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Con voz propia

¿Y la reforma en contra de la corrupción, apá?

Ante la ola reformista neoliberal y perjuicio del interés público, los ciudadanos mexicanos todavía se preguntan para cuándo la reforma anticorrupción

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Diputados aprueban reforma política. Foto: Archivo/Notimex

Francisco Bedolla Cancino*

A estas alturas de diciembre, la pregunta por los motivos que la política mexicana ofrece para festejar el fin de año a los ciudadanos suspirantes por el interés público nacional ha entrado ya en su fase de mayor frenetismo, que incluso raya en lo obsesivo-compulsivo, ante la falta de respuestas racional y razonablemente aceptables. Y es que la emblemática figura del reformismo político, que es El Pacto por México, dio lo que podía dar y no más, dada su naturaleza de pacto de elites partidistas y su condición de divorcio estructural respecto de sus supuestas bases sociales y del interés público: paquetes de componendas constitucionales, carentes de visión estratégica, que son clara expresión de negociaciones truculentas en las que las elites de los partidos defienden soterradamente a los grupos de interés que representan y, sobre esa base, intercambian favores.

Desde la perspectiva del interés público nacional, hubiese sido un buen motivo de festejo la aprobación de una reforma laboral que pusiera fin a los contubernios entre los empleadores y las dirigencias sindicales, que precarizan las condiciones laborales, obstruyen la productividad y desalientan la inversión productiva. En lugar de ello, habrá que seguir lidiando con la falta de democracia y de transparencia sindical y, más aún, habrá que sumarle un marco legal sesgado a los intereses empresariales.

Desde la perspectiva del interés público nacional, hubiese sido un gran motivo para festejar una reforma educativa enfocada estratégicamente a promover una oferta de servicios educativos ajustada a los estándares internacionales de formación y a mejorar la atracción y retención de las jóvenes generaciones, en el entendido consensual de que no hay mejor política de equidad y combate a la pobreza que la política educativa. En lugar de ello, habrá que seguir lidiando con un sistema de instrucción pública plagado de vicios burocráticos y de prácticas hiper sindicalizadas, incapaz de una transformación radical de sus esquemas de gestión del conocimiento y, en la comparativa internacional, poco apto para elevar el nivel de la formación de los estudiantes; aunque, eso sí, más gobernable para el poder central en turno.

Desde la perspectiva del interés público nacional, asimismo, un buen motivo de festejo hubiese sido una reforma fiscal que, congruente con el principio de justicia, ampliara la base de recaudación, frenara los privilegios de los grandes inversionistas y, más aún, se orientara a gestar los impactos redistributivos de la riqueza. En lugar de eso, lo que hoy tenemos es una miscelánea fiscal, plagada de excepciones y tratos preferenciales, que denota los efectos de la presión de los grupos rentistas sobre los diputados y los senadores así como el cuidado de éstos para no dañar los contubernios de las dirigencias políticas con amplios sectores de la economía informal.

Desde la perspectiva del interés público nacional, un excelente motivo para festejar era la aprobación de una reforma energética que respondiera de manera conjunta y equilibrada a los imperativos de eficiencia en el manejo de los hidrocarburos y otras fuentes de energía y de un uso de la riqueza energética orientado a la promoción del desarrollo nacional, con especial énfasis en el manejo transparente, el combate a los contubernios existentes y, por sobre todas las cosas, en la superación de los riesgo del establecimiento de nuevos contubernios. En lugar de ello, lo que tenemos es una reforma de orientación privatizadora que puede ampliar significativamente la inversión extranjera directa y la base de recaudación fiscal, lo que en sí mismo no es menospreciable, pero que deja la puerta abierta al manejo discrecional de los contratos y a privilegiar ilegalmente a ciertas empresas a cambio de favores privados.

