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El ejército mexicano, próximo a rendir cuentas por la masacre de ‘El Charco’

La CIDH emitirá un ‘Informe de fondo’ que puede obligar al Estado mexicano a rendir cuentas ante la Corte Interamericana por los casos de tortura y ejecuciones extrajudiciales en la comunidad mixteca.

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  • Veintidós años después de los acontecimientos ocurridos en la comunidad mixteca de ‘El Charco’, el estado mexicano sigue sin reconocer las ejecuciones extrajudiciales y los casos de tortura, entre otras acusaciones de los supervivientes.
  • La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, gracias a un informe presentado por Red Solidaria Década Contra la Impunidad, emitirá un ‘Informe de fondo’ que puede obligar al ejército a rendir cuentas ante la Corte Interamericana.

Por José Pedro Martínez

Pasada la medianoche, la obscuridad tiñe de negro los cerros más remotos del interior de la Costa Chica del estado de Guerrero, en la Sierra Madre Sur. El sonido nocturno de la naturaleza, rica y exuberante en estas latitudes mexicanas, oculta el despliegue de decenas de soldados del ejército que se acercan, sigilosamente, a una pequeña comunidad Na’ savi aislada por la geografía.

Es la madrugada del 7 de junio de 1998. En ‘El Charco’ -pueblito rural perteneciente al municipio de Ayutla de los Libres- pobladores y visitantes descansan después de haber celebrado una larga jornada de asamblea. Durante el fin de semana, a esta comunidad mixteca han llegado unos 300 representantes de otras aldeas de la zona, algunos estudiantes universitarios de la Ciudad de México y dos columnas del Ejército Revolucionario Popular Insurgente (ERPI). El propósito de dicha reunión: reforzar la colaboración entre pueblos, organizaciones y académicos para mejorar la producción agrícola, así como la implementación de otros proyectos relacionados con la autonomía indígena y la alfabetización.

“Estábamos durmiendo en el interior de la escuela Caritino Maldonado cuando empezaron a dispararnos”, cuenta Efrén Cortés, entonces un joven treintañero que materializaba su compromiso por la defensa de los pueblos nativos formando parte de la estructura ideológica de la guerrilla. Un batallón de los Grupos Aeromóviles de Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano (conocidos como «GAFES»), surgió de las sombras agarrando por sorpresa a todos los presentes. “Ocultos y con la cara tapada”, recuerda Cortés, rodearon el pequeño edificio para lanzar un ataque sin piedad.

Los militares iban en busca de supuestos integrantes del ERPI, quienes tan pronto brincaron de su letargo trataron de repeler la emboscada. Cortés narra que una granada lanzada al interior de la precaria escuelita logró herir gravemente a una decena de personas; dos guerrilleros entre ellas. Algunas de las que pernoctaban en el lugar, asegura, fueron ultimadas mientras intentaban escapar, “estando heridas, rendidas y desarmadas”.

El asedio del ejército se alargó hasta acabada la noche; unas cinco horas en las que la lluvia de plomo no dio tregua, pese a las advertencias de la presencia de civiles, ancianos y niños atrapados en medio del fuego. Mientras tanto, una cantidad aún incierta de soldados a las órdenes de Alfredo Oropeza Garnica, comandante del  27 Batallón Militar, se desplegaba por todo el lugar -en el que vivían unas 2 mil personas- para establecer un cerco a la insurgencia.

Ricardo Zavala, estudiante de la UNAM que acudió a la asamblea acompañado de Erika Zamora Pardo -otra universitaria- estaba dentro de la escuela donde se centró el ataque. Según cuentan los supervivientes, se ofreció a salir para intentar mediar con los militares, pero éstos le fusilaron sin contemplación.

“A las 7 de la mañana se da la rendición. Ya rendidos y a corta distancia, los soldados empezaron a acribillarlos”, asegura Cortés. Tras finalizar el asalto, la operación del ejército continuó hasta las 6 de la tarde y se extendió a otras comunidades tu’un savi y me’ pah aledañas. El saldo final: 11 muertes, una treintena de detenciones y múltiples heridos, entre ellos algunos niños.

