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Fabricación de culpables

Gobierno de QRoo paga medio millón de pesos en campañas de calumnias por Facebook contra Carlos Mimenza

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Otro de los blancos es la alcaldesa de Solidaridad; Laura Beristain, rival política del gobernador, Carlos Joaquín, por lo que podría tratarse de una guerra mediática pagada por el Gobierno de Quintana Roo.

CIUDAD DE MÉXICO.- El Sistema de responsabilidad para las campañas y pautas publicitarias de Facebook Bussines reveló que se ha pagado más de medio millón de pesos para difusión de información soslayada a favor del Gobierno de Quintana Roo contra el activista y empresario, Carlos Mimenza Novelo, principal crítico del gobierno de Carlos Joaquín González, hoy preso político.

De acuerdo con la información obtenida en los canales de Transparencia de la red social, son media docena de páginas las que han contratado los servicios de difusión y publicidad para publicar informaciones a modo que afectan negativamente al empresario, quien había pedido la intervención del presidente Andrés Manuel López Obrador contra la corrupción del gobierno local.

Mimenza Novelo había venido denunciando el crecimiento exponencial de la violencia que dejó al menos, ochocientas personas asesinadas desde el conflicto que traen cuatro cárteles de la droga en Quintana Roo, así como actividades de pedofilia que eran disimuladas por las instituciones locales de Seguridad pública y procuración de justicia.

De las seis páginas que se investigaron, tres fueron creadas en este año. Se trata de las fanpages Circulo Violeta Yucatán, Todos por Solidaridad, y una fanpage clonada del portal Ocurrió Aquí, cuyo titular original, el periodista Francisco Romero Díaz fue asesinado el año pasado en Playa del Carmen, a pesar de contar con medidas de seguridad del Mecanismo de Protección a Periodistas.

Su viuda, Verónica Rodríguez Puerto declaró en un video publicado por el medio de información, Los Ángeles Press, que el medio local Quinta Fuerza, a través de su director Ariel Urtaza la presionó para que acusara falsamente al periodista Andrés Palafox de estar involucrado en el asesinato.

Palafox también pidió medidas de seguridad al Mecanismo para la Protección de Derechos Humanos y Periodistas.

La página falsa cuenta con 1570 seguidores y ha gastado en Facebook $137,336.00 en 16 videos, todos contra el empresario Carlos Mimenza, gastando montos por publicación que van de 3,500 pesos hasta los 15 mil pesos.

En la última semana se gastaron 36 mil 896 pesos, del 14 al 20 de noviembre; se pueden consultar los videos en la siguiente liga:

Facebook Ads Ocurrió Aquí

 

Reciclan página para golpear

Dentro de la misma campaña mediática contra el empresario, reciclaron “Basta ya de corrupción”, una página de Facebook en desuso creada en 2014 que dejó de publicar en el año 2016; sin embargo, el 15 de agosto de 2020, la fanpage cambió su foto de portada y reiniciaron sus publicaciones el 16 de agosto de 2020.

Además, el dominio de la supuesta organización anticorrupción, http://www.yabastadecorruptosmexico.org, también es un dominio de reciente creación, toda vez que fue contratado el 10 de agosto de 2020, es decir, una semana antes de que la fanpage reiniciara sus publicaciones.

Además, Facebook informa que el nombre original de la página era «Maquilla ahora».

Las publicaciones de la página en su mayoría son links de noticias de portales de terceros; el único contenido original consiste en 19 videos, todos con pauta publicitaria con montos que van desde los 7,500.00 a los 20 mil pesos, donde atacan al activista Carlos Mimenza, así como a alcaldes y militantes de MORENA.

Las pautas pueden consultarse en el siguiente link:

Publicaciones pagadas

El monto erogado de esta página, del 4 de agosto al 19 de noviembre de 2020, es de $208 mil 776 pesos m.n.

Pocos likes, mucho dinero

Todos por Solidaridad es una página de Facebook creada el 5 de octubre de 2020, cuenta apenas con 176 seguidores, sin embargo no se queda atrás con el gasto en publicidad.

En menos de dos meses, Todos por Solidaridad ha gastado en pautas publicitarias hasta $87 mil 728 pesos en 12 videos, todos en contra de Carlos Mimenza, gastando hasta 20 mil pesos por pauta.

