Inteligencia militar señala a activistas de derechos humanos y funcionarios por notas de prensa

Por Miguel Montesinos León

El crimen organizado controla once rutas de tráfico de personas que atraviesan México. Utiliza vías terrestres, marítimas y ferroviarias. Se aprovecha del acompañamiento, legítimo en unos casos y con fines políticos en otros, de organizaciones no gubernamentales. En total vulnerabilidad, miles de personas de 20 nacionalidades y tres continentes cruzan México, revela un informe confidencial de la Secretaría de la Defensa Nacional, basado en notas de prensa, al que este reportero tuvo acceso por los archivos difundidos en el hackeo por Guacamaya Leaks.

El documento Fenómeno Migratorio México-EU y sus afectaciones a la Seguridad Nacional, elaborado por el Instituto Mexicano de Estudios Estratégicos en Seguridad y Defensa Nacionales, IMEESDN, dependiente de la Secretaría de la Defensa Nacional, advierte que el uso de los trenes que circulan por México, no se circunscribe al, así llamado, La Bestia, que sale de la frontera sur. Prácticamente todo el sistema ferroviario del país es utilizado para llevar personas de la frontera sur y las costas del país a la frontera Norte.

Las once rutas terrestres y marítimas de tráfico de personas, según el estudio, están controladas por el crimen organizado, utilizan en algún momento el sistema ferroviario del país, concesionado a empresas privadas, extranjeras y nacionales. Los cárteles involucrados en el tráfico de personas se valen del trabajo que organismos nacionales e internacionales realizan en favor de los emigrantes que pasan por México rumbo a Estados Unidos. Un número indeterminado de personas, que se cuentan por miles­, atraviesa territorio mexicano con rumbo a los puertos de entrada del vecino país.

Para México, el problema se ha convertido en asunto de seguridad interior, con posibilidades de escalar aún más. Lo anterior, ante la decisión de Estados Unidos de considerar a las olas de migrantes que buscan ingresar a ese país como un atentado a su integridad territorial y una amenaza a su seguridad nacional.

El documento explica que hay cuatro rutas internas independientes al ferrocarril que confluyen a lo largo de la frontera norte. Asimismo, dos rutas marítimas, una por el Océano Pacífico y otra por el Golfo de México, que dan forma a una vasta red con ramales, bifurcaciones y puntos de “descanso”.

La Bestia

En el caso de la red de ferrocarril que inicia en la frontera sur, el tráfico de personas que controla el crimen organizado tiene dos puntos de origen: Ciudad Hidalgo, Chiapas, y Mérida, Yucatán. La ruta que inicia en Mérida, lleva a los migrantes de Yucatán a Campeche, Campeche; pasa por Tenosique, Tabasco; Palenque, Chiapas, y Coatzacoalcos, Veracruz. La que inicia en Ciudad Hidalgo pasa por Tapachula y Arriaga, Chiapas, y llega a Ocotepec, Oaxaca. Ambos trayectos confluyen en Medias Aguas, Veracruz. Este pequeño poblado, se encuentra a poco más de 15 kilómetros de la frontera con Oaxaca y a 32 kilómetros al sur de la cabecera de Acayucan, Veracruz. Desde ese punto, siguen una misma ruta de poco más de 480 kilómetros, que pasa por Tierra Blanca y Orizaba, Veracruz, hasta llegar a Lechería, en el municipio de Tultitlán, del Estado de México, seis kilómetros al norte de la frontera con Azcapotzalco, en la Ciudad de México.

Del centro del país, los migrantes siguen tres rutas principales. La primera se enfila hacia Guadalajara, Jalisco, y sigue al norte por el corredor del Pacífico. Los puntos de ascenso y descenso de migrantes están en Mazatlán, Culiacán y Los Mochis, en Sinaloa, y Ciudad Obregón y Hermosillo, en Sonora. Ahí, el trasiego de migrantes de esta ruta del Pacífico se divide en dos ramales. Uno sube por Puerto Peñasco, en el mismo estado de Sonora y llega a Mexicali, Baja California, frontera con Estados Unidos. El otro llega directamente a la también fronteriza Nogales, Sonora.

Hay una ruta por el centro, que sale de Lechería, y tiene como destino Ciudad Juárez, Chihuahua. Pasa por “estaciones” en Irapuato, Guanajuato; Aguascalientes, Aguascalientes; Zacatecas, Zacatecas, y distintas ciudades de Chihuahua.

