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El Caso Wallace

El verdadero #RetoWallace: fin a la impunidad de Isabel Miranda y su red cómplice

Respuesta de la periodista Guadalupe Lizárraga al #RetoWallace lanzado por Isabel Miranda Torres

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 Guadalupe Lizárraga

México ha vivido la tortura y la fabricación de culpables de manera sistemática y generalizada desde el arribo de Vicente Fox y su equipo de policías, entre los que destacaron Eduardo Medina Mora y Genaro García Luna, hasta la administración de Enrique Peña Nieto. En los últimos veinte años, cientos de miles de personas han sido incriminadas falsamente generando con ello un extraordinario lucro del sistema carcelario con empresas privadas que lo operan y en simulación de eficiencia policial y militar en el combate a la delincuencia organizada. 

El nombre de Isabel Miranda Torres, después de sus cinco días de prisión en 1998, se forjó en este contexto, bajo la figura de “sociedad civil”, una voz acusadora del crimen en apoyo del gobierno del PAN. Sus primeras intervenciones en la SIEDO de la Procuraduría General de la República, fueron a través de su abogado Ricardo Martínez Chávez.

En ese entonces, uno de los secuestros mediáticos de los que se colgó Isabel Miranda fue el de las hermanas Ernestina Sodi y Laura Zapata, en 2002, y quien estaba a cargo de esa investigación en PGR era precisamente Martínez Chávez, a un año de haber sido incorporado como ministerio público. Detrás de ese secuestro, la información también fue manipulada y se denunciaron ciertos hechos fabricados por la Agencia Federal de Investigación (AFI), de Genaro García Luna. A partir de allí, cada secuestro con relevancia mediática –fuera por la notoriedad pública de la víctima o por manipulación informativa de la SIEDO o la AFI–, la figura de Isabel Miranda iba imponiéndose en la PGR.

Su abogado Ricardo Martínez Chávez fue designado el 10 de julio de 2005 como encargado del despacho de Secuestros, de la SIEDO, después de haber estado un par de años fuera de la institución por diferencias con un director de la AFI. El nombramiento de Martínez Chávez lo anunció formalmente en la PGR, el entonces subprocurador José Luis Santiago Vasconcelos, un día antes de la supuesta desaparición de Hugo Alberto Wallace. Para el 13 de julio, Isabel Miranda y su familia habían puesto cuatro reportes de secuestro en la Procuraduría del Distrito Federal (PGJDF), pero fue hasta el 31 de agosto que atrajo el caso la PGR, porque no había exigencia económica de acuerdo con el reporte de la AFI, del 18 de julio de 2005. Fue cuando se incorporaron las notas de rescate: dos notas idénticas, impresas en papel fotográfico, y entregadas una a cada procuraduría. Ya con el caso en PGR, Miranda logró posicionarlo ante los medios de comunicación.

Sobre el grotesco reto de Isabel Miranda

Hace unos días, mientras yo trabajaba en la Ciudad de México sobre los testimonios de tortura relacionados con el caso Wallace, el 5 de septiembre de 2019, específicamente, Isabel Miranda Torres lanzó en medios y redes el #RetoWallace. Ofreció un millón de pesos a una organización de beneficencia pública, para que le entregaran vivo a su hijo, después de 14 años de estar reclamando su muerte. El reto fue derivado de una información que me aportaron testigos que vieron vivo a Hugo Alberto, después de la fecha que ella dice que lo asesinaron.

