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Latinoamérica

Violencia contra niños en tierra mapuche

La policía chilena ejerce de nueva cuenta violencia contra niños mapuche

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Niñs mapuches Foto: Fernando Fiedler / IPS

Por Marianela Jarroud

SANTIAGO, Chile (IPS).- Hemos sido ‘pasados a llevar’ (atropellados) por este Estado chileno que es racista, que nos reprime. La fuerza policial nos reprime a todo el pueblo mapuche… ellos son los que nos disparan a sangre fría”.

Así narró un indígena de 16 años la represión policial de la que fue víctima junto a otros campesinos de la región de la Araucanía, 680 kilómetros al sur de Santiago, tras el desalojo de un predio ocupado por varias comunidades que reclaman sus tierras ancestrales.

“Ese es el sentimiento de los niños que son parte de las comunidades que están en conflicto, porque ellos han crecido en medio de la violencia”, explicó a IPS la coordinadora de la Fundación de Apoyo a la Niñez y sus Derechos (Anide), Ana Cortés.

“El adolescente del testimonio pertenece a una comunidad que ha estado desde hace muchos años tratando de recuperar un territorio que le permita vivir. Racismo y represión es lo que él ha conocido del Estado, por lo tanto, es lo que expresa”, añadió.

Esta denuncia sobre la represión publicada por el diario digital mapuche Werken, que circula por las redes sociales de Internet y por medios de comunicación electrónicos es el testimonio más concreto del recrudecimiento de la violencia, que en las últimas 72 horas dejó decenas de personas detenidas y varias heridas, entre ellas cinco niños y niñas.

En medio de la preocupación y la denuncia, este miércoles 25 se registraron nuevos incidentes, esta vez en la comunidad Temucuicui, que fue allanada por la policía.

El conflicto se agudizó el lunes 23, cuando miembros de la comunidad mapuche Ignacio Queipul de Temucuicui fueron desalojados por efectivos de la policía de Carabineros de los establecimientos La Romana y Montenegro, explotados por las empresas Forestales Mininco y Arauco.

Según portavoces indígenas, se trató de una movilización pacífica, que pretendía “llamar la atención” sobre el incumplimiento de diversas promesas del gobierno del derechista Sebastián Piñera en el marco de la lucha por la recuperación de tierras mapuches.

Estos predios, aseguran, son parte del territorio que les fue despojado a sus ancestros durante la “Pacificación de la Araucanía”, un proceso de invasión militar de dominación del Estado chileno en esa zona aborigen que se prolongó durante casi toda la segunda mitad del siglo XIX.

La ocupación del lunes fue realizada por unos 60 comuneros. El desalojo, en contraste, habría sido ejecutado por unos 200 carabineros, que ingresaron al lugar disparando escopetas y bombas de gases lacrimógenos, según declararon testigos.

En ese operativo fueron detenidas 12 personas, tres de ellas menores de edad, quienes denunciaron haber sido víctimas de “todo tipo de vejaciones, golpes y acoso sexual por parte de los carabineros”.

La represión continuó horas más tarde en las afueras del hospital de Collipulli, una de las localidades de la zona, cuando la policía disparó contra un grupo de comuneros que esperaban a quienes habían concurrido a certificar lesiones.

Entre las víctimas de este episodio figuran una niña de 12 años, quien recibió perdigones en la columna, y un adolescente de 16, que recibió balines en la cabeza.

El ataque motivó que el presidente Piñera anunciara una “investigación” para determinar responsabilidades de los carabineros, aunque enfatizó que su gobierno apoya “en un 100 por ciento el actuar (sic) policial”.

Según la Fundación Anide, entre 2001 y 2011, niños y niñas mapuches de entre nueve meses y 16 años de edad han sido blanco de heridas de balines, asfixias por bombas lacrimógenas, golpes, patadas y torturas, entre otros tratos vejatorios por parte de la policía.

Incluso se registró el homicidio de un joven de 17 años en el año 2002.

