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Justicia pendiente

«Yo pienso que fue el gobierno»: 13 activistas asesinados con Peña Nieto

En lo que va del mandato de Enrique Peña Nieto se han reportado 13 asesinatos de luchadores sociales en Guerrero, cinco de ellos del Partido Comunista.

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Luis Olivares (izq.) encabeza la manifestación en repudio del asesinato del campesino Raymundo Velázquez. Tres meses después, también fue asesinado. Foto: PCM

Luis Olivares (izq.) encabeza la manifestación en repudio del asesinato del campesino Raymundo Velázquez. Tres meses después, también fue asesinado. Foto: PCM

 

Alberto Buitre

La Red de Organismos Defensores de Derechos Humanos de México, reportó este martes 13 de noviembre que han ocurrido 13 asesinatos de luchadores sociales en el estado de Guerrero, ubicado al Suroccidente del país. De ellos, cinco eran militantes del Partido Comunista de México.

El último de estos crímenes ocurrió contra el dirigente de la Organización Popular de Productores de la Costa Grande (OPPCG) Luis Olivares Enríquez y su pareja Ana Lilia Gatica Rómulo. Fueron  asesinados en el interior de su casa en la colonia Frente Emiliano Zapata, municipio de Coyuca de Benítez, Guerrero, alrededor de las 8:30 de la mañana del domingo 10 de noviembre. Los testimonios de sus vecinos de la colonia relatan que Olivares se encontraba en el patio de su casa descansando mientras su esposa cocinaba, cuando un comando armado irrumpió y con ocho balazos de 9 milímetros les quitó la vida.

La ex esposa de Luis, Zeferina Romero Fernández, declaró al periódico La Jornada:  “Él no tenía contrarios; yo pienso que fue el mismo gobierno”.

Agentes de la Marina y de la Policía Ministerial acordonaron la casa cerca del mediodía y colocaron vasos desechables sobre los casquillos percutidos. La orden era que nadie pasara. Después llegaron los peritos de la Policía Estatal. “Si eso le hicieron a él, qué no le harán a los demás”, dijo una vecina de esta comunidad donde habitan unas 80 familias.

Los vecinos cuentan que Ana Lilia fue encontrada viva, pero la ambulancia nunca llegó. Un vecino llamado Romero Fernández declaró al periódico que tras los disparos se apuró a la casa de Luis Olivares; que vio a su mujer tenida: “Estaba dentro, se estaba muriendo, todavía no se moría, quería ella hablar, pero no pudo hablar; ya como a los cinco minutos dejó de respirar”.

Antes, el sábado 2 de noviembre, habían matado a su primo David Romero Téllez. Ahí, los sicarios dejaron un papel amenazando a Olivares: “Aquí te dejamos este regalito ¡Luis Olivares!, así te metas debajo de las piedras vamos por ti te vamos a sacar de adonde estés te va a pasar lo que les pasó a los 3 del río. Atte. La Santa Muerte (sic)”., decía la amenaza.

Pero este apenas fue el último mensaje  antes que lo asesinaran.

El jueves 29 de septiembre, el mismo dirigente de la OPPCG denunció en una conferencia de prensa frente a la representación del Gobierno de Guerrero en la Ciudad de México, capital del país, que estaba siendo amenazado de muerte.

Junto a los productores Sofío García Ternés y Francisco Flores Osuna, miembros de la Organización Popular de Productores de la Costa Grande, Luis Olivares acusó a los paramilitares por las amenazas. Y advirtió, que si era asesinado, los responsables serán el gobernador guerrerense, Ángel Aguirre Rivero y el mismo Enrique Peña Nieto.

Este 30 de septiembre se cumplía el plazo. Pasaron dos meses y al final fueron ejecutados.

Luis Olivares, Sofío García Ternés y Francisco Flores Osuna , lo mismo se habían opuesto a las mineras, que las madereras clandestinas. Sus grupos organizados son impedimento para la explotación capitalista de la tierra. Por eso, de alguna manera, no les extrañan estos avisos. También se habia opuesto radicalmente al avance de las mineras canadienses tanto en La Montaña como en la Costa de Guerrero. Además, pertenecen a los grupos que se quedaron a exigir justicia tras el magnicidio de 17 campesinos en el vado de Aguas Blancas, en 1997. “Es parte de la Iniciativa Mérida: quieren Perote, la sierra, nos quieren sacar de la tierra”, fueron sus declaraciones recogidas por el portal Revolución 3.0.

