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Mexico Violento

Xalapa ya no es lugar para vivir: activistas

Xalapa Veracruz se ha convertido en un lugar de miedo por los secuestros y desapariciones de mujeres, niños y jóvenes, denuncian activistas

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Con la militarización de Xalapa, aumentaron las desapariciones forzadas. Foto: Daniela Pastrana

Por Daniela Pastrana

XALAPA, México, (IPS).- Algo huele mal en el oriental estado mexicano de Veracruz. En su capital, llamada alguna vez la “Atenas veracruzana” por su empuje cultural y artístico, ahora se respira miedo.

La policía ya no vigila en patrullas, sino en convoyes con efectivos con el rostro cubierto y armas largas. En las calles del centro y las terminales de autobuses de Xalapa es común ver carteles o volantes con la fotografía de algún joven desaparecido. En foros académicos, los forasteros son advertidos de que en el público habrá informantes del gobierno.

“Xalapa siempre fue un refugio para luchadores sociales de las comunidades del norte o de la sierra que sufrían violencia política. Parecía que era un lugar que no se tocaría, pero la cosa cambió con los operativos militares y el nuevo gobernador que asumió en 2010”, dijo el activista ambiental Javier Hernández. Hernández dejó el estado después del asesinato de la periodista Regina Martínez y del profesor universitario José Luis Blanco Rosas, en abril y mayo de este año.

Con 720 kilómetros de costas y fronteras con otros siete estados, Veracruz se convirtió en los últimos años en un alargado agujero negro dentro del territorio mexicano. El tercer estado más poblado del país, con 7,6 millones de habitantes, y uno de los nueve que no han conocido la alternancia política en 83 años, es hoy la zona de mayor peligro para los centroamericanos en su paso hacia Estados Unidos. Uno de cada tres inmigrantes reportados como desaparecidos en territorio mexicano fue visto aquí por última vez.

“Sabemos que los secuestran y quienes no pueden pagar el rescate se ven obligados a unirse a las filas de la delincuencia. Los menos afortunados son explotados laboral y hasta sexualmente”, explicó Rubén Figueroa, del Movimiento Migrante Mesoamericano que en octubre organizó una caravana de madres en busca de sus hijos.

Pero no sólo corren peligro los centroamericanos. En los últimos dos años fueron asesinados nueve periodistas, dos más están desaparecidos, al menos una docena se vieron forzados a marchar al exilio y un diario fue incendiado. También las organizaciones feministas están en alerta. Comenzaron a documentar la desaparición de mujeres y niñas en 2009, cuando fueron asesinadas 14 trabajadoras de un prostíbulo de Ciudad Isla, un poblado del sur que colinda con el estado de Oaxaca.

Los cadáveres mutilados de estas mujeres fueron encontrados varios meses después. Pero también se abrió con ello una verdadera caja de Pandora. “Desaparecen mujeres, pero también desaparecen niñas, niños, adolescentes y jóvenes y, sobre todo en Xalapa, muchos estudiantes”, dijo un activista que pidió no publicar su nombre.

Los datos disponibles sobre este fenómeno son muy pobres. Las autoridades locales quitaron de su portal la información de personas reportadas como desaparecidas, mientras que el gobierno nacional del saliente Felipe Calderón contabiliza en Veracruz más de 600 casos en los últimos seis años.

Pero quizá el monstruo apenas ha mostrado la cola. Una investigación del diario Milenio, basada en la información de los servicios forenses de todo el país y publicada en octubre, reveló que en este estado están enterrados al menos 5.245 de los 24.000 cuerpos que han ido a dar a una fosa común durante el gobierno de Calderón.

El puerto de Veracruz, con mil cadáveres sin identificar en 2011

El puerto de Veracruz, con medio millón de habitantes, hubo más de 1.000 cadáveres sin identificar en 2011. Se trata, además, de una información parcial, entregada por una treintena de administraciones municipales, ya que el gobierno estatal de Javier Duarte negó la información con el argumento de que se “invadiría la privacidad” de los cadáveres desconocidos y que esos datos pondrían en riesgo las instituciones y “la integridad territorial del estado”.

