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Investigaciones

Guerra en redes contra Mimenza por denunciar homicidios quintuplicados y expropiación de terrenos en QRoo

Ramses Ancira

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Por Ramsés Ancira

El empresario y activista contra el tráfico de personas y corrupción de menores, Carlos Mimenza Novelo, advirtió en conferencia de prensa el pasado miércoles 28 de octubre, que si el presidente Andrés Manuel López Obrador no actuaba contra el gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González por la expropiación de terrenos y respaldar el incremento de la violencia en ese estado, en cuya administración ha quintuplicado el número de homicidios dolosos, en 48 horas iniciaría una guerra “al menos mediática”. Su pronóstico se cumplió cabalmente.

A contracorriente de los gobernadores que han propuesto la disolución del pacto federal, Mimenza Novelo, quien aclaró que era simpatizante y votó por López Obrador, dijo que la única esperanza para Quintana Roo era la intervención de  la federación, pues a pesar de la corrupción que se vivió en la administración de Roberto Borge, los datos del INEGI demuestran que ahora con el medio hermano del también ex gobernador de la entidad Pedro Joaquín Coldwell, los homicidios aumentaron de 145, en 2016;  a 193 en 2017; 455 en 2018; 841 en 2019 y se prevé que esta cifra de crímenes se eleve en el 2020, pues hasta el mes de septiembre ya sumaban 750.

Para ilustrar la gravedad de la situación, si en los primeros nueve meses del 2020, se produjeron 750 asesinatos en Quintana Roo, 83.33 crímenes al mes en promedio, al finalizar el año la cifra se elevará a mil asesinatos, 159 más que el año pasado.

Mimenza Novelo dijo que es portavoz de un grupo de empresarios, quienes están dispuestos a patrocinar autodefensas puesto que la entidad vive prácticamente del turismo y la imagen de inseguridad que se proyecta, sumado al cobro “por derecho de piso” y otras formas de violencia ponen en riesgo proyectos como el del Tren Maya y detienen el desarrollo.

A este respecto denunció que en Tulum varias personas han sido encarceladas con falsos cargos para apoderarse de sus terrenos.

La guerra mediática

Al día siguiente de la llamada de alerta, se presentó en la Conferencia de Prensa de López Obrador una reportera inusual, pues debido a la pandemia se supone que los medios no habituales deben hacer cita por lo menos con un mes de anticipación para ingresar. La mujer leyó de su teléfono celular una serie de acusaciones contra el empresario Carlos Mimenza, que tergiversaban lo que los reporteros que acudimos a la conferencia le habíamos escuchado decir.

López Obrador no cayó en el garlito, respondió que no entraría en polémica sobre ese tema y prácticamente ningún medio de comunicación retomó la calumnia.

Pagos en redes para promover desinformación

La excepción fue el diario Contrarréplica, cuya propiedad se atribuye al ex jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, senador del Partido de la Revolución Democrática y actualmente inhabilitado por la Contraloría de la Ciudad de México. Cabe aclarar que Carlos Joaquín González, octavo gobernador desde que Quintana Roo se convirtió en Estado, es el primero postulado por el PRD, todos sus antecesores fueron del PRI. Sin embargo, se pagaron hasta 70 mil pesos mexicanos en las redes para promover la nota.

A pesar de que Mimenza presentó la gráfica de homicidios en Quintana Roo, elaborada por el INEGI, misma que se hizo pública el pasado 24 de septiembre de 2020, (como se puede constatar en este enlace https://grupopiramide.com.mx/noticias/politica/segun-datos-de-inegi-y-secretariadoejecutivo-se-dispararon-los-homicidios-en-el-presente-sexenio/), en Contrarréplica acusaron al vocero de “descalificaciones, sin sustento alguno más que su palabra”.

