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El ejército mexicano, próximo a rendir cuentas por la masacre de ‘El Charco’

La CIDH emitirá un ‘Informe de fondo’ que puede obligar al Estado mexicano a rendir cuentas ante la Corte Interamericana por los casos de tortura y ejecuciones extrajudiciales en la comunidad mixteca.

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  • Veintidós años después de los acontecimientos ocurridos en la comunidad mixteca de ‘El Charco’, el estado mexicano sigue sin reconocer las ejecuciones extrajudiciales y los casos de tortura, entre otras acusaciones de los supervivientes.
  • La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, gracias a un informe presentado por Red Solidaria Década Contra la Impunidad, emitirá un ‘Informe de fondo’ que puede obligar al ejército a rendir cuentas ante la Corte Interamericana.

Por José Pedro Martínez

Pasada la medianoche, la obscuridad tiñe de negro los cerros más remotos del interior de la Costa Chica del estado de Guerrero, en la Sierra Madre Sur. El sonido nocturno de la naturaleza, rica y exuberante en estas latitudes mexicanas, oculta el despliegue de decenas de soldados del ejército que se acercan, sigilosamente, a una pequeña comunidad Na’ savi aislada por la geografía.

Es la madrugada del 7 de junio de 1998. En ‘El Charco’ -pueblito rural perteneciente al municipio de Ayutla de los Libres- pobladores y visitantes descansan después de haber celebrado una larga jornada de asamblea. Durante el fin de semana, a esta comunidad mixteca han llegado unos 300 representantes de otras aldeas de la zona, algunos estudiantes universitarios de la Ciudad de México y dos columnas del Ejército Revolucionario Popular Insurgente (ERPI). El propósito de dicha reunión: reforzar la colaboración entre pueblos, organizaciones y académicos para mejorar la producción agrícola, así como la implementación de otros proyectos relacionados con la autonomía indígena y la alfabetización.

“Estábamos durmiendo en el interior de la escuela Caritino Maldonado cuando empezaron a dispararnos”, cuenta Efrén Cortés, entonces un joven treintañero que materializaba su compromiso por la defensa de los pueblos nativos formando parte de la estructura ideológica de la guerrilla. Un batallón de los Grupos Aeromóviles de Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano (conocidos como «GAFES»), surgió de las sombras agarrando por sorpresa a todos los presentes. “Ocultos y con la cara tapada”, recuerda Cortés, rodearon el pequeño edificio para lanzar un ataque sin piedad.

Los militares iban en busca de supuestos integrantes del ERPI, quienes tan pronto brincaron de su letargo trataron de repeler la emboscada. Cortés narra que una granada lanzada al interior de la precaria escuelita logró herir gravemente a una decena de personas; dos guerrilleros entre ellas. Algunas de las que pernoctaban en el lugar, asegura, fueron ultimadas mientras intentaban escapar, “estando heridas, rendidas y desarmadas”.

El asedio del ejército se alargó hasta acabada la noche; unas cinco horas en las que la lluvia de plomo no dio tregua, pese a las advertencias de la presencia de civiles, ancianos y niños atrapados en medio del fuego. Mientras tanto, una cantidad aún incierta de soldados a las órdenes de Alfredo Oropeza Garnica, comandante del  27 Batallón Militar, se desplegaba por todo el lugar -en el que vivían unas 2 mil personas- para establecer un cerco a la insurgencia.

Ricardo Zavala, estudiante de la UNAM que acudió a la asamblea acompañado de Erika Zamora Pardo -otra universitaria- estaba dentro de la escuela donde se centró el ataque. Según cuentan los supervivientes, se ofreció a salir para intentar mediar con los militares, pero éstos le fusilaron sin contemplación.

“A las 7 de la mañana se da la rendición. Ya rendidos y a corta distancia, los soldados empezaron a acribillarlos”, asegura Cortés. Tras finalizar el asalto, la operación del ejército continuó hasta las 6 de la tarde y se extendió a otras comunidades tu’un savi y me’ pah aledañas. El saldo final: 11 muertes, una treintena de detenciones y múltiples heridos, entre ellos algunos niños.

Crímenes de lesa humanidad

Erika Zamora y Efrén Cortés fueron detenidos durante la operación y trasladados a instalaciones castrenses donde, según los testimonios recogidos en el reciente informe de admisibilidad de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), fueron torturados y obligados a firmar declaraciones inculpatorias ante un ministerio militar. Los testigos, que pasaron más de cuatro años en prisión acusados de terrorismo, portación ilegal de armamento exclusivo del ejército e incitación a la violencia, sitúan al general Oropeza Garnica como la persona que encabezó las torturas.

