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Expedientes Hidalgo: Frustrado secuestro evidenció complicidad de policías ministeriales con Los Zetas

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Secuestradores con charola de policías estatales y ministeriales de Pachuca, trabajaban en complicidad con agentes de la AFI

Por Juan Ricardo Montoya

La tarde del viernes 29 de mayo de 2009 corrió el rumor en el gremio periodístico del estado de Hidalgo del supuesto secuestro de Enrique ‘El Ojitos’ Meza, en ese entonces director técnico del Club de Fútbol Los Tuzos, a dos días del partido de vuelta de la final del torneo clausura de aquel año, que iba a disputarse contra los Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en el Estadio Miguel Hidalgo de Pachuca. La confirmación hubiera sido de relevancia nacional porque en el encuentro de ida de la final, realizado en el Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria el marcador había terminado en un empate a dos goles entre Pumas y Tuzos.

«¿Que crees? Se rumora de que secuestraron al hombre más importante de Hidalgo en estos momentos», me dijo por teléfono un compañero y amigo periodista, corresponsal de un diario nacional a eso de las 9 de la noche. «¡No me digas que plagiaron al gobernador o al secretario de gobierno!», le contesté al colega.

Me dijo : «¡No! ¡A esos nadie se atreve hacerles algo; son intocables! ¡Se dice que secuestraron al Ojitos Meza!»

Y sí , el hecho que el Club Pachuca, financiado con terrenos y dinero público del gobierno local disputaba la final había despertado una gran efervescencia en la afición hidalguense. Al grado del fanatismo, por lo que el supuesto plagio del Ojitos, dos días antes de la final, nos puso en alerta máxima a todos los reporteros y corresponsales de Hidalgo.

De inmediato comenzamos a consultar las fuentes de información de costumbre, tanto las oficiales como las anónimas pero nada, no se confirmó el secuestro. En la Policía Estatal, la municipal de Pachuca y en la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo aseguraron no tener información ni ningún reporte de secuestro: «Sin novedad, ha sido un día muy tranquilo», me contestó una de mis fuentes, que laboraba en la Policía Estatal.

Una entrevista en vivo de ‘El Ojitos’ Meza con una televisora de la Ciudad de México, transmitida casi a la media noche y en la que el entrenador de Los Tuzos sólo habló de fútbol y de que su equipo iba a ser campeón puso fin a la búsqueda de la confirmación del supuesto secuestro en que estaban inmersos los periodistas de Hidalgo.

La víctima no fue Enrique Meza, pero ese día sí se produjo un intento de plagio. La intentona fue perpetrada por dos individuos que luego se supo eran los policías José Manuel Escobedo ‘El Oso’ de la Secretaría de Seguridad Pública de Pachuca y Jesús Garcés Jiménez ‘El Jarocho’, ‘Chita’ o ‘Soler’, comandante de la Policía Ministerial. Ambos trataron, con ayuda de otros uniformados y sin lograrlo, de sacar por la fuerza, meter a un auto y secuestrar a un joven del restaurante Vips, ubicado en Plaza Bella de Pachuca. Los policías había acordado reunirse ahí para comprarle los pases de acceso a su palco en el Estadio Miguel Hidalgo y presenciar ahí la final.

Las autoridades lograron ocultar a la opinión pública durante casi 14 años el intento de plagio… Hasta ahora.

La víctima, un joven en ese entonces de 22 años, y que por seguridad llamaré Juan, había publicado días antes en un diario local y por internet un anuncio en que ofrecía en renta asientos del palco que su familia tenía en el estadio para aficionados que querían presenciar la final. Tal como declararon tanto él como su madre ante el agente del Ministerio Público Federal, Juan recibió varios telefonemas de personas interesadas en rentar asientos. La tarde del 29 de mayo, una mujer, quien nunca se identificó, se comunicó con él para preguntar por el costo de los pases para acceder al palco, a lo que Juan le informó que era de seis mil pesos cada uno.

La mujer le dijo que necesitaba le rentara diez asientos, y Juan le contestó que sólo le quedaban ya nueve. La desconocida, le dijo a Juan que le iba a comentar a su hermano y que él se comunicaría más tarde para concretar la renta de los asientos, y al término de la llamada le pidió su nombre.

Alrededor de las 4 de la tarde, recibió la llamada de un individuo que se identificó como Erick. En realidad se trataba de José Manuel Escobedo ‘El Oso’, a quien Juan le reiteró que sólo tenía nueve asientos disponibles, a un costo de seis mil pesos cada uno. Escobedo le dijo que estaba bien ya que le habían ordenado conseguirlos «a cualquier precio» y que le urgían, pidiéndole que se vieran de inmediato para concretar la operación. Juan le explicó que no tenía los tarjetones en ese momento y que tenía que ir a su casa por ellos.

Leer otro caso: Expedientes Hidalgo: Secuestrado en 2009 logra escapar, y policías estatales lo entregan a Los Zetas – (losangelespress.org)

 

Juan acordó verse con el interesado para cerrar el trato ese mismo día a las seis y media de la tarde. En principio, se verían frente a los cines que aún se encuentran en el estacionamiento de Plaza Bella, ubicada sobre avenida Revolución de la colonia Periodistas. Por recomendación de su padre, Juan llamó a Erick para decirle que mejor se vieran en el interior del restaurante Vips. «Desconfías ¿verdad?», le dijo Escobedo a Juan, quien rápidamente le contestó que no, pero que si quería los tarjetones se verían en el Vips.

Alrededor de las seis, Juan llegó al restaurante acompañado de su madre, y se sentaron en el área de las mesas situadas junto a la pared interna del lugar con dos sillones para un par de personas cada uno.

Se acomodaron los dos en uno de los sillones, uno junto a otro. Dejaron libre el segundo sillón para que pudiera sentarse el supuesto arrendador de los asientos del palco y pudieran platicar cara a cara. Luego de consultar el menú, pidieron comida a una de las meseras. Juan llamó por teléfono a Erick para preguntarle si aún quería los lugares del palco, y le dijo que ya estaba en el restaurante.

De forma brusca, Erick contestó que seguía interesado, y cortó con un «ya vamos para allá». Juan dedujo que iba a llegar acompañado. Minutos después, Erick llamó a Juan y le dijo que ya se encontraban en el restaurante, y le preguntó en qué parte se encontraba. Juan contestó: «aquí, dentro del Vips». «¡Ah, en el Vips!, yo pensé que en El Portón», otro restaurante que se encuentra en la plaza comercial.