En la misma conferencia de prensa del 28 de octubre, Mimenza, había advertido que el gobernador tenía comprado al 95 por ciento de los medios informativos de Quintana Roo. En efecto, uno de estos medios, Ocurrió Aquí, pagó en redes sociales una campaña en la que se asegura que “El Borgista de Carlos Mimenza acusa a AMLO de NARCO” (sic por las mayúsculas). Lo cierto es que el ex gobernador Roberto Borge Angulo, también fue acusado en su momento por el mismo activista, incluso ante tribunales internacionales, por diversos delitos. Borge fue detenido en Panamá el 4 de junio de 2017, cuando se disponía a abordar un vuelo a París, tras abrirle un proceso por lavado de dinero.

En otro frente de la Guerra Mediática

Francisco Romero Díaz fue el quinto periodista asesinado en México durante el año 2019 según la organización Reporteros sin Fronteras. Contaba con las medidas de seguridad del Mecanismo para la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas, pese a lo cual sus victimarios cumplieron su cometido en el municipio de Playa del Carmen. A las cinco de la mañana del 16 de mayo de ese año recibió una llamada en la cual le informaron falsamente que debía cubrir un suceso en un bar llamado “La Gota”. Horas después encontraron su cuerpo golpeado y con dos balazos.

Su viuda, Verónica Rodríguez Puerto declaró que el medio local Quinta Fuerza, a través de su director Ariel Urtaza la presionó para que acusara falsamente al periodista Andrés Palafox, de estar involucrado en el asesinato. Palafox también pidió medidas de seguridad al Mecanismo para la protección de derechos humanos y periodistas.

Ahora Urtaza es uno de los que encabeza la campaña de linchamiento contra Mimenza.

 

La familia del gobernador

Por su parte, El Diario de Yucatán destacó en su portal de Internet el 1 de noviembre: Escándalo en redes involucra a la familia del gobernador de Quintana Roo e informa que Carlos Mimenza Novelo ha ofrecido una recompensa de 100 mil pesos a quien demuestre que el gobernador Carlos Joaquín González es adicto a la cocaína.

En la misma edición se reproduce un video en el que el primo del gobernador, Pedro Joaquín Delbouis, lo acusa de comportarse como un “escuincle de 15 años metido en problemas de adicciones”.

También el portal de la Revista Proceso informó en su edición del 2 de noviembre de 2020 de esta recompensa ofrecida por Mimenza en su página de Facebook, donde publica también videos con ejercicios de gimnasio y denuncias de corrupción de funcionarios públicos. Esta página ubicable con la clave @carlosmimenzanoveloo cuenta con más de 300 mil suscriptores.

La periodista y ahora secretaria de Seguridad Pública Federal, Rosa Icela Rodríguez deberá estar atenta a esta guerra mediática anunciada por Mimenza, cuando pidió la destitución de Alberto Capella, quien se desempeña como secretario de seguridad pública en Quintana Roo y en cuya gestión, a partir de 2018, prácticamente se duplicó la cifra de homicidios dolosos.

Investigaciones

Argentina: El terrorismo de Estado también fue terrorismo sexual

María Florencia Alcaraz

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Por María Florencia Alcaraz

Las violencias estatales no son lineales: son capas que se abren y encierran más violencias, como una cebolla putrefacta. Después del secuestro, los interrogatorios, los golpes, el estancamiento, más golpes, la capucha, los grilletes, el submarino seco, el submarino mojado, la picana, la parrilla, las sesiones de tortura física y las amenazas de muerte constantes, para ellas venía la violación.

Muchas sobrevivieron para dar testimonio, otras tuvieron como último destino la desaparición forzada y sus compañeras dieron cuenta de ese sometimiento en el encierro. En las cuchas en las que dormían; en los baños cuando intentaban asearse; en cuartos a los que eran llevadas engañadas; en hoteles y habitaciones fuera de los predios clandestinos: militares de diferentes rangos y responsabilidades violaban a las detenidas-desaparecidas. El terrorismo de Estado fue, también, terrorismo sexual.

