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Investigaciones

El crimen organizado desde el gobierno: desaparición forzada y ejecución del periodista Alfredo Jiménez Mota

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  • Unas 40 personas vinculadas a organizaciones policiales y de gobierno  participaron en el crimen contra el periodista

Por Guadalupe Lizárraga

El sábado 2 de abril del año 2005, en Hermosillo, Sonora, fue desaparecido el periodista Alfredo Jiménez Mota, de 25 años, originario de Empalme; reportero que investigaba el tráfico de drogas y el crimen organizado para el periódico local El Imparcial.

Fue una de las primeras víctimas contra la libertad de prensa bajo el gobierno federal del PAN, encabezado por Vicente Fox, en la llamada guerra contra el narcotráfico, y durante el gobierno estatal del PRI, bajo el mandato de Eduardo Bours Castelo.

En ese año, tres meses antes, Jiménez Mota había publicado un artículo titulado “Los Tres Caballeros”, en referencia a los hermanos Beltrán Leyva que lideraban el trasiego de la droga con la participación de autoridades de los diferentes niveles de gobierno y el grupo delictivo “Los Números o Los Güeritos”, bajo el liderazgo de Raúl Enríquez Parra. La información publicada en el libro El Cártel Incómodo, de José Reveles en 2009, y en diferentes medios, especifica que el artículo de Jiménez Mota se basaba -aparentemente- en un informe del CISEN, que seguía las pistas de los Beltrán y su relación con el alcalde de Cajeme, Ricardo Bours Castelo, a quien le decían “El jefe”.

Incluso, la revista Proceso, en enero de 2007, publicó que la desaparición del periodista Jiménez Mota había sido ordenada para evitar que publicara “unas grabaciones de llamadas telefónicas que esperaba recibir, en las que se exponían los vínculos entre Roberto Tapia Chan, director de la Policía Judicial del Estado; Raúl Enríquez Parra, jefe de la banda de Los Güeritos o Los Números —asesinado en octubre de 2005— y Ricardo Bours Castelo, hermano del entonces gobernador de Sonora, el priista Eduardo Bours Castelo”.

Después de 17 años y 22 líneas de investigación sobre este crimen que generó una fuerte presión internacional a México, en la información pública se destaca que la desaparición del periodista fue una desaparición forzada por la participación de manera directa e indirecta de servidores públicos que desempeñaban funciones dentro de la extinta Procuraduría General de la República (PGR) bajo la gestión como delegado de Carlos Albert Herrera Flores, quien tuvo a su mando durante nueve meses al subdelegado Raúl Fernando Rojas Galván. Pero también de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) bajo la gestión de Abel Murrieta Gutiérrez, y su subalterno Roberto Tapia Chan.

Raúl Fernando Rojas Galván, persona de interés

En el expediente judicial PGR/SIEDO/UEIS/177/2005, Raúl Fernando Rojas Galván aparece como la persona con quien se comunicó por última vez con Alfredo Jiménez Mota, a las 23:04 del sábado 2 de abril de 2005, según el registro de llamadas en la línea telefónica del periodista, por lo que el funcionario fue señalado como uno de los sospechosos del crimen “por haberle filtrado información”, y se le pidió su renuncia el 4 de mayo de 2005. Para el 7 de junio de ese mismo año, sin embargo, José Luis Santiago Vasconcelos, entonces titular de la SIEDO, dijo que Rojas Galván había sido trasladado a las oficinas centrales de la PGR.

Durante los siguientes años a fechas recientes, Rojas Galván ha estado activo como servidor público, sin declaraciones patrimoniales. En 2015 y 2016, como agente del Ministerio Público, adscrito a la Fiscalía de Robo con Violencia y Cuantía Mayor de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, enfrentó una serie demandas, y en 2020 se amparó jurídicamente contra la evaluación del Centro de Control y Confianza del Estado de México, un organismo gubernamental que evalúa en capacidad, confianza y análisis toxicológicos a servidores públicos interesados en incorporarse a organismos de seguridad pública.

Hasta la fecha, Rojas Galván no aparece como ‘persona de interés’ en el caso Jiménez Mota, y su impunidad se ha garantizado, pese a los múltiples señalamientos de medios, periodistas y evidencias documentales publicados a lo largo de 17 años, y de haber sido la última llamada telefónica en las pocas horas de vida que le quedaban al periodista de Sonora.

Andrés Montoya García, persona de interés

De acuerdo con una de las líneas de investigación, Andrés Montoya García, quien en 2005 se desempeñaba como subdirector del Sistema Estatal Penitenciario fue la última persona en ver con vida al reportero Alfredo Jiménez Mota. Sin embargo, en su declaración ministerial solo afirma que habló con el periodista sobre el caso de David Garzón Anguiano, «El estudiante» que estaba próximo a su liberación, y que lo dejó en Soriana. Serían pasadas las 10 de la noche. Posterior a ello, el periodista tuvo la llamada de Raúl Fernando Rojas Galván.

El sitio digital Proyecto Impunidad, especifica que el 2 de abril de 2005, Alfredo Jiménez Mota se retiró del diario El Imparcial a las 8:45 p.m. “Desde su casa llamó a su colega Shaila Rosagel. Quedaron en encontrase más tarde, en torno a las 10 de la noche, pero antes vería a uno de sus ‘contactos’, el subdirector general del Sistema Estatal Penitenciario de Sonora, Andrés Montoya García”. El encuentro se llevó a cabo, según lo confirmado por el funcionario y en su declaración ministerial sostuvo “que dejó al periodista en un supermercado y éste le habría comentado que tenía que ver a otro contacto”.

No obstante, resulta inverosímil que el periodista de investigación se reuniera en un sábado por la noche, sin precaución y después de haber sido perseguido, para hablar con un funcionario responsable de las cárceles solo de «un tema del que ya había escrito en el periódico», tal como lo atestiguó su compañera Sheila Rosagel. Pero para la instancia investigadora del caso, el solo dicho del funcionario fue suficiente para no indagar más.

Pese a ser señalado reiteradamente como persona de interés en el crimen contra el periodista, Montoya García siguió escalando en su carrera política y jurídica, y ocupó cargos de asesor del gobierno municipal, actuario, secretario de Acuerdos, hasta llegar a la Secretaría General del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sonora.

En enero de 2018, se postuló sin éxito a la presidencia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Sonora, y en septiembre 2021, su aspiración se enfocó en la dirección de Seguridad Pública Municipal, en Hermosillo, pero fue también fue descalificado por el Cabildo al considerar que no cumplía el perfil para ocupar el cargo.

Sin embargo, el camino de su hermano fue más trágico. José Antonio Montoya García, alias El Montoyita, agente de la Policía Judicial del Estado, quien había sido señalado como autor material del “levantón” del periodista Alfredo Jiménez Mota e incluso de haber participado en su ejecución fue asesinado el 7  de septiembre de 2006.