Isabel Miranda Torres, promovida como “La señora Wallace”, a sus 68 años con una larga lista de denuncias formales por delitos de cohecho, detenciones arbitrarias, tortura dentro de penales federales, tráfico de influencias, falsedad en declaraciones judiciales, falsificación de documentos, secuestro en grado tentativa y amenazas, desde la administración de Vicente Fox, ha intervenido en las instancias de impartición de justicia sin tener facultad para ello, y ha comprado periodistas y medios sin ética para hacerse una carrera política y obtener lucro a través de influencias y extorsiones

No sólo mintió sobre la paternidad biológica de su hijo para sostener la prueba fabricada de una gota de sangre en la calle de Perugino número 6, departamento 4, donde supuestamente retuvieron a su hijo y lo cercenaron en un minúsculo baño; sino también se dedicó a detener de manera ilegal a ocho personas (Brenda Quevedo Cruz, Jacobo Tagle Dobín, César Freyre Morales, Juana Hilda González Lomelí, Jael Malangón Uscanga, George Khoury Layón, Albert y Tony Castillo Cruz) a quienes inculpó de la desaparición de Hugo Alberto. Las visitó a discreción en prisión federal y coordinó golpizas, violencia sexual y shocks eléctricos para que se incriminaran e incriminaran a los demás. Influyó para que detuvieran a Julieta Freyre y María Rosa Morales, familia de César Freyre, cuando fueron a visitarlo en el arraigo de donde ellas fueron aprehendidas contra Derecho. También ordenó la detención ilegal de Salomón Tagle, hermano de Jacobo, además de amenazar directamente a su madre Raquel Dobín, diciéndole que si no le entregaba a Jacobo, “lo iba a pagar su hijo Salomón”. Las últimas amenazas de custodios a sus víctimas en prisión han sido en el penal de Tapachula, Chiapas, a donde trasladaron a Albert Castillo Cruz, recientemente.

Los agentes del Ministerio Público de la Federación que han hecho posible todas estas arbitrariedades y crímenes de Isabel Miranda Torres han sido Braulio Robles Zúñiga, Fermín Ubaldo Cruz, Moisés Laris Carbajal, Lourdes López Lucho Iturbe, y Osvaldo Jiménez Juárez, los tres últimos ya fuera de la institución. Sin embargo, la fabricación del caso ha tenido la colaboración cómplice de una gran red de servidores públicos no sólo de la PGR, sino de diferentes instancias gubernamentales debido al poder económico obtenido ilegalmente por Isabel Miranda.

El 23 de mayo de 2019, en mi responsabilidad como periodista de investigación del caso, presenté ante la Fiscalía General de la República al padre biológico de Hugo Alberto Wallace, el doctor Carlos León Miranda, de 78 años, a quien se le realizaron pruebas de ADN y presentó documentos oficiales de matrimonio con Isabel Miranda en abril de 1969, en Amecameca, Estado de México. Con ello, se confirmó la fabricación de la única prueba de la que se sostenía la mentira del «caso Wallace», ya que la gota de sangre plantada en el supuesto lugar de los hechos en realidad pertenecía a Claudia Wallace Miranda, hija biológica de Isabel Miranda y Enrique Wallace Díaz.

 

Las relaciones de Isabel Miranda y su hijo con el narcotráfico

El 4 de julio de 2019, informé también a la Fiscalía General de la República que el narcotraficante Héctor Huerta Ríos, alias “La Burra”, líder de una facción del cártel de los Beltrán Leyva, había confesado a un culpable fabricado –con quien compartía celda– que él personalmente había asesinado a Hugo Alberto Wallace Miranda. Esto habría pasado tiempo después de que Hugo Alberto se negara a entregar un cargamento de droga del mismo cártel, con el que se relacionaba en términos de tráfico y de consumo. Sólo como acotación respecto al consumo, su padre biológico y otros testigos que compartían de cerca su vida con él, confirmaron que Hugo Alberto era un consumidor consuetudinario desde temprana edad e incluso había sido internado para su rehabilitación en Oceánica, poseía armas exclusivas del ejército y tenía contacto directo con dealers en diferentes estados de la república donde se escondía.

De acuerdo con el testimonio del narcotraficante Huerta Ríos, el cuerpo habría sido enterrado en Nayarit. Y quien habría operado como intermediario del cártel de los Beltrán Leyva para que se lo entregaran a Isabel Miranda era el exfiscal Edgar Veytia, alias “El Diablo”, actualmente en prisión estadounidense por narcotráfico, con quien Miranda mantenía una relación muy cercana.