Era una forma de sellar con la firma patriarcal esos cuerpos ya marcados por las violencias del secuestro, las vejaciones y torturas. Acentuar al extremo las masculinidades violentas y agresivas que se desplegaban en los centros clandestinos de detención.

Las violaciones, a su vez, fueron correctivas: una manera de signar esas trayectorias vitales que habían desobedecido al mandato de género y a la sumisión que se esperaba de la sociedad en general. Los delitos sexuales se inscriben en la larga lista de delitos que se cometieron durante la última dictadura cívico-militar. Los varones también sufrieron, en menor escala, este tipo de crímenes de poder, pero para las mujeres formaba parte del cotidiano.

Desde la óptica patriarcal se trataba de un castigo que rebotaba en un laberinto de espejos: cada violación fue un mensaje para lxs otrxs detenidxs, sus parejas, compañerxs de militancia, hermanos, padres. Y, a su vez, imprimía en ellas un estigma que -como sobrevivientes- después iban a cargar. Sobre el “algo habrán hecho” para estar cautivas, se imprimió el “algo habrán hecho” para sobrevivir. “Putas y guerrilleras”, nombró la periodista Miriam Lewin su libro sobre Crímenes sexuales en los centros clandestinos de detención.

Es posible hilvanar una historia común que une las denuncias públicas y judiciales que hacen muchas chicas hoy contra músicos del rock; las actrices contra actores abusadores y violadores y cada una que decide volver perecedero el tiempo del silencio. Las sobrevivientes de la dictadura víctimas de violaciones y otros delitos sexuales, tampoco se callaron; solo que sus relatos quedaron bajo el manto de crueldad que imprime la desaparición forzada y, a su vez, la escucha era otra. El Poder Judicial tardó casi tres décadas en nombrar estos crímenes. La invisibilización jurídica los ocultó bajo la figura de “tormentos”.

—¿Es verdad que vos salías con el tigre Acosta?”, le preguntó la señora de los almuerzos, Mirtha Legrand, a Miriam Lewin hace 15 años.

—¿Cómo que “salía”?

No. En un centro clandestino de detención no existe el consentimiento. El continuum de terrorismo sexual comenzaba con la desnudez forzada a la que eran sometidas. Seguía con los comentarios sobre sus cuerpos, manoseos, tocamientos, abusos, penetración con objetos, violaciones, abortos forzados, esclavitud sexual, partos clandestinos.

***

A Mirta Pérez se turnaban para violarla. No sabe cuánto tiempo estuvo esposada a la cama con sábanas limpias que eligieron para someterla a este crimen de poder. A Susana la violaron, al menos, en tres oportunidades. Primero, un guardia la llevó al baño engañada para forzarla a tareas de limpieza y luego la violó en un cuartito. Después el represor Jorge Rádice la llevó a un hotel cercano al centro clandestino y la violó. Juan Carlos Rolón, también.

Liliana Elvira Pontoriero contó durante el juicio que la segunda vez que la sometieron a una sesión de picana eléctrica no la violaron porque estaba menstruando. Sin embargo, la obligaron a masturbarse con un palo de goma. Todas ellas sobrevivieron a su estadía forzada en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), donde se calcula que pasaron -al menos- 360 mujeres. A pesar de la enorme cantidad de testimonios que dan cuenta de una práctica sistemática sobre los cuerpos de las cautivas aún ningún represor de este centro clandestino de detención fue condenado por violaciones y abusos sexuales.

“Los guardias solían decir que las mujeres éramos mucho más peligrosas que los hombres”, dijo Andrea Bello, secuestrada el 6 de diciembre de 1978, en el testimonio que brindó en el juicio por ESMA en 2013.

Ya en el Juicio a las Juntas, en 1985, algunas sobrevivientes pudieron poner en fila los recuerdos del horror y contar las violaciones. Sin embargo, los jueces no jerarquizaron esos relatos. Las interrumpían, no repreguntaban o simplemente pasaban a otro tema sin solución de continuidad.