La información puede ser consultada en el siguiente link:

Página Todos por Solidaridad con publicaciones pagadas

En la última semana Todos por Solidaridad gastó $13 mil 300 pesos en pauta publicitaria.

Atacan también a familiares de Mimenza

La página Círculo Violeta Yucatán es una versión recién creada de la página Círculo Violeta Tijuana. La fecha de creación es del 5 de noviembre de 2020 y en poco menos de dos semanas ya erogó $29 mil 500 pesos en dos videos, una contra Carlos Mimenza y otra contra Ricardo Mimenza, difundiendo que existe una ficha roja en su contra.

Esta supuesta ficha fue consultada en la base de datos de la Interpol, no se encontró ningún registro a nombre de Ricardo Mimenza.

La información pública puede consultarse en el siguiente link:

Publicidad pagada en Círculo Violeta Yucatán

 

Una página falsa de Anonymous

Otra de las páginas detectadas es Anonymous Playa del Carmen, creada el año pasado y ha erogado en los últimos 4 meses una cantidad de $80 mil 800 pesos.

El blanco de sus ataques son Carlos Mimenza y la alcaldesa de MORENA, de Playa del Carmen, Laura Beristain, principal rival política del gobernador, Carlos Joaquín González.

La página ha producido y promocionado 11 videos, pagando pautas que van de 4 mil a 15 mil pesos por pauta.

La biblioteca de videos puede consultarse en el siguiente link:

Página Anonymous Playa del Carmen

Durante la última semana Anonymous Playa del Carmen gastó $10 mil pesos cerrados en un solo video.

¿De dónde provienen los recursos?

Hasta ahora, Facebook mantiene estrictas normas para proteger la identidad de personas físicas o morales que invierten en el pago de pautas y publicidad para la difusión de informaciones.

Sin embargo, gracias a las políticas de protección contra la difamación de personas, Facebook puso a disposición una serie de identidades desde los perfiles públicos desde donde se realizaron las inversiones; se tratan de cuentas falsas que difunden información oficial del Gobierno de Quintana Roo, y de algunos comunicadores.

El dispendio de recursos erogados en las campañas de Facebook contra Mimenza, fue analizado basándonos en el numero de algoritmo existente en la cadena de inserción, lo que arrojó en el análisis de las aplicaciones Píxel y Canvas que todas estas publicaciones son basura dentro de la red social, ya que no cuenta con interacción por la saturación de artículos con el mismo objetivo, lo que revela que las personas que están detrás de la campaña cuentan con un nulo conocimiento en estrategia digital o periodismo.

Con información de: Aníbal Muñiz Silva / Demis Santana /(Google News Initiative)

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El Caso Wallace

Periodista hace precisiones sobre víctimas del caso Wallace a Salvador Leyva, exfuncionario de Defensoría pública

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salvador leyva morelos

 

 

Salvador Leyva Morelos Zaragoza, quien se desempeñó como secretario técnico de Combate a la Tortura Tratos Crueles e Inhumanos del Instituto Federal de Defensoría Pública, hizo pública su renuncia a la nueva titular de ese organismo Taissia Cruz Parcero. Sin embargo, en su referencia a las víctimas del caso Wallace, dice «sentir temor de que la defensa sea vulnerada».

En respuesta, la periodista Guadalupe Lizárraga, autora de El falso caso Wallace, en una carta abierta al exfuncionario público, especifica las situaciones de vulnerabilidad que ya presentaba la defensa de las víctimas durante la gestión de Salvador Leyva como responsable de combatir la tortura desde Defensoría pública.

Aquí la carta abierta

Ciudad de México, a 3 de febrero de 2023

Sr. Salvador Leyva Morelos Zaragoza
Exsecretario Técnico de Combate a la Tortura, Tratos Crueles e Inhumanos del IFDP

En su renuncia al Instituto Federal de Defensoría Pública presentada con fecha del 2 de febrero de 2023, hago las siguientes precisiones con respecto a las víctimas de la fabricación del caso Wallace, por mi compromiso ético con éstas y por el derecho que México tiene a estar informado, sobre todo cuando ha sido objeto de manipulación mediática y corrupción judicial por casi cuatro sexenios promovida por ustedes mismos, los servidores públicos.

Siendo secretario técnico de Combate a la Tortura, Tratos Crueles e Inhumanos, adscrito a la Dirección General del IFDP, usted ignoró a las víctimas de tortura relacionadas con este caso: César Freyre Morales, Jacobo Tagle Dobin, Jael Malagón Uscanga, George Khoury Layón, y al abogado defensor de Jacobo, Alejandro Garduño Real, quien sufrió atentados con armas de fuego, además de la tortura psicológica por las amenazas a su familia.