 

La red judicial para silenciar al periodista

El Montoyita había utilizado vehículos oficiales de la Policía Judicial del Estado para perpetrar la detención ilegal de Alfredo Jiménez Mota. El único momento en que pudo ocurrir este “levantón” por parte del agente José Antonio Montoya, fue en el lugar donde lo dejó su hermano Andrés Montoya, en el supermercado, debido que el siguiente punto donde pararía el periodista sería en el bar, con sus colegas que lo esperaban. En ese ínter se registró la llamada entre Alfredo y el subdelegado de la PGR Fernando Rojas Galván, a las 23:04 horas. Y de allí fue privado de su libertad.

Junto con José Antonio Montoya García, de la misma corporación policial, fueron identificados el comandante Ramón Valle Simentel detenido en  una narco fiesta en la comunidad de El Tobarito en junio de 2004, quien desde 2003 estaba al frente de la Policía Judicial del Estado en la base de Empalme.

También estaba el comandante Juan Gabriel Vázquez Nido, quien ya había sido detenido en un punto de revisión militar en Potam por miembros de la SEDENA tras ser sorprendido en una unidad oficial transportando una fuerte suma de dinero en dólares americanos en compañía de un civil, donde ambos iban armados.

Así mismo, Pedro Emigdio Córdova Herrera, alias “El Pachi”, quien había sido ascendido como jefe de grupo de la Policía Estatal Investigadora, acribillado en Hermosillo, el 17 de mayo de 2007. Meses antes, en septiembre de 2006, ya había sufrido un atentado del que solo tuvo una herida en la espalda.

En los medios locales, trascendía que el mismo jefe policial Córdova Herrera se ostentaba de ser compadre de Daniel Irene Enríquez Parra, alias El 15, ejecutado en Tijuana, Baja California, en enero de 2005, integrante del grupo Los Números o Los Güeritos. Otros tres agentes que habrían participado eran Saúl Orduño, Benito Sánchez Lara y Julio Gutiérrez, ejecutados en Cajeme.

De acuerdo con la información recogida, todos ellos servían al mismo grupo “Los Números o Los Güeritos”, y habrían participado en el traslado del periodista Jiménez Mota a una pista entre las comunidades de San Pedro El Saucito y el municipio de Ures, donde firmaba como jefe de grupo de la PJE el comandante Juan Gabriel Vázquez Nido.

Según declaraciones en el expediente, este comandante fue quien se encargó de subir al periodista a una aeronave para su traslado a un rancho en las inmediaciones de San Bernardo, Álamos, donde según testimonios fue torturado y posteriormente llevado a Ciudad Obregón, donde habría sido sepultado clandestinamente.

Los mandos

Abel Murrieta Gutiérrez, asesinado el 13 de mayo de 2021, fue el titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado durante el sexenio de Eduardo Bours Castelo, periodo en el que se perpetró el crimen contra el periodista. Su subalterno era Roberto Tapia Chan, director de la entonces Policía Judicial del Estado, junto con el comandante Manuel Ángel Barrios Macario, subjefe de la corporación, quien hasta el 23 de julio de 2021 ostentaba el mando, desde la Dirección General de la hoy llamada Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC).

Roberto Tapia Chan ha sido reiteradamente mencionado de estar relacionado con el narcotráfico y con la desaparición del periodista. Incluso, siendo director de la Policía Estatal Preventiva, fue señalado por las hermanas Elvia y Johana Palma Morquecho, dos mujeres que estuvieron secuestradas, según su denuncia, por el mismo grupo de Los Números.

Pero desde el año de 1991, cuando Tapia Chan era director de Averiguaciones Previas de la PGJE, ya se mencionaba de su protección al narcotráfico por intervenir en expedientes judiciales, junto con uno de los entonces subprocuradores Carlos Castillo Ortega.

Para 1996, siendo Director de Seguridad Publica en Navojoa, se le identificó en la protección de narcotraficantes y se le responsabilizó en el crecimiento de la delincuencia local.

Una nueva mención de su nombre fue en el documento del CISEN, en el que basó la información Jiménez Mota y alude a la protección que daba a la organización de los Beltrán Leyva –en ese tiempo todavía socios del Chapo Guzmán y parte del Cártel de Sinaloa–  por parte de los gobiernos locales.

“Los hermanos Beltrán Leyva han operado bajo la protección de autoridades de los tres niveles de gobierno. Destacan los funcionarios incluidos en la administración estatal que inició actividades el 13 de septiembre de 2003, que en el pasado fueron asociados con el crimen organizado, como Roberto Tapia Chan, (ex) director de la Policía Judicial del Estado (PJE), y Abel Murrieta Gutiérrez, subprocurador de Averiguaciones Previas de la Procuraduría General del Estado (actual procurador)…

“Quienes en el pasado coexistieron dentro de la PGJE y en diferentes tiempos fueron los responsables de la seguridad pública en Ciudad Obregón, Cajeme, Sonora, ayuntamiento en donde se reagruparon en el año 2000 siendo presidente municipal Ricardo Robinson Bours Castelo, hermano del hoy gobernador José Eduardo Robinson Bours Castelo…”.

La carta y otras confesiones

En varios blogs de noticias sobre narcotráfico en Sonora y en el libro El Cártel Incómodo, del periodista José Reveles, se reproduce el testimonio de Saúl García Gaxiola, a quien menciona por la coincidencia de apellidos y origen como probable hermano del comandante Rodolfo García Gaxiola, exdelegado de la Policía Judicial Federal, acribillado en 1998, en Ciudad Obregón.

En el testimonio de la carta se describe el recorrido de los victimarios del periodista, las torturas y finalmente su asesinato; así como la participación de al menos 40 personas nombrados por sus alias o sus nombres completos, en su mayoría miembros de una organización policial.

Otra denuncia fue la del teniente Jesús Francisco Ayala Valenzuela, presentada el 17 de enero de 2007, en contra de Luis Octavio Gastelúm Villegas, de los oficiales de la policía judicial Ricardo Tapia Chan y Pedro Córdova Herrera, del fiscal Abel Murrieta y de Ricardo Bours Castelo, hermano del ex gobernador de Sonora, Eduardo Robinson Bours. Fueron mencionados como autores intelectuales del secuestro de Alfredo Jiménez Mota. De inmediato, fue desacreditado por el propio exgobernador y dijo que era una campaña negra contra su gobierno. Pero un mes después, los medios de la región replicaban el 21 de mayo de 2007,  que miembros del 73 Batallón de Infantería de la IV Zona Militar habían incautado 136 paquetes en bolsas de plástico con cocaína y 11 con cristal, en una revisión realizada en el Precos de Benjamín Hill a un camión de Transportes Refrigerados Maciza, que transportaba pollos Bachoco, propiedad del exgobernador.

