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Investigaciones

Guerra en redes contra Mimenza por denunciar homicidios quintuplicados y expropiación de terrenos en QRoo

Ramses Ancira

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Por Ramsés Ancira

El empresario y activista contra el tráfico de personas y corrupción de menores, Carlos Mimenza Novelo, advirtió en conferencia de prensa el pasado miércoles 28 de octubre, que si el presidente Andrés Manuel López Obrador no actuaba contra el gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González por la expropiación de terrenos y respaldar el incremento de la violencia en ese estado, en cuya administración ha quintuplicado el número de homicidios dolosos, en 48 horas iniciaría una guerra “al menos mediática”. Su pronóstico se cumplió cabalmente.

A contracorriente de los gobernadores que han propuesto la disolución del pacto federal, Mimenza Novelo, quien aclaró que era simpatizante y votó por López Obrador, dijo que la única esperanza para Quintana Roo era la intervención de  la federación, pues a pesar de la corrupción que se vivió en la administración de Roberto Borge, los datos del INEGI demuestran que ahora con el medio hermano del también ex gobernador de la entidad Pedro Joaquín Coldwell, los homicidios aumentaron de 145, en 2016;  a 193 en 2017; 455 en 2018; 841 en 2019 y se prevé que esta cifra de crímenes se eleve en el 2020, pues hasta el mes de septiembre ya sumaban 750.

Para ilustrar la gravedad de la situación, si en los primeros nueve meses del 2020, se produjeron 750 asesinatos en Quintana Roo, 83.33 crímenes al mes en promedio, al finalizar el año la cifra se elevará a mil asesinatos, 159 más que el año pasado.

Mimenza Novelo dijo que es portavoz de un grupo de empresarios, quienes están dispuestos a patrocinar autodefensas puesto que la entidad vive prácticamente del turismo y la imagen de inseguridad que se proyecta, sumado al cobro “por derecho de piso” y otras formas de violencia ponen en riesgo proyectos como el del Tren Maya y detienen el desarrollo.

A este respecto denunció que en Tulum varias personas han sido encarceladas con falsos cargos para apoderarse de sus terrenos.

La guerra mediática

Al día siguiente de la llamada de alerta, se presentó en la Conferencia de Prensa de López Obrador una reportera inusual, pues debido a la pandemia se supone que los medios no habituales deben hacer cita por lo menos con un mes de anticipación para ingresar. La mujer leyó de su teléfono celular una serie de acusaciones contra el empresario Carlos Mimenza, que tergiversaban lo que los reporteros que acudimos a la conferencia le habíamos escuchado decir.

López Obrador no cayó en el garlito, respondió que no entraría en polémica sobre ese tema y prácticamente ningún medio de comunicación retomó la calumnia.

Pagos en redes para promover desinformación

La excepción fue el diario Contrarréplica, cuya propiedad se atribuye al ex jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, senador del Partido de la Revolución Democrática y actualmente inhabilitado por la Contraloría de la Ciudad de México. Cabe aclarar que Carlos Joaquín González, octavo gobernador desde que Quintana Roo se convirtió en Estado, es el primero postulado por el PRD, todos sus antecesores fueron del PRI. Sin embargo, se pagaron hasta 70 mil pesos mexicanos en las redes para promover la nota.

A pesar de que Mimenza presentó la gráfica de homicidios en Quintana Roo, elaborada por el INEGI, misma que se hizo pública el pasado 24 de septiembre de 2020, (como se puede constatar en este enlace https://grupopiramide.com.mx/noticias/politica/segun-datos-de-inegi-y-secretariadoejecutivo-se-dispararon-los-homicidios-en-el-presente-sexenio/), en Contrarréplica acusaron al vocero de “descalificaciones, sin sustento alguno más que su palabra”.

En la misma conferencia de prensa del 28 de octubre, Mimenza, había advertido que el gobernador tenía comprado al 95 por ciento de los medios informativos de Quintana Roo. En efecto, uno de estos medios, Ocurrió Aquí, pagó en redes sociales una campaña en la que se asegura que “El Borgista de Carlos Mimenza acusa a AMLO de NARCO” (sic por las mayúsculas). Lo cierto es que el ex gobernador Roberto Borge Angulo, también fue acusado en su momento por el mismo activista, incluso ante tribunales internacionales, por diversos delitos. Borge fue detenido en Panamá el 4 de junio de 2017, cuando se disponía a abordar un vuelo a París, tras abrirle un proceso por lavado de dinero.

