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El ejército mexicano, próximo a rendir cuentas por la masacre de ‘El Charco’

La CIDH emitirá un ‘Informe de fondo’ que puede obligar al Estado mexicano a rendir cuentas ante la Corte Interamericana por los casos de tortura y ejecuciones extrajudiciales en la comunidad mixteca.

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  • Veintidós años después de los acontecimientos ocurridos en la comunidad mixteca de ‘El Charco’, el estado mexicano sigue sin reconocer las ejecuciones extrajudiciales y los casos de tortura, entre otras acusaciones de los supervivientes.
  • La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, gracias a un informe presentado por Red Solidaria Década Contra la Impunidad, emitirá un ‘Informe de fondo’ que puede obligar al ejército a rendir cuentas ante la Corte Interamericana.

Por José Pedro Martínez

Pasada la medianoche, la obscuridad tiñe de negro los cerros más remotos del interior de la Costa Chica del estado de Guerrero, en la Sierra Madre Sur. El sonido nocturno de la naturaleza, rica y exuberante en estas latitudes mexicanas, oculta el despliegue de decenas de soldados del ejército que se acercan, sigilosamente, a una pequeña comunidad Na’ savi aislada por la geografía.

Es la madrugada del 7 de junio de 1998. En ‘El Charco’ -pueblito rural perteneciente al municipio de Ayutla de los Libres- pobladores y visitantes descansan después de haber celebrado una larga jornada de asamblea. Durante el fin de semana, a esta comunidad mixteca han llegado unos 300 representantes de otras aldeas de la zona, algunos estudiantes universitarios de la Ciudad de México y dos columnas del Ejército Revolucionario Popular Insurgente (ERPI). El propósito de dicha reunión: reforzar la colaboración entre pueblos, organizaciones y académicos para mejorar la producción agrícola, así como la implementación de otros proyectos relacionados con la autonomía indígena y la alfabetización.

“Estábamos durmiendo en el interior de la escuela Caritino Maldonado cuando empezaron a dispararnos”, cuenta Efrén Cortés, entonces un joven treintañero que materializaba su compromiso por la defensa de los pueblos nativos formando parte de la estructura ideológica de la guerrilla. Un batallón de los Grupos Aeromóviles de Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano (conocidos como “GAFES”), surgió de las sombras agarrando por sorpresa a todos los presentes. “Ocultos y con la cara tapada”, recuerda Cortés, rodearon el pequeño edificio para lanzar un ataque sin piedad.

Los militares iban en busca de supuestos integrantes del ERPI, quienes tan pronto brincaron de su letargo trataron de repeler la emboscada. Cortés narra que una granada lanzada al interior de la precaria escuelita logró herir gravemente a una decena de personas; dos guerrilleros entre ellas. Algunas de las que pernoctaban en el lugar, asegura, fueron ultimadas mientras intentaban escapar, “estando heridas, rendidas y desarmadas”.

El asedio del ejército se alargó hasta acabada la noche; unas cinco horas en las que la lluvia de plomo no dio tregua, pese a las advertencias de la presencia de civiles, ancianos y niños atrapados en medio del fuego. Mientras tanto, una cantidad aún incierta de soldados a las órdenes de Alfredo Oropeza Garnica, comandante del  27 Batallón Militar, se desplegaba por todo el lugar -en el que vivían unas 2 mil personas- para establecer un cerco a la insurgencia.

Ricardo Zavala, estudiante de la UNAM que acudió a la asamblea acompañado de Erika Zamora Pardo -otra universitaria- estaba dentro de la escuela donde se centró el ataque. Según cuentan los supervivientes, se ofreció a salir para intentar mediar con los militares, pero éstos le fusilaron sin contemplación.

“A las 7 de la mañana se da la rendición. Ya rendidos y a corta distancia, los soldados empezaron a acribillarlos”, asegura Cortés. Tras finalizar el asalto, la operación del ejército continuó hasta las 6 de la tarde y se extendió a otras comunidades tu’un savi y me’ pah aledañas. El saldo final: 11 muertes, una treintena de detenciones y múltiples heridos, entre ellos algunos niños.