Desde la perspectiva del interés público nacional, un buen motivo para festejar hubiese sido una reforma político-electoral que sacara a los procesos electorales de la inmundicia en la que se encuentran: organismos electorales administrativos y de justicia secuestrados por los partidos políticos, carentes de autonomía; campañas políticas federales y locales cínicamente estructuradas para ver qué competidor dispone de mayores recursos para publicitarse y coaccionar el voto; amplias franjas de electores dispuestas a ceder su voto al mejor postor; y, como corolario de lo anterior, un amplio margen de oportunidad para el flujo de recursos ilegales hacia las campañas políticas, que a todas luces pervierten la representación política. En lugar de ello, lo que tenemos es una “solución” ocurrente, que es la creación del Instituto Nacional de Elecciones en un escenario de coexistencia con los institutos electorales locales, financieramente onerosa y que, además, pone en riesgo lo poco de rescatable que aún existe en el actual modelo: el IFE y su servicio profesional electoral y la posibilidad de implementar una política estatal en materia de educación cívica.

A propósito de lo anterior, no es de dudar que desde la perspectiva de los grupos rentistas, por definición buscadores de ventajas privadas, exista una versión cualitativamente distinta. Muchos grupos de interés libraron la amenaza de perder sus ventajas rentistas, por ejemplo, los grandes capitales que disponen de movilidad fiscal; liderazgos sindicales de peso electoral, vinculados a las dirigencias de los partidos políticos; liderazgos de las agrupaciones de la economía informal, que representan un valioso capital de movilización y de protesta; entre otros. El problema con sus indudables victorias es que lastran las posibilidades del desarrollo nacional y la satisfacción del interés público.

Pero de todos los motivos para festejar, una que ni siquiera barruntó en los horizontes de las deliberaciones reformistas fue la reforma para prevenir y combatir la corrupción. Lo que desde una perspectiva de interés público era de esperarse al respecto era un paquete de modificaciones constitucionales y legales que elevará significativamente la probabilidad de que los actos de corrupción queden impunes y, a la par, que ampliara los tipos penales e intensificara las sanciones. Como es evidente, aquí afloró el consenso entre tácito y explícito de las elites de los partidos políticos, consistente en no moverle al asunto, dado su común entender de que una batalla de esta naturaleza, los situaría a todos como perdedores netos.

En virtud de lo anterior, y bajo la premisa que la satisfacción del interés público nacional coloca a los intereses rentistas como damnificados, la pregunta relevante es, ¿y la reforma anticorrupción pa’cuándo, apá?

* Analista político

@franbedolla

 

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Con voz propia

El acaparamiento del agua en México: corrupción y concesiones

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Por Miguel Montesinos León

En la crisis de agua potable que vive en Monterrey sale a relucir la corrupción del mismo gobierno federal, que sostiene que en esta era de la 4T se combate la corrupción. Abundemos en ello.

La Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) ha otorgado concesiones a empresas no sólo mexicanas sino a extranjeras. Pero entre esas concesiones mexicanas, se destaca las de la senadora Olga Sánchez Cordero, asunto que ningún medio corporativo retomó para su investigación.

Ahora que se agudizó la escasez de agua en Nuevo León, el presidente de México anunció la implementación de un decreto en torno a que el agua es un derecho humano y que se encuentra en la Constitución Mexicana.  Ya sabemos que es letra muerta, pero ahora el derecho al agua no sólo es un derecho humano, sino que el agua es un asunto de seguridad nacional, por lo que las empresas refresqueras, las distribuidoras de agua embotellada y las cerveceras, en un gesto de solidaridad están apoyando a Nuevo León.

Ese apoyo no es en realidad un apoyo al pueblo neoleonés, es más bien una estrategia para no perder sus concesiones, y de esa manera impunemente seguir saqueando el agua no sólo de Nuevo León, sino de todo el país donde tienen establecidas sus empresas.

Lo peor que se vive en el saqueo del agua en México es que los productos como son la cerveza y los refrescos son exportados a otros países, lo que significa un saqueo a México, obteniendo millonarias ganancias a costa de la escasez para los mexicanos. No sólo se trata del desabasto del agua potable para uso doméstico, también la escasez de agua para la agricultura y con ello abastecer la red alimentaria.

La alimentación de los mexicanos no se compone sólo de granos básicos, por lo que se requiere agua para las verduras, las frutas, las legumbres y en el cuidado de animales para consumo humano.