Crímenes de lesa humanidad

Erika Zamora y Efrén Cortés fueron detenidos durante la operación y trasladados a instalaciones castrenses donde, según los testimonios recogidos en el reciente informe de admisibilidad de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), fueron torturados y obligados a firmar declaraciones inculpatorias ante un ministerio militar. Los testigos, que pasaron más de cuatro años en prisión acusados de terrorismo, portación ilegal de armamento exclusivo del ejército e incitación a la violencia, sitúan al general Oropeza Garnica como la persona que encabezó las torturas.

“Éste sería el primer caso en la historia de México ante la CIDH en el que el acusado es el ejército y estamos hablando de tortura y ejecuciones extrajudiciales”. La abogada Magda López trabaja desde 2004 en la Red Solidaria Década Contra la Impunidad, una organización de Derechos Humanos presidida por el obispo Jesús Vera López que trata de elevar ante organismos humanitarios y jurídicos internacionales diversos casos de violaciones y abusos por parte del Estado mexicano. Desde 2011, trabajan por reparación y justicia para las víctimas y sobrevivientes de la masacre de El Charco.

“Que la CIDH admita la petición sobre El Charco supone un gran éxito porque ya hay un informe de admisibilidad previo en diciembre de 2018. Ahora estamos a la espera del ‘informe de fondo’ para que se pueda sancionar al estado mexicano. Que se investigue y se sancione al ejército y a los mandos que estuvieron al frente de esta operación: el general Juan Alfredo Oropeza Garnica y el comandante de la Novena Región Militar, Luis Humberto López Portillo Leal”, explica López.

Policías Comunitarios de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC-PC), desfilan en San Luis Acatlán (Guerrero). La CRAC es una de las organizaciones basadas en usos y costumbres amparadas en la ley 701 de la OIT / Foto: José P. Martínez

La abogada da cuenta de las dificultades que tuvieron para instruir el caso. “Nunca pudimos conseguir el informe que el ejército remitió a la CNDH hasta que nos fue filtrado por una organización de derechos humanos en el extranjero. La copia que conseguimos tiene mucha información subrayada en negro y no pudimos saber qué decía. Pero en la que se puede alcanzar a leer, el propio ejército relata cómo rodearon el lugar y que la gente fue cercada mientras dormía en el interior de la escuela Caritino Maldonado”.

Además de este informe escrito por el propio ejército y el elaborado por la relatora de ejecuciones extrajudiciales de la CNDH con las entrevistas a Erika Zamora y Efrén Cortés, otras organizaciones humanitarias como Human Rights Watch también señalaron la necesidad de investigar lo sucedido en El Charco. “Es muy difícil llegar a una resolución sobre éste y otros casos porque se trata de un poder fáctico en México: el ejército.

Durante estas dos décadas, el asunto ha sido opacado tanto por el estado -que siempre ha negado la existencia de grupos guerrilleros- como por los medios de comunicación, explica la abogada. “El único que se hizo eco de la masacre fue el diario local El Sur. Además, al tratarse de víctimas pertenecientes a un movimiento armado, muchas organizaciones de derechos humanos evitaron entrar en el tema”.

“Hoy, que el caso ya se encuentra en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ya son varias organizaciones las que se han ofrecido a ayudar en la defensa. Pero desde que iniciamos, estuvimos solos debido a la relación del caso con el Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI). Esperamos que la CIDH, en los próximos días, nos entregue el informe de fondo para presentarlo ante la Corte Interamericana”.

El Estado contra la insurgencia: la guerra de baja intensidad

El primer desaparecido en América Latina no sucede en Chile, Argentina, El Salvador o Colombia. Según el historiador Fritz Glockner, “fue en agosto de 1969 en el estado de Guerrero”, así como el primero de los ‘vuelos de la muerte’, atribuidos en exclusividad -y erróneamente- a las dictaduras argentina, guatemalteca y chilena, se realizó en la costa del Pacífico guerrerense por parte del ejército mexicano.

