Connect with us

Investigaciones

El crimen organizado desde el gobierno: desaparición forzada y ejecución del periodista Alfredo Jiménez Mota

Published

on

caso jimenez mota
  • Unas 40 personas vinculadas a organizaciones policiales y de gobierno  participaron en el crimen contra el periodista

Por Guadalupe Lizárraga

El sábado 2 de abril del año 2005, en Hermosillo, Sonora, fue desaparecido el periodista Alfredo Jiménez Mota, de 25 años, originario de Empalme; reportero que investigaba el tráfico de drogas y el crimen organizado para el periódico local El Imparcial.

Fue una de las primeras víctimas contra la libertad de prensa bajo el gobierno federal del PAN, encabezado por Vicente Fox, en la llamada guerra contra el narcotráfico, y durante el gobierno estatal del PRI, bajo el mandato de Eduardo Bours Castelo.

En ese año, tres meses antes, Jiménez Mota había publicado un artículo titulado “Los Tres Caballeros”, en referencia a los hermanos Beltrán Leyva que lideraban el trasiego de la droga con la participación de autoridades de los diferentes niveles de gobierno y el grupo delictivo “Los Números o Los Güeritos”, bajo el liderazgo de Raúl Enríquez Parra. La información publicada en el libro El Cártel Incómodo, de José Reveles en 2009, y en diferentes medios, especifica que el artículo de Jiménez Mota se basaba -aparentemente- en un informe del CISEN, que seguía las pistas de los Beltrán y su relación con el alcalde de Cajeme, Ricardo Bours Castelo, a quien le decían “El jefe”.

Incluso, la revista Proceso, en enero de 2007, publicó que la desaparición del periodista Jiménez Mota había sido ordenada para evitar que publicara “unas grabaciones de llamadas telefónicas que esperaba recibir, en las que se exponían los vínculos entre Roberto Tapia Chan, director de la Policía Judicial del Estado; Raúl Enríquez Parra, jefe de la banda de Los Güeritos o Los Números —asesinado en octubre de 2005— y Ricardo Bours Castelo, hermano del entonces gobernador de Sonora, el priista Eduardo Bours Castelo”.

Después de 17 años y 22 líneas de investigación sobre este crimen que generó una fuerte presión internacional a México, en la información pública se destaca que la desaparición del periodista fue una desaparición forzada por la participación de manera directa e indirecta de servidores públicos que desempeñaban funciones dentro de la extinta Procuraduría General de la República (PGR) bajo la gestión como delegado de Carlos Albert Herrera Flores, quien tuvo a su mando durante nueve meses al subdelegado Raúl Fernando Rojas Galván. Pero también de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) bajo la gestión de Abel Murrieta Gutiérrez, y su subalterno Roberto Tapia Chan.

Raúl Fernando Rojas Galván, persona de interés

En el expediente judicial PGR/SIEDO/UEIS/177/2005, Raúl Fernando Rojas Galván aparece como la persona con quien se comunicó por última vez con Alfredo Jiménez Mota, a las 23:04 del sábado 2 de abril de 2005, según el registro de llamadas en la línea telefónica del periodista, por lo que el funcionario fue señalado como uno de los sospechosos del crimen “por haberle filtrado información”, y se le pidió su renuncia el 4 de mayo de 2005. Para el 7 de junio de ese mismo año, sin embargo, José Luis Santiago Vasconcelos, entonces titular de la SIEDO, dijo que Rojas Galván había sido trasladado a las oficinas centrales de la PGR.

Durante los siguientes años a fechas recientes, Rojas Galván ha estado activo como servidor público, sin declaraciones patrimoniales. En 2015 y 2016, como agente del Ministerio Público, adscrito a la Fiscalía de Robo con Violencia y Cuantía Mayor de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, enfrentó una serie demandas, y en 2020 se amparó jurídicamente contra la evaluación del Centro de Control y Confianza del Estado de México, un organismo gubernamental que evalúa en capacidad, confianza y análisis toxicológicos a servidores públicos interesados en incorporarse a organismos de seguridad pública.

Hasta la fecha, Rojas Galván no aparece como ‘persona de interés’ en el caso Jiménez Mota, y su impunidad se ha garantizado, pese a los múltiples señalamientos de medios, periodistas y evidencias documentales publicados a lo largo de 17 años, y de haber sido la última llamada telefónica en las pocas horas de vida que le quedaban al periodista de Sonora.

Andrés Montoya García, persona de interés

De acuerdo con una de las líneas de investigación, Andrés Montoya García, quien en 2005 se desempeñaba como subdirector del Sistema Estatal Penitenciario fue la última persona en ver con vida al reportero Alfredo Jiménez Mota. Sin embargo, en su declaración ministerial solo afirma que habló con el periodista sobre el caso de David Garzón Anguiano, «El estudiante» que estaba próximo a su liberación, y que lo dejó en Soriana. Serían pasadas las 10 de la noche. Posterior a ello, el periodista tuvo la llamada de Raúl Fernando Rojas Galván.