En otro frente de la Guerra Mediática

Francisco Romero Díaz fue el quinto periodista asesinado en México durante el año 2019 según la organización Reporteros sin Fronteras. Contaba con las medidas de seguridad del Mecanismo para la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas, pese a lo cual sus victimarios cumplieron su cometido en el municipio de Playa del Carmen. A las cinco de la mañana del 16 de mayo de ese año recibió una llamada en la cual le informaron falsamente que debía cubrir un suceso en un bar llamado “La Gota”. Horas después encontraron su cuerpo golpeado y con dos balazos.

Su viuda, Verónica Rodríguez Puerto declaró que el medio local Quinta Fuerza, a través de su director Ariel Urtaza la presionó para que acusara falsamente al periodista Andrés Palafox, de estar involucrado en el asesinato. Palafox también pidió medidas de seguridad al Mecanismo para la protección de derechos humanos y periodistas.

Ahora Urtaza es uno de los que encabeza la campaña de linchamiento contra Mimenza.

 

La familia del gobernador

Por su parte, El Diario de Yucatán destacó en su portal de Internet el 1 de noviembre: Escándalo en redes involucra a la familia del gobernador de Quintana Roo e informa que Carlos Mimenza Novelo ha ofrecido una recompensa de 100 mil pesos a quien demuestre que el gobernador Carlos Joaquín González es adicto a la cocaína.

En la misma edición se reproduce un video en el que el primo del gobernador, Pedro Joaquín Delbouis, lo acusa de comportarse como un “escuincle de 15 años metido en problemas de adicciones”.

También el portal de la Revista Proceso informó en su edición del 2 de noviembre de 2020 de esta recompensa ofrecida por Mimenza en su página de Facebook, donde publica también videos con ejercicios de gimnasio y denuncias de corrupción de funcionarios públicos. Esta página ubicable con la clave @carlosmimenzanoveloo cuenta con más de 300 mil suscriptores.

La periodista y ahora secretaria de Seguridad Pública Federal, Rosa Icela Rodríguez deberá estar atenta a esta guerra mediática anunciada por Mimenza, cuando pidió la destitución de Alberto Capella, quien se desempeña como secretario de seguridad pública en Quintana Roo y en cuya gestión, a partir de 2018, prácticamente se duplicó la cifra de homicidios dolosos.

Fabricación de culpables

Gobierno de Biden admite asilo político a defensor público acosado por caso Wallace

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Por Joselaine Gutiérrez y Guadalupe Lizárraga

El Gobierno de los Estados Unidos de América, encabezado por el presidente demócrata Joe Biden, aceptó la solicitud de asilo político de Alejandro Garduño Real, abogado y defensor público que fue cesado del Instituto Federal de Defensoría Pública, luego de recibir amenazas de muerte y acoso judicial por parte de Isabel Miranda de Wallace.

En Los Ángeles, California, el abogado acudió al Departamento de Seguridad Nacional (Department of Homeland Security) el pasado 10 de mayo donde narró el acoso judicial y los atentados con armas de fuego en su contra, a partir de abril de 2019 tras presentar evidencias supervenientes en favor de Jacobo Tagle Dobín, víctima del caso Wallace, quien lleva once años de prisión preventiva y tiene dos protocolos de Estambul y una valoración psiquiátrica positiva en tortura.

Durante la entrevista de Migración en el aeropuerto angelino (LAX) donde solicitó el asilo, Garduño señaló que en la búsqueda de información los agentes identificaron a Isabel Miranda Torres, como “la señora Wallace”, y la relacionaron con Genaro García Luna, quien enfrenta un proceso por narcotráfico y lavado de dinero en una prisión de Nueva York.

En menos de 24 horas, y por las evidencias documentales presentadas, los agentes determinaron que el defensor público cesado Alejandro Garduño Real tenía un miedo creíble a la persecución o tortura, y que su vida corría riesgo en México, por lo que calificaba para tener una audiencia con el juez de Inmigración.

Entre los documentos que presentó como evidencia, destaca la negativa de la Secretaría de Gobernación, a través del Mecanismo de Protección para Defensores de Derechos Humanos, para renovarle el servicio de escoltas pese a la discapacidad física que limita su movilidad a una silla de ruedas. El documento firmado por Gabriela Quintanilla Lázaro fue expedido el 4 de marzo de 2021, días antes del cese del Instituto Federal de Defensoría Pública.

Otros documentos que fortalecieron su solicitud de protección fueron diversas denuncias interpuestas en la Fiscalía General de la República sobre los atentados, así como la carpeta de investigación promovida en su contra por Isabel Miranda por supuesta falsedad de declaración judicial, en contraste con los protocolos de Estambul de su defendido Jacobo Tagle, que desmienten a Miranda.

