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El Caso Wallace

El verdadero #RetoWallace: fin a la impunidad de Isabel Miranda y su red cómplice

Respuesta de la periodista Guadalupe Lizárraga al #RetoWallace lanzado por Isabel Miranda Torres

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 Guadalupe Lizárraga

México ha vivido la tortura y la fabricación de culpables de manera sistemática y generalizada desde el arribo de Vicente Fox y su equipo de policías, entre los que destacaron Eduardo Medina Mora y Genaro García Luna, hasta la administración de Enrique Peña Nieto. En los últimos veinte años, cientos de miles de personas han sido incriminadas falsamente generando con ello un extraordinario lucro del sistema carcelario con empresas privadas que lo operan y en simulación de eficiencia policial y militar en el combate a la delincuencia organizada. 

El nombre de Isabel Miranda Torres, después de sus cinco días de prisión en 1998, se forjó en este contexto, bajo la figura de “sociedad civil”, una voz acusadora del crimen en apoyo del gobierno del PAN. Sus primeras intervenciones en la SIEDO de la Procuraduría General de la República, fueron a través de su abogado Ricardo Martínez Chávez.

En ese entonces, uno de los secuestros mediáticos de los que se colgó Isabel Miranda fue el de las hermanas Ernestina Sodi y Laura Zapata, en 2002, y quien estaba a cargo de esa investigación en PGR era precisamente Martínez Chávez, a un año de haber sido incorporado como ministerio público. Detrás de ese secuestro, la información también fue manipulada y se denunciaron ciertos hechos fabricados por la Agencia Federal de Investigación (AFI), de Genaro García Luna. A partir de allí, cada secuestro con relevancia mediática –fuera por la notoriedad pública de la víctima o por manipulación informativa de la SIEDO o la AFI–, la figura de Isabel Miranda iba imponiéndose en la PGR.

Su abogado Ricardo Martínez Chávez fue designado el 10 de julio de 2005 como encargado del despacho de Secuestros, de la SIEDO, después de haber estado un par de años fuera de la institución por diferencias con un director de la AFI. El nombramiento de Martínez Chávez lo anunció formalmente en la PGR, el entonces subprocurador José Luis Santiago Vasconcelos, un día antes de la supuesta desaparición de Hugo Alberto Wallace. Para el 13 de julio, Isabel Miranda y su familia habían puesto cuatro reportes de secuestro en la Procuraduría del Distrito Federal (PGJDF), pero fue hasta el 31 de agosto que atrajo el caso la PGR, porque no había exigencia económica de acuerdo con el reporte de la AFI, del 18 de julio de 2005. Fue cuando se incorporaron las notas de rescate: dos notas idénticas, impresas en papel fotográfico, y entregadas una a cada procuraduría. Ya con el caso en PGR, Miranda logró posicionarlo ante los medios de comunicación.

Sobre el grotesco reto de Isabel Miranda

Hace unos días, mientras yo trabajaba en la Ciudad de México sobre los testimonios de tortura relacionados con el caso Wallace, el 5 de septiembre de 2019, específicamente, Isabel Miranda Torres lanzó en medios y redes el #RetoWallace. Ofreció un millón de pesos a una organización de beneficencia pública, para que le entregaran vivo a su hijo, después de 14 años de estar reclamando su muerte. El reto fue derivado de una información que me aportaron testigos que vieron vivo a Hugo Alberto, después de la fecha que ella dice que lo asesinaron.

Isabel Miranda Torres, promovida como “La señora Wallace”, a sus 68 años con una larga lista de denuncias formales por delitos de cohecho, detenciones arbitrarias, tortura dentro de penales federales, tráfico de influencias, falsedad en declaraciones judiciales, falsificación de documentos, secuestro en grado tentativa y amenazas, desde la administración de Vicente Fox, ha intervenido en las instancias de impartición de justicia sin tener facultad para ello, y ha comprado periodistas y medios sin ética para hacerse una carrera política y obtener lucro a través de influencias y extorsiones