Así que las empresas que se dicen apoyar a Nuevo León en realidad se burlan del pueblo mexicano y aun con el decreto firmado por el presidente de México y publicado en el Diario Oficial de la Federación no impide que los saqueadores del vital líquido lo sigan haciendo sin importarles el sufrimiento de millones de personas, además de causar la muerte de hortalizas, de siembras de maíz, frijol y demás productos de la canasta básica.

Ahora se puede demostrar que el petróleo no es el energético más codiciado. En un futuro no muy lejano será el agua y ya se inició la guerra por este vital líquido; sólo falta que la ciudadanía concientice que podría no tener gasolina, gas y electricidad; pero, no obstante, si no tiene agua para lo más elemental en sus hogares, en sus parcelas en el caso de los campesinos, la vida se irá extinguiendo, de tal manera que lo que se está viviendo en Nuevo León es el inicio de la alerta por el agua.

Los gobiernos federal y estatales tendrían que tomar medidas más severas en cuanto a la instalación de empresas depredadoras del agua potable de México. El único problema es que son los mismos funcionarios públicos que participan de este acaparamiento, como en el caso mencionado de la senadora Olga Sánchez Cordero.

El medio independiente lacoperacha.com.mx elaboró un mapa en Google con las concesiones de agua a la senadora Sánchez Cordero y a su esposo. Olga Sánchez Cordero obtuvo 18 concesiones para un total de 1,224,500 metros cúbicos al año desde 1997, la mayoría habiendo sido obtenidas en noviembre de 2018, cuando su esposo, Eduardo Alejandro Francisco García Villegas obtuvo también una concesión para 1,420,000 metros cúbicos al año. Este acuífero es vedado y sobreexplotado. Al ser todas para uso agrícola, el aprovechamiento de estas aguas es exento del pago de derechos. Se notará que las dos concesiones más grandes de Olga Sánchez para uso agrícola se encuentran en medio de una zona urbana. Aquí el enlace:

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Con voz propia

Se agrava la tortura en las cárceles de México

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Por Carlos Barrachina Lisón*

El general de brigada retirado Sergio Alberto Martínez Castuera asumió a principios del año 2019 como coordinador operativo de todas las cárceles federales de México. De la mano del entonces comisionado del sistema penitenciario, Francisco Garduño Yáñez, inició la administración federal del presidente Andrés Manuel López Obrador, como la carta fuerte del nuevo gobierno para reconducir la política penitenciaria. Fue nombrado con el respaldo de una brillante carrera militar, en la que llegó a ser director del Heroico Colegio Militar; y ya retirado, Secretario de Seguridad Pública del Estado de Aguascalientes. En el 2020 incluso sonó con fuerza como candidato para sustituir a Alfonso Durazo, como Secretario de Seguridad Pública y Seguridad Ciudadana, cuando éste se lanzó como candidato a la gobernatura del estado de Sonora.

Existían altas expectativas en la voluntad del presidente Andrés Manuel López Obrador de modificar la política penitenciaria mexicana. Se habló en la campaña y los primeros momentos de su administración de conceptos como “reconciliación”, “derecho humano”, e incluso se emitió un decreto, para que todas las personas que hayan sido torturadas en prisión fueran liberadas.

A día de hoy, la Secretaría de Gobernación ni siquiera ha instalado la mesa de preliberación y empiezan a organizarse colectivos que señalan que el gobierno está prestado oídos sordos a los planteamientos de familiares e internos sobre la continuación, e incluso el endurecimiento de situaciones inhumanas en prácticamente todos los Centros Federales de Readaptación Social (CEFERESOS), en especial los gestionados de forma privada, que se conocen por el nombre de Centros Penitenciarios Concesionados (CPS).

Las principales quejas tienen que ver, en el mejor de los casos, con la escasa y deficiente alimentación, con la falta de médicos, dentistas, psiquiatras y medicinas; con la ausencia de medidas de reinserción, de posibilidades de hacer deporte, de estudiar, o de desarrollar una actividad laboral. En el peor de los casos, con el abuso de autoridad, con la tortura y con la sistemática utilización de amenazas, tanto a los internos, como a sus familiares.

