Investigación de ProPublica demuestra cómo las barreras del idioma contribuyeron a que las autoridades culparan erróneamente al inmigrante

Por Melissa Sánchez y Maryam Jameel 

Funcionarios estatales y locales en Wisconsin dijeron que estaban horrorizados al enterarse de las condiciones que en 2019 condujeron a la muerte de un niño nicaragüense de 8 años en una granja lechera, así como la investigación policial defectuosa que siguió. Ahora dicen que quieren abordar algunos de los temas destacados por una investigación de ProPublica, publicada el mes pasado, sobre la muerte de Jefferson Rodríguez.

“Lo que sucedió nunca debería haber sucedido”, dijo la representante estatal Sylvia Ortiz-Velez, una demócrata de Milwaukee cuya familia materna laboró como trabajadores agrícolas migrantes en Wisconsin en la década de 1960.

Jefferson fue atropellado una noche de verano de 2019 por un trabajador que operaba un minicargador en una granja en el condado rural Dane, aproximadamente media hora al norte de Madison, la capital del estado. Era el primer día de trabajo del obrero y nos dijo que había recibido solo algunas horas de capacitación. Nuestra investigación mostró cómo las autoridades que investigaron la muerte de Jefferson concluyeron erróneamente que su padre lo había atropellado.

La falla se debió en gran medida a la barrera del idioma entre José María Rodríguez Uriarte, el padre del niño, y la agente de la Oficina del Sheriff del Condado de Dane que lo entrevistó. Rodríguez no habla inglés; la agente se consideró versada en español, pero no con dominio del idioma. Cuando entrevistamos a la agente, supimos que cuando le preguntó a Rodríguez en español sobre lo que sucedió, sus palabras no significaban lo que ella pensaba y probablemente resultarían confusas para un hispanohablante.

La muerte de Jefferson fue catalogada como un accidente. Nadie fue acusado penalmente.

“Ser versado en una crisis no es suficiente”, dijo Dana Pellebon, miembro de la Junta de Supervisores del Condado Dane. “Desafortunadamente, hasta que ocurre una situación como esta, a veces no vemos las brechas en el servicio”.

Pellebon y varios otros supervisores dijeron a ProPublica que estaban buscando medidas que pudieran mejorar el acceso al idioma para las personas que no hablan inglés y que interactúan con la oficina del sheriff. Según estimaciones del censo de EEUU, más del 10% de los residentes del Condado Dane hablan en casa un idioma distinto al inglés.

“El tema de las barreras del idioma para que las personas ejerzan y hagan valer sus derechos, desde la aplicación de la ley hasta los servicios humanos y nuestro sistema judicial, está muy extendido”, dijo Heidi Wegleitner, supervisora del condado. “Realmente debe haber un examen exhaustivo de estas barreras en todo el condado, porque no es justo”.

La Junta de Supervisores establece el presupuesto y puede hacer recomendaciones a la oficina del sheriff. Pero tiene una capacidad limitada para establecer políticas.

En un comunicado, una portavoz de la oficina del sheriff dijo que la agencia cuenta con un personal calificado y diverso que está equipado con las herramientas que necesita, incluido el «acceso sin restricciones» a los servicios de traducción de idiomas. El departamento “siempre está buscando formas de mejorar los servicios que se brindan a la comunidad, que incluyen la evaluación de las prácticas actuales y la consideración de las recomendaciones recibidas”, dijo la vocera.

A nivel estatal, Ortiz-Velez hizo referencia a un proyecto de ley que permitiría a los beneficiarios de DACA convertirse en agentes de policía o ayudantes del sheriff. (La Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, conocida como DACA por sus siglas en inglés, es un programa federal que brinda protección temporal contra la deportación a algunos indocumentados que llegaron a EEUU cuando eran niños). Actualmente, sólo los ciudadanos estadounidenses pueden trabajar como oficiales de policía o ayudantes del sheriff en Wisconsin. “Para nosotros, tener oficiales que hablen con fluidez, que hayan nacido en otros países y puedan hablar el idioma, creo que podría ser de gran ayuda”, dijo Ortiz-Velez.

Nuestra historia sobre la muerte de Jefferson es la primera de nuestra serie Peligro en las granjas, que tiene como objetivo explorar las condiciones laborales, de vivienda y otras condiciones para los trabajadores inmigrantes en las granjas lecheras en Wisconsin y en todo el Medio Oeste. Les presentamos tres conclusiones de nuestros esfuerzos informativos hasta el momento:

1. En todo Wisconsin, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley se enfrentan a barreras idiomáticas cuando responden a incidentes en las granjas lecheras.