Los nombres y apellidos que daba Ayala Valenzuela sobre los presuntos responsables del crimen contra Alfredo Jiménez Mota, volvían a ser los mismos que ignoraba la PGR, bajo la gestión de Eduardo Medina Mora, quien hablaba con Bours para acordar sobre los retenes de su mercancía.

Con la ventaja que da el tiempo, hoy se sabe que desde 2001, Eduardo Medina Mora y Genaro García Luna, ya estaban trabajando con el narcotráfico, mientras se simulaba el combate.

El 2000 y otros números

En la carta-denuncia entregada al exgobernador Eduardo Bours, por parte de Saúl García Gaxiola, se alude al “Señor 2000”, como uno de los principales mandos de la organización criminal Los Números y de los Beltrán Leyva. Se trata de Francisco Hernández García, alias El 2000, El Panchillo o el Chapito Hernández, quien -según la fuente- organizaba, coordinaba y dirigía a la mayoría del personal reclutado de entre las filas de las corporaciones policiales.

Fue detenido el 4 de noviembre de 2011, y desde entonces se encuentra preso en un centro de detención federal por crímenes de delincuencia organizada, pero se presume que él podría aportar datos precisos para la localización del cuerpo del periodista, porque era parte principal de la cadena de mando en la perpetración de este crimen.

Sobre el grupo criminal de Los Números o Los Güeritos, se mencionan a Raúl Enríquez Parra alias El 9, líder del grupo, asesinado el 22 de octubre de 2005. De su hermano, Ildefonso Enríquez Parra, alias el 10, existe registro judicial de que un mes antes de la desaparición del periodista Alfredo Jiménez Mota, tramitó un amparo indirecto, con el número de expediente 852/2005, en contra del Secretario de la Defensa Nacional, Gerardo Clemente Ricardo Vega García, en el Juzgado Séptimo de Distrito del estado de Sonora en Quinto Circuito. Por una parte, corre la información de que reside en Denver, Colorado, pero el sitio digital Border Reporter, asegura que fue secuestrado por policías federales en 2007, y ya no salió con vida. Daniel Irene Enríquez Parra alias El 15, como se mencionó líneas arriba, fue ejecutado en enero de 2005, en Tijuana, Baja California.

Con respecto a Wilfredo Enríquez Parra, alias El 11, Border Reporter, señala que es el único hermano de Los Güeritos que “quedó vivo y libre” y radica en Estados Unidos. Wilfrido también tramitó un amparo indirecto, meses después del crimen contra el periodista bajo el número 854/2005, promovido en contra del subprocurador de Averiguaciones Previas, de la Policía Judicial del Estado, en Hermosillo, Sonora, en el Juzgado Octavo de Distrito. El proceso había sido iniciado el 26 de septiembre de 2005.

La organización tenía como persona de confianza o principal brazo ejecutor a Wenceslao Terán Anaya, alias El 24, El Tecate o El Cheyas. Fue señalado como la persona responsable de haber recibido en su casa de Villa Itson, a los policías que llevaban al periodista, donde lo estuvieron interrogando y torturando hasta su muerte para después sepultarlo de manera clandestina.

«Subimos al periodista a una Sonora blanca trasladándolo en compañía de nosotros a la Villa Itson, a la casa del Cheyas. Las calles no me es posible recordar ya que no estoy familiarizado con ellas. En este domicilio 10 estuvieron interrogándolo. El Chapito Montoya le preguntaba el nombre de la persona que le daba información de Raúl Parra Enríquez (o Enríquez Parra alias el Nueve), y él solamente contestaba que le llegaba información anónima.» José Reveles, El Cartel Incómodo, Ramdon House, 2009.

El Cheyas tenía bajo su mando a Rey David Armendáriz González, alias El Charo, quien tenía su domicilio en la Colonia Francisco Villa, en Navojoa, Sonora. Traía su propio grupo de jóvenes para secuestrar y ejecutar a miembros de grupos rivales de la ciudad, entre los que fueron identificados Luis Parra Cruz, alias El Borrego, radicado en Phoenix, Arizona; José Darey Castro Borbón, artista musical del género grupero radicado en Los Ángeles, California, y su tío Romel Castro Trasviña. Todos mencionados en las diferentes líneas de investigación sobre la desaparición de Alfredo Jiménez Mota.

De los miembros de las corporaciones policiales la mayoría han sido asesinados. Solo quedan cuatro nombres de relevancia y en completa impunidad: Raúl Fernando Rojas Galván, Andrés Montoya García, Roberto Tapia Chan y “el jefe” Ricardo Bours Castelo.

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Fabricación de culpables

Juez federal niega cambio de medida cautelar a expolicía Porfirio Sánchez Mendoza acusado de tortura

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Por Guadalupe Lizárraga

Con una audiencia judicial de más de seis horas, un juez federal negó el cambio de medida cautelar solicitado por la defensa de Porfirio Javier Sánchez Mendoza, exsecretario de Seguridad Pública en Aguascalientes y policía federal de Genaro García Luna, acusado de tortura y detención ilegal contra George Khoury Layón, en prisión desde 2009, con reconocimiento de inocencia.

La víctima señaló ante el juez que temía por su vida y la de su familia si su victimario seguía el proceso en libertad condicional, además temía por la vida de quienes atestiguaron su detención arbitraria e ilegal el 2 de septiembre de 2009, tal como quedó asentado en video de las cámaras de seguridad del centro comercial donde se encontraba dentro de un gimnasio en la Ciudad de México.

La audiencia se prolongó por la defensa de Sánchez Mendoza, que presentó a un grupo de familiares, servidores públicos e incluso de agentes de la Guardia Nacional que declararon en favor de la “honorabilidad” del policía en juicio.

Por su parte, George Khoury Layón señaló que el agente del Ministerio Público no intervino prácticamente en el juicio, y al cuestionarlo, el agente argumentó que “lo habían cambiado hacía un mes, y no conocía el caso”. Por lo que Khoury apreció la asesoría jurídica de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV).

Khoury Layón, con opinión de libertad del Grupo de Trabajo de Detención Arbitraria de Naciones Unidas desde 2017 y reconocimiento de inocencia de la Secretaría de Gobernación de 2019, señaló que Porfirio Javier Sánchez Mendoza intervino en las tres últimas detenciones, de cuatro de las que fue víctima, ordenadas por el empresario Eduardo Cuauhtémoc Margolis Sobol.

La primera detención fue el 16 de julio de 2005, y desde entonces se le quiso relacionar con el falso secuestro de Hugo Alberto Wallace Miranda. La siguiente detención arbitraria fue el 30 de enero de 2006, perpetrada por el policía federale Porfirio Sánchez Mendoza y su suboficial Rolando Mayorga Cordero, éste último actualmente prófugo. Posteriormente, tras obtener una sentencia absolutoria el 14 de febrero de 2012, al momento de su salida de prisión, Porfirio Sánchez Mendoza volvió a detenerlo el 26 de febrero de ese año.