“Muchas veces hemos señalado que la violencia hacia los niños mapuche no es una excepción sino que se está convirtiendo en una norma. En cada allanamiento, tres o cuatro menores de 18 años salen heridos, y frente a esto no podemos señalar, como lo hace el gobierno, que son hechos aislados”, sostuvo Cortés.

La activista añadió que es preocupante el recrudecimiento de la violencia en territorio mapuche, que a su juicio se explica por la falta de solución a los problemas de fondo que tienen las comunidades.

Precisó que las medidas planteadas por el gobierno, que el martes 24 anunció un reforzamiento de personal policial en la zona, son de “seguridad interna” y no apuntan a resolver el conflicto de fondo.

“No veo ningún gesto de acercamiento con las comunidades en conflicto para negociar una salida política. Mientras eso no ocurra, van a seguir las movilizaciones sociales con personas heridas, muchos de ellos menores de edad”, advirtió.

Piñera encabezó el martes una cumbre de seguridad en La Moneda, la sede de gobierno, donde se analizó el conflicto mapuche y se determinó el reforzamiento policial, decisión que para algunos evidencia el afán oficial de una militarización de la zona.

“Cuando el gobierno empieza a buscar motivos para reprimir a las comunidades sin abordar el tema político que subyace en el conflicto, es porque perdió el norte respecto de cuál era la política del Estado en relación a los pueblos indígenas”, comentó a IPS el abogado mapuche Lautaro Loncón.

Chile suscribió varios tratados internacionales de protección de los derechos humanos y de la infancia y, en particular, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo relativo a pueblos indígenas, recordó.

Para Loncón, “a la hora de elaborar sus políticas públicas, el gobierno se basa más en la represión que en implementar esos convenios”.

El aumento de la violencia “tiene que ver con la postura histórica de la derecha política chilena respecto de los movimientos sociales e indígenas”, añadió.

“El gobierno de Piñera ha ido criminalizando la protesta social, no solamente hacia los mapuches, sino a cualquier movimiento que pueda poner en aprietos sus políticas neoliberales”, enfatizó.

El jurista coincidió en que, históricamente, existe “una actitud racista del gobierno y del Estado como institución, que se funda en la negación de la existencia de los pueblos indígenas y la negación de sus derechos. No es nada más que un racismo del que nunca la sociedad chilena se ha hecho cargo”, dijo.

La directora del estatal Instituto Nacional de Derechos Humanos, Lorena Fríes, viajó este miércoles 25 a la zona en una misión de observación y espera divulgar un informe en los próximos días.

En tanto, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia manifestó su “enérgico rechazo y condena” a los actos de violencia que afectaron a niños y niñas.

Por su parte, dirigentes del opositor Partido Por la Democracia solicitaron al encargado para América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Amerigo Incalcaterra, el envío de un observador a la zona del conflicto mapuche.

La red en lucha

Cuba iniciará ensayos de la vacuna contra Covid-19

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El próximo 24 de agosto Cuba comenzará con los ensayos de la vacuna contra el Covid-19 y los resultados podrían estar listos en febrero que llevará el nombre Soberana 01 y que será efectivo contra el nuevo tipo de coronavirus.

La investigación de Cuba tiene el propósito de evaluar la seguridad, reactogenicidad e inmunogenicidad en un esquema de dos dosis, según la ficha del Registro Público Cubano de Ensayos Clínicos, por lo que esta etapa abarca su aplicación a 676 personas de entre 18 y 80 años de edad bajo el control del estatal Instituto Finlay de Vacunas.

De acuerdo con la investigación cubana, el ensayo deberá culminar el 11 de enero y sus resultados se publicarán el 15 de febrero, pues Cuba controló la propagación del nuevo tipo de coronavirus, aunque sufrió un nuevo rebrote que ha afectado particularmente el occidente de la isla donde se ubica la capital.

Cuba desarrolló un programa activo de aislamiento de casos sospechosos, la aplicación de pruebas de diagnóstico y la búsqueda casa por casa de personas con síntomas, aunado a que se suspendieron las clases y el transporte público, se cerraron comercios y cancelaron vuelos comerciales.