La “guerra sucia” (o de “baja intensidad”, como prefiere acuñarla el escritor poblano), se practica en México desde la década de los 40 y se acentuó a partir del asesinato extrajudicial de Rubén Jaramillo, en 1962. El líder agrario fue acribillado junto a su familia por cuatro pelotones de soldados a las órdenes del general Gómez Huerta, apoyados por un grupo de pistoleros pagados por caciques morelenses.

“Puedo asegurar con toda certeza que entre 1969 y 1976 se asesinaron a unos 5 mil mexicanos y mexicanas por razones políticas, sociales o ideológicas”, puntualiza Glockner. Comparado a las aterradoras cifras del presente puede parecer pecata minuta, pero sirven para hacerse la idea de la actitud del estado mexicano frente a este tipo de organizaciones en la historia reciente.

La mal llamada ‘Guerra Sucia’, se trata en realidad de una guerra de baja intensidad que incluía el control de la información, la historia y la memoria. El Estado mexicano se ha encargado de enfangar la memoria histórica de los movimientos armados [insurgentes y/o revolucionarios] de México.

El estado de Guerrero tiene dos de los municipios más pobres de Latinoamérica: Cochoapa el Grande y San Martín Peras / Foto: José P. Martínez

Las guerrillas y otros movimientos armados han supuesto para muchas comunidades rurales de Guerrero la única forma institucionalizada de organización social, procuración de seguridad y justicia, y el único frente de defensa de los intereses de la población. Por ello, Magda López considera que en 1998 todavía se practicaba la ‘Guerra Sucia’.

Tras lo ocurrido en ‘El Charco’, el ejército mexicano mantuvo cerrada la comunidad a medios y periodistas, y solo permitió su acceso días después, cuando las evidencias de lo que había ocurrido en aquel lugar ya estaban totalmente alteradas. “Parecía que en Guerrero, el gobierno podía hacer lo que quisiera con la gente. Dejaron pasar a los reporteros cuando ya habían limpiado la escuela donde se produjo la masacre. Incluso ya habían tapado los agujeros de bala”, afirma.

“Esta masacre se da dentro de una estrategia de contrainsurgencia que el gobierno mantenía en esa región durante muchos años”, reconoce también Efrén Cortés. “Había una motivación política: fue un mensaje de lo que iba a pasar si seguía en la resistencia. Así que el gobierno tiene que asumir su responsabilidad. En esta región, el ejército tiene una trayectoria de saqueo, violaciones a mujeres, tortura y asesinatos que ha favorecito a que la gente se organice”.

“Durante 22 años el gobierno mexicano no ha hecho nada por esclarecer lo que sucedió en la comunidad de El Charco, por lo que hemos tenido que recurrir a instancias internacionales para buscar que se sancione al Estado. Que sirva de precedente para que los gobiernos sepan que si hay impunidad, existen organismos internacionales a los que acudir para que no sigan pasando este tipo de cosas contra la población”.

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Mexico Violento

Tribunal de Zacatecas pide crear figura de jueces sin rostro tras asesinato de juzgador

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Tras el asesinato de un juez por el crimen organizado, el poder judicial de zacatecas pidió crear la figura de juzgadores sin rostro

Luego del asesinato del juez de control del Poder Judicial de Zacatecas, Roberto Elías Martínez, por un grupo armado el fin de semana pasado, el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas, Arturo Nahle García, solicitó al Congreso de la Unión crear la figura de jueces sin rostro para garantizar la integridad de los impartidores de justicia en el país.

Por medio de un comunicado, el juzgador consideró que los jueces de control especializados están expuestos a las agresiones del crimen organizado como sucedió el fin de semana pasado con su homólogo, pues al girar órdenes de aprehensión o sentencias los líderes de los grupos delictivos los amenazan.

