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África

Vivir sin miedo, la explotación sexual en el tránsito a Europa

La migración de africanos a Europa para salvar sus vidas de la violencia de dictaduras y miseria enfrenta la explotación y violencia sexual a niñas y mujeres

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nigeriana

 

Por J. Marcos y Ma. Ángeles Fernández
@desplazados_org

MADRID.- La nigeriana Juliet nunca llegó. Su camino fue siniestro y la meta, imposible. Murió en el mar, con su hija, huyendo de la organización que le obligaba a prostituirse. Su tránsito a Europa es otra historia más teñida por la explotación sexual. Partió de Nigeria, cruzó Benín y llegó a Bamako, la capital de Malí, donde la obligaron a vender su cuerpo. Sus planes hacia una vida mejor nunca imaginaron la esclavitud.

No hay imágenes de mujeres saltando las concertinas de Ceuta y Melilla, esas mallas de alambre que seis metros por encima culminan en afiladas cuchillas. No las hay porque, según confirman los registros, ellas no intentan saltar la valla. Apenas se conocen unas pocas excepciones. Pero la ausencia de espinas metálicas no evita que niñas y mujeres ingresen en Europa a través múltiples fronteras que también rasgan sus cuerpos y sus vidas.

Su entrada al territorio europeo se produce sobre todo a través de embarcaciones o a nado, con Almería, Motril, Cádiz, Ceuta y Melilla como los principales puntos de llegada en el caso del Estado español. Y ahí ya sí que existen fotografías, incluso de embarazadas y con bebés en sus brazos. Pero el mar es apenas el penúltimo obstáculo fronterizo en su camino.

“En Bamako es horroroso. Allí comienza lo que será tu vida en Europa. Te tienes que acostar con todos los hombres que quiera el connection man [también conocidos como captador, pasador o patrón] y no hay preservativos y hay muchas enfermedades”, cuenta Precious en la investigación Vivir sin miedo, publicada por CEAR-Euskadi.

Habla Precious, pero bien se podría hablar de las congoleñas Charlotte (“en la frontera es obligatorio acostarse con policías marroquíes y argelinos. Me han violado delante de la niña”), Hope, Dorcas y tantas otras mujeres que encuentran barreras, violencia y agresiones físicas y sexuales en un trayecto que nunca imaginan tan cruel.

Fronteras blindadas

El blindaje de las fronteras europeas se traduce en el surgimiento de vías alternativas, rendijas del sistema que se traducen en el incremento de las violencias para las migrantes. El tránsito de personas no merma mientras sí crecen los peligros e inseguridades. FRONTEX, la Agencia Europea para la Gestión de la Cooperación Operativa en las Fronteras Exteriores de los Estados miembro, lidera en el ámbito europeo las variadas estructuras para la vigilancia y el castigo, encargadas de la violencia en las líneas divisorias: patrulleras, estancias de detención en terceros países, devoluciones en caliente, Centros de Internamiento para Extranjeros (CIE), acuerdos de readmisión, vuelos de deportación.

Solo en 2016 y solo por la llamada Frontera Sur, que apenas concentra el cuatro por ciento de las entradas irregulares en la UE, llegaron a España 14.128 personas. De ellas, cerca de 1.500 mujeres, 65 embarazadas. Y más de un millar de niñas y niños. Los datos de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) se completan con 295 muertes, que se elevan a más de 5.000 ampliando el área a toda la frontera mediterránea del bloque comunitario, la ruta más mortal del mundo y eso que se desconocen las cifras que deja la travesía por el desierto norafricano.

“En el camino he trabajado de chacha, he cuidado cabras, he sido víctima de violaciones y como resultado de ellas he tenido un embarazo. Cuando di a luz no tenía ni dónde dormir. Soy una mujer llena de cicatrices, cicatrices de mis deportaciones al desierto, del camino, de todas las violaciones. He sufrido mucho y eso ha dejado señales en mi cuerpo y en mi alma”, cuenta Charlotte y recoge Vivir sin miedo.