El sitio digital Proyecto Impunidad, especifica que el 2 de abril de 2005, Alfredo Jiménez Mota se retiró del diario El Imparcial a las 8:45 p.m. “Desde su casa llamó a su colega Shaila Rosagel. Quedaron en encontrase más tarde, en torno a las 10 de la noche, pero antes vería a uno de sus ‘contactos’, el subdirector general del Sistema Estatal Penitenciario de Sonora, Andrés Montoya García”. El encuentro se llevó a cabo, según lo confirmado por el funcionario y en su declaración ministerial sostuvo “que dejó al periodista en un supermercado y éste le habría comentado que tenía que ver a otro contacto”.

No obstante, resulta inverosímil que el periodista de investigación se reuniera en un sábado por la noche, sin precaución y después de haber sido perseguido, para hablar con un funcionario responsable de las cárceles solo de «un tema del que ya había escrito en el periódico», tal como lo atestiguó su compañera Sheila Rosagel. Pero para la instancia investigadora del caso, el solo dicho del funcionario fue suficiente para no indagar más.

Pese a ser señalado reiteradamente como persona de interés en el crimen contra el periodista, Montoya García siguió escalando en su carrera política y jurídica, y ocupó cargos de asesor del gobierno municipal, actuario, secretario de Acuerdos, hasta llegar a la Secretaría General del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sonora.

En enero de 2018, se postuló sin éxito a la presidencia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Sonora, y en septiembre 2021, su aspiración se enfocó en la dirección de Seguridad Pública Municipal, en Hermosillo, pero fue también fue descalificado por el Cabildo al considerar que no cumplía el perfil para ocupar el cargo.

Sin embargo, el camino de su hermano fue más trágico. José Antonio Montoya García, alias El Montoyita, agente de la Policía Judicial del Estado, quien había sido señalado como autor material del “levantón” del periodista Alfredo Jiménez Mota e incluso de haber participado en su ejecución fue asesinado el 7  de septiembre de 2006.

 

La red judicial para silenciar al periodista

El Montoyita había utilizado vehículos oficiales de la Policía Judicial del Estado para perpetrar la detención ilegal de Alfredo Jiménez Mota. El único momento en que pudo ocurrir este “levantón” por parte del agente José Antonio Montoya, fue en el lugar donde lo dejó su hermano Andrés Montoya, en el supermercado, debido que el siguiente punto donde pararía el periodista sería en el bar, con sus colegas que lo esperaban. En ese ínter se registró la llamada entre Alfredo y el subdelegado de la PGR Fernando Rojas Galván, a las 23:04 horas. Y de allí fue privado de su libertad.

Junto con José Antonio Montoya García, de la misma corporación policial, fueron identificados el comandante Ramón Valle Simentel detenido en  una narco fiesta en la comunidad de El Tobarito en junio de 2004, quien desde 2003 estaba al frente de la Policía Judicial del Estado en la base de Empalme.

También estaba el comandante Juan Gabriel Vázquez Nido, quien ya había sido detenido en un punto de revisión militar en Potam por miembros de la SEDENA tras ser sorprendido en una unidad oficial transportando una fuerte suma de dinero en dólares americanos en compañía de un civil, donde ambos iban armados.

Así mismo, Pedro Emigdio Córdova Herrera, alias “El Pachi”, quien había sido ascendido como jefe de grupo de la Policía Estatal Investigadora, acribillado en Hermosillo, el 17 de mayo de 2007. Meses antes, en septiembre de 2006, ya había sufrido un atentado del que solo tuvo una herida en la espalda.

En los medios locales, trascendía que el mismo jefe policial Córdova Herrera se ostentaba de ser compadre de Daniel Irene Enríquez Parra, alias El 15, ejecutado en Tijuana, Baja California, en enero de 2005, integrante del grupo Los Números o Los Güeritos. Otros tres agentes que habrían participado eran Saúl Orduño, Benito Sánchez Lara y Julio Gutiérrez, ejecutados en Cajeme.

De acuerdo con la información recogida, todos ellos servían al mismo grupo “Los Números o Los Güeritos”, y habrían participado en el traslado del periodista Jiménez Mota a una pista entre las comunidades de San Pedro El Saucito y el municipio de Ures, donde firmaba como jefe de grupo de la PJE el comandante Juan Gabriel Vázquez Nido.

Según declaraciones en el expediente, este comandante fue quien se encargó de subir al periodista a una aeronave para su traslado a un rancho en las inmediaciones de San Bernardo, Álamos, donde según testimonios fue torturado y posteriormente llevado a Ciudad Obregón, donde habría sido sepultado clandestinamente.

Los mandos

Abel Murrieta Gutiérrez, asesinado el 13 de mayo de 2021, fue el titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado durante el sexenio de Eduardo Bours Castelo, periodo en el que se perpetró el crimen contra el periodista. Su subalterno era Roberto Tapia Chan, director de la entonces Policía Judicial del Estado, junto con el comandante Manuel Ángel Barrios Macario, subjefe de la corporación, quien hasta el 23 de julio de 2021 ostentaba el mando, desde la Dirección General de la hoy llamada Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC).

Roberto Tapia Chan ha sido reiteradamente mencionado de estar relacionado con el narcotráfico y con la desaparición del periodista. Incluso, siendo director de la Policía Estatal Preventiva, fue señalado por las hermanas Elvia y Johana Palma Morquecho, dos mujeres que estuvieron secuestradas, según su denuncia, por el mismo grupo de Los Números.

