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Con voz propia

El derecho a cambiar de opinión

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López obrador sostuvo que con la guardia nacional cambió de opinión

 

TRAS BAMBALINAS  

Por Jorge Octavio Ochoa

El pasado 9 de septiembre apareció en Twitter un panfleto, presuntamente de la Guardia Nacional, que mueve a preocupación. Advierte que “La ciudadanía digital es tarea de todas y todos”; que los comentarios o publicaciones pueden afectar a alguien.

“Convive y comunícate sin faltar el respeto a los demás”, dice el folleto, que concluye con algo más que una advertencia:

“Recuerda que tus acciones en el mundo virtual pueden tener consecuencias en la vida real”.

De esta forma se inaugura la entrada en vigor de las reformas que transfieren el control de la Guardia Nacional (GN) al fuero del Ejército. Es un mensaje funesto, que pronto tendrá que aclarar en su mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador.

De por sí ha crecido el descontento de los 30 millones de mexicanos que votamos por él, con la esperanza de un cambio y el fin de la corrupción del PRI.

Este libelo, llena de preocupación a los que no estamos de acuerdo con el régimen y que también tenemos derecho a “cambiar de opinión”.

Para leer más del autor: ¿Qué hay detrás de la revocación de mandato? 

Aquel que en 2017 decía “¡No a la militarización!”, hoy nos deja con un palmo de narices, abriendo las puertas de regreso de los militares al poder.  

Técnicamente, las policías municipales desaparecerán. Será la Guardia Nacional, desde el centro de la Federación, la que coordine el contraataque.

El PRI se quedó corto con su pretendida Ley de Seguridad Interior. López Obrador ha entregado a la SEDENA más poder, recursos económicos y control financiero.

El pueblo, que hoy reprocha los “Abrazos, no balazos”, dentro de poco podría temblar por los excesos en pueblos y comunidades.

El tridente del diablo: Prisión Preventiva Oficiosa, Criterio de Oportunidad y Militarización está en ristre. La guerra de Felipe Calderón tendrá su 2ª temporada.

Será la Guardia Nacional, “con disciplina, con profesionalismo, honestidad y mando militar”, la que se hará cargo de la seguridad pública, en coordinación con los gobiernos estatales y municipales”, palabra de AMLO.

El lunes 5 de septiembre del 2022, pasará a los anales como la fecha en que López Obrador traicionó su palabra. “Cambiar de opinión” no fue de sabios. Fue una farsa, una mentira perversa, urdida para ganar votos y nada más.

No te pierdas: La distopía que viene o nada que festejar en septiembre, la columna de Jorge Octavio Ochoa

Por eso, ¿por qué la amenaza si la opinión de los mexicanos cambia? Es muy probable que venga ahora la manipulación, la censura y la reacción.

Está en todo su derecho a cambiar de opinión pero ¿en serio tardó 5 años para darse cuenta de la gravedad del problema?

AMLO ha pasado por encima de la Constitución y de las leyes. Ése será su legado. La ONU, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y diversos organismos de carácter mundial ya hoy le reprochan.

Por toda respuesta, él declara: «Estoy sintiendo, percibiendo, de que estamos domando el problema de la inseguridad y de la violencia”, como si se tratara simplemente de un acto de fe.

La Mentira

López Obrador mintió todo el tiempo. En 2017, Peña Nieto suspendió la entrada en vigor de la Ley de Seguridad Interior hasta que la SCJN calificara su constitucionalidad, en medio de una ola de opiniones negativas.

Un año más tarde, en el 2018, fue derogada tras la campaña de las huestes de López Obrador que, apoyados por colectivos ciudadanos, organizaciones de derechos humanos, y por la propia ONU, la consideró peligrosa para el país.

Con pancartas guindas, salieron a las calles para decir que esa Ley pretendía la militarización del país y conculcaba los derechos de:

  • Acceso a la información,
  • Libertad de expresión,
  • Libertad de reunión
  • Libertad de asociación
  • Privacidad
  • Protección de datos personales.

Concluyeron que la presencia permanente de estas fuerzas militares podría generar un efecto amedrentador en la ciudadanía y la echaron abajo.

Hoy, el discurso es exactamente al revés y los morenistas hacen malabares y pirotecnias verbales para acoplarse a las órdenes de un líder que ha traicionado su palabra.