Elena Alfaro, una sobreviviente de El Vesubio, contó cómo la violaron a ella y a tres compañeras más, de las que pudo dar nombre y apellido. Sin embargo, cuando terminó el relato, el juez solo atinó a preguntarle: “¿Pudo notar la presencia de alguna persona extranjera en el lugar, como detenida?”. Con la apertura de los juicios volvió a contar cómo había sido violada.

***

La invisibilidad jurídica también estuvo relacionada a que en el Código Penal argentino la violación sexual estaba tipificada como “delito contra la honestidad” y recién en el año 1999 la definición fue cambiada por “delito contra la integridad sexual”.

En la jurisprudencia internacional, la primera sentencia que definió la violación sexual como un delito contra la humanidad y en un instrumento para el genocidio fue el 2 de septiembre de 1998, en el caso Akayesu, por la Sala de Primera Instancia del Tribunal Penal Internacional para Ruanda. Allí se juzgaron las violaciones de las mujeres Tutsi.

Tras la reapertura de los juicios, en 2010 la condena Gregorio Rafael Molina a prisión perpetua por los crímenes cometidos en “La Cueva”, que funcionó en la Base Aérea de Mar del Plata, fue una bisagra. Se trató de la primera que nombró a los delitos sexuales por su nombre. Las mujeres que pasaron por ese centro clandestino lo recuerdan por sus sistemáticas violaciones. “Cuando ese hombre de uniforme me violaba, era la Patria la que me violaba”, declaró una de las testigos en el juicio. Molina ya murió.

Dos años después de esa primera condena, la Procuración General de la Nación emitió una resolución que marcó lineamientos a lxs fiscales: cómo propiciar espacios seguros para que las sobrevivientes cuenten estos delitos y abordarlos criminalmente. Pablo Parenti, por entonces coordinador de la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de las Causas por Violaciones a los Derechos Humanos, fue uno de los abogados que empujó esta perspectiva. Hubo actores y actrices que fueron fundamentales para que se investiguen estos crímenes de manera autónoma. Como Carolina Varsky, desde el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que en sus alegatos en la causa ESMA habló de las particularidades de ser mujer en ese centro clandestino y escribió distintos documentos para aportar a la reflexión sobre este tema. Varsky hoy es titular de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad. También la fiscal Mercedes Soiza Reilly hizo un pedido en esa misma línea en el caso de la ESMA.

Hoy los delitos sexuales son delitos de lesa humanidad. A 43 años del 24 de marzo de 1976, en todo el país los fallos judiciales cuentan 892 personas condenadas por delitos de lesa humanidad, de las cuales 98 fueron responsabilizadas por delitos sexuales: 95 hombres y 3 mujeres. Únicamente el 12% de las sentencias incluye este tipo de delitos, 26 de un total de 219 veredictos. En esos fallos, se reunieron las historias de 86 víctimas: 75 mujeres y 11 hombres.

***

Hasta hace muy poco el lugar en el que aparecían las mujeres en el Museo Sitio de Memoria ESMA era en la maternidad. La memoria construida alrededor de lo que pasó en ese centro clandestino comandado por el Grupo de Tareas 3.3.2. las encapsulaba ahí y la recorrida propuesta-escrita en paneles en genérico masculino ni siquiera las nombraba. La muestra inaugurada recientemente “Ser mujeres en la ESMA, testimonios para volver a mirar” propone una nueva mirada e incluye los abusos y delitos sexuales que sufrieron, en particular, los cuerpos de las mujeres. “Hoy el feminismo entró a la ESMA y no se va de acá nunca más”, dijo Miriam Lewin en una de las actividades alrededor de la muestra.  No hay una sola memoria, las memorias son muchas, son colectivas y son feministas. Nunca más una memoria sin las mujeres y las disidencias. Nunca más una historia sin nosotras.