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Investigaciones

El Contador y El JJ en las omisiones y pifias de Anabel Hernández

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Por Guadalupe Lizárraga

La nueva detención de Francisco José Barreto García, alias El contador, el 14 de abril, revivió en redes sociales y medios mexicanos e internacionales la historia trágica del futbolista paraguayo Salvador Cabañas Ortega, quien era integrante del Club América y se vio obligado a retirarse de su carrera deportiva tras recibir un disparo en la cabeza el 25 de enero de 2010.

Barreto García fue detenido la primera ocasión en junio de ese año tras su coparticipación en el atentado contra el futbolista, junto con José Jorge Balderas Garza, alias El J.J., detenido el 18 de enero de 2011; ambos acusados de delitos contra la salud y relacionados con el Cártel de los Beltrán Leyva.

En el atentado a Cabañas, según la narrativa de los medios, el sistema de videovigilancia captó el momento en que Barreto escoltaba a Balderas Garza, en el baño del Bar-Bar, y en sus declaraciones ministeriales dijo que había presenciado el momento en que Balderas disparó al futbolista. Pero también en las declaraciones de Balderas, tras su detención en 2011, señaló que él no había disparado, sino que había sido Barreto, ya consignado como copartícipe de la agresión.

En esta historia, no podemos eludir y dejar de contrastar las diferentes versiones publicadas por Anabel Hernández en sus libros, porque no hay ingenuidad en sus omisiones. Tampoco en sus calumnias y pifias que han afectado a personas inocentes, con procesos judiciales sin sentencia ejecutoria; todas han sido decisiones deliberadas de su parte, y como periodista tiene un compromiso ético sin cumplir desde hace más de una década. Los más desinformados creen que su ‘trabajo’ está relacionado con la DEA, pero ninguna instancia del gobierno de los Estados Unidos sostendría a una periodista tan desaseada en su información, violando contratos de confidencialidad, y con compromisos personales como el de Javier Lozano Alarcón, uno de los cómplices de Felipe Calderón, que también ha omitido en sus libros.

El nombre de Anabel Hernández a quien sí ha servido es a la PGR, desde los tiempos de Eduardo Medina Mora como procurador. Su nombre ha legitimado mentiras como las del ‘caso Wallace’ y ha desinformado sobre hechos relacionados con narcotraficantes, empresarios y funcionarios mexicanos. Anabel ha sido el gatillo de la SIEDO-PGR con el que pretendían controlar a García Luna en su carrera presidencial.

Las omisiones de El JJ

Las omisiones de Anabel Hernández en el caso de José Jorge Balderas Garza muy probablemente fueron acuerdos con la PGR. El JJ cumple una sentencia ejecutoria por 20 años de prisión, con cargos de delincuencia organizada y delitos contra la salud, de los cuales ha compurgado la mitad. Tras su detención, sirvió como testigo protegido bajo el alias de Némesis en contra de Édgar Valdez Villarreal «La Barbie», quien era su «amigo», palabras de Valdez Villarreal en videocámara, y de los Beltrán Leyva, para quienes trabajaba.

Sin embargo, como testigo protegido, El JJ fue desestimado por las extradiciones de sus objetivos a los Estados Unidos, y entonces se ofreció como colaborador de la autoridad penitenciaria en el mismo penal, lo cual le podía dar un beneficio a la larga, por ser beneficio de ley para una preliberación, pese a que está pendiente la sentencia sobre el homicidio en grado tentativa.

En 2011, quien dio a conocer en los medios la situación del JJ fue Facundo Rosas Rosas, entonces comisionado de la Policía Federal, y mencionado reiteradamente en los libros de Anabel, sobre todo en Los cómplices del presidente. Pero nada de este contexto fue dado por la periodista con el nombre de José Jorge Balderas. Actualmente, Rosas Rosas es una de las personas contra las que la FGR emitió órdenes de aprehensión el 9 de enero de 2022 por el tráfico ilegal de 2 mil 500 armas, acto conocido como «Rápido y Furioso» durante el periodo de mandato de Felipe Calderón.

La misma historia, Anabel la cuenta en versiones distintas y todas las ha vendido como historias verídicas.

La prisa por Los señores del narco

En la primera edición de Los señores del narco, que empezó a circular en noviembre de 2010, Anabel Hernández afirmó que George Khoury Layón estaba involucrado en el atentado contra el futbolista Salvador Cabañas. Eran expedientes fabricados de la PGR que publicó a toda prisa y sin ninguna prueba. Para entonces, Khoury llevaba preso un año y dos meses, detenido arbitraria e ilegalmente el 2 de septiembre de 2009, por órdenes de Eduardo Cuauhtémoc Margolis Sobol y torturado por el expolicía federal Porfirio Javier Sánchez Mendoza, actualmente en prisión, y por su suboficial Rolando Mayorga Cordero, en estos momentos prófugo.

Anabel ignoró todas las violaciones de derechos humanos que Khoury Layón padecía por parte del empresario que pagaba la consigna y los policías de Felipe Calderón, y jamás publicó la versión de Khoury sobre los hechos pese a que habló con él en 2012; por el contrario, le dedicó seis páginas de calumnias en su libro redactadas después de la fecha del atentado al futbolista, entre febrero y octubre del 2010, puesto que en noviembre su libro ya estaba en circulación, y reiteró estas calumnias en otros títulos en 2013 y 2014 con el total apoyo de su empresa editorial.

En esas páginas lo señaló como el autor intelectual del supuesto secuestro de Hugo Alberto Wallace Miranda, dando por verídico el caso Wallace, fabricado por Isabel Miranda Torres y la PGR, pese a que en 2010 había información de las verdaderas víctimas. Además de secuestrador, Anabel se refirió a Khoury como homicida y narcotraficante, acusándolo de ser miembro de dos grupos delictivos opuestos, el del Cártel de los Beltrán Leyva y el de la célula El Apá.

En esa misma edición mencionó a César Freyre Morales con las mismas calumnias, diciendo que recibía órdenes de Khoury y que, cinco años antes, César había confesado sobre esto y el caso Wallace, incluso Anabel hizo referencia a Isabel Miranda como “la responsable de esas capturas”.