Pero desde el año de 1991, cuando Tapia Chan era director de Averiguaciones Previas de la PGJE, ya se mencionaba de su protección al narcotráfico por intervenir en expedientes judiciales, junto con uno de los entonces subprocuradores Carlos Castillo Ortega.

Para 1996, siendo Director de Seguridad Publica en Navojoa, se le identificó en la protección de narcotraficantes y se le responsabilizó en el crecimiento de la delincuencia local.

Una nueva mención de su nombre fue en el documento del CISEN, en el que basó la información Jiménez Mota y alude a la protección que daba a la organización de los Beltrán Leyva –en ese tiempo todavía socios del Chapo Guzmán y parte del Cártel de Sinaloa–  por parte de los gobiernos locales.

“Los hermanos Beltrán Leyva han operado bajo la protección de autoridades de los tres niveles de gobierno. Destacan los funcionarios incluidos en la administración estatal que inició actividades el 13 de septiembre de 2003, que en el pasado fueron asociados con el crimen organizado, como Roberto Tapia Chan, (ex) director de la Policía Judicial del Estado (PJE), y Abel Murrieta Gutiérrez, subprocurador de Averiguaciones Previas de la Procuraduría General del Estado (actual procurador)…

“Quienes en el pasado coexistieron dentro de la PGJE y en diferentes tiempos fueron los responsables de la seguridad pública en Ciudad Obregón, Cajeme, Sonora, ayuntamiento en donde se reagruparon en el año 2000 siendo presidente municipal Ricardo Robinson Bours Castelo, hermano del hoy gobernador José Eduardo Robinson Bours Castelo…”.

La carta y otras confesiones

En varios blogs de noticias sobre narcotráfico en Sonora y en el libro El Cártel Incómodo, del periodista José Reveles, se reproduce el testimonio de Saúl García Gaxiola, a quien menciona por la coincidencia de apellidos y origen como probable hermano del comandante Rodolfo García Gaxiola, exdelegado de la Policía Judicial Federal, acribillado en 1998, en Ciudad Obregón.

En el testimonio de la carta se describe el recorrido de los victimarios del periodista, las torturas y finalmente su asesinato; así como la participación de al menos 40 personas nombrados por sus alias o sus nombres completos, en su mayoría miembros de una organización policial.

Otra denuncia fue la del teniente Jesús Francisco Ayala Valenzuela, presentada el 17 de enero de 2007, en contra de Luis Octavio Gastelúm Villegas, de los oficiales de la policía judicial Ricardo Tapia Chan y Pedro Córdova Herrera, del fiscal Abel Murrieta y de Ricardo Bours Castelo, hermano del ex gobernador de Sonora, Eduardo Robinson Bours. Fueron mencionados como autores intelectuales del secuestro de Alfredo Jiménez Mota. De inmediato, fue desacreditado por el propio exgobernador y dijo que era una campaña negra contra su gobierno. Pero un mes después, los medios de la región replicaban el 21 de mayo de 2007,  que miembros del 73 Batallón de Infantería de la IV Zona Militar habían incautado 136 paquetes en bolsas de plástico con cocaína y 11 con cristal, en una revisión realizada en el Precos de Benjamín Hill a un camión de Transportes Refrigerados Maciza, que transportaba pollos Bachoco, propiedad del exgobernador.

Los nombres y apellidos que daba Ayala Valenzuela sobre los presuntos responsables del crimen contra Alfredo Jiménez Mota, volvían a ser los mismos que ignoraba la PGR, bajo la gestión de Eduardo Medina Mora, quien hablaba con Bours para acordar sobre los retenes de su mercancía.

Con la ventaja que da el tiempo, hoy se sabe que desde 2001, Eduardo Medina Mora y Genaro García Luna, ya estaban trabajando con el narcotráfico, mientras se simulaba el combate.

El 2000 y otros números

En la carta-denuncia entregada al exgobernador Eduardo Bours, por parte de Saúl García Gaxiola, se alude al “Señor 2000”, como uno de los principales mandos de la organización criminal Los Números y de los Beltrán Leyva. Se trata de Francisco Hernández García, alias El 2000, El Panchillo o el Chapito Hernández, quien -según la fuente- organizaba, coordinaba y dirigía a la mayoría del personal reclutado de entre las filas de las corporaciones policiales.

Fue detenido el 4 de noviembre de 2011, y desde entonces se encuentra preso en un centro de detención federal por crímenes de delincuencia organizada, pero se presume que él podría aportar datos precisos para la localización del cuerpo del periodista, porque era parte principal de la cadena de mando en la perpetración de este crimen.

Sobre el grupo criminal de Los Números o Los Güeritos, se mencionan a Raúl Enríquez Parra alias El 9, líder del grupo, asesinado el 22 de octubre de 2005. De su hermano, Ildefonso Enríquez Parra, alias el 10, existe registro judicial de que un mes antes de la desaparición del periodista Alfredo Jiménez Mota, tramitó un amparo indirecto, con el número de expediente 852/2005, en contra del Secretario de la Defensa Nacional, Gerardo Clemente Ricardo Vega García, en el Juzgado Séptimo de Distrito del estado de Sonora en Quinto Circuito. Por una parte, corre la información de que reside en Denver, Colorado, pero el sitio digital Border Reporter, asegura que fue secuestrado por policías federales en 2007, y ya no salió con vida. Daniel Irene Enríquez Parra alias El 15, como se mencionó líneas arriba, fue ejecutado en enero de 2005, en Tijuana, Baja California.

