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El Caso Wallace

Wallace intenta evitar que víctimas sean liberadas por denunciar tortura

Isabel Miranda de Wallace propone evitar que víctimas de tortura sean liberadas de cargos con alegato de sus derechos humanos

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David Bertet

Asociación Canadiense por el Derecho y la Verdad

El 14 de febrero de 2016 se publicó un artículo en el periódico La Mañana del Grupo Reforma en el que se expuso la situación jurídica de Brenda Quevedo Cruz, acusada falsamente por el secuestro de Hugo Alberto Wallace por parte de su madre, Isabel Miranda.

A consecuencia de la publicación, al da siguiente, Isabel Miranda volvió a señalar la lentitud del sistema de impartición de justicia en su propio caso, exigiendo nuevamente una sentencia condenatoria contra Brenda Quevedo Cruz y Jacobo Tagle Dobn, los últimos dos presuntos implicados en el supuesto secuestro de Hugo Alberto.

Artículo de Yáscara López, publicado en la edición del 15 de febrero de 2016 del periódico Reforma

Artículo de Yáscara López, publicado en la edición del 15 de febrero de 2016 del periódico Reforma

Miranda siguió con el anuncio de sus nuevas propuestas, dirigidas no a prevenir de manera eficaz la tortura perpetrada de manera sistemática por los cuerpos policíacos, sino para evitar que los criminales utilicen el pretexto de la tortura para tratar de evadir su responsabilidad, como así lo dice la propia Miranda.

El problema con ese argumento no reside en el hecho de que la Sra. Miranda de Wallace no entienda la gravedad del uso de la tortura, en contra de la cual la organización Alto al Secuestro que preside, se pronunció muy recientemente cuando la sociedad mexicana apenas empezaba a tomar conciencia de la existencia del problema: la tortura no consiste en un epifenómeno que se encontrara ocasionalmente en algunos escasos casos policíacos que no respetaron el derecho a la integridad física y psicológica de algún detenido en particular. Al contrario, la tortura es una práctica generalizada en las policías estatales y federales, cuyo implemento es parte del mecanismo de fabricación de culpables, con las consecuencias que todos ya sabemos: las cárceles quedan sobrepobladas de inocentes, mientras la tasa de impunidad alcanza el 95%.

wallace twitterEn realidad, el problema de las intervenciones que podemos calificar de oportunistas e ignorantes hechas por la Sra. Miranda de Wallace en torno al tema de la tortura en México se enraíza en la pretensión de emitir propuestas globales sobre el problema social del uso de la tortura a partir de un discurso que nace (y no alcanza más de) preocupaciones eminentemente privadas. En pocas palabras, Isabel Wallace trata de presentar su propia historia como ejemplo paradigmático del dolor de las víctimas, haciendo propuestas a partir de lo que se supone adquirió como sabiduría a consecuencia del dolor vivido por ella conforme a lo narrado en su historia.

A pesar de sus declaraciones según las cuales su organización está en contra de la tortura, el problema que enfrenta Isabel Miranda de Wallace es el siguiente: de manera unánime, contundente, y sumamente coherente, las personas detenidas en el denominado caso Wallace afirman haber sido torturadas. Hay quienes podrán opinar que el hecho de haber sido torturadas no les quita a los detenidos Brenda Quevedo Cruz, Jacobo Tagle Dobín, Juana Hilda González Lomelí, César Freyre Morales, Alberto y Tony Castillo, la responsabilidad de haber cometido el secuestro, asesinato y descuartizamiento de Hugo Alberto Wallace. Sin embargo, la tortura no debe ser pensada independientemente de las declaraciones que fueron tomadas durante y después de las sesiones de tortura. Isabel Miranda de Wallace invoca de manera repetitiva que los todos los acusados confesaron su participación. Lo que no dice es que las supuestas confesiones resultan totalmente incoherentes entre si, incoherencias de fondo que apuntan a que dichas declaraciones fueron fabricadas a medida que las autoridades iban agarrando a los supuestos plagiarios de Hugo Alberto, tal y como lo demostramos de manera contundente en nuestro informe.

A pesar de haber padecido dos sesiones de tortura de las cuales han aportado detalles y evidencias que no dejan lugar a la duda sobre la realidad de los hechos alegados, Brenda Quevedo Cruz, Tony y Alberto Castillo Cruz, se negaron a declararse culpables.

