El verdadero #RetoWallace: fin a la impunidad de Isabel Miranda y su red cómplice

 Guadalupe Lizárraga

México ha vivido la tortura y la fabricación de culpables de manera sistemática y generalizada desde el arribo de Vicente Fox y su equipo de policías, entre los que destacaron Eduardo Medina Mora y Genaro García Luna, hasta la administración de Enrique Peña Nieto. En los últimos veinte años, cientos de miles de personas han sido incriminadas falsamente generando con ello un extraordinario lucro del sistema carcelario con empresas privadas que lo operan y en simulación de eficiencia policial y militar en el combate a la delincuencia organizada. 

El nombre de Isabel Miranda Torres, después de sus cinco días de prisión en 1998, se forjó en este contexto, bajo la figura de “sociedad civil”, una voz acusadora del crimen en apoyo del gobierno del PAN. Sus primeras intervenciones en la SIEDO de la Procuraduría General de la República, fueron a través de su abogado Ricardo Martínez Chávez.

En ese entonces, uno de los secuestros mediáticos de los que se colgó Isabel Miranda fue el de las hermanas Ernestina Sodi y Laura Zapata, en 2002, y quien estaba a cargo de esa investigación en PGR era precisamente Martínez Chávez, a un año de haber sido incorporado como ministerio público. Detrás de ese secuestro, la información también fue manipulada y se denunciaron ciertos hechos fabricados por la Agencia Federal de Investigación (AFI), de Genaro García Luna. A partir de allí, cada secuestro con relevancia mediática –fuera por la notoriedad pública de la víctima o por manipulación informativa de la SIEDO o la AFI–, la figura de Isabel Miranda iba imponiéndose en la PGR.

Su abogado Ricardo Martínez Chávez fue designado el 10 de julio de 2005 como encargado del despacho de Secuestros, de la SIEDO, después de haber estado un par de años fuera de la institución por diferencias con un director de la AFI. El nombramiento de Martínez Chávez lo anunció formalmente en la PGR, el entonces subprocurador José Luis Santiago Vasconcelos, un día antes de la supuesta desaparición de Hugo Alberto Wallace. Para el 13 de julio, Isabel Miranda y su familia habían puesto cuatro reportes de secuestro en la Procuraduría del Distrito Federal (PGJDF), pero fue hasta el 31 de agosto que atrajo el caso la PGR, porque no había exigencia económica de acuerdo con el reporte de la AFI, del 18 de julio de 2005. Fue cuando se incorporaron las notas de rescate: dos notas idénticas, impresas en papel fotográfico, y entregadas una a cada procuraduría. Ya con el caso en PGR, Miranda logró posicionarlo ante los medios de comunicación.

Sobre el grotesco reto de Isabel Miranda

Hace unos días, mientras yo trabajaba en la Ciudad de México sobre los testimonios de tortura relacionados con el caso Wallace, el 5 de septiembre de 2019, específicamente, Isabel Miranda Torres lanzó en medios y redes el #RetoWallace. Ofreció un millón de pesos a una organización de beneficencia pública, para que le entregaran vivo a su hijo, después de 14 años de estar reclamando su muerte. El reto fue derivado de una información que me aportaron testigos que vieron vivo a Hugo Alberto, después de la fecha que ella dice que lo asesinaron.

Isabel Miranda Torres, promovida como “La señora Wallace”, a sus 68 años con una larga lista de denuncias formales por delitos de cohecho, detenciones arbitrarias, tortura dentro de penales federales, tráfico de influencias, falsedad en declaraciones judiciales, falsificación de documentos, secuestro en grado tentativa y amenazas, desde la administración de Vicente Fox, ha intervenido en las instancias de impartición de justicia sin tener facultad para ello, y ha comprado periodistas y medios sin ética para hacerse una carrera política y obtener lucro a través de influencias y extorsiones