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De acuerdo con el representante del Poder Judicial de Zacatecas, existe un riesgo permanente en esa entidad, principalmente en Cieneguillas, donde los trabajadores temen regresar a las actividades regulares en los juzgados de control.

Por su parte, la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos (Conatrib) pidió al Estado mexicano que garantice las condiciones de seguridad para los trabajadores del Poder Judicial de las 32 entidades del país ante las condiciones de violencia.

El organismo judicial sostuvo que existen condiciones de violencia e inseguridad que vulneran las acciones de los juzgadores, por lo cual enfatizó en la importancia de reforzar la seguridad en los distintos juzgados, así como garantizar la protección de los impartidores de justicia.

Lee más: Ayuntamiento de Tlaltenango Zacatecas incumple cierre de relleno sanitario y crea daño ambiental

Según las áreas de inteligencia del gobierno federal, en Zacatecas existe una pelea permanente entre los Cártel de Sinaloa y el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), que buscan el control de la entidad para el control y tráfico de las drogas y otras actividades que van contra la ley.

 

 

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Europa

Nuevos ataques masivos de Rusia causan varias víctimas y apagones en Zaporiyia, Ucrania

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Zaporiyia atacada de nuevo por nuevos bombardeos masivos de Rusia

El operador estatal Ukrenergo dice que se trata del octavo ataque “masivo” con misiles de Rusia y confirma alcance a instalaciones de energía

Por Icíar Gutiérrez

Las autoridades ucranianas han informado este lunes de una nueva oleada de ataques rusos con misiles, que ha dejado varias víctimas y ha vuelto a provocar apagones por el país.

Las alertas antiaéreas han sonado en todo el país y las autoridades han pedido a la población que se refugie. “¡El enemigo ataca de nuevo con misiles el territorio de Ucrania!”, ha escrito en Telegram, Kirill Timoshenko, jefe adjunto de la oficina del presidente ucraniano.

Según ha informado Timoshenko, en el pueblo de Novosofiivka, en la región sureña de Zaporiyia, varias casas han sido destruidas, y al menos dos personas han muerto y tres han resultado heridas, entre ellas un niño pequeño, de un año y diez meses.

Para saber más del tema: Rusia confirma ataque ‘masivo’ al sistema de mando y control del Ejército de Ucrania y niega ataque a Kiev

También ha indicado que dos instalaciones de infraestructura han resultado dañadas como consecuencia del ataque ruso en la región de Odesa. Una persona está hospitalizada. La compañía local de suministro de agua ha dicho que el ataque con misiles ha dejado a toda la ciudad de Odesa sin agua.

Los medios locales han informado de que se han producido explosiones en varias partes del país, como Cherkasy y Kryvyi Rih.

En un vídeo, el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ha informado de que las fuerzas de defensa aérea han derribado la mayoría de los misiles. Según el mando aéreo de las fuerzas armadas ucranianas, han derribado “más de 60 de los más de 70 misiles” lanzados por Rusia.

Rusia ha disparado otra andanada de misiles contra nuestras infraestructuras civiles críticas intentando privar a la población de electricidad, agua y calefacción en medio de temperaturas bajo cero”, ha dicho en Twitter el ministro ucraniano de Exteriores, Dmitro Kuleba.

No te pierdas: Zelenski pide al Consejo de Seguridad de la ONU actuar con urgencia contra el «terror energético» de Rusia

El operador de la red de distribución eléctrica Ukrenergo ha confirmado en Facebook que los ataques han alcanzado instalaciones de infraestructura energética, provocando apagones en el país. Según Ukrenergo, se trata del octavo ataque “masivo” con misiles de Rusia en el país.

Al igual que ocurrió el pasado noviembre, hay interrupciones del suministro eléctrico en la vecina Moldavia, según ha informado la compañía nacional de energía del país, Moldelectrica.