Crímenes de lesa humanidad

Erika Zamora y Efrén Cortés fueron detenidos durante la operación y trasladados a instalaciones castrenses donde, según los testimonios recogidos en el reciente informe de admisibilidad de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), fueron torturados y obligados a firmar declaraciones inculpatorias ante un ministerio militar. Los testigos, que pasaron más de cuatro años en prisión acusados de terrorismo, portación ilegal de armamento exclusivo del ejército e incitación a la violencia, sitúan al general Oropeza Garnica como la persona que encabezó las torturas.

“Éste sería el primer caso en la historia de México ante la CIDH en el que el acusado es el ejército y estamos hablando de tortura y ejecuciones extrajudiciales”. La abogada Magda López trabaja desde 2004 en la Red Solidaria Década Contra la Impunidad, una organización de Derechos Humanos presidida por el obispo Jesús Vera López que trata de elevar ante organismos humanitarios y jurídicos internacionales diversos casos de violaciones y abusos por parte del Estado mexicano. Desde 2011, trabajan por reparación y justicia para las víctimas y sobrevivientes de la masacre de El Charco.

“Que la CIDH admita la petición sobre El Charco supone un gran éxito porque ya hay un informe de admisibilidad previo en diciembre de 2018. Ahora estamos a la espera del ‘informe de fondo’ para que se pueda sancionar al estado mexicano. Que se investigue y se sancione al ejército y a los mandos que estuvieron al frente de esta operación: el general Juan Alfredo Oropeza Garnica y el comandante de la Novena Región Militar, Luis Humberto López Portillo Leal”, explica López.

Policías Comunitarios de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC-PC), desfilan en San Luis Acatlán (Guerrero). La CRAC es una de las organizaciones basadas en usos y costumbres amparadas en la ley 701 de la OIT / Foto: José P. Martínez

La abogada da cuenta de las dificultades que tuvieron para instruir el caso. “Nunca pudimos conseguir el informe que el ejército remitió a la CNDH hasta que nos fue filtrado por una organización de derechos humanos en el extranjero. La copia que conseguimos tiene mucha información subrayada en negro y no pudimos saber qué decía. Pero en la que se puede alcanzar a leer, el propio ejército relata cómo rodearon el lugar y que la gente fue cercada mientras dormía en el interior de la escuela Caritino Maldonado”.

Además de este informe escrito por el propio ejército y el elaborado por la relatora de ejecuciones extrajudiciales de la CNDH con las entrevistas a Erika Zamora y Efrén Cortés, otras organizaciones humanitarias como Human Rights Watch también señalaron la necesidad de investigar lo sucedido en El Charco. “Es muy difícil llegar a una resolución sobre éste y otros casos porque se trata de un poder fáctico en México: el ejército.

Durante estas dos décadas, el asunto ha sido opacado tanto por el estado -que siempre ha negado la existencia de grupos guerrilleros- como por los medios de comunicación, explica la abogada. “El único que se hizo eco de la masacre fue el diario local El Sur. Además, al tratarse de víctimas pertenecientes a un movimiento armado, muchas organizaciones de derechos humanos evitaron entrar en el tema”.

“Hoy, que el caso ya se encuentra en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ya son varias organizaciones las que se han ofrecido a ayudar en la defensa. Pero desde que iniciamos, estuvimos solos debido a la relación del caso con el Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI). Esperamos que la CIDH, en los próximos días, nos entregue el informe de fondo para presentarlo ante la Corte Interamericana”.

El Estado contra la insurgencia: la guerra de baja intensidad

El primer desaparecido en América Latina no sucede en Chile, Argentina, El Salvador o Colombia. Según el historiador Fritz Glockner, “fue en agosto de 1969 en el estado de Guerrero”, así como el primero de los ‘vuelos de la muerte’, atribuidos en exclusividad -y erróneamente- a las dictaduras argentina, guatemalteca y chilena, se realizó en la costa del Pacífico guerrerense por parte del ejército mexicano.