No sólo mintió sobre la paternidad biológica de su hijo para sostener la prueba fabricada de una gota de sangre en la calle de Perugino número 6, departamento 4, donde supuestamente retuvieron a su hijo y lo cercenaron en un minúsculo baño; sino también se dedicó a detener de manera ilegal a ocho personas (Brenda Quevedo Cruz, Jacobo Tagle Dobín, César Freyre Morales, Juana Hilda González Lomelí, Jael Malangón Uscanga, George Khoury Layón, Albert y Tony Castillo Cruz) a quienes inculpó de la desaparición de Hugo Alberto. Las visitó a discreción en prisión federal y coordinó golpizas, violencia sexual y shocks eléctricos para que se incriminaran e incriminaran a los demás. Influyó para que detuvieran a Julieta Freyre y María Rosa Morales, familia de César Freyre, cuando fueron a visitarlo en el arraigo de donde ellas fueron aprehendidas contra Derecho. También ordenó la detención ilegal de Salomón Tagle, hermano de Jacobo, además de amenazar directamente a su madre Raquel Dobín, diciéndole que si no le entregaba a Jacobo, “lo iba a pagar su hijo Salomón”. Las últimas amenazas de custodios a sus víctimas en prisión han sido en el penal de Tapachula, Chiapas, a donde trasladaron a Albert Castillo Cruz, recientemente.

Los agentes del Ministerio Público de la Federación que han hecho posible todas estas arbitrariedades y crímenes de Isabel Miranda Torres han sido Braulio Robles Zúñiga, Fermín Ubaldo Cruz, Moisés Laris Carbajal, Lourdes López Lucho Iturbe, y Osvaldo Jiménez Juárez, los tres últimos ya fuera de la institución. Sin embargo, la fabricación del caso ha tenido la colaboración cómplice de una gran red de servidores públicos no sólo de la PGR, sino de diferentes instancias gubernamentales debido al poder económico obtenido ilegalmente por Isabel Miranda.

El 23 de mayo de 2019, en mi responsabilidad como periodista de investigación del caso, presenté ante la Fiscalía General de la República al padre biológico de Hugo Alberto Wallace, el doctor Carlos León Miranda, de 78 años, a quien se le realizaron pruebas de ADN y presentó documentos oficiales de matrimonio con Isabel Miranda en abril de 1969, en Amecameca, Estado de México. Con ello, se confirmó la fabricación de la única prueba de la que se sostenía la mentira del “caso Wallace”, ya que la gota de sangre plantada en el supuesto lugar de los hechos en realidad pertenecía a Claudia Wallace Miranda, hija biológica de Isabel Miranda y Enrique Wallace Díaz.

 

Las relaciones de Isabel Miranda y su hijo con el narcotráfico

El 4 de julio de 2019, informé también a la Fiscalía General de la República que el narcotraficante Héctor Huerta Ríos, alias “La Burra”, líder de una facción del cártel de los Beltrán Leyva, había confesado a un culpable fabricado –con quien compartía celda– que él personalmente había asesinado a Hugo Alberto Wallace Miranda. Esto habría pasado tiempo después de que Hugo Alberto se negara a entregar un cargamento de droga del mismo cártel, con el que se relacionaba en términos de tráfico y de consumo. Sólo como acotación respecto al consumo, su padre biológico y otros testigos que compartían de cerca su vida con él, confirmaron que Hugo Alberto era un consumidor consuetudinario desde temprana edad e incluso había sido internado para su rehabilitación en Oceánica, poseía armas exclusivas del ejército y tenía contacto directo con dealers en diferentes estados de la república donde se escondía.

De acuerdo con el testimonio del narcotraficante Huerta Ríos, el cuerpo habría sido enterrado en Nayarit. Y quien habría operado como intermediario del cártel de los Beltrán Leyva para que se lo entregaran a Isabel Miranda era el exfiscal Edgar Veytia, alias “El Diablo”, actualmente en prisión estadounidense por narcotráfico, con quien Miranda mantenía una relación muy cercana.

Ese mismo día que informé a la fiscalía, el 4 de julio de 2019, asesinaron a “La Burra”, y al día siguiente por la mañana, me enviaron las imágenes de su cuerpo acribillado en el auto. El asesinato se lo atribuyeron a un exmiembro del cártel de los Beltrán Leyva, quien rivalizaba con Huerta Ríos por “la plaza” de Nuevo León, desde que había sido liberado en 2018.