No sólo mintió sobre la paternidad biológica de su hijo para sostener la prueba fabricada de una gota de sangre en la calle de Perugino número 6, departamento 4, donde supuestamente retuvieron a su hijo y lo cercenaron en un minúsculo baño; sino también se dedicó a detener de manera ilegal a ocho personas (Brenda Quevedo Cruz, Jacobo Tagle Dobín, César Freyre Morales, Juana Hilda González Lomelí, Jael Malangón Uscanga, George Khoury Layón, Albert y Tony Castillo Cruz) a quienes inculpó de la desaparición de Hugo Alberto. Las visitó a discreción en prisión federal y coordinó golpizas, violencia sexual y shocks eléctricos para que se incriminaran e incriminaran a los demás. Influyó para que detuvieran a Julieta Freyre y María Rosa Morales, familia de César Freyre, cuando fueron a visitarlo en el arraigo de donde ellas fueron aprehendidas contra Derecho. También ordenó la detención ilegal de Salomón Tagle, hermano de Jacobo, además de amenazar directamente a su madre Raquel Dobín, diciéndole que si no le entregaba a Jacobo, “lo iba a pagar su hijo Salomón”. Las últimas amenazas de custodios a sus víctimas en prisión han sido en el penal de Tapachula, Chiapas, a donde trasladaron a Albert Castillo Cruz, recientemente.

Los agentes del Ministerio Público de la Federación que han hecho posible todas estas arbitrariedades y crímenes de Isabel Miranda Torres han sido Braulio Robles Zúñiga, Fermín Ubaldo Cruz, Moisés Laris Carbajal, Lourdes López Lucho Iturbe, y Osvaldo Jiménez Juárez, los tres últimos ya fuera de la institución. Sin embargo, la fabricación del caso ha tenido la colaboración cómplice de una gran red de servidores públicos no sólo de la PGR, sino de diferentes instancias gubernamentales debido al poder económico obtenido ilegalmente por Isabel Miranda.

El 23 de mayo de 2019, en mi responsabilidad como periodista de investigación del caso, presenté ante la Fiscalía General de la República al padre biológico de Hugo Alberto Wallace, el doctor Carlos León Miranda, de 78 años, a quien se le realizaron pruebas de ADN y presentó documentos oficiales de matrimonio con Isabel Miranda en abril de 1969, en Amecameca, Estado de México. Con ello, se confirmó la fabricación de la única prueba de la que se sostenía la mentira del «caso Wallace», ya que la gota de sangre plantada en el supuesto lugar de los hechos en realidad pertenecía a Claudia Wallace Miranda, hija biológica de Isabel Miranda y Enrique Wallace Díaz.

 

Las relaciones de Isabel Miranda y su hijo con el narcotráfico

El 4 de julio de 2019, informé también a la Fiscalía General de la República que el narcotraficante Héctor Huerta Ríos, alias “La Burra”, líder de una facción del cártel de los Beltrán Leyva, había confesado a un culpable fabricado –con quien compartía celda– que él personalmente había asesinado a Hugo Alberto Wallace Miranda. Esto habría pasado tiempo después de que Hugo Alberto se negara a entregar un cargamento de droga del mismo cártel, con el que se relacionaba en términos de tráfico y de consumo. Sólo como acotación respecto al consumo, su padre biológico y otros testigos que compartían de cerca su vida con él, confirmaron que Hugo Alberto era un consumidor consuetudinario desde temprana edad e incluso había sido internado para su rehabilitación en Oceánica, poseía armas exclusivas del ejército y tenía contacto directo con dealers en diferentes estados de la república donde se escondía.

De acuerdo con el testimonio del narcotraficante Huerta Ríos, el cuerpo habría sido enterrado en Nayarit. Y quien habría operado como intermediario del cártel de los Beltrán Leyva para que se lo entregaran a Isabel Miranda era el exfiscal Edgar Veytia, alias “El Diablo”, actualmente en prisión estadounidense por narcotráfico, con quien Miranda mantenía una relación muy cercana.