Contexto

Tras 20 años de servicio en el Poder Judicial, Garduño Real también se desempeñó como defensor de Francisco García Medel, acusado falsamente en el caso Nelson Vargas, y en el de Noé Robles Hernández, del caso Martí, ambos también relacionados con Isabel Miranda Torres.

Anteriormente, denunció para Los Ángeles Press que el 13 de abril de 2021 su jefa inmediata Claudia Maribel lo citó a una reunión para revisar supuestamente la carpeta de investigación en su contra por parte de “la señora Wallace”, sin embargo, en la reunión le fue notificado su cese en la Defensoría Pública encabezada por Netzaí Sandoval Ballesteros, bajo el argumento que Isabel Miranda de Wallace “era una figura pública” y que él “ya estaba causando muchos problemas”, luego de haber denunciado acoso judicial por parte de la señora tras el avance significativo en la situación jurídica de Tagle Dobin.

Incluso el defensor enfatizó que antes de ser cesado del instituto, había notificado de las amenazas y solicitado la intervención de la Defensoría pública para su protección, sin embargo, ésta también le fue negada.

Una de las amenazas de muerte, se registró al concluir una audiencia judicial el 14 de enero de 2020, en presencia de su defendido García Medel, al tener el teléfono en alta voz, por lo que su defendido pudo constatar la agresión. Un siguiente atentado se suscitó entre Teoloyucan y Cuautitlán Izcalli, Estado de México, donde fue interceptado por un grupo de policías locales, quienes le cortaron cartucho, apuntándole con sus armas y aprehendiendo a sus escoltas por supuestas órdenes “de arriba”.

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El Caso Wallace

Defensor público cesado pide asilo político a EEUU tras sufrir atentados y acoso laboral por caso Wallace

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Por Guadalupe Lizárraga

El abogado Alejandro Garduño Real, cesado del Instituto Federal de Defensoría Pública, tras sufrir amenazas y dos atentados incluso con escoltas durante las diligencias de casos denominados relevantes, como el caso Wallace, caso Nelson Vargas y caso Martí, pidió el asilo político al gobierno de Estados Unidos para resguardar su vida.

Desde Ciudad de México, vía aérea, llegó al aeropuerto de Los Ángeles, California, para solicitar la protección del gobierno de los Estados Unidos después de que, a partir de 2019, el gobierno de México tolerara su persecución sistemática por parte de Isabel Miranda Torres. En entrevista para Los Ángeles Press señaló que al solicitar nuevamente la intervención de Defensoría pública para su protección, le fue negada y le dieron el cese laboral “porque ya estaba ocasionando muchos problemas”.

En juicio de Migración, iniciado la madrugada de hoy, 10 de mayo, sentado en silla de ruedas por su discapacidad física, Garduño Real narró el acoso y los atentados con armas de fuego durante la defensa de Jacobo Tagle Dobín, víctima de la fabricación del secuestro de Hugo Alberto Wallace, quien lleva 11 años en prisión preventiva y dos protocolos de Estambul positivos en tortura.

Sin embargo, por la instrucción del titular de Defensoría Pública, Netzaí Sandoval Ballesteros, la defensa de Jacobo Tagle fue interrumpida con el cese de Garduño al dejar una diligencia sin cumplir y antes –explicó el abogado– ya se había obstaculizado el proceso por la premura de la presentación de la prueba reina de la defensa, en referencia al análisis de ADN de la gota de sangre plantada en el supuesto lugar de los hechos. “Esa prueba nos beneficiaba en todos los sentidos para la defensa, y al negarme a presentarla porque era para la etapa de conclusiones se me dio la espalda en el instituto”, acotó el abogado.

Contexto de la “prueba reina”

El 5 de abril de 2019, Garduño protestó ante el Poder Judicial, el caso de Jacobo Tagle Dobín. Durante el proceso, “la prueba reina” de la defensa fue aportada por la periodista Guadalupe Lizárraga el 29 de abril, con el testimonio presencial de Carlos León Miranda, padre biológico de Hugo Alberto Wallace Miranda y primo hermano de Isabel Miranda Torres. La periodista y el testigo se presentaron en conferencia de prensa en el Senado de la República con el acompañamiento de la senadora Nestora Salgado.