Pero resulta que hoy, sólo él tiene derecho a cambiar de opinión y los demás tenemos que aceptarlo ciegamente.

El agua tibia

Como el perro que persigue su cola, López Obrador vino a dar vueltas en círculos para llegar al mismo diagnóstico: sólo el Ejército puede enfrentar a los criminales.

El problema es que habrá daños colaterales. La ciudadanía, los civiles, son quienes pagarán los costos y los excesos que puedan cometer los militares.

El diagnóstico es el mismo, pero no es la forma que se deseaba para el combate al crimen organizado. Dar tanto poder a las fuerzas castrenses, sólo abre apetitos y espacios que se creían clausurados.

Lo cierto es que, insistimos, desde hace más de 30 años, la penetración del narco y crimen organizado en las estructuras de poder es ya escandalosa.

Los gobiernos municipales en amplias regiones del país han sido controlados por cárteles de la droga que aplican el terror para asentarse.

No existe institución alguna, salvo las Fuerzas Armadas, que pueda enfrentarse en igualdad de condiciones a las bandas criminales, que además mueven enormes cantidades de dinero para sobornar, comprar a todo el que se cruce en su paso.

Sin embargo, el problema de fondo sigue siendo el mismo: corrupción. Y el gobierno de López Obrador está lejos, muy lejos de haberlo combatido.

Las tranzas de Segalmex, el hilo de la madeja 

Entrado al cuarto año de gobierno, el círculo cercano del presidente de México está plagado de versiones de corrupción. Los casos más sonados en estos momentos son: Segalmex y Bimex, sobre los que la 4T no ha podido responder.

El primero es emblemático, porque involucra a un funcionario que hace años estuvo indiciado por actos de corrupción similares en la desaparecida Conasupo, hoy Segalmex. Se trata de Ignacio Ovalle, exjefe de López Obrador.

Lo más delicado es que en las investigaciones se habla de triangulación de recursos y lavado de dinero vinculados a la empresa Libre Abordo, en favor de un altísimo personaje de Venezuela.

En las carpetas se habla de la carencia de reglas de operación en Segalmex, lo que permitió un manejo discrecional de recursos y la creación de una red de proveedores que mediante adjudicaciones directas obtuvo contratos multimillonarios sin supervisión.

Se menciona insistentemente a un personaje: René Gavira Segreste, como el cerebro de las transacciones en Segalmex a través de Liconsa.

Lee más: Militarización, terrorismo y el uso politiquero de la desgracia

La secretaria de Energía, Rocío Nahle, es mencionada también en presuntas relaciones con empresas como Gravas del Sureste o Diza Soluciones de Oficina, en las que aparecen algunos de sus familiares como beneficiarios de contratos.

También hay un cúmulo de versiones no aclaradas, ni desmentidas, sobre nexos de altos miembros del gabinete con el narcotráfico, en operaciones de lavado de dinero a través de una notaría en Tabasco.

Igualmente se dice que Emma Coronel, esposa de El Chapo, confirmó durante su proceso en los Estados Unidos, que su marido financió tres campañas políticas de MORENA a través de un alto funcionario de gobierno que es perseguido en aquel país.

Quizá por ello la preocupación del presidente mexicano, quien ha solicitado reunirse con Antony Blinken, durante la próxima visita que realizará éste a nuestro país. Los temas del narcotráfico y seguridad estarán en la mesa, anticipó el gobierno de Estados Unidos.

En resumen, así como el presidente decidió cambiar de opinión con respecto a la militarización en México, ahora viene a caer en la cuenta de que sus proyectos estelares no funcionarán en el corto plazo.

Necesita medidas extraordinarias para mantener el control y la sumisión de propios y extraños. Por eso la mayor presencia de las Fuerzas Armadas en todo el país. México lindo y querido ¿por quién doblarán mañana las campanas?

 

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Con voz propia

En el Zócalo de Ciudad de México, las falanges ‘marxistas’

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TRAS BAMBALINAS

Por Jorge Octavio Ochoa

En una pugna simbólica y mediática, partidarios y adversarios se trenzaron este fin de semana en una inútil lucha de cifras. Unos y otros aseguran haber conjuntado en la Ciudad de México, más de medio millón de personas el 26 de febrero y el 18 de marzo.

