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El Caso Wallace

El verdadero #RetoWallace: fin a la impunidad de Isabel Miranda y su red cómplice

Respuesta de la periodista Guadalupe Lizárraga al #RetoWallace lanzado por Isabel Miranda Torres

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 Guadalupe Lizárraga

México ha vivido la tortura y la fabricación de culpables de manera sistemática y generalizada desde el arribo de Vicente Fox y su equipo de policías, entre los que destacaron Eduardo Medina Mora y Genaro García Luna, hasta la administración de Enrique Peña Nieto. En los últimos veinte años, cientos de miles de personas han sido incriminadas falsamente generando con ello un extraordinario lucro del sistema carcelario con empresas privadas que lo operan y en simulación de eficiencia policial y militar en el combate a la delincuencia organizada. 

El nombre de Isabel Miranda Torres, después de sus cinco días de prisión en 1998, se forjó en este contexto, bajo la figura de “sociedad civil”, una voz acusadora del crimen en apoyo del gobierno del PAN. Sus primeras intervenciones en la SIEDO de la Procuraduría General de la República, fueron a través de su abogado Ricardo Martínez Chávez.

En ese entonces, uno de los secuestros mediáticos de los que se colgó Isabel Miranda fue el de las hermanas Ernestina Sodi y Laura Zapata, en 2002, y quien estaba a cargo de esa investigación en PGR era precisamente Martínez Chávez, a un año de haber sido incorporado como ministerio público. Detrás de ese secuestro, la información también fue manipulada y se denunciaron ciertos hechos fabricados por la Agencia Federal de Investigación (AFI), de Genaro García Luna. A partir de allí, cada secuestro con relevancia mediática –fuera por la notoriedad pública de la víctima o por manipulación informativa de la SIEDO o la AFI–, la figura de Isabel Miranda iba imponiéndose en la PGR.

Su abogado Ricardo Martínez Chávez fue designado el 10 de julio de 2005 como encargado del despacho de Secuestros, de la SIEDO, después de haber estado un par de años fuera de la institución por diferencias con un director de la AFI. El nombramiento de Martínez Chávez lo anunció formalmente en la PGR, el entonces subprocurador José Luis Santiago Vasconcelos, un día antes de la supuesta desaparición de Hugo Alberto Wallace. Para el 13 de julio, Isabel Miranda y su familia habían puesto cuatro reportes de secuestro en la Procuraduría del Distrito Federal (PGJDF), pero fue hasta el 31 de agosto que atrajo el caso la PGR, porque no había exigencia económica de acuerdo con el reporte de la AFI, del 18 de julio de 2005. Fue cuando se incorporaron las notas de rescate: dos notas idénticas, impresas en papel fotográfico, y entregadas una a cada procuraduría. Ya con el caso en PGR, Miranda logró posicionarlo ante los medios de comunicación.

Sobre el grotesco reto de Isabel Miranda

Hace unos días, mientras yo trabajaba en la Ciudad de México sobre los testimonios de tortura relacionados con el caso Wallace, el 5 de septiembre de 2019, específicamente, Isabel Miranda Torres lanzó en medios y redes el #RetoWallace. Ofreció un millón de pesos a una organización de beneficencia pública, para que le entregaran vivo a su hijo, después de 14 años de estar reclamando su muerte. El reto fue derivado de una información que me aportaron testigos que vieron vivo a Hugo Alberto, después de la fecha que ella dice que lo asesinaron.

Isabel Miranda Torres, promovida como “La señora Wallace”, a sus 68 años con una larga lista de denuncias formales por delitos de cohecho, detenciones arbitrarias, tortura dentro de penales federales, tráfico de influencias, falsedad en declaraciones judiciales, falsificación de documentos, secuestro en grado tentativa y amenazas, desde la administración de Vicente Fox, ha intervenido en las instancias de impartición de justicia sin tener facultad para ello, y ha comprado periodistas y medios sin ética para hacerse una carrera política y obtener lucro a través de influencias y extorsiones