“Hay territorios totalmente perdidos, donde nadie está documentando lo que pasa”, dijo un líder campesino. “En el norte del estado, en la región del (río) Pánuco, y en el sur, hacia Poza Rica y Coatzacoalcos, pasan cosas que nadie se atreve a denunciar”, aseguró esta persona que pidió mantener su identidad en reserva.

En el horizonte no se ve puerto seguro. Al contrario, analistas de seguridad prevén un incremento de la violencia en las regiones dominadas por la organización mafiosa Los Zetas, después de que el 7 de octubre marinos de guerra abatieron supuestamente a su líder, Heriberto Lazcano.

Los Zetas, el más cruel de los ocho grupos del crimen organizado que operan en México, fue creado por exmilitares que originalmente se habían unido al narcotraficante Cartel del Golfo. En los últimos años extendieron su poderío y redes y ahora controlan toda la franja oriente del país.

La última batalla de los habitantes de Xalapa para recuperar su ciudad se dio en las elecciones presidenciales del 2 de julio, cuando también se renovaron escaños del parlamento nacional.

En esa instancia, el Partido Revolucionario Institucional (PRI), que logró la Presidencia de México para Enrique Peña, perdió la votación en las 486 mesas de la zona urbana de Xalapa, y David Flores, postulado por la izquierda, ganó la diputación federal.

Pero no fue suficiente. El PRI, que gobernó este país durante siete décadas consecutivas hasta 2000 y ahora se prepara para retomar el mando el 1 de diciembre, ganó el resto de los cargos estaduales de Veracruz con el voto de áreas rurales y de la región petrolera, cuyo sindicato es controlado desde 1997 por el senador priísta Carlos Romero Deschamps.

“Hubo una esperanza en las elecciones, luego de que unas madres se atrevieron a denunciar que sus hijos estaban desapareciendo. Entonces comenzó también una preocupación, desde el gobierno de Veracruz, por presionar a las víctimas para que no dijeran nada”, denunció Hernández.

“Y Xalapa dejó de ser opción para vivir”, sentenció el ambientalista.

Narcopolítica, corrupción y más de lo mismo

El colombiano, operador político del gobernador de Quintana Roo, con vínculos al narcotráfico

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Los Ángeles Press/CDMX Press

Gerardo Ortega Otero, conocido como “El Colombiano” es uno de los mejores amigos y asesores del actual gobernador de Quintana Roo, Carlos Manuel Joaquín González, quien también se ha desempeñado como uno de los operadores políticos más cercanos al mandatario estatal, ha sido señalado reiteradamente de estar coludido con el crimen organizado.

El Colombiano comenzó su carrera como vendedor de comida a unas cuadras del palacio de Solidaridad, donde se relacionó con el ahora gobernador de Quintana Roo, quien fue postulado como candidato a alcalde de esa demarcación por el Partido Revolucionario Institucional (PRI).

En esa campaña electoral, Gerardo Ortega inició su trayectoria como operador político y desempeñó diferentes cargos como asistente, coordinador de logística, y recolector de las “aportaciones” voluntarias de los empresarios locales, quienes enfocaron sus intereses en la campaña de Carlos Manuel Joaquín.

Debido a que el hoy mandatario estatal posee la Playa del Carmen, el destino turístico más importante del sur del país, los empresarios apoyaron su campaña, mientras que el Colombiano adquirió distintas propiedades, aunque no correspondían con sus ingresos económicos como funcionario municipal.

El ex servidor público por medio de influencias y del apoyo del entonces alcalde pedía contribuciones económicas a comerciantes, empresas y grupos de la delincuencia organizada para establecerse en la región.

Como candidato de la coalición entre los partidos Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD), el Colombiano buscó recaudadores de su campaña a la gubernatura de Quintana Roo, por lo que al acceder al Poder Ejecutivo estatal impuso a su esposa Samaria Angulo Sala como regidora del municipio de Solidaridad.