La “guerra sucia” (o de “baja intensidad”, como prefiere acuñarla el escritor poblano), se practica en México desde la década de los 40 y se acentuó a partir del asesinato extrajudicial de Rubén Jaramillo, en 1962. El líder agrario fue acribillado junto a su familia por cuatro pelotones de soldados a las órdenes del general Gómez Huerta, apoyados por un grupo de pistoleros pagados por caciques morelenses.

“Puedo asegurar con toda certeza que entre 1969 y 1976 se asesinaron a unos 5 mil mexicanos y mexicanas por razones políticas, sociales o ideológicas”, puntualiza Glockner. Comparado a las aterradoras cifras del presente puede parecer pecata minuta, pero sirven para hacerse la idea de la actitud del estado mexicano frente a este tipo de organizaciones en la historia reciente.

La mal llamada ‘Guerra Sucia’, se trata en realidad de una guerra de baja intensidad que incluía el control de la información, la historia y la memoria. El Estado mexicano se ha encargado de enfangar la memoria histórica de los movimientos armados [insurgentes y/o revolucionarios] de México.

El estado de Guerrero tiene dos de los municipios más pobres de Latinoamérica: Cochoapa el Grande y San Martín Peras / Foto: José P. Martínez

Las guerrillas y otros movimientos armados han supuesto para muchas comunidades rurales de Guerrero la única forma institucionalizada de organización social, procuración de seguridad y justicia, y el único frente de defensa de los intereses de la población. Por ello, Magda López considera que en 1998 todavía se practicaba la ‘Guerra Sucia’.

Tras lo ocurrido en ‘El Charco’, el ejército mexicano mantuvo cerrada la comunidad a medios y periodistas, y solo permitió su acceso días después, cuando las evidencias de lo que había ocurrido en aquel lugar ya estaban totalmente alteradas. “Parecía que en Guerrero, el gobierno podía hacer lo que quisiera con la gente. Dejaron pasar a los reporteros cuando ya habían limpiado la escuela donde se produjo la masacre. Incluso ya habían tapado los agujeros de bala”, afirma.

“Esta masacre se da dentro de una estrategia de contrainsurgencia que el gobierno mantenía en esa región durante muchos años”, reconoce también Efrén Cortés. “Había una motivación política: fue un mensaje de lo que iba a pasar si seguía en la resistencia. Así que el gobierno tiene que asumir su responsabilidad. En esta región, el ejército tiene una trayectoria de saqueo, violaciones a mujeres, tortura y asesinatos que ha favorecito a que la gente se organice”.

“Durante 22 años el gobierno mexicano no ha hecho nada por esclarecer lo que sucedió en la comunidad de El Charco, por lo que hemos tenido que recurrir a instancias internacionales para buscar que se sancione al Estado. Que sirva de precedente para que los gobiernos sepan que si hay impunidad, existen organismos internacionales a los que acudir para que no sigan pasando este tipo de cosas contra la población”.

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Justicia pendiente

Director de Cefereso de Michoacán tortura, amenaza y viola derechos humanos, denuncian internos

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Por Ignacio García

El director del Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 17 de Michoacán, Julio César Pérez Álvarez, ha incurrido en constantes violaciones de derechos humanos hacia los presos del penal como la ausencia del servicio de agua potable, así como constantes torturas y amenazas sin haber sido sancionado por las autoridades federales.

Por medio de una misiva, George Khoury Layón, interno del penal federal acusado  falsamente del delito de homicidio calificado por Isabel Miranda de Wallace, denunció que el directivo ordenó que le arrojaran gas lacrimógeno, además de que ha incurrido en malos tratos y golpes constantes hacia su persona, así como enviarle un perro para quitarles sus tenis ortopédicos.

Por ello, pidió al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que ordene a los comisionados federales que atiendan las irregularidades cometidas por Pérez Álvarez, ya que, enfatizó, existen 273 amparos en contra del director por la falta de agua potable, falta de atención médica, amenazas y torturas contra los internos.