Bajo su gestión, se le negó a César Freyre Morales practicarle el protocolo de Estambul por parte de la institución con el argumento de que ya estaba sentenciado. Incluso el defensor público que lleva el caso de esta víctima dijo tener miedo a represalias por tomar iniciativas en la defensa. Mi trabajo como periodista de investigación llegó a generar la evidencia documental para gestionar ante el Mecanismo Nacional de Prevención de Tortura, adjunto a la CNDH, la aplicación del protocolo de Estambul a César Freyre, y el 1 de agosto de 2022, bajo la dirección del Dr. Emmanuel Santos Narváez, se le entregó el resultado positivo en tortura, siendo una de las víctimas con más eventos de estas violaciones de derechos humanos en las que participó directamente Isabel Miranda Torres, acompañada en 2015 por Renato Sales Heredia, excomisionado nacional de seguridad púbica, esposo de quien ahora es la titular del IFDP.

Usted, su director general y el defensor público de César Freyre ignoraron los resultados de ese protocolo de Estambul, sin darle el debido seguimiento.

Jael Malagón Uscanga, quien fue torturado dentro de la celda en mayo de 2010 y que el ataque le provocó el desprendimiento de la retina del único ojo que tiene, tampoco fue atendido por el IFDP como víctima de tortura en el tiempo de su gestión como secretario técnico, siendo la acusadora Isabel Miranda Torres la que participó directamente en la detención de Jael, a quien también se le ha negado realizar un protocolo de Estambul y aún se encuentra sin sentencia. La defensora pública que lleva el caso de Jael ha expresado a la familia “el pánico que le tiene a Isabel Miranda”, por lo que tampoco ha hecho una defensa correcta.

Jacobo Tagle, como usted bien sabe, con protocolos de Estambul positivos en tortura y sin sentencia, además de la acusación del falso secuestro de Hugo Alberto Wallace, fue acusado del homicidio de Eduardo Bracamontes Salazar, causa 80/2012, perpetrado en 2004. La confesión de Jacobo bajo tortura fue parte de las fabricaciones del exagente de la SIEDO Braulio Robles Zúñiga, con la complicidad de la jueza de la CDMX Hermelinda Silva Meléndez, para sentenciar culpables a George Khoury Layón y a César Freyre Morales.

George Khoury ha sido víctima de cuatro detenciones arbitrarias y tortura ordenadas por Eduardo Cuauhtémoc Margolis Sobol, y ha sido acusado reiteradamente en los medios por Isabel Miranda de ser el autor intelectual del supuesto secuestro de su hijo y de otros crímenes.

Sin embargo, George ha sido absuelto de cinco procesos, y solo tiene la causa mencionada por la corrupción del Juzgado Vigésimo Quinto Penal de la Ciudad de México. La tortura más reciente a George Khoury fue el 12 de junio de 2022, en el Cefereso #17 de Michoacán, y en su traslado arbitrario al Cefereso #12 de Guanajuato, cuatro días antes de su audiencia de preliberación por haber compurgado el 50 por ciento de la condena por el delito que no cometió. La misma acusadora, los mismos torturadores y la misma indiferencia de usted en estos casos en su responsabilidad de combatir la tortura, los tratos crueles e inhumanos en el sistema penitenciario.

Por último, el exdefensor público Alejandro Garduño Real fue despedido injustificadamente del IFDP, después de 20 años de trabajar en el Poder Judicial y de tomar la defensa de Jacobo Tagle en 2019, cuando presenté ante la FGR y al Senado de la República al padre biológico de Hugo Alberto Wallace, quien daba la prueba superveniente con la muestra de ADN, el acta de matrimonio con su prima Isabel Miranda y el de nacimiento de su hijo con sus apellidos. Tras una serie de amenazas y atentados, el abogado Alejandro Garduño fue obligado a pedir refugio político a Estados Unidos, debido a la falta de protección institucional y a las torturas psicológicas por las amenazas a su familia ignoradas bajo su gestión en la secretaría para combatir la tortura.

Por lo anterior, la realidad de las víctimas contradice sus palabras sobre el temor que dice sentir a que la defensa de éstas sea vulnerada, puesto que en su propia gestión -bajo la dirección de Netzaí Sandoval Ballesteros– ya lo era.