Dos días después, se aportó el testimonio y la muestra de ADN del padre biológico a la Fiscalía General de la República, ante la subprocuradora de Derechos Humanos, el fiscal Alejandro Gertz Manero, dos agentes del Ministerio Público y el perito forense quien además recibió en mano los resultados del análisis de ADN realizado en 2006, el cual arrojaba correspondencia con el ADN de José Enrique Wallace Díaz e Isabel Miranda Torres, y con cromosomas femeninos.

Al judicializar la prueba para su defensa, el abogado empezó a recibir amenazas de muerte, llamadas telefónicas con intimidaciones, y sufrió el primer atentado, por lo que el Instituto Federal de Defensoría Pública le aportó escoltas.

Además del caso Wallace, llevaba la defensa de personas que fueron fabricados como culpables en otros casos también relacionados con Isabel Miranda, como el de Francisco García Medel (caso Nelson Vargas) y los de Noé Robles Hernández y Abraham Soto García (caso Martí). Incluso, el caso de Robles Hernández, con un protocolo de Estambul positivo, de 200 páginas, aplicado por el perito Adrián Ramírez López, de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos.

Los atentados

De acuerdo con la denuncia interpuesta ante la Fiscalía General de la República, que presentó como evidencia ante el juicio de Migración para el asilo político, uno de los atentados contra el abogado Alejandro Garduño fue el 21 de agosto de 2020. Mientras circulaba con sus escoltas por una carretera federal del Municipio de Teoloyucan, Estado de México, fue interceptado por tres patrullas y una motocicleta. Al cerrarle el paso, el vehículo escolta que venía detrás no alcanzó a frenar y se impactó con el auto en el que viajaba el abogado. Posteriormente, tres personas se bajaron de los vehículos, con armas de fuego, cortaron cartucho, apuntándole a él y a sus escoltas, le dijeron que iban a revisar si llevaban armas. Al identificarse las escoltas, les dejaron continuar su marcha.

No obstante, apenas habían avanzado un kilómetro aproximadamente cuando volvieron a ser interceptados. Ahora en ocho vehículos sin logos, les cortaron nuevamente el paso y tres personas, sin identificarse, bajaron de los autos y les apuntaron con sus armas, cortándoles cartucho. Detuvieron a los escoltas, los esposaron y se los llevaron al Ministerio público, alegando el uso de armas sin permiso. Cuando el abogado señaló que iba a ponerles la denuncia por el abuso de autoridad, le respondieron que tenían orden de arriba de “chingárselo”.

El atentado más reciente fue el 15 de enero de 2021, cuando ya le habían suspendido el servicio de escolta por instrucción del titular de Defensoría pública. En esta ocasión lo interceptó un automóvil marca Audi, color negro, sin placas de circulación y con vidrios polarizados, mientras circulaba por el segundo carril de la autopista México-Querétaro, en dirección a Ciudad de México.

“Empezó a cerrarme el paso y a frenar intempestivamente, emparejándose a mi auto y gritando: «ya ábrete a chingar a tu madre del país si no quieres amanecer muerto en una barranca o en un río», declaró el abogado en la denuncia judicial, quien logró salir por los carriles laterales por la autopista Champa-Lechería, y el vehículo continuó su marcha.

La petición de asilo

Para la petición de asilo político, el abogado Alejandro Garduño presentó como evidencia de “miedo creíble” las entrevistas y notas de prensa realizadas por Los Ángeles Press, que han reportado las condiciones de acoso laboral y tráfico de influencias en Defensoría pública y el Poder Judicial, además de las denuncias ante la FGR por los atentados y las amenazas.

Adicionalmente, argumentó el historial de acoso a los abogados defensores de las víctimas de Isabel Miranda Torres, quien pese a haber dos opiniones de libertad por parte de la ONU, la de Brenda Quevedo Cruz y la de George Khoury Layón, ésta acompañada por el reconocimiento de inocencia otorgado por la Secretaría de Gobernación, siguen en prisión.

 

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Investigaciones

Baja California: Los falsos contratistas del exgobernador Kiko Vega

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Al menos 34 millones 595 mil 999 pesos fueron los que el gobierno de Baja California pagó entre 2014 y 2019 a empresas fantasma por servicios y compras sin licitar y sin contratos de por medio. La mayoría de los contratos se firmaron en el gobierno de Francisco Vega de Lamadrid, pero la operación de empresas fantasma también permeó a la administración de Jaime Bonilla

Elizabeth Rosales y Eduardo Jaramillo*

En el Cañón Bugambilias, un barrio popular en Tijuana, vive la señora Ignacia Cruz Rodríguez Adame con su esposo, Gilberto Muñoz Moreno.

Ambos son dueños de una empresa que facturó millones de pesos al gobierno de Baja California entre 2015 y 2016, pero no lo sabían.