Ese mismo día que informé a la fiscalía, el 4 de julio de 2019, asesinaron a “La Burra”, y al día siguiente por la mañana, me enviaron las imágenes de su cuerpo acribillado en el auto. El asesinato se lo atribuyeron a un exmiembro del cártel de los Beltrán Leyva, quien rivalizaba con Huerta Ríos por «la plaza» de Nuevo León, desde que había sido liberado en 2018.

Esta información sólo puede ser verificada por la Fiscalía General de la República directamente con el exfiscal de Nayarit, Edgar Veytia, a través de una comunicación entre las instancias de justicia de México y Estados Unidos. También trascendió que el narcotraficante Edgar Valdez Villarreal, alias “La Barbie”, con quien varias veces vieron a Hugo Alberto, tiene información precisa de los hechos relacionados con su desaparición. Un dato que enfaticé a la fiscalía fue el que Héctor Huerta “La Burra” había sido encarcelado en marzo de 2009 y liberado en noviembre de 2018. No obstante, hubo trámites de documentos oficiales a nombre de Hugo Alberto, el 24 de febrero de 2010, con el registro de su CURP como León Miranda y como Miranda Torres, y en 2018, su registro de SAT en Hacienda estaba activo como Miranda Torres.

Mi investigación se ha enfocado en demostrar que Hugo Alberto Wallace no fue secuestrado ni asesinado por las ocho personas que están en prisión como ha sostenido Isabel Miranda. Sin embargo, este trabajo me ha llevado a seguir otras pistas de Miranda con el narcotráfico de lo que he informado a la Fiscalía General de la República.

Infografía: Guadalupe Lizárraga/Los Ángeles Press

 

Revelé que Samuel González Ruiz, alias “El Gordo”, abogado de Isabel Miranda desde hace 14 años, había incriminado falsamente a comandantes y subprocuradores, acusándolos de narcotráfico por no responder a sus extorsiones, después de que él, como titular de la Subprocuraduría de la Unidad Especializada en Delincuencia Organizada, habría recibido 150 millones de pesos por sacar de las indagatorias del «Maxiproceso» (un expediente de casi mil páginas, de 1998) a los hermanos José Luis y Víctor Patiño Esquivel, miembros de la Policía Judicial Federal, acusados de lavado de dinero, narcotráfico y de dar protección al Cártel de Juárez. La evidencia es el propio expediente del cual Los Ángeles Press tiene copia. La exministra Olga Sánchez Cordero, siendo Juez Quinto de Distrito de Procesos Penales tuvo que girar una segunda orden de aprehensión contra ellos, después de sentenciar a los narcotraficantes Sandra Pérez Barragán y Vicente Carrillo Leyva.

La Fiscalía General de la República puede corroborar directamente esta información con testimonios y evidencias documentales de funcionarios que en ese tiempo fueron incriminados falsamente por Samuel González Ruiz y tuvieron que estar en exilio por salvar sus vidas. Uno de ellos, es el excomandante Horacio Brunt Acosta, quien fue el primero en retar a González Ruiz a someterse a pruebas de polígrafo o a cualquier protocolo de investigación a servidores públicos dentro de la fiscalía.

El verdadero #RetoWallace

El #RetoWallace es una distracción mediática más con la que Isabel Miranda y sus huestes pretenden seguir manteniendo el falso secuestro y homicidio de su hijo tal como lo ha afirmado en falsas declaraciones judiciales. Además, pretende seguir lucrando con la prisión injusta de las víctimas, a quienes con un millón de pesos no restaura ni remotamente el irreparable daño, ni a ellas ni al Estado de derecho en México.

Pero para México, el verdadero #RetoWallace es el de las autoridades para ponerle fin a una grave violación de derechos humanos que cada día perpetra el Estado con las víctimas inocentes en prisión. El verdadero #RetoWallace es actuar judicialmente contra Isabel Miranda Torres y desmontar la red de cómplices incrustados en las instituciones de gobierno. El verdadero #RetoWallace es hacer que Isabel Miranda responda por las carpetas de investigación abiertas en su contra el 11 de diciembre de 2018 y el 23 de mayo de 2019 ante la Fiscalía General de la República.

