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Investigaciones

Guerra en redes contra Mimenza por denunciar homicidios quintuplicados y expropiación de terrenos en QRoo

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Por Ramsés Ancira

El empresario y activista contra el tráfico de personas y corrupción de menores, Carlos Mimenza Novelo, advirtió en conferencia de prensa el pasado miércoles 28 de octubre, que si el presidente Andrés Manuel López Obrador no actuaba contra el gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González por la expropiación de terrenos y respaldar el incremento de la violencia en ese estado, en cuya administración ha quintuplicado el número de homicidios dolosos, en 48 horas iniciaría una guerra “al menos mediática”. Su pronóstico se cumplió cabalmente.

A contracorriente de los gobernadores que han propuesto la disolución del pacto federal, Mimenza Novelo, quien aclaró que era simpatizante y votó por López Obrador, dijo que la única esperanza para Quintana Roo era la intervención de  la federación, pues a pesar de la corrupción que se vivió en la administración de Roberto Borge, los datos del INEGI demuestran que ahora con el medio hermano del también ex gobernador de la entidad Pedro Joaquín Coldwell, los homicidios aumentaron de 145, en 2016;  a 193 en 2017; 455 en 2018; 841 en 2019 y se prevé que esta cifra de crímenes se eleve en el 2020, pues hasta el mes de septiembre ya sumaban 750.

Para ilustrar la gravedad de la situación, si en los primeros nueve meses del 2020, se produjeron 750 asesinatos en Quintana Roo, 83.33 crímenes al mes en promedio, al finalizar el año la cifra se elevará a mil asesinatos, 159 más que el año pasado.

Mimenza Novelo dijo que es portavoz de un grupo de empresarios, quienes están dispuestos a patrocinar autodefensas puesto que la entidad vive prácticamente del turismo y la imagen de inseguridad que se proyecta, sumado al cobro “por derecho de piso” y otras formas de violencia ponen en riesgo proyectos como el del Tren Maya y detienen el desarrollo.

A este respecto denunció que en Tulum varias personas han sido encarceladas con falsos cargos para apoderarse de sus terrenos.

La guerra mediática

Al día siguiente de la llamada de alerta, se presentó en la Conferencia de Prensa de López Obrador una reportera inusual, pues debido a la pandemia se supone que los medios no habituales deben hacer cita por lo menos con un mes de anticipación para ingresar. La mujer leyó de su teléfono celular una serie de acusaciones contra el empresario Carlos Mimenza, que tergiversaban lo que los reporteros que acudimos a la conferencia le habíamos escuchado decir.

López Obrador no cayó en el garlito, respondió que no entraría en polémica sobre ese tema y prácticamente ningún medio de comunicación retomó la calumnia.

Pagos en redes para promover desinformación

La excepción fue el diario Contrarréplica, cuya propiedad se atribuye al ex jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, senador del Partido de la Revolución Democrática y actualmente inhabilitado por la Contraloría de la Ciudad de México. Cabe aclarar que Carlos Joaquín González, octavo gobernador desde que Quintana Roo se convirtió en Estado, es el primero postulado por el PRD, todos sus antecesores fueron del PRI. Sin embargo, se pagaron hasta 70 mil pesos mexicanos en las redes para promover la nota.

A pesar de que Mimenza presentó la gráfica de homicidios en Quintana Roo, elaborada por el INEGI, misma que se hizo pública el pasado 24 de septiembre de 2020, (como se puede constatar en este enlace https://grupopiramide.com.mx/noticias/politica/segun-datos-de-inegi-y-secretariadoejecutivo-se-dispararon-los-homicidios-en-el-presente-sexenio/), en Contrarréplica acusaron al vocero de “descalificaciones, sin sustento alguno más que su palabra”.