Con respecto a Wilfredo Enríquez Parra, alias El 11, Border Reporter, señala que es el único hermano de Los Güeritos que “quedó vivo y libre” y radica en Estados Unidos. Wilfrido también tramitó un amparo indirecto, meses después del crimen contra el periodista bajo el número 854/2005, promovido en contra del subprocurador de Averiguaciones Previas, de la Policía Judicial del Estado, en Hermosillo, Sonora, en el Juzgado Octavo de Distrito. El proceso había sido iniciado el 26 de septiembre de 2005.

La organización tenía como persona de confianza o principal brazo ejecutor a Wenceslao Terán Anaya, alias El 24, El Tecate o El Cheyas. Fue señalado como la persona responsable de haber recibido en su casa de Villa Itson, a los policías que llevaban al periodista, donde lo estuvieron interrogando y torturando hasta su muerte para después sepultarlo de manera clandestina.

«Subimos al periodista a una Sonora blanca trasladándolo en compañía de nosotros a la Villa Itson, a la casa del Cheyas. Las calles no me es posible recordar ya que no estoy familiarizado con ellas. En este domicilio 10 estuvieron interrogándolo. El Chapito Montoya le preguntaba el nombre de la persona que le daba información de Raúl Parra Enríquez (o Enríquez Parra alias el Nueve), y él solamente contestaba que le llegaba información anónima.» José Reveles, El Cartel Incómodo, Ramdon House, 2009.

El Cheyas tenía bajo su mando a Rey David Armendáriz González, alias El Charo, quien tenía su domicilio en la Colonia Francisco Villa, en Navojoa, Sonora. Traía su propio grupo de jóvenes para secuestrar y ejecutar a miembros de grupos rivales de la ciudad, entre los que fueron identificados Luis Parra Cruz, alias El Borrego, radicado en Phoenix, Arizona; José Darey Castro Borbón, artista musical del género grupero radicado en Los Ángeles, California, y su tío Romel Castro Trasviña. Todos mencionados en las diferentes líneas de investigación sobre la desaparición de Alfredo Jiménez Mota.

De los miembros de las corporaciones policiales la mayoría han sido asesinados. Solo quedan cuatro nombres de relevancia y en completa impunidad: Raúl Fernando Rojas Galván, Andrés Montoya García, Roberto Tapia Chan y “el jefe” Ricardo Bours Castelo.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.

Fabricación de culpables

Quiénes torturaron a Israel Vallarta Cisneros

Published

on

By

Agentes de la AFI y hasta el reportero Pablo Reinah están entre los torturadores de Israel Vallarta

Los Ángeles Press

El caso de Israel Vallarta volvió a destacar en los medios y redes sociales luego de que el documental de Netflix, ‘El caso Cassez-Vallarta. Una novela criminal’, exhibiera el montaje y la fabricación de delitos que le hicieron a ambos personajes por parte del sistema de procuración de justicia mexicano.

Además de la fabricación de delitos y la exhibición mediática como secuestrador, Israel Vallarta Cisneros, quien se encuentra en prisión preventiva por más de 17 años, fue torturado y violado sexualmente en su detención, de acuerdo con los resultados del protocolo de Estambul publicado en Los Ángeles Press y las entrevistas a los peritos médicos hechas por la periodista Guadalupe Lizárraga.

Sin embargo, el caso se ha empantanado en el debate mediático debido a la perspectiva difundida por el corporativo de entretenimiento, y han quedado en el rezago judicial las denuncias contra los perpetradores de las torturas mencionados en el protocolo de Estambul.

Para saber más del tema: Netflix viola derecho de presunción de inocencia a Jacobo Tagle y protege a victimario de Israel Vallarta

Aquí la lista de los perpetradores:

Luis Cárdenas Palomino

Ex agente de la desaparecida Agencia Federal de Investigaciones y mano derecha de Genaro García Luna. Fue mencionado en 59 ocasiones por Israel Vallarta en su protocolo de Estambul identificándolo como su principal torturador. Cárdenas Palomino fue titular de Seguridad Regional y coordinador de Inteligencia para la Prevención del Delito en la Secretaría de Seguridad Pública Federal e incluso torturó a Vallarta frente a las cámaras de Televisa cuando se transmitió el montaje de su captura junto con Florence Cassez.

 

Pablo Reinah

El ex reportero de Televisa fue acusado por Israel Vallarta, mediante un testimonio que ventiló la periodista Emmanuelle Steels, de haberlo golpeado. Pablo Reinah también fue mencionado en el protocolo de Estambul como una de las personas que fue incitada por el propio Cárdenas Palomino para golpearlo, y previo al montaje televisivo propinó bofetadas a Vallarta.