En el último año aproximadamente 1500 personas privadas de la libertad, de la mano de la asociación civil “Dignidad y Derechos Humanos”, han presentando más de doce amparos frente a la justicia federal para mejorar sus condiciones de vida en los CEFERESOS de Michoacán, Chiapas, Durango, Oaxaca y Guanajuato. Por otra parte, la periodista Guadalupe Lizárraga a través del medio Los Ángeles Press, ha visibilizado múltiples casos de abusos a derechos humanos, tanto en el sistema penitenciario federal como local y se ha implicado en el activismo para mejorar las condiciones de vida de los presos; así como en detener las actividades de tortura que cada vez son más recurrentes.

El pasado 18 de julio, el Día Internacional de las Reglas Mandela, este colectivo se manifestó a las oficinas del representante del Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, con sede en la Ciudad de México, para denunciar al Estado mexicano por esta serie de violaciones sistemáticas y generalizadas, y demandar una intervención del organismo internacional.

Inicialmente los amparos tuvieron efectos positivos, y se atendieron alguna de las reclamaciones; pero últimamente se han empezado a incumplir las demandas, y se ha desatado una campaña de represión en contra tanto de los internos que denuncian, como de sus familiares, por parte de las autoridades del sistema penitenciario. Ello se ha manifestado en golpes, negación de alimentos, agua, medicinas, y tiempo fuera de la celda; en traslados arbitrarios, y en acciones directas de abuso de poder y tortura.

El 14 de mayo de 2021 los internos del CEFERESO número 4, que se encuentra en el estado de Nayarit, se rebelaron y señalaron a la directora Jazmín Borbón Ochoa, de abuso de poder y tortura. Estalló una huelga de hambre e incluso se acusó a la directora de la muerte de un interno.

El 14 de marzo del 2022 fue en el CEFERESO número 17, de Michoacán, en dónde los presos se declararon en huelga de hambre y denunciaron al director Alfredo Reyes Vázquez y al comandante de seguridad Roberto Lázaro Chavarría por abusos de autoridad. Derivado de ello, entró la Guardia Nacional al penal, y George Khoury Layón, a cuatro días de su audiencia de preliberación, y ocho internos más fueron trasladados a Guanajuato, y torturados tanto en su traslado, como en su llegada al nuevo centro penitenciario.

Días después, tras la concesión de un amparo a favor de los internos, en el CEFERESO número 15, que se encuentra en Chiapas; la directora del penal Erika Adriana Tenopala Chausse, decidió no cumplir con las medidas ordenadas por los jueces, y endureció las medidas de represión en contra de las 235 personas amparadas. Derivado de ello, desde el día 4 de julio iniciaron los internos una huelga de hambre, que en estos momentos ha cesado, pero que ha continuado en rebelión al no regresar los internos a sus celdas.

La falta de condiciones mínimas para una vida digna, los abusos de poder en el interior del penal y los traslados sin notificación, con efectos de represión, son algunas de las medidas que se han ido complicando en los últimos meses en el sistema penitenciario federal.

Las autoridades enfrentan un gran reto para quebrar esta cultura penitenciaria autoritaria y represora que tiene que ver con la impunidad y la corrupción. Ello no sucede únicamente con el sistema federal, ni específicamente en los CPS.

El sistema local es todavía mucho más difícil de controlar, y los abusos a los derechos humanos, y los casos de tortura están a la orden del día. Todo el mundo lo sabe, pero nadie hace nada.

En el caso de la Ciudad de México, el caso del periodista desplazado Héctor Valdez Hernández, está evidenciando la falta de control tanto de la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, como del Secretario de Seguridad Pública Omar García Harfuch. Desde el Reclusorio Oriente varonil, el periodista denunció no sólo las golpizas a las que había sido sometido, sino incluso las amenazas directas de Enrique Serrano, subsecretario del sistema penitenciario. Finalmente fue trasladado de forma intempestiva a mediados del mes julio del 2022 al reclusorio de Santa Martha Acatitla, siendo golpeado en el traslado y a la llegada del centro penitenciario. Estuvo cinco días sin tomar agua, y fue arrojado a una celda insalubre, que deliberadamente había sido entregada con excremento humano regado por todo el espacio.

