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El ejército mexicano, próximo a rendir cuentas por la masacre de ‘El Charco’

La CIDH emitirá un ‘Informe de fondo’ que puede obligar al Estado mexicano a rendir cuentas ante la Corte Interamericana por los casos de tortura y ejecuciones extrajudiciales en la comunidad mixteca.

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  • Veintidós años después de los acontecimientos ocurridos en la comunidad mixteca de ‘El Charco’, el estado mexicano sigue sin reconocer las ejecuciones extrajudiciales y los casos de tortura, entre otras acusaciones de los supervivientes.
  • La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, gracias a un informe presentado por Red Solidaria Década Contra la Impunidad, emitirá un ‘Informe de fondo’ que puede obligar al ejército a rendir cuentas ante la Corte Interamericana.

Por José Pedro Martínez

Pasada la medianoche, la obscuridad tiñe de negro los cerros más remotos del interior de la Costa Chica del estado de Guerrero, en la Sierra Madre Sur. El sonido nocturno de la naturaleza, rica y exuberante en estas latitudes mexicanas, oculta el despliegue de decenas de soldados del ejército que se acercan, sigilosamente, a una pequeña comunidad Na’ savi aislada por la geografía.

Es la madrugada del 7 de junio de 1998. En ‘El Charco’ -pueblito rural perteneciente al municipio de Ayutla de los Libres- pobladores y visitantes descansan después de haber celebrado una larga jornada de asamblea. Durante el fin de semana, a esta comunidad mixteca han llegado unos 300 representantes de otras aldeas de la zona, algunos estudiantes universitarios de la Ciudad de México y dos columnas del Ejército Revolucionario Popular Insurgente (ERPI). El propósito de dicha reunión: reforzar la colaboración entre pueblos, organizaciones y académicos para mejorar la producción agrícola, así como la implementación de otros proyectos relacionados con la autonomía indígena y la alfabetización.

“Estábamos durmiendo en el interior de la escuela Caritino Maldonado cuando empezaron a dispararnos”, cuenta Efrén Cortés, entonces un joven treintañero que materializaba su compromiso por la defensa de los pueblos nativos formando parte de la estructura ideológica de la guerrilla. Un batallón de los Grupos Aeromóviles de Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano (conocidos como “GAFES”), surgió de las sombras agarrando por sorpresa a todos los presentes. “Ocultos y con la cara tapada”, recuerda Cortés, rodearon el pequeño edificio para lanzar un ataque sin piedad.

Los militares iban en busca de supuestos integrantes del ERPI, quienes tan pronto brincaron de su letargo trataron de repeler la emboscada. Cortés narra que una granada lanzada al interior de la precaria escuelita logró herir gravemente a una decena de personas; dos guerrilleros entre ellas. Algunas de las que pernoctaban en el lugar, asegura, fueron ultimadas mientras intentaban escapar, “estando heridas, rendidas y desarmadas”.

El asedio del ejército se alargó hasta acabada la noche; unas cinco horas en las que la lluvia de plomo no dio tregua, pese a las advertencias de la presencia de civiles, ancianos y niños atrapados en medio del fuego. Mientras tanto, una cantidad aún incierta de soldados a las órdenes de Alfredo Oropeza Garnica, comandante del  27 Batallón Militar, se desplegaba por todo el lugar -en el que vivían unas 2 mil personas- para establecer un cerco a la insurgencia.

Ricardo Zavala, estudiante de la UNAM que acudió a la asamblea acompañado de Erika Zamora Pardo -otra universitaria- estaba dentro de la escuela donde se centró el ataque. Según cuentan los supervivientes, se ofreció a salir para intentar mediar con los militares, pero éstos le fusilaron sin contemplación.

“A las 7 de la mañana se da la rendición. Ya rendidos y a corta distancia, los soldados empezaron a acribillarlos”, asegura Cortés. Tras finalizar el asalto, la operación del ejército continuó hasta las 6 de la tarde y se extendió a otras comunidades tu’un savi y me’ pah aledañas. El saldo final: 11 muertes, una treintena de detenciones y múltiples heridos, entre ellos algunos niños.