Según la Ley de Derechos Civiles, las agencias que reciben fondos federales deben garantizar que sus servicios sean accesibles para las personas que hablan un inglés limitado. El Departamento de Justicia, que hace casi dos décadas redactó directrices para los organismos encargados de hacer cumplir la ley sobre este tema, ocasionalmente investiga a los departamentos que no cumplen con este requisito.

El año pasado comenzamos a solicitar registros de las respuestas de las agencias de policía a incidentes que van desde lesiones relacionadas con el trabajo hasta agresiones en granjas lecheras en todo Wisconsin. Lo que esos registros nos muestran es que los funcionarios rutinariamente encuentran barreras del idioma cuando interactúan con los trabajadores de esas granjas. Con frecuencia confían en los supervisores o empleados de la finca para que sirvan como intérpretes; a veces recurren al traductor de Google o a los niños.

La Oficina del Sheriff del Condado de Dane no tiene una política escrita sobre cómo deben responder los agentes a los incidentes que involucran a personas que no hablan inglés, o cuándo llamar a un intérprete. El departamento no evalúa las habilidades lingüísticas de los empleados, sino que ellos mismos informan sobre su competencia. Pero como práctica general, los funcionarios del departamento han dicho que cuando los agentes necesitan comunicarse con los residentes que hablan un idioma que no sea inglés, se supone que deben hacer una llamada para preguntar si alguno de sus colegas habla ese idioma y, si no hay ninguno disponible, piden ayuda a otras agencias cercanas.

2. Es un secreto a voces que la industria láctea de Wisconsin depende de la mano de obra indocumentada.

Debido a que los trabajadores son indocumentados, a menudo les resulta más difícil hablar sobre condiciones injustas o inseguras.

Rodríguez y su hijo emigraron a Estados Unidos desde Nicaragua a principios de 2019 en busca de oportunidades económicas. Como solicitante de asilo, Rodríguez no tenía permiso de trabajo. Usó papeles falsos para conseguir un trabajo en D&K Dairy. (En una declaración, el dueño de la finca dijo que no estaba al tanto del estatus migratorio de Rodríguez).

Rodríguez ganaba $9.50 la hora y, como otros obreros, trabajaba habitualmente de 70 a 80 horas a la semana. El trabajo agrícola está excluido de muchas de las protecciones laborales de Estados Unidos, por lo que no había pago de horas extras por trabajar más de 40 horas. Al igual que muchas granjas lecheras de Wisconsin, D&K Dairy proporcionó alojamiento gratuito. Pero la vivienda que ocuparon Rodríguez y su hijo no fue en una casa; vivían en un apartamento en la parte superior de la sala de ordeño, el establo donde día y noche llevaban a cientos de vacas para ser ordeñadas por maquinaria pesada y ruidosa.

Durante años, la industria láctea, quejándose de la escasez de mano de obra, ha cabildeado sin éxito para acceder al programa federal de trabajadores invitados H-2A, que permite a los empleadores traer temporalmente trabajadores extranjeros cuando no pueden encontrar obreros locales. Actualmente, el programa se limita al trabajo agrícola estacional; la industria láctea es un trabajo de todo el año.

Quienes critican el programa de trabajadores invitados aseguran que se presta al abuso y la explotación, ya que la capacidad de los inmigrantes para permanecer en EEUU está ligada a un solo empleador, lo que ha dado lugar a varios casos importantes de trabajo forzado, robo de salarios, viviendas deficientes y altos costos de contratación, entre otros problemas.

3. Las granjas pequeñas no siempre reciben una inspección de seguridad después de una muerte o lesión.

Cuando Jefferson murió, una investigadora de la Oficina del Médico Forense del Condado Dane alertó a la Administración Federal de Salud y Seguridad Ocupacional, que es responsable de la seguridad en el lugar de trabajo. Pero OSHA no investigó porque el niño no era un empleado.

Incluso cuando los trabajadores mueren o se lesionan en granjas pequeñas, la capacidad de respuesta de OSHA es limitada. Las granjas con menos de 11 trabajadores a menudo están exentas de supervisión. (Algunos estados con sus propios planes OSHA hacen más, pero Wisconsin no es uno de ellos). Y la agencia federal tiene pocas normas de seguridad para los sitios de trabajo agrícola.

En años recientes, los intentos de inspección de OSHA fueron inferiores a una docena cada año de las miles de granjas lecheras en Wisconsin. El año en que murió Jefferson, seis de las nueve inspecciones que OSHA inició terminaron por no llevarse a cabo porque las granjas eran demasiado pequeñas para estar bajo la jurisdicción de la agencia; tres de esas seis inspecciones involucraron muertes.