Asimismo, Cuba llegó a un acuerdo con Rusia para la fabricación de la vacuna Sputnik V, una de las primeras en ser registradas, por lo que se encuentra en la tercera fase y esperan la aprobación total para su distribución masiva de las dosis por distintos países.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) señaló que todas las vacunas deben completar las fases de ensayos clínicos antes de ser distribuidas en distintos países para que garanticen su efectividad contra el nuevo virus.

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Latinoamérica

México y Argentina producirán vacuna contra Covid-19 para América Latina

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El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció que México y Argentina producirán las vacunas contra el Covid-19 que desarrollan AstraZeneca y la Universidad de Oxford en alianza con la Fundación Slim.

El mandatario federal refirió que México firmó un acuerdo con Argentina y las instituciones particulares que desarrollan la vacuna contra el nuevo tipo de coronavirus, con lo cual se garantizará el suministro de estas dosis a los países de América Latina.

De acuerdo con López Obrador, esta noticia puede tranquilizar a los ciudadanos para la distribución masiva de la vacuna contra el nuevo tipo de coronavirus, por lo que destacó el apoyo de la Fundación Slim y el laboratorio AstraZeneca y la Universidad de Oxford que han confiado en México.

Agregó que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) estuvo al pendiente del desarrollo de las gestiones que se efectúan para contar con la vacuna, por lo que cuenta con el respaldo científico de la Secretaría de Salud federal (SSa).

Por su parte, el titular de la SRE, Marcelo Ebrard, informó que la producción de la vacuna desarrollada por AstraZeneca para enfrentar el Covid-19, misma que será producida en México y Argentina y presuntamente es la más avanzada del mundo al desarrollar entre 150 y 250 millones de dosis.

Afirmó que no se busca el lucro, sino garantizar el acceso a una vacuna efectiva para la población de América Latina, por lo que se espera que a finales de noviembre se cuenten los primeros resultados, de acuerdo con los estudios clínicos que se han implementado.

Asimismo, indicó que con estas medidas se adelantará la distribución de la vacuna a la población de América Latina, pues pasará de un año a seis meses el tiempo en el que se aplicaría, por lo que con ello favorecerá la salud de la población y beneficiará la economía.

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Al filo de la navaja

Erráticas políticas migratorias de México y Estados Unidos

México y Estados Unidos no han comprendido el origen de la migración centroamericana y de otros países, pese a que ambos se han beneficiado de ésta

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Raúl Ramírez Baena

Además del rechazo de algunos sectores de la sociedad –sobre todo tijuanense- a los refugiados centroamericanos, que en caravanas llegan a la frontera norte del país en busca de asilo en los Estados Unidos, tal parece que las autoridades de este país y de México no han terminado de entender la historia, origen, dinámica y perfil de la migración hacia el país del norte, a partir del Programa Bracero, hasta la fecha.  

La política migratoria de Donald Trump utiliza el tema antiinmigrante como bandera de su campaña presidencial (ahora, en búsqueda de su reelección), que muchos votos le arrojaron en 2016 al criminalizar a los inmigrantes indocumentados, mexicanos incluidos.

Esta política xenófoba se le ha revertido ahora a Trump, acarreándole serios tropiezos, como la derrota en la Cámara de Representantes para la obtención de recursos para construir su muro en la frontera con México, bajo el argumento de que en esta región los EU viven una “crisis humanitaria y de seguridad”, que pocos creen, incluso, legisladores de su partido.

A consecuencia de su política de “Tolerancia Cero” a la inmigración indocumentada, Trump ha sido evidenciado por la separación de menores de sus padres, lo que –eso si- ha generado una crisis internacional. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha intervenido a petición de las defensorías públicas de México, Colombia, Ecuador, Honduras, El Salvador y Guatemala, dictando medidas cautelares en favor de 572 menores detenidos en jaulas del Servicio de Inmigración y control de Aduanas (ICE), en condiciones inhumanas, afectando su integridad física y psicológica.