La tercera ruta, se divide, a su vez en dos que comparten el recorrido de Lechería a San Luis Potosí, luego de pasar por Querétaro, Querétaro. Una de las rutas sigue a Saltillo, Coahuila, y de ahí va a a la fronteriza Piedras Negras, del mismo estado. La otra avanza hacia Monterrey, Nuevo León, donde se bifurca en otros dos ramales: uno tiene como destino Nuevo Laredo, Tamaulipas, y el otro las también tamaulipecas ciudades de Reynosa y Matamoros.

Las rutas marítimas

Por mar, el tráfico de personas en las costas del Océano Pacífico inicia en El Salvador y Guatemala. De acuerdo con el documento de IMEESDN, en Barra de Santiago, El Salvador, 80 kilómetros al poniente de San Salvador, zarpan embarcaciones que transportan ilegalmente personas. Viajan por la costa del Pacífico más de 700 kilómetros hasta llegar a Huatulco, Oaxaca. Desde ahí continúan y se incorporan a alguna de las rutas por tren o carretera rumbo a Estados Unidos.

Foto aérea de Barra de Santiago, El Salvador. Tomada de Ecured,

Con respecto de Guatemala, los traslados por mar tienen como punto de partida el Puerto Ocós, cinco kilómetros al sur de la frontera con México. Desde ahí ingresa al mar territorial mexicano y la ruta se bifurca en dos ramales. El primero recorre 370 kilómetros, hasta llega a Salina Cruz, Oaxaca. El segundo, se incorpora a la ruta marítima de trasiego de personas que avanza por toda la costa mexicana del océano Pacífico.

La ruta marítima del Pacífico tiene dos destinos: Tijuana, Baja California, y Puerto Peñasco, Sonora. Cuenta con lugares de ascenso y descenso de personas en Puerto Escondido, Oaxaca; Acapulco e Ixtapa, Guerrero; Manzanillo, Colima; Puerto Vallarta, Jalisco; Mazatlán, Culiacán y Los Mochis, en Sinaloa; Ciudad Obregón y Guaymas, en Sonora; Cabo San Lucas, La Paz, Puerto San Carlos, Punta Chivato, Punta Prieta y Guerrero Negro y Guerrero Negro, en Baja California Sur, sigue a Ensenada y culmina en Tijuana, Baja California.

La ruta de trasiego ilegal de personas que avanza por el Golfo de México inicia en Campeche, Campeche. Bordea las costas de Tabasco y Veracruz, hasta llegar a Matamoros, Tamaulipas. A lo largo del trayecto bajan y suben personas en Coatzacoalcos y Veracruz, Veracruz; y en Tampico, Tamaulipas.

Rutas terrestres

Los puntos de inicio de trasiego de migrantes en el sur de México inician en las ciudades chiapanecas de Tapachula y Comitán y en Chetumal, capital de Quintana Roo.

Las rutas que inician en Chiapas confluyen en Arriaga, del mismo estado. Avanzan como una sola ruta por Ixtepec, Oaxaca, hasta la ya referida Medias Aguas, Veracruz. El trazo se alimenta de migrantes que son trasladados desde Coatzacoalcos. Pasa por Puebla, Tlaxcala, el Estado de México, Hidalgo y Querétaro. En Guanajuato, se distribuyen en ramales semejantes pero no iguales a los ya descritos para la red de trenes. El primero bordea la costa del Pacífico y sin ser la misma ruta del tren, tiene los mismos puntos de descanso e incorporación de migrantes.

El segundo ramal se enfila al norte por el centro de país. Atraviesa Aguascalientes. Esta ruta describe una suerte de círculo o circuito entre los estados de Zacatecas, Durango y Coahuila. En La Laguna, donde coexisten Torreón, Coahuila y Gómez Palacio, Durango, retoma el rumbo norte. Llega a la ciudad de Chihuahua y de ahí, a Ciudad Juárez, Chihuahua, o hasta Nogales, Sonora.

La tercera ruta sigue por San Luis Potosí y llega a Saltillo, capital de Coahuila. Ahí se desprenden otras tres vertientes. La primera tiene como destino Piedras Negras y Ciudad Acuña, en el mismo estado. Otro grupo asciende por Monterrey, Nuevo León, y llega a Nuevo Laredo o Reynosa, en Tamaulipas. Finalmente, la ruta del Golfo de México, bordea toda la costa de Veracruz. Sin ningún descanso ni conexiones con otros ramales, llega a Tampico, Tamaulipas. De ahí sigue al norte hasta Reynosa, ciudad fronteriza del mismo estado.