Raymundo Velázquez, Miguel Ángel Solano, Samuel Vargas…

Cuando Luis Olivares denunciaba las amenazas en su contra, habían pasado veinticinco días del asesinato de tres comunistas más: Raymundo Velázquez Flores, secretario general en Guerrero del Partido Comunista de México, y los camaradas Miguel Ángel Solano y Samuel Vargas.

En agosto 5 fue encontrado sin vida los cuerpos de los comunistas cuando volvían a su hogar en el municipio de Coyuca de Benítez luego de una reunión política del Frente de Izquierda Revolucionaria (FIR) en la ciudad de Cuernavaca, Morelos.

Los cuerpos fueron encontrados con impactos de bala y huellas de tortura a las orillas del río de Coyuca de Benítez, donde también se halló un auto calcinado marca Tsuru color blanco sin placas con rotulación de la Coordinadora Estatal de Transportistas Independientes del Estado de Guerrero (Cetig) en el que viajaban.

Velázquez Flores preparaba para el próximo 20 de agosto el primer Congreso Regional del PCM que agruparía a varias células comunistas compuestas por campesinos y magisterio de comunidades de la Costa Grande y La Montaña guerrerense.

Velázquez Flores era un campesino, quien además de fungir como secretario general del PCM en Guerrero, dirigía la Liga Agraria Revolucionaria del Sur Emiliano Zapata (LARSEZ), que desde años atrás mantenía una lucha activa contra la instalación de minas canadiense en más de 200 mil hectáreas de territorio comunal guerrerense, al tiempo que mantenía una disputa histórica contra grupos caciquiles la apropiación legítima de las tierras de campesinos e indígenas.

Luego de su salida de Cuernavaca alrededor de las 6 de la tarde, se perdió comunicación con Velázquez Flores al poco tiempo de haber dejado a la compañera Tomasa Vázquez Juárez en su domicilio en aquel municipio. Los comunistas tenían que llegar a una reunión con campesinos de la LARSEZ el día domingo 4 de agosto en la ciudad de Chilpancingo, capital de Guerrero “por lo que evidentemente fueron interceptados en su camino y asesinados cobardemente”, señala en un comunicado emitido por el Buró Político del PCM la noche de este lunes.

“El Partido Comunista de México a través de su Buró Político, hace responsable al Gobierno Federal de Enrique Peña Nieto del PRI, al Gobierno Estatal de Ángel Aguirre Rivero del PRD y el gobierno municipal de Ramiro Ávila Morales del asesinato de nuestros camaradas”, señaló. .

La organización denunció que en Guerrero no hay garantías para la acción política de los comunistas, los revolucionarios y los luchadore sociales.

“Éste es un ataque directo de los tres niveles de gobierno en contra del Partido Comunista de México. En sentido, nuestro el Partido Comunista de México y todas sus estructuras actuaran en consecuencia y juramos que no quedara impune el asesinato de nuestros camaradas”, subrayó.

Asesinatos ligados al Pacto por México

El informe de la Red de Organismos Defensores de Derechos Humanos de México señala además los asesinatos en el municipio de Iguala de los dirigentes de la Unidad Popular (UP), Arturo Hernández Cardona, Rafael Banderas Román y Ángel Román Martínez. Habían sido desaparecidos junto con seis activistas más en esa localidad. En la lucha social, pertenecían a los movimientos populares para urbanización y realización de obras públicas en barrios pobres.

Héctor Arroyo, dirigente de la organización Lucio Cabañas Barrientos, que forma parte de la UP, y quien fue uno de los que logró escapar, declaró: “Al ingeniero (Arturo Hernández Cardona) lo chingaron el día viernes. Luego el sábado mataron a golpes a (Félix Rafael) Banderas, y hoy en la mañana que nos escapamos perdió la vida Ángel Román Ramírez. Nosotros de milagro estamos vivos y me voy a Iguala porque me van a matar”.