Ese mismo día que informé a la fiscalía, el 4 de julio de 2019, asesinaron a “La Burra”, y al día siguiente por la mañana, me enviaron las imágenes de su cuerpo acribillado en el auto. El asesinato se lo atribuyeron a un exmiembro del cártel de los Beltrán Leyva, quien rivalizaba con Huerta Ríos por «la plaza» de Nuevo León, desde que había sido liberado en 2018.

Esta información sólo puede ser verificada por la Fiscalía General de la República directamente con el exfiscal de Nayarit, Edgar Veytia, a través de una comunicación entre las instancias de justicia de México y Estados Unidos. También trascendió que el narcotraficante Edgar Valdez Villarreal, alias “La Barbie”, con quien varias veces vieron a Hugo Alberto, tiene información precisa de los hechos relacionados con su desaparición. Un dato que enfaticé a la fiscalía fue el que Héctor Huerta “La Burra” había sido encarcelado en marzo de 2009 y liberado en noviembre de 2018. No obstante, hubo trámites de documentos oficiales a nombre de Hugo Alberto, el 24 de febrero de 2010, con el registro de su CURP como León Miranda y como Miranda Torres, y en 2018, su registro de SAT en Hacienda estaba activo como Miranda Torres.

Mi investigación se ha enfocado en demostrar que Hugo Alberto Wallace no fue secuestrado ni asesinado por las ocho personas que están en prisión como ha sostenido Isabel Miranda. Sin embargo, este trabajo me ha llevado a seguir otras pistas de Miranda con el narcotráfico de lo que he informado a la Fiscalía General de la República.

Infografía: Guadalupe Lizárraga/Los Ángeles Press

 

Revelé que Samuel González Ruiz, alias “El Gordo”, abogado de Isabel Miranda desde hace 14 años, había incriminado falsamente a comandantes y subprocuradores, acusándolos de narcotráfico por no responder a sus extorsiones, después de que él, como titular de la Subprocuraduría de la Unidad Especializada en Delincuencia Organizada, habría recibido 150 millones de pesos por sacar de las indagatorias del «Maxiproceso» (un expediente de casi mil páginas, de 1998) a los hermanos José Luis y Víctor Patiño Esquivel, miembros de la Policía Judicial Federal, acusados de lavado de dinero, narcotráfico y de dar protección al Cártel de Juárez. La evidencia es el propio expediente del cual Los Ángeles Press tiene copia. La exministra Olga Sánchez Cordero, siendo Juez Quinto de Distrito de Procesos Penales tuvo que girar una segunda orden de aprehensión contra ellos, después de sentenciar a los narcotraficantes Sandra Pérez Barragán y Vicente Carrillo Leyva.

La Fiscalía General de la República puede corroborar directamente esta información con testimonios y evidencias documentales de funcionarios que en ese tiempo fueron incriminados falsamente por Samuel González Ruiz y tuvieron que estar en exilio por salvar sus vidas. Uno de ellos, es el excomandante Horacio Brunt Acosta, quien fue el primero en retar a González Ruiz a someterse a pruebas de polígrafo o a cualquier protocolo de investigación a servidores públicos dentro de la fiscalía.

El verdadero #RetoWallace

El #RetoWallace es una distracción mediática más con la que Isabel Miranda y sus huestes pretenden seguir manteniendo el falso secuestro y homicidio de su hijo tal como lo ha afirmado en falsas declaraciones judiciales. Además, pretende seguir lucrando con la prisión injusta de las víctimas, a quienes con un millón de pesos no restaura ni remotamente el irreparable daño, ni a ellas ni al Estado de derecho en México.

Pero para México, el verdadero #RetoWallace es el de las autoridades para ponerle fin a una grave violación de derechos humanos que cada día perpetra el Estado con las víctimas inocentes en prisión. El verdadero #RetoWallace es actuar judicialmente contra Isabel Miranda Torres y desmontar la red de cómplices incrustados en las instituciones de gobierno. El verdadero #RetoWallace es hacer que Isabel Miranda responda por las carpetas de investigación abiertas en su contra el 11 de diciembre de 2018 y el 23 de mayo de 2019 ante la Fiscalía General de la República.