El ministerio de Defensa ruso ha dicho en un comunicado por la tarde que alrededor de las 15:00 (hora de Moscú) sus fuerzas han atacado “el sistema de mando y control y las instalaciones relacionadas del complejo de defensa, los nudos de comunicaciones, las centrales eléctricas y las unidades militares de Ucrania” con “armas de alta precisión basadas en el aire y el mar de largo alcance”. “Se ha alcanzado el objetivo del ataque. Todos los 17 objetivos designados fueron alcanzados”.

Explosiones en bases aéreas rusas

Este lunes por la mañana, los medios rusos han informado de dos explosiones en bases aéreas en Rusia. Por la tarde, el ministerio de Defensa ruso ha acusado a Kiev de “intentar atacar” con drones “de fabricación soviética” los aeródromos militares de Dyagilevo, en la región de Riazán (a unos 200 kilómetros de Moscú), y Engels, en la región de Saratov, “en un intento de inhabilitar aviones rusos de largo alcance”.

“Las fuerzas de defensa antiaérea rusas interceptaron los vehículos aéreos no tripulados ucranianos cuando volaban a baja altura. El choque y la explosión de los restos en los aeródromos rusos causaron daños menores en el blindaje del casco de los dos aviones”, dice el comunicado. “Tres miembros del personal de mantenimiento ruso en el aeródromo sufrieron heridas mortales. Otros cuatro militares heridos fueron trasladados a instalaciones médicas donde recibieron toda la atención médica necesaria”.

La base de Riazán alberga aviones cisterna que sirven para repostar bombarderos en el aire y la de Engels, bombarderos estratégicos Tu-95 y Tu-160 que han estado involucrados en el lanzamiento de ataques contra Ucrania, según la agencia Associated Press.

Ucrania no se ha pronunciado. Horas antes, sin reconocer autoría alguna, Mijaíl Podolyak, asesor del presidente ucraniano, había tuiteado: “Si lanzas demasiado a menudo cosas al espacio aéreo de otros países, tarde o temprano objetos voladores desconocidos retornarán al lugar de su partida”.

***

Fuente: eldiario.es

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Justicia pendiente

Respuesta de José Humbertus Pérez por calumnias de Sergio Villafuerte, director de Milenio Estado de México

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El director de Milenio Edomez, Sergio Villafuerte, lanzó calumnias contra José Humbertus Pérez, director de PIDH

 

¡Imaginemos que confianza pueden dar las personas que se venden con las autoridades que tienen familiares en prisión¡

 

Sergio Villafuerte
Director General de Milenio Estado de México

PRESENTE:

Mucho le agradecería que se incluyera en su diario en la edición impresa y digital de mañana lunes 5 de diciembre de 2022 en la nota principal, a ocho columnas y con la misma tipografía, mi nota aclaratoria por la falsa, perversa y calumniosa información que publicó el 1 de diciembre de 2022 el periodista Mario C. Rodríguez, titulada: “Denuncian mujeres a Humbertus Pérez por abuso y violencia”.

Quiero destacar que el Diario Milenio Estado de México tiene mucho años que no publica temas del activismo social y en defensa de los derechos humanos que vengo defiendo desde el año 2007 en todo el Estado de México y de un día para otro me convierto en tema de noticia principal para su diario.

Incluso en la nota publicada el 1 de diciembre de 2022 se faltó a la imparcialidad, objetividad y transparencia que deben aplicar los periodistas en sus investigaciones, máxime por lo gravedad de las acusaciones, el periodista Mario C. Rodríguez antes de hacer la publicación, tenía el deber ético de tomar mi versión y publicar para que los lectores tuvieran su criterio propio.

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Lo más grave, no obstante que desde el 1 de diciembre de 2022 le acredité con pruebas, que estas acusaciones son falsas y que las personas que hoy me denuncian fueron expulsadas de Presunción de Inocencia y Derechos Humanos, A.C. (PIDH, A.C.) por desplegar diversas conductas que las acreditamos al periodista Mario C. Rodríguez y que continuación describimos:

El primer caso María “N”, se le otorgó la garantía de audiencia el 1 de mayo de 2020, para que diera una explicación por las graves acusaciones de extorsionar a Personas Privadas de la Libertad (PPL), reunión a la que no asistió, se le acreditaron depósitos a su cuenta bancaria por la cantidad de $60 mil pesos de las personas extorsionadas, además de otras acusaciones que no fueron atendidas y por resolución del pleno de la mesa directiva se le expulsó de nuestro movimiento. (Se anexaron pruebas de los vouchers están en poder de Diario Milenio Estado de México).