No sólo mintió sobre la paternidad biológica de su hijo para sostener la prueba fabricada de una gota de sangre en la calle de Perugino número 6, departamento 4, donde supuestamente retuvieron a su hijo y lo cercenaron en un minúsculo baño; sino también se dedicó a detener de manera ilegal a ocho personas (Brenda Quevedo Cruz, Jacobo Tagle Dobín, César Freyre Morales, Juana Hilda González Lomelí, Jael Malangón Uscanga, George Khoury Layón, Albert y Tony Castillo Cruz) a quienes inculpó de la desaparición de Hugo Alberto. Las visitó a discreción en prisión federal y coordinó golpizas, violencia sexual y shocks eléctricos para que se incriminaran e incriminaran a los demás. Influyó para que detuvieran a Julieta Freyre y María Rosa Morales, familia de César Freyre, cuando fueron a visitarlo en el arraigo de donde ellas fueron aprehendidas contra Derecho. También ordenó la detención ilegal de Salomón Tagle, hermano de Jacobo, además de amenazar directamente a su madre Raquel Dobín, diciéndole que si no le entregaba a Jacobo, “lo iba a pagar su hijo Salomón”. Las últimas amenazas de custodios a sus víctimas en prisión han sido en el penal de Tapachula, Chiapas, a donde trasladaron a Albert Castillo Cruz, recientemente.

Los agentes del Ministerio Público de la Federación que han hecho posible todas estas arbitrariedades y crímenes de Isabel Miranda Torres han sido Braulio Robles Zúñiga, Fermín Ubaldo Cruz, Moisés Laris Carbajal, Lourdes López Lucho Iturbe, y Osvaldo Jiménez Juárez, los tres últimos ya fuera de la institución. Sin embargo, la fabricación del caso ha tenido la colaboración cómplice de una gran red de servidores públicos no sólo de la PGR, sino de diferentes instancias gubernamentales debido al poder económico obtenido ilegalmente por Isabel Miranda.

El 23 de mayo de 2019, en mi responsabilidad como periodista de investigación del caso, presenté ante la Fiscalía General de la República al padre biológico de Hugo Alberto Wallace, el doctor Carlos León Miranda, de 78 años, a quien se le realizaron pruebas de ADN y presentó documentos oficiales de matrimonio con Isabel Miranda en abril de 1969, en Amecameca, Estado de México. Con ello, se confirmó la fabricación de la única prueba de la que se sostenía la mentira del “caso Wallace”, ya que la gota de sangre plantada en el supuesto lugar de los hechos en realidad pertenecía a Claudia Wallace Miranda, hija biológica de Isabel Miranda y Enrique Wallace Díaz.

 

Las relaciones de Isabel Miranda y su hijo con el narcotráfico

El 4 de julio de 2019, informé también a la Fiscalía General de la República que el narcotraficante Héctor Huerta Ríos, alias “La Burra”, líder de una facción del cártel de los Beltrán Leyva, había confesado a un culpable fabricado –con quien compartía celda– que él personalmente había asesinado a Hugo Alberto Wallace Miranda. Esto habría pasado tiempo después de que Hugo Alberto se negara a entregar un cargamento de droga del mismo cártel, con el que se relacionaba en términos de tráfico y de consumo. Sólo como acotación respecto al consumo, su padre biológico y otros testigos que compartían de cerca su vida con él, confirmaron que Hugo Alberto era un consumidor consuetudinario desde temprana edad e incluso había sido internado para su rehabilitación en Oceánica, poseía armas exclusivas del ejército y tenía contacto directo con dealers en diferentes estados de la república donde se escondía.

De acuerdo con el testimonio del narcotraficante Huerta Ríos, el cuerpo habría sido enterrado en Nayarit. Y quien habría operado como intermediario del cártel de los Beltrán Leyva para que se lo entregaran a Isabel Miranda era el exfiscal Edgar Veytia, alias “El Diablo”, actualmente en prisión estadounidense por narcotráfico, con quien Miranda mantenía una relación muy cercana.