Alrededor de las 6:40 pm, Erick volvió a llamar y le dijo a Juan que ya estaban en el lugar. Le dijo que iba vestido con una chamarra Marlboro, la cual no llevaba puesta, ya que portaba otra de tipo borrega, de color café.

Al notar que Erick no llegaba pese a que había dicho que ya se encontraba allí, Juan se paró y recorrió el restaurante e incluso tal como narró su madre ante el Ministerio Público, salió del Vips para buscarlo pero no lo vio. Regresó a su mesa para terminar de comer. A los pocos minutos Erick entró al restaurante junto con otro individuo. De acuerdo con la madre, tenían mal aspecto y eran mal encarados.

Al llegar a la mesa, Juan les presentó a su mamá. Según la mujer «me saludaron de mala gana» y se negaron a sentarse en el sillón. «En todo momento hacían como que estaban llamando por teléfono», relató la madre. Juan se paró y les pidió que se sentarán en otra mesa, al pensar que no querían sentarse con ellos. «Terminen de comer», dijo secamente Erick, al negarse a sentarse y permaneció parado junto con el otro individuo. En esos momentos, el padre de Juan llamó por teléfono a su esposa, quien aprovechó la llamada para informarle que desconfiaba de los dos individuos que acababan de llegar. El padre le dijo que iba para allá, que no tardaba.

Entérate: Expedientes Hidalgo: Los policías de Pachuca desaparecidos por sus compañeros al servicio de Los Zetas – (losangelespress.org)

 

Por insistencia de Juan, por fin, los dos sujetos aceptaron sentarse en la otra mesa. Erick, es decir, de José Manuel Escobedo, según Juan y su madre era una persona morena, obesa, de pómulos prominentes, pelo lacio, que vestía una chamarra borrega. El otro sujeto, Jesús Garcés Jiménez era delgado, de 1.70 metros de estatura, moreno claro y llevaba puesta una playera blanca con estampado. Juan se sentó en la mesa en que se encontraban sentados Escobedo y Garcés. Se sentó en el rincón del sillón, entre la pared y Escobedo. Garcés lo hizo frente a Juan, sin intercambiar palabra con él. En ese momento llegó otro individuo, mal encarado también, de aspecto sucio, que por unos instantes se sentó a un lado de Garcés, tras lo cual se marchó.

Juan pidió a Escobedo que aclarara si iba a querer o no los asientos. La respuesta fue sí. Pero fue acompañada de una pregunta sobre la propiedad del palco. Juan respondió que era de su familia, a quien identificó con sus apellidos. «Pero ¿es tuyo?», le volvió cuestionar Escobedo. Ya en esos momentos Juan sospechaba de los dos individuos y de forma sutil prendió la cámara de su celular para grabarlos a escondidas logrando captar la imagen del que posteriormente fue identificado como Jesús Garcés Jiménez. Juan les preguntó sí tenían el dinero para hacer ya el trato. José Manuel Escobedo respondió que estaba en espera de que otra persona se lo llevara.

garcés

Jesús Garcés Jiménez, expolicía ministerial que trabajaba para Los Zetas en Hidalgo. Foto: Expedientes Hidalgo/Los Ángeles Press

Escobedo tomó un radio que llevaba consigo y comenzó hablar con otra persona en clave. Mientras lo hacía, Juan le pidió le diera permiso de salir para hacer una llamada, pues se encontraba «encajonado» en el sillón. Escobedo se negó, haciéndole imposible pasar. De nueva cuenta, Juan le pidió permiso a Escobedo que lo dejara salir, por lo que ‘El Oso’ y Jesús Garcés se pusieron de pie.

Juan aprovechó para salir y, ya en el pasillo del restaurante, simuló que charlaba con alguien por teléfono. De repente, vio que otros dos individuos, mal encarados y fornidos irrumpían en el Vips y se dirigían de forma amenazadora a donde se encontraba. Invadido por el pánico comenzó a pedir ayuda. A gritos decía que lo querían secuestrar. Intentó correr hasta el fondo del lugar pero fue sujetado del brazo por El Oso. Esto dio oportunidad a Garcés y a los recién llegados para someterlo, pero el joven, a jalones, patadas, y manotazos, con ayuda de su madre, logró zafarse e irse al fondo del establecimiento, donde volvió a ser alcanzado por los secuestradores. De forma milagrosa, se volvió a liberar.

Todo pasaba frente a la atónita mirada de las meseras y comensales, algunos aterrados se fueron sin pagar del Vips. Ninguno de los que se quedaron intentaron ayudar a Juan ni a su madre que, a gritos, pedían ayuda que llamaran a la policía. Ambos decidieron meterse a la cocina del Vips. Desde allí observaron cómo El Oso mostraba, sin articular palabra, su credencial de policía municipal a los empleados, en tanto los otros tres individuos se paseaban de un lado a otro, acechando a sus víctimas, incapaces de decidir si entraban o no a la cocina para sacarlos.

Juan y su madre, desde sus teléfonos, solicitaron ayuda a sus amigos, familiares y al número de emergencia 066. Minutos después, Garcés, El Oso y los otros dos individuos se marcharon. Entonces llegaron dos policías municipales de Pachuca que, en vez de tranquilizar a Juan y a su madre amedrentaron al muchacho. «Pues, ¿qué hiciste? Algo debiste haber hecho…», le dijo uno de los policías.

A gritos, Juan le dijo :»¡Qué no entienden que me querían secuestrar! ¡Los secuestradores se acaban de ir, quizás están allá afuera!» A pesar de los gritos, los policías se negaban a actuar. Ni siquiera estaban dispuestos a avisar por radio a sus compañeros para que buscaran y detuvieran a los plagiarios. Los uniformados le preguntaron su nombre, pero Juan se negó a dárselos.

El Oso

José Manuel Escobedo Domínguez, El Oso, expolicía municipal que secuestraba para Los Zetas en Hidalgo. Foto: Expedientes Hidalgo/Los Ángeles Press

En ese momento llegó el padre de Juan y tres amigos que trataron de tranquilizarlo, pues se encontraba llorando y temblando de terror. Otros policías entraron al Vips, sin brindar ningún tipo de ayuda. Abrazados los tres, resguardados sólo por los amigos de Juan y ante la torva mirada de los policías, salieron del restaurante y se dirigieron al estacionamiento.