Usted mismo fue parte del tráfico de influencias promovido por Ricardo Raphael con Alejandro Gertz Manero, en la FGR, y con el expresidente de la SCJN Arturo Zaldívar. Usted mismo promovió la entrada ilegal de Ricardo Raphael al Cefereso #16, de Morelos, para entrevistar a una de las víctimas, usurpando la función de un servidor púbico y dando armas judiciales y mediáticas a Isabel Miranda Torres para sus ataques.

Desde el IFDP se manipuló la defensa de las víctimas, y se ignoraron mis denuncias por tortura y secuestro en grado tentativo contra Isabel Miranda Torres interpuestas en 2018 y ratificadas en 2019.

No señor Leyva, usted no dice la verdad a México, y es responsable de la defensa vulnerada de miles de víctimas de tortura que fueron ignoradas por su gestión, no solamente el de las ocho víctimas de Isabel Miranda Torres, no seis, por cierto, como usted dice, una imprecisión que demuestra su ignorancia o su manipulación.

Las víctimas y nuestro país merecen la verdad. No los subestime.

Atentamente

Guadalupe Lizárraga
Periodista independiente
Los Ángeles Press

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El Caso Wallace

‘La vida impune. Biografía criminal de Isabel Miranda de Wallace’, el nuevo libro de la periodista Guadalupe Lizárraga

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La vida impune. Biografía criminal de Isabel Miranda de Wallace1, es el nuevo libro de la periodista Guadalupe Lizárraga

Cómo surge el poder de impunidad de quien fabricó culpables y los torturó en prisión reiteradas veces, con sentencias de hasta de 131 años de cárcel

Los Ángeles Press

La vida impune: Biografía criminal de Isabel Miranda de Wallace es el nuevo libro de no ficción de la periodista Guadalupe Lizárraga, con el que cierra la Trilogía Wallace, sobre el falso secuestro y homicidio de Hugo Alberto Wallace Miranda, que ha mantenido por más de quince años en prisión a ocho personas inocentes, víctimas de torturas.

La biografía de Isabel Miranda aborda desde las condiciones de pobreza en las que nació y cómo fue escalando con estudios en una academia comercial para ayudar a su familia hasta llegar al poder político y económico para influir en las políticas de Seguridad pública del país. Este camino fue labrado con el apoyo del Estado, escribe Guadalupe Lizárraga, desde 1994.

Con el apoyo de seis presidentes, “a lo largo de más de dos décadas, Isabel Miranda no sólo mantuvo la atención mediática en torno a su persona, sino que adoptó otros papeles de la vida pública: a veces como acusadora, otras como jueza, ministerio público, policía, custodia, en ningún caso con facultad jurídica”, dice la periodista en el prólogo del libro.

Para saber más del tema: Isabel Miranda de Wallace admite responsabilidad en las torturas de sus inculpados

 

La periodista hace énfasis en dos personajes púbicos que han sido clave para la red Wallace, Eduardo Cuauhtémoc Margolis Sobol, empresario de Tecnología en Inteligencia, y Genaro García Luna, que materializaron el poder de Isabel para aterrorizar a las familias de sus inculpados.

Un prólogo, 39 capítulos, un epílogo, las referencias bibliográficas y documentos oficiales es el cuerpo que da a La vida impune. Biografía criminal de Isabel Miranda de Wallace, libro con el que cierra la trilogía: El falso caso Wallace y La lucha por la verdad.

Prólogo:

Escribir sobre los 70 años de la vida de una persona supone un amplio grado de conocimiento de ella o de sus acciones. Podría pensarse una tarea complicada cuando se está a la distancia, especialmente si ha sido flanqueada por el poder en las dos terceras partes de esos años. Este libro, sin embargo, pretende ser evidencia de que esta tarea no es imposible, porque desde el Estado no hay crímenes privados. El impacto público de éstos es inocultable. Sólo los calla, quien quiere callarlos.