Ese mismo día que informé a la fiscalía, el 4 de julio de 2019, asesinaron a “La Burra”, y al día siguiente por la mañana, me enviaron las imágenes de su cuerpo acribillado en el auto. El asesinato se lo atribuyeron a un exmiembro del cártel de los Beltrán Leyva, quien rivalizaba con Huerta Ríos por “la plaza” de Nuevo León, desde que había sido liberado en 2018.

Esta información sólo puede ser verificada por la Fiscalía General de la República directamente con el exfiscal de Nayarit, Edgar Veytia, a través de una comunicación entre las instancias de justicia de México y Estados Unidos. También trascendió que el narcotraficante Edgar Valdez Villarreal, alias “La Barbie”, con quien varias veces vieron a Hugo Alberto, tiene información precisa de los hechos relacionados con su desaparición. Un dato que enfaticé a la fiscalía fue el que Héctor Huerta “La Burra” había sido encarcelado en marzo de 2009 y liberado en noviembre de 2018. No obstante, hubo trámites de documentos oficiales a nombre de Hugo Alberto, el 24 de febrero de 2010, con el registro de su CURP como León Miranda y como Miranda Torres, y en 2018, su registro de SAT en Hacienda estaba activo como Miranda Torres.

Mi investigación se ha enfocado en demostrar que Hugo Alberto Wallace no fue secuestrado ni asesinado por las ocho personas que están en prisión como ha sostenido Isabel Miranda. Sin embargo, este trabajo me ha llevado a seguir otras pistas de Miranda con el narcotráfico de lo que he informado a la Fiscalía General de la República.

Infografía: Guadalupe Lizárraga/Los Ángeles Press

 

Revelé que Samuel González Ruiz, alias “El Gordo”, abogado de Isabel Miranda desde hace 14 años, había incriminado falsamente a comandantes y subprocuradores, acusándolos de narcotráfico por no responder a sus extorsiones, después de que él, como titular de la Subprocuraduría de la Unidad Especializada en Delincuencia Organizada, habría recibido 150 millones de pesos por sacar de las indagatorias del “Maxiproceso” (un expediente de casi mil páginas, de 1998) a los hermanos José Luis y Víctor Patiño Esquivel, miembros de la Policía Judicial Federal, acusados de lavado de dinero, narcotráfico y de dar protección al Cártel de Juárez. La evidencia es el propio expediente del cual Los Ángeles Press tiene copia. La exministra Olga Sánchez Cordero, siendo Juez Quinto de Distrito de Procesos Penales tuvo que girar una segunda orden de aprehensión contra ellos, después de sentenciar a los narcotraficantes Sandra Pérez Barragán y Vicente Carrillo Leyva.

La Fiscalía General de la República puede corroborar directamente esta información con testimonios y evidencias documentales de funcionarios que en ese tiempo fueron incriminados falsamente por Samuel González Ruiz y tuvieron que estar en exilio por salvar sus vidas. Uno de ellos, es el excomandante Horacio Brunt Acosta, quien fue el primero en retar a González Ruiz a someterse a pruebas de polígrafo o a cualquier protocolo de investigación a servidores públicos dentro de la fiscalía.

El verdadero #RetoWallace

El #RetoWallace es una distracción mediática más con la que Isabel Miranda y sus huestes pretenden seguir manteniendo el falso secuestro y homicidio de su hijo tal como lo ha afirmado en falsas declaraciones judiciales. Además, pretende seguir lucrando con la prisión injusta de las víctimas, a quienes con un millón de pesos no restaura ni remotamente el irreparable daño, ni a ellas ni al Estado de derecho en México.

Pero para México, el verdadero #RetoWallace es el de las autoridades para ponerle fin a una grave violación de derechos humanos que cada día perpetra el Estado con las víctimas inocentes en prisión. El verdadero #RetoWallace es actuar judicialmente contra Isabel Miranda Torres y desmontar la red de cómplices incrustados en las instituciones de gobierno. El verdadero #RetoWallace es hacer que Isabel Miranda responda por las carpetas de investigación abiertas en su contra el 11 de diciembre de 2018 y el 23 de mayo de 2019 ante la Fiscalía General de la República.