Crímenes de lesa humanidad

Erika Zamora y Efrén Cortés fueron detenidos durante la operación y trasladados a instalaciones castrenses donde, según los testimonios recogidos en el reciente informe de admisibilidad de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), fueron torturados y obligados a firmar declaraciones inculpatorias ante un ministerio militar. Los testigos, que pasaron más de cuatro años en prisión acusados de terrorismo, portación ilegal de armamento exclusivo del ejército e incitación a la violencia, sitúan al general Oropeza Garnica como la persona que encabezó las torturas.

“Éste sería el primer caso en la historia de México ante la CIDH en el que el acusado es el ejército y estamos hablando de tortura y ejecuciones extrajudiciales”. La abogada Magda López trabaja desde 2004 en la Red Solidaria Década Contra la Impunidad, una organización de Derechos Humanos presidida por el obispo Jesús Vera López que trata de elevar ante organismos humanitarios y jurídicos internacionales diversos casos de violaciones y abusos por parte del Estado mexicano. Desde 2011, trabajan por reparación y justicia para las víctimas y sobrevivientes de la masacre de El Charco.

“Que la CIDH admita la petición sobre El Charco supone un gran éxito porque ya hay un informe de admisibilidad previo en diciembre de 2018. Ahora estamos a la espera del ‘informe de fondo’ para que se pueda sancionar al estado mexicano. Que se investigue y se sancione al ejército y a los mandos que estuvieron al frente de esta operación: el general Juan Alfredo Oropeza Garnica y el comandante de la Novena Región Militar, Luis Humberto López Portillo Leal”, explica López.

Policías Comunitarios de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC-PC), desfilan en San Luis Acatlán (Guerrero). La CRAC es una de las organizaciones basadas en usos y costumbres amparadas en la ley 701 de la OIT / Foto: José P. Martínez

La abogada da cuenta de las dificultades que tuvieron para instruir el caso. “Nunca pudimos conseguir el informe que el ejército remitió a la CNDH hasta que nos fue filtrado por una organización de derechos humanos en el extranjero. La copia que conseguimos tiene mucha información subrayada en negro y no pudimos saber qué decía. Pero en la que se puede alcanzar a leer, el propio ejército relata cómo rodearon el lugar y que la gente fue cercada mientras dormía en el interior de la escuela Caritino Maldonado”.

Además de este informe escrito por el propio ejército y el elaborado por la relatora de ejecuciones extrajudiciales de la CNDH con las entrevistas a Erika Zamora y Efrén Cortés, otras organizaciones humanitarias como Human Rights Watch también señalaron la necesidad de investigar lo sucedido en El Charco. “Es muy difícil llegar a una resolución sobre éste y otros casos porque se trata de un poder fáctico en México: el ejército.

Durante estas dos décadas, el asunto ha sido opacado tanto por el estado -que siempre ha negado la existencia de grupos guerrilleros- como por los medios de comunicación, explica la abogada. “El único que se hizo eco de la masacre fue el diario local El Sur. Además, al tratarse de víctimas pertenecientes a un movimiento armado, muchas organizaciones de derechos humanos evitaron entrar en el tema”.

“Hoy, que el caso ya se encuentra en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ya son varias organizaciones las que se han ofrecido a ayudar en la defensa. Pero desde que iniciamos, estuvimos solos debido a la relación del caso con el Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI). Esperamos que la CIDH, en los próximos días, nos entregue el informe de fondo para presentarlo ante la Corte Interamericana”.

El Estado contra la insurgencia: la guerra de baja intensidad

El primer desaparecido en América Latina no sucede en Chile, Argentina, El Salvador o Colombia. Según el historiador Fritz Glockner, “fue en agosto de 1969 en el estado de Guerrero”, así como el primero de los ‘vuelos de la muerte’, atribuidos en exclusividad -y erróneamente- a las dictaduras argentina, guatemalteca y chilena, se realizó en la costa del Pacífico guerrerense por parte del ejército mexicano.

La “guerra sucia” (o de “baja intensidad”, como prefiere acuñarla el escritor poblano), se practica en México desde la década de los 40 y se acentuó a partir del asesinato extrajudicial de Rubén Jaramillo, en 1962. El líder agrario fue acribillado junto a su familia por cuatro pelotones de soldados a las órdenes del general Gómez Huerta, apoyados por un grupo de pistoleros pagados por caciques morelenses.