Eduardo Cuauhtémoc Margolis Sobol

Empresario de Tecnología de Inteligencia y seguridad privada fue mencionado 22 veces en el protocolo de Estambul de Israel Vallarta, por haber intervenido directamente en las torturas a Israel propinándole patadas «una tras otra» y “con intensidad”. Según este documento oficial ordenado por el Consejo Federal de la Judicatura, «probablemente propinó (estas) patadas (que fueron) muy distintas a las que le realizaron los (integrantes de la) AFI«. Margolis ha sido denunciado también de ordenar las detenciones arbitrarias y tortura a George Khoury Layón por vía del expolicía federal Porfirio Javier Sánchez Mendoza, del mismo grupo de Cárdenas Palomino.

La editora recomienda: Tortura, secuestro y espionaje, vínculo Margolis con casos Israel Vallarta, George Khoury y Wallace

 

María Isabel Hernández Arzate, alias «Comandante Libra»

La ex comandante del área de secuestros de la AFI es acusada de violar sexualmente a Israel Vallarta con un tolete, además de darle golpes con un palo de escoba en la planta de los pies, torturarlo por aplastamiento, y de violencia verbal para su humillación. «Le introduce un palo por el ano, mientras le aplican corriente eléctrica en los testículos», se lee en una parte del protocolo de Estambul. Sin embargo, hasta este momento se desconoce alguna acción penal en su contra.

Israel Zaragoza Rico

Maestro de Derecho penal, con cédula Número: 9024565, obtenida en 2015. Intervino en la tortura de Israel Vallarta, bajo órdenes de Francisco Javier Garza Palacios, y presenció con burlas la violación sexual. En 2006, Zaragoza Rico fue nombrado director del área de Secuestros de la Agencia Federal de Investigaciones, bajo la dependencia de la Procuraduría General de la República al mando de Eduardo Medina Mora. En 2011, fue nombrado coordinador regional de la Policía Federal en el estado de México.

Recibió órdenes de uno de los agentes de la AFI de golpear, amenazar e intimidar a Vallarta. Después de intervenir en la golpiza, «(Realizó) burlas al presenciar la violación», se añade en otra parte del informe.

Francisco Javier Garza Palacios

Licenciado en Derecho por la UNAM, con cédula cédula número 4109671, era director de Operaciones Especiales de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) en 2005 cuando intervino en la tortura de Israel Vallarta. Luego ocupó el cargo de coordinador regional de la Policía Federal en Sonora y fue separado del cargo en 2007 tras permitir el paso de un convoy de sicarios del Cártel de Sinaloa con el que se le relacionó. Tras el enfrentamiento, García Luna lo incorporó a la Secretaría de Seguridad Pública en Colombia. En 2008 regresó a México para responder a investigaciones de la SIEDO por presuntos vínculos con el narcotráfico. Fue quien ordenó a Israel Zaragoza Rico intensificar la tortura a Vallarta.

Lee más: Eduardo Margolis, de empresario de Seguridad a redentor justiciero y vengativo

José Aburto Pazos

Con cargo de suboficial, fue uno de los cuatro agentes de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) que ingresaron al domicilio donde se realizó el montaje televisivo para la captura de Israel Vallarta y Florence Cassez. Ha sido comisario de la Policía Federal en San Luis Potosí, a partir de 2005.

Germán Ovidio Zabaleta Abad

Este hombre identificado como agente de la AFI es mencionado en el protocolo de Estambul de Israel Vallarta de haberlo torturado por «aplastamiento al sentársele encima” y de «burlarse al presenciar (su) violación». Enfrenta demandas por la empresa Transportes Unidos Castañeda en su cargo de subinspector, en 2018.

José Luis Escalona Aldama

Licenciado en Derecho, con Cédula Número: 9219813, por la UAEM, intervino directamente en la tortura de Israel Vallarta. En el protocolo de Estambul se menciona como responsable de haberle propinado una «golpiza con un objeto contundente, (le hizo) aplicación de corriente eléctrica y provocación de asfixia».

Además, dicho informe señala que hay otros siete perpetradores de tortura a Israel Vallarta observados que no han sido identificados con sus nombres.

 

Continue Reading

Con voz propia

El precio de la mentira: el caso Cassez-Vallarta

Published

on

By

¿Cuánto puede dañar una mentira?, se pregunta Xavier Sánchez sobre el caso Cassez-Vallarta

Uno no puede ponerse del lado
de quienes hacen la historia,
sino al servicio de quienes la padecen

Albert Camus

Por Xavier Sánchez

¿Cuánto nos cuesta, como individuos y sociedad, la mentira? ¿Cuánto nos cuesta, como país, un gobierno que miente, un gobierno que viola los derechos humanos de unos, fingiendo proteger los de otros?

¿Beneficia a alguien la farsa, que no sea a sus creadores? ¿Conviene el montaje considerando la inversión de recursos económicos, intelectuales y humanos que requiere sostenerlo? ¿Por qué hemos normalizado la mentira como únicos modus vivendi operandi posibles de nuestra clase política y del Poder Judicial mexicano, como si no hubiera otra opción?

Es inevitable cuestionar y cuestionarse al terminar de leer El teatro del engaño(Grijalbo, 2015), de la periodista belga Emmanuelle Steels, quien decidió descorrer y desgarrar el negro velo frío de una de las «verdades históricas» más infames del docenio panista.

Noveleta negra que inició en el sexenio de Vicente Fox y que enarboló con gran orgullo Felipe Calderón, la administración que vestía azul y terminó empapada de rojo sangre, con más de 120 mil muertos, aunque hay quienes calcularon 150 mil.