Al margen de si está vivo o muerto Hugo Alberto, se requiere la acción urgente de las autoridades contra Isabel Miranda Torres pero también contra los más de cien servidores públicos que –de una u otra forma– han sido cómplices para sostener #ElFalsoCasoWallace. De lo contrario, la simulación en la impartición de justicia impedirá el verdadero cambio de régimen bajo los principios de ética pública a los que ha convocado reiteradamente el presidente López Obrador.

El Caso Wallace

El caso Wallace y el cerco mediático

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La periodista Guadalupe Lizárraga exhibe el cerco mediático que protege el falso caso Wallace

Entrevista a la periodista Guadalupe Lizárraga, autora de ‘El Falso Caso Wallace’

Por Antonio Rosales

María Isabel Miranda de Wallace saltó a la escena pública tras el presunto secuestro y asesinato de su hijo, el 11 de julio de 2005. Este hecho no solo marcó el inicio de su organización Alto al secuestro, sino también de su candidatura al Gobierno de la Ciudad de México, en 2012 y del Premio Nacional de Derechos Humanos, en 2010, que recibió de manos de Felipe Calderón, así como de una cuasi omnipresencia mediática y política en todos los asuntos relacionados con seguridad pública.

Su voz se volvió autoridad incuestionable en medios como Televisa, TV Azteca, Imagen y El Universal. Sin embargo, su imagen comenzó a derrumbarse tras su papel en casos como los de Florence Cassez, Fernando Martí, Nestora Salgado, la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa, y los primeros cuestionamientos de la organización canadiense En Vero sobre el caso de su hijo.

El 7 de febrero de 2019, familiares de los presuntos implicados en el secuestro y asesinato del hijo de la empresaria, Isabel Miranda de Wallace, Hugo Alberto Wallace, se manifestaron en el centro de la Ciudad de México, afuera de Palacio Nacional, para pedir la revisión de la posible falsedad del caso.

Para saber más del tema: Quién es César Freyre Morales en el falso caso Wallace

 

No es la primera vez que se señala la posible fabricación del caso. En 2014, la periodista Anabel Hernández publicó un artículo al respecto en la revista Proceso, tras el cual Miranda amagó con demandarla. Guadalupe Lizárraga, fundadora de Los Ángeles Press, también investigó y publicó sobre el tema, y ha profundizado en ello desde hace cinco años. Como resultado, en diciembre del año pasado, en el Centro Cultural Donceles 66 de la capital del país, presentó su libro, El falso caso Wallace (Casa Fuerte, 2018).

De acuerdo con lo declarado por los familiares y las investigaciones periodísticas de Lizárraga, las irregularidades en el proceso irían desde la fabricación de pruebas, falsedad de declaraciones, violación a la presunción de inocencia, y tráfico de influencias por parte de la PGR (durante el gobierno de Felipe Calderón) y de la presidenta de Alto al secuestro hasta el uso de la tortura (física y psicológica) para lograr confesiones que legitimen la versión de Isabel Miranda.

La única prueba científica que sostiene el caso, apuntan ambas periodistas y rememora el articulista Ricardo Raphael en una columna que mereció una respuesta airada de Wallace, es una gota de sangre que, en un inicio, la perito declaró que pertenecía a una mujer.  El resto del caso estaría construido con declaraciones bajo tortura.

Presentación del libro El falso caso Wallace, de Guadalupe Lizárraga. Foto: Reversos.mx

Wallace contra la libertad de prensa

La periodista Guadalupe Lizárraga, quien acompañó a los manifestantes y ha investigado el caso a fondo desde 2014, denunció que ha sufrido amenazas, dos intentos de secuestro y acoso por parte de la diputada de Morena, María de los Ángeles Huerta, para intentar acallarla.

“¿Por qué Isabel Miranda está en reuniones de Seguridad Pública, mientras sus víctimas son agredidas en cautiverio? Ese es nuestro mensaje a López Obrador, desde Palacio Nacional”, declaró en entrevista para el programa Sin censura.