Notaron que afuera del Vips, ubicado a un costado del acceso a la plaza que da a la avenida Revolución había más de veinte elementos de la policía municipal, estatal y ministerial, así como una camioneta de granaderos y una patrulla.

El padre de Juan había estacionado su auto Seat León, con película anti asalto en los cristales, cerca del Vips. Le dijo a su hijo que se metiera en los asientos de atrás. Los policías, bajo el pretexto de que no se hacían responsables de lo que pudiera ocurrirles sí se iban en ese auto, querían llevar a Juan en la patrulla, a lo que tanto el joven como su padre se negaron.

Juan, su madre y su padre abordaron el Seat y pidieron a los policías que los resguardaran hasta las instalaciones de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI). Pero un policía le pidió al padre que bajara un momento del coche para hablar, a lo que accedió. Su esposa entonces se pasó al asiento del piloto y uno de los amigos de Juan se metió al vehículo y ocupó el de copiloto. La película antirobo en los cristales impedía que los policías pudieran ver con claridad que ocurría en el interior.

El policía le dijo a al padre de Juan que habían recibido la instrucción de no escoltarlos ni llevarlos a la Agencia Federal de Investigaciones y, en cambio, les habían dado la orden de trasladar a su hijo en la patrulla a sus oficinas, para que allí interpusiera su denuncia. En eso, llegó a toda velocidad un auto Neón blanco sin placas. Los policías, al ver el vehículo, movieron el camión de granaderos que habían colocado detrás del Seat para que se pudiera estacionar.

Juan, al ver que el conductor era Jesús Garcés Jiménez, alias ‘El Jarocho’ y que a bordo iban también José Manuel Escobedo ‘El Oso’ y los otros dos individuos que habían intentado secuestrarlo, empezó a gritar, invadido por el pánico y terror: «¡regresaron los secuestradores!».

José Manuel Escobedo y los otros tres individuos salieron del Neón; El Oso le preguntó a uno de los policías dónde estaba Juan. El uniformado señaló al Seat. El Oso se acercó al auto, vio con dificultad por uno de los cristales reflejantes y le dijo al municipal que ése era el joven que según él, vendía drogas y al que andaba buscando, por lo que sacó una pistola y con la cacha comenzó a golpear el cristal, sin lograr romperlo por película anti asaltos.

El padre le reclamó por qué golpeaba su coche y el motivo por el que acusaba falsamente a su hijo de vender droga, mientras lo grababa con su celular. El Oso comenzó a forcejear con él para quitárselo, sin lograrlo. Entonces, pateó al padre en la entrepierna, lo que provocó que el padre de Juan cayera al suelo. Mientras eso ocurría, Garcés y los otros sujetos que habían bajado del Neón empezaron a golpear con las cachas de sus armas los vidrios del auto. Se sumaron a esa tarea los cerca de 20 policías que se encontraban en el estacionamiento. El Oso apuntó su pistola a la ventanilla del asiento del piloto donde se encontraba la madre de Juan, ordenándole a gritos que abriera la puerta. La mujer intentó arrancar el auto, pero por los nervios no lo logró.

Entonces, el amigo de Juan que ocupaba el asiento de copiloto, sin salir del auto, cambió con la madre de lugar. Logró hacerlo y arrancar el auto. Luego de varias maniobras y a pesar de haber chocado con otros autos, sacó el vehículo del estacionamiento por la salida posterior de la plaza, logró huir del lugar perseguido por algunos instantes por policías que, a pie, intentaron alcanzarlos. Los llevó a la casa de unos amigos de la madre, en un fraccionamiento de Pachuca, donde permanecieron ocultos por algunas horas.

El padre de Juan aprovechó la confusión para llegar a uno de los locales de la plaza comercial. Minutos después, llegó su abogado y se lo llevó en su auto a su despacho.

Ya en su oficina, el jurista convenció al padre de hacer la denuncia correspondiente ante la entonces Procuraduría General de Justicia de Hidalgo (PGJH). Pero comenzaron a ocurrir cosas extrañas.

Según el padre, en la PGJH, él y su abogado fueron recibidos por Josué Méndez Ayala, secretario particular del entonces procurador José Alberto Rodríguez Calderón, quien les presentó al comandante de la Policía Ministerial Abelardo Cortés Skewees, designado para investigar el frustrado secuestro. Luego de que el padre rindió su declaración ante el agente del Ministerio Público, Skewees le dijo que quería ir al día siguiente a su casa para hablar con su hijo.

Cuando el sábado 30 de mayo, Juan le mostró a Skewees el vídeo que grabó en el Vips, el comandante dijo que no conocía a ninguno de los dos sujetos que habían sido grabados. Ello era totalmente falso, pues Garcés formaba parte de la Policía Ministerial. Ese mismo día, el abogado del padre, al ver el vídeo, reconoció de inmediato a Garcés ‘El Jarocho’. El abogado, quien había trabajado por muchos años en la procuraduría, llamó a Skeewees y le dijo que reconociera que el sujeto que aparecía en el vídeo era El Jarocho, quien entonces era  comandante en activo de la policía ministerial.

Le advirtió que, de no reportar a sus superiores lo que había visto en el vídeo, se iba a meter en problemas. Skewees respondió que no iba a solapar a nadie. Al día siguiente, domingo 31 de mayo, el padre  llamó a Méndez y le preguntó si Skewees ya había informado al procurador que un comandante de la policía ministerial había sido identificado como uno de los secuestradores. Méndez respondió que no, a lo que el abogado replicó que estaría en contacto con él más adelante.

Por la tarde, el padre de Juan recibió una llamada del procurador Alberto Rodríguez, quien tras reconocer que Juan tenía razón en tener temor y desconfianza hacía la policía, era necesario que hiciera su declaración. Le pidió que le proporcionará una dirección para enviar al agente del Ministerio Público, al subdirector de Averiguaciones Previas, y al director de la Policía Ministerial. El padre aceptó la propuesta del procurador, y esa misma noche recibió en su casa a los funcionarios, para que le tomarán la declaración a Juan. Pero, temeroso, se escapó de la vivienda y se refugió en otro lugar.

El padre fue a buscarlo y, tras localizarlo, le dio su palabra de que no le iba a ocurrir nada. Juan regresó a su domicilio y, junto con su madre, rindió su declaración ante el entonces agente del Ministerio Público. También identificó al ‘Jarocho’, en una de las fotos de los registros de elementos que trabajaban en la Policía Ministerial. De igual forma, identificó a Escobedo ‘El Oso’, cuya foto aparecía en los ficheros de la Policía Municipal de Pachuca y a Margarito Alejandro Ortiz Robles, de la misma corporación policíaca, quien fue el oficial que se negó a protegerlo a él y a su madre en el interior del Vips.

