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Fabricación de culpables

Gobierno de QRoo paga medio millón de pesos en campañas de calumnias por Facebook contra Carlos Mimenza

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Otro de los blancos es la alcaldesa de Solidaridad; Laura Beristain, rival política del gobernador, Carlos Joaquín, por lo que podría tratarse de una guerra mediática pagada por el Gobierno de Quintana Roo.

CIUDAD DE MÉXICO.- El Sistema de responsabilidad para las campañas y pautas publicitarias de Facebook Bussines reveló que se ha pagado más de medio millón de pesos para difusión de información soslayada a favor del Gobierno de Quintana Roo contra el activista y empresario, Carlos Mimenza Novelo, principal crítico del gobierno de Carlos Joaquín González, hoy preso político.

De acuerdo con la información obtenida en los canales de Transparencia de la red social, son media docena de páginas las que han contratado los servicios de difusión y publicidad para publicar informaciones a modo que afectan negativamente al empresario, quien había pedido la intervención del presidente Andrés Manuel López Obrador contra la corrupción del gobierno local.

Mimenza Novelo había venido denunciando el crecimiento exponencial de la violencia que dejó al menos, ochocientas personas asesinadas desde el conflicto que traen cuatro cárteles de la droga en Quintana Roo, así como actividades de pedofilia que eran disimuladas por las instituciones locales de Seguridad pública y procuración de justicia.

De las seis páginas que se investigaron, tres fueron creadas en este año. Se trata de las fanpages Circulo Violeta Yucatán, Todos por Solidaridad, y una fanpage clonada del portal Ocurrió Aquí, cuyo titular original, el periodista Francisco Romero Díaz fue asesinado el año pasado en Playa del Carmen, a pesar de contar con medidas de seguridad del Mecanismo de Protección a Periodistas.

Su viuda, Verónica Rodríguez Puerto declaró en un video publicado por el medio de información, Los Ángeles Press, que el medio local Quinta Fuerza, a través de su director Ariel Urtaza la presionó para que acusara falsamente al periodista Andrés Palafox de estar involucrado en el asesinato.

Palafox también pidió medidas de seguridad al Mecanismo para la Protección de Derechos Humanos y Periodistas.

La página falsa cuenta con 1570 seguidores y ha gastado en Facebook $137,336.00 en 16 videos, todos contra el empresario Carlos Mimenza, gastando montos por publicación que van de 3,500 pesos hasta los 15 mil pesos.

En la última semana se gastaron 36 mil 896 pesos, del 14 al 20 de noviembre; se pueden consultar los videos en la siguiente liga:

Facebook Ads Ocurrió Aquí

 

Reciclan página para golpear

Dentro de la misma campaña mediática contra el empresario, reciclaron “Basta ya de corrupción”, una página de Facebook en desuso creada en 2014 que dejó de publicar en el año 2016; sin embargo, el 15 de agosto de 2020, la fanpage cambió su foto de portada y reiniciaron sus publicaciones el 16 de agosto de 2020.

Además, el dominio de la supuesta organización anticorrupción, http://www.yabastadecorruptosmexico.org, también es un dominio de reciente creación, toda vez que fue contratado el 10 de agosto de 2020, es decir, una semana antes de que la fanpage reiniciara sus publicaciones.

Además, Facebook informa que el nombre original de la página era “Maquilla ahora”.

Las publicaciones de la página en su mayoría son links de noticias de portales de terceros; el único contenido original consiste en 19 videos, todos con pauta publicitaria con montos que van desde los 7,500.00 a los 20 mil pesos, donde atacan al activista Carlos Mimenza, así como a alcaldes y militantes de MORENA.

Las pautas pueden consultarse en el siguiente link:

Publicaciones pagadas

El monto erogado de esta página, del 4 de agosto al 19 de noviembre de 2020, es de $208 mil 776 pesos m.n.

Pocos likes, mucho dinero

Todos por Solidaridad es una página de Facebook creada el 5 de octubre de 2020, cuenta apenas con 176 seguidores, sin embargo no se queda atrás con el gasto en publicidad.

En menos de dos meses, Todos por Solidaridad ha gastado en pautas publicitarias hasta $87 mil 728 pesos en 12 videos, todos en contra de Carlos Mimenza, gastando hasta 20 mil pesos por pauta.