Al margen de quién tenga la razón, lo único inobjetable e irrebatible, es que el país está profundamente dividido. Lejos de la reconciliación, esas masas ahí aglutinadas, lo único que reflejan es un futuro aciago para los mexicanos.

Parecen gloriosos ambos mítines: la sociedad politizada acude sin temor. Pero el futuro es opaco y sumamente preocupante por el tufo autoritario. “Está asegurada la continuidad”, frase central de un discurso retórico y sin sustento. Además del dedazo, vendrá la imposición del proyecto.

Sea cual sea la corcholata ganadora en el 2024, ésta obedecerá las órdenes que vengan desde Tabasco, apalancadas por el apoyo inefable del Ejército.

La inversión populista de recursos continuará, aunque no tenga reservas. Se irá a barriles sin fondo, que no devolverán ganancia alguna. La imposición de una nueva clase política más voraz está en camino. Por eso llamó a sus fanáticos a votar “por todo”, para tener mayorías absolutas, incontestables.

La pobreza crece, junto con la violencia. No hay orden legal y nuestras juventudes se asesinan entre sí, porque sí, porque la SEP está más preocupada en ideologizar.

La división es manifiesta, evidente. A unas horas de la “Gran Fiesta Patriótica”, la familia Cárdenas marcó su distancia con Andrés Manuel López Obrador.

Lo mismo hicieron, desde hace dos años, los familiares de Emiliano Zapata. El presidente los traicionó y permitió la construcción de una presa con la que no estaban de acuerdo. La ausencia de los Cárdenas y de los Zapata es el gran vacío, que pega en la columna vertebral de un cuerpo sin moral, como el de la 4T.

Ése es el panorama con el que entra al último año de gobierno López Obrador, perseguido por fantasmas del pasado que hoy reviven. Conasupo es hoy Segalmex, con un mismo sujeto: Ignacio Ovalle, al que hoy defiende el primer mandatario, así como protegió a un presunto violador como Félix Salgado Macedonio, o como resguarda a una delincuente, Delfina Gómez.

La muerte de más de 700 mil mexicanos, muchos de ellos por una pandemia que fue mal enfrentada, según los especialistas, será otro de los espectros que lo seguirán hasta Macuspana.

Tarde o temprano el país reconocerá como verdad el informe sobre los privilegios que tuvo la familia presidencial durante la mortandad. Para ellos, sí, Remdesivir.

Es la tormenta perfecta, que se puede convertir en maremoto, si se descontrola el sistema financiero internacional, quiebran bancos y esas masas confrontadas no encuentran una guía pacífica.

Las buenas intenciones y el apoyo a los pobres podrían convertirse en una pesadilla descomunal. Más aún cuando están bañadas de populismo. No hay dinero que alcance y el Banco del Bienestar está bajo sospecha como lavadero de dinero.

El sábado 18 de marzo vimos, entre otras cosas, el despliegue de algunos de los más de 23 mil Servidores de la Nación que engrosan la nómina de la Secretaría de Bienestar. Claro, la mayoría convencidos de su participación, ¡Nada más eso faltaba! Todos ellos significan un presupuesto superior a los tres mil millones de pesos al año. Por eso acudieron gustosos a arremolinarse ahí.

¿Servidores o siervos?

Los cuadros de estos servidores se componen de:

  • 18 mil 894 enlaces, desplegados en todo el país, con un sueldo de 8 mil 482 pesos mensuales.
  • 3 mil 736 trabajadores administrativos.
  • 252 directores regionales, que reciben 50 mil 158 pesos mensuales.
  • 32 delegados estatales o “superdelegados”. Ganan 87 mil 998 pesos al mes.

Hasta hace poco, el jefe de todos ellos era Gabriel García Hernández, coordinador Nacional de Programas Integrales de Desarrollo. Cercano al presidente AMLO, desde 2006.

Durante la elección de 2018, García Hernández fue responsable de desplegar una estructura partidista a favor de López Obrador; afiliar militantes a Morena y supervisar las asambleas municipales.

Es bajo esta descomunal estructura, que se expande la bonhomía del presidente de la República, convertido en moderno Robin Hood, que le quita el dinero a los ricos y clases medias para dárselo a los pobres, aunque algunos hayan muerto.

Por ello es por lo que resulta muy sospechoso el presunto robo de 136 millones de pesos a los Bancos del Bienestar hace unos días, cuando todavía no tiene ni estructura de verdadera institución financiera.