A las once y media de la noche del domingo 31 de mayo, el procurador llamó por teléfono al padre de Juan para informarle que a las 6 de la tarde de ese mismo día, se había detenido y arraigado a Garcés ‘El Jarocho’ por lo que pidió que él, Juan y su esposa estuvieran tranquilos. Le prometió recibirlo en su despacho al día siguiente, lunes 1 de junio para «platicar del asunto». No obstante, bajo el argumento de que iba a acompañar al entonces gobernador, Miguel Osorio Chong a una gira, el procurador mandó decir que la reunión se haría el jueves 4 de junio. Pero nunca se logró concretar, ya que Alberto Rodríguez siempre canceló las reuniones que él mismo agendaba.

El padre pidió a su abogado gestionar una audiencia con el entonces gobernador Miguel Osorio Chong, para informarle de la complicidad de policías con criminales, aparentemente vinculados al grupo delictivo Los Zetas, pero el secretario particular del mandatario se negó a agendar el encuentro. Temerosos de que ‘El Oso’ -quién aún se encontraba libre- con apoyo de otros policías al servicio de los Zetas intentara «levantarlos», la familia decidió trasladarse a las oficinas de la entonces Procuraduría General de la República (PGR) de la Ciudad de México, para levantar una denuncia formal de carácter federal contra los policías secuestradores. La denuncia quedó foliada con el número PGR/SIEDO/UEIDCS/150/2009.

Días después José Manuel Escobedo Delgadillo, al igual que ‘El Jarocho’ ya era investigado por la PGR, y fue detenido por agentes federales.

Tras ser detenido, en sus declaraciones ante el agente del Ministerio Público Federal, Escobedo aseguró que junto con Garcés intentaron detener al joven porque supuestamente los había querido estafar, al subir el precio del arrendamiento de los asientos del palco, pese a que ya previamente habían acordado con él una cantidad menor. Dicho argumento fue desechado tanto por el fiscal federal como por el juez que dictó auto de formal prisión al considerar que, incluso de ser cierto ese señalamiento, no se consideraba como fraude, ya que toda persona tiene el derecho de cobrar el precio de algo de su propiedad que estuviera en venta o arrendamiento en la cantidad que considere justa o viable.

Tampoco pudo probar que el muchacho vendía drogas como aseguraron los policías que llegaron a Plaza Bella.

Viéndose perdido, el temible y violento policía, con los ojos llorosos, pidió al Ministerio Público ser «colaborador protegido», «poniendo el dedo» a decenas de policías municipales, estatales, ministeriales e incluso agentes de la AFI, que supuestamente trabajaban para Los Zetas.

El tan ansiado triunfo del Pachuca sobre los Pumas de la UNAM en el Estadio Miguel Hidalgo, al igual que el secuestro, se frustró. La noche del 31 de mayo, Los Tuzos perdieron la final del fútbol mexicano en su propia casa, al marcar sólo 2 goles contra 3 de los Pumas.

 

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Más de 30 millones de mexicanos trabajan sin beneficios laborales, pese a disminución de desempleo

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La informalidad laboral en mujeres, con índices más altos que los hombres

Por Katiuska Serrano y Melisa Murialdo

Lograr tener un trabajo estable y solvente, en donde se puedan recibir todos los beneficios de la ley, es una realidad con la que no cuenta todo el mundo. En México, de acuerdo con la última Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en el país existen 31.8 millones de personas trabajando en la informalidad.

Esta cifra, actualizada en diciembre del año pasado, corresponde al 55.9% del total de los empleos. Si bien se debe destacar que este número representó una reducción anual de 1,6%, la situación no deja de ser preocupante, pues son muchos los trabajadores que no tienen la posibilidad de tener acceso a:

A partir del 1 de enero de este año, entró en vigor el decreto de reforma a la Ley Federal del Trabajo, en la cual se amplían los días de vacaciones de 6 a 12, luego del primer año de trabajo, así como el aumento de dos días por cada año adicional. 

Sin embargo, los trabajadores del sector informal no pueden gozar de esta medida, ya que la norma establece que solo será aplicable a los contratos individuales o colectivos, situación con la que no cuentan los individuos que carecen de un trabajo formal. En estos casos, normalmente, se deben llegar a acuerdos con sus respectivos patrones.

El desempleo disminuye, la informalidad continúa

Para el INEGI, se considera a la población ocupada en la informalidad:

  • “a quienes son laboralmente vulnerables por la naturaleza de la unidad económica para la que trabajan, 
  • así como a las personas cuyo vínculo o dependencia laboral no reconoce su fuente de trabajo”. 

En este sentido, también destacan a quienes laboran en micronegocios no registrados y otras modalidades análogas, como los ocupados por cuenta propia en la agricultura de subsistencia y quienes trabajan sin seguridad social y cuyos servicios los utilizan las unidades económicas registradas.

En el país, según el ente, la tasa de informalidad en las mujeres sigue registrando porcentajes más altos que en los hombres, siendo de 56% y 54.1%, respectivamente.

Respecto a la tasa de desempleo, la encuesta del INEGI mostró una disminución del 3,5% respecto a diciembre de 2021 y se posicionó en 2,8% – 1,6 millones de personas – de la población económicamente activa (PEA), la cual al cierre de 2002 fue de 59,6 millones de personas.

Informalidad laboral por género.

Sólo 4 de cada 10 mexicanos laboran en el sector formal

En base a las cifras de la Población Económicamente Activa, 57,9 millones de individuos estuvieron ocupados durante diciembre, es decir, que se sumaron 1 millón más que en el mismo periodo del año anterior. En tanto, las personas subocupadas – aquellas que declararon tener necesidad y disponibilidad para trabajar más horas –  fueron 4,2 millones, un 7,3 % de la población ocupada.