En entrevista con el autor de esta nota, en diciembre pasado por la presentación de su libro, Lizárraga comentó:

-Todos los detenidos fueron torturados dentro de los penales, con violencia sexual. Es muy grave y en el caso de Jacobo (Tagle Dobin) ya hay consecuencias muy serias por su estado de salud.

“Todos los protocolos (para comprobar tortura) han salido positivos excepto el último, que es el de Juana Hilda González Lomelí y que es donde todavía Isabel Miranda da los últimos coletazos de corrupción para que no se lleven a cabalidad esos protocolos”.

Para saber más: Periodistas que colaboraron con Isabel Miranda en la incriminación de víctimas del falso caso Wallace

 

–De acuerdo con las investigaciones que has podido realizar, ¿por qué Isabel Miranda tiene este poder tan grande, por el cual, por ejemplo, ningún medio corporativo quiso cubrir este evento?… ¿Por qué parece que está prohibido en los grandes medios?

–Isabel Miranda es una creación de Genaro García Luna (titular de la Secretaría de Seguridad Pública, durante el gobierno de Felipe Calderón). ¿Cuál es la diferencia entre Miranda y otros falsos activistas que han participado en la fabricación de culpables? El dinero.

“Isabel Miranda es una empresaria que ha traficado influencias (…) Se ha dedicado a corromper periodistas para legitimar su mentira del falso secuestro Wallace y acallar cualquier indicio de verdad que se ha asomado durante los últimos trece años, de los cuales doce han sido de torturas sistemáticas a las víctimas… Años de mentiras, falsificación de documentos, usurpación de funciones; yo misma he sido agredida por ella”.

Durante la presentación de su libro, Lizárraga señaló que el cerco mediático no sólo ha abarcado a los medios tradicionalmente reconocidos por ser afines a los poderes político y económico, sino también a los medios críticos como el de Carmen Aristegui.

 

Citando un fragmento de su libro, la autora de El falso caso Wallace recordó que Aristegui, en su programa de CNN en 2011, presentó a Wallace como “una mujer muy querida y reconocida, con una historia estrujante pero también muy estimulante por lo que Isabel ha podido hacer en términos de justicia.”

Ello a pesar de que ya existían evidencias de la falsedad del caso, comentó Lizárraga.

wallace en la carcel

Durante aquella emisión de Aristegui, se proyectaron los anuncios espectaculares donde Miranda exhibía a los presuntos culpables, violando el derecho a la presunción de inocencia. Hasta la fecha, según Guadalupe Lizárraga, la titular de Aristegui Noticias no ha respondido una sola llamada para entrevistar a los familiares de los detenidos.

Hasta el momento, ningún funcionario del actual gobierno (local, ni federal) se ha pronunciado al respecto, ni tampoco ningún medio corporativo ha cuestionado al presidente sobre el tema. Esto, a pesar de que la Procuraduría General de la República (hoy Fiscalía) dio instrucciones para que se abriera una investigación penal sobre la presunta falsedad del caso, tras la denuncia en diciembre pasado de Guadalupe Lizárraga ante el hoy fiscal Alejandro Gertz Manero.

–Isabel Miranda no debería estar en libertad– concluyó la periodista en entrevista.

***

Esta entrevista se publicó originalmente en Reversos.mx

 

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El Caso Wallace

Netflix viola derecho de presunción de inocencia a Jacobo Tagle y protege a victimario de Israel Vallarta

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Jorge Volpi, autor de un libro del caso Cassez-Vallarta, participó en la producción del documental de Netflix

 

Por Guadalupe Lizárraga

El derecho a la presunción de inocencia de Jacobo Tagle Dobin, víctima del falso caso Wallace, de nuevo ha sido socavado flagrantemente ahora por Netflix en la exhibición internacional y con fines de lucro del espectacular publicitario que hizo Isabel Miranda Torres, conocida como Isabel Miranda de Wallace, para acusarlo de ‘secuestrador’ antes de un juicio y sin tener una sentencia en México, en violación también a su derecho a la intimidad y dignidad humana.