“Puedo asegurar con toda certeza que entre 1969 y 1976 se asesinaron a unos 5 mil mexicanos y mexicanas por razones políticas, sociales o ideológicas”, puntualiza Glockner. Comparado a las aterradoras cifras del presente puede parecer pecata minuta, pero sirven para hacerse la idea de la actitud del estado mexicano frente a este tipo de organizaciones en la historia reciente.

La mal llamada ‘Guerra Sucia’, se trata en realidad de una guerra de baja intensidad que incluía el control de la información, la historia y la memoria. El Estado mexicano se ha encargado de enfangar la memoria histórica de los movimientos armados [insurgentes y/o revolucionarios] de México.

El estado de Guerrero tiene dos de los municipios más pobres de Latinoamérica: Cochoapa el Grande y San Martín Peras / Foto: José P. Martínez

Las guerrillas y otros movimientos armados han supuesto para muchas comunidades rurales de Guerrero la única forma institucionalizada de organización social, procuración de seguridad y justicia, y el único frente de defensa de los intereses de la población. Por ello, Magda López considera que en 1998 todavía se practicaba la ‘Guerra Sucia’.

Tras lo ocurrido en ‘El Charco’, el ejército mexicano mantuvo cerrada la comunidad a medios y periodistas, y solo permitió su acceso días después, cuando las evidencias de lo que había ocurrido en aquel lugar ya estaban totalmente alteradas. “Parecía que en Guerrero, el gobierno podía hacer lo que quisiera con la gente. Dejaron pasar a los reporteros cuando ya habían limpiado la escuela donde se produjo la masacre. Incluso ya habían tapado los agujeros de bala”, afirma.

“Esta masacre se da dentro de una estrategia de contrainsurgencia que el gobierno mantenía en esa región durante muchos años”, reconoce también Efrén Cortés. “Había una motivación política: fue un mensaje de lo que iba a pasar si seguía en la resistencia. Así que el gobierno tiene que asumir su responsabilidad. En esta región, el ejército tiene una trayectoria de saqueo, violaciones a mujeres, tortura y asesinatos que ha favorecito a que la gente se organice”.

“Durante 22 años el gobierno mexicano no ha hecho nada por esclarecer lo que sucedió en la comunidad de El Charco, por lo que hemos tenido que recurrir a instancias internacionales para buscar que se sancione al Estado. Que sirva de precedente para que los gobiernos sepan que si hay impunidad, existen organismos internacionales a los que acudir para que no sigan pasando este tipo de cosas contra la población”.

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Estados Unidos

Facebook obstruía noticias del sitio Mother Jones y aumentaba desinformación electoral de la derecha

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Por Amy Goodman

El miércoles 28 de octubre en el Congreso de los Estados Unidos, los directores ejecutivos de las grandes empresas de la industria de la tecnología respondieron preguntas acerca de cómo moderan la desinformación electoral y los contenidos extremistas, además de haber sido acusados por los republicanos de censurar a los sectores conservadores.

Se pasaron por alto informes que indican que Facebook diseñó cambios en su algoritmo de suministro de noticias en 2017 para reducir la visibilidad de sitios de noticias de izquierda como Mother Jones.

En 2019, los editores de Mother Jones escribieron que el sitio había experimentado una fuerte disminución de la audiencia en Facebook, que se tradujo en una pérdida de alrededor de 600.000 dólares en 18 meses. “El hecho de que estemos tratando de hacer todo lo posible para revelar la verdad y que Facebook esté saboteando deliberadamente a nuestros lectores es muy perturbador; al mismo tiempo, Facebook está difundiendo información peligrosa que emiten los conservadores, el presidente Trump”, comenta Ari Berman, escritor de la revista Mother Jones que viene informando ampliamente sobre las elecciones 2020.

Sobre el sitio de noticias Mother Jones

AMY GOODMAN: Pero, Ari Berman, tenemos una pregunta para usted que no se relaciona exactamente con las elecciones, aunque en cierto modo. Estamos a punto de pasar a un segmento sobre Big Tech. Los directores ejecutivos fueron interrogados el miércoles en Capitol Hill sobre cómo moderan la desinformación electoral y el contenido extremista. Los republicanos los acusaron de censurar a los conservadores.