En la misma conferencia de prensa del 28 de octubre, Mimenza, había advertido que el gobernador tenía comprado al 95 por ciento de los medios informativos de Quintana Roo. En efecto, uno de estos medios, Ocurrió Aquí, pagó en redes sociales una campaña en la que se asegura que “El Borgista de Carlos Mimenza acusa a AMLO de NARCO” (sic por las mayúsculas). Lo cierto es que el ex gobernador Roberto Borge Angulo, también fue acusado en su momento por el mismo activista, incluso ante tribunales internacionales, por diversos delitos. Borge fue detenido en Panamá el 4 de junio de 2017, cuando se disponía a abordar un vuelo a París, tras abrirle un proceso por lavado de dinero.

En otro frente de la Guerra Mediática

Francisco Romero Díaz fue el quinto periodista asesinado en México durante el año 2019 según la organización Reporteros sin Fronteras. Contaba con las medidas de seguridad del Mecanismo para la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas, pese a lo cual sus victimarios cumplieron su cometido en el municipio de Playa del Carmen. A las cinco de la mañana del 16 de mayo de ese año recibió una llamada en la cual le informaron falsamente que debía cubrir un suceso en un bar llamado “La Gota”. Horas después encontraron su cuerpo golpeado y con dos balazos.

Su viuda, Verónica Rodríguez Puerto declaró que el medio local Quinta Fuerza, a través de su director Ariel Urtaza la presionó para que acusara falsamente al periodista Andrés Palafox, de estar involucrado en el asesinato. Palafox también pidió medidas de seguridad al Mecanismo para la protección de derechos humanos y periodistas.

Ahora Urtaza es uno de los que encabeza la campaña de linchamiento contra Mimenza.

 

La familia del gobernador

Por su parte, El Diario de Yucatán destacó en su portal de Internet el 1 de noviembre: Escándalo en redes involucra a la familia del gobernador de Quintana Roo e informa que Carlos Mimenza Novelo ha ofrecido una recompensa de 100 mil pesos a quien demuestre que el gobernador Carlos Joaquín González es adicto a la cocaína.

En la misma edición se reproduce un video en el que el primo del gobernador, Pedro Joaquín Delbouis, lo acusa de comportarse como un “escuincle de 15 años metido en problemas de adicciones”.

También el portal de la Revista Proceso informó en su edición del 2 de noviembre de 2020 de esta recompensa ofrecida por Mimenza en su página de Facebook, donde publica también videos con ejercicios de gimnasio y denuncias de corrupción de funcionarios públicos. Esta página ubicable con la clave @carlosmimenzanoveloo cuenta con más de 300 mil suscriptores.

La periodista y ahora secretaria de Seguridad Pública Federal, Rosa Icela Rodríguez deberá estar atenta a esta guerra mediática anunciada por Mimenza, cuando pidió la destitución de Alberto Capella, quien se desempeña como secretario de seguridad pública en Quintana Roo y en cuya gestión, a partir de 2018, prácticamente se duplicó la cifra de homicidios dolosos.

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Fabricación de culpables

Testigo protegido Zenya, bajo tortura y pagos, fabricaba culpables en la PGR de Marisela Morales

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Por Guadalupe Lizárraga

“Conozco plenamente, y sin temor a equivocarme, a la persona como el Scarface o Caras, ya que tiene la cara cortada. Él es miembro de la organización criminal conocida como Gente Nueva, que forma parte del cártel de Sinaloa…”

Es la voz del testigo protegido Zenya, en julio de 2010. Así iniciaba invariablemente sus declaraciones ministeriales en ante los juzgados, solo cambiaba el nombre de sus inculpados. Quienes le proveían la información eran los agentes de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), bajo la gestión de Marisela Morales, en la entonces Procuraduría General de la República.

El pasado 16 de diciembre, pidió al presidente Andrés Manuel López Obrador que se inhabiliten sus declaraciones incriminatorias ante el Ministerio Público, hechas de 2010 a 2014, bajo tortura y pagos de 50 mil pesos, para que señalara por narcotráfico y delincuencia organizada a unas quince personas. La solicitud al presidente de la república es porque lo siguen requiriendo para ratificar sus falsas declaraciones y que revele su identidad, por lo que teme por su vida.