De acuerdo con el reo, los amparos se encuentran radicados en los juzgados Quinto y Octavo de Uruapan, Michoacán, sin embargo, hasta el momento no han obtenido una respuesta satisfactoria y el director lo ha amenazado con negarle el suministro de sus medicamentos contra la lumbalgia que padece, así como retirarle los tenis ortopédicos que requiere para su postura en caso de no desistir de sus denuncias públicas.

Agregó que Julio César Pérez ha alegado que cuenta con el respaldo institucional, pues su familiares trabajan en la Federación y él es uno de los ex colaboradores de Genaro García Luna, ex titular de la Secretaría de Seguridad Pública federal (SSP) durante el gobierno de Felipe Calderón y preso en Estados Unidos por sus presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa.

Asimismo, expresó que pueden contar con hasta 200 firmas de los presos que están en contra de las funciones de Pérez Álvarez, por lo que demandaron la intervención del presidente de México para que se frenen los abusos cometidos contra los internos del Cefereso de Michoacán.

 

 

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Arteleaks

Sara Sefchovich, ¿absurdo nivel Dios?

Alberto Farfán

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Por Alberto Farfán

En rigor, ¿realmente alguien en su sano juicio se plantearía como un instrumento contundente para combatir o eliminar el flagelo del crimen organizado en su modalidad de narcotráfico el hecho de solicitar apoyo educacional o moral a las madres de los delincuentes? ¿Las progenitoras regañando a sus vástagos para que dejen el mal y se conviertan al bien?

La connotada escritora y periodista Elena Poniatowska en entrevista con Sara Sefchovich (1949), quien se ostenta como socióloga, escritora, historiadora, catedrática, investigadora, traductora, comentarista y conferencista,  y que además es autora de más de una docena de libros y diversos artículos en periódicos y revistas, toman como hilo conductor de la misma el leitmotiv de la última novela de Sefchovich, Demasiado odio: la importancia de las madres en su papel de correctoras de sus hijos delincuentes. No por nada el título de la conversación se llama “Sin la complicidad de las madres el narco bajaría” (La Jornada, 10/01/21). Y como aquí no se comenta la novela desde el punto de vista estético-literario, sino sobre el asunto central, quien esto escribe realizará lo propio.

Como bien se observa, estamos frente a dos intelectuales de nivel que deben de dominar el tema en cuestión. Y aquí nos dice la entrevistada los orígenes de su proposición:

“Publiqué una novela: Atrévete, propuesta hereje contra la violencia en México (2014), que se presentó en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. En ese libro yo hacía una propuesta a las madres de familia de bajarle la violencia en México diciéndole a sus hijos que si querían robar, robaran, pero no violaran, no mataran, no maltrataran (sic). Para escribirlo, viajé por todo México, me reuní con grupos de madres a quienes preguntaba cómo veían esta situación y pedirles que ayudaran; que su trabajo como madres era impedir que sus hijos entraran al mundo del narcotráfico. Para mi sorpresa, en todos los grupos con los que me reuní durante casi dos años encontré que las madres no estaban dispuestas a sacrificar los beneficios que reciben de la delincuencia aun a costa de que pueden encarcelar y hasta matar a sus hijos”. Y cabe añadir, por cierto, que esta situación no es el gran descubrimiento de Sefchovich, pues ya era conocido.

Y al percatarse que su exhorto caía en el vacío por parte de las jefas de familia, indica lo siguiente: “Incluso se lo escribí al presidente (Andrés Manuel) López Obrador. Él mismo pidió ayuda a las madres de familia y recuerdo que le dije: ‘Nos equivocamos, señor presidente, las madres no están dispuestas a ayudar’.” Y en efecto, es de todos conocido que el presidente de México hizo este llamado públicamente en más de una ocasión.