Quiero preguntarle cómo Facebook diseñó cambios en su algoritmo de suministro de noticias en 2017 para reducir la visibilidad de sitios de noticias progresistas como Mother Jones, su empresa de noticias. Según The Wall Street Journal, algunos ejecutivos de políticas de Facebook expresaron su preocupación en 2017 sobre los cambios pendientes en el algoritmo de suministro de noticias que pensaban que podrían tener un mayor impacto en los sitios de noticias de derecha como The Daily Wire, por lo que los ingenieros realizaron cambios en el algoritmo. Eso tendría un mayor impacto en el tráfico hacia los sitios inclinados a la izquierda. Mientras tanto, los editores de Mother Jones escribieron en 2019 que el sitio había experimentado una fuerte disminución en su audiencia de Facebook, lo que se tradujo en una pérdida de alrededor de $ 600,000 en 18 meses. Y aparentemente, según The Wall Street Journal, el propio Zuckerberg aprobó estos cambios. ¿Cuál es su comentario al respecto?

ARI BERMAN: Es increíblemente perturbador. Es un ataque a la democracia. Es un ataque a la libertad de prensa. Es un ataque al movimiento progresista. Facebook no está censurando a los conservadores; está impulsando a los conservadores. Está censurando a los progresistas. Está censurando a los medios independientes. Y el hecho de que estemos tratando de hacer todo lo posible para sacar la verdad y que Facebook esté saboteando deliberadamente a nuestros lectores es tan perturbador, al mismo tiempo que Facebook está difundiendo toda esta desinformación de los conservadores, del presidente Trump. Así que tienes una situación en la que las cosas que son manifiestamente falsas, por parte del presidente Trump, por los medios de comunicación de derecha, están recibiendo un gran impulso en Facebook, pero los esfuerzos de Mother Jones y otras publicaciones para contrarrestar esa desinformación, para decirle a la gente lo que realmente está sucediendo, para denunciar los hechos, que está siendo censurado.

Así que éste es un gran escándalo para la democracia. Éste es un gran escándalo para los medios. Facebook debe ser responsable por esto. Y creo que si hay una nueva administración y un nuevo Congreso, van a examinar muy detenidamente las políticas de Facebook y cómo censura deliberadamente publicaciones como Mother Jones, porque esto es un ataque a la democracia, un ataque a la libertad de prensa. .

AMY GOODMAN: Ari Berman, muchas gracias por estar con nosotros, redactora principal de Mother Jones, autora de Give Us the Ballot: The Modern Struggle for Voting Rights in America.

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Con voz propia

Andrés Manuel López Obrador, analfabetismo en Comunicación y las nuevas autodefensas.

Ramses Ancira

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Diario de un Reportero

Ramsés Ancira

La definición clásica de Comunicación es un intercambio de mensajes entre un emisor y un receptor. Con una conferencia diaria de más de dos horas parecería que Andrés Manuel López Obrador sería un excelente comunicador, pero como sólo habla y no escucha, en realidad es el peor, al menos desde que este reportero tiene memoria; y no es una memoria corta, porque he cubierto ocasional o con cierta permanencia las administraciones desde José López Portillo hasta Enrique Peña Nieto, e incluso ésta.

Incluso cuando el PRI mataba periodistas, como sucedió con Manuel Buendía, (cien por ciento un crimen de Estado) yo tenía una estrategia que nunca me fallaba: cuando acreditación en mano el Estado Mayor Presidencial no me dejaba pasar a un evento, quizá porque me habían comisionado de último momento o no era el reportero de la fuente, yo me ponía a gritar “¡Están agrediendo a la prensa! Evitar escándalos era prioritario, así que como mí única arma visible era mi gafete de periodista, siempre acababan cediéndome el paso, con tal de que me callara.

La ocasión más reciente fue con Enrique Peña Nieto, en un evento en Los Pinos al que me pidieron acudir como corresponsal de Hispan TV. Si el lector me juzga un irrespetuoso de la autoridad o un abusivo del “cuarto poder”, está en todo su derecho, pero se lo cuento tal como ocurrió.

Estaba alzando la voz cuando llegó el entonces gobernador de Guerrero, René Juárez Cisneros y me llamó a la tolerancia. Yo estaba tan enojado que no sé exactamente lo que le contesté, pero fue algo así como que a nadie le interesaba lo que dijera el presidente y que yo estaba ahí para cubrir una orden y no por gusto. Finalmente pasé.

