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Europa incumple compromiso sobre identificaciones forenses en México

Colectivo Paso del Norte pide ayuda a Europa para avanzar en identificaciones forenses y actualizar base de datos de personas desaparecidas en México

Dianeth Perez Arreola

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Por Dianeth Pérez Arreola

PAÍSES BAJOS.- Maricela Vázquez Sánchez, abogada del Centro de Derechos Humanos Paso del Norte en Ciudad Juárez, expresó que la Unión Europea se comprometió desde el 2015 a apoyar con una base de datos de personas fallecidas en México, y aún no ha cumplido.

“Aunque México no es parte de la Unión Europea hay tratados comerciales y un sinfín de intereses económicos. Yo creo que el tema comercial es lo más importante… Nos reiteran su compromiso de hacerlo (establecer la base de datos) pero no nos dicen cuándo. Es parte de un discurso, pero del hecho a la práctica hay mucha distancia”, dijo.

Vázquez Sánchez habló en exclusiva para Los Ángeles Press en Países Bajos, donde estuvo como parte de una gira que incluyó además Suiza, Bélgica, España y Reino Unido, apoyados por la organización Brigadas Internacionales de Paz (PBI, por sus siglas en inglés).

La abogada precisó que en la reunión en Bruselas con autoridades de la Unión Europea pidieron que sigan enviando pronunciamientos y comunicaciones cuando hay violaciones a derechos humanos, pero que no lo hagan cuando la persona ya está muerta. “Lo que le pedimos es que hagan estas comunicaciones como medida de prevención, cuando se dan las amenazas. Queremos que el gobierno mexicano vea que cuando se intimida a un defensor de derechos humanos esa persona no está sola, y que está cobijada por estos organismos internacionales”.

En Países Bajos la abogada tuvo encuentros con el Ministro de Asuntos Exteriores, con la organización Lawyers for Lawyers, con la Comisión Internacional sobre Personas Desaparecidas, con el Instituto Transnacional y con alumnos del campus La Haya de la Universidad de Leiden.

Al ministro holandés le pidieron su apoyo en cartas, comunicados y condenas sobre los eventos donde se vulneran los derechos humanos de personas en México, y también solicitaron ayuda técnica para identificaciones forenses. Plantearon además que el mecanismo de protección para personas que defienden los derechos humanos en México no está funcionando y quieren ver si es posible realizar aquí un seguimiento. La respuesta fue que la embajada de Países Bajos en México será el enlace para concretar estas ayudas.

“Los países que visitamos nos ayudan con su respaldo a visibilizarnos ante la comunidad internacional para desinhibir algún ataque o amenaza por parte de las autoridades. Los planteamientos hechos en esta gira a los diferentes organismos son diferentes de acuerdo a las capacidades con las que cada uno de ellos pudiera responder, hemos recibido respuestas positivas en forma de capacitación, ayuda técnica y apoyos económicos”, señaló.

Suiza ofreció capacitar a peritos forenses mexicanos y la Comisión Internacional sobre Personas Desaparecidas apoya a los gobiernos a realizar identificación a personas fallecidas, manifestó. “Ellos pueden apoyar con una base de datos, ahí debe haber inversión y voluntad política. En este caso ellos no cobran nada, pero necesitan viáticos y ahí el gobierno mexicano debe estar dispuesto a hacer estos apoyos”.

Calderón, Peña y AMLO

Paso del Norte fue una de las ocho organizaciones participantes en una comisión mexicana que interpuso una denuncia en la fiscalía de la Corte Penal Internacional en contra de las fuerzas armadas mexicanas en mayo de 2018 por crímenes de lesa humanidad en forma de desapariciones forzadas y torturas en el estado de Chihuahua.

Cuando Felipe Calderón declara la guerra contra las drogas, y crea las figuras que son los conjuntos operativos que implementó Michoacán y Chihuahua, se crearon células donde patrullaban ejército mexicano, policía federal, estatal y municipal. Ellos hacían sus retenes y vigilancias. Del 2008 al 2012 se incrementan los delitos como el secuestro, la extorsión, los homicidios, las ejecuciones extrajudiciales, la tortura y la desaparición forzada, recordó Vázquez Sánchez.

“En 2010 aumentan las denuncias sobre personas desaparecidas y tortura y Paso del Norte redefine su misión. Antes de ese año trabajábamos en violaciones a derechos humanos en general, pero ante esta ola de violencia cometidas principalmente por las fuerzas armadas solo nos dedicamos a estas temáticas. Cuando entra Enrique Peña Nieto las cifras no solo se mantienen, sino que aumentan. Las desapariciones y las torturas no disminuyen y así lo han expresado los informes de la ONU. Una de las promesas de Andrés Manuel López Obrador en campaña era que iba a devolver a los militares a los cuarteles y la policía federal a sus funciones y ahora tenemos la Guardia Nacional, en realidad lo que se hizo fue cambiarles de nombre y reconocerlos constitucionalmente para hacer las labores que hacía en sexenios anteriores. Esto preocupa. Que la violencia que se vivió con Felipe Calderón pueda volver, ahora legitimados”, indicó.