Es en medio de esas incongruencias, que ocurre esta nueva concentración. Lázaro Cárdenas Batel presentó su renunció el 17 de marzo, poco después de la confrontación de López Obrador con el ingeniero, su padre. AMLO decidió darla a conocer un día antes de la expropiación petrolera, para dañar lo menos posible “su fiesta”.

Fue una doble afrenta, pero ni todas las marchas o mítines del mundo podrán borrar el agravio al hijo del general, el Tata Cárdenas, al que también adoraba el pueblo hace 85 años.

No, no hay comparación alguna entre aquella gesta y lo que ocurre ahora. En aquel episodio histórico, la gente más humilde llevó al Zócalo sus pertenencias, sus animalitos, para ayudar con el pago de la deuda al vecino país. El pasado sábado 18 de marzo, hasta con 200 pesitos acarrearon a la gente. Otros, tenían que asistir, para no perder el trabajo.

Pero también hay los Solovinos, como les dijo una vez López Obrador, que fueron con toda la convicción y el corazón. Ojalá no los traicione también.

Lo peor fue el performance que algunos seguidores de AMLO escenificaron: la quema de un monigote que alude a la ministra Norma Piña, presidenta de la Suprema Corte. Como si no viviéramos en un país donde frecuentemente se lincha a víctimas inocentes, el discurso presidencial alienta este tipo de manifestaciones.

La ministra presidenta de la SCJN, Norma Piña. Foto: red.

En un país tan dividido, impulsar el odio hará más peligroso el año próximo. Más aún ante las asechanzas de los vecinos del norte. Este domingo, mandaron una misión diplomática, compuesta de legisladores y encabezada por el embajador Ken Salazar, para aclarar algunas paradas, no sólo sobre el narco.

Se supo, que México ha concesionado a Estados Unidos la terminal marítima de Punta Venado, en Quintana Roo, hasta el 2037. ¿En qué régimen se otorgó? ¿Por qué no lo sabíamos?

Sin embargo, nos enteramos el domingo que dichas instalaciones fueron requisadas por la Marina y la policía estatal, lo que desató el enojo del gobierno y Congreso de aquel país.

De esto, López Obrador no nos dijo nada ayer en su maratónico discurso de una hora. De hecho, frenó toda alusión antiyanqui. Evitó desatar el patrioterismo, para no enemistarse más con los gringos. Pero ahora tiene que explicar ¿Cómo pedirá la unidad de los mexicanos, incluso de aquellos a los que nos ha insultado por participar en manifestaciones que él no organiza?

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Con voz propia

Las cadenas de oración como política pública en Perú

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Religión y vida pública

Uno de los efectos, inevitables pero posiblemente inesperados de las crisis, es que revelan los aspectos más sórdidos, más contradictorios, del comportamiento de las personas, los grupos e incluso de las instituciones públicas. En ese sentido, la profunda crisis política en Perú no ha sido especialmente distinta de las que ocurren en la actualidad en otros países de América Latina. La diferencia, si la hay, es que en Perú la crisis política se ha conjugado con otras crisis igualmente graves. Como en el resto de América Latina, están los efectos de la pandemia de coronavirus que hizo estragos en los sistemas de salud de la región, afectados cada uno por cualquier cantidad de insuficiencias y fallas en el diseño y en la operación de las instituciones de salud, así como por la corrupción.

Incluso se podría agregar en el caso de Perú, Argentina, México y Chile, el componente de la violencia generada a veces por grupos de narcotraficantes y a veces por otras organizaciones criminales. En Argentina, por ejemplo, ha sido especialmente grave el ataque en Rosario al Supermercado Único, propiedad de la familia de Antonella Rocuzzo, la esposa de Lionel Messi, el astro de la recientemente coronada selección nacional de futbol de ese país, fue objeto de ataques muy violentos que sacudieron a la opinión pública argentina. La situación es tan grave que el gobierno federal, al estilo de las autoridades mexicanas y colombianas, anunció que el Ejército participaría en los operativos de seguridad, lo que ha provocado amargos intercambios entre los actores políticos de aquel país. Sin embargo, en Perú se ha agregado un cuarto elemento a la crisis: las brutales inundaciones que han devastado, como siempre es el caso, las zonas más pobres de las regiones afectadas por esos fenómenos.