En contraste, los hechos son que el 2 de octubre de 2010, Freyre confesó bajo tortura, una de las más brutales de todas, que sí había secuestrado a Hugo Wallace y de todo lo que quisieran inculparlo, porque ya no aguantaba más, y agentes de la SIEDO tenían a su madre encañonada en su casa mientras él iba a presentarse a audiencia. Durante los cuatro años anteriores, a pesar de las torturas estuvo negando el supuesto crimen. Fue detenido directamente por Isabel Miranda Torres y el agente de la SIEDO Braulio Robles Zúñiga, con tres agentes más, el 23 de enero de 2006 y presentado tres días después; y no en 2005 como afirma Anabel Hernández en su libro, otra pifia insostenible porque además Isabel Miranda se había encargado de hacer mediática su detención con la increíble historia de su captura. Cualquier búsqueda en Google le hubiese dado a Anabel las fechas precisas.

Pero la periodista se ensañó con ellos, con las víctimas de Wallace, incluso con Juana Hilda González Lomelí. A Khoury lo relacionó falsamente con el Cártel de los Beltrán Leyva y con El Apá, pero también lo acusó de trabajar con otro grupo de secuestradores de la Ciudad de México llamado supuestamente «La Flor», que también resultó información falsa, utilizando nombres de detenidos por otros delitos o en otros estados. Más fabricaciones de la PGR que Anabel presentaba como «sus investigaciones». Incluso afirmó que Khoury había obtenido más de 100 millones de dólares por unos 40 secuestros y, al mismo tiempo, contra toda lógica también afirmó que la hermana de éste vendía “tachas” en las afueras de sus “antros” por lo que se le había girado una orden de aprehensión.

En cambio, en esta primera edición omitió el nombre de José Jorge Balderas Garza, alias El JJ, y el de Francisco José Barreto García, alias El Contador, pese a que para la fecha en que se editó el libro había información y fuentes para precisar sobre el atentado contra Salvador Cabañas, sobre todo tratándose de personas vinculadas a los Beltrán Leyva. Pero ni detalles ni contexto. Y en sus demás libros, Anabel omitió completamente la participación, la identidad y la trayectoria delictiva de Francisco José Barreto García.

Segunda edición de Los señores del narco, versión 2

Para mayo de 2014, el Grupo Editorial Penguin Random House sacó una edición de este título de Anabel Hernández, en el que eliminó por completo el párrafo sobre el atentado contra Salvador Cabañas.

El contexto omitido era que, tras la primera detención de Barreto, en junio de 2010, por su participación en el atentado contra el futbolista y distribuir drogas en Estado de México, declaró que El JJ era el que había disparado a Cabañas en los baños del Bar-Bar. Mientras que El JJ también en su detención dijo que había sido Barreto el responsable del disparo al futbolista, y argumentó que El Contador estaba encargado de su seguridad, además de operaciones financieras y administrativas.

Pero los cuatro años de escándalos mediáticos que siguieron, con información profusa sobre los hechos relacionados con narcotráfico, no valieron a Anabel Hernández ni a la editorial para corregir lo publicado en 2010. Simplemente en esta edición eliminaron el párrafo con el nombre del futbolista y sus atacantes, pese a que estos pertenecían al mundo de los Beltrán Leyva, el que investigaba supuestamente Anabel Hernández.

Pero en cambio, la periodista reiteró todas las calumnias contra George Khoury Layón, César Freyre Morales y Juana Hilda González Lomelí sobre secuestros, homicidios y narcotráfico, pese a que el 31 de mayo de 2014, Los Ángeles Press, bajo mi autoría, revelaba las evidencias de la falsedad del caso Wallace y en una serie de reportajes revelaba las torturas a las víctimas para que se confesaran culpables de un crimen que no había sucedido. Anabel Hernández, por su parte, en la revista Proceso, ese mismo día, horas después, puso en duda el caso Wallace en un artículo titulado «El caso Wallace, más turbio que nunca».

Los otros libros y las otras versiones

En su libro México en llamas, en su edición de diciembre de 2012, que ya fue reeditada y aumentada, Anabel Hernández se refirió escuetamente a José Jorge Balderas, El JJ, como responsable de haber disparado contra el futbolista y volvió a omitir el nombre y la participación de Barreto García, El Contador.

Pero en el caso de los inculpados de Wallace, en el capítulo que le dedica, da credibilidad a la confesión obtenida bajo tortura con abuso sexual de Juana Hilda González Lomelí, y páginas más adelante, contradictoriamente, especifica que fue sacada del “centro de arraigo con lesiones y golpes” sin referirse a ello como tortura. Entre las partes aumentadas sobre el caso Wallace, refiere las evidencias además sobre la fabricación de pruebas, pero sigue tratando a Isabel Miranda con deferencia, sin señalarla directamente responsable de las torturas, pese a que esta información ya era pública a través de cartas abiertas escritas por las víctimas y dirigidas a funcionarios e instancias de derechos humanos.

En este título, los nombres difamados de las víctimas de Isabel Miranda vuelven a desfilar, excepto el de George Khoury, a quien había acusado de ser el autor intelectual del supuesto secuestro Wallace y omite el nombre de Jael Malagón Uscanga, quien también fue inculpado por Isabel Miranda y Braulio Robles Zúñiga “de otros secuestros”, para justificar “la temible banda de secuestradores”.

Narcoland, su versión en inglés

La versión en inglés de Los señores del narco, traducida por Verso Books, en 2013, fue recortada. También se eliminó el párrafo sobre el atentado de Salvador Cabañas, pero también todo lo referente al caso Wallace, eliminando el nombre de César Freyre. Sin embargo, Anabel Hernández siguió con todas las calumnias y difamaciones en contra de George Khoury Layón. En esta versión lo vincula directamente con Edgar Valdez Villarreal, y destaca que «fue detenido con armas calibre .35 y .22, además de pastillas psicotrópicas». Cuando en realidad, la defensa de Khoury demostró con evidencia videográfica y un audio grabado de su tortura que fue detenido en un gimnasio y de allí se lo llevaron para torturarlo durante 14 horas, hasta el día siguiente fue presentado a la SIEDO. Igual que en los otros libros, Anabel se ensañó acusándolo además de narcotráfico, de secuestros, homicidio y de poseer millones de dólares.

Un año antes de esta edición, Anabel Hernández había visitado a Khoury en el Reclusorio Oriente, y de acuerdo con el testimonio de la víctima, le ofreció disculpas por esas calumnias, prometiéndole que las corregiría si Khoury obtenía su reconocimiento de inocencia. Lo cual obtuvo en 2017 por parte del Grupo de Trabajo de Detención Arbitraria de Naciones Unidas y de la Secretaría de Gobernación en 2019. Incluso, en carta pública a Anabel, Khoury le pidió que corrigiera sus libros. Él había cumplido su parte, ahora faltaba ella. No obstante, hasta la fecha Anabel se mantiene firme en sus calumnias.

El JJ en Emma y otras señoras del narco

Francisco José Barreto García tampoco existe en este libro de Anabel Hernández, donde vuelve a mencionar el atentado contra Salvador Cabañas, un libro por el que está siendo demandada por varias figuras públicas del espectáculo. En la referencia al JJ dice las cosas a medias.