Netflix, empresa de entretenimiento con plataforma de streaming con difusión mundial, exhibió el rostro y nombre de Jacobo Tagle Dobin, en el contexto narrativo sobre el secuestro en México en la serie documental El caso Cassez-Vallarta: Una novela criminal, escrita por Alejandro Gerber Bicecci, bajo la producción ejecutiva de Jorge Volpi, autor de la novela con el mismo título.

Sin embargo, la serie no cuenta la historia de Jacobo Tagle, quien lleva doce años en prisión sin sentencia, y ha sufrido varias torturas que acreditan tres protocolos de Estambul aplicados por el Consejo de la Judicatura de la Federación e instancias oficiales de derechos humanos. Tampoco es un personaje de la novela de Jorge Volpi, en la edición de Alfaguara.

Para saber más del caso: Tortura, secuestro y espionaje, vínculo Margolis con casos Israel Vallarta, George Khoury y Wallace

 

El minuto 26:08, del episodio 1, exhibe ese espectacular de la empresa Showcase Publicidad, propiedad de quien ha popularizado su nombre en los medios como Isabel Miranda de Wallace, y se trata de una grabación de B-roll o footage, al que la producción recurrió intencionalmente para ilustrar de manera visual su narrativa sobre el secuestro en este país, violando los derechos fundamentales de Jacobo Tagle Dobin, víctima del falso caso secuestro de Hugo Alberto Wallace Miranda.

 

Sin embargo, la serie de Netflix protege el rostro de Eduardo Cuauhtémoc Margolis Sobol, a quien se le presenta como “empresario de la comunidad judía”, pese a haber sido señalado 22 ocasiones en el protocolo de Estambul de Israel Vallarta Cisneros, de haberlo torturado junto con los policías federales de Genaro García Luna.

 

Margolis también ha sido señalado de ser el responsable de las detenciones arbitrarias y tortura a George Khoury Layón -sentenciado con pruebas ilegales por la jueza Hermelinda Silva Meléndez, del Juzgado 25 de la Ciudad de México, para relacionarlo con el caso Wallace. La tortura sufrida por Khoury Layón fue perpetrada por los policías federales Porfirio Javier Sánchez Mendoza (en prisión) y Rolando Mayorga Cordero (prófugo), ambos también de la AFI. La tortura más reciente fue el 12 de junio de este año, semanas después de una llamada telefónica con Margolis -frente a testigos- donde reconoció haber ordenado las detenciones arbitrarias de George Khoruy desde 2005.

Adicionalmente, el caso de George Khoury Layón con una opinión de libertad de Naciones Unidas desde 2017, ratificado en 2019, y reconocimiento de inocencia por la Secretaría de Gobernación, ha revelado con la denuncia de sus torturadores, el tráfico de influencias tanto de Margolis como de Isabel Miranda de Wallace en las audiencias judiciales y autoridades del gobierno federal y de la Ciudad de México.

En el caso de Isabel Miranda, la serie de Netflix, en la que participó también la productora Atlantique Productions e Imagissime, le da un trato de “activista”, al igual que en la novela de Volpi, cuando -desde 2014- ya se habían revelado suficientes pruebas del falso secuestro y homicidio de Hugo Alberto Wallace y la fabricación de culpables.

No te pierdas: CNDH recomienda a FGR reparar daño por caso de Israel Vallarta

 

En los anexos de la novela, en la página 487, el autor subtitula “Los secuestradores (o presuntos secuestradores)” en referencia a las víctimas de fabricación de culpa y tortura, incluyendo a personas sin relación alguna con el caso Cassez-Vallarta. Pero a Isabel Miranda, Fernando Martí y Eduardo Gallo, en la página 490, los subtitula como “Los activistas”, cuando al menos Miranda y Gallo están denunciados judicialmente por actos de tortura, y en el caso de Gallo incluso por homicidio, con el apoyo de García Luna.

página 487 de una novela criminal

El derecho a la presunción de inocencia es un derecho incorporado a un juicio justo que se ha convertido en un principio legal básico de la mayoría de los sistemas de justicia con un sólido Estado de derecho; no obstante, este derecho ha sido sistemáticamente violentado a las inculpados del falso secuestro Wallace que ha empujado Isabel Miranda Torres y Eduardo Margolis Sobol, con el apoyo del gobierno mexicano y de los medios de comunicación.