Esta información sólo puede ser verificada por la Fiscalía General de la República directamente con el exfiscal de Nayarit, Edgar Veytia, a través de una comunicación entre las instancias de justicia de México y Estados Unidos. También trascendió que el narcotraficante Edgar Valdez Villarreal, alias “La Barbie”, con quien varias veces vieron a Hugo Alberto, tiene información precisa de los hechos relacionados con su desaparición. Un dato que enfaticé a la fiscalía fue el que Héctor Huerta “La Burra” había sido encarcelado en marzo de 2009 y liberado en noviembre de 2018. No obstante, hubo trámites de documentos oficiales a nombre de Hugo Alberto, el 24 de febrero de 2010, con el registro de su CURP como León Miranda y como Miranda Torres, y en 2018, su registro de SAT en Hacienda estaba activo como Miranda Torres.

Mi investigación se ha enfocado en demostrar que Hugo Alberto Wallace no fue secuestrado ni asesinado por las ocho personas que están en prisión como ha sostenido Isabel Miranda. Sin embargo, este trabajo me ha llevado a seguir otras pistas de Miranda con el narcotráfico de lo que he informado a la Fiscalía General de la República.

Crédito: Los Ángeles Press

Revelé que Samuel González Ruiz, alias “El Gordo”, abogado de Isabel Miranda desde hace 14 años, había incriminado falsamente a comandantes y subprocuradores, acusándolos de narcotráfico por no responder a sus extorsiones, después de que él, como titular de la Subprocuraduría de la Unidad Especializada en Delincuencia Organizada, habría recibido 150 millones de pesos por sacar de las indagatorias del “Maxiproceso” (un expediente de casi mil páginas, de 1998) a los hermanos José Luis y Víctor Patiño Esquivel, miembros de la Policía Judicial Federal, acusados de lavado de dinero, narcotráfico y de dar protección al Cártel de Juárez. La evidencia es el propio expediente del cual Los Ángeles Press tiene copia. La exministra Olga Sánchez Cordero, siendo Juez Quinto de Distrito de Procesos Penales tuvo que girar una segunda orden de aprehensión contra ellos, después de sentenciar a los narcotraficantes Sandra Pérez Barragán y Vicente Carrillo Leyva.

La Fiscalía General de la República puede corroborar directamente esta información con testimonios y evidencias documentales de funcionarios que en ese tiempo fueron incriminados falsamente por Samuel González Ruiz y tuvieron que estar en exilio por salvar sus vidas. Uno de ellos, es el excomandante Horacio Brunt Acosta, quien fue el primero en retar a González Ruiz a someterse a pruebas de polígrafo o a cualquier protocolo de investigación a servidores públicos dentro de la fiscalía.

El verdadero #RetoWallace

El #RetoWallace es una distracción mediática más con la que Isabel Miranda y sus huestes pretenden seguir manteniendo el falso secuestro y homicidio de su hijo tal como lo ha afirmado en falsas declaraciones judiciales. Además, pretende seguir lucrando con la prisión injusta de las víctimas, a quienes con un millón de pesos no restaura ni remotamente el irreparable daño, ni a ellas ni al Estado de derecho en México.

Pero para México, el verdadero #RetoWallace es el de las autoridades para ponerle fin a una grave violación de derechos humanos que cada día perpetra el Estado con las víctimas inocentes en prisión. El verdadero #RetoWallace es actuar judicialmente contra Isabel Miranda Torres y desmontar la red de cómplices incrustados en las instituciones de gobierno. El verdadero #RetoWallace es hacer que Isabel Miranda responda por las carpetas de investigación abiertas en su contra el 11 de diciembre de 2018 y el 23 de mayo de 2019 ante la Fiscalía General de la República.

Al margen de si está vivo o muerto Hugo Alberto, se requiere la acción urgente de las autoridades contra Isabel Miranda Torres pero también contra los más de cien servidores públicos que –de una u otra forma– han sido cómplices para sostener #ElFalsoCasoWallace. De lo contrario, la simulación en la impartición de justicia impedirá el verdadero cambio de régimen bajo los principios de ética pública a los que ha convocado reiteradamente el presidente López Obrador.

Guadalupe Lizárraga

Periodista independiente. Fundadora de Los Ángeles Press, servicio digital de noticias en español en Estados Unidos sobre derechos humanos, género, política y democracia. Autora de las investigaciones en formato de libro Desaparecidas de la morgue (Editorial Casa Fuerte, 2017) y El falso caso Wallace (Casa Fuerte, 2018) ambos distribuidos por Amazon.com

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