Acusado de falsos delitos, Miguel Ángel Machuca pasó diez años en prisión ‘por no saber defenderse’

Torturado y amenazado con detener a su madre, denuncia en entrevista a Miguel Ángel Machuca Ortiz

Por Guadalupe Lizárraga/Juan Ricardo Montoya

A causa de una acusación falsa que lo señalaban de tener un taller donde supuestamente desmantelaba autos robados, Miguel Ángel Machuca Ortiz, originario del estado de Veracruz permaneció encarcelado diez años en diversos Centros Federales de Readaptación Social (Cefereso) donde fue víctima de golpes, torturas, falta de alimentos, atención médica y aislamiento total.

En entrevista exclusiva con Los Ángeles Press, relató el infierno que vivió esos años, desde el 5 de abril de 2008 hasta 2018, cuando a contra corriente logró su liberación, gracias sobre todo logró interponer amparos y otros recursos legales para reducir a diez la condena de 17 años de prisión que le dictaron por delitos que nunca se le pudieron comprobar los agentes del Ministerio Público.

Tenía 22 años de edad cuando fue detenido y solo había estudiado hasta tercer grado de primaria. «Yo llegue a reclusión por ignorancia», recalca tras puntualizar que al momento de ser ingresado al penal federal de Villa de Aldama, Veracruz, no entendía bien que estaba pasando con su vida, porque apenas si sabía escribir. Sin embargo, en esos años de reclusión tuvo que estudiar para poder defenderse.

Todo empezó por «Nosotros rentamos un terreno a una persona que conocíamos, a la que teníamos confianza; y metió varios vehículos». Entre 2007 y 2008, una organización delincuencial que tenía mucha presencia en el estado de Veracruz empezó a llamar la atención, por lo que la policía comenzó a realizar operativos.

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Bajo ese contexto, la policía encuentra varios vehículos en el terreno de la familia de Miguel Ángel, y realiza un operativo en el lugar. Le dijo que esos autos tenían reporte de robo, a lo que respondió Miguel Ángel que habían sido llevados por la persona a quien le arrendaban el predio, por lo que los agentes que encabezaban la acción policíaca pretendieron detener a toda la familia de Miguel Ángel, incluyendo a su madre.

Al percatarse de esta situación Miguel Ángel explicó a quien realizaba el operativo que la persona a la que su madre había arrendado el terreno metía vehículos que vendía, pero que ignoraba en qué situación estaban esos autos.

«Allí lo que procedía era un delito por receptación, porque sí tenía conocimiento, pero yo no los tenía robados ni tampoco en posesión, porque allí no había casa, no había nada; entonces ése era el delito que procedía, pero como no fue, así me metieron un buen de delitos, como portación de armas, desmantelamiento de vehículos robados, robo de vehículos con violencia y de un montón de cosas», explica.

«Me acumulan 17 años de condena y cuando me doy cuenta de que es una injusticia, empecé a luchar», comenta Miguel Ángel, pero ya habían pasado varios años.

Aunque desde el momento de su ingreso a Villa de Aldama, y hasta 2012, fue golpeado y torturado en varias ocasiones, no los denunció porque ignoraba que lo podía hacer. Gracias a las orientaciones de personas que lo iban a visitar,entre ellos algunos juristas poco a poco aprendió a interponer denuncias contra los custodios y autoridades del penal así como quejas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

También aprendió a interponer recursos jurídicos y ganar diversos procesos penales en su contra por delitos que no cometió, gracias a lo cual logró reducir su condena de 17 a solo diez años de prisión, por lo que fue liberado en 2018.

» Me sentenciaron y posteriormente salí, me fueron quitando los años».

Fue tal el aprendizaje que logró en materia jurídica, primero de forma empírica y luego por medio de los libros que le envío la facultad de Derecho de Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) al ganar un concilio ante la CNDH «por actos de tortura, del método de uso de la fuerza» en contra de los elementos de seguridad penitenciaria».

En ese concilio, la CNDH ordenó a los custodios de los Ceferesos que debían recibir capacitación en materia de derechos humanos y en aplicación correcto del uso de la fuerza.

Tras señalar que en los centros federales de reclusión se asigna en promedio un gasto por reo de mil 900 pesos diarios, aseguró que en términos reales, por la corrupción no se gastan ni siquiera 300 pesos.