Las cifras siguen siendo las mismas desde abril de 2018 porque el sistema no está funcionando; la base de datos no se está alimentando, explicó. “Entró en vigor la nueva ley de desaparición forzada donde dice que es la Comisión Nacional de Búsqueda quien debe tener el registro, pero aun no cuentan con la plataforma digital para hacer esto posible. La cifra sigue en 40 mil desaparecidos y por eso no se confía en los números que maneja el gobierno. En primer lugar, la base de datos no se actualiza, en segundo lugar, hay mucha gente que no denuncia y las verdaderas cifras podrían ser el triple”.

México tiene el movimiento nacional por las personas desaparecidas que agrupa a 67 colectivos de familiares y organismos de la sociedad civil pero el gran obstáculo es el presupuesto, precisó la representante de Paso del Norte. “Por un lado el presidente dice que habrá recursos ilimitados para la búsqueda de personas desaparecidas, pero por otro lado hay muchas cosas que no se hacen por falta de presupuesto, como el caso de la base de datos nacional”.

Vemos que el nuevo gobierno es un gobierno humano, un gobierno que escucha y te atiende, pero tiene demasiado discurso y pocos resultados. Entendemos que México tiene grandes problemas estructurales como la corrupción y la impunidad, y es un monstruo gigante que tal vez en un sexenio no se pueda acabar, apuntó.

“El presidente dijo hace tres semanas que iba a aceptar la competencia del comité de desapariciones forzadas de la ONU. Peña Nieto nunca lo quiso aceptar. López Obrador dijo que sí, y si de verdad tiene voluntad tiene que enviar una carta a Naciones Unidas reconociendo la competencia de este comité y esto debe ser aprobado por el congreso en México. Es un proceso largo. Esto es lo que al presidente se le olvida decir. Estas son las acciones que nos gustaría ver; que nos enseñe la carta, que de el primer paso. Tuve reunión con el comité en Ginebra y les pregunté ¿México ya les reconoció la competencia, ya les llegó la carta? No, no hemos recibido nada. No hay hechos concretos” dijo Vázquez Sánchez.

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Elecciones México

PRI recupera presencia en Hidalgo y Coahuila

Ignacio García

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Por Ignacio García

Tras concluir la jornada electoral, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) recuperó presencia en Coahuila e Hidalgo, en donde se renovaron el Congreso local y los ayuntamientos, respectivamente, posicionándose como la principal fuerza política de esas entidades.

En el caso de Coahuila, el PRI ganó los 16 distritos locales electorales en disputa, por lo que recuperará la mayoría del Congreso local para los próximos tres años, ya que en la actualidad sólo tiene diez legisladores, mientras que el Partido Acción Nacional (PAN) sólo cuenta con nueve curules.

El Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) que se ubicó como la principal fuerza política del país en 2018, no obtuvo ninguna curul, por lo que se ubicó como la segunda fuerza política de Coahuila y desplazó de esos comicios al PAN como el segundo partido con más fuerza.

En el caso de Hidalgo, el PRI también recuperó varios municipios como Pachuca, Mineral de la Reforma y Huejutla, por lo que gobernará 32 municipios, superior a los 16 ayuntamientos que administró, mientras que Morena sólo ganó seis ayuntamientos en solitario y cinco demarcaciones más en alianza.

Tanto el PAN como el Partido de la Revolución Democrática (PRD) perdieron en los comicios, ya que el blanquiazul pasó de administrar 16 ayuntamientos a sólo cinco, mientras que el sol azteca pasó de 12 a sólo siete demarcaciones de la entidad, por lo que el PRI fue el principal ganador de la contienda.

Aunque Morena se ubicó como la principal fuerza política de México en 2018 ganando todos los distritos electorales federales, en la elección previa a las intermedias el partido guinda perdió presencia en dos estados que históricamente han sido gobernados por el PRI.

 

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Narcopolítica, corrupción y más de lo mismo

Miembros de la SEDENA y abogados estafan en penales federales bajo promesa de beneficios de ley

Ignacio García

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Por Ignacio García

El teniente de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), Francisco Fuentes Alburo, acompañado de Maricela García Bravo y un grupo de abogados fueron acusados de realizar diferentes estafas a internos en penales federales a cambio de supuestos beneficios de ley, entre éstos, preliberaciones.

Entre los denunciados por fraude se encuentra el arquitecto Leonardo Sotelo Mejía, quien tiene trayectoria de demandas y porta documentación como Senador de la República. Una de las demandas por Autos de Calidad Cortés, S.A. de C.V, en 2012, por lo que se abrió el expediente 1431/2012, en el Juzgado 10 Civil del Distrito Federal, y el 83/2016, en el Juzgado 41 de lo Civil en el Distrito Federal. En 2014, estuvo preso por fraude, y en 2018, ya en libertad, fue exhibido por vender plazas de la policía federal y de la policía del Estado de México.