Ferromex, SA de CV, subsidiaria de Grupo México, opera en tres rutas. Principalmente la del Pacífico y la del centro. El 75 por ciento de las acciones de esta empresa está en poder de los hombres más acaudalados del país: Carlos Slim y Germán Larrea Mota Velasco. La estadunidense Kansas City Southern de México opera las dos rutas del noreste del país y una parte del centro. Otra es la Union Pacific, con trenes en cuatro rutas. La única donde no operan las privadas es la del Sureste, cuya concesión es del estado mexicano y que será parte del actual proyecto del Tren Maya.

Vulnerables y en alto riesgo

El documento reconoce la precariedad en que las personas migrantes cruzan el país. En las rutas que los migrantes siguen por alcanzar su objetivo final, que es llegar a Estados Unidos, “tienen que afrontar diversas situaciones, como el rechazo de las comunidades que atraviesan, el abuso de autoridades” o ser cooptados “por las bandas del crimen organizado”.

De acuerdo con el análisis del IMEESDN, la propia delincuencia organizada metida en el tráfico de personas aprovecha las actividades que en favor de los migrantes realizan “grupos políticos y religiosos”, organizaciones no gubernamentales y de organismos multilaterales. Ejemplifica con las “oleadas [de personas migrantes] provenientes de Centroamérica”, que han sido apoyadas incluso por “la [Organización Internacional de la] Cruz Roja, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) o el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).

El documento señala que estas organizaciones han dado forma a una organización que lleva a los migrantes a puntos de destino. Sin embargo, no cubren toda la ruta. Las organizaciones criminales utilizan dicha estructura para abastecerse, incluso, de más migrantes. En el caso de las organizaciones extranjeras, incurren además, en atentados “a la integridad soberana de los Estados”. Abunda al señalar que organizaciones no gubernamentales se han dedicado al tema de migración porque reciben recursos para ello. Pero el acompañamiento que ofrecen a las personas en tránsito sólo es temporal y no pueden evitar que familias enteras acaben en las manos del crimen organizado.

Migrantes cruzan la frontera entre Guatemala y México. Tomada de Wikipedia.

Organizaciones internacionales de este tipo que actúan en México son, según el documento del IMEESDN, “Sin Fronteras, con apoyo de George Soros, dirigida por Irineo Mujica, además de la Asociación Hermanos en el Camino; todas dedicadas aparentemente a la atención de la población migrante en territorio mexicano”.

También hay otras que, según el estudio, buscan de manera deliberada crear inestabilidad y conflictos en la frontera entre México y Estados Unidos y utilizan la migración para esos propósitos. En esta situación estaría el grupo “que encabeza George Soros a través de entidades como Human Rights Watch, Soros Foundation, el Open Society Institute, y la coalición CARA Family Detention Pro Bono Project, que incluye a Catholic Legal Immigration Network (CLIN), el American Immigration Council (AIC), el Centro de Refugiados e Inmigración para Servicios Educativos y Legales (RICELS) y la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración (AILA)”.

Peregrinos desde Latinoamérica, África y Asia

Con respecto de los actuales flujos de migrantes centroamericanos que arriban a México, la mayoría procede de Honduras. Representan el 72.2 por ciento de todas las personas que desde América Central buscan llegar a Estados Unidos. De Guatemala son el 12.2 por ciento y de El Salvador el 11.7 por ciento. El restante 3.7 por ciento son de las otras nacionalidades: Belice, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. De la región del Caribe, la mayoría provienen de Haití y Cuba. El documento señala que actualmente hay alrededor de 4 mil haitianos y 3 mil cubanos irregularmente en México.

En su análisis, el IMEESDN de la SEDENA advierte de la responsabilidad de Estados Unidos en la generación de condiciones que propician la migración.

Entre las causas que obligan a las personas a salir de sus lugares de origen, cita “la intensificación de la violencia en los países del Triángulo Norte (integrado por Guatemala, El Salvador y Honduras), por la presencia de organizaciones locales del crimen organizado como La Mara Salvatrucha”; también contribuye el desplazamiento forzado de miles de familias de “áreas territoriales favorables para la producción hídrica, minera, energética, agrícola”; el trasiego de drogas provenientes de América del Sur, especialmente de Colombia y Venezuela; y “el auge de la muy factible aplicación del criterio de Guerra Híbrida o de inestabilidad política con efectos continentales, como sucede en Venezuela, además de flujos que llegan en menor número desde Medio Oriente, África y Asia”.