 

Fuente original: Cosecha Roja

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Fabricación de culpables

Activistas y familiares de falsos culpables piden libertad al presidente López Obrador

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Por Guadalupe Lizárraga

Familiares de víctimas de fabricación de culpables y organizaciones de derechos humanos se manifestaron frente a Palacio Nacional, para exigir atención a los casos de las personas privadas de su libertad con delitos fabricados, confesiones bajo tortura o procesos irregulares, muchos desde la administración de Vicente Fox.

Uno de los oradores fue José Humbertus Pérez Espinoza, quien fue preso de conciencia como represalia a su activismo, y quien recientemente participó en la elaboración de la ley de amnistía del Estado de México, logrando la inclusión de acusados por delitos de alto impacto. Entre sus propuestas, enfatizó la importancia de replicar esta ley de amnistía a los demás estados de la república para abordar casos con violaciones de derechos humanos, de presunción de inocencia y al debido proceso.

Por parte de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos (LIMEDDH), Adrián Ramírez López enfatizó en los problemas dentro de los penales, el maltrato, la tortura, el tráfico de drogas y la inducción al consumo de ésta, que hacen estragos en los internos.

Expuso el presidente de la Limeddh que además de las confesiones bajo tortura, los falsos culpables eran exhibidos en los medios de comunicación como delincuentes.

El caso de Luis Díaz Pantoja, preso político, detenido de manera arbitraria en 2013, pero con orden de aprehensión desde 2010, fue expuesto por su abogado Jefte Méndez, quien se trasladó desde el estado de Oaxaca a la manifestación.

Francia Henao, madre Nino Colman Hoyos Henao, tomó la palabra para exponer el caso de su hijo, víctima de tortura y detención arbitraria, acusado falsamente de secuestro, y responsabilizó a Isabel Miranda Torres de interferir en la justicia. Señaló que en todas las audiencias judiciales estuvo presente Miranda Torres actuando frente al juez como acusadora de su hijo, además de controlar los medios donde Nino Colman también fue exhibido como responsable del delito sin ninguna prueba.

El caso del capitán de Infantería Vladimir Ilich Malagón Rendón, torturado por la Policía Judicial Militar, después de denunciar por narcotráfico a militares de alto rango de la SEDENA y al entonces secretario de Trabajo, Javier Lozano Alarcón, fue expuesto por Elizabeth Pérez Ramos. Destacó que Malagón fue acusado de homicidio, y se encuentra privado de su libertad desde junio de 2010.

El caso de José Eduardo Toledano Téllez, quien lleva 21 años preso acusado de secuestro, pese a pruebas contundentes de su inocencia, fue otra de las exposiciones por su hermano Héctor Toledano, quien se trasladó de Querétaro a la manifestación. José Eduardo fue sentenciado a más de 38 años por la jueza María Medel, pese a que en 2009, se había capturado al verdadero responsable del delito que se le acusaba, a José Ángel Toledano Sánchez.

Después del plantón en el zócalo, funcionarios de la Secretaría de Gobernación, de la Unidad de Apoyo al Sistema de Justicia que dirige Paulina Téllez, convocaron a las organizaciones a una reunión para escuchar a los activistas.

 

 

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Estados Unidos

Fiscales de Nueva York entregan pruebas contra García Luna por operaciones de droga desde 2002, siendo titular de la AFI

Emmanuel Ameth

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Por Emmanuel Ameth

Los fiscales encargados del caso de Genaro García Luna en la Corte de Brooklyn, Nueva York entregaron al Juez Brian M. Cogan 974 mil páginas con pruebas sobre operaciones de tráfico de droga a Estados Unidos que datan desde 2002 y 2003, recién nombrado titular de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI), así como un ’voluminoso’ expediente con comunicaciones interceptadas del acusado, para que sean tomados en cuenta en la audiencia que se celebrará dentro de 60 días.