Para enterarte del caso Wallace: Hugo Alberto Wallace, con rastros de vida en México pese a su madre

 

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Caso Wallace: cuáles son los delitos fabricados a George Khoury Layón

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Caso Wallace: cuáles son los delitos fabricados a George Khoury Layón

 

Luego de que María Isabel Miranda Torres, conocida como Isabel Miranda de Wallace, fue desmentida por el equipo legal de George Khoury Layón, sobre un supuesto pacto con el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar, para la liberación del propio Khoury y de los inculpados del falso caso Wallace, se ha mantenido el silencio de las partes implicadas.

Khoury fue entrevistado por la periodista Guadalupe Lizárraga, para Los Ángeles Press, medio en el que dijo que le daba gusto que «el ministro (Zaldívar) se dé cuenta de lo que está pasando, aunque sea de manera manipulada, y vea cómo están las cosas», en referencia a los tratos crueles y torturas que ha sufrido para que deje de denunciar las violaciones a su proceso y a sus derechos humanos.

Para entender más del caso: Defensa de George Khoury Layón desmiente a Isabel Miranda sobre supuesto pacto con el ministro Zaldívar

Pero, ¿de qué se le acusa a George Khoury en el caso Wallace?

Primera acusación fabricada

La primera acusación contra George Khoury Layón fue el 16 de julio de 2005, cuando dos policías federales lo interceptaron sin ninguna orden de aprehensión o citación, por supuestos cargos de narcotráfico. La agresión había sido ordenada por el empresario Eduardo Cuauhtémoc Margolis Sobol, quien quería desterrarlo de la ‘zona de judíos’ en Polanco, donde Khoury tenía un negocio exitoso de restaurante y discoteca. Lo exhibieron en los medios como “narcotraficante” y meses después fue liberado por su defensa, al no haber nada que lo vinculara a las acusaciones.

“Mi primera detención fue ahí, en 2005, cuando me ponen como “narco junior de Polanco”, él me mandó detener y me sembró droga junto con Joel Ortega, y el que me detuvo fue Gabriel Regino, por órdenes de Joel Ortega, pero a éste le daba órdenes Margolis, o sea todo lo hicieron por órdenes de él”, dijo a Los Ángeles Press.

Segunda acusación fabricada

Una segunda acusación en contra de George Khoury que derivó en la segunda detención arbitraria fue el 30 de enero de 2006, bajo las órdenes del mismo empresario Margolis Sobol. En esta ocasión se le acusó de delitos contra la salud y posesión de armas de fuego exclusivas del ejército. En los medios, se promovieron notas de prensa para que se le relacionara con César Freyre Morales, víctima del falso secuestro de Hugo Alberto Wallace Miranda. El 11 de abril de 2006 se le dio el auto de formal prisión y tras una intensa defensa, fue absuelto por un juez federal el 25 de septiembre de 2007.

Lee más: Caso Wallace: el ‘pacto’ entre el ministro Arturo Zaldívar y George Khoury Layón

Tercera acusación fabricada

La tercera detención arbitraria contra George Khoury la perpetraron los policías federales: Porfirio Javier Sánchez Mendoza (actualmente en prisión) y Rolando Mayorga Cordero, el 2 de septiembre de 2009. Lo sacaron de un gimnasio de la colonia San Ángel, de la Ciudad de México, y lo llevaron en su propia camioneta a una casa de seguridad donde lo mantuvieron privado de la libertad y lo torturaron por 14 horas, con golpes, toques eléctricos y amenazas a su familia. Le sembraron droga y armas en su auto, hechos que quedaron grabados en cámaras de seguridad, además de grabar también su tortura con un artefacto mp3 que traía consigo.