La opinión pública, así como los seguidores incondicionales los que son de buena fe de Isabel Miranda de Wallace, deberán investigar, tal como lo hicimos nosotros, en qué condiciones las confesiones fueron obtenidas. Al respecto, resulta no solo ilógica la nueva propuesta de Isabel Miranda de Wallace entorno a la grabación de las detenciones como medida para tratar de prevenir la tortura, sino además conveniente para los gobiernos y autoridades que encubren los actos de tortura en contra de civiles, después del escandaloso montaje de la detención de Florence Cassez e Israel Vallarta el 9 de diciembre de 2005, con la consecuencia desastrosa de un engaño generalizado hacia la sociedad mexicana sobre la existencia de una banda de secuestradores totalmente inexistente.

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No olvidemos que la Sra. Wallace ha sido la primera en filtrar a los medios las grabaciones de las detenciones y confesiones de los acusados en el caso de presunto secuestro y asesinato de Hugo Alberto Wallace, videos que se supone son propiedad de la PGR y que, sin embargo, fueron difundidos en los medios de comunicación. La filtración de ese material grabado en circunstancias no claras es la continuación natural de la violación a la presunción de inocencia de los acusados, después de que Isabel Miranda de Wallace hizo uso de los espectaculares de su empresa para exponer los rostros de sus acusados. Para expresarlo claramente: ya pudimos constatar que dichas grabaciones han sido uno de los medios por los cuales Wallace ha engañado a la opinión pública mexicana sobre un secuestro, el de su propio hijo, que a todas luces nunca sucedió.

En realidad, Isabel Miranda de Wallace no dispone más, a modo de pruebas contundentes de la supuesta culpabilidad de Jacobo Tagle Dobn, Brenda Quevedo Cruz, y de los demás ya condenados, de declaraciones y confesiones obtenidas de manera muy sospechosa y muy probablemente bajo tortura.

Aunque es de notar que a pesar de su mandato, de sus obligaciones, y de sus funciones, la Comisión Nacional de Derechos Humanos en la época de Raúl Plascencia -cuya candidatura fue propuesta por Isabel Miranda de Wallace- siempre se ha negado a realizar el Protocolo de Estambul para comprobar o descartar las alegaciones de tortura que Brenda Quevedo Cruz afirma haber sufrido. Es más, la propia CNDH tomó la decisión de realizar una valoración psiquiátrica en vez de un estudio completo (psiquiátrico, psicológico y médico) de Brenda, cuando lo que se haba solicitado era el protocolo de Estambul completo. Exactamente lo mismo sucedió en el caso de Jacobo.

Derivado de la ampliación de declaración rendida por Brenda en marzo del 2015, en donde reitera las torturas de las que ha sido objeto; el juez XVI de Distrito en Procesos Penales que tiene su causa ordenó que se le practicara el Protocolo de Estambul. A raíz de la notificación a Brenda, ella le solicitó al Juez que dicho Protocolo no sea practicado por la misma instancia que ha integrado la averiguación previa como lo es la PGR y que es parte del órgano de la acusación en su contra, ya que ello no garantiza un cabal cumplimiento a la investigación que se requiere para para determinar de manera imparcial y justa el resultado del Protocolo de Estambul.

El 29 de abril de 2015, la Señora María Isabel Miranda Torres interpuso amparo para que no se le practicara dicho estudio, indicando que ya se le han practicado dos por parte de PGR con resultados negativos. Se han interpuesto amparos pero casi siempre con el mismo resultado negativo. El último amparo indirecto interpuesto por Brenda recayó en el Tercer Tribunal Unitario en Materia Penal del Primer Circuito, con el número 50/2015, se resolvió en negativo por lo antes expuesto; se solicitó la revisión, misma que fue admitida. Pero ya acaban de notificarle a Brenda que la señora Miranda se adhirió a dicha revisión.

Ahora, ¿por qué Isabel Miranda de Wallace vuelve a exigir que se condenen de la manera más rápida posible a las dos últimas personas para las cuales todavía no ha logrado a que las condenen? Isabel Miranda de Wallace intenta, desde varias trincheras, impedir que se practique el Protocolo de Estambul que compruebe que Brenda Quevedo Cruz, Jacobo Tagle Dobín, así como los demás acusados, fueron torturados con vistas a que firmaran declaraciones ya preparadas en las que admitían su culpabilidad y la de sus supuestos cómplices.