“Cardona había recibido amenazas del alcalde”, agregó Arroyo, refiriéndose al alcalde de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, identificado por los deudos de los asesinados como el responsable de los crímenes.

Abarca Velázquez es militante del Partido de la Revolución Democrática (PRD), al igual que el gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero. Partido político denunciado por el Partido Comunista de México como parte de la alianza político-empresarial denominada “Pacto por México”, integrada por el PRI de Enrique Peña Nieto y el ex gobernante Partido Acción Nacional (PAN).

El 20 de octubre, en el municipio de Atoyac, también en la Costa Grande fue asesinada Rocío Mesino Mesino, dirigente de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCCS), organización a la que pertenecían los 17 campesinos abatidos el 28 de junio de 1995 en Aguas Blancas.

El pistolero solitario activó un fusil AK-47 contra el cuerpo de Mesino Mesino en el camino de la ruta a Mexcaltepec, de la Sierra Sur este mediodía. La activista supervisaba trabajos de un comedor comunitario y de un puente artesanal que construían habitantes de esa región para cruzar el Río Atoyac, tras los daños que dejo la tormenta tropical ‘Manuel’ que devastó la zona y que no contaba con el apoyo del Gobierno estatal ni federal.

Antes de 2013

Así mismo, en el mes de noviembre de 2012 fue desaparecido y luego encontrado Francisco Piedragil Ayala, dirigente de cafetaleros en la Costa Grande y en diciembre de 2011 desaparecieron los campesinos Eva Alarcón Ortiz y Marcial Bautista Valle, cuando trataban de salir de Petatlán y llegar hasta Chilpancingo. Eran activistas por la salvaguarda del ecosistema de su comunidad.

Ese mismo mes asesinada la campesina ecologista Juventina Villa Mojica y su hijo Reynaldo Santana Mojica, en el momento preciso de encabezar el éxodo de un entender de familias que salieron de la sierra por amenazas de la delincuencia organizada.

Hasta el momento, ninguno de los crímenes cometidos en contra de luchadores sociales se ha esclarecido.

Pacto por México, pacto asesino

Un artículo del periodista Roberto Ramírez Bravo publicado en La Jornada Guerrero, echa luz sobre los acontecimientos. ¿Se trata de “un desmantelamiento de lo que desde el poder político se percibe como una eventual insurgencia”?

El periodista cuestiona el embate del Gobierno estatal de Ángel Aguirre Rivero (PRD) para criminalizar a quienes se oponen a sus proyectos, encarcelar líderes de policías comunitarias, desaforar alcaldes que apoyen autodefensas y lo peor de todo, hostigar judicialmente y tolerar, al menos, el asesinato de líderes políticos.

Ramírez Bravo menciona tres casos paradigmáticos ocurridos este año.

El de Rocío Mesino Mesino, líder de la Organización Campesina de la Sierra Sur (OCSS), asesinada el 20 de octubre; Raymundo Velázquez Flores, líder de la Liga Agraria Revolucionaria del Sur Emiliano Zapata (LARSREZ) y secretario general del Partido Comunista de México en Guerrero, asesinado el 6 de agosto; y Luis Olivares Enríquez, asesinado junto a su esposa Ana Lília Gatíca Rómulo, este domingo 10 de octubre y quien era dirigente de la Organización Popular de Productores la Costa Grande de Guerrero (OPPCG).

La cuestión es que a los tres, el Estado mexicano los tenía bajo sospecha de organizar una insurgencia armada, advierte el periodista.

Cada uno de los tres, pese a ciertas diferencias, reivindicaban las luchas de los históricos guerrilleros Genaro Vázquez Rojas y Lucio Cabañas, líder del Partido de los Pobres quien intentó levantar una insurgencia comunista en 1970 en el sur guerrerense. Mesino, Velázquez y Olivares tenían claro que la organización popular era su única posibilidad de sobrevivir a la violencia del Estado, los paramilitares al servicio de las compañías mineras y hasta los narcotraficantes.