El endurecimiento de las condiciones de entrada infringe un golpe extra a las niñas y las mujeres, tal y como atestigua la Comisión Española de Ayuda al Refugiado en el País Vasco (CEAR-Euskadi): “En estos contextos de militarización, el sistema de dominación patriarcal se refuerza, haciendo más profundas las desigualdades de género. Las mujeres y las niñas se ven expuestas a las relaciones de poder, dominación y abuso sexual por parte de personas en tránsito, por las fuerzas de seguridad y control fronterizo, y por las redes de trata de personas”. Las redes de tráfico y trata de seres humanos se convierten con frecuencia en su única llave de entrada a Europa, en el sacrificio necesario para escapar del sufrimiento en sus países de origen: el conflicto armado, el matrimonio forzado, la mutilación genital o el terrorismo son algunas de las razones que les obligan a migrar. Sin duda el género es un motivo de marcha.

Los embarazos y abortos forzados también funcionan como control de los cuerpos en ese purgatorio migratorio. “Muchas no conocen el significado del término ‘violación’ y tampoco tienen el mismo concepto del embarazo y del aborto que manejamos en Europa. Las redes no les facilitan anticonceptivos, sometiéndolas a prácticas sexuales de alto riesgo y obligándoles a interrumpir sus embarazos en condiciones de extrema insalubridad. Pero también les obligan a gestar cuando lo consideran conveniente para alcanzar Europa”, añaden desde Women’s Link Worldwide. Esta violencia reproductiva en ocasiones termina con la apropiación de su maternidad, con los bebés al servicio de sus fines, tal y como denuncian desde el colectivo Caminando Fronteras.

La trata, una parte del tránsito

“La posibilidad de emprender un proceso migratorio sin sufrir violencia sexual o acabar en manos de las redes de trata es casi inviable para quienes vienen de África subsahariana”, añaden desde CEAR-Euskadi. Nigeria es, por cierto, el país de origen que, según sus datos, presenta los peores registros: en 2016, más de 40 mujeres nigerianas han sido atendidas en el País Vasco por la organización de refugio con síntomas de haber sido víctima de trata con fines de explotación sexual.

De acuerdo con Women’s Link Worldwide, en la travesía aparecen figuras tan controvertidas como el ‘marido del camino’, una especie de ‘protector’ que ‘cobija’ a las mujeres a cambio de ejercer de esposas sexuales, pudiendo además estar vinculado con redes de trata.

Las evidencias recogidas confirman que gran parte de las que transitan por la Frontera Sur son víctimas de estos entramados, como sucede por ejemplo con quienes llegan al CETI de Ceuta, según recoge Amnistía Internacional. Porque las que consiguen llegar no escapan a la vulneración de sus cuerpos: la Oficina de Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés) estima que 140.000 niñas y mujeres sufren trata con fines de explotación sexual en Europa. Los guarismos en el Estado español tampoco son mejores: el año pasado se han detectado el 12.419 personas en riesgo de explotación sexual (la mayoría, entre el 80 y el 90 por ciento, de origen extranjero), a pesar de que únicamente se identificaron 591, según el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO), Rumanía, Nigeria y China son los principales países de captación.

Un derecho de asilo condicionado

Todos estos hechos, que podrían dar pie a establecer un protocolo especial en la frontera, no brindan para las mujeres la opción preferencial de ser refugiadas ni de recibir protección, pues no son consideradas como un grupo de especial vulnerabilidad. Hasta 2016, apenas seis personas (cuatro mujeres y dos menores) recibieron protección internacional por esta haber sido víctima de trata en el Estado, si bien es cierto que en el último cuatrimestre del pasado ejercicio el Ministerio del Interior se la concedió a 19 africanas, cuentas que refleja CEAR-Euskadi en #Refugiadas. La trata con fines de explotación en el contexto de militarización y cierre de fronteras, asegurando sin embargo que “aún es pronto para ver si esta protección se afianza o se circunscribe a circunstancias especiales de carácter político”.