Su casa es un cuarto en un cerro al que se llega subiendo escaleras hechas con llantas.

No tienen piso, ni baño o servicios básicos, más que luz, y lejos de encabezar una empresa que se dedica al desarrollo, asesoría y suministro de servicios profesionales, Ignacia vende champús, sandalias y estropajos en un mercado sobreruedas los fines de semana.

En papel, la pareja es socia de Grupo Viarpa SA de CV, una de 51 proveedoras del gobierno estatal que emitieron facturas falsas en la administración de Francisco “Kiko” Vega de Lamadrid, según el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

En total, Grupo Viarpa recibió 2 millones 874 mil 935 pesos por la venta de productos de la canasta básica, aunque ese no es el giro de la empresa, que ofrece reclutamiento de ejecutivos y servicios corporativos, entre otros, según su acta constitutiva.

“Vivo en el cerro, ahí es mi casita, ¿ustedes creen que si hubiera tenido dinero, no hubiera vivido mejor?”, dice Ignacia, de 47 años.

El SAT identifica a Grupo Viarpa como una Empresa que Factura Operaciones Simuladas (EFOS) y cada mes actualiza una lista definitiva donde exhibe a todas las que detecta por distintas irregularidades.

Por ejemplo, que son ilocalizables, emitieron facturas por bienes y servicios que no entregaron, o que no tienen infraestructura y recursos humanos para dedicarse al giro que registraron.

Entre 2014 y 2019, el gobierno de Baja California pagó al menos 34 millones 595 mil 999 pesos a 51 EFOS que emitieron 568 facturas falsas, de acuerdo con Facturanet, herramienta desarrollada por el Data Lab del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte.

El SAT implementó en 2014 una reforma al Código Fiscal de la Federación (CFF) para detectar a esos contribuyentes, porque llegan a incurrir en delitos como la defraudación fiscal, lavado de dinero y cohecho, advierte José Antonio Melgar Díaz, presidente de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos.

Por eso, estar en la lista negra del SAT conlleva sanciones que van desde la cancelación de los sellos digitales de la empresa señalada, hasta una pena de dos a nueve años de prisión a quien expida o reciba comprobantes fiscales por operaciones inexistentes, según el CFF.

Esto último es el temor de Ignacia, quien no cuenta con los recursos para defenderse legalmente.

Además, Grupo Viarpa no es la única empresa a su nombre ligada al gobierno de Baja California.

Sus datos personales también fueron usados para crear la empresa Oliza Comercializadora, que recibió dos contratos para organizar eventos masivos, en 2016, por la cantidad de 400 mil pesos.

“La verdad me siento nerviosa, ¿de dónde voy a pagar ese dinero?”, pregunta Ignacia, en entrevista desde su puesto en el tianguis de la Zona Norte de Tijuana.

Empresas ilusionistas

Si antes se les llamaba empresas fantasma, hoy podríamos decir que son ilusionistas, porque aparecen y desaparecen a conveniencia.

En Baja California, al menos tres socios o apoderados de Empresas que Facturan Operaciones Simuladas (EFOS) regresaron al padrón de proveedores del gobierno estatal, entre 2019 y 2020, con Jaime Bonilla como gobernador.

Aunque fueron boletinados por el SAT, uno de ellos representa a una empresa no sancionada con la que sigue participando en procesos de contratación.

Los otros dos tienen al menos un vínculo con una contratista de este gobierno.

“Puede ocurrir porque la empresa es la que está inhabilitada y propiamente no vamos a ir a verificar los nombres de los socios. Ahí sí tendríamos que verificar. Tendríamos que ver una herramienta que nos permitiera también filtrar los nombres de los socios para que no se mezclen en otras empresas”, dijo en marzo pasado, Vicenta Espinosa, cuando todavía era secretaria de Honestidad y de la Función Pública, y se le buscó para hablar sobre los proveedores fantasma de “Kiko” Vega.

Para esta investigación se documentaron los casos de Omar González Chávez, Martín Eduardo Ortega Chávez y Óscar Odín Medina Carrillo, sancionados por el SAT que siguen ligados a proveedores, gracias a los puntos ciegos del gobierno estatal.

Grupo Viarpa, por ejemplo, ya no puede emitir facturas, pero su apoderado Omar González Chávez es gerente administrativo de Comercializadora Empresas Baja, que se dio de alta como proveedora del estado en mayo de 2020 y recibió tres pagos ese año por un monto de 370 mil 630 pesos, según la Secretaría de Hacienda estatal.