Otros de los nombres que destacan es Guillermo Torres Rabadán, quien también se encuentra demandado por lo civil bajo el expediente 176/2010. Así mismo, Juan Carlos López Contreras, alias el “Mayor Plata”, propietario del restaurante argentino “El Arrabal”, y es enlace directo de Sotelo Mejía. Juana Jacqueline Díaz, Ibos Marlon Torres, Indira Shanel Torres, Fernando Cerezo Arenas y Laura López son acusados de realizar diferentes estafas en penales federales a cambio de supuestos beneficios de ley que prometen a internos.

De acuerdo con la denuncia ciudadana, los integrantes de la SEDENA acuden a los penales federales para prometerles beneficios de ley en su proceso a cambio de compensaciones económicas, utilizando a abogados para cometer los fraudes. Uno de los ceferesos de mayor presencia de los defraudadores, es en El Altiplano, Almoloya de Juárez, del Estado de México, por tratarse de un penal de máxima seguridad con internos bajos cargos de narcotráfico y delincuencia organizada que han pagado fuertes cantidades de dinero con la esperanza de ser liberados.

Los abogados prometen visitar a los reos con falsos documentos para plantearles diferentes maneras en las que supuestamente los pueden liberar, incluyendo tráfico de influencias con miembros de la SEDENA y de diferentes niveles del Gobierno de México, incluyendo la Secretaría de Gobernación, por lo que a través de redes sociales y denuncias periodísticas, los internos víctimas de fraude han exigido al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que intervenga, ya que en algunos casos estos militares y abogados han pedido hasta un millón de dólares.

En su denuncia, agregaron que los presuntos extorsionadores citan a familiares de los internos en el restaurante “El Arrabal” ubicado en Naucalpan, Estado de México, del cual es propietario Juan Carlos López Contreras. Usan este espacio como lugar de operaciones y oficina, para la entrega del dinero de sus clientes, asegurando que con sus relaciones tanto en el gobierno federal, como en SEDENA, agilizarán la libertad de sus familiares.

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El Caso Wallace

Expertos internacionales en DDHH, satisfechos por respuesta de México en el caso de Brenda Quevedo

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GINEBRA (15 de octubre de 2020) – Expertos en derechos humanos de la ONU* acogieron hoy con satisfacción el anuncio del gobierno mexicano de que implementará la Opinión núm. 45/2020 y liberará a Brenda Quevedo Cruz, después de 11 años en prisión en México sin sentencia, instando a las autoridades a ponerla en libertad de inmediato.

“Estamos muy satisfechos por la declaración oficial de la Secretaría de Gobernación de México de que cumplirá con la opinión del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias y liberará a la víctima de detención arbitraria, esperamos que se tomen acciones concretas en ese sentido inmediatamente”, dijo el Grupo.

Quevedo Cruz fue detenida en relación con el falso secuestro y asesinato de Hugo Alberto Wallace Miranda, reportado en julio de 2005, pero el Grupo de Trabajo encontró graves violaciones a las garantías del debido proceso, como la presunción de inocencia y el derecho a ser juzgada sin dilaciones indebidas, además de haber sido torturada en dos ocasiones.

“Tras pasar más de una década en prisión preventiva, la señora Brenda Quevedo Cruz debe ser liberada, con garantías de acceso a una reparación integral”, indicaron los expertos. “La violación de sus derechos humanos debe investigada a profundidad, lo que debe de conducir a la rendición de cuentas por parte de los responsables.”

El Grupo de Trabajo exhorta al Gobierno de México a revisar urgentemente todas sus opiniones relativas a México, con la finalidad de identificar e implementar las reformas estructurales al sistema de justicia que son necesarias para evitar que casos como este se repitan. “Quedamos a la disposición del Gobierno para ayudarlo a cumplir con sus obligaciones internacionales.”

Con arreglo a lo dispuesto en el párrafo 5 de los métodos de trabajo del Grupo, José Antonio Guevara Bermúdez, miembro mexicano del Grupo de Trabajo, no participó en la adopción de la Opinión núm. 45/2020.

* Los expertos de la ONU: Leigh Toomey (Presidenta-Relatora), Elina Steinerte (Vice-Presidenta) Sètondji Roland Adjovi y Seong-Phil Hong, Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria.

Los Grupos de Trabajo forman parte de lo que se conoce como los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos. Procedimientos Especiales, el mayor cuerpo de expertos independientes del Sistema de Derechos Humanos de la ONU, es el nombre que se da a los mecanismos de investigación, recopilación de información y mecanismos de monitoreo que analizan la situación de los derechos humanos en algún país determinado o la situación de un derecho humano en particular en todo el mundo. Los expertos trabajan de forma voluntaria, no son funcionarios de la ONU y su labor no es remunerada. Son independientes de cualquier gobierno u organización y sirven en su capacidad individual.
ONU Derechos Humanos, página de país –  México

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