Segundo caso Gabriela “N”, fue electa tesorera por el periodo de marzo de 2021 a marzo de 2022, durante su desempeño se le solicitó en reiteradas ocasiones por la mesa directiva, que presentara los informes mensuales: contables, financieros y fiscales, pero nunca los presentó, también los comprobantes que se le entregaron por los gasto de gasolina, casetas, fotocopias, comidas entre otros.

También se le pidió que entregaran los ingresos totales de los depósitos de las rifas, aportaciones para las rentas de salón y nunca más se volvió presentar a PIDH, A.C. desde el mes de marzo de 2022; pues era importante la información contable, en virtud de que en el mes de abril de 2022 se realizaría la Asamblea Ordinaria de la A.C. para cambiar la mesa directiva incluyendo a la tesorera. El pasado 25 de octubre de 2022 en la asamblea se nombró un nueva tesorera, en la Asamblea General, en el pleno de PIDH, A.C. se votó por unanimidad para que se presentaran la denuncia penal y demanda civil, entre otras.

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Incluso en un primer momento Gabriela “N”, se quedó con nosotros, quién en una reunión que tuvimos con familiares de los penales de Otumba, Texcoco y Zumpango, señaló que María “N”, le cobró varias “asesorías jurídicas”, incluso nos entregó unos vouchers, en donde, nos hizo de nuestro conocimiento que esos pagos se hicieron para contratar a unos sicarios del Estado de Sonora para que atentaran en contra la vida del ofendido que acusaba a su hijo por el delito de feminicidio. (Tenemos los 3 vouchers en nuestro poder de los depósitos y que acreditan que esta testimonial forma parte de una investigación en diversa fiscalía).

María “N” comenzó una campaña de violencia contra la menor de edad (niña) y de género, denuncia que fue interpuesta y que la Fiscalía general de Justicia del Estado de México conoció de estas conductas, concretamente el vicefiscal Rodrigo Archundia Barrientos, pero se niegan a integrar la investigación cuando se trata de proteger políticamente los delitos y fabrican delitos a falsos culpables, incluso no se ha querido incorporar la comparecencia de varias compañeras para que rindan su testimonio como pruebas. Entre éstas, que María «N» les llamó para que me acusaran de acoso y abuso sexual. (Se anexaron pruebas que están en poder de Diario Milenio Estado de México).

Tuvimos conocimiento que una vez que la tesorera Gabriela “N” que no presentó los ingresos y gastos de PIDH, A.C., se volvió a unir con María “N”, quién la acercó al Colectivo Zeferino Ladrillero, quienes apoyaron y comenzaron la denuncia penal en mi contra que interpusieron desde el mes marzo de la presente anualidad, y que sorpresivamente hoy la dan a conocer, violentando el debido proceso y mi presunción de inocencia.

Es muy importante señalar que la estrategia perversa para dañar a un servidor y a PIDH, A.C., se acredita con la propia publicación del 1 de diciembre de 2022, en donde el periodista Mario C. Rodríguez concluye señalando que “Agrupaciones como Haz Valer Mi Libertad y al Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero dan seguimiento a los casos y arropan a los familiares de presuntos inocentes en prisión».

La estrategia fue desprestigiar a PIDH, A.C. y fortalecer a los colectivos “Haz Valer Mi Libertad” y al “Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero”, cuando estos dos organismos perdieron todas las amnistías que interpusieron desde el 20 de enero de 2021; esto se acredita con el Amparo en Revisión 218/2021 y el diverso Amparo en Revisión 215/2021, resuelto el primero por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito y el segundo  por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito ambos ubicado en la Ciudad de Toluca.