Por su parte, 25,3 millones de trabajadores (43,7%) están ocupados en el sector formal. En detalle:

  • 11 millones realizan actividades en la industria del comercio; 
  • 9,5 millones en las manufacturas, 
  • 6,7 millones en labores agropecuarias y 
  • 4,6 millones en construcción. 
  • mientras que, en las áreas de minería, electricidad, agua y suministro de gas, estuvieron ocupadas el 0,7 % de la población, o sea, 409 mil personas

Efectos en la economía y estimaciones internacionales

En el 2021, el Banco de México realizó un estudio en el que determinó el impacto de la formalidad sobre el PIB per cápita en las diferentes regiones de México. En este contexto, afirmó que, si no existiera informalidad laboral, el PIB per cápita sería 19.6% más alto en la región norte del país; 28.4%, en el centro norte; 27.2% en el centro y 31.5% en el sur,

No obstante, las últimas cifras de empleo, a su vez, han ido mejorando de a poco la economía en la nación, debido que el Producto Interno Bruto creció de julio a septiembre un 0.9 % trimestral y un 4.3 % interanual, acumulando un alza de 2.9% en los primeros tres trimestres de 2022.

Además, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) estima que el crecimiento económico para México este 2023 aumentará de 1.5% a 1.6% y para el 2024 estaría por encima del 2%. Aunque, para que esto sea así, indican que es fundamental implementar medidas dirigidas a:

  • que haya más participación de las mujeres en el mercado laboral
  • que se pueda reducir la informalidad y 
  • a que se mejore la calidad de la educación

En el caso de las expectativas de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), el panorama es otro, pues prevé un crecimiento de 1.1% en el 2023, lo que implicaría una contundente desaceleración para el país. Por ello, el organismo insiste en que se trabaje temas como 

  • la desigualdad, 
  • el rezago educativo y 
  • la falta de inversiones

cepal

La Organización Internacional del Trabajo (OIT), entretanto, anunció que el empleo en Latinoamérica crecerá solo 0,9 % en 2023, lo que representaría 2,9 millones nuevos puestos de trabajo. 

A su vez, para este año, también prevé un ligero aumento del desempleo a escala mundial de 3 millones de personas aproximadamente, de esta manera, se alcanzaría los 208 millones de ciudadanos sin trabajo. 

Finalmente, sobre la informalidad, la OIT la sitúa en 53,7 %, un alza que según el ente es parte de las consecuencias de la pandemia.

Ante esta realidad, si hay algo en que coinciden los organismos internacionales, es en el daño que hace la informalidad no solo a los trabajadores que deben renunciar a recibir derechos laborales, sino también a los propios países, que deben afrontar tener un ingreso per cápita más bajo o una mayor pobreza y desigualdad. Por esto, y mucho más, es importante llevar a cabo políticas que busquen acabar con esta problemática y generen mayor estabilidad económica tanto a la población, como a la nación.

***

 

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Lugarteniente de Heriberto Lazcano cobraba en Hidalgo como ‘maestro’ de secundaria

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Al tiempo que operaba con Los Zetas, tenía dos plazas de maestro

Por Juan Ricardo Montoya

El 3 de diciembre de 2010, en la colonia Magisterio del municipio de Huejutla de Reyes, enclavado en el corazón de la Huasteca Hidalguense, fuerzas federales lograron la captura  de Eduardo Ramírez Valencia El Profe, peligroso lugarteniente de Heriberto Lazcano Lazcano, antiguo líder de Los Zetas y quien tenía dos plazas de maestro de la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo (SEPH).

Al igual que Servando Gómez Martínez La Tuta, líder de lo que era el grupo delictivo Caballeros Templarios, quien también cobraba como maestro en Michoacán, Ramírez Valencia, pese a estar ocupado la mayor parte de su tiempo en organizar y ejecutar plagios, levantones y asesinatos ordenados por Lazcano, se las ingeniaba para cubrir sus dos plazas de maestro de secundaria y telesecundaria en Hidalgo, por las que percibía un sueldo neto de 20 mil pesos mensuales.

En lo que es un capítulo más del surrealismo en que viven los miembros de algunos grupos criminales en México, al ser capturado, el nombre de Eduardo Ramírez Valencia aparecía en la nómina de la SEPH correspondiente al primer trimestre de 2010.

En esa nómina, Ramírez Valencia tenía dos claves, que corresponden a una plaza distinta. La primera estaba foliada con el número 78613EO3636.00130541, que lo acreditaba como profesor de secundaria y la segunda con el folio 78679E278130.00132434, como profesor de telesecundaria.

De acuerdo con el documento, Ramírez Valencia, en el primer trimestre de 2010 (enero a marzo) cobró la cantidad de 63 mil 502 pesos. En el desglose de la nómina, prestó 36 horas de servicio durante esos tres meses, 30 como maestro de una telesecundaria foránea y seis más en secundaria. Por la de docente de telesecundaria recibió, en tres meses, 54 mil, 817 pesos: 21 mil 315 en enero; 15 mil 717 en febrero y 17 mil 784 en marzo de 2010.

Por la plaza de maestro de secundaria foránea, cobró en el primer trimestre de 2010 sólo ocho mil 65 pesos: tres mil 343 en enero; dos mil 516 en febrero y dos mil 825 en marzo.

En la nómina se especificaba que Ramírez Valencia no había participado en concurso de plazas, pero sí se beneficiaba de la llamada carretera magisterial. Se ignora en qué planteles escolares dio clases y qué materias impartía. Tampoco se sabe si siguió dando clases de abril a la primera semana del 2010 en que fue capturado.

Entérate: Expedientes Hidalgo: Frustrado secuestro evidenció complicidad de policías ministeriales con Los Zetas – (losangelespress.org)

 

En aquel entones, con 44 años de edad, y originario del municipio huasteco de Huejutla, en esa región, la gente aseguraba que Ramírez Valencia era maestro jubilado.

Era parte del grupo de maestros del círculo cercano de Mirna García, exdirigente de la sección 15 del Sindicato Nacional de Trabajadores para la Educación (SNTE) detenida, en 2014, por un supuesto fraude de 123 millones de pesos y luego liberada. Actualmente se encuentra prófuga de la justicia.

A tal grado era la cercanía de Ramírez Valencia con el SNTE que el también profesor Darío Badillo Ramírez, en 2010, diputado local del Partido Nueva Alianza por el XIII distrito, con sede en la región huasteca reconoció que era amigo del narcotraficante. «Sí, es amigo mío de toda la vida, oriundo de La Huasteca», se limitó a decir el legislador cuestionado por reporteros días después de la detención de Eduardo Ramírez.

«Es un profesor al que conozco de toda la vida; ignoro las situaciones de las que lo acusan, hay otras personas que han sido detenidas, un comerciante que se llama Rubén Monterrubio, una persona que hasta donde yo lo conozco es una persona dedicada al comercio, a los abarrotes», abundó. Sobre las actividades de Ramírez Valencia, el legislador comentó:»desconozco a qué se dedicaba él, fuera del magisterio».