Por sí solos, ni el género ni la orientación sexual justifican para la legislación un motivo de marcha

La legislación española vigente (Ley de Asilo de 2009) por primera vez incluye expresamente como causa de asilo la persecución por motivos de género y orientación sexual, pero ninguna de estas dos causalidades tiene el mismo nivel de protección de la que gozan otros motivos de persecución como la raza, la religión, la nacionalidad, el grupo social y las opiniones políticas. Por sí solos, ni el género ni la orientación sexual pueden dar origen a la aplicación de la legislación, siendo necesarias otras circunstancias que justifiquen la salida de los países de origen. Todas estas solicitudes suelen ser rechazadas sin un estudio individual.

Además, esta normativa excluye a las personas comunitarias, así como a las que procedan de un país considerado seguro. En definitiva, denuncia CEAR-Euskadi, “son muy pocas las mujeres que, superados los obstáculos, acceden al procedimiento de protección internacional”. El Defensor del Pueblo recoge en uno de sus informes esta realidad: en 2015 y en la primera mitad de 2016 no hubo resoluciones favorables a la concesión del estatuto de refugiado o protección subsidiaria a las víctimas de trata.

Y cuando las autoridades aceptan revisar las peticiones de estas mujeres, el camino sigue cuesta arriba, subrayan desde la delegación vasca de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado: “El miedo a exponer su verdadera situación, especialmente cuando aún se encuentran bajo la influencia de la red, las lleva a ocultar información o a mentir sobre su procedencia y sobre los motivos de persecución. Como consecuencia, sus solicitudes son inadmitidas o denegadas por inverosímiles o incoherentes”.

Fuente: publico.es

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Somalia al borde de la hambruna y medio millón de niños podría morir a mediados de 2023: ONU

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Somalia corre riesgo de que medio millón de sus niños mueran en 2023

 

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) advirtió que Somalia podría enfrentar una situación de hambruna dentro de unos meses y que hasta medio millón de niños y niñas menores de cinco años podrían morir para mediados de 2023.

Somalia ha evitado caer en situación de hambruna a finales de este año 2022 ante el agravamiento de la crisis económica y las continuas sequías, según un estudio de agencias de Naciones Unidas y organizaciones no gubernamentales, si bien han advertido de que esta situación podría registrarse en tres áreas durante el segundo trimestre de 2023.

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La Clasificación Integrada de las Fases de la Seguridad Alimentaria (IPC, por sus siglas en inglés), refleja que 8,3 millones de somalíes podrían sufrir inseguridad alimentaria grave entre abril y junio de 2023, lo que supone «un nivel de necesidad sin precedentes» tras cinco temporadas consecutivas de lluvias escasas y el aumento de los precios de los alimentos.

El informe refleja que 214.050 personas están en fase 5 en el último trimestre de 2022, cifra que podría aumentar a 322.010 entre enero y marzo y a 727.100 entre abril y junio.

«Para evitar la hambruna y unas peores condiciones humanitarias en Somalia es necesaria una acción urgente para una respuesta multifacética, incluida seguridad alimentaria, nutrición y agua, saneamiento e higiene».

Lee más: Ministra de Sudáfrica dice al secretario de Estado de EEUU que Palestina, al igual que Ucrania, “merecen su territorio y libertad”

«La hambruna es proyectada entre abril y junio de 2023 entre poblaciones agrícolas y ganaderas en los distritos de Baidao y Burhakaba, en la región de Bay, y entre desplazados internos en Baidoa y Mogadiscio«, ha señalado en su informe. Así, ha especificado que «estas áreas ya experimentan niveles muy altos de desnutrición aguda y mortalidad consistente con situaciones de emergencia» y ha advertido de que «un número creciente de personas podrían estar en niveles catastróficos».

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Con información de Europa Press.

 

 

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Conflictos, corrupción y cambio climático incrementan a 828 millones de hambrientos en el mundo

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Corrupción y cambio climático han aumentado la crisis de hambre en el mundo

ROMA – Los conflictos bélicos, como causa principal, junto con las presiones económicas por malos manejos, el impacto de la Covid-19 y los choques climáticos, han elevado a 828 millones el número de personas que padecen hambre en el mundo, reportó este jueves 13 el Programa Mundial de Alimentos (PMA).