En otras dos ocasiones, cuando Andrés Manuel López Obrador estaba en su segunda campaña presidencial me pidieron solicitarle una entrevista exclusiva. La primera vez en un evento en Coyoacán, su jefe de prensa, César Yáñez, al que conocía desde que López Obrador era jefe de gobierno de la Ciudad de México, me invitó a acercarme personalmente a pedírsela.

Como el entonces candidato estaba sentado en primera fila en un evento de proselitismo, cuando me le acerqué de frente para hablar con él, noté que tapaba la visión de las personas que se encontraban en las sillas de atrás, así que me puse en cuclillas. De inmediato López Obrador me extendió el brazo para ayudarme a levantar y pidió que me cedieran una silla junto a él. “Póngase de acuerdo con César” me dijo amable, pero pasaron meses sin que recibiera respuesta.

Finalmente, un día me llamó César Yáñez para decirme que había una oportunidad durante una gira por Puebla y Veracruz. Lo perseguí todo el día en carreteras y mítines, pero siempre se retrasaba en sus actos de campaña y salía corriendo al siguiente. Esa noche mi equipo de producción y yo pernoctamos en el puerto y seguimos yendo a enormes mítines sin poder hablar con él. Finalmente, mi asistente, jugándose la vida al volante condujo al aeropuerto de Veracruz.

Mi camarógrafo y yo lo sorprendimos al bajar de su auto en carril de descenso y mientras salía su avión, él y su entonces compañero Dante Delgado me concedieron la anhelada exclusiva.

¡Ah, pero ése era otro López Obrador y no el más presidencialista de los presidentes que ha tenido México en el último medio siglo!

Todos estos antecedentes vienen a cuento porque el empresario y activista de Quintana Roo Carlos Mimenza Novelo dijo en una conferencia de prensa celebrada el 28 de octubre,  (ignorada por casi todos los grandes medios de información)  que está cansado de mandarle a Jesús Ramírez Cuevas, vocero de López Obrador, información sobre los asesinatos y desapariciones que ocurren a diario en su estado, detrás de los cuáles se encuentra la policía, misma que fue integrada con  el cártel morelense de Los Rojos y  ataviada con uniformes, por lo que ahora pueden secuestrar, violar y matar, con placas y toletes que les proporciona el mismo gobierno estatal.

El actual gobernador de Quintana Roo, Carlos Manuel Joaquín González, medio hermano del ex secretario de Energía, de Enrique Peña Nieto, y ex presidente del PRI, Pedro Joaquín Cadwell.

Mimenza Novelo dice que Joaquín González es “asesino, extorsionador e invasor de terrenos, involucrado con el narco”, y las pruebas fueron entregadas tanto a Alfonso Durazo, Secretario de Seguridad Pública (actualmente en fuga para convertirse en candidato a la gubernatura de Sonora) como a Jesús Ramírez Cuevas, vocero del presidente Andrés Manuel López Obrador, por lo que es imposible que el presidente las ignore.

El empresario es también activista por los derechos humanos, sostiene una fundación para la atención de niñas violadas y sujetas al comercio sexual, situación en la que, según Mimenza, Quintana Roo ocupa el primer lugar nacional.

Entre muchas acusaciones, asegura que una persona de Tulum, llamada Héctor Valdez fue amenazado de muerte por el gobernador, y luego golpeado policía enfrente del director de Seguridad Pública de Quintana Roo, Alberto Capella.

En ese estado todos los días se padecen extorsiones, secuestros y desapariciones forzadas, pero no se habla de esto porque los medios “están siendo callados a punta de billetazos”, dijo Mimenza, quien agregó que el 95 por ciento de los informativos locales están al servicio del gobernador” y los medios nacionales tampoco atienden el problema.

El cobro de piso a los empresarios y los pequeños comerciantes, dice el empresario y activista, es realizado en su mayoría por gente de Seguridad Pública de Quintana Roo.

Capella, agrega el denunciante, llegó al estado precedido de acusaciones de corrupción en Tijuana y Morelos. El propio gobernador de este estado, Cuauhtémoc Blanco, le advirtió a Carlos Manuel Joaquín los riesgos de darle ese puesto. Sus advertencias fueron desoídas.

Como consecuencia Capella importó de Morelos a integrantes de la organización delictiva “Los Rojos”, involucrada en la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa, y los vistió de policías que se dedican al secuestro, entre otros del comisario ejidal de Playa del Carmen por quien pidieron un cuantioso rescate.