No obstante, el entonces diputado local puso en duda la veracidad de la información con la que contaban los soldados y policías federales que mediante operativos lograron la captura de los presuntos narcos. Dijo, en su momento, «hubo otros operativos donde se llevaron a otras personas, incluso uno en Huejutla; entiendo que algunos de ellos fueron liberados. Es el mismo caso que ocurrió en Michoacán. Qué feo es que el área de inteligencia no haga su papel como corresponde, porque eso que digan, a final de cuentas, ‘usted perdone’ como que es una situación que apena mucho y la imagen que deja en las personas», remató.

El entonces legislador denunció en aquel entonces que los soldados habían irrumpido en la casa de su sobrino, Darío Humberto Badillo Zúñiga, se lo llevaron a un cuartel y lo mantuvieron incomunicado por más de una hora; al no tener más elementos para mantenerlo detenido, lo liberaron. En el comunicado de prensa que se emitió por la captura de Ramírez Valencia, se informó que había sido detenido en un operativo conjunto realizado por la Policía Federal Preventiva y el Ejército en Huejutla de Reyes.

Era considerado como responsable de las negociaciones para el tráfico de droga desde Panamá. También del envío de armas, venta y distribución de drogas en los estados de Veracruz y Tamaulipas, y también de administrar las finanzas y realizar los pagos a los miembros de la organización en el estado de Hidalgo.

Supuestamente, Ramírez Valencia brindaba seguridad a Heriberto Lazcano, cuando éste visitaba Huejutla de Reyes, para descansar y tratar asuntos de venta y distribución de droga.

Durante el operativo en el que fue detenido Ramírez Valencia, también fue aprehendido Rubén Barragán Monterrubio, alias El Montes y fueron incautadas cuatro armas largas, una pistola, 288 cartuchos, seis cheques por 430 mil pesos, así como 32 mil 500 pesos en efectivo y cuatro vehículos.

Para la captura se utilizaron tres helicópteros del tipo Mil Mi-17 y UH-60 Blackhawk de la Policía Federal. Las aeronaves estuvieron sobrevolando a baja altura por toda la ciudad en respaldo a las fuerzas de tierra que llevaban a cabo cateos y detenciones en la colonia Magisterial, donde residen muchos miembros del SNTE y fue capturado Ramírez Valencia y otros de sus cómplices.

Tras el arresto fueron conducidos e introducidos  de inmediato a uno de los helicópteros el cual los llevó a las instalaciones de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO). El 9 de diciembre de 2010 Ramírez Valencia fue trasladado al CERESO de Pachuca.

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Investigaciones

Los ricos del agua en Guanajuato: políticos, empresarios y multinacionales

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Conagua Gto

El acaparamiento del agua ha obligado a ciudadanos a hacer tomas de agua sobre todo en asentamientos irregulares donde Sapal envía pipas de agua insalubre.

Por Rosario Martínez De la Vega

Mientras León, principal ciudad del estado, la más poblada y sede de la quinta industria más grande del país celebra el Día internacional del agua con cortes terciados en el servicio debido a la falta de abasto para consumo doméstico, la Conagua entregó 3,264 concesiones en la entidad durante la presente administración: políticos, empresarios y multinacionales, los ricos del agua en Guanajuato.

El Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (Sapal) —operador del servicio de agua municipal— limita servicio a sus ciudadanos como medida para enfrentar la crisis hídrica; pero al mismo tiempo, la Conagua hace entrega de concesiones en el estado. De acuerdo con los registros existen 22,662 concesiones de agua en la entidad, de éstas 3,264 fueron otorgadas durante la presente administración.

Incurriendo en acaparamiento, sobre concesión y simulación, políticos y familiares de éstos, empresarios locales y multinacionales, son los dueños del agua en Guanajuato. Algunos disponen de tanta que, con ella, sería posible atender no sólo a colonias, sino a comunidades completas. La brecha de desigualdad se marca profundamente para los 180 mil guanajuatenses que no cuentan con un sistema formal para el suministro del vital líquido en sus hogares.

conagua Guanajuato

Concesiones de Conagua Guanajuato en Guanajuato. (c) 2023 Los Ángeles Press

Políticos

El día 3 de agosto del año pasado, la oficina central de Conagua otorgó la concesión número 844 174 por 1 millón 041 mil 984 m3, en el municipio de San Felipe, Guanajuato, al político del Partido Acción Nacional (PAN) Ramón Zamanillo Pérez.  El panista, quien además ha desfilado por diferentes puestos en la administración pública federal, cuenta con cuatro concesiones anteriores; en total, dispone de 2 millones 354 mil 164 metros cúbicos de agua al año. Nunca señaló sus propiedades ni conflicto de interés ante la Secretaría de la Función Pública. Actualmente es integrante del Consejo Empresarial Potosino.

Durante noviembre de 2022, la Dirección de Conagua Guanajuato otorgó a José Luis Fox Quezada, hermano del expresidente Vicente Fox la concesión número 850527 por 54 mil m3, en el municipio de San Francisco del Rincón, y comparte otras nueve concesiones con su familia. En total, los Fox Quezada cuentan con diez concesiones, ocho fueron obtenidas mientras éste se desempeñaba como gobernador de Guanajuato. Estas concesiones les permite utilizar al año un volumen de 2 millones 170 mil metros cúbicos al año.

La familia del diputado por MORENA, Cuauhtémoc Becerra, cuenta con 291,600.00 m3 anuales de aguas subterráneas a nombre de María de la Consolación Becerra González, hermana del legislador. Título a 30 años, mismo que han explotado desde 1996 y se encuentra próximo a vencer en 2026, no obstante, la ley les brinda capacidad de renovar por 30 años más. Según los datos de georreferenciación disponibles en el registro, el pozo se ubica a 20 metros del rancho ganadero “El Baúl”, justo a un costado del río Balsas, el cual se encuentra seco.

El exgobernador de Guanajuato Miguel Márquez Márquez cuenta con tres concesiones activas por parte de Conagua, mismas que obtuvo por cada puesto político – diputado local, alcalde de Purísima del Rincón y gobernador; las concesiones se localizan en los estados de Jalisco (2) y Guanajuato (1), otorgada ésta última en el municipio de Purísima del Rincón, que le representa 150,000.00 metros cúbicos de agua anuales con fin agrícola.