La ribera del río Chillón en Lima, 16 de marzo de 2023

Fue notable que, ante la realidad creada por ese cuarto elemento de crisis, el recién electo alcalde de Lima, la capital de Perú, Rafael López Aliaga, hiciera una serie de declaraciones en las que, además de culpar a todos los gobiernos previos por la magnitud de la crisis de inundaciones en la capital peruana, también aseguró que, además de no dormir, había cumplido con sus responsabilidades como alcalde de la capital más antigua de América del Sur, al promover y participar de una serie de “cadenas de oración” cuyo objetivo—según López Aliaga—era el de que las lluvias se movieran fuera de la zona metropolitana de Lima.

Una de las cosas más notables de esa declaración de López Aliaga es la manera en que su equipo de comunicación en la capital peruana usó una combinación de medios tradicionales y de mensajes en redes sociales para hacer de las “cadenas de oración” un elemento clave de su respuesta a las violentas, en más de un sentido, devastadoras inundaciones. Acá se puede ver la manera en que algunos de los medios peruanos, Radio Exitosa en este caso, informó que López Aliaga aprovechó una reunión con miembros del congreso y luego con funcionarios del gobierno nacional peruano, incluida la presidenta Dina Boluarte, para anunciar su “cadena de oración”. Horas después, cuando el huracán Yaku finalmente cayó sobre Lima y su zona metropolitana, con los efectos que ya todos conocemos, la reacción de López Aliaga fue la de atribuirse el curso que siguió ese fenómeno natural como un resultado de la “cadena de oración” que había promovido.

Es claro que cuando tenemos problemas no está de más invocar la ayuda de Dios o lo que sea en lo que cada persona cree. Es claro, además, que a diferencia de México donde hay una cierta tradición secularista que busca aislar a la política de la religión, en Perú no existen esas limitaciones. El Estado se declara abiertamente confesional, católico de manera más precisa y hay distintos puntos de contacto entre la religión y política en todos los niveles del gobierno de aquel país.

Sin embargo, el problema con lo dicho por López Aliaga es que, en un sentido, a pesar de que las autoridades nacionales peruanas advirtieron de la llegada de Yaku, él y su equipo parecían desestimar los efectos de ese huracán. Dada la manera en que reaccionaron, uno podría asumir que estaban listos, pues no se prepararon refugios, ni equipos que eventualmente pudieran rescatar a personas o grupos que se vieran aislados por las lluvias torrenciales.

Tampoco se tuvo el cuidado de limitar el tráfico de vehículos en las calles donde se sabía, por la historia de inundaciones previas, había mayores probabilidades de que hubiera problemas. Lejos de ello, se le apostó desde el inicio a la “cadena de oración” como respuesta de política pública. Incluso una semana después de que López Aliaga hiciera alarde del poder de su oraciones, llamó “intolerantes” a quienes le criticaron por la manera en que actuó como principal responsable de la seguridad de las personas que viven en Lima.

Que López Aliaga llame a otras personas “intolerantes” eleva la situación a otro nivel. Si algo le ha ganado fama pública al ahora alcalde de Lima no ha sido su disposición a ser tolerante. Más bien todo lo contrario. El alcalde se distingue, entre otras cosas, por su participación en la prelatura del Opus Dei, una estructura creada por Josemaría Escrivá de Balaguer durante los prolegómenos de la Guerra Civil española (1936-9), que se caracteriza por presumir de ser “estricta” en su comprensión y práctica del catolicismo.

Rafael López Aliaga durante su campaña presidencial de 2021. Tomada de Wikipedia.

No es posible reconstruir acá las notas características del catolicismo según el Opus Dei, pero es notablemente intolerante incluso con otros católicos que no comparten con la prelatura su manera de entender la realidad, el mundo e incluso la doctrina del catolicismo. Rechaza cualquier crítica a la Iglesia y ello les ha llevado, en más de una ocasión, a defender a notables depredadores sexuales. En Chile, por ejemplo, fueron miembros de la prelatura en aquel país quienes financiaron la defensa civil y canónica de Fernando Karadima, el superdepredador sexual. No sólo eso. Cuando Karadima todavía celebraba misas con público, se veía a estos miembros o simpatizantes de la prelatura, en las bancas de la parroquia del Sagrado Corazón en Providencia, una de las zonas más hermosas y ricas de Santiago de Chile.