«En 2010, el Bar Bar se volvió tristemente célebre cuando el futbolista Salvador Cabañas fue agredido con un disparo en la cabeza por José Jorge Balderas Garza, a quien en las noticias se identificó como el JJ, lugarteniente de la Barbie, aunque dentro de la organización criminal todos le decían Batman por su altura y aspecto.» Emma y las otras señoras del narco (Spanish Edition) by Anabel Hernández.

Es inverosímil pensar que Anabel desconoce la información relacionada con el caso Cabañas. Lo que no se explica es por qué omitir la participación en el crimen del Contador, cuando ha sido publicado en todos los medios, más aún cuando da detalles irrelevantes y de alcoba de otros narcotraficantes.

¿Por qué silencio de Anabel con El JJ y El Contador?

La forma en la que Anabel Hernández ha ido publicando y corrigiendo sus libros, sobre todo las versiones digitales, trazan una trayectoria de omisiones muy convenientes para el colaborador de la PGR El JJ y El Contador, y mantiene con obstinación falsedades y pifias para inculpar a inocentes, como en el caso de George Khoury Layón, consigna de Margolis.

Incluso a las víctimas de Isabel Miranda Torres, pese a que Anabel misma ha puesto en duda el caso, no le ha prestado interés en limpiar el nombre de sus inculpados, cuando es responsable de errores y contradicciones, que hemos señalado reiteradamente en Los Ángeles Press, desde donde se ha denunciado la persecución de Isabel Miranda contra quien esto escribe tras revelar la identidad del padre biológico de Hugo Alberto, el señor Carlos León Miranda, primo hermano de Isabel; las tres identidades oficiales de Hugo Alberto, dos de ellas activas en Hacienda hasta 2018; las declaraciones ministeriales falsas de Isabel Miranda; la fabricación de la gota de sangre; la identidad de los torturadores de los inculpados, activos en el servicio público todavía; la colaboración de Miranda en la Secretaría de Seguridad Pública en 2004 con Eduardo Medina Mora; su injerencia en el área de Secuestros de la SIEDO, desde 2001; su participación directa en las torturas y amenazas a sus víctimas, entre otras cuestiones más que nos llevan ineludiblemente a la PGR y al silencio de Anabel Hernández.

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Investigaciones

México: El atraco a la CFE

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Por Enrique Domínguez Gutiérrez

Los países europeos gozan de una salud económica muy diferente a la que tenemos en Latinoamérica. Llevan siglos perfeccionándose y explotando sus propios recursos, son pioneros en el empleo de aerogeneradores y es la consecuencia de las carencias como el petróleo. Cada país ha explotado sus propios recursos: los países africanos han explotado sus minas de oro, de bauxita; Rusia, el gas natural; Canadá, la madera; Venezuela, México y los países árabes, su petróleo. 

Sin embargo, México ha tenido resultados muy diferentes a los países desarrollados en la explotación de sus recursos. Habría que preguntarnos, por ejemplo, si realmente somos un país altamente contaminante, si es necesario vender al país o empeñarlo y amedrentarlo con políticas económicas terroríficas como el entreguismo y la privatización, saciando con creces la sed monetaria de unos pocos vividores y sátrapas con poder que consideran el lucro antes que una visión sensitiva y realista al bienestar ciudadano.

En este contexto, no es para menos poner atención en el atraco a la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Es más que evidente. El proceso de privatización de esta empresa pública se inició desde la llegada de Miguel de la Madrid (1982 – 1988) y la consumación fue con Carlos Salinas de Gortari (1988 – 1994). En la reforma eléctrica, se trabajaron con sigilo las leyes secundarias para ir construyendo un andamiaje que consistiría en la entrega del país a manos privadas mediante la conversión de la ilegalidad en actos legales para facilitar de esta forma el ultraje y el sometimiento a la población, el resultado: una reforma energética auspiciada por sobornos.

El jueves 12 de diciembre de 2013, la Cámara de Diputados aprobó la reforma energética modificando los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución Mexicana, incluyendo 21 transitorios, permitiendo a empresas privadas participar en el sector energético, quitándole el monopolio también a la CFE, mediante contratos de servicios, de utilidad compartida, producción compartida o de licencia, entre otras modalidades.

Las promesas de Peña

En cuanto a los alcances de la reforma energética se hablaba en el portal del Gobierno de la República en ese entonces a cargo de Enrique Peña Nieto, de grandes virtudes que a continuación se exponen:

    • Bajará el recibo de la luz, el precio del gas natural, de algunos servicios y alimentos.
    • Se crearán 500 mil nuevos empleos formales durante el sexenio y, para el 2025, se habrán creado 2.5 millones.
    • Crecerá la renta petrolera y con estos recursos se construirán más escuelas, hospitales, carreteras; se ofrecerán mejores servicios públicos.
    • Todos los mexicanos tendremos derecho a saber cuánto se les paga a las empresas y qué beneficios aportan.
    • Todas las rondas licitatorias de los contratos serán públicas y transmitidas en tiempo real a través de Internet.
    • El Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo reportará por lo menos una vez al trimestre las cantidades de dinero que transfiera a otros fondos.
    • Las sesiones de la Comisión Nacional de Hidrocarburos y de la Comisión Reguladora de Energía serán transmitidas por Internet.
    • Se creará la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos.
    • La utilización del gas natural permitirá mejorar la calidad del aire.
    • El uso de mejor tecnología hará posible extraer petróleo de forma más eficiente y encontrar nuevos yacimientos en menor tiempo.
    • La explotación de recursos naturales deberá cumplir con el criterio de sustentabilidad.
    • Protegerá la industria energética y la soberanía de México
    • Pemex y la CFE seguirán siendo empresas públicas propiedad de todos los mexicanos bajo la figura “Empresas Productivas del Estado”.
    • Pemex tendrá la opción de conservar todos los yacimientos que ya explota.
    • Pemex contará con una ronda cero.
    • Se dará trato preferencial a empresas mexicanas.
    • Se creará un Fideicomiso Público para Promover el Desarrollo de Proveedores y Contratistas Nacionales de la Industria Energética, el que ofrecerá programas de capacitación, investigación y certificación a las pequeñas y medianas empresas nacionales relacionadas con las actividades petroleras.
    • La industria energética mexicana será más competitiva y eficiente.
    • Parte de la renta petrolera se destinará a financiar la investigación científica.
    • Se estima que la capacidad de producción petrolera de México aumentará de 2.5 millones de barriles diarios actuales a 3 millones al terminar el sexenio.
    • Se estima que la capacidad de producción de gas natural de México aumentará de 5,700 millones de pies cúbicos diarios actuales a 8,000 millones en 2018.
    • De 2015 a 2017 los precios de las gasolinas y del diésel aumentarán conforme a la inflación pero con topes máximos, y a partir de 2018 su precio será libre.
    • Se ofrecerán programas de capacitación, investigación y certificación a empresas mexicanas. 
    • Mediante el Programa Nacional de Infraestructura 2014 – 2018 se invertirán 3.9 billones de pesos en el sector energético.
    • El sector energético seguirá apoyando el desarrollo de México.
    • El Producto Interno Bruto crecerá 1 punto porcentual en 2018 y 2 puntos en 2025.
    • Se destinará la misma cantidad de la renta petrolera al Presupuesto de Egresos que antes de la reforma.
    • Se construirán, a lo largo del sexenio, 10 mil kilómetros de nuevos gasoductos con una inversión de más de 170 mil millones de pesos.