“Éste sería el primer caso en la historia de México ante la CIDH en el que el acusado es el ejército y estamos hablando de tortura y ejecuciones extrajudiciales”. La abogada Magda López trabaja desde 2004 en la Red Solidaria Década Contra la Impunidad, una organización de Derechos Humanos presidida por el obispo Jesús Vera López que trata de elevar ante organismos humanitarios y jurídicos internacionales diversos casos de violaciones y abusos por parte del Estado mexicano. Desde 2011, trabajan por reparación y justicia para las víctimas y sobrevivientes de la masacre de El Charco.

“Que la CIDH admita la petición sobre El Charco supone un gran éxito porque ya hay un informe de admisibilidad previo en diciembre de 2018. Ahora estamos a la espera del ‘informe de fondo’ para que se pueda sancionar al estado mexicano. Que se investigue y se sancione al ejército y a los mandos que estuvieron al frente de esta operación: el general Juan Alfredo Oropeza Garnica y el comandante de la Novena Región Militar, Luis Humberto López Portillo Leal”, explica López.

Policías Comunitarios de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC-PC), desfilan en San Luis Acatlán (Guerrero). La CRAC es una de las organizaciones basadas en usos y costumbres amparadas en la ley 701 de la OIT / Foto: José P. Martínez

La abogada da cuenta de las dificultades que tuvieron para instruir el caso. “Nunca pudimos conseguir el informe que el ejército remitió a la CNDH hasta que nos fue filtrado por una organización de derechos humanos en el extranjero. La copia que conseguimos tiene mucha información subrayada en negro y no pudimos saber qué decía. Pero en la que se puede alcanzar a leer, el propio ejército relata cómo rodearon el lugar y que la gente fue cercada mientras dormía en el interior de la escuela Caritino Maldonado”.

Además de este informe escrito por el propio ejército y el elaborado por la relatora de ejecuciones extrajudiciales de la CNDH con las entrevistas a Erika Zamora y Efrén Cortés, otras organizaciones humanitarias como Human Rights Watch también señalaron la necesidad de investigar lo sucedido en El Charco. “Es muy difícil llegar a una resolución sobre éste y otros casos porque se trata de un poder fáctico en México: el ejército.

Durante estas dos décadas, el asunto ha sido opacado tanto por el estado -que siempre ha negado la existencia de grupos guerrilleros- como por los medios de comunicación, explica la abogada. “El único que se hizo eco de la masacre fue el diario local El Sur. Además, al tratarse de víctimas pertenecientes a un movimiento armado, muchas organizaciones de derechos humanos evitaron entrar en el tema”.

“Hoy, que el caso ya se encuentra en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ya son varias organizaciones las que se han ofrecido a ayudar en la defensa. Pero desde que iniciamos, estuvimos solos debido a la relación del caso con el Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI). Esperamos que la CIDH, en los próximos días, nos entregue el informe de fondo para presentarlo ante la Corte Interamericana”.

El Estado contra la insurgencia: la guerra de baja intensidad

El primer desaparecido en América Latina no sucede en Chile, Argentina, El Salvador o Colombia. Según el historiador Fritz Glockner, “fue en agosto de 1969 en el estado de Guerrero”, así como el primero de los ‘vuelos de la muerte’, atribuidos en exclusividad -y erróneamente- a las dictaduras argentina, guatemalteca y chilena, se realizó en la costa del Pacífico guerrerense por parte del ejército mexicano.

La “guerra sucia” (o de “baja intensidad”, como prefiere acuñarla el escritor poblano), se practica en México desde la década de los 40 y se acentuó a partir del asesinato extrajudicial de Rubén Jaramillo, en 1962. El líder agrario fue acribillado junto a su familia por cuatro pelotones de soldados a las órdenes del general Gómez Huerta, apoyados por un grupo de pistoleros pagados por caciques morelenses.

“Puedo asegurar con toda certeza que entre 1969 y 1976 se asesinaron a unos 5 mil mexicanos y mexicanas por razones políticas, sociales o ideológicas”, puntualiza Glockner. Comparado a las aterradoras cifras del presente puede parecer pecata minuta, pero sirven para hacerse la idea de la actitud del estado mexicano frente a este tipo de organizaciones en la historia reciente.

La mal llamada ‘Guerra Sucia’, se trata en realidad de una guerra de baja intensidad que incluía el control de la información, la historia y la memoria. El Estado mexicano se ha encargado de enfangar la memoria histórica de los movimientos armados [insurgentes y/o revolucionarios] de México.