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*El autor es Profesor Investigador del Instituto Mexicano de Estudios Estratégicos y de Seguridad Nacionales (IMEESDN). Profesor adscrito del Departamento de Relaciones Internacionales y Ciencia Política de la Universidad de las Américas en Puebla (UDLAP)

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Con voz propia

Patrioterismo, el último recurso de AMLO; una mentira más y ya

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TRAS BAMBALINAS 

  • Grito patriótico y pobreza 

  • Sobrecosto del AIFA, Dos Bocas, Tren Maya 

  • Corrupción en Segalmex 

  • Mario Delgado, vuelos y elecciones mafiosas 

Por Jorge Octavio Ochoa

Ahora que no le sale nada bien, y los resultados se le desbaratan, el último recurso del presidente de la República será recurrir al patrioterismo en contra del T-MEC que él, muy sonriente, firmó.

Pobreza franciscana, es el anuncio, pero a nadie hizo feliz, porque eso no garantiza un mejor uso del gasto. Solamente confirma un mayor recorte presupuestal para apalancar los proyectos “estelares”, del presidente.

También nos presagia un apretón fiscal a todos los sectores. Más del 30% de los ingresos de los trabajadores se van al pago de impuestos, a retención del Impuesto Sobre la Renta y al pago de becas y estímulos que no están auditados.

Él dirá que hay falta de solidaridad de “los conservadores” con ese pueblo, que masificado, no encuentra alternativas de trabajo y tiene que recurrir al autoempleo y a las dádivas de la 4T.

Pero eso sí: usted no verá cambios en la derrama de recursos para continuar el Tren Maya, Dos Bocas o el dichoso AIFA, que no levanta ni con el cierre de pistas en el AICM, ni la promesa de precios bajos a destinos como ¡Venezuela!

Tampoco verá una disminución de las movilizaciones políticas. “Las corcholatas” seguirán viajando por todo el país para promover sus candidaturas, bajo la promesa de que seguirán por la misma ruta del gobierno actual.

A estas alturas de la administración Lópezobradorista, lo único que se puede anticipar es que será un sexenio perdido; plagado de políticas fallidas, mal sustentadas y peor ejecutadas.

Mire que destinarle otros 22 mil millones a Dos Bocas ¡por no haber presupuestado el IVA!; o incrementar un 172% los costos del trenecito Maya: son, a todas luces, graves fallas de planeación.

El costo total del Tren Maya se elevó un 172%, al pasar de 150 mil a 409 mil millones de pesos; Dos Bocas se elevó un 50.3% al pasar de 163 mil a 245 mil; el AIFA se elevó un 54%, de 75 mil a 116 mil millones de pesos.

Y lo peor es que Dos Bocas todavía no produce ni un litro de gasolina; AIFA difícilmente tiene 14 vuelos diarios y el Tren Maya será utilizado por esos “fifís” conservadores, que tanto odia el jefe.

López Obrador ha hilvanado un gobierno ensartado de mentiras: ¿sistema de salud de primer mundo, autosuficiencia energética, autosuficiencia alimentaria, reducción de la pobreza, mayor seguridad nacional, criminales convertidos en agricultores?

¡Falso! Ni los narcotraficantes cambiaron las metralletas por el arado, ni habrá un cambio en el sistema de producción alimentaria en el país. Es más: el Sistema de Seguridad Alimentaria (SEGALMEX) presenta hoy un desastre financiero.

No se sabe cómo se repartió maíz, frijol y leche a las clases populares. Diconsa y Liconsa son un mar de opacidad. Tan sólo en Diconsa, hay un gasto adicional, no presupuestado, por 2 mil 104 millones de pesos.

No hay camino de retorno, el presidente lo sabe. Por eso, hoy su única estrategia a la mano es polarizar más a la nación. Enfrentar a esos 30 millones que lo eligieron, contra otros 30 millones que lo rechazan.

Vergonzoso espectáculo: ¿MORENA, la mejor opción? 

Andrés Manuel, al igual que muchos comentaristas y observadores políticos, se confían porque Morena, no parece tener rival en frente para los comicios del 2024, ante una oposición aterrada y presuntamente en retirada.

Sin embargo, lo ocurrido este fin de semana deja mucho qué pensar. Morena está muy lejos de ser un partido democrático. Las imágenes difundidas en redes sociales así lo demuestran.