Al margen de si está vivo o muerto Hugo Alberto, se requiere la acción urgente de las autoridades contra Isabel Miranda Torres pero también contra los más de cien servidores públicos que –de una u otra forma– han sido cómplices para sostener #ElFalsoCasoWallace. De lo contrario, la simulación en la impartición de justicia impedirá el verdadero cambio de régimen bajo los principios de ética pública a los que ha convocado reiteradamente el presidente López Obrador.

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El Caso Wallace

José Luis Moya ejerce réplica sobre calumnias de Isabel Miranda lanzadas en El Heraldo de México

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derecho de réplica Jose Luis Moya

Fue testigo protegido en una corte de Chicago en favor de una de las víctimas de Isabel Miranda y presentó indicios de vida de Hugo Alberto Wallace en 2006

Por Guadalupe Lizárraga

José Luis Moya Moya, asesor de Transparencia y combate a la corrupción, ejerció su derecho de réplica en respuesta a las calumnias de la presidente de la asociación civil Alto al Secuestro, Isabel Miranda Torres, quien lo llamó “oportunista” y «extorsionador» en El Heraldo de México, diario que le negó el espacio. Moya fue uno de los testigos que interactuaron con su hijo Hugo Alberto Wallace Miranda, en 2006, después de la fecha de la supueste muerte.

A través de un documento PDF de 46 páginas, José Luis Moya refirió que la supuesta nota de rescate que enviaron los presuntos plagiarios de su hijo fueron impresas tanto por las entonces Procuraduría General de la República (PGR) como por la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF). También afirmó que desde 2006, se conocía que el hijo de Isabel Miranda Torres no era descendiente de Enrique Wallace Díaz, y que desde entonces se informó al conductor de Grupo Imagen Ciro Gómez Leyva en su programa en vivo. Sin embargo, la respuesta de Isabel Miranda fue de calumnias y amenazas de cárcel después de acusarlo la primera vez de extorsión.

Entérate: Caso Wallace: Hugo Alberto Wallace, con rastros de vida en México pese a su madre (losangelespress.org)

 

En abril de 2019, la periodista Guadalupe Lizárraga corroboró la versión de José Luis Moya sobre el padre biológico de Hugo Alberto Wallace, el doctor Carlos León Miranda, primo hermano de Isabel Miranda, a quien la periodista presentó en conferencia de prensa, acompañados por la senadora Nestora Salgado.

Leer más: Padre biológico de Hugo Alberto Wallace confirma fabricación del secuestro y triple identidad de su hijo – (losangelespress.org)

 

Moya fue testigo protegido en un juicio en Chicago de una de las víctimas de Isabel Miranda con el se decidiría su extradición a México. Aparte de su testimonio, allí presentó como pruebas copias de correos electrónicos de Hugo Alberto Wallace Miranda y mensajes de texto, así como registro de llamadas.

De la misma manera, recordó que peritos especializados le notificaron que la supuesta muerte de su hijo por los secuestradores no estaba sustentada científicamente, debido a que el sitio donde supuestamente se había cometido el crimen no tenía manchas de sangre que podían haberse encontrado con Luminol ni se hicieron las analíticas forenses para determinar si se había cortado en un diminuto baño un cuerpo con las dimensiones del hijo de Isabel Miranda, tal como lo afirmado ella.

Para José Luis Moya, no hay duda de que Isabel Miranda manipuló la información para fabricar el falso secuestro de su hijo con el apoyo de Genaro García Luna, quien fue secretario de Seguridad Pública federal (SSP) en el gobierno de Felipe Calderón y declarado recientemente culpable de narcotráfico en Estados Unidos.

Ante las pruebas que confirman el montaje del falso secuestro de su hijo, aseveró que él sigue pensando que está vivo, debido a que también se ha comprobado que de forma sistemática Isabel Miranda ha sido beneficiada por el gobierno de México, desde el periodo de Vicente Fox hasta la fecha.