Al margen de si está vivo o muerto Hugo Alberto, se requiere la acción urgente de las autoridades contra Isabel Miranda Torres pero también contra los más de cien servidores públicos que –de una u otra forma– han sido cómplices para sostener #ElFalsoCasoWallace. De lo contrario, la simulación en la impartición de justicia impedirá el verdadero cambio de régimen bajo los principios de ética pública a los que ha convocado reiteradamente el presidente López Obrador.

El Caso Wallace

Periodistas que colaboraron con Isabel Miranda en la incriminación de víctimas del falso caso Wallace

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Por Guadalupe Lizárraga

La exhibición mediática a personas imputadas en México ha sido una práctica de autoridades judiciales, que se intensificó desde el gobierno de Vicente Fox al de Enrique Peña Nieto. Pero ha sido Isabel Miranda Torres quien ha hecho de la violación a la presunción de inocencia su marca personal con el apoyo de periodistas colaboradores al régimen de Calderón, al haber exhibido sistemáticamente a personas inocentes como los supuestos secuestradores de su hijo.

Para el experto en periodismo judicial, Marco Lara Klahr, “la omisión y el desdén hacia el acceso a la justicia y el debido proceso de personas víctimas imputadas, hace básicamente que una persona acusada de un delito, denunciada penalmente, se convierta en culpable en la narrativa mediática”. Así ha sucedido con las víctimas del falso secuestro Wallace, y con miles de personas que fueron inculpadas con falsos testigos, pruebas fabricadas por los ministerios públicos o la confesión bajo tortura.

En entrevista para Los Ángeles Press, Lara Klahr también enfatizó que “el periodismo lo que hace es investigar para documentar periodísticamente, pero eso no significa que el resultado de su investigación tenga un carácter de cosa juzgada, es decir, el periodismo documenta para mostrar a la comunidad, pero es facultad del ministerio público investigar, coordinar la investigación, y es facultad del poder judicial determinar si una persona es inocente o culpable”.

Sin embargo, durante el mandato de Calderón, periodistas cercanos a él o a sus secretarios de Estado colaboraron con Isabel Miranda para legitimar como verdadero el falso secuestro y homicidio de Hugo Alberto Wallace Miranda, promoviendo sólo la versión de ella y de la PGR. Un par de periodistas colaboradores con el régimen calderonista, incluso reconocieron varios años más tarde que se habían fabricado pruebas, pero hasta la fecha no han corregido sus trabajos ni pedido disculpas públicas a las verdaderas víctimas.

Incluso en el actual gobierno de Andrés Manuel López Obrador, durante el 2019, la titular de la Agencia de Noticias del Estado, Notimex, Sanjuana Martínez, privilegió a Isabel Miranda Torres con varias entrevistas y videos, pese a la denuncia reiterada ante el presidente de México en su conferencia matutina de la fabricación del caso Wallace y las torturas a los inculpados Brenda Quevedo Cruz, Jacobo Tagle Dobín, Jael Malagón Uscanga, Juana Hilda González Lomelí, César Freyre Morales, Albert y Tony Castillo Cruz y George Khoury Layón.

Quiénes son estos periodistas

Icela Lagunas

Fue una de las primeras periodistas que trabajó por encargo de Isabel Miranda. Historias ficticias, víctimas inexistentes, testimonios inverosímiles fueron parte del legajo periodístico publicado en El Universal y otros medios que estimularon el ego de Isabel Miranda.

Una de las notas más espectaculares por su inverosimilitud, además de la de los atentados contra Isabel Miranda, es la de la búsqueda del cuerpo de Hugo Alberto Wallace en Morelos, donde supuestamente encontraron más víctimas de los “secuestradores”. Según los dichos de Miranda o de su reportera, las víctimas estaban amarradas, algunas enterradas y otras a punto de inyectarles droga, cuando fueron rescatadas por Isabel Miranda. En esta misma nota, en el afán de magnificar sus mentiras, Isabel Miranda y la reportera crearon escenas grotescas como la de una mujer atada a un tronco por meses, mientras la lapidaban sus victimarios (Lizárraga, Guadalupe. El Falso Caso Wallace (Spanish Edition). Amazon. Kindle Edition).