La información puede ser consultada en el siguiente link:

Página Todos por Solidaridad con publicaciones pagadas

En la última semana Todos por Solidaridad gastó $13 mil 300 pesos en pauta publicitaria.

Atacan también a familiares de Mimenza

La página Círculo Violeta Yucatán es una versión recién creada de la página Círculo Violeta Tijuana. La fecha de creación es del 5 de noviembre de 2020 y en poco menos de dos semanas ya erogó $29 mil 500 pesos en dos videos, una contra Carlos Mimenza y otra contra Ricardo Mimenza, difundiendo que existe una ficha roja en su contra.

Esta supuesta ficha fue consultada en la base de datos de la Interpol, no se encontró ningún registro a nombre de Ricardo Mimenza.

La información pública puede consultarse en el siguiente link:

Publicidad pagada en Círculo Violeta Yucatán

 

Una página falsa de Anonymous

Otra de las páginas detectadas es Anonymous Playa del Carmen, creada el año pasado y ha erogado en los últimos 4 meses una cantidad de $80 mil 800 pesos.

El blanco de sus ataques son Carlos Mimenza y la alcaldesa de MORENA, de Playa del Carmen, Laura Beristain, principal rival política del gobernador, Carlos Joaquín González.

La página ha producido y promocionado 11 videos, pagando pautas que van de 4 mil a 15 mil pesos por pauta.

La biblioteca de videos puede consultarse en el siguiente link:

Página Anonymous Playa del Carmen

Durante la última semana Anonymous Playa del Carmen gastó $10 mil pesos cerrados en un solo video.

¿De dónde provienen los recursos?

Hasta ahora, Facebook mantiene estrictas normas para proteger la identidad de personas físicas o morales que invierten en el pago de pautas y publicidad para la difusión de informaciones.

Sin embargo, gracias a las políticas de protección contra la difamación de personas, Facebook puso a disposición una serie de identidades desde los perfiles públicos desde donde se realizaron las inversiones; se tratan de cuentas falsas que difunden información oficial del Gobierno de Quintana Roo, y de algunos comunicadores.

El dispendio de recursos erogados en las campañas de Facebook contra Mimenza, fue analizado basándonos en el numero de algoritmo existente en la cadena de inserción, lo que arrojó en el análisis de las aplicaciones Píxel y Canvas que todas estas publicaciones son basura dentro de la red social, ya que no cuenta con interacción por la saturación de artículos con el mismo objetivo, lo que revela que las personas que están detrás de la campaña cuentan con un nulo conocimiento en estrategia digital o periodismo.

Con información de: Aníbal Muñiz Silva / Demis Santana /(Google News Initiative)

El Caso Wallace

Defensor público cesado pide asilo político a EEUU tras sufrir atentados y acoso laboral por caso Wallace

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Por Guadalupe Lizárraga

El abogado Alejandro Garduño Real, cesado del Instituto Federal de Defensoría Pública, tras sufrir amenazas y dos atentados incluso con escoltas durante las diligencias de casos denominados relevantes, como el caso Wallace, caso Nelson Vargas y caso Martí, pidió el asilo político al gobierno de Estados Unidos para resguardar su vida.

Desde Ciudad de México, vía aérea, llegó al aeropuerto de Los Ángeles, California, para solicitar la protección del gobierno de los Estados Unidos después de que, a partir de 2019, el gobierno de México tolerara su persecución sistemática por parte de Isabel Miranda Torres. En entrevista para Los Ángeles Press señaló que al solicitar nuevamente la intervención de Defensoría pública para su protección, le fue negada y le dieron el cese laboral “porque ya estaba ocasionando muchos problemas”.

En juicio de Migración, iniciado la madrugada de hoy, 10 de mayo, sentado en silla de ruedas por su discapacidad física, Garduño Real narró el acoso y los atentados con armas de fuego durante la defensa de Jacobo Tagle Dobín, víctima de la fabricación del secuestro de Hugo Alberto Wallace, quien lleva 11 años en prisión preventiva y dos protocolos de Estambul positivos en tortura.