Según el denunciante, también ha llegado a Quintana Roo, desde la Ciudad de México, la banda criminal llamada Unión Tepito. Además, acusó al gobernador de tener como secretario particular a Óscar Montes de Oca, quien antes fue Secretario de Turismo y despojó de sus tierras a varias personas en Tulum, acusándolos falsamente de distintos delitos, que los mantienen en la cárcel.

Tulum, será una de las estaciones más representativas del Tren Maya, por lo que algunos de los principales beneficiarios serán los que inventaron falsos culpables, para apoderarse de sus tierras.

Toda esta información le ha sido proporcionada a López Obrador, sin que se haya actuado al respecto durante más de dos años. De manera que hace dos semanas decidieron formar un grupo de autodefensas en Tulum, que ya tuvo su primer éxito, la captura de un falso guardia nacional que se dedicaba al cobro de piso.

Si el presidente López Obrador no hace nada para detener los delitos atribuidos al gobernador y a su secretario de Seguridad Pública, varios empresarios, que ya antes habían apoyado al doctor José Manuel Mireles en Michoacán, están dispuestos a financiar autodefensas en los once municipios de Quintana Roo.

Así que además de los gobernadores del PRD, PAN, Movimiento Ciudadano y el independiente de Nuevo León, quienes integran la alianza federalista, mayoritariamente en el Norte del país, el presidente tendrá que sumar la inconformidad de empresarios organizados en el sureste, indignados por las mujeres violadas y las personas despojadas de sus tierras, que además de tener que pagar para que les reciban denuncias en el Ministerio Público, no tienen seguimiento de sus demandas.

¿Se acordará el presidente López Obrador que, en 1847, Zacatecas, ¿uno de los estados con más recursos económicos y militares se negó a participar en la defensa de la Nación durante la invasión de Estados Unidos?

Hoy el gobernador de Durango dice que: “El diálogo deberá ser el único instrumento que nos ayude a resolver puntos de vista distintos. Coincidimos en que a México y a nuestra entidad les vaya mejor. Confiamos en la sensibilidad del presidente”.

El problema es que para dialogar se necesitan al menos dos; pero como el nuevo personaje de López Obrador solo sabe hablar, y no escuchar, porque, según él, solo se trata de maniobras electoreras, los ciudadanos tenemos que rezar para que “sus datos” sean ciertos y   la 4a transformación no consista en una nueva fragmentación, como empezó sucediéndonos  con Texas, antes de perder dos millones de kilómetros cuadrados que hoy ocupan California, Nevada, Utah y Nuevo México.

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Justicia pendiente

Ebrard asegura que México estuvo inconforme por ausencia de información en caso Cienfuegos

Ignacio García

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Por Ignacio García

El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard, aseguró que el gobierno de México expresó a Estados Unidos su inconformidad por la escasa información sobre la investigación que desarrollaban contra el ex secretario de la Defensa Nacional (Sedena), Salvador Cienfuegos.

El funcionario federal explicó que después de las elecciones presidenciales de Estados Unidos que se llevarán a cabo el próximo martes, tomarán otras acciones pertinentes, por la falta de información que proporcionó esa nación a México.

De acuerdo con el canciller, han realizado asistencia consular a Cienfuegos, por lo que la cónsul general ha auxiliado al general para garantizar el debido proceso y no se cometan atropellos o abusos, aunado a que han expresado su inconformidad por la opacidad en las indagatorias competentes.

Agregó que han mantenido una buena relación con Estados Unidos, por lo que desean que se continúen con este tipo de acciones específicas para atender a la población, por lo que también buscan defender la figura del Ejército mexicano, que es una de las instituciones más importantes para México.

Salvador Cienfuegos fue titular de la Sedena durante la administración de Enrique Peña Nieto, periodo en el que se acusó diferentes violaciones de derechos humanos cometidas por los elementos castrenses como sucedió con la masacre de Tlatlaya en el Estado de México en 2014 y la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa en ese mismo año.

Cienfuegos fue detenido el pasado 16 de octubre en Estados Unidos por la DEA, luego de ser señalado como “El Padrino” por estar coludido con los grupos delictivos de los Beltrán Leyva desde antes de estar al frente de la Sedena y que se incrementaron durante dicho periodo.

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