Por su parte, organizaciones como el Partido Comunista de México, el Frente Nacional de Lucha por el Socialismo y hasta el Ejército Popular Revolucionario (EPR), en un comunicado, han coincido en advertir que tras las matanzas se encuentra la campaña del Gobierno mexicano y el Pacto por México (alianza político-empresarial de la burguesía mexicana) por imponer las privatizaciones capitalistas que, entre otras cosas, incluyen la comercialización de los recursos naturales y minerales, justo contra lo que las comunidades guerrerenses luchan, desde la costa hasta La Montaña.

¿Qué tanta razón tiene la hipótesis planteada por el periodista Ramírez Bravo? ¿Quiere Enrique Peña Nieto acabar de un jalón con cualquier brote de insurgencia popular en el país? Al menos, queda claro que la posibilidad asusta al Estado mexicano. No en balde, la represión oficial ha recrudecido; incluso en la Ciudad de México, paraíso de ”libertades democráticas”, según algunos, donde han tenido lugar aprehensiones extrajudiciales durante varias protestas en el año y se ha implementado un nuevo modelo de violencia de Estado mediante el encapsulamiento de cualquier manifestación pública masiva, política o cultural, incluyendo el terrorismo mediático contra activistas.

Parece entonces que México está a punto de encontrar la verdad de lo que ocurre en Guerrero y prácticamente en todo su territorio. Lo que es cierto es que Peña Nieto y los capitalistas tienen como estrategia implementar el miedo colectivo. Intentar desmovilizar a las organizaciones –para lo cual funcionan muy bien agentes reformistas como Andrés Manuel López Obrador-, e imponer a punta de fuego podrán imponer las “reformas estructurales” para terminar de saquear al país y exacerbar la explotación de la clase trabajadora.

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Justicia pendiente

Excesiva burocratización atraer caso de Juana Hilda González a la SCJN: Abogado Gerardo Manrique

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#ElFalsoCasoWallace

  • La SCJN no atrae el caso Wallace, atrae el caso de Juana Hilda González

  • La víctima no es Hugo Alberto Wallace: abogado

Por Guadalupe Lizárraga

El abogado Gerardo Augusto Manrique, experto en ejecución penal, señaló en entrevista exclusiva para Los Ángeles Press que la atracción del caso de Juana Hilda González Lomelí por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para determinar si hubo o no violaciones al debido proceso va a resultar en una burocratización excesiva y en el aumento de los plazos de dictado de resoluciones de un proceso que claramente no fue debido y que se demostró desde el inicio de la acusación.

En el momento en que circula en video la declaración de Juana Hilda González Lomelí acusando a otras personas e incriminándose del supuesto secuestro y homicidio de Hugo Alberto Wallace Miranda sin un defensor presente, es una violación al debido proceso. No se le puede dar valor probatorio, y esto fue el 8 de febrero de 2006, explica el abogado. Y apuntó que “cuando la Corte atrae un caso, se lleva más tiempo en resolverlo porque tiene procesos más lentos, porque hay un mecanismo de procesamiento de la información, de documentación del caso, del debate mismo, que requiere mucho más de tiempo que si se discute en un tribunal colegiado o en los propios juzgados de distrito”.

También aclaró Manrique que no es el caso Wallace el que está atrayendo la Suprema Corte y enfatizó que el caso Wallace se refiere a una serie de procesos de un caso fabricado con una supuesta víctima de secuestro y homicidio. Sino que se trata del caso únicamente de Juana Hilda González, y aunque pudiera impactar a los demás casos, podría solo resolver el de ella.

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Justicia pendiente

Por ejecuciones extrajudiciales a indígenas de Coyomeapan, organizaciones exigen destitución del gobernador Barbosa

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Los Ángeles Press

Un grupo de 35 organizaciones y defensores de derechos humanos, encabezados por la organización Red Solidaria Década contra la Impunidad, AC, lanzaron una carta pública de extrañamiento al gobernador de Puebla, Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta, en la que se exige su destitución, por las recientes ejecuciones extrajudiciales a indígenas de Coyomeapan.