“Seamos claros: las cosas pueden empeorar y empeorarán a menos que se haga un esfuerzo coordinado a gran escala para abordar las causas profundas de esta crisis. No podemos tener otro año de hambre récord”, dijo el director ejecutivo del PMA, David Beasley, en un comunicado.

Si 828 millones de personas se acuestan con hambre todas las noches, la cantidad de personas que enfrentan inseguridad alimentaria aguda aumentó, de 135 millones en 2019 a 345 millones en la actualidad, y 50 millones de personas en 45 países están al borde de la hambruna.

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El conflicto sigue siendo el principal impulsor del hambre, ya que 60 % de las personas que sufren hambre en el mundo viven en zonas azotadas por la guerra y la violencia, según el reporte adelantado por el PMA con motivo de conmemorarse el 16 de octubre el Día Mundial de la Alimentación, que este año tiene como lema: «No dejar a nadie atrás».

Los acontecimientos que se desarrollan en Ucrania “son una prueba más de cómo el conflicto alimenta el hambre, obligando a las personas a abandonar sus hogares y acabando con sus fuentes de ingresos”, expuso el reporte.

“Con demasiada frecuencia, son los conflictos los que sumergen a los más vulnerables en una hambruna catastrófica, con comunicaciones interrumpidas, acceso humanitario restringido y comunidades desplazadas”, expuso el PMA.

“Las cosas pueden empeorar y empeorarán a menos que se haga un esfuerzo coordinado a gran escala para abordar las causas profundas de esta crisis. No podemos tener otro año de hambre récord”: David Beasley.

También los choques climáticos –materializados por ejemplo en prolongadas sequías y recias inundaciones en distintas partes del globo- destruyen vidas, cultivos y medios de subsistencia, y debilitan la capacidad de las personas para alimentarse.

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Las consecuencias económicas de la pandemia, como la inflación, el endurecimiento del crédito y la interrupción de las cadenas de suministro, también contribuyen a llevar al hambre a niveles sin precedentes, se indicó.

El PMA dice que hay en el globo un “anillo de fuego” que lleva a millones de personas al borde de la inanición, el cual va desde el Corredor Seco centroamericano y Haití hasta Afganistán, pasando por el Sahel (estepas en el centro africano), África oriental, Siria y Yemen.

En países como Nigeria, Sudán del Sur y Yemen, el PMA ya se enfrenta a decisiones difíciles, como reducir las raciones para poder llegar a más personas. Esto equivale a quitarle comida al hambriento para dar de comer al más hambriento.

Las consecuencias de no invertir en actividades de resiliencia repercutirán más allá de las fronteras, sostiene el PMA, pues si las comunidades no están empoderadas para resistir los impactos y las tensiones a las que están expuestas, esto podría resultar en aumento de la migración, desestabilización y conflicto.

“La historia reciente nos lo ha demostrado: cuando el PMA se quedó sin fondos para alimentar a los refugiados sirios en 2015, no tuvieron más remedio que abandonar los campamentos y buscar ayuda en otro lugar, lo que provocó una de las mayores crisis de refugiados de la historia europea reciente”, recordó el reporte.

El PMA destacó que si bien las necesidades han aumentado en gran medida, los recursos no, y esa agencia de las Naciones Unidas requiere 22 200 millones de dólares para llegar con auxilios alimentarios a 152 millones de personas en 2022.

La mira de la agencia está en los gobiernos donantes, pero también en empresas e incluso en personas individuales con recursos o audiencias para sus mensajes.

Los costos también están en su punto más alto: los costos operativos mensuales del PMA están 73,6 millones de dólares por encima del promedio de 2019. Con ese dinero se pudo alimentar a cuatro millones de personas durante un mes.

Sin embargo, la agencia subraya que para lograr el hambre cero, el dinero no es suficiente. “Solo la voluntad política puede poner fin a los conflictos en lugares como Yemen, Etiopía y Sudán del Sur”, insistió el informe.

“Y sin un compromiso político firme para contener el calentamiento global como se estipula en el Acuerdo de París (de 2015), las principales causas del hambre seguirán sin disminuir”, concluyó el reporte.