Antes de ser incorporado como colaborador con la clave Zenya, el entrevistado fue detenido en abril de 2010 por un grupo de militares en la frontera norte, torturado, y trasladado a la Ciudad de México, para entregarlo a la PGR. Meses después empezó el entrenamiento para fabricar culpables. Aunque se dedicaba a cruzar gente a Estados Unidos, tras la tortura se incriminó como integrante de grupos de narcotráfico y –bajo coacción por pagos de 50 mil pesos– fue obligado a incriminar a otras personas.

Los agentes del Ministerio Público lo obligaban a aprenderse nombres, lugares y tramas de hechos de cómo supuestamente introducían la droga a Estados Unidos por la zona del desierto, información que declaraba en careos constitucionales sin haber visto nunca a las personas que incriminaba. Incluso los señalaba en fotografías, y los agentes le prometieron que de inmediato lo iban a liberar si hacía lo que ellos decían. Sin embargo, estuvo cinco años en prisión también con delitos fabricados.

La PGR usó a medios de comunicación para dar legitimidad a las declaraciones del testigo Zenya, como lo hacía con otros testigos protegidos. El semanario Contralínea y el digital internacional Voltairenet.org, aliados editoriales, fueron los primeros en presentar como “reportaje de investigación” los expedientes fabricados del testigo protegido Zenya por la PGR de Marisela Morales; posteriormente la información se replicaba en digitales con temas de narcotráfico y medios locales, como Insight Crime, Blog del Narco y diario.mx, replicado del diario Reforma. Todos en el mismo año y con la misma información, sin variar en la redacción.

En un período de 2010 a 2014, llegó a señalar unas diez personas, o quince -dice-, a quienes nunca había visto ni tenía referencias de ellas, sólo lo que le obligaban a decir los agentes del Ministerio Público. Sus inculpados han pasado en prisión sin sentencia, algunos por más de diez años.

En 2018, la defensa de sus incriminados solicitó que se le aplicara el protocolo de Estambul al testigo protegido Zenya, y la gestión provino del Consejo de la Judicatura de la Federación, resultando positivo en tortura. No obstante, actualmente se le sigue solicitando que ratifique sus denuncias y revele su identidad, por lo que pidió a ayuda al presidente Andrés Manuel López Obrador a que terminen estas falsas investigaciones criminales del Poder Judicial durante el gobierno de Felipe Calderón, y se garantice su seguridad, inhabilitando sus señalamientos hechos bajo tortura.

En conferencia matutina del 16 de diciembre de 2021, ante la exposición del tema de los falsos testigos protegidos, el presidente López Obrador reiteró que estas personas que fueron torturadas para incriminarse o incriminar a otros debían ser liberados, sólo que acreditaran la tortura con los protocolos internacionales. Un asunto que tiene que ser resuelto por la Secretaría de Gobernación.

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Mexico Violento

Autoridades penitenciarias secuestradas por pandilleros internos del Cefereso 17, de Michoacán

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El sábado 8 de enero a las 5 de la mañana, internos del Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) 17 CPS, de Michoacán, secuestraron al director general del penal Jorge Isaac Neri García, a la directora jurídica Angélica María Ramírez y a un oficial, del que nos reservamos su identidad por su seguridad, dentro de los dormitorios Eco-9 y Delta-9.

El oficial fue el primero en ser retenido contra su voluntad y herido con un arma punzocortante en una pierna, por los internos Demetrio de la Luz Rosales, José Luis Burgos Salazar, Jesús Rafael López Evangelista y Ramsés Alejandro Lugo, quienes se ostentan como líderes de las pandillas dentro del Cefereso.

El director general y la directora jurídica, cuando llegaron a ver la situación, también fueron retenidos de la misma forma. El entrevistado señaló que la Guardia Nacional estuvo en las puertas del Cefereso en espera de la instrucción para entrar a poner orden. Pero los internos que retenían a las autoridades dijeron que si entraban los militares iban a matar primero al oficial, y seguirían con los otros servidores públicos.

Los internos se han organizado en pandillas dentro de los dormitorios mencionados y afirman responder a las órdenes de César Iván Casarín Molina, alias El Tornado, del Cártel Jalisco Nueva Generación.