Los colectivos mencionados: ¿arroparon y dieron seguimiento a los casos? No es verdad, perversamente lucraron con el dolor de los familiares, mismos a los que obligaron a raparse, sacarse sangre, denigrarlos bañándolos públicamente simulando estar en prisión, vestirse de Reyes Magos y la cabalgata de la mediocridad jurídica, toda vez que cuando ellos realizan estas “protestas” sus solicitudes de amnistías que ingresaron el 18 de marzo de 2021 en la CODHEM se les habían negado desde el 31 de agosto de 2021 y que en la página 4 del  Amparo en Revisión 218/2021 se señala “tuvo por autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a los licenciados José Antonio Duque y Fabiola Vite Torres” Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero.

Ante la perdida de su estrategia jurídica en las solicitudes de amnistía el Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero pidió clemencia y ser oídos por el Gobierno del Estado de México, ¿Por qué no hablar con la verdad a las personas que dicen arropar y que siguen sus casos? Simplemente, porque negociaron con los verdugos de los falsos culpables, la libertad por la lucha y la verdad por la infamia, tenemos pruebas como este colectivo en tan sólo tres casos cobraron aproximadamente $290 mil pesos por tres amparos de tres amnistías perdidas y ahora hasta se olvidaron de los familiares, lo más triste que los PPL no obtuvieron su libertad.

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PIDH, A.C. no perdido ninguna solicitud de amnistía y actualmente tenemos interpuestos 10 amparos colectivos por las resoluciones de la CODHEM, de resolver opiniones consultivas desfavorables (que no perdidas de amnistía).

No somos lo mismo, tenemos otros datos y los damos a conocer que en el Informe Justificado del Amparo Indirecto número 884/2022 rendido por el diputado Sergio García Sosa, Presidente de la Comisión Especial en Materia de Amnistía de la LXI Legislatura del Estado de México, presentó la relación de las solicitudes que han sido negadas por los organismo que tenían que emitir las citadas opiniones consultivas, y ahí aparecen todos los nombre de las y los PPL que perdieron sus solicitudes de los colectivos que son de: “Haz Valer Mi Libertad” y el “Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero”, como los casos de Cristóbal “N” y Daniel “N” entre otros, pero lo más deshonesto y perverso es seguir lucrando con la amnistía, que ni un punto y coma no obstante de haber estudiado Derecho no escribieron, y mucho menos hicieron ninguna propuesta para de Ley de Amnistía.

La campaña de desprestigio, calumnias, cobrar por la amnistías y por delitos de violencia a la mujer tiene como objetivo debilitar la Segunda Marcha Nacional de los Falsos Culpables, los acuerdos de la mendicidad jurídica dieron frutos para la traición, y son muchos los intereses para detener a nuestro colectivo.

Señalamos como el director Editorial de Milenio Diario Sergio Villafuerte se comprometió a publicar mi réplica y hasta el día de hoy no se ha publicado nuestro desmentido.

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Finalmente sabemos que uno de los personajes (de muchos más) que están detrás de esta estrategia de perversidad es el diputado Sergio García Sosa, cuyos colaboradores fueron acusados de acoso laboral y contra el director Editorial de Milenio Estado de México Sergio Villafuerte pesan en sus espaldas diversas acusaciones de acoso laboral y que la autoridad del Ministerio Público no ha querido integrar las respectiva carpeta de investigación porque hace uso político de la justicia.

La negativa de darme el derecho de réplica sólo tiene una respuesta, la estrategia de fabricar delitos, para esto se necesita la perversidad; estamos ciertos que el directivo de Milenio Diario Sergio Villafuerte operó esta infamia, no importando que fue nombrado integrante del “Mecanismo para la Protección de Periodistas del Estado de México”.

 

RESPETUOSAMENTE

LIC. JOSÉ HUMBERTUS PÉREZ ESPINOZA
FUNDADOR DE PIDH, A.C.

Evidencias de fraude de Gabriela «N»

 

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