Sin embargo, por la instrucción del titular de Defensoría Pública, Netzaí Sandoval Ballesteros, la defensa de Jacobo Tagle fue interrumpida con el cese de Garduño al dejar una diligencia sin cumplir y antes –explicó el abogado– ya se había obstaculizado el proceso por la premura de la presentación de la prueba reina de la defensa, en referencia al análisis de ADN de la gota de sangre plantada en el supuesto lugar de los hechos. “Esa prueba nos beneficiaba en todos los sentidos para la defensa, y al negarme a presentarla porque era para la etapa de conclusiones se me dio la espalda en el instituto”, acotó el abogado.

Contexto de la “prueba reina”

El 5 de abril de 2019, Garduño protestó ante el Poder Judicial, el caso de Jacobo Tagle Dobín. Durante el proceso, “la prueba reina” de la defensa fue aportada por la periodista Guadalupe Lizárraga el 29 de abril, con el testimonio presencial de Carlos León Miranda, padre biológico de Hugo Alberto Wallace Miranda y primo hermano de Isabel Miranda Torres. La periodista y el testigo se presentaron en conferencia de prensa en el Senado de la República con el acompañamiento de la senadora Nestora Salgado.

Dos días después, se aportó el testimonio y la muestra de ADN del padre biológico a la Fiscalía General de la República, ante la subprocuradora de Derechos Humanos, el fiscal Alejandro Gertz Manero, dos agentes del Ministerio Público y el perito forense quien además recibió en mano los resultados del análisis de ADN realizado en 2006, el cual arrojaba correspondencia con el ADN de José Enrique Wallace Díaz e Isabel Miranda Torres, y con cromosomas femeninos.

Al judicializar la prueba para su defensa, el abogado empezó a recibir amenazas de muerte, llamadas telefónicas con intimidaciones, y sufrió el primer atentado, por lo que el Instituto Federal de Defensoría Pública le aportó escoltas.

Además del caso Wallace, llevaba la defensa de personas que fueron fabricados como culpables en otros casos también relacionados con Isabel Miranda, como el de Francisco García Medel (caso Nelson Vargas) y los de Noé Robles Hernández y Abraham Soto García (caso Martí). Incluso, el caso de Robles Hernández, con un protocolo de Estambul positivo, de 200 páginas, aplicado por el perito Adrián Ramírez López, de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos.

Los atentados

De acuerdo con la denuncia interpuesta ante la Fiscalía General de la República, que presentó como evidencia ante el juicio de Migración para el asilo político, uno de los atentados contra el abogado Alejandro Garduño fue el 21 de agosto de 2020. Mientras circulaba con sus escoltas por una carretera federal del Municipio de Teoloyucan, Estado de México, fue interceptado por tres patrullas y una motocicleta. Al cerrarle el paso, el vehículo escolta que venía detrás no alcanzó a frenar y se impactó con el auto en el que viajaba el abogado. Posteriormente, tres personas se bajaron de los vehículos, con armas de fuego, cortaron cartucho, apuntándole a él y a sus escoltas, le dijeron que iban a revisar si llevaban armas. Al identificarse las escoltas, les dejaron continuar su marcha.

No obstante, apenas habían avanzado un kilómetro aproximadamente cuando volvieron a ser interceptados. Ahora en ocho vehículos sin logos, les cortaron nuevamente el paso y tres personas, sin identificarse, bajaron de los autos y les apuntaron con sus armas, cortándoles cartucho. Detuvieron a los escoltas, los esposaron y se los llevaron al Ministerio público, alegando el uso de armas sin permiso. Cuando el abogado señaló que iba a ponerles la denuncia por el abuso de autoridad, le respondieron que tenían orden de arriba de “chingárselo”.

El atentado más reciente fue el 15 de enero de 2021, cuando ya le habían suspendido el servicio de escolta por instrucción del titular de Defensoría pública. En esta ocasión lo interceptó un automóvil marca Audi, color negro, sin placas de circulación y con vidrios polarizados, mientras circulaba por el segundo carril de la autopista México-Querétaro, en dirección a Ciudad de México.

“Empezó a cerrarme el paso y a frenar intempestivamente, emparejándose a mi auto y gritando: «ya ábrete a chingar a tu madre del país si no quieres amanecer muerto en una barranca o en un río», declaró el abogado en la denuncia judicial, quien logró salir por los carriles laterales por la autopista Champa-Lechería, y el vehículo continuó su marcha.