Icela Lagunas publicó también las primeras calumnias contra George Khoury Layón de manera anónima en el mismo periódico El Universal, el 16 de febrero de 2006, y después en Reporte Índigo. Con la reproducción exacta de frases que fueron plagiadas por quienes elaboraron el libro de Los señores del narco, bajo el nombre de Anabel Hernández, destacando en un pie de página a Icela Lagunas por su “extenso trabajo de investigación periodística” de 2006 a 2010. Así también fue con César Freyre, a quien presentó como líder de la banda de secuestradores.

Ciro Gómez Leyva

Desde 2006, Ciro Gómez Leyva sabía que el hijo de Isabel Miranda, Hugo Alberto Wallace Miranda, no era hijo legítimo de José Enrique Wallace Díaz. Esta información que se reservó desde entonces en complicidad con Isabel Miranda trascendería 13 años después con la presentación en el Senado de la república del padre biológico de Hugo, el doctor Carlos León Miranda.

La relevancia del hecho radica en la fabricación de la prueba de ADN por agentes del Ministerio Público de la entonces SIEDO-PGR, la cual fue a través de una gota de sangre plantada en el departamento donde supuestamente ocurrieron los hechos. De acuerdo con el peritaje, la correspondencia biológica era con José Enrique Wallace Díaz e Isabel Miranda Torres, pero de cromosomas femeninos.

Dos de los testigos que vieron e interactuaron con Hugo Alberto después de la fecha de la supuesta muerte, fueron su amiga y vecina Laura Domínguez Santillán y el investigador José Luis Moya, quienes informaron directamente al periodista Ciro Gómez Leyva de las evidencias de vida de Hugo Alberto.

Hasta la fecha, Gómez Leyva ha seguido el invariable guion de Isabel Miranda, y por años ha promovido información falsa sobre estadísticas de secuestros que manipula Miranda para la extorsión de gobernadores y fiscales, a través de su asociación Alto al secuestro.

Joaquín López Dóriga

En los primeros días de enero de 2007, el conductor de Televisa, Joaquín López Dóriga difundió la detención arbitraria de Jael Malagón Uscanga. Lo presentó como “parte de la banda que secuestró y asesinó al empresario Hugo Alberto Wallace”. Y enfatizó que tenía un “amplio historial delictivo”, acusándolo de robo, narcotráfico, fraude y secuestro.

López Dóriga, ese día, exhibió un video de la detención de Jael Malagón, Víctor Mendoza García y René Aníbal Silva Ruiz, y su reportero Jesús Cárdenas Jiménez se refirió a ellos como cómplices de César Freyre. López Dóriga, en su comentario de introducción, señaló que la detención era parte de los “operativos” en Presidente Mazarick,  en Polanco.

Hasta la fecha, el periodista no ha rectificado la información falsa sobre Jael Malagón, y sin embargo sigue dando voz a Isabel Miranda, incluso en temas de seguridad pública, junto al fiscal Alejandro Gertz Manero.

Ricardo Raphael

Durante más de 12 años, Ricardo Raphael promovió la versión de Isabel Miranda de Wallace sobre el falso secuestro de su hijo. En 2008, utilizando un medio público (Canal Once), fue parte de la falsa acusación a las víctimas, y en 2012, en El Universal hacía campaña por la candidatura de Miranda a la jefatura de gobierno de la CDMX por el Partido de Acción Nacional.

Para finales de noviembre de 2018, Ricardo Raphael se daba por enterado de la fabricación del secuestro de Hugo Alberto, al leer el libro El falso caso Wallace, de Guadalupe Lizárraga. Es así como intentó realizar un debate entre la autora y Miranda. No obstante, la periodista se negó a enfrentar a su agresora, puesto que había intentado secuestrarla en dos ocasiones, pero accedió a la entrevista en Canal Once.