 

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África

Pobreza en África impacta esfuerzos por poner fin al matrimonio de niñas

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matrimonio infantil no termina por pobreza

Por Cecilia Rusell

JOHANNESBURGO – El matrimonio infantil sigue siendo un flagelo en muchos países africanos, a pesar de la legislación y los esfuerzos de muchos, incluidos los parlamentarios, para mantener a las niñas en la escuela y crearles un futuro mejor.

Esta fue la opinión de los participantes en un seminario web realizado bajo los auspicios del Foro Parlamentario Africano sobre Población y Desarrollo (FPA) y la Oficina Regional del Fondo de la Población de Naciones Unidas (UNFPA) para África Oriental y Meridional (Esaro, en inglés).

El seminario digital escuchó cómo la legislación progresista que prohíbe el matrimonio para adolescentes menores de 18 años, y en un caso, 21, no fue suficiente para detener la práctica.

También se afirmó que pandemia de covid-19 había afectado los programas de prevención del matrimonio infantil y aumentado la pobreza y la desigualdad, que era una fuerza impulsora de los matrimonios infantiles.

Chinwe Ogbonna, director regional encargado de Esaro, dijo que si bien ha habido logros considerables desde la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo, celebrada en 1994 en Egipto, el trabajo aún no ha terminado.

Alentó a los parlamentarios a comprometerse con las acciones que acordaron en una reunión regional en junio, en Addis Abeba, la capital de Etiopia, que incluían “ampliar la defensa basada en evidencia”.

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En África, dijo, el embarazo adolescente y la prevalencia del VIH son altos. La violencia de género iba en aumento y continuaban los feminicidios y las prácticas nocivas del matrimonio infantil y la mutilación genital femenina.

El seminario web escuchó a miembros de los parlamentos de varios países del continente africano.

Fredrick Outa, de Kenia, vicepresidente de la FPA, dijo a los delegados que si bien Kenia había hecho compromisos ambiciosos, la mutilación genital femenina (MGF) era un motivo de preocupación.

Kenia se comprometió a fortalecer la coordinación en el marco de la legislación y las políticas, la comunicación y la promoción, la integración y el apoyo, y la cooperación transfronteriza para eliminar la MGF.

Kenia tenía como objetivo eliminar la violencia de género y los matrimonios infantiles y forzados “abordando las normas sociales y culturales que propagan la práctica y brindando apoyo a las mujeres y niñas afectadas”.

Una legisladora de Zambia, Princess Kasune, dijo que le preocupaban los resultados de la Encuesta Demográfica y de Salud de Zambia de 2018, según la cual 29 % de las mujeres de 20 a 24 años informaron haberse casado antes de los 18.

El país tenía varios programas para abordar esto, incluida la asociación con los gobernantes tradicionales y la sociedad civil para luchar contra el matrimonio infantil precoz.

“Los caciques y jefes se han comprometido en la lucha contra el matrimonio infantil… Los gobernantes tradicionales son defensores de la lucha contra el matrimonio infantil”, dijo Kasune.

Ella dijo que la práctica continúa a pesar de que la Ley de Matrimonio prescribe los 21 años como la edad mínima para contraer matrimonio.

Sin embargo, el derecho consuetudinario difiere y es necesario que haya coherencia en la legislación.

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La otra campaña crucial contra los matrimonios precoces fue mantener a los niños en la escuela. Si bien el gobierno había empleado a 30 000 maestros en áreas rurales, se necesitaban más.

“Mantener a las niñas en la escuela fue fundamental para reducir la incidencia del matrimonio infantil”, dijo Kasune.

Puede leer aquí la versión en inglés de este artículo.

Muwuma Milton, legislador de Uganda, estuvo de acuerdo en que la cultura jugó un papel importante en la eliminación de prácticas nocivas como el matrimonio infantil.

Su país estaba aplicando un enfoque multifacético para eliminar esto, incluidos los planes de alimentación escolar, proporcionando paquetes sanitarios para las niñas y alentando a las madres jóvenes a regresar a la escuela después del parto.

“Un desafío es que el país tiene necesidades insatisfechas de servicios de planificación familiar, que asciende a 30 %, y hay una cultura que cree que una vez que una niña llega a la edad de la menstruación, tiene la edad suficiente para casarse”, dijo Milton.