El estado de Guerrero tiene dos de los municipios más pobres de Latinoamérica: Cochoapa el Grande y San Martín Peras / Foto: José P. Martínez

Las guerrillas y otros movimientos armados han supuesto para muchas comunidades rurales de Guerrero la única forma institucionalizada de organización social, procuración de seguridad y justicia, y el único frente de defensa de los intereses de la población. Por ello, Magda López considera que en 1998 todavía se practicaba la ‘Guerra Sucia’.

Tras lo ocurrido en ‘El Charco’, el ejército mexicano mantuvo cerrada la comunidad a medios y periodistas, y solo permitió su acceso días después, cuando las evidencias de lo que había ocurrido en aquel lugar ya estaban totalmente alteradas. “Parecía que en Guerrero, el gobierno podía hacer lo que quisiera con la gente. Dejaron pasar a los reporteros cuando ya habían limpiado la escuela donde se produjo la masacre. Incluso ya habían tapado los agujeros de bala”, afirma.

“Esta masacre se da dentro de una estrategia de contrainsurgencia que el gobierno mantenía en esa región durante muchos años”, reconoce también Efrén Cortés. “Había una motivación política: fue un mensaje de lo que iba a pasar si seguía en la resistencia. Así que el gobierno tiene que asumir su responsabilidad. En esta región, el ejército tiene una trayectoria de saqueo, violaciones a mujeres, tortura y asesinatos que ha favorecito a que la gente se organice”.

“Durante 22 años el gobierno mexicano no ha hecho nada por esclarecer lo que sucedió en la comunidad de El Charco, por lo que hemos tenido que recurrir a instancias internacionales para buscar que se sancione al Estado. Que sirva de precedente para que los gobiernos sepan que si hay impunidad, existen organismos internacionales a los que acudir para que no sigan pasando este tipo de cosas contra la población”.

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Mexico Violento

Grupo armado embosca a alcaldesa de Guerrero, con dos heridos

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La alcaldesa Diana Carolina Costilla sufrió un atentado en Guerrero

Un grupo armado emboscó a la alcaldesa de Juan R. Escudero, Guerrero, Diana Carolina Costilla Villanueva, cuando viajaba por el puente de Omitlán cuando se dirigía a la cabecera municipal, donde dos policías municipales resultaron lesionados.

De acuerdo con el reporte de la Fiscalía General de Justicia de Guerrero (FGJEG), los hechos ocurrieron en la carretera estatal Ayutla de los Libres Tierra Colorada, donde sujetos desconocidos les dispararon y Janet “N” y Alejandro “N”, escoltas principales de la edil, fueron lesionados.

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Los uniformados locales fueron trasladados al Hospital General de Chilpancingo, por lo que en el sitio se encontraron 30 casquillos en contra de la munícipe, y uno de los vehículos que escoltaba a la presidenta municipal presentó ocho impactos de bala y otra unidad con tres.

Al sitio arribaron elementos de la policía estatal, así como de la Guardia Nacional y del Ejército mexicano que implementaron un operativo de búsqueda de los responsables de la emboscada contra Costilla Villanueva, pero hasta el momento ninguna persona ha sido detenida.

La presidenta municipal no resultó lesionada, pero la fiscalía capitalina abrió la carpeta de investigación para deslindar responsabilidades, aunado a que se reforzará la seguridad en la demarcación.

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Guerrero es uno de los estados más violentos del país, en donde convergen diferentes organizaciones delictivas dedicadas al tráfico de las drogas, por lo cual también se han confirmado diferentes ataques contra autoridades municipales.

Apenas el 4 de octubre pasado, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) identificó a 20 alcaldes de Guerrero vinculados con el crimen organizado, después de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, de acuerdo con un informe elaborado por la Subjetafura de Inteligencia del Estado Mayor que fueron difundidos por Guacamaya Leaks.

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Justicia pendiente

Libertad a falsos culpables y víctimas de tortura, demandaron familias de internos en cárceles mexicanas

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Familiares de falsos culpables y delitos fabricados se manifestaron en una marcha del 8 de diciembre en la CDMX

 

Cientos de familiares de personas privadas de libertad con delitos fabricados y víctimas de tortura en prisiones mexicanas se concentraron ayer en el Ángel de la Independencia, sobre la avenida Reforma, de la Ciudad de México, para marchar hacia el Senado de la república y exigir libertad y respeto a sus derechos humanos.

De diferentes estados, viajaron familiares de internos en los Centros federales de readaptación social (CEFERESOS) y de algunos estatales (CERESO) para exponer los casos de graves violaciones de derechos humanos, desde el aislamiento total hasta brutales golpizas, amenazas a sus familias, falta de atención médica y de alimentos saludables.