López Aliaga lleva varios años tratando de ganar notoriedad y cargos de elección popular en Perú. Luego de ser regidor en el ayuntamiento de Lima a principios de siglo, se convirtió en uno de los líderes nacionales de Renovación Popular, organización con vínculos formales e informales de diversa naturaleza con el así llamado Sodalicio de Vida Cristiana, una “orden” religiosa del catolicismo nacida en Perú que, como la Legión de Cristo en México o el Instituto del Verbo Encarnado en Argentina, presume también de ser “estricta” en su comprensión de la doctrina católica y, como esas dos organizaciones, ha visto a varios de sus miembros enfrentar acusaciones por abuso sexual.

Los vínculos del alcalde de Lima con el Sodalicio de Vida Cristiana son tan profundos, que su compañera de fórmula en la elección presidencial de 2021 fue Neldy Mendoza, quien presume ser especialista en distintas disciplinas, aunque nunca ha acreditado esas capacidades. A pesar de las críticas que enfrenta por esas actitudes, es invitada frecuente a las actividades públicas de los grupos que forman parte del Sodalicio, por lo que observadores de la vida pública peruana la cuentan entre sus miembros o, por lo menos, sus simpatizantes. Y es que, como suele suceder con el Opus Dei y otras organizaciones “estrictas” del catolicismo, la pertenencia a esos grupos suele ser tratada como una suerte de secreto de Estado por las organizaciones y sus miembros.

López Aliaga, además, presume ser un político “provida”. No es claro cuántas personas habrían muerto en Lima por las inundaciones. Se sabe que hay un saldo de cinco personas que perdieron la vida por los efectos de Yaku, pero es difícil saber si todos vivían o murieron en Lima. En todo caso, lo que demostró López Aliaga es la fragilidad del discurso “provida” que caracteriza al Opus Dei y a grupos similares en el espectro de las derechas de América Latina. Se dicen contrarios al aborto, pero no parecen preocuparse por los efectos de desastres que podrían prevenirse o evitarse del todo para evitar la muerte de personas inocentes.

En la elección presidencial de 2021, en la que ganó Pedro Castillo en la segunda vuelta, el ahora alcalde de Lima fue abanderado del Partido Renovación Popular. Como tal, se hizo de poco menos del doce por ciento del voto en la primera vuelta. En la segunda vuelta, aunque no hubo un acuerdo formal para transferir votos, en los hechos sus electores apoyaron a Keiko Fujimori luego de que, en mayo de 2021 López Aliaga anunciara que él votaría por la hija del expresidente.

Un aspecto que no debe soslayarse de los llamados de López Aliaga a enfrentar los efectos de Yaku con una cadena de oración es que, a lo largo de los últimos 20 años, el ahora alcalde ha tratado de presentarse como un promotor de gobiernos racionales, eficaces, que operen a partir de criterios empresariales y no de criterios o preferencias políticas. En un sentido, esa posición choca con la de quien se abandona a lo que para algunos podría ser la “voluntad de Dios” pero, para otros, podría ser la expresión del descuido, del desaseo y la irresponsabilidad. En otro sentido, él está lejos de actuar con criterios racionales o eficaces, como lo demuestra este episodio.

López Aliaga se hizo del cargo que ahora ostenta, por cierto, con menos del 30 por ciento del voto de los limeños. Sólo 26 de cada 100 votaron por él. Fue así gracias al pésimo diseño de las leyes electorales peruanas que, aunque exigen una segunda vuelta en las presidenciales, permiten que una persona como López Aliaga, conocido por sus excesos verbales contra quienes no piensan o actúan como él incluso dentro de la Iglesia Católica, ocupen el cargo a pesar de no haber ganado la elección con algún margen que garantice que representa a los electores.

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La desinformación, la gran estafa de la opinión publicada

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«Argumentando el bien común, nos someten a la desinformación más conveniente al poder»: analista

Por Alberto Vila

Cada vez se presta más atención al fenómeno de la desinformación qué opera como una gran manipulación de conductas políticas, sociales y económicas, de grandes colectivos sociales. El uso del falseamiento de informes, la proliferación de las mentiras intencionadas para favorecer a los intereses de los propietarios de los medios, son la expresión frecuente desinformativa. La desinformación sobre la guerra de Ucrania es un caso de censura informativa en el espacio OTAN.