La represión tuvo lugar en la comunidad de Zoquitlán, el 9 de mayo, en torno a las 17 horas, donde policías de estado rafaguearon a indígenas que caminaban de regreso a su casa, dejando tres muertos, uno de ellos menor de edad, y siete heridos.

El conflicto data de junio 2021, tras un fraude electoral en la comunidad de Coyomeapan, donde la familia Celestino Rosas, impuso al presidente municipal, siendo esposo de la diputada federal Araceli Celestino Rosas. La protesta de la comunidad ha tenido como represalia el encarcelamiento de defensores de derechos humanos, como Basilisa Montaño Gutiérrez y Gonzalo Martínez, y el hostigamiento a la periodista Claudia Martínez Sánchez, quien ha reportado sistemáticamente las agresiones a la comunidad y la restricción de las libertades constitucionales de los indígenas.

Ciudad de México, a 13 de mayo 2022

CARTA PÚBLICA

Los y las abajo firmantes integrantes de la sociedad civil, manifestamos nuestro extrañamiento por la represión contra la comunidad indígena de Coyomeapan, realizada por integrantes de la policía estatal del estado de Puebla, y exigimos la inmediata intervención de las autoridades federales e organismos internacionales para resolver las demandas de verdad y justicia.

El pasado 9 de mayo al rededor de las 17:00 hrs., algunos activistas indígenas nahuas de Coyomeapan, Puebla, que se encuentran en resistencia pacifica, por la defensa de sus derechos políticos, civiles y de la tierra y su territorio, caminaban de regreso a su hogar, cuando al pasar por la comunidad de Zoquitlán, Coyomeapan, fueron emboscados y rafagueados por integrantes de la policía estatal misma que haciendo uso excesivo de su fuerza pública, ejecuta a los activistas indígenas; Teofilo Barrera Herrera, de 24 años, Marcelo Carrera Reyes de 45 años y a un menor de 15 años de edad de nombre Omar Herrera Raymundo, y dejando a 7 heridos entre los que se encuentra el profesor Lauro Gil Arguelles, todos ellos integrantes del Movimiento Unidad por Coyomeapan.

Por lo que manifestamos por este medio nuestro extrañamiento al Estado mexicano por la omisión a estos hechos, y solicitamos a la ONU y a la CIDH, solicten información a el gobierno por estos lamentables hechos.

Recordando que 4 activistas de Coyomeapan se encuentran en el penal de Tehuacán, Puebla, criminalizados por la defensa a sus derechos humanos, entre ellos la defensora de derechos humanos y teóloga Basilisa Montaño Gutirrez, integrantes también del Movimiento Unidad por Coyomeapan, y que la periodista Claudia Martínez Sánchez, fuera desplazada de su hogar en Puebla, por ejercer su derecho difundir la criminalización social que sufre la comunidad indígena de Coyomeapan.

Ante este contexto de violaciones sistemáticas a los derechos humanos de esta comunidad y sus habitantes;

¡Exigimos la destitución del gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta!
¡Solicitamos la atracción del caso por parte de la Fiscalía General de la República!
¡Condenamos la criminalización de la protesta social!
¡Exigimos el alto al uso excesivo de la fuerza publica!
¡Libertad inmedita a la defensora de derechos humanos y teóloga Basiliza Montaño
Gutierrez y los tres activistas que se encuentran en prisión, desde el 21 de septiembre del
2021!
¡Responzabilizamos al Estado de los hechos del 9 de mayo 2022!