En efecto, a México llegan personas migrantes que han hecho largos trayectos. El documento del IMEESDN señala que se han identificado a hombres y mujeres que “llegaron al continente americano vía Brasil, para continuar su ruta por Panamá y seguir hasta a México”.

Agrega que “estos grupos proceden de Afganistán, Eritrea, Bangladesh, Nepal, Pakistán, India, República Popular de China, Nigeria, Camerún, entre otros”. Las nacionalidades de estas personas obligan a México a destinar “mayores recursos humanos y económicos» para deportarlos, aunado a que varias de las naciones de origen de los migrantes no cuentan en México con un consulado o embajada que «apoye la salida de nuestro país”.

El documento advierte que la migración se ha convertido en México en un asunto de seguridad interior, toda vez que el crimen organizado se metió de lleno en el tráfico de personas. Explica que la migración siempre ha sido “un asunto de rispidez” en la relación México-Estados Unidos. Sin embargo, la complejidad del fenómeno en los últimos años motivó que el país vecino lo considerara “peligroso” para su seguridad nacional.

Estados Unidos asume que las olas de migrantes “comprometen” su integridad territorial. Por ello, se asienta en el documento, México no puede evitar que padezca consecuencias de la política migratoria estadunidense.

Investigación de ProPublica demuestra cómo las barreras del idioma contribuyeron a que las autoridades culparan erróneamente al inmigrante

Por Melissa Sánchez y Maryam Jameel 

Funcionarios estatales y locales en Wisconsin dijeron que estaban horrorizados al enterarse de las condiciones que en 2019 condujeron a la muerte de un niño nicaragüense de 8 años en una granja lechera, así como la investigación policial defectuosa que siguió. Ahora dicen que quieren abordar algunos de los temas destacados por una investigación de ProPublica, publicada el mes pasado, sobre la muerte de Jefferson Rodríguez.

“Lo que sucedió nunca debería haber sucedido”, dijo la representante estatal Sylvia Ortiz-Velez, una demócrata de Milwaukee cuya familia materna laboró como trabajadores agrícolas migrantes en Wisconsin en la década de 1960.

Jefferson fue atropellado una noche de verano de 2019 por un trabajador que operaba un minicargador en una granja en el condado rural Dane, aproximadamente media hora al norte de Madison, la capital del estado. Era el primer día de trabajo del obrero y nos dijo que había recibido solo algunas horas de capacitación. Nuestra investigación mostró cómo las autoridades que investigaron la muerte de Jefferson concluyeron erróneamente que su padre lo había atropellado.

La falla se debió en gran medida a la barrera del idioma entre José María Rodríguez Uriarte, el padre del niño, y la agente de la Oficina del Sheriff del Condado de Dane que lo entrevistó. Rodríguez no habla inglés; la agente se consideró versada en español, pero no con dominio del idioma. Cuando entrevistamos a la agente, supimos que cuando le preguntó a Rodríguez en español sobre lo que sucedió, sus palabras no significaban lo que ella pensaba y probablemente resultarían confusas para un hispanohablante.

La muerte de Jefferson fue catalogada como un accidente. Nadie fue acusado penalmente.

“Ser versado en una crisis no es suficiente”, dijo Dana Pellebon, miembro de la Junta de Supervisores del Condado Dane. “Desafortunadamente, hasta que ocurre una situación como esta, a veces no vemos las brechas en el servicio”.

Pellebon y varios otros supervisores dijeron a ProPublica que estaban buscando medidas que pudieran mejorar el acceso al idioma para las personas que no hablan inglés y que interactúan con la oficina del sheriff. Según estimaciones del censo de EEUU, más del 10% de los residentes del Condado Dane hablan en casa un idioma distinto al inglés.

“El tema de las barreras del idioma para que las personas ejerzan y hagan valer sus derechos, desde la aplicación de la ley hasta los servicios humanos y nuestro sistema judicial, está muy extendido”, dijo Heidi Wegleitner, supervisora del condado. “Realmente debe haber un examen exhaustivo de estas barreras en todo el condado, porque no es justo”.

La Junta de Supervisores establece el presupuesto y puede hacer recomendaciones a la oficina del sheriff. Pero tiene una capacidad limitada para establecer políticas.

En un comunicado, una portavoz de la oficina del sheriff dijo que la agencia cuenta con un personal calificado y diverso que está equipado con las herramientas que necesita, incluido el «acceso sin restricciones» a los servicios de traducción de idiomas. El departamento “siempre está buscando formas de mejorar los servicios que se brindan a la comunidad, que incluyen la evaluación de las prácticas actuales y la consideración de las recomendaciones recibidas”, dijo la vocera.