Entre Estados Unidos y Colombia

Gerardo Ortega es también operador financiero de las avionetas del gobernador Joaquín González. Por lo menos realiza cinco viajes por mes a Colombia o a Estados Unidos. De acuerdo con la fuente, también ha permitido el arribo de los grupos de la delincuencia organizada en la entidad al ser el encargado de repartir los territorios entre los cuatro cárteles que tienen presencia en el estado, por lo que posee varias residencias que funcionan como casas de seguridad.

Construcción de muelles

Entre las excentricidades, el operador del gobernador de Quintana Roo, ha construido muelles en lugares estratégicos de Playa del Carmen. Sin embargo, los mismos trabajadores de la construcción se quejaron que no les pagó sus honorarios y fueron amenazados.

Gerardo Ortega tiene una influencia directa en las decisiones del gobierno estatal, pues funge como organizador de las fiestas privadas del gobernador, por lo que incluso la revista Forbes señaló que Quintana Roo se ha convertido en un paraíso perdido que está al borde del colapso.

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El Caso Wallace

Segunda hija de Hugo Alberto Wallace, de 13 años, otra prueba de su falso secuestro

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Por Guadalupe Lizárraga

Dos meses después de que se presentara el padre biológico de Hugo Alberto Wallace Miranda al Senado de la República para dar su testimonio sobre la fabricación de la muestra de sangre con la que se mantenía el caso Wallace, Claudia Patricia Muñoz Acosta reveló a esta periodista que había procreado una hija con Hugo Alberto Wallace, y que había tenido “muchos años” de relación sentimental. Sin embargo, por la edad de la menor se revela que la tuvo después de la supuesta fecha de muerte.

Muñoz Acosta, con estudios en Derecho en la Universidad Anáhuac de la CDMX, según su perfil de Facebook, y residencia en Oklahoma City, también se puso en contacto con Carlos León Miranda, padre biológico de Hugo Alberto, para informarle de la existencia de su nieta adolescente. En llamada telefónica a Los Ángeles Press, León Miranda dijo que le había mandado fotografías para que conociera a su nieta, y Carlos señaló que su nieta era de “sangre Miranda”, que se parecía mucho a su hijo Hugo, pero que lo relevante es que “se hiciera algo para poner en libertad a los muchachos que están pagando por un crimen que no sucedió”.

La hija procreada con Claudia Patricia Muñoz es la segunda hija de Hugo Alberto Wallace Miranda, de 13 años. La primera, con Erika Monsiváis Tenes es Andrea Isabel Wallace Monsiváis, de 25 años de edad.

 

Los inculpados, 14 años de prisión

El reporte de secuestro, por parte de Isabel Miranda, en la entonces Procuraduría General de la República fue la madrugada del 13 de julio de 2005. Las primeras siete detenciones arbitrarias fueron en 2006: el 10 de enero, la de Juana Hilda González Lomelí; el 23 de enero la de César Freyre Morales; el 30 de enero, la segunda detención de George Khoury Layón; el 8 de febrero las de Julieta Freyre Morales (finada) y la de su madre María Rosa Morales (en libertad); la de los hermanos Castillo fue el 7 de febrero y el 22 de febrero; y ese mismo año, el 28 de diciembre fue detenido, igual, de manera arbitraria, Jael Malagón Uscanga, a quien se le relacionó como parte de la “banda de secuestradores”.

Mujeres y hombres fueron torturados con agresiones sexuales por agentes del Ministerio Público, a excepción de Julieta Freyre y María Rosa Morales, para quienes la tortura fue psicológica y fueron utilizadas por los agentes Braulio Robles Zúñiga y Fermín Ubaldo Cruz para presionar a César Freyre a que se incriminara como “líder de la banda”, mientras que a George Khoury lo presentaron como “autor intelectual” del supuesto homicidio, vinculándolo en diciembre de 2010, por medio de Jacobo Tagle Dobín, bajo tortura.

