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Justicia pendiente

Violencia, impunidad, corrupción y complicidad: los riesgos del periodismo

El periodismo en México enfrenta graves riesgos que ha tolerado el Estado, en fomento de la impunidad de agresores

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Entrevista al periodista Ismael Bojórquez por Ríodoce

En Sinaloa, el periodismo se ejerce en medio de los riesgos que constituyen la violencia, impunidad, corrupción y la complicidad de las autoridades con el crimen organizado, consideró Ismael Bojórquez.

El director del semanario Ríodoce señaló durante una entrevista con el proyecto cultural y de medios Horizontal.mx que el 99.6 por ciento de las agresiones a periodistas no se castigan, incluidos los 50 asesinatos de periodistas que se contabilizan en el sexenio de Peña Nieto y los 120 de los últimos 10 años.

“El riesgo proviene de una combinación de factores, no, de múltiples factores, uno la gran violencia que existe en ciudades como Culiacán, como Mazatlán, Los Mochis, Navolato y algunas regiones de la sierra de Sinaloa, otro elemento es la gran impunidad con que se cometen los crímenes y no solamente es un estado violento, es un estado muy impune, como la mayor parte de los estados del país”, mencionó.

“El 98.99 por ciento de los crímenes relacionados con el narcotráfico, es decir las ejecuciones ni siquiera se investigan, ya no digamos que se completa un expediente, no se investiga. Se levanta un cuerpo, se entrega a los familiares o aparecen a reclamarlo, se abre una carpeta con datos básicos y se vuelve a cerrar. Entonces hay una gran impunidad en Sinaloa y ese es otro elemento de riesgo cuando haces periodismo”.

Otro factor, añadió es la complicidad del Estado y sus instituciones con el narcotráfico, “la complicidad del policía, la complicidad del agente del MP, la complicidad de mandos policiacos, la complicidad de políticos, de alcaldes, de regidores, diputados y pudiéramos hablar también de la complicidad de algunos gobernadores”.

“Entonces si tu te encuentras todos estos elementos, falta de recursos para investigar los crímenes, pues lo que obtienes es un cóctel muy peligroso”.

Desde la fundación de Ríodoce en 2003 dijo que asumieron los riesgos y el miedo que implicaba escribir sobre narcotráfico. Y después con el asesinato de Javier Valdez, cofundador del semanario decidieron mantener la línea editorial.

“Hay una gran dosis de autocensura en lo que hacemos, desde el momento en que nosotros decidimos un tema, decidimos cómo lo vamos a investigar, cómo lo vamos a publicar, etc. Todo el mundo se autocensura, nosotros hemos asumido eso como una realidad que no podemos negar”, expresó.

“Todos estos 15 años y ahora más que nunca nosotros hemos trabajado con miedo, es algo que no podemos negar, el miedo es muy humano, pero también nosotros lo que decidimos fue administrar este miedo, es decir no permitir que el miedo te consuma, que el miedo te venza, te inutilice. Se te puede secar la boca por el miedo, te pueden sudar las manos pero no debes permitir que el miedo te calle, porque si te callas como periodista pues prácticamente estás muerto”.

Bajo esa premisa, señaló que Ríodoce continuará con su labor periodística.

“Nunca jamás hemos pensado retirarnos, tenemos un compromiso con los lectores pero tenemos un compromiso con Javier Valdez también y con la libertad de expresión”.

Consideró que -tal como Javier Valdez decía- la sociedad está alejada de los periodistas, y por eso no apoyan las protestas contra los asesinatos de comunicadores, pero esto se debe a la corrupción que existe en el oficio.

“Igual sí le importa (a la sociedad los asesinatos de periodistas), pero es muy difícil sacar a la gente a las calles, es muy difícil convencerla que caminen con nosotros, de que tome plazas, de que proteste junto con nosotros. Históricamente, hay incluso una cierta animadversión de la sociedad contra los periodistas por la gran corrupción que ha existido en el medio periodístico, que tenemos que reconocer que ha existido en el medio periodístico  de décadas para atrás”, mencionó.

“Desde que el estado decidió cooptar a los periodistas y a los periódicos y a los grandes medios de comunicación a través de recursos públicos… y entonces no hemos sido bien vistos por la sociedad, Javier se quejaba mucho que estábamos solos y que el periodista no estaba protegido por la sociedad y Javier tenía razón”.

Añadió que esa realidad está cambiando un poco ahora.

“Yo en los últimos años he visto el surgimiento de muchos periodistas muy honrados, con proyectos periodísticos independientes, y ahí en los grandes medios hay periodistas que hacen su trabajo con pasión, con honradez, y que sí está cambiando esto, y en la medida que cambie, también se va a cambiar la percepción del oficio periodístico, de los periodistas frente a la sociedad”.

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Justicia pendiente

Diputada de Morena pide intervención de Encinas para atender violaciones de derechos humanos del gobierno de Barbosa

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La diputada federal del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Inés Parra Juárez, pidió la intervención del subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), Alejandro Encinas, para que atienda las constantes violaciones de derechos humanos que se han cometido contra diferentes ciudadanos por parte del gobierno de Puebla, encabezado por Miguel Barbosa.

La legisladora federal dijo que la Fiscalía General de Justicia del Estado de Puebla ha integrado carpetas de investigación de forma inquisitoria contra los habitantes del municipio de Zinacantepec, debido a que actúa a modo a favor de los intereses del mandatario estatal.

De acuerdo con la representante popular, la fiscalía estatal de Puebla funciona también para los intereses caciquiles de los familiares del gobernador de extracción morenista, pues se han acusado a los ciudadanos de delitos que no cometieron, por lo que también han ejercido violencia política de género.