Lee también: PGR ayudó a fabricar pruebas a Isabel Miranda de Wallace

 

La vida de María Isabel Miranda Torres, a quien por su propia insistencia le decían ‘La señora Wallace’, nos da la oportunidad de conocer cómo un Estado con vocación criminal es capaz de construir el mal a nivel de lesa humanidad a través de la simbólica sencillez de una madre ordinaria, convertida en icono de justicia con el supuesto secuestro y homicidio de su hijo, para el consumo mediático de las masas. El caso Wallace, desde el periodismo independiente, lo reportamos como emblema de la corrupción judicial en México, y la observación prolongada y minuciosa nos llevó a revelar el patrón de hostilidad diseñado como política de gobierno durante los mandatos de Vicente Fox, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador. Así, la oscura entelequia del Estado –con su doble cara de Jano– distorsionaba macabramente los hechos con los que se incriminaba de manera sistemática a personas inocentes para simular eficiencia policial y justificar estratosféricos presupuestos para una seguridad pública a modo con la que verdaderos responsables de los crímenes eran protegidos. Mientras, miles de personas sufrían torturas y agresiones sexuales dentro de las cárceles obligándolos a aceptar crímenes que no habían cometido. A lo largo de más de dos décadas, Isabel Miranda no sólo mantuvo la atención mediática en torno a su persona, sino que adoptó otros papeles de la vida pública: a veces como acusadora, otras como jueza, ministerio público, policía o custodia, en ningún caso con facultad jurídica.

Sin escrúpulos y ambiciosa, Isabel Miranda era incapaz de sentir compasión por el dolor ajeno. Ante el poder de los demás se mostraba arrogante, y con su propio poder se volvía impulsiva; una fiel representante de la ignominia política, se empeñó en construir el espejismo de amor maternal, la mentira jaspeada de madre dolida. De la apariencia de sufrimiento insoportable por la supuesta tragedia del hijo brincó rápidamente a la imagen de empresaria y política exitosa, fuerte y extravagante. La escala de su popularidad fue inflada por la voracidad de los medios, y de la crueldad de las torturas a sus víctimas nadie daba cobertura.

Intencionalmente se mostraba “perseguida” por supuestos delincuentes y armaba montajes de atentados que seguían los medios amansados desde el erario. Exhortaba a las autoridades judiciales a responder con violencia contra la amenaza magnificada del crimen organizado, y compensaba jueces por dar condenas a perpetuidad con delitos fabricados de secuestro, tema en el que la vistieron de experta, desde los servicios de Inteligencia del Estado para el desvío de recursos públicos bajo el membrete de su asociación Alto al secuestro.

De la niñez de Isabel Miranda, poco se sabe, excepto las historias que ella misma contaba con gran imaginación a los medios y los datos personales que quedaron registrados en documentos oficiales y que también llegó a alterar. La realidad se ha ido develando poco a poco. Se supo que sus padres eran Elfega Mónica Torres y Fausto Miranda Romero, y su fecha de nacimiento, el 27 de mayo de 1951. Pero cuando los medios se mostraron interesados en su historia, dijo a TV Azteca y a la Revista Quién que su padre se llamaba Heriberto Miranda Romero, y que ella había nacido en 1955. En su libro El caso Wallace (Aguilar, 2010), afirmó que el año de su nacimiento había sido 1949 y que se había casado siendo todavía adolescente con José Enrique del Socorro Wallace Díaz. Para el diario El Universal manejó como fecha de nacimiento el 17 de enero de 1951. Un día dijo que tenía cinco hermanos; otro, nueve. Así iba dejando falsas pistas tras de sí, a través de los años, tratando de difuminar el pasado y de soltarse de la cadena familiar imposible de desatar.

También manejaba diferentes domicilios, incluso en un mismo documento. En 1969, dejaba en los registros oficiales que sus padres vivían en la avenida Jalisco 66, sin especificar la colonia, en la Ciudad de México. Para 1975, indicaba que vivían en Villa Coapa, en el Andador 67, de la avenida El riego. Y para 1978, cuando registraba su segunda acta de matrimonio, declaraba vivir en la Avenida Miguel Ángel de Quevedo, en Coyoacán; ella, junto con sus padres, en el número 1042; y dos de sus hermanos, que fueron testigos de la boda, en el número 1083. Nada de esto sería relevante, sino fuera por las múltiples identidades con las que jugaba, las de su hijo, las de sus esposos y la de sus padres, con las que pudo fabricar las pruebas que aún, al momento de escribir estas líneas, mantienen en prisión a ocho personas inocentes que sufren enfermedades y estrés postraumático por las torturas ordenadas por ella.