 

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El Caso Wallace

Isabel Miranda calumnia en medios a testigos que declararon sobre el falso secuestro de su hijo

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Isabel Miranda El Heraldo

Primero los acusa de extorsión en los medios y, después, con tráfico de influencias en el Ministerio Público, los mete a prisión

Por Guadalupe Lizárraga

Con una serie de calumnias reproducidas por El Heraldo de México, Isabel Miranda Torres hostiga de nuevo a uno de los varios testigos que han declarado sobre la falsedad del secuestro y homicidio de su hijo Hugo Alberto Wallace Miranda. Se trata de José Luis Moya Moya, investigador privado, que reveló llamadas y correos electrónicos de Hugo Alberto en 2006 con fecha posterior a su supuesta muerte.

Moya también emprendió una búsqueda de la supuesta víctima en 2006, al tratarse del amigo más cercano de su expareja sentimental Laura Domínguez, de quien Hugo Alberto era vecino y tenían estrecha convivencia. En la investigación llevada por Moya, dio a conocer las primeras contradicciones de los dichos de Isabel Miranda respecto al supuesto secuestro, así como las incongruencias que revelaban el falso homicidio contado a los medios por la misma madre.

José Luis Moya puso la denuncia en ese entonces en la procuraduría de la Ciudad de México y en la PGR, y su declaración dijo que Hugo Alberto estaba vivo:

“(…) que tengo información que consta que se encuentra con vida Hugo Alberto Wallace Miranda, y según declaración de la señora Isabel, dice que estoy interfiriendo y tengo documentación del secuestro, lo cual es falso, porque no he interferido en su investigación en ningún lado y solicito a esa representación social que acredite con pruebas la señora Wallace y sus testigos cómo he interferido en su investigación y contrariamente a sus falsas imputaciones de extorsión que hizo públicas en televisión y medios de prensa.

Omitió la señora Informar que antes de su denuncia ya nos habíamos presentado voluntariamente a las dos procuradurías y al programa radiofónico de Ciro Gómez Leyva, para ponernos públicamente a disposición de las autoridades competentes para coadyuvar en las indagatorias y tan es así que cuando recibí los primeros mensajes de Hugo Alberto, informe telefónicamente a ambas procuradurías, y personalmente a algunos funcionarios.

Al respecto, declaro que he recibido mensajes telefónicos vía TELCEL, supuestamente de Hugo Wallace, y pedí se confirme la posible autenticidad de los mismos, porque se le hicieron preguntas claves de información que solamente entre él y Laura Domínguez conocían, y es de hacer notar a esta representación social de la federación que antes de tener el contacto supuestamente con Hugo, recibimos información y documentación de un supuesto informante que también nos dijo que Hugo Wallace estaba vivo, y en el teléfono celular 5533337676, Hugo Wallace ha tenido múltiples conversaciones con Laura”.

Laura Domínguez fue una de las personas con las que tuvo comunicación telefónica Hugo Alberto, después de la fecha de su supuesta muerte, además de un encuentro con él en el aeropuerto, llevada por José Luis Moya en su auto. Sin embargo, tanto Domínguez como Moya inmediatamente fueron amenazados de muerte, y acusados falsamente de extorsión .

Incluso las amenazas de Miranda se repitieron cuando José Luis Moya y su excompañera hablaron con Ciro Gómez Leyva en su programa en vivo, para informarle que su hijo no estaba muerto como ella aseguraba.

Leer más: ‘La vida impune. Biografía criminal de Isabel Miranda de Wallace’, el nuevo libro de la periodista Guadalupe Lizárraga (losangelespress.org)

 

Tampoco es la única víctima acusada falsamente por Isabel Miranda. De la misma manera calumnió la madre y a hermana de César Freyre Morales, quienes pasaron año y medio en prisión acusadas también de extorsión, para presionar a Freyre a que se declarara culpable del secuestro del supuesto secuestro de su hijo.

Otra de las falsas acusaciones de Miranda fue en contra de la abogada Ámbar Treviño Pérez, quien llevaba la defensa de César Freyre. Con tráfico de influencias, Miranda logró que le dieran prisión preventiva a Treviño con cargos de falsificación de documentos en mayo de 2010. El Juzgado Tercero de Distrito del Estado de Durango resolvió la exoneración de cargos y le dictó el auto de libertad bajo el Exhorto Número 67/2010 del Juez Decimoquinto de Procesos penales “por falta de elementos para procesar en favor a Ámbar Treviño por los antijurídicos de falsificación de documentos…”.