Por supuesto que es un fenómeno demostrado que ciertas familias han incursionado en el narcomenudeo. E incluso a un grado mayor. Recordemos a Delia Patricia Bustos Buendía, quien no sólo recibía de sus hijas y yernos enormes cantidades de dinero y enseres, sino que era ella misma quien lidereaba a la organización criminal que se denominó el Cártel de Neza, siendo ella la temible Ma Baker. Extendió su poder en buena parte del valle de México, a sangre y fuego. Puso en jaque a la extinta Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos contra la Salud (FEADS), asesinando ministerios públicos federales e incluso a un alto funcionario de dicha dependencia, fiscalía perteneciente a la antigua Procuraduría General de la República (José Antonio Caporal, El cártel de Neza, 2012).

Evidentemente nos encontramos con un problema de orden multifactorial. Y todo indica, al parecer, que nuestra socióloga realizó su investigación de esa manera: vivió en Michoacán, Reynosa y en zonas de migrantes, donde abordaría “el deterioro del medio ambiente, el descuido, la ignorancia, la indiferencia, la corrupción… (Y) lo mismo me sucedió en otros países. Recorrí siete ciudades del mundo para hacer un paralelismo entre el narcotráfico y el terrorismo y también me encontré con madres de familia que solapan a sus hijos”. Y no obstante su amplio y diverso estudio llegó a la misma conclusión.

Inmutable, tropezándose una y otra vez con la complicidad materna, reitera: “Yo pensaba que las madres podían ayudar a que sus hijos aprendieran a vivir de otra manera, pero después de escribir adquirí la certeza de que no quieren cambiar… Ese es mi tema: la complicidad de las madres y la de los familiares. Estoy convencida que sin ella bajaría el narcotráfico y el terrorismo”.

No obstante, al final Sefchovich apunta sobre el origen de todo ello: “Las carencias rigen nuestro funcionamiento social. Cuando una familia descubre que puede vivir mejor, es lógico que acepte dádivas. No sólo en México, en todos los países hay narco”. Pero bajo la lógica simplista de la pobreza significaría que miles de mexicanos en situación de miseria todos serían narcomenudistas. Y esto no es así.

 Resulta francamente impensable que una académica como Sefchovich reduzca de manera absurda el grave asunto del narcotráfico a la complicidad de madres e hijos viviendo en la pobreza. Y que Poniatowska no la haya cuestionado en su enfoque al entrevistarla. Lamentablemente ya no hablamos de un binomio, como nos quiere indicar nuestra socióloga, sino de una unidad. Existen familias enteras que participan en el narcomenudeo, desde el abuelo hasta los nietos. Basta revisar la nota roja de cualquier periódico para comprobarlo.

 Por lo tanto, ningún llamado a la congruencia moral dirigido a las madres o familiares del narcomenudista va a funcionar de manera alguna. Existe tal descomposición social que hasta suben fotografías en redes sociales luciendo armas y dinero como parte de su inserción a un grupo criminal. No, en lo absoluto es una solución.

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Mundo

OMS estima que vacunación contra Covid-19 se concentra sólo en 10 países

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Por Ignacio García

La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que el 95 por ciento de las vacunas aplicadas en el mundo se concentran sólo en 10 países, los cuales en su mayoría se ubican en Europa.

El organismo internacional lamentó que existe poca solidaridad de las naciones más ricas para permitir que los demás países también puedan aplicar de forma eficiente los programas de vacunación en sus respectivas poblaciones.

Los países con más vacunas aplicadas son Estados Unidos, China, Reino Unido, Israel, Emiratos Árabes, Italia, Rusia, Alemania, España y Canadá, por lo que la OMS pidió mayor solidaridad para que se apliquen a otras naciones que no cuentan con la misma riqueza.

Asimismo, enfatizó que en más de un mes se han vacunado a 28 millones de personas en el mundo, distribuidas en apenas 46 países, pero también advirtió que la nueva cepa viral localizada por primera vez en Reino Unido también se propagó por 25 naciones.

Sin embargo, la OMS es optimista con el comportamiento de la pandemia y aunque reconoció que durante este año continuará con presencia en el mundo, será más controlable, debido a la aplicación de la vacuna en la mayor parte del planeta.

México se ubica en el lugar 13 de los países con más vacunas aplicadas en el mundo, aunque muy rezagado con respecto a Estados Unidos que ha vacunado a más de 3 millones de personas en el último mes.

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