A nivel estatal, Ortiz-Velez hizo referencia a un proyecto de ley que permitiría a los beneficiarios de DACA convertirse en agentes de policía o ayudantes del sheriff. (La Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, conocida como DACA por sus siglas en inglés, es un programa federal que brinda protección temporal contra la deportación a algunos indocumentados que llegaron a EEUU cuando eran niños). Actualmente, sólo los ciudadanos estadounidenses pueden trabajar como oficiales de policía o ayudantes del sheriff en Wisconsin. “Para nosotros, tener oficiales que hablen con fluidez, que hayan nacido en otros países y puedan hablar el idioma, creo que podría ser de gran ayuda”, dijo Ortiz-Velez.

Nuestra historia sobre la muerte de Jefferson es la primera de nuestra serie Peligro en las granjas, que tiene como objetivo explorar las condiciones laborales, de vivienda y otras condiciones para los trabajadores inmigrantes en las granjas lecheras en Wisconsin y en todo el Medio Oeste. Les presentamos tres conclusiones de nuestros esfuerzos informativos hasta el momento:

1. En todo Wisconsin, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley se enfrentan a barreras idiomáticas cuando responden a incidentes en las granjas lecheras.

Según la Ley de Derechos Civiles, las agencias que reciben fondos federales deben garantizar que sus servicios sean accesibles para las personas que hablan un inglés limitado. El Departamento de Justicia, que hace casi dos décadas redactó directrices para los organismos encargados de hacer cumplir la ley sobre este tema, ocasionalmente investiga a los departamentos que no cumplen con este requisito.

El año pasado comenzamos a solicitar registros de las respuestas de las agencias de policía a incidentes que van desde lesiones relacionadas con el trabajo hasta agresiones en granjas lecheras en todo Wisconsin. Lo que esos registros nos muestran es que los funcionarios rutinariamente encuentran barreras del idioma cuando interactúan con los trabajadores de esas granjas. Con frecuencia confían en los supervisores o empleados de la finca para que sirvan como intérpretes; a veces recurren al traductor de Google o a los niños.

La Oficina del Sheriff del Condado de Dane no tiene una política escrita sobre cómo deben responder los agentes a los incidentes que involucran a personas que no hablan inglés, o cuándo llamar a un intérprete. El departamento no evalúa las habilidades lingüísticas de los empleados, sino que ellos mismos informan sobre su competencia. Pero como práctica general, los funcionarios del departamento han dicho que cuando los agentes necesitan comunicarse con los residentes que hablan un idioma que no sea inglés, se supone que deben hacer una llamada para preguntar si alguno de sus colegas habla ese idioma y, si no hay ninguno disponible, piden ayuda a otras agencias cercanas.

2. Es un secreto a voces que la industria láctea de Wisconsin depende de la mano de obra indocumentada.

Debido a que los trabajadores son indocumentados, a menudo les resulta más difícil hablar sobre condiciones injustas o inseguras.

Rodríguez y su hijo emigraron a Estados Unidos desde Nicaragua a principios de 2019 en busca de oportunidades económicas. Como solicitante de asilo, Rodríguez no tenía permiso de trabajo. Usó papeles falsos para conseguir un trabajo en D&K Dairy. (En una declaración, el dueño de la finca dijo que no estaba al tanto del estatus migratorio de Rodríguez).

Rodríguez ganaba $9.50 la hora y, como otros obreros, trabajaba habitualmente de 70 a 80 horas a la semana. El trabajo agrícola está excluido de muchas de las protecciones laborales de Estados Unidos, por lo que no había pago de horas extras por trabajar más de 40 horas. Al igual que muchas granjas lecheras de Wisconsin, D&K Dairy proporcionó alojamiento gratuito. Pero la vivienda que ocuparon Rodríguez y su hijo no fue en una casa; vivían en un apartamento en la parte superior de la sala de ordeño, el establo donde día y noche llevaban a cientos de vacas para ser ordeñadas por maquinaria pesada y ruidosa.

Durante años, la industria láctea, quejándose de la escasez de mano de obra, ha cabildeado sin éxito para acceder al programa federal de trabajadores invitados H-2A, que permite a los empleadores traer temporalmente trabajadores extranjeros cuando no pueden encontrar obreros locales. Actualmente, el programa se limita al trabajo agrícola estacional; la industria láctea es un trabajo de todo el año.