Con esta revelación de Claudia Patricia Muñoz, expareja sentimental de Hugo Alberto Wallace, por la edad de su hija, se comprueba que durante las detenciones de 2006, y la de Brenda Quevedo Cruz en septiembre de 2007, Hugo Alberto estaba vivo. Estos hechos sustentan las declaraciones de Laura Domínguez, amiga cercana de Hugo, y del investigador privado José Luis Moya que hicieron en 2006 al periodista Ciro Gómez Leyva, y por lo que fueron amenazados y denunciados falsamente de extorsión por Isabel Miranda Torres.

Nos reservamos el nombre de la menor de acuerdo con las leyes de privacidad de protección de menores, en Estados Unidos.

 

El perfil de “Sam Flores”

Hace 47 semanas, en octubre de 2019, el perfil de Facebook con el nombre de “Sam Flores” que promueve “el caso Wallace”, con la versión de Isabel Miranda Torres, dejó siete mensajes en diferentes posts de Claudia Patricia Muñoz, el mismo día, señalándole que era una “pésima madre” porque estaba “exponiendo a su hija, por las llamadas que había hecho a la periodista y a Carlos León Miranda, además advirtiéndole que ya se tenía información sobre ella.

El perfil creado el 4 de septiembre de 2018, con 14 contactos de diferentes países, no ha tenido actividad en la red social después del mensaje dejado a Muñoz Acosta.

 

Miranda, enferma de cáncer, sin comparecer ante la FGR

El avance del cáncer de hígado de Isabel Miranda Torres, y de su hermana Asunción, quien también ha sido cómplice y parte de la fabricación del caso Wallace, contrasta con la lentitud de la Fiscalía General de la República para llamarla a comparecer por la carpeta de investigación abierta en su contra -desde diciembre de 2018- por denuncias de fabricación de pruebas en la causa 35/2006 y por secuestro en grado tentativa contra la periodista Guadalupe Lizárraga.

Con una inyección diaria, proveída por Médica Sur, Isabel Miranda se defiende de la enfermedad, mientras su esposo José Enrique del Socorro Wallace Díaz, quien también fue cómplice de la fabricación del caso de su hijastro, enfrenta una enfermedad avanzada de próstata.

Isabel Miranda Torres, con su padres Fausto Miranda y Elfega Torres, su hijo Hugo Alberto y su segundo esposo Enrique Wallace. Foto: red

 

Hugo Alberto Wallace, con su madre Isabel Miranda Torres, cuando trabajaba para Enrique Wallace Díaz.

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Justicia pendiente

Mancera es inhabilitado para cargos en la CDMX

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Por Ignacio García

El ex jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, fue inhabilitado para ejercer cualquier cargo en la administración pública de la capital del país durante un año por parte de la Secretaría de Contraloría General de Justicia de la Ciudad de México.

El organismo capitalino determinó sancionar al ahora senador por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) por haber intervenido en las elecciones de 2018 en las que se renovó la jefatura de Gobierno de la capital del país y fue elegida Claudia Sheinbaum.

De acuerdo con la dependencia capitalina, la sanción se deriva de una sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que es vigente desde el pasado 5 de septiembre, ya que puso en riesgo la equidad de la contienda electoral por operar a favor de la entonces candidata perredista Alejandra Barrios.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) informó que se llevó a cabo una red de espionaje en la administración de Mancera contra los opositores de ese gobierno como Claudia Sheinbaum, por lo que también se involucran varios funcionarios públicos.

Asimismo, la Fiscalía General de la República (FGR) realizó un cateo en el domicilio de Carlos Jiménez Rodríguez, yerno de Luis Ernesto Serna Chávez, ex secretario particular de Mancera en el gobierno de la Ciudad de México.

Miguel Ángel Mancera buscaba ser candidato a la presidencia de la República por el PRD, pero debido a la alianza que conformó con el Partido Acción Nacional (PAN), el abanderado de esa coalición fue el ex dirigente nacional del blanquiazul, Ricardo Anaya, por lo que obtuvo una senaduría por la vía plurinominal.

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