La realidad

La realidad dista mucho de lo que en su momento se manejó, atribuyendo grandes ventajas para nuestro país, tendiente a consolidar el desarrollo y estimular acciones de naciones altamente desarrolladas en favor de México.

No obstante, la construcción de la narrativa respecto a potenciar las energías limpias mediante inversiones en energía eólica y solar ha resultado una mera narrativa política, una falsa gestión, porque no fue así.

La producción de petróleo no ascendió como se dijo, por el contrario, disminuyó cayendo a 1.720 millones de barriles diarios.

Para 2018, la energía producida era de 317,278 GWh dividida en la siguiente forma: 

Del total de producción, sólo el 23.2 por ciento es considerada energía limpia.

Se hablaba de transparencia, tampoco la ha habido. Es difícil encontrar datos precisos y poder mostrar con efectividad gráficos y montos del gran hurto a la nación.

Mundialmente, la energía geotérmica e hidráulica son consideradas energías limpias (diversidad, abundancia y potencial de aprovechamiento en cualquier parte del mundo, pero sobre todo en las que no producen gases de efecto invernadero). Sin embargo, en México, no están consideradas así de esta manera, la manipulación de cifras resulta perjudicial para la Comisión Federal de Electricidad haciendo que en los supuestos hechos no produzca energías limpias. 

Mientras en Alemania se produce la electricidad con un 31.8 por ciento de carbón, en China 66.1 por ciento, Estados Unidos el 34.5 por ciento y en México sólo un 9.2 por ciento.

El consumo per cápita en México representa el lugar número 79 de la lista. En la pasada Cumbre de las Naciones para el Cambio Climático de Glasgow (COP26), China, Estados Unidos, India y Australia se negaron a suscribir un acuerdo para reducir las emisiones de carbono en actividades industriales y comerciales. En conjunto, suman el 53 por ciento de los países más contaminantes del mundo.

Estados Unidos, Alemania, China y Japón se negaron también a suscribir un acuerdo para vender sólo vehículos de cero emisiones para 2024.

El autoabasto, la llave mágica de las empresas privadas

El autoabasto es un esquema que se refiere a la posibilidad de que empresas puedan producir su propia electricidad mediante el empleo de energías limpias con marañas jurídicas. Este modelo implicó prácticas ilegales que originaron un mercado paralelo, donde las entidades privadas empezaron a vender la electricidad sin pagar el empleo de las líneas de transmisión, lo que se conoce como porteo.

Hubo un abuso colosal y se promovió la simulación de sistemas que tenían un tinte económico con ganancias exorbitantes por la dispensa de pagos utilizando contratos enfangados.

Hasta ahora hay 239 centrales que funcionan bajo el régimen de autoabasto que no cuentan con permisos autorizados para el suministro básico. Hay 77,767 consumidores y destacan entre ellos: Alsea, Grupo Bimbo, Oxxo, Cemex, Walmart, Femsa y Kimberly Clark, solo por citar algunos.

Un claro ejemplo de autoabasto podemos verlo en Grupo Dragón propiedad del Grupo Salinas que se dedica a la agrupación de “Socios autoabastecidos”, que en realidad fungen como clientes. Este grupo posee en la actualidad tres parques, uno de energía geotérmica y dos de energía eólica.

Grupo Dragón solicita a la Comisión Reguladora de Energía (CRE) el permiso para la generación de electricidad con el fin de autoabastecerse con sus “socios”. Dicho permiso es autorizado. La CFE y los “socios autoabastecidos” firman un contrato leonino para el uso de sus líneas de transmisión (porteo). Finalmente existe una doble facturación, una por parte de la CFE y otra por Grupo Dragón. La situación en este sistema es que los socios autoabastecidos no pagan el porteo ni el costo real de la transmisión.

En el siguiente cuadro se muestra a los socios autoabastecidos en los que no solamente figuran las empresas del Grupo Salinas, también hay entidades de gobierno, ayuntamientos y empresas ajenas al Grupo Salinas.

Hay que mencionar que este esquema incluye a monopolios privados en su mayoría extranjeros a los que no tiene acceso la CFE cuyos grandes clientes simplemente fueron sustraídos y no como resultado de una competencia económica.

El despacho eléctrico

De acuerdo con el Centro de Investigación en Política Pública IMCO, el despacho eléctrico es el mecanismo que decide el orden en el que cada central eléctrica inyecta su energía a la red en un periodo determinado; la planta más eficiente es la primera en inyectar la energía a la red.

En el caso de la reforma eléctrica aprobada en diciembre de 2013, el despacho da prioridad a los privados que generan energía eólica o solar, la prioridad la establece el Centro Nacional de Control de Energía (CENACE) y no la CFE. No consideran los costos de inversión y de financiamiento, es la CFE que mantiene los costos totales más bajos y no se le da prioridad en el despacho.

Los generadores privados venden a precios elevados mediante subastas utilizando el precio más alto a la CFE quién está obligada a comprarles.

Esto genera una pérdida económica por 215 mil millones de pesos anuales operando al 45 por ciento de su capacidad, es decir 119 Teravatios hora (TWh) y otros 223 mil millones de pesos por adquisición de energía eléctrica a privados.

La CFE, su capacidad y apuesta por las energías renovables

Actualmente la CFE cuenta con 60 hidroeléctricas que generan el 11.4 por ciento del consumo del país:

  • 34.6 por ciento usa tecnología de ciclo combinado
  • 20.3 por ciento es hidroeléctrica
  • 8.9 por ciento es nucleoeléctrica
  • 3.8 por ciento es geotermoeléctrica

Se ha aumentado la generación mediante la optimización y rehabilitación de todas sus centrales, de tal modo que se disminuirá la compra de electricidad a privados.

Según menciona el Coordinador de Comunicación Corporativa de la CFE:

  El mercado que propició la reforma de 2013 obliga a la CFE a disminuir su participación año con año. Esto se debe a que el costo que se calcula para las energías intermitentes es parcial: no se suma el proceso completo desde la generación de energía hasta su uso en los destinatarios finales. Para la CFE, sin embargo, sí se toma en consideración. Los números son dispares porque las cuentas están mal hechas”.