La petición de asilo

Para la petición de asilo político, el abogado Alejandro Garduño presentó como evidencia de “miedo creíble” las entrevistas y notas de prensa realizadas por Los Ángeles Press, que han reportado las condiciones de acoso laboral y tráfico de influencias en Defensoría pública y el Poder Judicial, además de las denuncias ante la FGR por los atentados y las amenazas.

Adicionalmente, argumentó el historial de acoso a los abogados defensores de las víctimas de Isabel Miranda Torres, quien pese a haber dos opiniones de libertad por parte de la ONU, la de Brenda Quevedo Cruz y la de George Khoury Layón, ésta acompañada por el reconocimiento de inocencia otorgado por la Secretaría de Gobernación, siguen en prisión.

 

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El Caso Wallace

Isabel Miranda viola de nuevo derecho a la intimidad y vida privada de sus inculpados en prisión

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Por Guadalupe Lizárraga

Isabel Miranda Torres recientemente ofreció pruebas a un juez federal y dos peticiones administrativas a directores de penales para que informaran “si Brenda Quevedo Cruz recibe visitas conyugales, con qué carácter entra dicha persona, y quiénes más la visitan en el penal de Morelos”, y así mismo con quiénes intercambia correspondencia.

Ante la negativa del juez, Miranda Torres insistió en que la directora del Cefereso de Morelos, donde se encuentra interna Quevedo Cruz, informara también si recibía correspondencia de su coprocesado Jacobo Tagle Dobín, porque según Miranda “está enterada de que se comunican y eso está prohibido”, alegando que además Brenda tenía amigas en el penal que pertenecían al Cártel de Tijuana.

Otra de las pruebas que ofertó quien tiene una carpeta de investigación por fabricación del secuestro de su hijo Hugo Alberto Wallace y por tortura contra los inculpados, fue contra Jacobo Tagle Dobín, para que el director del Cefereso #15, de Chiapas, informara cuándo se divorció Tagle de Edith Nava Sánchez, y desde cuándo lo visita su nueva mujer. Incluso, Miranda señaló que “tiene conocimiento de que Tagle tiene relación con George Khoury Layón y éste era íntimo de un tal Benajmin Ben Sutchi”, además enfatizó que Tagle también tenía amigos miembros de los cárteles dentro la prisión.

Al igual que en el caso de Brenda Quevedo, quien lleva 12 años de prisión preventiva pese a la Opinión de Libertad Inmediata de Naciones Unidas, Isabel Miranda ofertó como prueba que el director del Cefereso de Chiapas informara con quién intercambia correspondencia Jacobo Tagle, y qué personas lo han visitado desde que llegó a ese penal, así se trate de familiares, amigos, activistas, periodistas o abogados de Defensoría pública.

El juez negó estas pruebas, pero sin embargo, Miranda apeló la decisión y fue turnada a los tribunales para su revisión. Incluso, también interpuso dos peticiones administrativas solicitando informes de sus inculpados sobre las personas que los visitan y con quiénes intercambian correspondencia.

Por otra parte, de acuerdo con la fuente informativa, Isabel Miranda falseó datos en dichas peticiones, por ejemplo, refirió en el documento a un supuesto representante jurídico que no existe y un domicilio falso.

En el caso de César Freyre, inculpado también por la fabricación del secuestro de Hugo Alberto Wallace y sentenciado a 131 años de prisión, su esposa Nelly Flores dijo que se están vigilando sus llamadas y su correspondencia. Informó que le envió una carta a través de la empresa DHL, y confirmó su entrega el 11 de febrero de 2020 en el Cefereso #1 el Altiplano, Estado de México. Sin embargo, las autoridades del penal le entregaron la carta hasta finales de la primera semana de marzo, y se la entregaron ya abierta, cuando anteriormente le abrían las cartas delante de él sólo para revisión de rutina de seguridad y en ese mismo momento se la entregaban.

Comprobante de envío postal a César Freyre por parte de su esposa.