No sólo hubo acarreo, compra de votos y cooptación. Hubo violencia y eso es lo más grave. La violencia ha sido el talón de Aquiles de toda la gestión de AMLO y se irá del cargo con cifras altamente negativas y escandalosas.

Evidentemente hay peligrosos grupos de poder que se mueven al interior de ese partido. Será todo un espectáculo ver como se comportan durante su Congreso, cuando empiecen a definir el mecanismo para elegir candidato presidencial.

Desde este último fin de semana de julio, en Morena han tratado de pulverizar a todos los oponentes internos. Ya después todo será fácil: enfrentar a “Alito, Markito y Chuchito”, ese patético trio de dirigentes opositores sin rumbo.

Aun así, los AMLISTAS no han considerado las fuertes confrontaciones que se han gestado. en Puebla, por ejemplo, el gobernador Barbosa mantiene una abierta pugna con Ignacio Mier y el grupo de Manuel Bartlett rumbo al Consejo Nacional.

En Veracruz, los partidarios de Marcelo Ebrard o Ricardo Monreal temen que el gobernador Cuauhtémoc Cuitláhuac meta la mano para favorecer, con delegados, la candidatura de Claudia Sheinbaum, como ya se vio este fin de semana.

Hay un mal fario respecto al futuro del país. Todo indica que en el 2023 se agravará la crisis económica y el volumen de pobreza se habrá incrementado con otros 16 millones que han perdido todo luego de la pandemia.

EDOMEX, piedra de toque del acuerdo AMLO-EPN

Pero todavía tiene que correr mucha agua bajo el puente. El Estado de México es la piedra angular de la piedra pactada entre López Obrador y Peña Nieto. Para el clan Atlacomulco sería literalmente catastrófico perderlo.

Granero de votos a nivel nacional, las encuestas revelan que una oposición unida podría vencer a Morena. El problema son los apetitos desmesurados de los dirigentes del PRI, PAN y PRD, y la soberbia de Movimiento Ciudadano.

El expresidente Peña Nieto y el clan, procesan una estrategia que, aunque usted no lo crea, podría determinar un cambio dramático para la contienda presidencial del 2024 y cambiar definitivamente las perspectivas.

Por lo pronto, Morena perfila nuevamente a Delfina Gómez como candidata a la gubernatura, pese a que las encuestas globales no le son favorables y podrían detonar una grave ruptura interna con epicentro de Texcoco.

Delfina tiene un litigio pendiente con el INE, por el desvío de salarios de trabajadores cuando fue alcaldesa en dicho municipio. Además, deja el sector educativo con un saldo de 1.4 millones de alumnos de educación básica que abandonaron las aulas.

No es que ella tuviera la culpa, pero junto con Esteban Moctezuma y el Coronavirus, puso al descubierto un sistema educativo rebasado por el tiempo, rezagado y con un amago de ideologización que puede confrontar a la sociedad.

El milagro opositor   

Si la oposición, incluido Movimiento Ciudadano, alcanzara un acuerdo para impulsar una candidatura de unidad, adiós aspiraciones de Morena. Podría ser el primer gran aviso de lo que ocurriría un año después.

La confrontación interna del partido en el poder podría agudizarse, a la luz del trato autoritario y excluyente que han recibido algunos de los aspirantes, en particular Marcelo Ebrard y Ricardo Monreal.

El primero, fue literalmente “regañado” por pedir “piso parejo”. El segundo, simple y sencillamente ha sido excluido. López Obrador ni siquiera lo menciona en sus peroratas.

La dignidad tiene límites y el actual mandatario cree que puede ofender y denostar a mansalva, sin ninguna repercusión. Pero saquen ustedes la cuenta de cuántos secretarios de Estado le han renunciado y cuáles son las críticas que le hacen.

Germán Martínez fue uno de los primeros. Dejó el IMSS en el 2019 y hoy se ha convertido en uno de los críticos más furibundos del régimen, al que el mandatario no se ha atrevido a contestar una sola de sus acusaciones.

Otro de sus críticos más temibles Carlos Urzúa, su primer secretario de Hacienda, que dejó el cargo en medio de serias divergencias de política económica con el primer mandatario.