“Las operaciones lácteas en estos días son básicamente grandes fábricas”, dijo Michael Engelberger, supervisor del Condado Dane. “No deberían estar exentos de ninguna regulación de OSHA o leyes laborales agrícolas especiales. Para mí eso está mal”.

Wegleitner dijo que espera convocar a un grupo de supervisores, defensores de la comunidad, personal del condado y otros para hablar sobre los pasos a seguir en las próximas semanas.

“El acceso al idioma es sólo una parte”, dijo. “Tenemos viviendas inseguras, falta de inspecciones y supervisión, y todas esas cosas pueden no ser asuntos que el condado pueda legislar. Pero si estamos hablando y propugnando con los legisladores y grupos estatales y federales, y trabajando en coalición, creo que esto debe abordarse en múltiples niveles”.

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Fuente: propublica.org

Se extiende invitación a ocho países que no fueron ausentes en la cumbre de 2021

Por Aamer Madhani /AP

El gobierno de Estados Unidos ha enviado invitaciones a 120 dirigentes de diversas partes del mundo para la Cumbre por la Democracia de la próxima semana, incluidos representantes de ocho países que no fueron invitados a la cumbre inaugural de la Casa Blanca en 2021.

Ello de acuerdo con un funcionario de alto rango del gobierno que habló con The Associated Press bajo condición de anonimato para discutir las invitaciones que aún no se han hecho públicas. Bosnia y Herzegovina, Gambia, Honduras, Costa de Marfil, Liechtenstein, Mauritania, Mozambique y Tanzania recibieron invitaciones para la cumbre de este año después de haber quedado fuera de la lista de invitados a la reunión de 2021.

La cumbre de este año se celebrará el miércoles y el jueves de la próxima semana. Estará copatrocinada por los gobiernos de Costa Rica, Holanda, Corea del Sur y Zambia. El primer día de la cumbre tendrá un formato virtual y le seguirán reuniones híbridas en cada uno de los países anfitriones en las que participarán representantes del gobierno, la sociedad civil y el sector privado.

Está previsto que el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, participe el martes en un acto previo a la cumbre enfocado en Ucrania con el secretario de Estado Antony Blinken.

El mundo ha experimentado grandes cambios desde la cumbre de diciembre de 2021, luego de que los países emergieron de la pandemia de coronavirus y en medio de la invasión rusa a Ucrania.

Leer más: Control de daños y diplomacia provinciana – (losangelespress.org)

Según funcionarios de la Casa Blanca, el presidente Joe Biden tratará de defender que los acontecimientos del último año han dejado claro que un gobierno democrático basado en el Estado de derecho y la voluntad de los gobernados sigue siendo el mejor sistema para promover la prosperidad y la paz, a pesar de sus frecuentes desórdenes.

Biden propuso inicialmente la idea de una cumbre sobre la democracia durante su campaña presidencial de 2020 y ha defendido en repetidas ocasiones que Estados Unidos y aliados afines necesitan mostrar al mundo que las democracias son un mejor vehículo para las sociedades que las autocracias.

Información: The Asociated Press

Los fallos del juez Riff tendrán importantes consecuencias para la ciudad

Por Rodolfo Soriano Nuñez

Mañana, miércoles 22 de marzo, el juez Lawrence Riff decidirá una serie de casos con consecuencias inmediatas para la manera en que se establecen las fianzas por delitos menores en el condado de Los Ángeles, California. Uno de los posibles resultados de los fallos que el juez Riff emitirá es el regreso de los Criterios de Fianza de Emergencia (Emergency Bail Schedule), por los que para faltas y delitos menores (misdemeanors y low-level felony offenses), se fijan fianzas equivalentes a cero dólares.

El condado de Los Ángeles cuenta con el sistema carcelario más poblado de todo Estados Unidos y se caracteriza por sus condiciones marcadamente injustas e inhumanas. La Cárcel Central de Hombres, Men’s Central Jail, llega a encarcelar hasta 17 mil personas. Este sistema carcelario, además, está marcado por notables injusticias basadas en la raza y el ingreso de los arrestados.

Entrada de la MCJ en Los Ángeles. De la cronología en Twitter de @LApubdefunion

Los afroamericanos, además de los latinos e hispanos están marcadamente sobrerepresentados en las cárceles. En la MCJ, el 21 de marzo de 2023, estaban encarceladas un total de 14 mil 25 personas. De ellas, siete mil 657, poco más del 50 por ciento, eran latinas o hispanas, además de que poco más de cuatro mil se identificaban como afrodescendientes, poco menos de un tercio del total. Ello contrasta con el hecho que, de acuerdo a los datos de la Oficina del Censo, 70 por ciento de la población en el condado se identifica como blanca o caucásica, 49 por ciento lo hace como latina o hispana y sólo el nueve por ciento se ve a sí misma como afrodescendiente.