En la investigación periodística de Guadalupe Lizárraga, El falso caso Wallace y La vida impune. Biografía criminal de Isabel Miranda de Wallace, se evidencian los rastros de vida de Hugo Alberto Wallace, además de las pruebas de tortura, intentos de secuestro, encarcelamientos injustos, y amenazas contra los inculpados y sus familiares por parte de Isabel Miranda y de los agentes de la SIEDO.

 

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El Caso Wallace

Periodista hace precisiones sobre víctimas del caso Wallace a Salvador Leyva, exfuncionario de Defensoría pública

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salvador leyva morelos

 

 

Salvador Leyva Morelos Zaragoza, quien se desempeñó como secretario técnico de Combate a la Tortura Tratos Crueles e Inhumanos del Instituto Federal de Defensoría Pública, hizo pública su renuncia a la nueva titular de ese organismo Taissia Cruz Parcero. Sin embargo, en su referencia a las víctimas del caso Wallace, dice «sentir temor de que la defensa sea vulnerada».

En respuesta, la periodista Guadalupe Lizárraga, autora de El falso caso Wallace, en una carta abierta al exfuncionario público, especifica las situaciones de vulnerabilidad que ya presentaba la defensa de las víctimas durante la gestión de Salvador Leyva como responsable de combatir la tortura desde Defensoría pública.

Aquí la carta abierta

Ciudad de México, a 3 de febrero de 2023

Sr. Salvador Leyva Morelos Zaragoza
Exsecretario Técnico de Combate a la Tortura, Tratos Crueles e Inhumanos del IFDP

En su renuncia al Instituto Federal de Defensoría Pública presentada con fecha del 2 de febrero de 2023, hago las siguientes precisiones con respecto a las víctimas de la fabricación del caso Wallace, por mi compromiso ético con éstas y por el derecho que México tiene a estar informado, sobre todo cuando ha sido objeto de manipulación mediática y corrupción judicial por casi cuatro sexenios promovida por ustedes mismos, los servidores públicos.

Siendo secretario técnico de Combate a la Tortura, Tratos Crueles e Inhumanos, adscrito a la Dirección General del IFDP, usted ignoró a las víctimas de tortura relacionadas con este caso: César Freyre Morales, Jacobo Tagle Dobin, Jael Malagón Uscanga, George Khoury Layón, y al abogado defensor de Jacobo, Alejandro Garduño Real, quien sufrió atentados con armas de fuego, además de la tortura psicológica por las amenazas a su familia.

Bajo su gestión, se le negó a César Freyre Morales practicarle el protocolo de Estambul por parte de la institución con el argumento de que ya estaba sentenciado. Incluso el defensor público que lleva el caso de esta víctima dijo tener miedo a represalias por tomar iniciativas en la defensa. Mi trabajo como periodista de investigación llegó a generar la evidencia documental para gestionar ante el Mecanismo Nacional de Prevención de Tortura, adjunto a la CNDH, la aplicación del protocolo de Estambul a César Freyre, y el 1 de agosto de 2022, bajo la dirección del Dr. Emmanuel Santos Narváez, se le entregó el resultado positivo en tortura, siendo una de las víctimas con más eventos de estas violaciones de derechos humanos en las que participó directamente Isabel Miranda Torres, acompañada en 2015 por Renato Sales Heredia, excomisionado nacional de seguridad púbica, esposo de quien ahora es la titular del IFDP.

Usted, su director general y el defensor público de César Freyre ignoraron los resultados de ese protocolo de Estambul, sin darle el debido seguimiento.