Te puede interesar: Netflix viola derecho de presunción de inocencia a Jacobo Tagle y protege a victimario de Israel Vallarta

 

Ese mismo gobierno que convirtió el cuerno de la abundancia en el cuerno del diablo, en la tierra de las narcofosas, las desapariciones forzadas, los desplazados, las narcomantas, las ejecuciones extrajudiciales, y en el que los carteles del narcotráfico arrasaron municipios enteros. Violencia extrema que no ha dejado de aumentar –en números y en saña– desde entonces.

Recuerdo vagamente el inicio del caso Cassez-Vallarta, que este libro desmitifica de cabo a rabo. No recuerdo porque, aquel viernes 9 de diciembre de 2005, estaba viendo la televisión cuando el matutino de Carlos Loret de Mola (Primero noticias, se llamaba entonces) transmitió en vivo la «detención» de la francesa Florence Cassez y su novio Israel Vallarta, de quienes entonces los mexicanos no teníamos idea y que no imaginábamos que se convertirían en los protagonistas de un linchamiento mediático, que duraría más de seis años. Mientras vi esa detención no noté nada extraño. Creía, como la mayoría de los mexicanos, en las historietas que Noticieros Televisa nos presentaba como verdad.

Prácticamente ningún medio de comunicación se quedó fuera de ese gran teatro del engaño. En los periódicos, reportajes, columnas, artículos de opinión, entrevistas, crónicas, primeras planas. En la televisión, notas, reportajes.

Una y otra vez la misma narrativa, la versión oficial que la mayoría creímos. Un guion con el que medios y autoridades se engolosinaron, añadiéndole detalles, adjetivos, escenas, diálogos.

Era como un fresco, un mural al que no se cansaron de agregarle colores, para convertirlo en un thriller dantesco, melodramático, que enturbió las aguas de la verdad y la justicia. Lo suficientemente impactante para indignar, lo suficientemente repetido y publicitado para creerlo al pie de la letra, al mejor estilo goebbeliano: «Una mentira repetida mil veces se convierte en verdad».

Una «malvada» pareja de secuestradores (Florence Cassez e Israel Vallarta), líderes de una nebulosa banda llamada «Los Zodiaco» habían sido detenidos, en un operativo emitido en vivo por el duopolio televisivo.

La editora recomienda: Eduardo Margolis, de empresario de Seguridad a redentor justiciero y vengativo

 

Sádicos, codiciosos, torturadores. Villanos dignos de las páginas más negras de la prensa roja. Las presuntas víctimas del supuesto secuestro, principalmente un joven llamado Ezequiel, contando en televisión una y otra vez su secuestro, siempre acompañado por Isabel Miranda de Wallace, ya entonces convertida en la «activista» favorita del calderonismo.

¡Oh, truhanes! ¿Cómo han podido hacer tanto daño? ¡Sí, que paguen sus crímenes! ¡Castigo, castigo, que nunca salgan de la cárcel! ¡Hoguera para estos monstruos! El público gritaba ávido de una justicia que casi nunca llega a los mexicanos, absortos en una especie de catarsis como en las condenas de la Edad Media.

Se señaló a Cassez y Vallarta como torturadores, pero poco o nada dijeron los medios de esa época, de las torturas que sufrieron los supuestos victimarios, incluidos familiares de Israel que fueron igualmente arrestados y violentados para intentar darle verosimilitud a la historia.

Años después, tímidamente, se acepta parte de la mentira. Genaro García Luna, el secretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón, y Televisa se culpan mutuamente de haber sido los autores intelectuales de la detención televisiva de Florence Cassez e Israel Vallarta. Empero, esa escenificación no significaba que no fueran culpables, ni que el delito fuera falso, repitieron hasta el cansancio. Era necesario que todo México los creyera culpables, mientras no se exhibiera mediáticamente lo contrario.

Por eso cuando Florence Cassez fue liberada en 2013 por violaciones al debido proceso, la noticia cayó como bomba y aún en pleno 2019, miles de usuarios de redes sociales muestran enojo por su liberación; reflejo no solo de lo poderosa que es la manipulación mediática, sino de la falta de lectura en nuestro país, pues ya existen dos investigaciones periodísticas, una novela y tesis de Derecho que desmienten el thrillerde Genaro García Luna.

Lastimosamente no han faltado personajes identificados con la Cuarta Transformación que se pronuncian contra los periodistas que desmienten el caso, como hizo el año pasado la directora de Notimex, Sanjuana Martínez, lanzándose contra Jorge Volpi y Emmanuelle Steels en sus redes sociales.

Pero, ¿a quién le importó Israel Vallarta y su familia? Eclipsados por el linchamiento público que vivió Cassez en la lucha por su libertad, permanecieron en la sombra hasta que la corresponsal en México de Radio France, Emmanuelle Steels, empezó a jalar del hilo que dejó flotando Florence. ¿Y si no solo Florence merecía la libertad? ¿Y si eran inocentes? ¿Y si fueron víctimas de una fabricación para ocultar algo aún más oscuro?

El teatro del engaño es el espejo de la decadencia humana de las autoridades, en el sexenio de Felipe Calderón. Una investigación crítica sobre los abusos y simulaciones del Poder Judicial y jurídico.