Lo que es peor, casi la mitad de las 14 mil personas en la tercera semana de marzo de 2023 en la MCJ están ahí en la etapa llamada de “pre-juicio”, es decir, los preparativos antes de que su caso sea resuelto por un juez y/o jurado. Además, siete de cada diez personas en la MCJ están ahí porque no cuentan con los recursos para poder pagar una fianza.

El 14 de noviembre de 2022, seis reclusos y la organización Clérigos y Laicos Unidos por la Justicia Económica (Clergy and Laity United for Economic Justice, CLUE), presentaron una demanda que cuestiona los criterios por los que establecen las fianzas luego de que se desahoga la etapa de la audiencia de arraigo. Esos criterios son especialmente dañinos para las personas pobres, los afrodescendientes y los latinos e hispanos, pues esas audiencias de arraigo ocurren entre dos y hasta cinco días después del arresto. La gran mayoría de las personas bajo arresto, además, no pueden recibir la ayuda de un abogado o hablar con un juez hasta que se les presenta para esa audiencia de arraigo. Sólo quienes pueden contratar los servicios de un abogado privado pueden consultarlo. Quienes dependen de los abogados de oficio (Public Defenders), no.

Lo que resulta de ese modelo es que se encarcela a las personas que no pueden pagar un abogado privado o no tienen el dinero o las propiedades para pagar una fianza. Ello hace que la población en las cárceles crezca sin límite. El propio condado de Los Ángeles lo admitió cuando respondió a un señalamiento de la American Civil Liberties Union, ACLU, como parte del caso Rutherford vs. Luna, caso que actualmente se encuentra en la etapa de litigio, pero del que es posible derivar conclusiones importantes.

Entre las más notables, Leslie Bailey, la directora del proyecto Justicia Pública para los Deudores de las Prisiones, Public Justice Debtors’ Prison, que forma parte del equipo que litiga los casos que el juez Riff decidirá mañana señala, en este sentido, que “la política del condado de Los Ángeles de encarcelar personas porque no pueden pagar una fianza, no sólo es inconstitucional. Es devastadora para las personas, para sus familias y sus comunidades. Nadie debería sufrir las condiciones inhumanas que existen en las cárceles o perder su empleo o su patrimonio porque no pueden comprar su libertad.

Ello es más importante pues, como ella misma explica, “las fianzas en efectivo no reducen los índices de crímenes ni ofrecen alguna garantía de seguridad”. Y concluye: “los angelinos merecen algo mejor que esto y seguiremos apoyando a nuestros valientes clientes en su lucha por un sistema justo, uno en el que el derecho fundamental a la libertad no dependa del tamaño de la cuenta de banco”.

Salil Dudany, abogado y miembro del equipo que litiga algunos de los casos que resolverá mañana 22 de marzo el juez Riff, hace ver que existen mejores soluciones al problema de la seguridad pública: “el condado de Los Ángeles sabe, gracias a sus propios datos, que los Criterios de Fianza de Emergencia, aprobados al inicio de la pandemia fueron un éxito. La severa sobrepoblación y las condiciones inhumanas que existen en las cárceles del condado son también una crisis de derechos humanos y reformar los criterios para establecer las fianzas es fundamental para resolver el problema».

Dudany se dice confiado en que «los líderes de la ciudad de Los Ángeles darán respuesta a este problema de las políticas sin sentido de fianzas e inviertan en alternativas que la ciudad necesita desesperadamente para encontrar una solución que de verdad ofrezca seguridad pública a las comunidades».

El pastor metodista Gary Williams, que además de promover estas reformas ha sido afectado por las políticas de fianzas, hace ver que encerrar a miles de personas porque no tienen dinero es absurdo e injusto y destaca la oportunidad que tiene el sistema judicial en Los Ángeles para resolver el problema.

Como señala el Vera Institute of Justice en uno de sus documentos de trabajo, la evidencia está ahí: «luego de décadas de lucha de distintas organizaciones sociales, la Junta de Supervisores (Board of Supervisors) del condado se comprometió a realizar cambios y a disminuir el uso del encarcelamiento mediante una estrategia de apoyo primero. Cuando comenzó la pandemia del COVID-19, la población encarcelada se redujo en un 30 por ciento, inspirando aún más interés de la Junta de Supervisores en reducir el número de personas en la cárcel y cerrar la MCJ».

El jueves 23 de marzo, una vez que se conozcan los fallos del juez Riff, la Coalición por la Justicia en Los Ángeles (JusticeLA Coalition), el Civil Right Corps y Public Justice, ofrecerán una conferencia de prensa en la que, además de discutir los resultados darán cuenta de los siguientes pasos en este proceso.