Del total de energías limpias inyectadas a la red mexicana en 2021, el 55 por ciento fue de la CFE. Igualmente, del total de energía que la CFE produjo en ese mismo periodo de tiempo, el 38 por ciento fue limpia; mientras que los privados sólo lo hicieron con el 20 por ciento. La CFE ya anunció varios proyectos para seguir aumentando su generación limpia: la construcción de la planta fotovoltaica más grande de Latinoamérica, el mantenimiento a las plantas hidroeléctricas para que tengan 50 años más de vida o el proyecto de producción de energía a través del hidrógeno verde

Difícilmente una persona en su sano juicio podría negarse a la tentativa de vivir en un país libre de emisiones contaminantes, es necesario emprender ese camino para el desarrollo de infraestructura y de investigación para disfrutar el aire que respiramos.

Se tiene la idea de que el petróleo es un sinónimo de combustible. Nada más alejado de la realidad, su procesamiento y elaboración de derivados requiere de la existencia de refinerías. El petróleo tiene un papel activo que seguirá por lo menos en este siglo, sus aplicaciones son numerosas como las industrias farmacéuticas, alimenticias y agrícolas entre muchas otras.

No hace falta mucha ciencia, quizá un poco de sentido común para saber que nuestro entorno está regido por plásticos, cubiertas, barnices, aromas, pinturas, colores, televisores, automóviles, incluso los eléctricos, el grafeno, el grafito, el pegamento, etc, etc, etc.

La migración hacia un planeta limpio libre de hidrocarburos llevará aún más tiempo, los autos eléctricos requerirán un poco, las embarcaciones, las naves espaciales y los aviones requerirán varias décadas.

¿Quién está más comprometido entonces con la generación de energías limpias?

La incógnita de las energías intermitentes

La energía eólica y solar exigen condiciones del sistema que pueden afectar económicamente a largo plazo. Como todos sabemos la tecnología que se tiene no permite almacenar grandes cantidades de este tipo de energía, su almacenaje es minúsculo y requiere con el paso de los años alguna solución, pues debemos concluir que “no siempre hay sol” y “no siempre hay viento”. 

La conversión que propone la CFE es muy sencilla: las energías firmes primero, luego las intermitentes con el 46 por ciento de participación privada, la reforma eléctrica pretende que las empresas ajenas a la CFE crezcan económicamente. No se pretende estar en contra de ello, por el contrario: quiere asegurarse de que lo hagan de la manera más justa y no como sucede en la actualidad.

El desfalco

Uno de los objetivos que persigue la reforma eléctrica es eliminar los contratos por demás abusivos en perjuicio del Estado contrarrestando las pérdidas por subsidios y los balances negativos. Por ello a continuación se describen los siguientes daños:

  • El daño por contratos a Productores Independientes de Energía (PIE) asciende a 410,000 millones de pesos hasta ahora contabilizados.
  • Balance negativo de la filial de la CFE que representa por obligación de ley a los autoabastos simulados por 20,481 millones de pesos.
  • Subsidios por tarifa de transmisión a privados (porteo) por 28,765 millones de pesos
  • Compra de certificados de energía limpia por parte de la CFE. Por 6,000 millones de pesos
  • Respaldo a energías renovables por 4,000 millones de pesos.

Total hasta ahora contabilizado: MXN 471,606 millones de pesos anuales

De acuerdo con el Diario Oficial de la Federación (DOF), en el punto 2 de definiciones se establece que:

Los rangos de tensión utilizados en los Servicios de Transmisión, que pueden ser: 

  • Alta Tensión: igual o mayor a 69 kV.
  • Media Tensión: menor a 69 kV y mayor a 1 kV.
  • Baja Tensión: menor o igual a 1 kV.

Dichos subsidios representan MXN 28,765 millones de pesos con cargo al erario, lo absurdo es que la CFE está subsidiando a sus competidoras españolas: Iberdrola, Naturgy y Acciona y a la italiana Enel (antes AGIP) cuyos asesores son ahora “asesores” del Partido de la Revolución Democrática (PRD) a través de Paolo Salerno, captado en la curul junto a la diputada Edna Gisela Díaz Acevedo.

 

Durante los tres sexenios anteriores no se invirtió en la formación de profesionales para el desarrollo de tecnologías ambientales como sería el caso de todas las formas de energía amigable al ambiente.

La reforma eléctrica que puede ser aprobada este domingo 17 de abril pretende entre otras cosas evitar el atraco a la CFE y proyectarla para tener el 54 por ciento de la participación en el mercado (actualmente cuenta con el 38 por ciento y 46 por ciento a los privados). Esto no significa la preponderancia de la empresa por sí misma, sino simplemente tener el control para velar por los intereses de la población en general y no para unas centenas de beneficiados por privilegio.

Las probabilidades de aprobación están en vilo. Sin embargo, se tiene un plan B para hacer una reforma al estilo de la Ley Minera que protegería y destinaría al mercado mexicano la explotación del Litio como un elemento del futuro para acciones que permitan el desarrollo de medicamentos, baterías y acumuladores, prolongando de esta manera el almacenamiento de este tipo de energía que depende enteramente de las condiciones ambientales y pasar de la intermitencia a la seguridad de ser una energía fija.

No soslayar el atraco donde los privados fueron financiados por la Banca de Desarrollo (Bancomext, Nafinsa, Banobras) hasta en un 75 por ciento, que ya han recuperado hasta en 34 veces su propia inversión. Por ejemplo, el expresidente Felipe Calderón (2006 – 2012) obtuvo 9.6 millones de pesos por trabajar en Iberdrola. Georgina Kessel, ex secretaria de Energía en su gabinete presidencial, sigue en funciones como miembro del consejo de accionistas en la misma empresa y ha recibido hasta el momento 72 millones de pesos.

Mientras una empresa pública mantiene sus balances negativos propiciados por el atraco, empleando un mecanismo donde lo ilegal se establece como marco normativo lícito, dejó de ser pública. Por lo tanto, se hace necesario hoy más que nunca una reforma energética para evitar que la corrupción siga dañando al país por medio de las leyes hechas a modo en el pasado. 

No cabe duda de que hoy como antaño, la lucha es en contra de un minúsculo grupo de empresarios con intereses muy particulares, sin escrúpulos, que siguen siendo subsidiados. No pagan la transmisión, no pagan el respaldo, tampoco las certificaciones, simplemente se amparan.

Una reforma eléctrica que tenga como fin el bienestar ciudadano podría ser factible este domingo 17 de abril en México, pero de cualquier manera despertará burlas, pifias, algarabías y hasta algunas tristezas.

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