Una muestra de cómo una venganza se puede salir de control hasta involucrar a las más altas autoridades y poner en riesgo relaciones diplomáticas. Una historia de terror sin ficciones, como las cientos de miles que al periodismo le han faltado manos, voces y plumas para reportar.

Un libro que recuerda a El falso caso Wallace porque se repiten algunos de sus siniestros personajes, aterradoramente reales y aún poderosos. Investigación que sirvió como base e inspiración para Una novela criminal de Jorge Volpi, el cual ganó el premio Alfaguara y ha servido para que se conozca la verdad de este caso a nivel internacional.

¿Cómo es que no percibí nada raro en la «detención», si en el video que aún circula en YouTube es claro que algo no estaba bien?

¿Cuánto le cuesta la mentira a un país en que la impunidad roza el 100 por ciento, de acuerdo a diferentes estudios? ¿Cuál es el precio de que tengamos cárceles con un alto porcentaje de inocentes, y calles donde los delincuentes se pasean y operan con tranquilidad? ¿Cuál es el precio de nuestra ignorancia, inconsciencia e indolencia como sociedad, en un tema tan común en los hechos pero tan poco explorado en los medios de comunicación como lo es la fabricación de culpables?

¿El endurecimiento en las políticas punitivas llevaría a una reducción de la criminalidad, o estaríamos mandando un buen porcentaje de inocentes a la horca? ¿Cómo acabar con esas inercias que alientan la corrupción y la falsedad?

¿Cuál es el precio que pagamos cada vez que damos por hecho la culpabilidad de un presunto responsable, estigmatizado por los medios de comunicación? ¿Cuál es el precio –moral, social, económico, emocional– que pagan las familias de las víctimas de un montaje? ¿Cómo se les puede reparar un daño, que es incalculable? ¿Ha pensado este gobierno en políticas que ayuden a una verdadera e integral reparación del daño para estos casos?

Como escribió el año pasado la estupenda escritora española Almudena Grandes, sobre el libro de Jorge Volpi, en su columna del diario El País, yo tampoco puedo quitarme de la cabeza a Israel Vallarta, quien continúa preso, como los inculpados del caso Wallace.

Lee más: Jueza Hermelinda Silva, de CDMX, en la red de fabricación de culpables Margolis-Wallace

 

Y cada vez que veo una detención en un noticiero y la facilidad con la que se presentan culpables en la televisión, me pregunto cuántas veces nos habrán engañado medios y autoridades.

¿Cuántos de esos periodistas estarán conscientes de lo grave que puede resultar violar la presunción de inocencia? ¿Cuántos estarán conscientes de su papel en los linchamientos mediáticos, y cuántos lo realizarán sin saberlo? ¿Qué debemos hacer los periodistas y que debemos dejar de hacer?

No hay mejor momento que éste para leer El teatro del engaño, en que pequeñas rendijas de libertad de expresión empiezan a abrirse para tocar estos temas en medios de alcance masivo, como el pasado jueves 22 de agosto en que el periodista Julio Hernández López «Astillero» abordó el tema con amplitud, en su programa de Grupo Radio Centro, entrevistando a la familia Vallarta.

¿Cuántos libros como El teatro del engañoUna novela criminal El falso caso Wallace necesitamos para sacudirnos y entender que el precio de la mentira lo pagamos todos, y es demasiado caro –en tiempo, dinero, tranquilidad y vidas humanas– como para seguirlo pagando?

***

Este artículo se publicó originalmente en reversos.mx con la autorización de su autor.

 

Continue Reading

El Caso Wallace

El caso Wallace y el cerco mediático

Published

on

La periodista Guadalupe Lizárraga exhibe el cerco mediático que protege el falso caso Wallace

Entrevista a la periodista Guadalupe Lizárraga, autora de ‘El Falso Caso Wallace’

Por Antonio Rosales

María Isabel Miranda de Wallace saltó a la escena pública tras el presunto secuestro y asesinato de su hijo, el 11 de julio de 2005. Este hecho no solo marcó el inicio de su organización Alto al secuestro, sino también de su candidatura al Gobierno de la Ciudad de México, en 2012 y del Premio Nacional de Derechos Humanos, en 2010, que recibió de manos de Felipe Calderón, así como de una cuasi omnipresencia mediática y política en todos los asuntos relacionados con seguridad pública.

Su voz se volvió autoridad incuestionable en medios como Televisa, TV Azteca, Imagen y El Universal. Sin embargo, su imagen comenzó a derrumbarse tras su papel en casos como los de Florence Cassez, Fernando Martí, Nestora Salgado, la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa, y los primeros cuestionamientos de la organización canadiense En Vero sobre el caso de su hijo.

El 7 de febrero de 2019, familiares de los presuntos implicados en el secuestro y asesinato del hijo de la empresaria, Isabel Miranda de Wallace, Hugo Alberto Wallace, se manifestaron en el centro de la Ciudad de México, afuera de Palacio Nacional, para pedir la revisión de la posible falsedad del caso.