Agregó que la policía estatal ha agredido a los ciudadanos que se manifestaron la semana pasada en la explanada de Zinacantepec, en donde resultaron heridas ocho personas, mientras que la fiscalía sigue recibiendo órdenes de Barbosa para ejercer procedimientos penales contra los manifestantes a quienes no les reconocen los derechos humanos establecidos en la Constitución Política Mexicana.

Asimismo, pidieron la intervención de forma contundente por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), debido a que también ha sido agredida de forma mediática por defender a los habitantes de Zinacantepec e incluso ha sido acusada de ser la incitadora de la violencia en la Sierra Negra.

Recordó que fueron los diputados locales de Puebla los que aprobaron el impuesto al alumbrado público para los habitantes de Zinacantepec sin tomar en cuenta las necesidades de los pobladores de la región, por lo que también el alcalde Miguel Huerta ha actuado en contubernio con su primo, el gobernador de Puebla.

Además, pidió al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que vigile el desempeño de Barbosa, pues aseguró que ha actuado de forma contraria a los intereses de la denominada cuarta transformación violando permanentemente los derechos humanos de los ciudadanos para permitir prácticas caciquiles.

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Justicia pendiente

Luis Echeverría, el último súper presidente del priismo que sigue en la impunidad

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Este día cumple 100 años de edad el expresidente de México, Luis Echeverría Álvarez, quien entre 1970 y 1976 fue el hombre más poderoso del país como representante del súper presidencialismo mexicano y cuyas acciones que derivaron en las muertes de miles de personas en la denominada guerra sucia en la década de los setenta.

Luis Echeverría nació el 17 de enero de 1922 y en 1946 ingresó a las filas del Partido Revolucionario Institucional (PRI), en donde escaló diferentes posiciones siendo secretario del presidente del partido, así como secretario de Rodolfo Sánchez Taboada hasta convertirse en el oficial mayor de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Se graduó como licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y en 1958 fue designado subsecretario de Gobernación y debido a su cercanía con Gustavo Díaz Ordaz fue incluido en su gabinete en la presidencia de la República ocupando la titularidad de la Secretaría de Gobernación (Segob) en 1964.

Durante ese periodo fue la mano derecha de Díaz Ordaz y señalado por permitir la operación de la CIA en México, además de vigilar y perseguir a los opositores del régimen, por lo que defendió al entonces mandatario federal por la matanza de estudiantes en Tlatelolco el 2 de octubre de 1968.

Debido a su cercanía con Díaz Ordaz fue elegido como candidato a la presidencia por el entonces partido oficial y ocupó la primera magistratura del país entre 1970 y 1976, desatando la denominada guerra secreta contra las guerrillas y la Liga de 23 de septiembre.

En su gestión se cometieron diferentes abusos y violaciones a los derechos humanos como la matanza conocida como “El Halconazo” en 1971, además de que fueron asesinados los guerrilleros Lucio Cabañas y Genaro Vázquez, así como el secuestro del empresario regiomontano Eugenio Garza Sada.

El manejo de la política económica del gobierno de Echeverría provocó el fin del periodo conocido como “el milagro mexicano”, debido a que hubo un mayor gasto público y su gobierno se caracterizó por un populismo que coqueteó con los gobiernos socialistas en América Latina.

También prohibió los movimientos juveniles y los conciertos de música rock, aunado a que inició un golpe a la prensa crítica, que en ese momento era encabezada por Julio Scherer en Excélsior y que derivó en su salida.

Aunque pretendía convertirse en secretario de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) al terminar su gestión, la economía cayó y la inseguridad incrementó, por lo que su carrera política terminó.

Desde entonces, diferentes organizaciones civiles se pronunciaron a favor de iniciar un juicio en contra de Echeverría por su responsabilidad en la matanza de Tlaltelolco, el Halconazo, la desaparición y asesinato de personas en la guerra sucia, así como por ser informante de la CIA, sin embargo, ninguna de las acusaciones prosperó y la periodicidad de los crímenes feneció, por lo que se mantendrá en la impunidad de forma indefinida.

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Indígenas de Puebla denuncian agresiones de policía por protestar contra impuesto al alumbrado público

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Indígenas de San Sebastián Zinatepec, Puebla, denunciaron que fueron víctimas de agresiones físicas por parte de la policía estatal cuando intentaban manifestarse a las afueras del ayuntamiento contra el impuesto al alumbrado público.

Una de las habitantes del municipio de Zinatepec señaló que el alcalde Mario Roberto Huerta Gómez se ha negado al diálogo y por ello solicitó el apoyo de los granaderos de la policía estatal impedir el derecho a la libre manifestación de los pobladores contra la imposición de un impuesto por el que no fueron consultados.

A través de diferentes videos que fueron grabados por los manifestantes, se mostró la manera en la que los granaderos estatales reprimieron a los pobladores que pretendían manifestarse en contra de la nueva medida impuesta por el gobierno municipal y que afectará a la economía de las personas de menor nivel socioeconómico.

Una de las manifestantes fue lastimada por la mano por los uniformados, mientras que otros fueron golpeados y por ello solicitaron la intervención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para atender las violaciones graves a los derechos humanos cometidos en el municipio.

También pidieron la intervención del gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, ya que aseguraron que no se ha pronunciado al respecto, debido a que ha protegido al edil por su cercanía familiar y en caso de no obtener respuesta también solicitarán el apoyo del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

Asimismo, responsabilizaron al munícipe contra las agresiones que sufran los indígenas por parte de los granaderos y cuestionaron si la manera de actuar del gobierno local y estatal corresponde a la forma de gobernar del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) que prometía otras formas de gobierno sin represiones ni abusos.

 

 

 

 

 

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