En primer lugar, quisimos soslayar la mala fe que se requiere para pronunciarse públicamente sobre el gravísimo problema de la tortura como componente esencial del mecanismo de fabricación de culpables que el Estado tolera y protege tomándose a sí misma como punto de referencia. Es más: la Sra. Miranda de Wallace carece de autoridad moral no solamente para monopolizar el título de víctima, sino para emitir cualquier opinión sobre el tema de la tortura sabiendo que (1) los testimonios de sus propios acusados convergen en que fueron torturados por órdenes, y en algunos casos en presencia, de Isabel Miranda de Wallace; (2) la tesis del secuestro, de la muerte, del descuartizamiento y luego desaparición del cuerpo de Hugo Alberto Wallace debe ser puesta en duda después de que medios de comunicación (Proceso, Los Ángeles Press) y nuestra organización encontramos y publicamos el acta de nacimiento original de Hugo Alberto Wallace, nueva pieza de convicción que abre la puerta a una nueva investigación sobre la fabricación del secuestro de Hugo Alberto.

Para terminar, solo falta plantear la pregunta siguiente: si en realidad, un Estado de derecho como se supone lo es la República Mexicana, necesita a organizaciones como Alto al Secuestro y México SOS, organizaciones que nacieron del aura de dolor del que gozaban Isabel Miranda de Wallace y Alejandro Martí después de la desaparición real o simulada de sus hijos, y que, lejos de abogar por los derechos humanos de todas las víctimas, se dedican a acusar, difamar, y hundir a las personas que les conviene presentar como culpables: Florence Cassez, Israel Vallarta, Martin del Campo, Nestora Salgado García, Noé Robles Hernández, Jacobo Tagle Dobn, Brenda Quevedo Cruz, y todos los demás. En nuestra opinión, organizaciones como Alto al Secuestro y México SOS no tienen lugar en una democracia moderna, no solamente por las serias alegaciones de tortura en contra de las personas detenidas en los denominados casos Wallace y Martí, sino porque estas organizaciones manifiestan la inadmisible persistencia en la modernidad de los tiempos de la inquisición de la que un sinúnmero de inocentes fueron víctimas.

Fuente original: ACDV/Caso Brenda Quevedo Cruz

El Caso Wallace

Periodistas que colaboraron con Isabel Miranda en la incriminación de víctimas del falso caso Wallace

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Por Guadalupe Lizárraga

La exhibición mediática a personas imputadas en México ha sido una práctica de autoridades judiciales, que se intensificó desde el gobierno de Vicente Fox al de Enrique Peña Nieto. Pero ha sido Isabel Miranda Torres quien ha hecho de la violación a la presunción de inocencia su marca personal con el apoyo de periodistas colaboradores al régimen de Calderón, al haber exhibido sistemáticamente a personas inocentes como los supuestos secuestradores de su hijo.

Para el experto en periodismo judicial, Marco Lara Klahr, “la omisión y el desdén hacia el acceso a la justicia y el debido proceso de personas víctimas imputadas, hace básicamente que una persona acusada de un delito, denunciada penalmente, se convierta en culpable en la narrativa mediática”. Así ha sucedido con las víctimas del falso secuestro Wallace, y con miles de personas que fueron inculpadas con falsos testigos, pruebas fabricadas por los ministerios públicos o la confesión bajo tortura.

En entrevista para Los Ángeles Press, Lara Klahr también enfatizó que “el periodismo lo que hace es investigar para documentar periodísticamente, pero eso no significa que el resultado de su investigación tenga un carácter de cosa juzgada, es decir, el periodismo documenta para mostrar a la comunidad, pero es facultad del ministerio público investigar, coordinar la investigación, y es facultad del poder judicial determinar si una persona es inocente o culpable”.

Sin embargo, durante el mandato de Calderón, periodistas cercanos a él o a sus secretarios de Estado colaboraron con Isabel Miranda para legitimar como verdadero el falso secuestro y homicidio de Hugo Alberto Wallace Miranda, promoviendo sólo la versión de ella y de la PGR. Un par de periodistas colaboradores con el régimen calderonista, incluso reconocieron varios años más tarde que se habían fabricado pruebas, pero hasta la fecha no han corregido sus trabajos ni pedido disculpas públicas a las verdaderas víctimas.

Incluso en el actual gobierno de Andrés Manuel López Obrador, durante el 2019, la titular de la Agencia de Noticias del Estado, Notimex, Sanjuana Martínez, privilegió a Isabel Miranda Torres con varias entrevistas y videos, pese a la denuncia reiterada ante el presidente de México en su conferencia matutina de la fabricación del caso Wallace y las torturas a los inculpados Brenda Quevedo Cruz, Jacobo Tagle Dobín, Jael Malagón Uscanga, Juana Hilda González Lomelí, César Freyre Morales, Albert y Tony Castillo Cruz y George Khoury Layón.

Quiénes son estos periodistas

Icela Lagunas

Fue una de las primeras periodistas que trabajó por encargo de Isabel Miranda. Historias ficticias, víctimas inexistentes, testimonios inverosímiles fueron parte del legajo periodístico publicado en El Universal y otros medios que estimularon el ego de Isabel Miranda.

Una de las notas más espectaculares por su inverosimilitud, además de la de los atentados contra Isabel Miranda, es la de la búsqueda del cuerpo de Hugo Alberto Wallace en Morelos, donde supuestamente encontraron más víctimas de los “secuestradores”. Según los dichos de Miranda o de su reportera, las víctimas estaban amarradas, algunas enterradas y otras a punto de inyectarles droga, cuando fueron rescatadas por Isabel Miranda. En esta misma nota, en el afán de magnificar sus mentiras, Isabel Miranda y la reportera crearon escenas grotescas como la de una mujer atada a un tronco por meses, mientras la lapidaban sus victimarios (Lizárraga, Guadalupe. El Falso Caso Wallace (Spanish Edition). Amazon. Kindle Edition).

Icela Lagunas publicó también las primeras calumnias contra George Khoury Layón de manera anónima en el mismo periódico El Universal, el 16 de febrero de 2006, y después en Reporte Índigo. Con la reproducción exacta de frases que fueron plagiadas por quienes elaboraron el libro de Los señores del narco, bajo el nombre de Anabel Hernández, destacando en un pie de página a Icela Lagunas por su “extenso trabajo de investigación periodística” de 2006 a 2010. Así también fue con César Freyre, a quien presentó como líder de la banda de secuestradores.

Ciro Gómez Leyva

Desde 2006, Ciro Gómez Leyva sabía que el hijo de Isabel Miranda, Hugo Alberto Wallace Miranda, no era hijo legítimo de José Enrique Wallace Díaz. Esta información que se reservó desde entonces en complicidad con Isabel Miranda trascendería 13 años después con la presentación en el Senado de la república del padre biológico de Hugo, el doctor Carlos León Miranda.

La relevancia del hecho radica en la fabricación de la prueba de ADN por agentes del Ministerio Público de la entonces SIEDO-PGR, la cual fue a través de una gota de sangre plantada en el departamento donde supuestamente ocurrieron los hechos. De acuerdo con el peritaje, la correspondencia biológica era con José Enrique Wallace Díaz e Isabel Miranda Torres, pero de cromosomas femeninos.

Dos de los testigos que vieron e interactuaron con Hugo Alberto después de la fecha de la supuesta muerte, fueron su amiga y vecina Laura Domínguez Santillán y el investigador José Luis Moya, quienes informaron directamente al periodista Ciro Gómez Leyva de las evidencias de vida de Hugo Alberto.

Hasta la fecha, Gómez Leyva ha seguido el invariable guion de Isabel Miranda, y por años ha promovido información falsa sobre estadísticas de secuestros que manipula Miranda para la extorsión de gobernadores y fiscales, a través de su asociación Alto al secuestro.

Joaquín López Dóriga

En los primeros días de enero de 2007, el conductor de Televisa, Joaquín López Dóriga difundió la detención arbitraria de Jael Malagón Uscanga. Lo presentó como “parte de la banda que secuestró y asesinó al empresario Hugo Alberto Wallace”. Y enfatizó que tenía un “amplio historial delictivo”, acusándolo de robo, narcotráfico, fraude y secuestro.

López Dóriga, ese día, exhibió un video de la detención de Jael Malagón, Víctor Mendoza García y René Aníbal Silva Ruiz, y su reportero Jesús Cárdenas Jiménez se refirió a ellos como cómplices de César Freyre. López Dóriga, en su comentario de introducción, señaló que la detención era parte de los “operativos” en Presidente Mazarick,  en Polanco.

Hasta la fecha, el periodista no ha rectificado la información falsa sobre Jael Malagón, y sin embargo sigue dando voz a Isabel Miranda, incluso en temas de seguridad pública, junto al fiscal Alejandro Gertz Manero.

Ricardo Raphael

Durante más de 12 años, Ricardo Raphael promovió la versión de Isabel Miranda de Wallace sobre el falso secuestro de su hijo. En 2008, utilizando un medio público (Canal Once), fue parte de la falsa acusación a las víctimas, y en 2012, en El Universal hacía campaña por la candidatura de Miranda a la jefatura de gobierno de la CDMX por el Partido de Acción Nacional.

Para finales de noviembre de 2018, Ricardo Raphael se daba por enterado de la fabricación del secuestro de Hugo Alberto, al leer el libro El falso caso Wallace, de Guadalupe Lizárraga. Es así como intentó realizar un debate entre la autora y Miranda. No obstante, la periodista se negó a enfrentar a su agresora, puesto que había intentado secuestrarla en dos ocasiones, pero accedió a la entrevista en Canal Once.

Cuatro meses después, en abril de 2019, Ricardo Raphael salió a los medios adjudicándose la investigación como propia y simulando un enfrentamiento con Isabel Miranda. Esto propició la división de los familiares de las víctimas a quienes manipuló con promesas no cumplidas para que firmaran una carta pública pidiendo a la periodista que permitiera el plagio para no poner en riesgo a sus hijos y que desistiera de exhibirlo en redes sociales por su falta de honestidad periodística.

Ricardo Raphael, además de manipular la información sobre familiares de César Freyre y testigos del padre biológico de Hugo Alberto Wallace, el doctor Carlos León Miranda, pretendía impedir que éste diera su testimonio en el Senado de la república con la senadora Nestora Salgado, el 29 de abril de 2019, y lo llamó “pederasta” por haber tenido un hijo con su prima Isabel Miranda a los 18 años.

Anabel Hernández

En 2009, Anabel Hernández recibió expedientes fabricados por la PGR, bajo la administración de Eduardo Medina Mora, inculpando a César Freyre, George Khoury Layón, Juana Hilda González Lomelí y a Jacobo Tagle Dobín.

Para noviembre de 2010, Hernández publicaba su libro Los señores del narco, en los que difamaba y calumniaba a las víctimas de Isabel Miranda como narcotraficantes, secuestradores y extorsionadores, entre otros calificativos, y daba por hecho el falso secuestro de Hugo Alberto Wallace.

Uno de los inculpados más calumniados por Anabel Hernández fue el empresario George Khoury Layón, quien en carta dirigida a la periodista le recordó su promesa de “contar la verdad cuando él obtuviera su reconocimiento de inocencia” después de que ella lo visitara en el Reclusorio Oriente, en 2012, para pedirle disculpas por las difamaciones e información falsa que había publicado sobre él. Sin embargo, Khoury obtuvo su reconocimiento de inocencia por parte de la ONU en septiembre de 2017, y ratificado en 2019, sin que la periodista hasta la fecha haya corregido sus libros.

En mayo de 2012 presentó el libro México en llamas, en CDMX, y ante la audiencia por la compañía del periodista José Reveles, Anabel Hernández puso en duda -por primera vez, en público- el caso Wallace, pero no rectificó sus calumnias contra las víctimas, de quienes reiteraba su confesión y participación en los supuestos hechos (Location 3725, Hernández, 2012), en franca contradicción con uno de los capítulos dedicados a Brenda Quevedo.

Un año después, 2013, pese a la promesa a Khoury Layón de corregir su libro, editaba Narcoland, en inglés, en Estados Unidos, reiterando las calumnias y la información falsa. En mayo de 2014, escribió un artículo en la revista Proceso sobre dos de las tres actas de nacimiento que tiene Hugo Alberto Wallace, y posteriormente abandonó el caso bajo la justificación de ser demandada por Isabel Miranda, lo cual nunca sucedió.

Carmen Aristegui

Carmen Aristegui se suma a legitimar la historia del caso Wallace en junio de 2010, video subido a Youtube en 2011, cuando entrevistó a Isabel Miranda y a Martín Moreno, en CNN. En el programa se dirigió a Isabel Miranda como “heroína”, “alguien a quien México quiere mucho” y destacó como actos dignos de aplauso las detenciones ilegales emprendidas por Isabel Miranda, junto con ministerios públicos encabezados por Braulio Robles Zúñiga, el mismo que coordinó las torturas de las víctimas.

Durante el programa, Aristegui proyectó el rostro de Brenda Quevedo, Jacobo Tagle, Juana Hilda González y César Freyre Morales. Los llamó secuestradores, sin ningún miramiento, en tanto felicitaba a Miranda por su libro El caso Wallace y sus capturas contra derecho.

En octubre de 2020, Aristegui abrió el micrófono por primera vez a Enriqueta Cruz, madre de Brenda Quevedo, a raíz de la opinión de la ONU, que solicita al Estado mexicano la libertad inmediata de Brenda por la larga prisión preventiva y las torturas sufridas. Aristegui inicia su programa sin ninguna disculpa a la madre por haber tratado a su hija de secuestradora ni por los años que le negó la voz; al contrario, es la madre quien agradeció a la destacada conductora de los tiempos de Calderón y dijo: “es un honor, Carmen, estar aquí contigo”. Más aún, hasta la fecha Aristegui mantiene en “modo oculto” el video de la entrevista a Enriqueta Cruz, lo cual impide su amplia difusión.

Martín Moreno

Martín Moreno fue la pluma pagada por Isabel Miranda para publicar su libro El caso Wallace, prologado por ella misma. Con un cúmulo de mentiras dramatiza los supuestos hechos y denigra la dignidad de las víctimas.

Moreno no muestra el menor esfuerzo investigativo como periodista, sino que convierte la maraña de mentiras de Isabel Miranda en una herramienta incriminatoria contra las víctimas, por medio de injurias y calumnias, bajo el sello editorial Aguilar.

 

Sanjuana Martínez

Actual directora de Notimex, pesa sobre ella su propia promesa incumplida de impulsar un periodismo libre y crítico en la agencia de noticias del Estado durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Hasta la fecha no ha dado voz a ninguna de las víctimas de Isabel Miranda, pese al cúmulo de pruebas judiciales contra Isabel Miranda, largas prisiones preventivas de los inculpados en violación flagrante de la Constitución mexicana, protocolos de Estambul y el reconocimiento de inocencia de la ONU a George Khoury Layón y la opinión de libertad en favor de Brenda Quevedo Cruz.

El 29 de marzo de 2019, Sanjuana Martínez fue parte de la censura en la mañanera por la denuncia de la periodista Guadalupe Lizárraga ante el presidente López Obrador, y también responsable de la edición cortada del video del canal de Youtube, de Notimex. El corte del video solo fue al fragmento de la denuncia contra Miranda.

Un mes después, Martínez difundió cinco notas favoreciendo a Isabel Miranda en las que exigía audiencia al presidente López Obrador, y una entrevista en la que calumnia a la periodista Guadalupe Lizárraga y de nueva cuenta a las víctimas del caso Wallace. No obstante, Martínez fue una de las promotoras también de la candidatura de Isabel Miranda a la jefatura de gobierno de la CDMX, en 2012.

 

Lista no exhaustiva de la difusión pagada en los medios

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El Caso Wallace

FGR determina no ejercicio de acción penal contra Isabel Miranda pese a evidencias

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Por Guadalupe Lizárraga

El equipo de investigación y litigación de la Fiscalía General de la República, bajo la administración de Alejandro Gertz Manero, determinó el “no ejercicio de la acción penal” contra Isabel Miranda Torres, denunciada en diciembre de 2018, por fabricación de pruebas, falsedad de declaraciones judiciales, tortura y secuestro en grado tentativa.

Con el oficio número FEIDT-EIL-II-001/2020, el agente del Ministerio Público Juan Diego Chávez Aguirre, respondió a la denuncia que se integró en la carpeta de investigación FEIDT/SEIDF/UEIDT-CDMX/0000840/2019, interpuesta por la periodista Guadalupe Lizárraga en contra de Isabel Miranda Torres, José Enrique Wallace Díaz y el agente de SEIDO Braulio Robles Zúñiga. En su respuesta, Chávez Aguirre, se abocó a la acusación de la prueba fabricada de ADN por medio de una gota de sangre plantada en el supuesto lugar del asesinato y desmembramiento de Hugo Alberto Wallace.

Al respecto, la conclusión del perito profesional Ejecutivo “B” en Genética Forense de la Coordinación de Servicios Periciales, Mario Alberto Bernal López, sostuvo que “existe coincidencia genética con los perfiles genéticos ingresados con los nombres de José Enrique Wallace Díaz y Carlos León Miranda, siendo el mismo perfil genético, por lo tanto ambos tienen el mismo origen biológico”.