Para saber más del tema: Quién es César Freyre Morales en el falso caso Wallace

 

No es la primera vez que se señala la posible fabricación del caso. En 2014, la periodista Anabel Hernández publicó un artículo al respecto en la revista Proceso, tras el cual Miranda amagó con demandarla. Guadalupe Lizárraga, fundadora de Los Ángeles Press, también investigó y publicó sobre el tema, y ha profundizado en ello desde hace cinco años. Como resultado, en diciembre del año pasado, en el Centro Cultural Donceles 66 de la capital del país, presentó su libro, El falso caso Wallace (Casa Fuerte, 2018).

De acuerdo con lo declarado por los familiares y las investigaciones periodísticas de Lizárraga, las irregularidades en el proceso irían desde la fabricación de pruebas, falsedad de declaraciones, violación a la presunción de inocencia, y tráfico de influencias por parte de la PGR (durante el gobierno de Felipe Calderón) y de la presidenta de Alto al secuestro hasta el uso de la tortura (física y psicológica) para lograr confesiones que legitimen la versión de Isabel Miranda.

La única prueba científica que sostiene el caso, apuntan ambas periodistas y rememora el articulista Ricardo Raphael en una columna que mereció una respuesta airada de Wallace, es una gota de sangre que, en un inicio, la perito declaró que pertenecía a una mujer.  El resto del caso estaría construido con declaraciones bajo tortura.

Presentación del libro El falso caso Wallace, de Guadalupe Lizárraga. Foto: Reversos.mx

Wallace contra la libertad de prensa

La periodista Guadalupe Lizárraga, quien acompañó a los manifestantes y ha investigado el caso a fondo desde 2014, denunció que ha sufrido amenazas, dos intentos de secuestro y acoso por parte de la diputada de Morena, María de los Ángeles Huerta, para intentar acallarla.

“¿Por qué Isabel Miranda está en reuniones de Seguridad Pública, mientras sus víctimas son agredidas en cautiverio? Ese es nuestro mensaje a López Obrador, desde Palacio Nacional”, declaró en entrevista para el programa Sin censura.

En entrevista con el autor de esta nota, en diciembre pasado por la presentación de su libro, Lizárraga comentó:

-Todos los detenidos fueron torturados dentro de los penales, con violencia sexual. Es muy grave y en el caso de Jacobo (Tagle Dobin) ya hay consecuencias muy serias por su estado de salud.

“Todos los protocolos (para comprobar tortura) han salido positivos excepto el último, que es el de Juana Hilda González Lomelí y que es donde todavía Isabel Miranda da los últimos coletazos de corrupción para que no se lleven a cabalidad esos protocolos”.

Para saber más: Periodistas que colaboraron con Isabel Miranda en la incriminación de víctimas del falso caso Wallace

 

–De acuerdo con las investigaciones que has podido realizar, ¿por qué Isabel Miranda tiene este poder tan grande, por el cual, por ejemplo, ningún medio corporativo quiso cubrir este evento?… ¿Por qué parece que está prohibido en los grandes medios?

–Isabel Miranda es una creación de Genaro García Luna (titular de la Secretaría de Seguridad Pública, durante el gobierno de Felipe Calderón). ¿Cuál es la diferencia entre Miranda y otros falsos activistas que han participado en la fabricación de culpables? El dinero.

“Isabel Miranda es una empresaria que ha traficado influencias (…) Se ha dedicado a corromper periodistas para legitimar su mentira del falso secuestro Wallace y acallar cualquier indicio de verdad que se ha asomado durante los últimos trece años, de los cuales doce han sido de torturas sistemáticas a las víctimas… Años de mentiras, falsificación de documentos, usurpación de funciones; yo misma he sido agredida por ella”.

Durante la presentación de su libro, Lizárraga señaló que el cerco mediático no sólo ha abarcado a los medios tradicionalmente reconocidos por ser afines a los poderes político y económico, sino también a los medios críticos como el de Carmen Aristegui.

 

Citando un fragmento de su libro, la autora de El falso caso Wallace recordó que Aristegui, en su programa de CNN en 2011, presentó a Wallace como “una mujer muy querida y reconocida, con una historia estrujante pero también muy estimulante por lo que Isabel ha podido hacer en términos de justicia.”

Ello a pesar de que ya existían evidencias de la falsedad del caso, comentó Lizárraga.

wallace en la carcel

Durante aquella emisión de Aristegui, se proyectaron los anuncios espectaculares donde Miranda exhibía a los presuntos culpables, violando el derecho a la presunción de inocencia. Hasta la fecha, según Guadalupe Lizárraga, la titular de Aristegui Noticias no ha respondido una sola llamada para entrevistar a los familiares de los detenidos.

Hasta el momento, ningún funcionario del actual gobierno (local, ni federal) se ha pronunciado al respecto, ni tampoco ningún medio corporativo ha cuestionado al presidente sobre el tema. Esto, a pesar de que la Procuraduría General de la República (hoy Fiscalía) dio instrucciones para que se abriera una investigación penal sobre la presunta falsedad del caso, tras la denuncia en diciembre pasado de Guadalupe Lizárraga ante el hoy fiscal Alejandro Gertz Manero.

–Isabel Miranda no debería estar en libertad– concluyó la periodista en entrevista.

***

Esta entrevista se publicó originalmente en Reversos.mx

 

Continue Reading

Trending

A %d blogueros les gusta esto: