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Investigaciones

El crimen organizado desde el gobierno: desaparición forzada y ejecución del periodista Alfredo Jiménez Mota

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  • Unas 40 personas vinculadas a organizaciones policiales y de gobierno  participaron en el crimen contra el periodista

Por Guadalupe Lizárraga

El sábado 2 de abril del año 2005, en Hermosillo, Sonora, fue desaparecido el periodista Alfredo Jiménez Mota, de 25 años, originario de Empalme; reportero que investigaba el tráfico de drogas y el crimen organizado para el periódico local El Imparcial.

Fue una de las primeras víctimas contra la libertad de prensa bajo el gobierno federal del PAN, encabezado por Vicente Fox, en la llamada guerra contra el narcotráfico, y durante el gobierno estatal del PRI, bajo el mandato de Eduardo Bours Castelo.

En ese año, tres meses antes, Jiménez Mota había publicado un artículo titulado “Los Tres Caballeros”, en referencia a los hermanos Beltrán Leyva que lideraban el trasiego de la droga con la participación de autoridades de los diferentes niveles de gobierno y el grupo delictivo “Los Números o Los Güeritos”, bajo el liderazgo de Raúl Enríquez Parra. La información publicada en el libro El Cártel Incómodo, de José Reveles en 2009, y en diferentes medios, especifica que el artículo de Jiménez Mota se basaba -aparentemente- en un informe del CISEN, que seguía las pistas de los Beltrán y su relación con el alcalde de Cajeme, Ricardo Bours Castelo, a quien le decían “El jefe”.

Incluso, la revista Proceso, en enero de 2007, publicó que la desaparición del periodista Jiménez Mota había sido ordenada para evitar que publicara “unas grabaciones de llamadas telefónicas que esperaba recibir, en las que se exponían los vínculos entre Roberto Tapia Chan, director de la Policía Judicial del Estado; Raúl Enríquez Parra, jefe de la banda de Los Güeritos o Los Números —asesinado en octubre de 2005— y Ricardo Bours Castelo, hermano del entonces gobernador de Sonora, el priista Eduardo Bours Castelo”.

Después de 17 años y 22 líneas de investigación sobre este crimen que generó una fuerte presión internacional a México, en la información pública se destaca que la desaparición del periodista fue una desaparición forzada por la participación de manera directa e indirecta de servidores públicos que desempeñaban funciones dentro de la extinta Procuraduría General de la República (PGR) bajo la gestión como delegado de Carlos Albert Herrera Flores, quien tuvo a su mando durante nueve meses al subdelegado Raúl Fernando Rojas Galván. Pero también de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) bajo la gestión de Abel Murrieta Gutiérrez, y su subalterno Roberto Tapia Chan.

Raúl Fernando Rojas Galván, persona de interés

En el expediente judicial PGR/SIEDO/UEIS/177/2005, Raúl Fernando Rojas Galván aparece como la persona con quien se comunicó por última vez con Alfredo Jiménez Mota, a las 23:04 del sábado 2 de abril de 2005, según el registro de llamadas en la línea telefónica del periodista, por lo que el funcionario fue señalado como uno de los sospechosos del crimen “por haberle filtrado información”, y se le pidió su renuncia el 4 de mayo de 2005. Para el 7 de junio de ese mismo año, sin embargo, José Luis Santiago Vasconcelos, entonces titular de la SIEDO, dijo que Rojas Galván había sido trasladado a las oficinas centrales de la PGR.

Durante los siguientes años a fechas recientes, Rojas Galván ha estado activo como servidor público, sin declaraciones patrimoniales. En 2015 y 2016, como agente del Ministerio Público, adscrito a la Fiscalía de Robo con Violencia y Cuantía Mayor de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, enfrentó una serie demandas, y en 2020 se amparó jurídicamente contra la evaluación del Centro de Control y Confianza del Estado de México, un organismo gubernamental que evalúa en capacidad, confianza y análisis toxicológicos a servidores públicos interesados en incorporarse a organismos de seguridad pública.

Hasta la fecha, Rojas Galván no aparece como ‘persona de interés’ en el caso Jiménez Mota, y su impunidad se ha garantizado, pese a los múltiples señalamientos de medios, periodistas y evidencias documentales publicados a lo largo de 17 años, y de haber sido la última llamada telefónica en las pocas horas de vida que le quedaban al periodista de Sonora.

Andrés Montoya García, persona de interés

De acuerdo con una de las líneas de investigación, Andrés Montoya García, quien en 2005 se desempeñaba como subdirector del Sistema Estatal Penitenciario fue la última persona en ver con vida al reportero Alfredo Jiménez Mota. Sin embargo, en su declaración ministerial solo afirma que habló con el periodista sobre el caso de David Garzón Anguiano, «El estudiante» que estaba próximo a su liberación, y que lo dejó en Soriana. Serían pasadas las 10 de la noche. Posterior a ello, el periodista tuvo la llamada de Raúl Fernando Rojas Galván.

El sitio digital Proyecto Impunidad, especifica que el 2 de abril de 2005, Alfredo Jiménez Mota se retiró del diario El Imparcial a las 8:45 p.m. “Desde su casa llamó a su colega Shaila Rosagel. Quedaron en encontrase más tarde, en torno a las 10 de la noche, pero antes vería a uno de sus ‘contactos’, el subdirector general del Sistema Estatal Penitenciario de Sonora, Andrés Montoya García”. El encuentro se llevó a cabo, según lo confirmado por el funcionario y en su declaración ministerial sostuvo “que dejó al periodista en un supermercado y éste le habría comentado que tenía que ver a otro contacto”.

No obstante, resulta inverosímil que el periodista de investigación se reuniera en un sábado por la noche, sin precaución y después de haber sido perseguido, para hablar con un funcionario responsable de las cárceles solo de «un tema del que ya había escrito en el periódico», tal como lo atestiguó su compañera Sheila Rosagel. Pero para la instancia investigadora del caso, el solo dicho del funcionario fue suficiente para no indagar más.

Pese a ser señalado reiteradamente como persona de interés en el crimen contra el periodista, Montoya García siguió escalando en su carrera política y jurídica, y ocupó cargos de asesor del gobierno municipal, actuario, secretario de Acuerdos, hasta llegar a la Secretaría General del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sonora.

En enero de 2018, se postuló sin éxito a la presidencia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Sonora, y en septiembre 2021, su aspiración se enfocó en la dirección de Seguridad Pública Municipal, en Hermosillo, pero fue también fue descalificado por el Cabildo al considerar que no cumplía el perfil para ocupar el cargo.

Sin embargo, el camino de su hermano fue más trágico. José Antonio Montoya García, alias El Montoyita, agente de la Policía Judicial del Estado, quien había sido señalado como autor material del “levantón” del periodista Alfredo Jiménez Mota e incluso de haber participado en su ejecución fue asesinado el 7  de septiembre de 2006.

 

La red judicial para silenciar al periodista

El Montoyita había utilizado vehículos oficiales de la Policía Judicial del Estado para perpetrar la detención ilegal de Alfredo Jiménez Mota. El único momento en que pudo ocurrir este “levantón” por parte del agente José Antonio Montoya, fue en el lugar donde lo dejó su hermano Andrés Montoya, en el supermercado, debido que el siguiente punto donde pararía el periodista sería en el bar, con sus colegas que lo esperaban. En ese ínter se registró la llamada entre Alfredo y el subdelegado de la PGR Fernando Rojas Galván, a las 23:04 horas. Y de allí fue privado de su libertad.

Junto con José Antonio Montoya García, de la misma corporación policial, fueron identificados el comandante Ramón Valle Simentel detenido en  una narco fiesta en la comunidad de El Tobarito en junio de 2004, quien desde 2003 estaba al frente de la Policía Judicial del Estado en la base de Empalme.

También estaba el comandante Juan Gabriel Vázquez Nido, quien ya había sido detenido en un punto de revisión militar en Potam por miembros de la SEDENA tras ser sorprendido en una unidad oficial transportando una fuerte suma de dinero en dólares americanos en compañía de un civil, donde ambos iban armados.

Así mismo, Pedro Emigdio Córdova Herrera, alias “El Pachi”, quien había sido ascendido como jefe de grupo de la Policía Estatal Investigadora, acribillado en Hermosillo, el 17 de mayo de 2007. Meses antes, en septiembre de 2006, ya había sufrido un atentado del que solo tuvo una herida en la espalda.

En los medios locales, trascendía que el mismo jefe policial Córdova Herrera se ostentaba de ser compadre de Daniel Irene Enríquez Parra, alias El 15, ejecutado en Tijuana, Baja California, en enero de 2005, integrante del grupo Los Números o Los Güeritos. Otros tres agentes que habrían participado eran Saúl Orduño, Benito Sánchez Lara y Julio Gutiérrez, ejecutados en Cajeme.

De acuerdo con la información recogida, todos ellos servían al mismo grupo “Los Números o Los Güeritos”, y habrían participado en el traslado del periodista Jiménez Mota a una pista entre las comunidades de San Pedro El Saucito y el municipio de Ures, donde firmaba como jefe de grupo de la PJE el comandante Juan Gabriel Vázquez Nido.

Según declaraciones en el expediente, este comandante fue quien se encargó de subir al periodista a una aeronave para su traslado a un rancho en las inmediaciones de San Bernardo, Álamos, donde según testimonios fue torturado y posteriormente llevado a Ciudad Obregón, donde habría sido sepultado clandestinamente.

Los mandos

Abel Murrieta Gutiérrez, asesinado el 13 de mayo de 2021, fue el titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado durante el sexenio de Eduardo Bours Castelo, periodo en el que se perpetró el crimen contra el periodista. Su subalterno era Roberto Tapia Chan, director de la entonces Policía Judicial del Estado, junto con el comandante Manuel Ángel Barrios Macario, subjefe de la corporación, quien hasta el 23 de julio de 2021 ostentaba el mando, desde la Dirección General de la hoy llamada Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC).

Roberto Tapia Chan ha sido reiteradamente mencionado de estar relacionado con el narcotráfico y con la desaparición del periodista. Incluso, siendo director de la Policía Estatal Preventiva, fue señalado por las hermanas Elvia y Johana Palma Morquecho, dos mujeres que estuvieron secuestradas, según su denuncia, por el mismo grupo de Los Números.

Pero desde el año de 1991, cuando Tapia Chan era director de Averiguaciones Previas de la PGJE, ya se mencionaba de su protección al narcotráfico por intervenir en expedientes judiciales, junto con uno de los entonces subprocuradores Carlos Castillo Ortega.

Para 1996, siendo Director de Seguridad Publica en Navojoa, se le identificó en la protección de narcotraficantes y se le responsabilizó en el crecimiento de la delincuencia local.

Una nueva mención de su nombre fue en el documento del CISEN, en el que basó la información Jiménez Mota y alude a la protección que daba a la organización de los Beltrán Leyva –en ese tiempo todavía socios del Chapo Guzmán y parte del Cártel de Sinaloa–  por parte de los gobiernos locales.

“Los hermanos Beltrán Leyva han operado bajo la protección de autoridades de los tres niveles de gobierno. Destacan los funcionarios incluidos en la administración estatal que inició actividades el 13 de septiembre de 2003, que en el pasado fueron asociados con el crimen organizado, como Roberto Tapia Chan, (ex) director de la Policía Judicial del Estado (PJE), y Abel Murrieta Gutiérrez, subprocurador de Averiguaciones Previas de la Procuraduría General del Estado (actual procurador)…

“Quienes en el pasado coexistieron dentro de la PGJE y en diferentes tiempos fueron los responsables de la seguridad pública en Ciudad Obregón, Cajeme, Sonora, ayuntamiento en donde se reagruparon en el año 2000 siendo presidente municipal Ricardo Robinson Bours Castelo, hermano del hoy gobernador José Eduardo Robinson Bours Castelo…”.

La carta y otras confesiones

En varios blogs de noticias sobre narcotráfico en Sonora y en el libro El Cártel Incómodo, del periodista José Reveles, se reproduce el testimonio de Saúl García Gaxiola, a quien menciona por la coincidencia de apellidos y origen como probable hermano del comandante Rodolfo García Gaxiola, exdelegado de la Policía Judicial Federal, acribillado en 1998, en Ciudad Obregón.

En el testimonio de la carta se describe el recorrido de los victimarios del periodista, las torturas y finalmente su asesinato; así como la participación de al menos 40 personas nombrados por sus alias o sus nombres completos, en su mayoría miembros de una organización policial.

Otra denuncia fue la del teniente Jesús Francisco Ayala Valenzuela, presentada el 17 de enero de 2007, en contra de Luis Octavio Gastelúm Villegas, de los oficiales de la policía judicial Ricardo Tapia Chan y Pedro Córdova Herrera, del fiscal Abel Murrieta y de Ricardo Bours Castelo, hermano del ex gobernador de Sonora, Eduardo Robinson Bours. Fueron mencionados como autores intelectuales del secuestro de Alfredo Jiménez Mota. De inmediato, fue desacreditado por el propio exgobernador y dijo que era una campaña negra contra su gobierno. Pero un mes después, los medios de la región replicaban el 21 de mayo de 2007,  que miembros del 73 Batallón de Infantería de la IV Zona Militar habían incautado 136 paquetes en bolsas de plástico con cocaína y 11 con cristal, en una revisión realizada en el Precos de Benjamín Hill a un camión de Transportes Refrigerados Maciza, que transportaba pollos Bachoco, propiedad del exgobernador.

Los nombres y apellidos que daba Ayala Valenzuela sobre los presuntos responsables del crimen contra Alfredo Jiménez Mota, volvían a ser los mismos que ignoraba la PGR, bajo la gestión de Eduardo Medina Mora, quien hablaba con Bours para acordar sobre los retenes de su mercancía.

Con la ventaja que da el tiempo, hoy se sabe que desde 2001, Eduardo Medina Mora y Genaro García Luna, ya estaban trabajando con el narcotráfico, mientras se simulaba el combate.

El 2000 y otros números

En la carta-denuncia entregada al exgobernador Eduardo Bours, por parte de Saúl García Gaxiola, se alude al “Señor 2000”, como uno de los principales mandos de la organización criminal Los Números y de los Beltrán Leyva. Se trata de Francisco Hernández García, alias El 2000, El Panchillo o el Chapito Hernández, quien -según la fuente- organizaba, coordinaba y dirigía a la mayoría del personal reclutado de entre las filas de las corporaciones policiales.

Fue detenido el 4 de noviembre de 2011, y desde entonces se encuentra preso en un centro de detención federal por crímenes de delincuencia organizada, pero se presume que él podría aportar datos precisos para la localización del cuerpo del periodista, porque era parte principal de la cadena de mando en la perpetración de este crimen.

Sobre el grupo criminal de Los Números o Los Güeritos, se mencionan a Raúl Enríquez Parra alias El 9, líder del grupo, asesinado el 22 de octubre de 2005. De su hermano, Ildefonso Enríquez Parra, alias el 10, existe registro judicial de que un mes antes de la desaparición del periodista Alfredo Jiménez Mota, tramitó un amparo indirecto, con el número de expediente 852/2005, en contra del Secretario de la Defensa Nacional, Gerardo Clemente Ricardo Vega García, en el Juzgado Séptimo de Distrito del estado de Sonora en Quinto Circuito. Por una parte, corre la información de que reside en Denver, Colorado, pero el sitio digital Border Reporter, asegura que fue secuestrado por policías federales en 2007, y ya no salió con vida. Daniel Irene Enríquez Parra alias El 15, como se mencionó líneas arriba, fue ejecutado en enero de 2005, en Tijuana, Baja California.

Con respecto a Wilfredo Enríquez Parra, alias El 11, Border Reporter, señala que es el único hermano de Los Güeritos que “quedó vivo y libre” y radica en Estados Unidos. Wilfrido también tramitó un amparo indirecto, meses después del crimen contra el periodista bajo el número 854/2005, promovido en contra del subprocurador de Averiguaciones Previas, de la Policía Judicial del Estado, en Hermosillo, Sonora, en el Juzgado Octavo de Distrito. El proceso había sido iniciado el 26 de septiembre de 2005.

La organización tenía como persona de confianza o principal brazo ejecutor a Wenceslao Terán Anaya, alias El 24, El Tecate o El Cheyas. Fue señalado como la persona responsable de haber recibido en su casa de Villa Itson, a los policías que llevaban al periodista, donde lo estuvieron interrogando y torturando hasta su muerte para después sepultarlo de manera clandestina.

«Subimos al periodista a una Sonora blanca trasladándolo en compañía de nosotros a la Villa Itson, a la casa del Cheyas. Las calles no me es posible recordar ya que no estoy familiarizado con ellas. En este domicilio 10 estuvieron interrogándolo. El Chapito Montoya le preguntaba el nombre de la persona que le daba información de Raúl Parra Enríquez (o Enríquez Parra alias el Nueve), y él solamente contestaba que le llegaba información anónima.» José Reveles, El Cartel Incómodo, Ramdon House, 2009.

El Cheyas tenía bajo su mando a Rey David Armendáriz González, alias El Charo, quien tenía su domicilio en la Colonia Francisco Villa, en Navojoa, Sonora. Traía su propio grupo de jóvenes para secuestrar y ejecutar a miembros de grupos rivales de la ciudad, entre los que fueron identificados Luis Parra Cruz, alias El Borrego, radicado en Phoenix, Arizona; José Darey Castro Borbón, artista musical del género grupero radicado en Los Ángeles, California, y su tío Romel Castro Trasviña. Todos mencionados en las diferentes líneas de investigación sobre la desaparición de Alfredo Jiménez Mota.

De los miembros de las corporaciones policiales la mayoría han sido asesinados. Solo quedan cuatro nombres de relevancia y en completa impunidad: Raúl Fernando Rojas Galván, Andrés Montoya García, Roberto Tapia Chan y “el jefe” Ricardo Bours Castelo.

El Caso Wallace

‘La vida impune. Biografía criminal de Isabel Miranda de Wallace’, el nuevo libro de la periodista Guadalupe Lizárraga

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La vida impune. Biografía criminal de Isabel Miranda de Wallace1, es el nuevo libro de la periodista Guadalupe Lizárraga

Cómo surge el poder de impunidad de quien fabricó culpables y los torturó en prisión reiteradas veces, con sentencias de hasta de 131 años de cárcel

Los Ángeles Press

La vida impune: Biografía criminal de Isabel Miranda de Wallace es el nuevo libro de no ficción de la periodista Guadalupe Lizárraga, con el que cierra la Trilogía Wallace, sobre el falso secuestro y homicidio de Hugo Alberto Wallace Miranda, que ha mantenido por más de quince años en prisión a ocho personas inocentes, víctimas de torturas.

La biografía de Isabel Miranda aborda desde las condiciones de pobreza en las que nació y cómo fue escalando con estudios en una academia comercial para ayudar a su familia hasta llegar al poder político y económico para influir en las políticas de Seguridad pública del país. Este camino fue labrado con el apoyo del Estado, escribe Guadalupe Lizárraga, desde 1994.

Con el apoyo de seis presidentes, “a lo largo de más de dos décadas, Isabel Miranda no sólo mantuvo la atención mediática en torno a su persona, sino que adoptó otros papeles de la vida pública: a veces como acusadora, otras como jueza, ministerio público, policía, custodia, en ningún caso con facultad jurídica”, dice la periodista en el prólogo del libro.

Para saber más del tema: Isabel Miranda de Wallace admite responsabilidad en las torturas de sus inculpados

 

La periodista hace énfasis en dos personajes púbicos que han sido clave para la red Wallace, Eduardo Cuauhtémoc Margolis Sobol, empresario de Tecnología en Inteligencia, y Genaro García Luna, que materializaron el poder de Isabel para aterrorizar a las familias de sus inculpados.

Un prólogo, 39 capítulos, un epílogo, las referencias bibliográficas y documentos oficiales es el cuerpo que da a La vida impune. Biografía criminal de Isabel Miranda de Wallace, libro con el que cierra la trilogía: El falso caso Wallace y La lucha por la verdad.

Prólogo:

Escribir sobre los 70 años de la vida de una persona supone un amplio grado de conocimiento de ella o de sus acciones. Podría pensarse una tarea complicada cuando se está a la distancia, especialmente si ha sido flanqueada por el poder en las dos terceras partes de esos años. Este libro, sin embargo, pretende ser evidencia de que esta tarea no es imposible, porque desde el Estado no hay crímenes privados. El impacto público de éstos es inocultable. Sólo los calla, quien quiere callarlos.

Lee también: PGR ayudó a fabricar pruebas a Isabel Miranda de Wallace

 

La vida de María Isabel Miranda Torres, a quien por su propia insistencia le decían ‘La señora Wallace’, nos da la oportunidad de conocer cómo un Estado con vocación criminal es capaz de construir el mal a nivel de lesa humanidad a través de la simbólica sencillez de una madre ordinaria, convertida en icono de justicia con el supuesto secuestro y homicidio de su hijo, para el consumo mediático de las masas. El caso Wallace, desde el periodismo independiente, lo reportamos como emblema de la corrupción judicial en México, y la observación prolongada y minuciosa nos llevó a revelar el patrón de hostilidad diseñado como política de gobierno durante los mandatos de Vicente Fox, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador. Así, la oscura entelequia del Estado –con su doble cara de Jano– distorsionaba macabramente los hechos con los que se incriminaba de manera sistemática a personas inocentes para simular eficiencia policial y justificar estratosféricos presupuestos para una seguridad pública a modo con la que verdaderos responsables de los crímenes eran protegidos. Mientras, miles de personas sufrían torturas y agresiones sexuales dentro de las cárceles obligándolos a aceptar crímenes que no habían cometido. A lo largo de más de dos décadas, Isabel Miranda no sólo mantuvo la atención mediática en torno a su persona, sino que adoptó otros papeles de la vida pública: a veces como acusadora, otras como jueza, ministerio público, policía o custodia, en ningún caso con facultad jurídica.

Sin escrúpulos y ambiciosa, Isabel Miranda era incapaz de sentir compasión por el dolor ajeno. Ante el poder de los demás se mostraba arrogante, y con su propio poder se volvía impulsiva; una fiel representante de la ignominia política, se empeñó en construir el espejismo de amor maternal, la mentira jaspeada de madre dolida. De la apariencia de sufrimiento insoportable por la supuesta tragedia del hijo brincó rápidamente a la imagen de empresaria y política exitosa, fuerte y extravagante. La escala de su popularidad fue inflada por la voracidad de los medios, y de la crueldad de las torturas a sus víctimas nadie daba cobertura.

Intencionalmente se mostraba “perseguida” por supuestos delincuentes y armaba montajes de atentados que seguían los medios amansados desde el erario. Exhortaba a las autoridades judiciales a responder con violencia contra la amenaza magnificada del crimen organizado, y compensaba jueces por dar condenas a perpetuidad con delitos fabricados de secuestro, tema en el que la vistieron de experta, desde los servicios de Inteligencia del Estado para el desvío de recursos públicos bajo el membrete de su asociación Alto al secuestro.

De la niñez de Isabel Miranda, poco se sabe, excepto las historias que ella misma contaba con gran imaginación a los medios y los datos personales que quedaron registrados en documentos oficiales y que también llegó a alterar. La realidad se ha ido develando poco a poco. Se supo que sus padres eran Elfega Mónica Torres y Fausto Miranda Romero, y su fecha de nacimiento, el 27 de mayo de 1951. Pero cuando los medios se mostraron interesados en su historia, dijo a TV Azteca y a la Revista Quién que su padre se llamaba Heriberto Miranda Romero, y que ella había nacido en 1955. En su libro El caso Wallace (Aguilar, 2010), afirmó que el año de su nacimiento había sido 1949 y que se había casado siendo todavía adolescente con José Enrique del Socorro Wallace Díaz. Para el diario El Universal manejó como fecha de nacimiento el 17 de enero de 1951. Un día dijo que tenía cinco hermanos; otro, nueve. Así iba dejando falsas pistas tras de sí, a través de los años, tratando de difuminar el pasado y de soltarse de la cadena familiar imposible de desatar.

También manejaba diferentes domicilios, incluso en un mismo documento. En 1969, dejaba en los registros oficiales que sus padres vivían en la avenida Jalisco 66, sin especificar la colonia, en la Ciudad de México. Para 1975, indicaba que vivían en Villa Coapa, en el Andador 67, de la avenida El riego. Y para 1978, cuando registraba su segunda acta de matrimonio, declaraba vivir en la Avenida Miguel Ángel de Quevedo, en Coyoacán; ella, junto con sus padres, en el número 1042; y dos de sus hermanos, que fueron testigos de la boda, en el número 1083. Nada de esto sería relevante, sino fuera por las múltiples identidades con las que jugaba, las de su hijo, las de sus esposos y la de sus padres, con las que pudo fabricar las pruebas que aún, al momento de escribir estas líneas, mantienen en prisión a ocho personas inocentes que sufren enfermedades y estrés postraumático por las torturas ordenadas por ella.

Isabel Miranda se inventaba vidas como familiares, se aumentaba o disminuía la edad en documentos oficiales, cambiaba los nombres de sus padres, y a sus hermanos los desaparecía o los crecía según la necesidad literaria del momento. Brincaba de una clase social a otra, obsesionada por la exageración, mientras cubría los delitos de su hijo, quien, a los 25 años, en 1994, según sus propias palabras, ganaba 200 mil pesos mensuales en su empresa recién creada. Pero quienes crecieron cerca de ella, recuerdan a una familia integrada por sus padres, varios hermanos bravucones, y mujeres sometidas por la violencia doméstica. Una familia ordinaria de Texcoco, decían, que quería sobrevivir a la pobreza, como todas.

La editora recomienda: Caso Wallace: Isabel Miranda participó en la tortura de Jacobo Tagle, según protocolo de Estambul

Podemos volver la vista atrás y –con la reconstrucción de los eventos más significativos políticamente en esos años– entender, sin que se justifique, la crueldad de un Estado autoritario y corrupto con el irisado anuncio de “democracia emergente” como terreno fértil para conseguir el dominio sobre las masas y reducirlas a su condición manipulable. Pero lo que nunca entenderemos, es el enigma de una madre que decidió desaparecer a su hijo por el macabro gozo del poder.

 

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Estados Unidos

Tirso Martínez, ‘El Futbolista’, confiesa sus actividades con el Cártel de Sinaloa en juicio a García Luna

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Tirso Martínez "El Futbolista" señaló que sabía de los sobornos que hacía el Cártel de Sinaloa a Genaro García Luna

Testimonio busca ligar decomisos con las operaciones de Genaro García Luna

Por Juan Alberto Vázquez / Nueva York

«El futbolista», Tirso Martínez, dio su testimonio hoy en la corte de Brooklyn, en el que asumió la responsabilidad de tres decomisos celebrados entre el 2002 y el 2003 que presuntamente pertenecían a los narcotraficantes Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, Ismael ‘El Mayo’ Zambada y Vicente Carrillo Fuentes.

Martínez hace una referencia a la reacción que tuvo Carrillo Fuentes en ese entonces: “A ver si no se enoja el Patas Cortas y el Corajudo”. La alusión era a ‘El Chapo’ y ‘El Mayo’, al momento de que se enteraran de las incautaciones. Los eventos habrían ocurrido en una bodega ubicada en Brooklyn y otra en el barrio de Queens, las cuales ya habían sido utilizados como pruebas en el 2018 en el juicio en contra de Joaquín Guzmán.

Para saber más del caso: Genaro García Luna: avanza la selección del jurado para el juicio del exsecretario de seguridad pública

El testimonio del futbolista incluyó haber aceptado el dinero que ganó por sus actividades con el narcotráfico, y dijo haberlo gastado en comprar equipos de futbol, en peleas de gallos, en mujeres, autos, y propiedades, “hasta compré un avión”, remató.

– ¿Qué son las peleas de gallos?- Le preguntó el fiscal.

– Es cuando dos gallos con navajas en las patas los echan a pelear hasta que uno muere.

Lee también: Genaro García Luna: ¿quién es el exfuncionario juzgado en EEUU por operar con el Cártel de Sinaloa?

Tirso Martínez profundizó en su historia personal como miembro del Cártel de Sinaloa, y dijo haberse encargado de una ruta de tren entre 2000 y 2003. Llevaba la cocaína de la Ciudad de México a Los Ángeles, Chicago y Nueva York, “donde la droga se vende más cara y el cártel gana más”.

También declaró que pagaba sobornos a militares para que le permitieran hacer su trabajo, entre éstos, a un militar en Chiapas, un comandante en Guadalajara y un oficial en León. A pregunta del fiscal sobre si alguna vez había dado un soborno a García Luna, aceptó que no, pero si sabía “que otros miembros del cártel” lo hacían.

Soltó que cuando lo arrestaron en el 2014 intentó sobornar al comandante que estaba a cargo de la operación, pero que este le respondió “¡cabrón, sé que no tienes dinero!”. Dijo que aunque ya obtuvo su libertad en el 2001 aun debía pagar al gobierno de Estados Unidos dos millones de dólares de multas para lo cual “ya estoy trabajando en eso”.

Ahora de nueva cuenta la defensa deberá hacerle un contrainterrogatorio para intentar hacerlo caer en contradicciones aunque, al igual, que Sergio Villarreal Barragán, ‘El Grande‘, pero se nota que Tirso Martínez ha sido bien entrenado por la fiscalía para responder sin salirse de la estrategia.

 

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Mexico Violento

Golpe al Cártel de Sinaloa en Juárez y Culiacán previo a la visita del presidente Biden a México

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La muerte del Neto y la captura de Ovidio Guzmán es un duro golpe al Cártel de Sinaloa

 

Luego del motín en el Cereso No. 3, de Ciudad Juárez, el pasado 1 de enero en el que se fugó Ernesto Alfredo Piñón de la Cruz, ‘El Neto’, líder de la pandilla ‘Los Mexicles‘, y uno de los brazos armados del Cártel de Sinaloa en Chihuahua, parecía que esta organización criminal se fortalecía. Sin embargo, apenas cuatro días después de este hecho, el Cártel de Sinaloa recibió dos fuertes golpes como respuesta del gobierno mexicano previo a la visita del presidente de los Estados Unidos a México.

En las primeras horas del jueves 5, la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, informó que Piñón de la Cruz, El Neto’, había muerto en camino al hospital, tras en el enfrentamiento de su recaptura en un operativo con las fuerzas de seguridad de los tres órdenes de gobierno en Ciudad Juárez. En la fuga del 1 de enero, de unos 30 reos organizada por Los Mexicles, se registraron 17 muertos, entre estos diez custodios y siete reos de la pandilla.

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Por otra parte, se dio un segundo golpe al cártel. Este mismo jueves, las autoridades mexicanas informaron de la captura de Ovidio Guzmán, uno de los hijos de Joaquín «El Chapo» Guzmán, quien también ha sido de los más buscados por el gobierno de los Estados Unidos.

Fue arrestado en la madrugada en la ciudad de Culiacán, lo que derivó en una ola de bloqueos viales y ataques con vehículos incendiados. Ovidio dirigía el grupo de ‘Los Chapitos’, otra brazo de esta organización criminal con influencia en Sinaloa, Sonora y parte de Baja California.

No te pierdas: Recompensa por captura de ‘Los Chapitos’ se incrementa a 20 millones de dólares en EEUU

La muerte de líder de Los Mexicles en Ciudad Juárez y el arresto de Ovidio Guzmán en Sinaloa se da horas después de que el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, anunciara su visita a la frontera entre Estados Unidos y México, antes de la cumbre programada para la próxima semana en la Ciudad de México con los presidentes de México y Canadá.

 

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