Isabel Miranda se inventaba vidas como familiares, se aumentaba o disminuía la edad en documentos oficiales, cambiaba los nombres de sus padres, y a sus hermanos los desaparecía o los crecía según la necesidad literaria del momento. Brincaba de una clase social a otra, obsesionada por la exageración, mientras cubría los delitos de su hijo, quien, a los 25 años, en 1994, según sus propias palabras, ganaba 200 mil pesos mensuales en su empresa recién creada. Pero quienes crecieron cerca de ella, recuerdan a una familia integrada por sus padres, varios hermanos bravucones, y mujeres sometidas por la violencia doméstica. Una familia ordinaria de Texcoco, decían, que quería sobrevivir a la pobreza, como todas.

La editora recomienda: Caso Wallace: Isabel Miranda participó en la tortura de Jacobo Tagle, según protocolo de Estambul

Podemos volver la vista atrás y –con la reconstrucción de los eventos más significativos políticamente en esos años– entender, sin que se justifique, la crueldad de un Estado autoritario y corrupto con el irisado anuncio de “democracia emergente” como terreno fértil para conseguir el dominio sobre las masas y reducirlas a su condición manipulable. Pero lo que nunca entenderemos, es el enigma de una madre que decidió desaparecer a su hijo por el macabro gozo del poder.

 

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Fabricación de culpables

Traslados de presos adultos mayores vulneran derechos humanos y ponen en riesgo su vida en Puebla

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Tirso Zúñiga y Jens Herrera, adultos de la tercera edad, llevan presos sin sentencia más de 26 años

Tirso Zúñiga y Jens Herrera llevan 26 años de prisión sin sentencia acusados por sus coprocesados bajo tortura

Por Guadalupe Lizárraga

Familiares de Tirso Zúñiga Vargas, de 74 años, quien lleva 26 años preso sin sentencia, externaron su preocupación a este medio por el traslado arbitrario del penal del Cereso de Puebla al de Tecali de Herrera, en condiciones más vulnerables de movilidad y con reducción de alimentos. Antes, Jens Herrera Guzmán fue trasladado al penal de Tepexi de Rodríguez, incomunicado de su familia.

Tirso Zúñiga es uno de los dos presos con mayor número de años sin sentencia en México. Él y su coprocesado Jens Herrera Guzmán, cumplieron 26 años en prisión preventiva, bajo la causa penal 240/1996, acusados de secuestro en contra de una persona de nombre María Salazar Apango, la cual en ninguna de sus declaraciones ministeriales los señala ni los reconoce.

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De acuerdo con la defensa, el único señalamiento fue de dos coprocesados que rindieron su declaración bajo tortura, sin embargo, pese a las evidencias presentadas en más de veinte años, siguen sin sentencia.

Tirso Zúñiga Vargas padece las enfermedades de hipertensión, reumatismo y artritis en las extremidades que le impiden valerse por sí mismo, por lo que usa silla de ruedas y andadera. Fue contagiado de Covid19, y requiere de medicamento que es proveído por la familia.

Traslados arbitrarios

El 16 de diciembre Tirso Zúñiga fue trasladado al penal de Tecali de Herrera, como una de las supuestas medidas de apoyo para personas de la tercera edad privadas de su libertad. No obstante, el testimonio de los internos adultos mayores en Puebla es que los traslados han sido arbitrarios, ya que no se les notifica a la familia ni a sus abogados. Adicionalmente, la movilidad es complicada para los internos más vulnerables por la avanzada edad y las enfermedades que sufren y se les redujo a dos porciones de alimentos por día, sin atención médica.

Lee también: Presos con más de 20 años en prisión denuncian «consigna» en Morelos

 

Jens Herrera Guzmán, procesado bajo la misma causa y en las mismas condiciones, fue trasladado el 25 de octubre al penal de Tepexi de Rodríguez, más de 80 kilómetros de distancia del Cereso de Puebla, por lo que a su familia también se le dificulta ir a verlos.

Al hacer el traslado de Herrera Guzmán, le quitaron sus pertenencias sin ninguna justificación, entre éstas, una lista de los internos adultos mayores en condiciones vulnerables, algunos en abandono jurídico, y muchos con más de dos años de prisión preventiva, una violación a la Constitución mexicana, según lo estipulado en el artículo 20, apartado B, fracción IX, donde se especifica que la prisión preventiva no podrá exceder del tiempo que como máximo de pena fije la ley al delito que motivare el proceso y en ningún caso será superior a dos años.

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