Víctor Manuel Toledo, ex titular de SEMARNAT, también renunció tras serios cuestionamientos a la política ambiental del régimen; Jaime Cárdenas, que dejó el Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado debido a la opacidad que reina ahí.

El trato despótico del mandatario puede verse gráficamente, en la foto que apareció este viernes en varios diarios capitalinos: el presidente en una gran mesa, y frente a él, como lacayos, todos los miembros del gabinete.

Muchos de ellos son los que podrían revivir en algunos meses, y dar a conocer las condiciones y el trato autoritario con el que López Obrador ha querido llevar la administración pública nacional.

El silencio de Mario Delgado  

Si a ello le suman las investigaciones que lleva el Departamento de Justicia en los Estados Unidos, que tiene fichados a varios políticos de la actual administración, las cosas no son tan halagüeñas para el mandatario.

Para empezar, el mismísimo líder de Morena, Mario Delgado, está involucrado en algunas investigaciones en torno a Sergio Carmona Angulo, asesinado en Nuevo León. El líder nacional de Morena, no ha desmentido la versión.

La averiguación implica a Carmona Angulo en presunto lavado de dinero y financiamiento de campañas políticas en México, entre ellas la del gobernador electo de Morena Américo Villarreal.

Las versiones difundidas, aseguran que Mario Delgado viajó “al menos dos veces”, en el avión privado de Carmona Angulo. También aseguran que a este sujeto le había encargado la reconciliación entre cárteles mexicanos de la droga.

El hermano de Carmona Angulo huyó a Estados Unidos inmediatamente después del asesinato y se entregó a la justicia norteamericana para ser considerado testigo protegido.

Tan sólo en esa investigación, que forma parte de otras, se ventilan ya varios nombres de políticos del actual régimen. Las sonrisitas y socarronerías podrían convertirse en angustia antes del 16 de septiembre. Podría haber grito y “tiro”.

No hay que olvidar el caso de Daniel Chávez Morán, amigo y casi “brother”, de López Obrador. Tanto así, que tiene empleado a José Ramón López Beltrán, en una de sus empresas radicada en USA: Kei Partners.

En junio del 2020, cuando el presidente dio el banderazo del Tren Maya, designó a Chávez Morán como su representante en la supervisión del proyecto y, por ende, benefició directamente a Vidanta, fundada por el hotelero.

Dicha empresa obtuvo la ampliación, por 15 años más, de tres concesiones de playa en México, ¡justo en el actual gobierno de Andrés Manuel López Obrador! Pero el presidente dice que “no hay conflicto de interés”. Quizá sea de capital.

En esa trama, KEI Partners es la empresa “afortunada” para la cual presta sus servicios de “asesoría legal” José Ramón, no se sabe si con licencia profesional. Pero eso, a Érika e Iván Chávez, hijos de Daniel, no les preocupa.

A AMLO tampoco. De hecho, parece gustarle las transacciones y operaciones sospechosas. Ya lo vimos con la venta irregular de boletos de la lotería, que rifa ahora terrenos decomisados y desincorporados del gobierno federal.

La Lotería Nacional es una institución para la asistencia pública, así reza su eslogan. Sus ingresos van a parar a esos fines y quienes ganan un premio, deben pagar el impuesto respectivo.

La “donación” de 20, 25 o 50 millones que se les pidió a los empresarios, no goza de la deducción de impuestos que obtendrían si entregaran ese dinero a una fundación o a un fideicomiso de beneficio social.

El presidente quiere controlar, él sólo, todos los recursos de la nación, en medio de una opacidad escandalosa, donde el 80% de las transacciones del gobierno ya se hacen de manera directa, sin licitación alguna y por el momento, sin COMPRA-NET.

Esa opacidad es la que preocupa y, de hecho, El departamento de Estado de los Estados Unidos publicó este 28 de julio, un informe anual en el que cuestiona la clasificación de “seguridad nacional”, que ha dado AMLO a sus proyectos estelares.

En esa confrontación, el presidente de México tiene su última carta al 24. Por eso quizá quiera jugar nuevamente a la “víctima”, para decir que los vecinos del norte lo acosan, para que México entregue su soberanía. Una mentira más.

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