El ministerio público Chávez Aguirre alegó en el documento que la falsedad de declaración judicial había prescrito en 2012, y con respecto a los delitos de tortura, los dictámenes en el caso de Brenda Quevedo Cruz (realizado el 6 de junio de 2011), el de César Freyre Morales (realizado el 4 de noviembre de 2015), y el de Juana Hilda González Lomelí (realizado el 15 de noviembre de 2018) habían dado resultados negativos y también operaba la figura de la prescripción.

Sin embargo, el abogado Víctor Caballero, activista de derechos humanos, a la pregunta de Los Ángeles Press, sobre el tema de tortura, señaló que “la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado en dos momentos, en 2018 y 2019, que el delito de tortura no prescribe. Si bien la tortura sexual es una conducta específica, y también encuadra en el catálogo de los delitos sexuales, dependiendo de cómo se dio esa tortura”.

En relación a las denuncias de secuestro en grado tentativa contra la periodista, en noviembre de 2016 y en febrero de 2018, así como el allanamiento de su morada en febrero de 2019 y las denuncias de amenazas proferidas por la diputada federal María de los Ángeles Huerta del Río para que no mencionara el nombre de Isabel Miranda en el foro sobre Fabricación de culpables realizado el 5 y 6 de noviembre de 2018, el Ministerio Público eludió la investigación de estos hechos sin dar respuesta a la denunciante.

No es la primera vez que la autoridad fiscal determina no ejercer acción penal contra Isabel Miranda por la fabricación del secuestro de su hijo y los atropellos a las víctimas para que se incriminaran. En el registro documental de la notificación a la periodista Guadalupe Lizárraga se destacaron las denuncias contra Miranda y el agente Braulio Robles Zúñiga, en 2011 y 2015, bajo las identificaciones 433/UEIDAPLE/DT/38/2015 y 233/UEIDAPLE/LE/12/2010, las cuales también determinaron las autoridades no ejercer ninguna sanción, pese a que los delitos de tortura eran recientes, siendo octubre de 2010, tanto en el caso de Brenda Quevedo Cruz como en el de César Freyre Morales.

 

Fragmento notificación FGR.

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El Caso Wallace

Expareja de Hugo Alberto Wallace confirma que en 2005 no fue secuestrado ni asesinado

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Por Guadalupe Lizárraga

Claudia Patricia Muñoz Acosta, madre de una segunda hija de Hugo Alberto Wallace Miranda, confirmó ante la audiencia de Milenio TV, que habló por teléfono con él todavía en 2007, tal como se ha revelado desde mayo de 2014, en Los Ángeles Press. Su testimonio ante la televisión mexicana es otra prueba más del falso secuestro y homicidio contra Wallace tal como lo ha sostenido Isabel Miranda Torres, desde el 11 de julio de 2005, y por el que ocho personas inocentes llevan 14 años en prisión.

La expareja sentimental de Hugo Wallace dijo que se había ido a vivir a Estados Unidos por presión de Isabel Miranda Torres, madre de Hugo Alberto, por la existencia de la primera hija, Andrea Isabel, de 25 años, quien tiene problemas congénitos en la columna vertebral y requería la atención del padre.

Incluso señaló que Isabel Miranda había interferido para evitar que Hugo Alberto registrara a su hija con el apellido Wallace, y que lo había hecho en Coyoacán, delegación donde vivía, con el apellido de su padrastro.

Muñoz Acosta también señaló haber tenido a su hija a los 28 años, pero que conocía a Hugo desde los 14, porque había sido su maestro de Inglés. Sin embargo, precisó que su hija no tenía 13 años como lo había publicado Los Ángeles Press, la semana pasada, sino 18.

Las contradicciones de Muñoz

Entre las declaraciones hechas en Milenio, Claudia Patricia Muñoz Acosta dijo que no había hablado con la periodista Guadalupe Lizárraga. Sin embargo, aceptó haberle dejado un mensaje privado en su red. En el mensaje se lee que Muñoz Acosta contactó a la periodista, le reveló la existencia de su hija, producto de una relación de “muchos años”, y concluye que vive en Oklahoma City y escribe su número de teléfono.

La periodista, en julio de 2019, recibió la llamada de Carlos León Miranda, padre biológico de Hugo Alberto Wallace, quien le confirmó que efectivamente tenía una segunda nieta, de acuerdo con la conversación telefónica que había sostenido con Muñoz Acosta.

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