Dijo que supuestamente los mil 900 pesos eran para cubrir diversos rubros, como seguridad y custodia, gastos médicos, psicología, criminología, alimentación, educación, y uniforme, pero esto no ocurre ya que en realidad hay lo que calificó como «fuga de dinero».

Puso como ejemplo los uniformes, los cuales a los internos se los sustituyen cada seis meses «y si lo ven bueno, no lo cambian».

Relató que en 2013, cuando estaba recluido en el entonces penal de las Islas Marías, se suscitó un motín ya que los internos estaban hartos de las torturas, alimentación deficiente, falta de atención médica y otros abusos.

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El entonces presidente de la república Enrique Peña Nieto, a través de un mensaje televisivo, dijo que nadie iba a ser procesado por ese hecho porque «eran cosas legales las que estábamos pidiendo» y que en ese momento había mil 700 quejas ante la CNDH, así como 800 denuncias en la extinta Procuraduría General de la República contra las autoridades del penal.

Comentó que en las Islas Marías había un agente del Ministerio Público Federal «que nunca nos quiso atender». Dijo que, con burlas y en su presencia los custodios a cargo de la seguridad en las Islas Marías se comían la fruta, cereal, yogurt y otros alimentos que estaban designados para los internos bajo el argumento de que no se los podían dar porque fabricaban pulque.

Aunque en aquel momento la política de seguridad en el país estaba a cargo de Genaro García Luna, entonces Secretario de Seguridad Pública Federal; Luis Cárdenas Palomino, director General de investigación de la Agencia Federal de Investigaciones, y otros exfuncionarios del gobierno peñista, Miguel Ángel Machuca se pronunció a favor de fincar responsabilidades penales a quienes directamente ordenaron que fuera torturado y golpeado en los diversos centros penitenciarios en los que estuvo encarcelado por una década.

«Al final del día no tratamos de buscar culpables inocentes, porque así hicieron con nosotros; queremos culpables reales. ¿Quiénes son? Son los representantes de las instituciones donde nos tuvieron albergados porque eran los responsables de nuestro resguardo. Nadie más».

«Yo no creo que el presidente (Enrique Peña Nieto)» haya marcado y dijera :»Torturen a Machuca», agregó.

Reiteró que los encargados del resguardo son los responsables de las torturas «porque para ellos éramos cheques al portador, porque éramos dinero» que conformaron un sistema corruptivo en los penales que no se ha investigado.

Miguel Ángel aseguró que cuando fue inculpado, le tocó «inaugurar » el  Cefereso número cinco de Villa de Aldama, Veracruz a donde fue ingresado el 27 de julio de 2009 y dónde permaneció tres años tras lo cual fue trasladado a la entonces colonia penal ubicada en las Islas Marías.

Relató que además de la escasa alimentación, consistente en «lonchibones» o pequeñas bolsas con «alguna fruta, una pequeña hamburguesa o una leche pequeña», que no eran suficientes para mitigar su hambre, a tal grado que cuando les servían alguna pieza de pollo se comían los huesos, los internos sufrían de constantes torturas por órdenes del director del penal de apellido Castellanos.

Los reos, eran golpeados y torturados por los custodios bajo cualquier pretexto, como el que en las revisiones a sus celdas les hallarán bolígrafos, o alguna fruta que hubieran llevado del comedor a sus dormitorios para comérselas por la noche o bien por pretender enviar algún tipo de mensaje a sus familiares.

En el penal de Villa de Aldama, Miguel Ángel dijo que las temperaturas son extremadamente bajas por estar ubicado cerca de un volcán, lo que provocó que algunos de los reos que eran sometidos a tortura hubieran fallecido de hipotermia. A los custodios los obligaban a quedarse parados desnudos por varias horas por las noches en los pasillos, sin moverse, bajo la amenaza de ser golpeados salvajemente, si lo hacían por lo que muchos de ellos amanecían muertos, recargados en los muros, narra el exconvicto.

Para Miguel Ángel, los responsables son los directores generales, los encargados de la seguridad y custodia de los penales así como los titulares jurídicos, que a su vez son los presidentes junto con los directores de seguridad y los directores generales, los que integraban los Comités Técnicos -que antes era los Consejos Técnicos Interdisciplinarios- y que por medio de ellos se ordenaban todas las acciones de tortura «para hacer el desvío de todos los recursos que llegaban a los centros de reclusión para que nos dieran atenciones».