Cuatro meses después, en abril de 2019, Ricardo Raphael salió a los medios adjudicándose la investigación como propia y simulando un enfrentamiento con Isabel Miranda. Esto propició la división de los familiares de las víctimas a quienes manipuló con promesas no cumplidas para que firmaran una carta pública pidiendo a la periodista que permitiera el plagio para no poner en riesgo a sus hijos y que desistiera de exhibirlo en redes sociales por su falta de honestidad periodística.

Ricardo Raphael, además de manipular la información sobre familiares de César Freyre y testigos del padre biológico de Hugo Alberto Wallace, el doctor Carlos León Miranda, pretendía impedir que éste diera su testimonio en el Senado de la república con la senadora Nestora Salgado, el 29 de abril de 2019, y lo llamó “pederasta” por haber tenido un hijo con su prima Isabel Miranda a los 18 años.

Anabel Hernández

En 2009, Anabel Hernández recibió expedientes fabricados por la PGR, bajo la administración de Eduardo Medina Mora, inculpando a César Freyre, George Khoury Layón, Juana Hilda González Lomelí y a Jacobo Tagle Dobín.

Para noviembre de 2010, Hernández publicaba su libro Los señores del narco, en los que difamaba y calumniaba a las víctimas de Isabel Miranda como narcotraficantes, secuestradores y extorsionadores, entre otros calificativos, y daba por hecho el falso secuestro de Hugo Alberto Wallace.

Uno de los inculpados más calumniados por Anabel Hernández fue el empresario George Khoury Layón, quien en carta dirigida a la periodista le recordó su promesa de “contar la verdad cuando él obtuviera su reconocimiento de inocencia” después de que ella lo visitara en el Reclusorio Oriente, en 2012, para pedirle disculpas por las difamaciones e información falsa que había publicado sobre él. Sin embargo, Khoury obtuvo su reconocimiento de inocencia por parte de la ONU en septiembre de 2017, y ratificado en 2019, sin que la periodista hasta la fecha haya corregido sus libros.

En mayo de 2012 presentó el libro México en llamas, en CDMX, y ante la audiencia por la compañía del periodista José Reveles, Anabel Hernández puso en duda -por primera vez, en público- el caso Wallace, pero no rectificó sus calumnias contra las víctimas, de quienes reiteraba su confesión y participación en los supuestos hechos (Location 3725, Hernández, 2012), en franca contradicción con uno de los capítulos dedicados a Brenda Quevedo.

Un año después, 2013, pese a la promesa a Khoury Layón de corregir su libro, editaba Narcoland, en inglés, en Estados Unidos, reiterando las calumnias y la información falsa. En mayo de 2014, escribió un artículo en la revista Proceso sobre dos de las tres actas de nacimiento que tiene Hugo Alberto Wallace, y posteriormente abandonó el caso bajo la justificación de ser demandada por Isabel Miranda, lo cual nunca sucedió.

Carmen Aristegui

Carmen Aristegui se suma a legitimar la historia del caso Wallace en junio de 2010, video subido a Youtube en 2011, cuando entrevistó a Isabel Miranda y a Martín Moreno, en CNN. En el programa se dirigió a Isabel Miranda como “heroína”, “alguien a quien México quiere mucho” y destacó como actos dignos de aplauso las detenciones ilegales emprendidas por Isabel Miranda, junto con ministerios públicos encabezados por Braulio Robles Zúñiga, el mismo que coordinó las torturas de las víctimas.

Durante el programa, Aristegui proyectó el rostro de Brenda Quevedo, Jacobo Tagle, Juana Hilda González y César Freyre Morales. Los llamó secuestradores, sin ningún miramiento, en tanto felicitaba a Miranda por su libro El caso Wallace y sus capturas contra derecho.

En octubre de 2020, Aristegui abrió el micrófono por primera vez a Enriqueta Cruz, madre de Brenda Quevedo, a raíz de la opinión de la ONU, que solicita al Estado mexicano la libertad inmediata de Brenda por la larga prisión preventiva y las torturas sufridas. Aristegui inicia su programa sin ninguna disculpa a la madre por haber tratado a su hija de secuestradora ni por los años que le negó la voz; al contrario, es la madre quien agradeció a la destacada conductora de los tiempos de Calderón y dijo: “es un honor, Carmen, estar aquí contigo”. Más aún, hasta la fecha Aristegui mantiene en “modo oculto” el video de la entrevista a Enriqueta Cruz, lo cual impide su amplia difusión.