Estas conclusiones sobre la desinformación partieron de los datos de un informe que la Universidad de Princeton publicó recientemente y que detectó que los adultos mayores tienen más probabilidades de compartir noticias falsas. En ese estudio los investigadores estadounidenses identificaron el aumento de usuarios hombres y mujeres de más de 65 años en Facebook y concluyeron que en esa red social los usuarios de mayor edad compartieron más del doble de artículos de noticias falsas que el grupo de edad más próximo, los de 45 a 65 años, y casi siete veces más que el grupo de edad más joven, de 18 a 29 años.

El efecto que tiene la información falsa sobre las empresas y la economía en general es enorme. Las audiencias tienden a ser receptivas a las noticias falsas. El control hegemónico de los grupos mediáticos facilita tal situación. Inclusive esos medios dicen actuar de fact-checking, de la información publicada. En cualquier caso, se verifica poco quién las fabrica y con qué motivos. Cómo combatir actualmente la desinformación, es la batalla que se libra en el mercado de los mensajes difundidos.

Sin razón aparente, el 29 de marzo de 2018, las acciones de Amazon bajaron un 5%, lo que equivale a la pérdida de 60.000 millones de dólares en valoración. Pero siempre existe un motivo para que una cotización baje tan repentinamente. Puede ser, simplemente, una percepción o una realidad, pero cuando hay un descenso de esta magnitud, significa que el mercado espera “algo”, y, en este caso, era una acción del Gobierno Federal Americano en contra de la compañía. El presidente Trump había usado su medio de comunicación preferido, Twitter, para quejarse de que Amazon no pagaba impuestos estatales ni locales, usaba el servicio de correos como su “chico de los recados”, causándole grandes pérdidas, y, además, era responsable de la quiebra de miles de comercios. Sin haberlo dicho explícitamente, el mercado de valores esperaba que la administración Trump actuara en contra de la empresa.

En Argentina, un grupo de investigadores, de Proyecto Desconfío y del Centro de Estudios sobre Medios y Sociedad (MESO), que trabaja para combatir el impacto de la desinformación en medios y redes sociales detectó que los adultos mayores de 60 años son los más afectados por las campañas de noticias falsas que circulan a través de WhatsApp. El consumo de mensajes engañosos y el desconocimiento de recursos para poder detectarlos motivó un estudio de campo con el fin de alertar sobre las consecuencias de la desinformación en esta población adulta y a aportar herramientas para poder combatirla.

En sus orígenes, la verificación de hechos era un proceso interno de los medios de comunicación que consistía en la revisión de los datos y los hechos de una noticia antes de su publicación. Los actores encargados de verificar eran los periodistas, que tenían que salir al exterior a buscar la noticia y tenían las herramientas y los conocimientos para identificar información falsa o engañosa. El paradigma cambia radicalmente con la llegada de internet. Este nuevo canal amplía el acceso a la información y permite al usuario generar y difundir sus propios contenidos, lo que abre las puertas a la infoxicación. El exceso de información y la llegada de múltiples canales por dónde difundirla, como son las redes sociales y la mensajería instantánea, entre otros, provoca una crisis de confianza hacia los periodistas, que redefine el ejercicio del fact-checking.

La infoxicación y los múltiples canales de difusión hacen que los periodistas no lleguen a todo. Los fact checkers actúan de manera reactiva desmintiendo hechos e información que ya circula en internet, pero nunca opiniones personales. Así pues, el fact-checking, tal como lo entendemos hoy, es un producto de la era digital. En 1994 nace en Estados Unidos Snopes, la primera plataforma de verificaciones en línea que aparece con el objetivo de validar y desmentir mitos, rumores y leyendas urbanas que circulaban por internet. La evolución de las falsedades en medios no ha hecho más que agravarse.

España es el escenario de imperios mediáticos que, a cualquier precio, sostienen el relato oficial de una monarquía directa heredera del franquismo. Para eso, argumentando el bien común, nos someten a la desinformación más conveniente al poder. Aquí, la tarea de los fact-checkers o verificadores es esencial en la era del exceso informativo y las redes sociales, pero para que la misión de acabar con la información falsa se cumpla, es necesario que cualquier ciudadano, alfabetizado digitalmente, sepa identificar este tipo de contenidos sin caer en falsedades o engaños.

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El autor es economista  y analista político, experto en comunicación institucional.

Este artículo se publicó originalmente en elobrero.es

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