FIRMAS
Red Solidaria Década Contra la Impunidad AC (RSDCIAC)
Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA)
Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los
Derechos Humanos en México (AFADEM)
Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos (Limeddh)
Los Ángeles Press
Centro de Derechos Humanos Esteban (Puebla)
Red Universitaria de Monitores de Derechos Humanos
Desarrollo Humano Internacional AC
Frente Mexicano Pro Derechos Humanos (FREMEXDEHU)
Mujeres Co_Incidiendo con Mujeres AC
Colectiva Radial Poder Político de las Mujeres
Mujeres Guerrerenses por la Democracia AC
Senderos Para el Desarrollo Comunitario
Voz del Anahuac
Sindicato de la Unión de Trabajadores del Instituto de Educación Media Superior de la Cdmx
Zenzontle
Casa de los Pueblos México
Nueva Constituyente Ciudadana Popular (NCCP- Coahuila)
Colectivo Viva Voz
25 Día Naranja A.C.
Madres Exigiendo Justicia
CAM-CAI
Colectiva Brujas Zapateras
Colectiva Lilith Violeta
Colectivo Nacional Alerta Temprana de Periodistas y Defensores de Derechos Humanos
Movimiento Agrario Indígena Zapatista (MAIZ)
FIAC A.C.
FUNDACION ARTE Y MUNDO SOSTENIBLE A.C.
FINASBIH A.C.
Colectivo para la Equidad y la defensa de los derechos de las mujeres «Techiyaliztli»
33 Mujeres A.C.
Organización Jugestes-Cnpa
Colectivo de Mujeres por la Equidad la Salud y la Educación A.C.
Asociación para el Desarrollo Integral de Comunidades y Colonias A.C
Fray Julián Cruzalta Aguirre
Dramaturgo Humberto Robles
Senador José Narro Céspedes
Jackie Campbell)
Olimpya Jaimes López
Hilda Pérez Vázquez
Leticia López Zamora
Cynthia Bravo Moore
Vanessa Klainer Berkowitz
Dulce Mildret Sainz Torres
Isaura Contreras
Beatriz Salas Martínez
Claudia Magaña Lugo
Daniela Flores
Adriana Díaz González

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Justicia pendiente

Autoridades de DDHH ignoran caso de Claudia Ivonne Sánchez Mayorga, con tortura y fabricación de delitos

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Por Guadalupe Lizárraga

El caso de Claudia Ivonne Sánchez Mayorga fue expuesto de nuevo en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador en la que se denunció cómo las autoridades responsables de impartir justicia y reparar el daño han ignorado a la víctima de tortura y fabricación de delitos en 2013, además de ocultar documentos de su expediente y estar sin sentencia, por lo que se pidió que su causa penal sea atraída por la Suprema corte de Justicia de la Nación.

La primera vez que se presentó este caso, por la representación de Los Ángeles Press, fue en 2019. Sin embargo, desde entonces, es muy poco lo que se ha avanzado, pese a que su defensa ha demostrado su inocencia, así como el haber sido torturada y mutilada en el penal de El Rincón, Nayarit, a donde llegó con cinco meses de embarazo. Tuvo a su hija en una clínica con atención de emergencia, ambas discriminadas en atención médica, por ser un caso de consigna de la “sociedad civil” contra el tráfico de mujeres, conocido como «Solid Gold».

En la intervención del reportero Ramón Flores, se expuso que la Unidad de Transparencia y la de Contraloría interna de la Fiscalía General de la República han ignorado la instrucción presidencial y que las nuevas conclusiones de la fiscalía, “vuelven a ser una burda fabricación criminal sin pruebas, que incluye el encubrir la tortura a la que sometieron” a Sánchez Mayorga.

La denuncia del reportero enfatizó que servidores públicos que operaban en red con el exsecretario de Seguridad Pública Genaro García Luna, han ocultado a la Fiscalía de Asuntos Internos y a CONAPRED, los videos de las cámaras de seguridad y el expediente médico que evidencian la tortura sufrida por la víctima.

Por lo que pidió que su causa penal sea atraída por la Suprema Corte de Justicia y que el Consejo de la Judicatura, con la jueza por Ministerio de Ley, revise y resuelva su caso.

También se denunció que la Defensoría pública federal y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, han ignorado -del mismo modo- este caso, pasando por alto las graves violaciones de derechos humanos, igual que otros miles de casos similares, y enfatizó el reportero en las condiciones en que se encuentran las internas del penal de Santa Martha Acatitla, además del abandono jurídico para su defensa.

Finalmente, se pidió una libre audiencia pública al interior del reclusorio femenil y varonil, con autoridades de derechos humanos, entre éstas el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, para que se investiguen los suicidios y los maltratos a las reclusas.

Testimonio desde la cárcel de Claudia Ivonne Sánchez Mayorga

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