Martín Moreno

Martín Moreno fue la pluma pagada por Isabel Miranda para publicar su libro El caso Wallace, prologado por ella misma. Con un cúmulo de mentiras dramatiza los supuestos hechos y denigra la dignidad de las víctimas.

Moreno no muestra el menor esfuerzo investigativo como periodista, sino que convierte la maraña de mentiras de Isabel Miranda en una herramienta incriminatoria contra las víctimas, por medio de injurias y calumnias, bajo el sello editorial Aguilar.

 

Sanjuana Martínez

Actual directora de Notimex, pesa sobre ella su propia promesa incumplida de impulsar un periodismo libre y crítico en la agencia de noticias del Estado durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Hasta la fecha no ha dado voz a ninguna de las víctimas de Isabel Miranda, pese al cúmulo de pruebas judiciales contra Isabel Miranda, largas prisiones preventivas de los inculpados en violación flagrante de la Constitución mexicana, protocolos de Estambul y el reconocimiento de inocencia de la ONU a George Khoury Layón y la opinión de libertad en favor de Brenda Quevedo Cruz.

El 29 de marzo de 2019, Sanjuana Martínez fue parte de la censura en la mañanera por la denuncia de la periodista Guadalupe Lizárraga ante el presidente López Obrador, y también responsable de la edición cortada del video del canal de Youtube, de Notimex. El corte del video solo fue al fragmento de la denuncia contra Miranda.

Un mes después, Martínez difundió cinco notas favoreciendo a Isabel Miranda en las que exigía audiencia al presidente López Obrador, y una entrevista en la que calumnia a la periodista Guadalupe Lizárraga y de nueva cuenta a las víctimas del caso Wallace. No obstante, Martínez fue una de las promotoras también de la candidatura de Isabel Miranda a la jefatura de gobierno de la CDMX, en 2012.

 

Lista no exhaustiva de la difusión pagada en los medios

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El Caso Wallace

FGR determina no ejercicio de acción penal contra Isabel Miranda pese a evidencias

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Por Guadalupe Lizárraga

El equipo de investigación y litigación de la Fiscalía General de la República, bajo la administración de Alejandro Gertz Manero, determinó el “no ejercicio de la acción penal” contra Isabel Miranda Torres, denunciada en diciembre de 2018, por fabricación de pruebas, falsedad de declaraciones judiciales, tortura y secuestro en grado tentativa.

Con el oficio número FEIDT-EIL-II-001/2020, el agente del Ministerio Público Juan Diego Chávez Aguirre, respondió a la denuncia que se integró en la carpeta de investigación FEIDT/SEIDF/UEIDT-CDMX/0000840/2019, interpuesta por la periodista Guadalupe Lizárraga en contra de Isabel Miranda Torres, José Enrique Wallace Díaz y el agente de SEIDO Braulio Robles Zúñiga. En su respuesta, Chávez Aguirre, se abocó a la acusación de la prueba fabricada de ADN por medio de una gota de sangre plantada en el supuesto lugar del asesinato y desmembramiento de Hugo Alberto Wallace.

Al respecto, la conclusión del perito profesional Ejecutivo “B” en Genética Forense de la Coordinación de Servicios Periciales, Mario Alberto Bernal López, sostuvo que “existe coincidencia genética con los perfiles genéticos ingresados con los nombres de José Enrique Wallace Díaz y Carlos León Miranda, siendo el mismo perfil genético, por lo tanto ambos tienen el mismo origen biológico”.

El ministerio público Chávez Aguirre alegó en el documento que la falsedad de declaración judicial había prescrito en 2012, y con respecto a los delitos de tortura, los dictámenes en el caso de Brenda Quevedo Cruz (realizado el 6 de junio de 2011), el de César Freyre Morales (realizado el 4 de noviembre de 2015), y el de Juana Hilda González Lomelí (realizado el 15 de noviembre de 2018) habían dado resultados negativos y también operaba la figura de la prescripción.