Dos facturas fueron por el servicio de construcción a la Fiscalía General del Estado (FGE) y otra más por proveer productos de salud al Sistema Penitenciario.

Tanto Grupo Viarpa como Empresas Baja comparten un domicilio en la Zona Río de Tijuana, distrito financiero y comercial de la ciudad, sin embargo, el equipo de investigación constató que ahí no existen ni oficinas ni personal de esas empresas.

Empresas Baja además factura con la dirección 1528 de la calle Madero, en Zona Centro, pero tampoco se encuentra en ese lugar.

Un hallazgo de esta investigación es que Omar ha sido una figura constante en las empresas ligadas a Ignacia Cruz, aunque ella dice que no lo conoce.

El Registro Público de Comercio arroja que Omar es administrador único de Oliza Comercializadora y tiene facultades de cobranza. El equipo de Newsweek Baja California trató de localizarlo por diferentes medios para obtener su versión, pero tanto el número telefónico como la dirección electrónica registrados en el padrón de proveedores no eran válidos o no estaban en funcionamiento.

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Grupo Viarpa y Comercializadora Empresas Baja comparten domicilio fiscal en el Edificio Cazzar, en Zona Río de Tijuana. / Foto: Eduardo Jaramillo

Otro caso es el de Martín Eduardo Ortega Chávez y Óscar Odín Medina, personas físicas boletinadas por el SAT que comparten domicilio en Tijuana con la Constructora Inmobiliaria Loreto SA de CV.

La constructora se dio de alta como proveedora en 2019, ha participado en 242 licitaciones y recibió al menos un pago en 2020 por la construcción de un andador vecinal en Pórticos del Lago.

El monto pagado fue de 183 mil pesos, según la Secretaría de Hacienda de Baja California (SHBC).

Mi casa, domicilio fiscal de EFOS

Alma Medina es esposa de Martín Eduardo Ortega Chávez, una persona física que llegó a la lista negra del SAT y rechaza ser responsable de la emisión de facturas apócrifas.

No concedió entrevista, pero días antes de la publicación de este reportaje informó que está recibiendo asesoría legal.

De acuerdo a Medina, su domicilio coincide con la dirección de dos EFOS y de una proveedora estatal porque un antiguo inquilino abusó de su confianza e hizo el registro.

Medina y Ortega viven en los límites de una colonia popular y de la Zona Dorada de Tijuana, una de las preferidas por la clase alta.

“El inquilino al que le rentábamos la casa hizo uso de mis recibos para facturar […] no entiendo cómo el SAT le permitió facturar con un recibo que no estaba a su nombre”, dice Alma Medina.

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Dos EFOS y una constructora que factura al gobierno estatal usan como domicilio fiscal una casa en Tijuana. / Foto: Eduardo Jaramillo

Las EFOS que usaron su casa como domicilio fiscal son el propio Martín Eduardo y Óscar Odín Medina Carrillo, el inquilino que tomó sus recibos y de quien no sabe nada.

“Se desapareció, ni el teléfono contesta”.

Según el SAT, Martín le facturó al estado 14 mil pesos por trabajos de jardinería, limpieza y fumigación en 2015.

Pero ese mismo año, emitió 21 facturas por un monto total de 305 mil pesos al Ayuntamiento de Tijuana.

Por su parte, Óscar Odín Medina Carrillo le facturó al gobierno estatal la cantidad de 199 mil 150 pesos por conceptos de reparaciones de construcción, pinturas y útiles escolares, entre 2014 y 2015.

Al Ayuntamiento de Tijuana también le facturó 606 mil 531 pesos por cobertores, dulces y renta de camiones, entre otros conceptos.

Martín Eduardo Ortega además aparece en el Registro Público de Comercio como socio mayoritario de otra proveedora del gobierno estatal, la Compañía Constructora Haramz SA de CV.

Aunque Alma Medina sí la reconoce, asegura que su esposo trabaja de forma independiente desde hace años y que ya no existe una relación con Haramz.

Esa constructora obtuvo cinco contratos por adjudicación directa, por la cantidad de 2 millones 655 mil pesos, en la administración de gobierno de “Kiko” Vega, según el Portal Nacional de Transparencia.

La promesa de Bonilla

Desde que era candidato a gobernador, Jaime Bonilla, ha repetido que meterá a la cárcel a su antecesor, Francisco Vega de Lamadrid, por defraudar a la ciudadanía.