El procurador de Profeco Ricardo Sheffield Padilla cuenta con dos concesiones activas en el rancho que tiene en la ciudad de León, le fueron concedidas mientras era diputado local por el PAN (1999-2000), lo cual le representa 14 mil metros cúbicos de aguas superficiales al año, con distintos fines de uso.

El 16 de diciembre de 2020, el gobernador Diego Sinhué Rodríguez Vallejo obtuvo la concesión 834 264 por 5 000 m3 anuales, para un terreno en el municipio de Silao, Guanajuato, la cual refiere ser con fin agrícola. No obstante, alrededor de la finca no se ubica ningún tipo de cultivo y al interior -desde visión satelital de las coordenadas proporcionadas en la concesión- puede percibirse un área hípica y una casa de campo.

 

Fraccionamiento Gran Jardín, en León, Guanajuato.

El gobernador no paga por el agua que utiliza, ya que la Ley Federal de Derechos, en su Artículo 224, establece que las concesiones para uso agrícola están exentas de pago. Así mismo, la concesión de Conagua, incluye un subsidio de electricidad de la Comisión Federal de Electricidad, el cual permite pagar una tarifa mínima por la electricidad que se emplea para el funcionamiento de la bomba con la que extrae el agua.

Quienes poseen títulos de concesión para uso agrícola, pero utilizan el agua para fines distintos incurren en desviación del subsidio y delitos fiscales.

Una constante: la simulación en el uso de las concesiones

En Guanajuato durante los últimos años, se ha impulsado un concepto turístico de lujo denominado “La ruta del vino”, a través de la Ley del Fomento a la Actividad Vitivinícola, aprobada en diciembre del 2020 por el Congreso del Estado. El ejecutivo estatal se obliga a proporcionar apoyos económicos por medio de sus distintas secretarías; además de estos beneficios, la dirección de Conagua Guanajuato otorga concesiones con fines agrícolas a viñedos.

Uno de los beneficiados es Viñedos SMA S.A. de C.V. que, de acuerdo con datos del Registro Público del Comercio, fue constituida con tan sólo 5 mil pesos en el año 2013, por los hermanos Héctor David, Francisco Javier y Fernando, de apellidos Cuadra Muñoz. Los empresarios zapateros disponen de cinco concesiones por parte de Conagua. La primera data del año 2000 y obtuvieron cuatro más entre los años 2019 y 2020. En total, disponen de 484,280 m3 anuales. Héctor Cuadra tiene otras dos concesiones en el estado de Jalisco.

Viñedos San Lucas S.A. de C.V. se anuncia como “un hotel estilo toscano con restaurante, campo de polo, viñedos, cultivo de olivos y lavanda, así como terrenos con preciosas propiedades residenciales”. El desarrollo inmobiliario destinado para ciudadanos extranjeros, principalmente estadounidenses, cuenta con cinco concesiones, todas registradas con fines agrícolas, lo que le otorga 1 millón 111 mil 200 m3 de agua al año.

Hotel estilo toscano en Guanajuato

Hotel estilo toscano en Viñedos San Lucas.

Para los residentes de fraccionamientos de alta plusvalía no es problema abrir el grifo.

Una de las colonias que se incluye en los recortes de agua de la ciudad de León es el fraccionamiento Gran Jardín, el cual contaba con un pozo irregular que fue detectado en abril 2018. Cuatro meses después de que éste fuera localizado, Leonardo Lino Briones, quien llevaba dos años como director de Sapal abandonó el cargo. Lino Briones trabajó durante varios años como representante del grupo inmobiliario Gran Jardín.

Perforar el pozo de manera ilegal no impidió que, el 17 de agosto de 2020, la Conagua autorizara a la inmobiliaria el registro del mismo con un fin público urbano, recibiendo otra concesión el 15 de julio de 2022 con fin agrícola. Ésta fue la concesión número 841 056. Dispone de otras seis concesiones, lo cual le representa un total de 788 mil m3 de agua al año.  Incluso desde la imagen satelital obtenida a través de Google Earth, se percibe cómo la colonia es verde, mientras todo a su alrededor se encuentra seco.

viñedos San Lucas

Finca del gobernador Diego Sinhué Rodríguez Vallejo, en Silao, Guanajuato.

Sin consecuencias para la inmobiliaria, la directiva de Sapal sostuvo en noviembre de 2022 que, de acuerdo con la normativa vigente, era imposible dotar de agua a colonias irregulares.

El activista Manuel Mancilla, representante de habitantes de fraccionamientos irregulares señala que “la falta de acceso a servicios, principalmente el de agua potable es un problema grave que lleva décadas, no sabemos si sea por falta de capacidad técnica o por corrupción (…) los colonos de asentamientos irregulares somos vistos como personas de quinta categoría para las administraciones”. Señala que, las pipas que manda Sapal como parte de un programa de abasto de servicio, vienen con agua insalubre “como en el caso de las pipas que envían a -la colonia- San Juan de Abajo”.

Sin embargo, reconoce “se han ido conquistando logros por la organización de la ciudadanía, como es el caso de las tomas de agua, que han servido como estrategia adaptativa, pero no es suficiente, no resuelve el problema, continuamos con el acarreo de agua por parte de niños, adultos mayores y mujeres embarazadas a las casas, tampoco hay drenaje”.

Las tomas que la administración municipal instaló cuentan con una tarjeta, que se entrega a cada una de las familias para medir la cantidad de litros. Mientras a los colonos de fraccionamientos irregulares Sapal les contabiliza el consumo, la Conagua no tiene la capacidad institucional para verificar si los concesionarios extraen más metros cúbicos de agua de la que declaran.

Empresarios

El 25 de octubre y el 4 de noviembre de 2022, la empresa Provincia de Galomo S.A. de C.V. propiedad del fallecido político priista Juan Ignacio Torres Landa y sus hermanos Juan Antonio y Juan José, recibió dos concesiones en San José de Iturbide por 588 mil m3.  Estos últimos cuentan con un par de concesiones anteriores cada uno por 216 mil y 136,445 mil metros cúbicos; en total, los hermanos Torres Landa disponen de 940 mil 445 m3 de agua al año. (Acta constitutiva en anexos)

 

El dueño de Flexi, Roberto Plasencia Torres, recibió tres concesiones en San Miguel de Allende, entre marzo y junio de 2022, por parte de la dirección Guanajuato por 520 mil metros cúbicos de agua anuales; en el registro obran cuatro concesiones previas a nombre de su padre, el finado empresario Roberto Plasencia Saldaña; en total, la familia Plasencia dispone de 934,168 metros cúbicos de agua al año.