Violaciones a la intimidad y al derecho a la vida privada

La abogada María Magdalena López Paulino, secretaria ejecutiva y representante legal de la Red Solidaria Década contra la Impunidad, AC, señaló que el reglamento de las prisiones autoriza a los internos a enviar y recibir cartas sin censura, además de que las visitas no son personas imputadas ni delincuentes, y deben de recibir un trato digno.

“Se debe de tratar a los internos con el respeto debido a su dignidad y valor inherentes al ser humano, esto se encuentra plasmado, en las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el tratamiento de los Reclusos, conocidas como las Reglas Nelson Mandela”, explicó la abogada.

López Paulino consideró que respecto al caso de las víctimas del falso caso Wallace, el juez respondió correctamente al negarle la petición a Isabel Miranda, porque también “los internos deben de ser sujetos a un trato humano, igualitario y no-discriminación, tener contacto con el mundo exterior, y esto se encuentra en los Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas”.

 Por su parte, el abogado Jefte Méndez, defensor de los derechos humanos de falso culpables, enfatizó que “la correspondencia es inviolable, pero en todos los ceferesos las cartas son revisadas previas a su salida a quien las recibe.

No obstante, afirmó que lo que está haciendo Isabel Miranda con sus inculpados por una parte, “es una violación constitucional al artículo 16, que tutela la vida privada, y es una violación a la intimidad de las personas, aparte de que violar la correspondencia privada constituye un delito estipulado en el artículo 173, del Código Penal Federal, la cual dicta que se aplicarán de tres a ciento ochenta jornadas de trabajo en favor de la comunidad:

I.- Al que abra indebidamente una comunicación escrita que no esté dirigida a él, y II.- Al que indebidamente intercepte una comunicación escrita que no esté dirigida a él, aunque la conserve cerrada y no se imponga de su contenido. Los delitos previstos en este artículo se perseguirán por querella”.

El derecho a la vida privada también está consagrado en tratados internacionales suscritos por México, por ejemplo en los artículos 12 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; v, ix y x de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; así como el artículo 11, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

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Fabricación de culpables

Organizaciones civiles denuncian que Poder Judicial del Edomex impide libertad de falsos culpables

Ignacio García

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Por Ignacio García

Los integrantes de Presunción de Inocencia y Derechos Humanos (PIDH) denunciaron que el acuerdo del Consejo de la Judicatura del Estado de México pretende violar la Ley de Amnistía del Estado de México para no otorgar libertades a falsos culpables por delitos graves o de alto impacto que no cometieron.

De acuerdo con el presidente de la organización José Humbertus Pérez Espinoza, el acuerdo pretende que las solicitudes de amnistía se otorgarán en los Juzgados de Control de Primera Instancia, Tribunal de Enjuiciamiento, de Ejecución de Penas, Especializados en Justicia Penal para Adolescentes, tribunales especializados para justicia de adolescentes.

Sin embargo, el defensor de los derechos humanos de los falsos culpables manifestó que se omitió a la comisión especial del Congreso del Estado de México, pese a que está contemplado en la Ley General de Amnistía del Estado de México para resolver casos en los que estén involucrados personas acusadas de delitos que no cometieron.

El activista acompañado también por el Frente Mexiquense por una Vivienda Digna, refirió que el Poder Judicial mexiquense tendría que considerar también a la Comisión de Derechos Humanos, la Fiscalía General de Justicia, la Secretaría de Justicia del Estado de México y distintas organizaciones de la sociedad civil sobre la relevancia de los casos de violación a derechos.

Asimismo, se omite la participación de la comisión especial del Congreso local para realizar las observaciones correspondientes a las instancias judiciales, ya que la normativa estatal establece que podrá intervenir en cualquier irregularidad que se haya presentado en el sistema penal acusatorio.

De la misma manera, refirieron que los legisladores locales tampoco están interesados en regular esa situación, ya que han mostrado su desconocimiento sobre el contenido de la Ley de Amnistía que aprobaron, por lo cual PIDH interpondrá un amparo indirecto contra el acuerdo del Poder Judicial para que no se limite la posibilidad de otorgar la libertad a las personas que fueron acusadas de delitos que no cometieron.

Enfatizaron existe el riesgo de que el Poder Judicial y el Legislativo desvirtúen la Ley de Amnistía para que no se otorgue la libertad a los presuntos culpables en el Estado de México.

Comunicado público

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