En esta ocasión se le acusó nuevamente de delitos contra la salud, y se le agregó el delito de delincuencia organizada, señalándolo de pertenecer al Cártel de los Beltrán Leyva, y de operar con el narcotraficante Édgar Valdez Villarreal, La Barbie. El ministerio público que hizo las acusaciones judiciales, el 10 de noviembre de 2009, fue Braulio Robles Zúñiga, también a cargo de la investigación del ‘caso Wallace’, y mano derecha de Isabel Miranda Torres. Al día siguiente, 11 de noviembre, se le dio el auto de formal prisión a Khoury.

Un año después, George Khoury el 3 de diciembre de 2010, se dio la detención arbitraria de Jacobo Tagle Dobín, el primer acusado en julio de 2005, por Isabel Miranda de Wallace, del supuesto secuestro de su hijo. Tras la detención, Jacobo Tagle fue torturado y obligado a firmar una declaración incriminatoria en la que se mencionaba a George Khoury Layón como autor del homicidio del empresario Eduardo Salazar Bracamontes, perpetrado en noviembre de 2004, y a César Freyre Morales, como autor material de los hechos, junto con Jacobo.

La editora recomienda: ¿Cuánto tiempo más para que se nos haga justicia?: carta de Jacobo Tagle a López Obrador

Para legitimar la fabricación, la PGR, bajo la administración de Eduardo Medina Mora, utilizó a la periodista Isela Lagunas, del diario El Universal, (en 2006) y a Anabel Hernández, (2010) quien publicó los expedientes fabricados en la PGR con falsos testigos protegidos, en su libro Los señores del narco, en el que también señala a César Freyre Morales y a Juana Hilda González Lomelí de trabajar para Khoury Layón y de haber cometido el supuesto secuestro de Hugo Alberto Wallace.

Cuarta acusación fabricada

El 14 de febrero de 2012, tras una larga defensa, se da la absolución nuevamente a George Khoury Layón. Al momento de su salida de prisión, el 26 de febrero de 2012, vuelve a ser detenido por el agente del Ministerio Público Braulio Robles Zúñiga, quien ahora lo acusaba del homicidio de Eduardo Salazar Bracamontes, con la incriminación bajo tortura de Jacobo Tagle. El agente de la SIEDO mantuvo en arraigo ilegal a George Khoury hasta conseguir la orden de aprehensión por parte de la jueza Hermelinda Silva Meléndez, quien lo condenó a 20 años de prisión por homicidio calificado, el 29 de septiembre de 2014, utilizando como prueba la confesión incriminatoria bajo tortura de Tagle y un testimonio contradictorio de un tercero.

Quinta acusación fabricada

En abril de 2019, Isabel Miranda de Wallace, en entrevista a Notimex, le atribuyó a George Khoury Layón ser el autor intelectual del supuesto secuestro y homicidio de su hijo. La entrevista fue una instrucción de la directora de la Agencia del Estado, Sanjuana Martínez al reportero Alejandro Salas, después de que se denunciara la falsedad del caso Wallace, por medio de la periodista Guadalupe Lizárraga en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador.

 

Torturas y nuevas fabricaciones mediáticas

Actualmente, George Khoury Layón ha cumplido más del 50 por ciento de la sentencia condenatoria, dada por la jueza Hermelinda Silva, en diferentes penales federales del país, en los que ha sido torturado al menos en cuatro ocasiones; cuando su causa 80/2012 es el del fuero común en la Ciudad de México. La tortura más reciente, el 12 de junio de 2022, cuando fue trasladado del Cefereso #17, de Michoacán, al Cefereso #12, de Ocampo, Guanajuato, por «denunciar violaciones de derechos humanos».

Isabel Miranda de Wallace, en programa con Ciro Gómez Leyva, de Grupo Imagen, acusó a Khoury Layón de tener un ‘pacto’ con el ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, “para liberar a los secuestradores de su hijo”, y publicó supuestos mensajes y conversaciones entre el ministro y otras personas en los que se alude falsamente a George Khoury Layón.

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