Carlos González Orejas recibió en febrero del año pasado una concesión por 344,196.96 m3; de acuerdo con datos del Registro Público del Comercio, es accionista de Agrícola Riaño S.P.R. de R.L., la cual cuenta con una concesión de fecha 23 de junio del 2020 por 57,000.00 m3.  Su hijo Juan Carlos González Albo cuenta también con una más activa que data de 1998 por 240,000.00 m3. En total, disponen anualmente de 641,196.96 metros cúbicos de agua anuales en Abasolo.

Vicente Reyes Magaña, hijo del fallecido Vicente Magaña que fue fundador de Grupo Reyma, registró entre 2020 y 2022, seis concesiones, cuatro de pozos que se encuentran activos al interior de las instalaciones de la empresa en la ciudad de León, lo cual le representa 388,000 metros cúbicos de agua anuales. Es probable que, al igual que en el caso de Gran Jardín, estos pozos fueran irregulares y que los registraran hasta esos años ante Conagua.

Al ser cuestionado respecto de los tandeos, en relación con los millones de metros cúbicos de agua que extraen las concesionarias, el director de Sapal, Enrique de Haro se limitó a señalar a través de un comunicado que “la dependencia no tiene nada que ver con el otorgamiento de concesiones (…) somos respetuosos con la independencia de las instituciones”.

Lo que representa un desarrollo económico para el estado también conlleva consecuencias ambientales e inequidad en la distribución del agua, ante la falta de vigilancia y control gubernamental sobre las concesionarias.

Multinacionales

El 30 de septiembre de 2022, un mes después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador manifestara que iba a pedir que no se otorgarán más concesiones, la dirección de Conagua en Guanajuato concedió el título 849 682 a la empresa Bachoco para extraer al año 250 mil m3 de agua. Este corporativo dispone de 48 concesiones, dando un total de 3,019,677,594 tres mil diecinueve millones seiscientos setenta y siete mil quinientos noventa y cuatro metros cúbicos de agua anualmente en el estado de Guanajuato; la empresa Bachoco lidera la lista como una de las más explotadoras a nivel nacional.

A través de la subsidiaria Inmobiliaria Hills, S.A. de C.V., Grupo Colgate Palmolive obtuvo nueve registros de concesiones de agua, la última data del año 2018; a pesar haber sido registrada bajo el nombre de inmobiliaria, se trata de una fábrica de jabones que fue inaugurada por el ex gobernador Miguel Márquez Márquez en 2014. Dispone de un total de 2 millones 502 mil 340 m3 al año.

El banco HSBC, en su carácter de beneficiario del extinto Banco del Atlántico, recibió por parte de la Conagua el 23 de junio de 2018 una concesión en San José de Iturbide por 312,000 m3, que se suma a otras cinco bajo esa misma razón social en el estado. Actualmente dispone de 894 mil m3, que se suman al millón 205 mil 615 m3 del resto de concesiones que tiene HSBC en la entidad. Bajo estos registros, el banco dispone en total de 2 millones 99 mil 615 m3 de agua en Guanajuato.

También recibieron nuevas concesiones en la presente administración Gamesa (total 487,289 m3 anuales), Herdez (122 mil 350 m3), Comercializadora de Lácteos y derivados, subsidiaria de Lala, (total 926 mil m3 de agua al año), Danone- Bonafont (total 274,000m3) y Nestlé (463,000 m3).

Generación de energía

La compañía metalúrgica De Acero -que cuenta con diez concesiones activas en el estado de Guanajuato, que le representa 2 millones 279 mil 488 m3 de agua al año-, anunció a través de su representante Raúl Gutiérrez Muguerza la firma de un contrato con la empresa Energía de Celaya, S.A. de C.V.   para la creación de una planta termoeléctrica en Cortázar, de acuerdo con los registros ante Conagua, Energía de Celaya, S.A. de C.V. obtuvo cinco concesiones entre 2018 y 2019 por 744 mil m3 anuales. Según el Registro Público de Comercio, Energía de Celaya, S.A. de C.V.  se encuentra registrada a nombre de David Manuel Gutiérrez Muguerza, hermano de Raúl Gutiérrez Muguerza.

La concesión más grande que se entregó en Guanajuato la presente administración fue la 08GUA100324/12FVGC20, para Energías alternas, Estudios y Proyectos S.A. de C.V. por 18 millones de metros cúbicos de agua al año. La subsidiaria de grupo Carso, desarrolló en 2017, conjuntamente con la Universidad de Guanajuato (UG), un proyecto para la instalación de una planta geotérmica móvil, lo que les valió el Premio al Desarrollo de Tecnologías de Energía Sustentable que la Secretaría de Energía (Sener) impulsó junto con el Banco Mundial (BM), y se tradujo en un premio económico de 2 millones de dólares. Pese a que se solicitó información al respecto del avance de este proyecto a la UG, el Comité de Transparencia resolvió clasificar la información como reservada durante cinco años. El documento consta de diez páginas.

Hasta el momento ninguno de estos proyectos ha sido terminado y a pesar de que se anunciaron como de producción de energía, se encuentran bajo registro ante la Conagua como de uso de tipo industrial.

Sobre concesiones y simulación

Respecto a por qué continúan entregando concesiones pese al estrés hídrico, Vicente Zepeda, director de Conagua en Guanajuato desde abril de 2021, explicó que “es posible otorgarlas porque en la entidad existen volúmenes de agua disponibles para nuevos permisos”. Refiere que “todo está dentro de la legalidad en la entrega de éstas, siempre y cuando se tengan los documentos y el pozo”. Y precisó que “los volúmenes de metros cúbicos concedidos dependen directamente de la dirección federal”.

Las sobre concesiones y simulación de fines en la justificación para el otorgamientos de estas concesiones, el funcionario señaló que no había verificación exprofeso a los beneficiarios, “ya que el registro se realiza a través de medios electrónicos”, que “las inspecciones por lo general se realizan hasta que hay una denuncia”, que ellos como autoridad están obligados a regularizar esos pozos, sin embargo, reconoce “hay un retraso con 5 mil expedientes”.

Además, dice, en Guanajuato “existe un problema particular con la judicialización de las concesiones, en las que el tribunal nos obliga a otorgarles el registro”.

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