Matthew Ngwale, diputado de Malawi, señaló que su país se adhirió al protocolo de la Comunidad de Desarrollo de África Meridional (SADC, en inglés) que condena el matrimonio de personas menores de 18 años.

La Constitución de Malawi, la Ley de Matrimonio, Divorcio y Relaciones Familiares (2015) y la Ley de protección y justicia para el cuidado de los niños refuerzan esta política.

Pero, dijo Ngwale, a pesar de la “legislación progresista, Malawi tiene una de las tasas más altas de matrimonio infantil en el mundo, donde aproximadamente 42 % de las niñas se casan antes de los 18 años y 9 % son menores de 15 años. Aproximadamente 7  % de los niños se casan antes de los 18 años”.

También señaló que el matrimonio infantil es mayor en las zonas rurales que en las urbanas. Las niñas de las áreas rurales tienen 1,6 veces más probabilidades de casarse a una edad temprana que aquellas que viven en la ciudad.

La pobreza es un claro factor impulsor, ya que las mujeres del sur predominantemente «pobre» se casan a una edad ligeramente menor que las de las regiones del norte y central «más ricas».

“En Malawi, los niños de familias más pobres tienen el doble de probabilidades de casarse temprano que los de familias más ricas”, dijo Ngwale.

En el país 51,5 % de las personas vive por debajo del umbral de pobreza, según datos oficiales. Ese promedio se eleva a 60 % en zonas rurales, en comparación con las zonas urbanas que registran 18%.

Las prácticas tradicionales de iniciación, realizadas como parte de un rito cuando una niña llega a la pubertad, fomentan la actividad sexual temprana, dijo Ngwale, y la prevalencia del matrimonio infantil es mayor entre los grupos matrilineales que entre los patrilineales.

“Debido a la inseguridad alimentaria, el matrimonio infantil a menudo se convierte en un mecanismo de supervivencia más probable a medida que las familias buscan reducir la carga de alimentar a la familia”, aseguró.

Los desafíos climáticos, como las sequías y las inundaciones, se han vuelto más frecuentes y catastróficos.

El matrimonio infantil afecta las tasas de finalización de la escuela secundaria. En Malawi, solo el 45% de las niñas permanecen en la escuela más allá del octavo grado.

“La mayoría de las niñas que abandonan la escuela debido al matrimonio infantil tienen pocas oportunidades de ganarse la vida, lo que las hace más vulnerables a la violencia de género. El matrimonio infantil reduce los ingresos esperados de las mujeres en la edad adulta entre 1,4% y 15,6%”, afirmó.

Sin embargo, el gobierno de Malawi había creado un entorno propicio para que las organizaciones de la sociedad civil trabajaran con el gobierno para poner fin al matrimonio infantil,

Pamela Majodina, diputada de Sudáfrica, dijo en el seminario web que el país estaba comprometido con los objetivos de erradicación del matrimonio infantil.

Ha aprobado leyes, incluida la Ley de Violencia Doméstica, la Ley de Niños, la Ley de Delitos Sexuales y la Ley de Justicia Infantil, donde es un delito penal tener relaciones sexuales con un niño menor de 16 años, independientemente del consentimiento.

Goodlucky Kwaramba, parlamentaria de Zimbabue, dijo que su país se comprometió a reducir los embarazos adolescentes de 21,6 % a 12 % para 2030 y a brindar servicios integrales de planificación familiar para 2030.

Una parlamentaria de Eswatini, Sylvia Mthethwa, dijo que su país, con 73 % de la población menor de 35 años y un desempleo juvenil de 47 %, se comprometió a garantizar que la juventud fuera la prioridad. Mientras los senadores movilizaban recursos financieros, se habían elaborado la Política Nacional de la Juventud y el Plan Operativo Nacional de la Juventud.

Mientras tanto, en Tanzania, ya se registraron algunos éxitos. Thea Ntara, legisladora del país, dijo que los servicios de salud sexual y reproductiva para adolescentes y jóvenes han estado disponibles en más de 63 % de todos los establecimientos de salud desde 2017.

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Fuente: ipsnoticias.net

 

 

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