El expediente es una “garantía” de que la defensa no podría llevar a cabo estrategia alguna a favor del inculpado. La razón, que incluso si un abogado analizara 100 fojas diariamente durante 60 días para realizar una estrategia jurídica eficiente, se necesitarían al menos de 167 profesionales de las leyes, a todas luces, una labor imposible.

De acuerdo con el documento, dado a conocer por el reportero Keegan Hamilton de Vice News desde su cuenta de Twitter, los fiscales se encuentran en espera de la réplica de las empresas de García Luna, extitular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, a las cuales les han pedido información.

De acuerdo con el documento, la audiencia programada para el 17 de febrero será pospuesta para dentro de dos meses, estando de acuerdo ambas partes, sin embargo los fiscales que representan a Estados Unidos adelantaron al Juez Cogan que esperan respuestas a las citaciones realizadas tanto a los abogados defensores como a los representantes de las empresas de García Luna.

En la carta al Juez Brian Cogan, que está disponible en el sistema electrónico de las cortes federales, los fiscales dijeron que seguirán presentando pruebas, a medida que las reciben, en las próximas semanas.

Por su parte, la periodista Dolia Estévez resaltó en redes sociales que el expediente en el caso de García Luna no ha mencionado la petición de extradición presentada por el Gobierno de México.

El pasado 2 de diciembre, los fiscales estadounidenses solicitaron al Juez Brian Cogan aplazar la divulgación de la evidencia contra García Luna para proteger la identidad de los testigos.

“El acusado y sus conspiradores podrían llevar a cabo una campaña de acoso, intimidación y/o violencia contra los testigos y sus familias antes del juicio, para castigarlos por su cooperación, disuadirlos de testificar contra él y frenar así la cooperación de otros”, escribieron los fiscales.

En una carta dirigida al Juez, también solicitan que los documentos se mantengan como clasificados hasta el 1 de marzo de 2021.

“Una orden de protección que permita plazas la divulgación de los materiales no iría en perjuicio del acusado y reduciría el riesgo de daño a los potenciales testigos de un juicio -al identificarlos-, así como el riesgo de exponer las investigaciones en desarrollo que los materiales identifican”, dice la carta firmada por el Fiscal federal Seth DuCharme.

La misiva añade que dichos materiales “proveen de información que podría se usada para identificar a testigos potenciales en un juicio, y cuyas identidades no han sido reveladas al acusado, a su defensa o al público”.

Dentro de los documentos que se solicita se mantengan reservados están comunicaciones grabadas, registros financieros y de propiedad pública, fotografías y “otros que revelarían la fuente del material”.

Añadió que tanto los testigos como sus familias “enfrentarían riesgos de seguridad serios si su cooperación con el Gobierno [de Estados Unidos] y su calidad como posibles testigos de juicio, fuera revelado”.

García Luna está acusado en la Corte del Distrito este de Nueva York de asociación delictiva para obtener, distribuir e importar cocaína, así como falsedad de declaración a agentes migratorios estadounidenses en 2018 y aceptación de sobornos.

Los cargos también incluyen pertenencia a una empresa delictiva, con agravantes por tráfico de 5,000 kilogramos de cocaína en diciembre de 2008, 23 mil kilogramos en octubre de 2007 y otros 19 mil kilogramos en marzo del mismo año, además de otras tres operaciones de droga en 2002 y 2003.

Por los cargos anteriormente mencionados el extitular de la SSP recibiría una pena mínima de 20 años y una máxima de cadena perpetua. A ello se suma la falsedad de declaraciones para acumular cinco imputaciones.

Su caso fue abierto después del juicio contra Joaquín El Chapo Guzmán, donde el capo Jesús Reynaldo Zambada García (hermano de Ismael Zambada, el Mayo que ahora quedó al frente del Cártel de Sinaloa), declaró que él personalmente entregó una maleta con USD 3 millones, cuando estaba al frente de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI), durante el Sexenio de Vicente Fox.

Con información de sinembargo.mx

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