Quienes critican el programa de trabajadores invitados aseguran que se presta al abuso y la explotación, ya que la capacidad de los inmigrantes para permanecer en EEUU está ligada a un solo empleador, lo que ha dado lugar a varios casos importantes de trabajo forzado, robo de salarios, viviendas deficientes y altos costos de contratación, entre otros problemas.

3. Las granjas pequeñas no siempre reciben una inspección de seguridad después de una muerte o lesión.

Cuando Jefferson murió, una investigadora de la Oficina del Médico Forense del Condado Dane alertó a la Administración Federal de Salud y Seguridad Ocupacional, que es responsable de la seguridad en el lugar de trabajo. Pero OSHA no investigó porque el niño no era un empleado.

Incluso cuando los trabajadores mueren o se lesionan en granjas pequeñas, la capacidad de respuesta de OSHA es limitada. Las granjas con menos de 11 trabajadores a menudo están exentas de supervisión. (Algunos estados con sus propios planes OSHA hacen más, pero Wisconsin no es uno de ellos). Y la agencia federal tiene pocas normas de seguridad para los sitios de trabajo agrícola.

En años recientes, los intentos de inspección de OSHA fueron inferiores a una docena cada año de las miles de granjas lecheras en Wisconsin. El año en que murió Jefferson, seis de las nueve inspecciones que OSHA inició terminaron por no llevarse a cabo porque las granjas eran demasiado pequeñas para estar bajo la jurisdicción de la agencia; tres de esas seis inspecciones involucraron muertes.

“Las operaciones lácteas en estos días son básicamente grandes fábricas”, dijo Michael Engelberger, supervisor del Condado Dane. “No deberían estar exentos de ninguna regulación de OSHA o leyes laborales agrícolas especiales. Para mí eso está mal”.

Wegleitner dijo que espera convocar a un grupo de supervisores, defensores de la comunidad, personal del condado y otros para hablar sobre los pasos a seguir en las próximas semanas.

“El acceso al idioma es sólo una parte”, dijo. “Tenemos viviendas inseguras, falta de inspecciones y supervisión, y todas esas cosas pueden no ser asuntos que el condado pueda legislar. Pero si estamos hablando y propugnando con los legisladores y grupos estatales y federales, y trabajando en coalición, creo que esto debe abordarse en múltiples niveles”.

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Fuente: propublica.org

Se extiende invitación a ocho países que no fueron ausentes en la cumbre de 2021

Por Aamer Madhani /AP

El gobierno de Estados Unidos ha enviado invitaciones a 120 dirigentes de diversas partes del mundo para la Cumbre por la Democracia de la próxima semana, incluidos representantes de ocho países que no fueron invitados a la cumbre inaugural de la Casa Blanca en 2021.

Ello de acuerdo con un funcionario de alto rango del gobierno que habló con The Associated Press bajo condición de anonimato para discutir las invitaciones que aún no se han hecho públicas. Bosnia y Herzegovina, Gambia, Honduras, Costa de Marfil, Liechtenstein, Mauritania, Mozambique y Tanzania recibieron invitaciones para la cumbre de este año después de haber quedado fuera de la lista de invitados a la reunión de 2021.

La cumbre de este año se celebrará el miércoles y el jueves de la próxima semana. Estará copatrocinada por los gobiernos de Costa Rica, Holanda, Corea del Sur y Zambia. El primer día de la cumbre tendrá un formato virtual y le seguirán reuniones híbridas en cada uno de los países anfitriones en las que participarán representantes del gobierno, la sociedad civil y el sector privado.

Está previsto que el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, participe el martes en un acto previo a la cumbre enfocado en Ucrania con el secretario de Estado Antony Blinken.

El mundo ha experimentado grandes cambios desde la cumbre de diciembre de 2021, luego de que los países emergieron de la pandemia de coronavirus y en medio de la invasión rusa a Ucrania.

Leer más: Control de daños y diplomacia provinciana – (losangelespress.org)

Según funcionarios de la Casa Blanca, el presidente Joe Biden tratará de defender que los acontecimientos del último año han dejado claro que un gobierno democrático basado en el Estado de derecho y la voluntad de los gobernados sigue siendo el mejor sistema para promover la prosperidad y la paz, a pesar de sus frecuentes desórdenes.

Biden propuso inicialmente la idea de una cumbre sobre la democracia durante su campaña presidencial de 2020 y ha defendido en repetidas ocasiones que Estados Unidos y aliados afines necesitan mostrar al mundo que las democracias son un mejor vehículo para las sociedades que las autocracias.

Información: The Asociated Press