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En el penal de Puebla, por ejemplo, de acuerdo con las estadísticas elaboradas por el interno Jens Herrera Guzmán, en un módulo de 85 personas, hay 17 que ingresaron con delitos fabricados, y 27 personas siguen sin sentencia. Tirzo Zúniga Vargas y el mismo Jens Herrera llevan 26 años sin sentencia acusados de secuestro en 1996 sin víctima ni pruebas.

Tras revelar en esta estadística además internos con enfermedades terminales, enfermos de Covid sin atención médica, fallecimientos sin explicación y adultos mayores de hasta 88 años que han compurgado 31 años de cárcel con 33 de sentencia, Herrera Guzmán fue trasladado a otro penal sin notificación a sus familiares y le expropiaron sus pertenencias.

Durante la marcha, varios familiares de internos con procesos en el fuero común denunciaron estos traslados arbitrarios a penales federales, sin la notificación a sus abogados o familiares, y aislándolos a los internos por varias semanas. También se denunció que en esos traslados son torturados o sometidos a maltrato y les niegan el agua potable por días.

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En los penales del Estado de México, Barrientos, Otumba, Tenancingo Centro, Chiconautla, entre otros, denunciaron plagas de chinches y piojos, maltrato, falta de higiene en los alimentos que dan en bolsas de plástico, además de la extorsión de las autoridades de los penales que trabajan con grupos delictivos de internos para obligar a otros a que consuman drogas o paguen por uso de electrodomésticos, cobijas, comida o seguridad.

De los Ceferesos mencionados Almoloya de Juárez, Tapachula, Michoacán y Durango, coincidieron en su denuncia docenas de familiares cómo fabricaron carpetas a sus PPL, torturaron a los inculpados en detenciones arbitrarias y los acusaron de delitos de secuestro, homicidio y delincuencia organizada. Los familiares en la marcha mostraron fotografías de los internos torturados, con heridas graves, algunos desnudos atados a una mesa dentro de las celdas, y otros mostraron documentos de instancias de derechos humanos.

Incluso se informó durante la marcha que en Perote Veracruz había fallecido un interno, y se les avisó a la familia que había sido por Covid, al igual que hace tres semanas en el penal de Tapachula, donde la directora del penal Ericka Tecnopala entregó el cuerpo cremado a los familiares alegando que lo tuvieron que cremar para evitar contagios, sin embargo, los mismos internos dieron otra versión a la familia del fallecido, que había sido golpeado brutalmente dentro de su celda y había muerto por los golpes.

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La marcha dirigida por José Humbertus Pérez Espinoza concluyó en el Senado de la república, donde una comitiva ingresó al edificio para entregar sus demandas a los representantes de los senadores.

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Justicia pendiente

Fiscalía CDMX investiga a ex alcalde de Benito Juárez por corrupción inmobiliaria

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Christian Damián Von Roehrich es investigado por la Fiscalía de la CDMX

 

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) informó que inició una investigación contra el ex alcalde de Benito Juárez, Christian Damián Von Roehrich, actual diputado local del Partido Acción Nacional (PAN), por delitos vinculados a la corrupción inmobiliaria.

La fiscalía capitalina detalló que se logró una orden de aprehensión en contra del legislador local panista por el uso ilegal de funciones y atribuciones en la función pública, ya que fue acusado de formar parte de la denominada red del “Cártel Inmobiliario”.

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El vocero de la fiscalía capitalina, Ulises Lara, expuso que el Congreso de la Ciudad de México no concederá ningún tipo de protección al ex alcalde de Benito Juárez, por lo que aseveró que recaerá el peso de la ley en contra del ex servidor público local.

De la misma manera, la fiscalía capitalina acusó a otros tres ex servidores públicos vinculados en la red de corrupción inmobiliaria en la alcaldía Benito Juárez, ya que presuntamente en la gestión del panista un total de 130 inmuebles violaron el espacio de uso de suelo y excedían el número de niveles permitidos que representaban más de siete mil 142 millones de pesos.

Al respecto, el juez octavo de Distrito en Materia administrativa de la Ciudad de México, Martín Adolfo Santos, concedió el amparo provisional que interpuso el ex alcalde acusado para que tenga acceso a sus cuentas bancarias personales.

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Por su parte, la bancada del PAN a nivel nacional acusó al gobierno de Claudia Sheinbaum de utilizar a las instituciones con un uso faccioso para atender los intereses políticos en contra de la oposición y por ello enfatizaron que no permitirán que se incurran en estas anomalías.

 

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