Jael Malagón Uscanga, quien fue torturado dentro de la celda en mayo de 2010 y que el ataque le provocó el desprendimiento de la retina del único ojo que tiene, tampoco fue atendido por el IFDP como víctima de tortura en el tiempo de su gestión como secretario técnico, siendo la acusadora Isabel Miranda Torres la que participó directamente en la detención de Jael, a quien también se le ha negado realizar un protocolo de Estambul y aún se encuentra sin sentencia. La defensora pública que lleva el caso de Jael ha expresado a la familia “el pánico que le tiene a Isabel Miranda”, por lo que tampoco ha hecho una defensa correcta.

Jacobo Tagle, como usted bien sabe, con protocolos de Estambul positivos en tortura y sin sentencia, además de la acusación del falso secuestro de Hugo Alberto Wallace, fue acusado del homicidio de Eduardo Bracamontes Salazar, causa 80/2012, perpetrado en 2004. La confesión de Jacobo bajo tortura fue parte de las fabricaciones del exagente de la SIEDO Braulio Robles Zúñiga, con la complicidad de la jueza de la CDMX Hermelinda Silva Meléndez, para sentenciar culpables a George Khoury Layón y a César Freyre Morales.

George Khoury ha sido víctima de cuatro detenciones arbitrarias y tortura ordenadas por Eduardo Cuauhtémoc Margolis Sobol, y ha sido acusado reiteradamente en los medios por Isabel Miranda de ser el autor intelectual del supuesto secuestro de su hijo y de otros crímenes.

Sin embargo, George ha sido absuelto de cinco procesos, y solo tiene la causa mencionada por la corrupción del Juzgado Vigésimo Quinto Penal de la Ciudad de México. La tortura más reciente a George Khoury fue el 12 de junio de 2022, en el Cefereso #17 de Michoacán, y en su traslado arbitrario al Cefereso #12 de Guanajuato, cuatro días antes de su audiencia de preliberación por haber compurgado el 50 por ciento de la condena por el delito que no cometió. La misma acusadora, los mismos torturadores y la misma indiferencia de usted en estos casos en su responsabilidad de combatir la tortura, los tratos crueles e inhumanos en el sistema penitenciario.

Por último, el exdefensor público Alejandro Garduño Real fue despedido injustificadamente del IFDP, después de 20 años de trabajar en el Poder Judicial y de tomar la defensa de Jacobo Tagle en 2019, cuando presenté ante la FGR y al Senado de la República al padre biológico de Hugo Alberto Wallace, quien daba la prueba superveniente con la muestra de ADN, el acta de matrimonio con su prima Isabel Miranda y el de nacimiento de su hijo con sus apellidos. Tras una serie de amenazas y atentados, el abogado Alejandro Garduño fue obligado a pedir refugio político a Estados Unidos, debido a la falta de protección institucional y a las torturas psicológicas por las amenazas a su familia ignoradas bajo su gestión en la secretaría para combatir la tortura.

Por lo anterior, la realidad de las víctimas contradice sus palabras sobre el temor que dice sentir a que la defensa de éstas sea vulnerada, puesto que en su propia gestión -bajo la dirección de Netzaí Sandoval Ballesteros– ya lo era.

Usted mismo fue parte del tráfico de influencias promovido por Ricardo Raphael con Alejandro Gertz Manero, en la FGR, y con el expresidente de la SCJN Arturo Zaldívar. Usted mismo promovió la entrada ilegal de Ricardo Raphael al Cefereso #16, de Morelos, para entrevistar a una de las víctimas, usurpando la función de un servidor púbico y dando armas judiciales y mediáticas a Isabel Miranda Torres para sus ataques.

Desde el IFDP se manipuló la defensa de las víctimas, y se ignoraron mis denuncias por tortura y secuestro en grado tentativo contra Isabel Miranda Torres interpuestas en 2018 y ratificadas en 2019.

No señor Leyva, usted no dice la verdad a México, y es responsable de la defensa vulnerada de miles de víctimas de tortura que fueron ignoradas por su gestión, no solamente el de las ocho víctimas de Isabel Miranda Torres, no seis, por cierto, como usted dice, una imprecisión que demuestra su ignorancia o su manipulación.

Las víctimas y nuestro país merecen la verdad. No los subestime.

Atentamente

Guadalupe Lizárraga
Periodista independiente
Los Ángeles Press

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