procesado por ese ilícito.

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Justicia pendiente

Internos del penal de Atlacholoaya piden libre acceso a familiares

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Internos del Centro de Readaptación Social (Cereso) de Atlacholoaya, Morelos, pidieron a las autoridades penitenciarias permitir el libre acceso a los familiares de los reos para las labores de trabajo social que en la actualidad están restringidas.

Por medio de una carta enviada a la directora del penal de Atlacholoaya y firmada por varios reos, los inconformes solicitaron que se conceda a sus familiares el acceso a trabajo social para renovar y realizar sus trámites para obtener sus folios durante su horario laboral, debido a que varios de sus parientes radican en regiones alejadas.

De acuerdo con la misiva, al acotarse la entrega de las fichas, muchos de sus familiares no tienen posibilidad de obtenerlas, ya que en la actualidad sólo asignan 40 fichas de este tipo, por lo que pidieron que no existan restricciones para la entrega de las mismas.

Los internos señalaron que de esta manera se les garantiza la accesibilidad a sus derechos humanos, pues muchos de los reos no han tenido oportunidad de reunirse con sus familiares ante las restricciones para la entrega de las fichas de trabajo social.

Enfatizaron que para la sobrepoblación interna que existe en el penal de Atlacholoaya, la asignación de apenas 40 fichas para sus familiares es insuficiente, por lo que recalcaron que se trata de un derecho humano que debe tener apertura para la población penitenciaria.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) estableció que hubo distintas irregularidades al momento de garantizar derechos humanos en el interior del penal de Atlacholoaya, donde persiste una elevada sobrepoblación y hacinamiento en el interior del centro de reclusión.

Por otra parte, también familiares de los internos denunciaron recientemente que autoridades penitenciarias les pedían compensaciones para dejarlos entrar al penal, incluso para dejar entrar a menores a la visita familiar. Por lo que el abogado especialista en ejecución penal Gerardo Manrique señaló que se trata de una violación de derechos humanos contra los internos, porque la visita familiar e incluso con menores de edad es un derecho constitucional y humano.

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