En el 84 aniversario del “Asalto a las Tierras”, un movimiento agrarista contra los latifundios en Mexicali, en enero pasado, Bonilla reiteró su compromiso de encarcelar al responsable de los desvíos de recursos y de la deuda millonaria que dejó la pasada administración estatal.

“Lo que debo de hacer es meter a la cárcel al que es responsable y para mí ese es “Kiko” Vega”, dijo Bonilla.

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Amador Rodríguez Lozano, secretario General de Gobierno, denuncia penalmente al ex gobernador “Kiko” Vega. / Foto: Cortesía

Tras ganar la elección de 2019, el gobierno de Bonilla interpuso una denuncia penal contra Kiko Vega y al menos 14 ex funcionarios más por peculado y fraude.

La denuncia incluyó al exsecretario de Planeación y Finanzas Bladimiro Hernández Díaz, la ex Oficial Mayor y ahora diputada local Loreto Quintero Quintero, y dos funcionarios menores de los departamentos de Normatividad y Adquisiciones de la administración estatal, entre otros.

Loreto Quintero fue contactada para este reportaje, pero se limitó a decir que la responsabilidad fue de Finanzas.

También se buscó la versión de Bladimiro Hernández, pero no respondió a las llamadas ni a la mensajería instantánea, aunque la aplicación WhatsApp sí registró que Hernández leyó el mensaje solicitando la entrevista. Después, el reportero fue bloqueado en WhatsApp y ya no pudo enviar más mensajes.

El día en que se presentó esa primera denuncia, el secretario General de Gobierno Amador Rodríguez Lozano habló de un desvío de más de mil 200 millones de pesos, que se habría hecho mediante el pago de asesorías entre 2017 y 2018 a casi 40 empresas.

“Muchas de estas empresas se constituyeron el mismo día en que se hizo el pago. Hemos investigado en la Ciudad de México, y hemos visto que hay varias que tienen el mismo domicilio, en apartamentos inexistentes, en casas abandonadas”, afirmó Rodríguez Lozano en noviembre de 2019.

La investigación continúa su curso y la próxima audiencia está fijada para el 11 de junio, según Rodríguez Lozano en una atención a medios que dio el 23 de abril.

A pesar de los esfuerzos por señalar responsables en la administración pasada, este reportaje encontró coincidencias entre socios y apoderados sancionados por el SAT y el padrón de proveedores de este gobierno.

Millones de pesos pagados en la ilegalidad

El SAT reconoce a 51 empresas fantasma que facturaron al gobierno de Baja California entre 2014 y 2019.

La razón social que obtuvo el trozo más grande del pastel se llama Bufete de Consultoría, Asesoramiento y Análisis de Laboratorio SC.

Obtuvo 8 millones 157 mil 044 pesos en dos pagos por los conceptos de “Servicios profesionales para el análisis, revisión, seguimiento y solventación de U023, correspondiente a la Cuenta Pública 2012” y por un “Diagnóstico de Reingeniería en los principales procesos”.

Se les contrató sin que existiera un proceso de licitación, aunque la Ley de Adjudicaciones, Arrendamientos y Servicios para el estado de Baja California lo exige para compras mayores de 13 mil UMA (Unidad de Medida y Actualización), que hoy serían 1 millón 129 mil 440 pesos.

Además, el gobierno estatal dice que no existe ningún contrato en su archivo firmado con esa empresa.

El domicilio fiscal de ese Bufete lleva al séptimo piso de un edificio en Polanco, una de las zonas más exclusivas en Ciudad de México.

En ese piso se encuentra un despacho jurídico, una agencia de mercadotecnia y una constructora.

El Bufete de Consultoría, Asesoramiento y Análisis de Laboratorio no se enlista en el directorio de ese edificio, pero al tocar a la puerta de la oficina que fue registrada ante el SAT, se encuentra Grupo ASVE, una oficina virtual que responde por decenas de empresas.

“Ponle que tienen 70 empresas, pero nosotros nada más conocemos una”, dijo el empleado de un negocio vecino, sobre Grupo ASVE.

Entre los clientes de ese grupo se encuentra la EFO que facturó más de 8 millones al gobierno del estado.

“Sí, aquí estaba, pero se dio de baja el 29 del 05 de 2019”, respondió la recepcionista, luego de buscar el nombre en su computadora.

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Bufete de Consultoría, Asesoramiento y Análisis de Laboratorio SC registró como domicilio fiscal una oficina virtual en Polanco, Ciudad de México. / Foto: Elizabeth Rosales

El Bufete de Consultoría, Asesoramiento y Análisis de Laboratorio se dio de alta ante el SAT el 19 de enero de 2007, pero no aparece inscrita en el Registro Público de Comercio de la Secretaría de Economía.