Sin embargo, el abogado Víctor Caballero, activista de derechos humanos, a la pregunta de Los Ángeles Press, sobre el tema de tortura, señaló que “la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado en dos momentos, en 2018 y 2019, que el delito de tortura no prescribe. Si bien la tortura sexual es una conducta específica, y también encuadra en el catálogo de los delitos sexuales, dependiendo de cómo se dio esa tortura”.

En relación a las denuncias de secuestro en grado tentativa contra la periodista, en noviembre de 2016 y en febrero de 2018, así como el allanamiento de su morada en febrero de 2019 y las denuncias de amenazas proferidas por la diputada federal María de los Ángeles Huerta del Río para que no mencionara el nombre de Isabel Miranda en el foro sobre Fabricación de culpables realizado el 5 y 6 de noviembre de 2018, el Ministerio Público eludió la investigación de estos hechos sin dar respuesta a la denunciante.

No es la primera vez que la autoridad fiscal determina no ejercer acción penal contra Isabel Miranda por la fabricación del secuestro de su hijo y los atropellos a las víctimas para que se incriminaran. En el registro documental de la notificación a la periodista Guadalupe Lizárraga se destacaron las denuncias contra Miranda y el agente Braulio Robles Zúñiga, en 2011 y 2015, bajo las identificaciones 433/UEIDAPLE/DT/38/2015 y 233/UEIDAPLE/LE/12/2010, las cuales también determinaron las autoridades no ejercer ninguna sanción, pese a que los delitos de tortura eran recientes, siendo octubre de 2010, tanto en el caso de Brenda Quevedo Cruz como en el de César Freyre Morales.

 

Fragmento notificación FGR.

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El Caso Wallace

Expareja de Hugo Alberto Wallace confirma que en 2005 no fue secuestrado ni asesinado

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Por Guadalupe Lizárraga

Claudia Patricia Muñoz Acosta, madre de una segunda hija de Hugo Alberto Wallace Miranda, confirmó ante la audiencia de Milenio TV, que habló por teléfono con él todavía en 2007, tal como se ha revelado desde mayo de 2014, en Los Ángeles Press. Su testimonio ante la televisión mexicana es otra prueba más del falso secuestro y homicidio contra Wallace tal como lo ha sostenido Isabel Miranda Torres, desde el 11 de julio de 2005, y por el que ocho personas inocentes llevan 14 años en prisión.

La expareja sentimental de Hugo Wallace dijo que se había ido a vivir a Estados Unidos por presión de Isabel Miranda Torres, madre de Hugo Alberto, por la existencia de la primera hija, Andrea Isabel, de 25 años, quien tiene problemas congénitos en la columna vertebral y requería la atención del padre.

Incluso señaló que Isabel Miranda había interferido para evitar que Hugo Alberto registrara a su hija con el apellido Wallace, y que lo había hecho en Coyoacán, delegación donde vivía, con el apellido de su padrastro.

Muñoz Acosta también señaló haber tenido a su hija a los 28 años, pero que conocía a Hugo desde los 14, porque había sido su maestro de Inglés. Sin embargo, precisó que su hija no tenía 13 años como lo había publicado Los Ángeles Press, la semana pasada, sino 18.

Las contradicciones de Muñoz

Entre las declaraciones hechas en Milenio, Claudia Patricia Muñoz Acosta dijo que no había hablado con la periodista Guadalupe Lizárraga. Sin embargo, aceptó haberle dejado un mensaje privado en su red. En el mensaje se lee que Muñoz Acosta contactó a la periodista, le reveló la existencia de su hija, producto de una relación de “muchos años”, y concluye que vive en Oklahoma City y escribe su número de teléfono.

La periodista, en julio de 2019, recibió la llamada de Carlos León Miranda, padre biológico de Hugo Alberto Wallace, quien le confirmó que efectivamente tenía una segunda nieta, de acuerdo con la conversación telefónica que había sostenido con Muñoz Acosta.

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