Diferentes oficiales de seguridad denunciaron que las pandillas ya superan unos 300 internos siendo mayoría, porque son ocho módulos por dormitorio y los custodios han sido amenazados en varias ocasiones, incluso se enfatizó que es la segunda vez que secuestran a los directores del penal por las mismas órdenes del CJNG.

“Ya no podemos controlarlos, y nos han amenazado con la familia”, dice otro de los oficiales. Según el entrevistado, el motivo del secuestro fue para obligar al director del penal Jorge Isaac Neri a que mueva a todas las pandillas para estar juntas en el patio de población, lo que les permite mantener el control del penal y extorsionar o coaccionar a internos que no pertenezcan a sus grupos.

De acuerdo con la información, las pandillas son patrocinadas por César Iván Casarín Molina, pero también trascendió que el mismo narcotraficante ha dado dinero al director del penal y otras autoridades como el director técnico Librado Carmona García, entre otros. Por lo mismo se mantuvo con discreción la información del atentado del oficial y las retenciones ilegales de los directivos.

Durante todo el sábado estuvieron suspendidas las actividades para la población penitenciaria.

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Fabricación de culpables

Militares torturaron y usaron a falso testigo protegido Romeo para fabricar culpables en gobierno de Calderón

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Por Guadalupe Lizárraga

El 9 de septiembre de 2009, Ana Georgina Domínguez Macías fue detenida de manera arbitraria sin una orden judicial frente a sus dos hijos menores por miembros del Ejército mexicano. Para su incriminación usaron al falso testigo protegido Romeo, una mujer que cobraba por incriminar de narcotráfico y delincuencia organizada a personas inocentes ante el Ministerio público de Federación.

Eran las 4 de la mañana, de ese 9 de septiembre, cuando los militares irrumpieron con ostentosa violencia en el departamento de Ana Georgina ubicado sobre la calle Francisco Téllez, de la Colonia Vista Mar, a tres cuadras del Ministerio Público PGR en Coatzacoalcos Veracruz. Sin embargo, pese a la cercanía de la PGR, Ana Georgina fue presentada 13 horas después, en la Ciudad de México.

Durante ese tiempo los militares la llevaron a la base militar donde la torturaron con abuso sexual. Y posteriormente, la presentaron ante el Ministerio Público de la SIEDO, donde los agentes la acusaron de ser contadora del Cártel de Golfo, y de trabajar para el narcotraficante Osiel Cárdenas Guillén. No obstante, en su testimonio, Ana Georgina señaló que ella trabajaba en la Plataforma Marina de Petróleos Mexicanos (Pemex) y su sueldo era de diez mil pesos mensuales. Incluso su pareja sentimental trabajaba en el mismo lugar bajo contrato que fue parte de su evidencia ignorada.

Sus cargos judiciales fueron de lavado de dinero y delincuencia organizada, cargos que tienen una sentencia de 8 años, y que de haber sido sentenciada culpable ya hubiera concluido su tiempo de prisión. Sin embargo, Ana Georgina lleva 12 años en prisión sin sentencia.

Los miembros de la SEDENA le pusieron un alias, y difundieron el boletín en todos los medios de comunicación con los que tiene alianza para exhibirla como delincuente, y simular un gran golpe al narcotráfico.

En SIEDO le fabricaron una declaración en la que se incriminaba, aceptando ser parte del Cártel del Golfo, que después de varios días de negarse a firmarla porque no le permitían leer su contenido, tuvo que firmarla cuando le mostraron fotos de sus dos hijos menores.

La testigo protegido Romeo, quien también había declarado contra otras personas en acuerdo con la SIEDO, se desistió por el incumplimiento de pagos de la PGR, pero otras dos personas fueron torturadas para incriminar a Ana Georgina, quienes se identificaron como Raúl Gutiérrez Jiménez y Sergio Enrique Ruiz Tlapanco, ambos también acusados de pertenecer al mismo cártel, y que sostuvieron no conocer a Ana Georgina.

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