Escribe Pablo Jiménez de Sandoval en El País: “Un número aún desconocido de niños fueron separados de sus padres. El Gobierno ha reconocido 2.816. Al menos 471 padres fueron deportados sin sus hijos (…). Nadie registró quién era quién o dónde estaban. Han sido las ONG las que los han ido a buscar, en ocasiones a pueblos perdidos de Centroamérica.

Esta crisis obligó a la administración federal a admitir el ingreso a los EU, en calidad de solicitantes de asilo, a los padres de 29 menores encontrados por las ONG “Al Otro Lado”, de Tijuana, y “Families Belong Together”, de Los Ángeles. Un triunfo.

Por su parte, el Condado de Los Ángeles reta a la administración Trump al declararse oficialmente en febrero “Santuario de Inmigrantes”. El Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) no ejercerá más funciones de control de inmigración, restringiendo su ayuda a las autoridades migratorias federales. Otro triunfo.

El caso México

Ante el arribo masivo de miles de centroamericanos desde el año pasado, a través de las caravanas que ingresan por la frontera sur como solicitantes de asilo a los EU, la administración de López Obrador sorprendió al inicio de su gestión anunciando un giro de 180 grados en la política migratoria: no criminalización y persecución de indocumentados, respeto a sus derechos humanos, emisión de visas humanitarias, reconocimiento del estatus de refugiados,  creación de fuentes de trabajo y negativa a convertir a México en “Tercer País Seguro” (TPS), según deseos del Sr. Trump.

Con el paso de los días las cosas han cambiado, sobre todo en Tijuana y Mexicali, y la realidad es otra:

1.- Como consecuencia de la nueva política social federal y ante la quiebra financiera del Gobierno de Baja California y la posición xenófoba del alcalde de Tijuana, los albergues de apoyo a migrantes ya no reciben recursos públicos, por lo tanto, tienen serias dificultades para ofrecer comida, medicamentos y asistencia a miles de centroamericanos y de otras nacionalidades que llegan todos los días, atraídos por el boom del asilo en los Estados Unidos.

2.- La Comisión de Ayuda a Refugiados (COMAR), de la Segob, dejó de prestar asistencia a las ONG y a los inmigrantes para la tramitación de refugio en México, en tanto se decide su situación migratoria en el país y el asilo en los Estados Unidos.

3.- A partir de enero pasado y a pesar de que siguen ingresando al país, México cerró la expedición de visas humanitarias, complicando la situación legal de los inmigrantes, que están en calidad de indocumentados, acrecentando su vulnerabilidad al quedar expuestos a las autoridades locales.

4.- Ante el arribo diario a Tijuana y Mexicali de ciudadanos centroamericanos y de otras nacionalidades, el gobierno federal y los locales no han dispuesto, como en octubre pasado, de albergues provisionales con servicios humanitarios, sanitarios y legales básicos y suficientes.

5.- México ha declarado que no será “Tercer País Seguro” de los Estados Unidos para alojar a inmigrantes mientras se resuelven sus solicitudes de asilo, pero en los hechos ha abierto sus puertas para ello, favoreciendo los deseos de Trump, violentando así las normas del Derecho Humanitario Internacional.

6.- Haciendo el trabajo sucio a Trump, las autoridades del Instituto Nacional de Migración han impedido el acceso a México a abogados y periodistas estadounidenses en aeropuertos nacionales, que trabajan en colaboración con miembros de la caravana en Tijuana, al estar “fichados” por autoridades de los Estados Unidos.

7.- Como corolario, sin conocimiento y asesoría sobre el origen y la dinámica migratoria, la titular de la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, culpa a “Pueblo sin Fronteras” de organizar las caravanas.

Así las cosas, sólo esperamos que el proceso electoral de Baja California de este año no se contamine del discurso antiinmigrante de Trump, como recurso para ganar votos. Ya veremos.

Fotografía: Yerson Martínez.

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