Washington, 16 sep (EFE).- Más de 8.000 inmigrantes irregulares, en su mayoría de nacionalidad haitiana, están retenidos por las autoridades estadounidenses en un campamento improvisado en el sur de Texas tras un cruce masivo en la frontera.

Los migrantes han estado cruzando desde este martes a Estados Unidos por la zona de Del Río (Texas) y han desbordado a las autoridades migratorias, que han improvisado el campamento debajo del puente internacional que conecta con Ciudad Acuña (México) a la espera de ir procesando solicitudes de asilo.

Estos más de 8.000 migrantes, según cifras de las autoridades locales, duermen al raso y carecen de servicios básicos, unas condiciones que amenazan con crear una nueva emergencia humanitaria en la frontera sur.

La frontera entre Texas y México ha registrado cifras récord en las llegadas de inmigrantes irregulares desde que Joe Biden asumió el poder en enero pasado y ya ha sido foco de una crisis política para el nuevo presidente.

Según The Washington Post, muchos de los migrantes haitianos que han llegado a Texas emigraron de sus país tras el terremoto de 2010 a naciones suramericanas como Brasil o Chile, pero la crisis creada por la pandemia les ha impulsado ahora hacia Estados Unidos.

La Patrulla Fronteriza de Estados Unidos ha enviado refuerzos al sector de Del Río para gestionar el campo y ante la incertidumbre de que más migrantes puedan cruzar en los próximos días.

“Para prevenir enfermedades relacionadas con el calor, el área con sombra debajo del Puente Internacional Del Río está sirviendo como un puesto temporal de para mientras los migrantes esperan a estar bajo la custodia de la Patrulla Fronteriza”, explicó en un comunicado este cuerpo.

El gobernador de Texas, el republicano Greg Abbott, anunció este jueves el cierre de seis puntos de cruce fronterizo con México para “impedir que las caravanas de migrantes infesten” el estado, aunque posteriormente dio marcha y dijo que los agentes estatales solo harán acto de presencia para disminuir las llegadas.

El alcalde de Del Río, el demócrata Bruno “Ralphy” Lozano, urgió por su lado al Gobierno de Joe Biden a “reconocer que hay una crisis fronteriza ocurriendo en tiempo real en este momento con graves consecuencias para la seguridad y la salud”.

Lozano, que calificó el campamento de “favela”, también alertó de que si los agentes se concentran en este punto, el resto del sector, de unas 240 millas (400 kilómetros), está quedando desatendido.

“¿Quién está vigilando al resto del sector?”, dijo, en declaraciones recogidas por el Post.

Washington ha reducido los vuelos de deportación a Haití desde la crisis provocada por el magnicidio del presidente Jovenel Moïse en julio. Unos 30.000 haitianos habían cruzado a EE.UU. en el último año según datos oficiales.

Por Guadalupe Lizárraga

Han pasado cincuenta años de la rebelión de los prisioneros en la cárcel de Attica, Nueva York, uno de los episodios más sangrientos en las cárceles de los Estados Unidos, en la que fueron acribillados 43 reclusos y 11 rehenes, todos -excepto cuatro- fueron víctimas de la policía y la Guardia Nacional. Quien dio la orden de ataque fue el gobernador Nelson Rockefeller. Entre las víctimas, Tyrone Larkins sobrevivió a la masacre con tres disparos y es entrevistado por el digital Democracy Now.

El 9 de septiembre de 1971, inició el motín de los prisioneros cuando tomaron la dirección del centro penitenciario en protesta por las torturas y malos tratos, así como las condiciones insalubres en los que los mantenían, narra Larkins. Para entonces, la prisión albergaba a 2300 hombres, muy por encima de de su capacidad máxima, y el motín duró cinco días.

A los presos les permitían ducharse una vez a la semana, y les daban un jabón y un rollo de papel al mes. Les entregaban sólo dos litros de agua al día, para beber y para usarla en su higiene personal. Las raciones de comida eran raquíticas y el Estado gastaba 63 centavos de dólar por preso al día para la comida. No se les permitía comunicación con el exterior, sus cartas eran destruidas y no se permitía la práctica de la religión musulmana.

La peor parte la llevaban los afroamericanos, quienes eran relegados a los puestos de trabajo con salarios más bajos y víctimas de torturas y la discriminación racial por los empleados blancos de la prisión.​

La Vanguardia Española daba seguimiento a la masacre

El periódico La Vanguardia Española, en septiembre de 1971 daba seguimiento a la masacre de Attica, y revelaba en español -en coordinación con The New York Times-, que los informes oficiales sobre los hechos eran falsos, y alegaban que los reclusos habían degollado y castrado a los custodios rehenes. Sin embargo, la investigación periodística daba cuenta de los hallazgos del Comité de Observadores, integrado por 18 profesionales, entre éstos periodistas y abogados, que confirmaron con las autopsias de los custodios asesinados que las causas de muerte habían sido por armas de fuego, después de que el gobernador diera la orden de ataque a los prisioneros rebeldes.

También argumentaron que la causa de la rebelión eran las malas condiciones en las que los mantenían y las torturas sistemáticas infligidas. Así mismo, el comité declaró que la matanza se había perpetrado por la intransigencia oficial y que el informe había sido preparado de antemano a la orden de ataque.

Tyrone Larkins, sobreviviente

En este contexto, Tyrone Larkins, ex preso sobreviviente, que fue herido de gravedad en la represión, el 13 de septiembre de ese año, describe Attica como “el lugar más brutal que conocí en mi vida” y recuerda por qué se produjo el motín el 9 de septiembre de 1971, día en que los presos redujeron a los guardias y tomaron gran parte de las instalaciones de esa penitenciaría ubicada en el norte del estado de Nueva York, en señal de protesta contra las condiciones de vida en ese lugar.

En aquella época, los presos pasaban la mayor parte del tiempo en las celdas y se duchaban una vez por semana. Larkins explica cómo se desarrollaron las tensas negociaciones con los prisioneros politizados y dice que el motín iba camino a resolverse a través del diálogo cuando el gobernador Nelson Rockefeller ordenó a la Policía estatal que atacara las instalaciones. La policía abrió fuego y mató a veintinueve reclusos y diez rehenes.

La jueza federal estadounidense Cynthia Bashant falló en contra de la práctica del Gobierno de Joe Biden de impedir que los inmigrantes soliciten asilo en la frontera entre Estados Unidos y México. La política, conocida como “dosificación”, fue aplicada por primera vez durante la presidencia de Obama y limita la cantidad de personas que pueden solicitar asilo en los pasos fronterizos de entrada al país y permanecer en Estados Unidos mientras se tramitan sus solicitudes.

El expresidente Trump amplió más tarde la política a la frontera sur, lo que obligó a que miles de solicitantes de asilo fueran colocados en largas listas de espera y tuvieran que permanecer durante meses en ciudades fronterizas mexicanas, donde corrían riesgo de ser secuestrados, sufrir agresiones sexuales o ser asesinados.

El abogado Stephen Medlock, quien argumentó el caso en nombre de los solicitantes de asilo, dijo en un comunicado: “Los mismos funcionarios gubernamentales que deberían haber dado la bienvenida y asistido a las víctimas de persecución y tortura tenían la orden de alejar a los solicitantes de asilo de Estados Unidos. El tribunal de distrito determinó que eso era claramente ilegal”.