Tampoco tiene contratos con el gobierno federal o con otros gobiernos locales en los que exista una participación federal, según registros de la aplicación web QuienEsQuien.wiki de la organización Poder.

Y aunque en febrero pasado Newsweek Baja visitó el Registro Público de la Propiedad y de Comercio de la Ciudad de México, las búsquedas de antecedentes registrales están detenidas por la situación de pandemia por el COVID-19.

El registro público local informó que el servicio se reanudará hasta que el semáforo epidemiológico de la Ciudad de México cambie a color verde.

En Mexicali, el segundo contratista más grande

En la capital de Baja California se encuentra el segundo proveedor más grande entre las EFOS detectadas por el SAT.

Se trata de Juan Martínez Arredondo, quien registró su domicilio en el Cóndor, una colonia de viviendas populares con alta incidencia delictiva.

Las viviendas en el Cóndor son de 67 metros cuadrados de construcción, con la pintura roída, y calles con baches.

Al igual que sucedió con Ignacia Cruz en Tijuana, la fachada del domicilio de Juan contrasta con los ingresos que percibió como contratista del gobierno estatal.

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En el tercer piso de este departamento, en Mexicali, vivió Juan Martínez, contratista del estado sancionado por el SAT. / Foto: Eduardo Jaramillo

Entre 2014 y 2015, Juan Martínez obtuvo 5 millones 730 mil 855 pesos por 79 facturas que describen la venta de paquetes de construcción, alimentos y artículos para las festividades de eventos masivos.

Juan vivía en el tercer piso de su edificio en El Cóndor, según el señor Antonio, un vecino que vive en el primer piso y tiene un pequeño cuarto donde corta el cabello.

“Por aquí vivió en algún tiempo, hace como 5 años. Se fue y ya”.

El esquema que las une

Para Vicenta Espinosa, ex secretaria de Honestidad y de la Función Pública, es complejo identificar al beneficiario final en el esquema de empresas fantasma, pero señala indicios de colusión entre servidores públicos en casos como el de Grupo Viarpa, que tienen un giro y emiten facturas por uno distinto.

“No pueden estar haciendo eso, esto es un claro ejemplo de que tienen información privilegiada y es una falta grave en la ley de responsabilidad administrativa”, dijo en entrevista en los primeros días de marzo pasado cuando era todavía la titular de Honestidad.

Detalla que el gobierno estatal tiene registro de las cuentas bancarias que recibieron transferencias por servicios y compras simuladas, pero asegura que hay redes que intentan complejizar la ruta del dinero.

“Son prestanombres. Muchas veces la persona que retiró el recurso utilizó un nombre o una cuenta de una persona que nada tiene que ver”.

Ignacia Cruz piensa que robaron su identidad el día en que su compadre, otra persona en situación vulnerable, la invitó a solicitar empleo en una supuesta agencia de autos nuevos ubicada en Zona Río de Tijuana.

Engañada, y motivada por su necesidad económica, entregó documentos personales y fue llevada ante el SAT, pues le dijeron que era un requisito para ser contratada.

“Me dijo que consiguiera gente y me daban mil pesos por cada persona que metiera”, cuenta Ignacia un sábado en su puesto del mercado sobreruedas.

Llevó alrededor de diez personas, incluyendo a su esposo, Gilberto Muñoz Moreno.

Dice que no recuerda los nombres de quiénes llevaron a cabo la operación y tampoco la fecha en que sucedió, pero Grupo Viarpa fue dado de alta en 2015.

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Ignacia Cruz vende los fines de semana en un sobreruedas de Tijuana. Foto: Eduardo Jaramillo

“No nos dieron ningún papel, no nos llamaron. Nomás nos dijeron que si llegaban a preguntar íbamos a ser trabajadoras”, agrega.

En el Registro Público de la Propiedad y el Comercio, 20 de las EFOS detectadas por el SAT continúan activas y 25 no muestran su estatus.

Tres ya fueron cerradas o están en proceso de disolución, una tiene anotación por embargo, y otra más registró cambio de domicilio.

La investigación contra los contratistas falsos de “Kiko” Vega sigue abierta en la Fiscalía General del Estado. Hasta ahora, ningún funcionario ha recibido, por su participación u omisión, sanción ni condena por las prácticas señaladas en este reportaje.

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*Este reportaje forma parte del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte, un proyecto del International Center for Journalists en alianza con el Border Center for Journalists and Bloggers.

**Ilustración de portada: Carlos Mendoza

Fuente original: Lado B

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