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Latinoamérica

Violencia contra niños en tierra mapuche

La policía chilena ejerce de nueva cuenta violencia contra niños mapuche

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Niñs mapuches Foto: Fernando Fiedler / IPS

Por Marianela Jarroud

SANTIAGO, Chile (IPS).- Hemos sido ‘pasados a llevar’ (atropellados) por este Estado chileno que es racista, que nos reprime. La fuerza policial nos reprime a todo el pueblo mapuche… ellos son los que nos disparan a sangre fría”.

Así narró un indígena de 16 años la represión policial de la que fue víctima junto a otros campesinos de la región de la Araucanía, 680 kilómetros al sur de Santiago, tras el desalojo de un predio ocupado por varias comunidades que reclaman sus tierras ancestrales.

“Ese es el sentimiento de los niños que son parte de las comunidades que están en conflicto, porque ellos han crecido en medio de la violencia”, explicó a IPS la coordinadora de la Fundación de Apoyo a la Niñez y sus Derechos (Anide), Ana Cortés.

“El adolescente del testimonio pertenece a una comunidad que ha estado desde hace muchos años tratando de recuperar un territorio que le permita vivir. Racismo y represión es lo que él ha conocido del Estado, por lo tanto, es lo que expresa”, añadió.

Esta denuncia sobre la represión publicada por el diario digital mapuche Werken, que circula por las redes sociales de Internet y por medios de comunicación electrónicos es el testimonio más concreto del recrudecimiento de la violencia, que en las últimas 72 horas dejó decenas de personas detenidas y varias heridas, entre ellas cinco niños y niñas.

En medio de la preocupación y la denuncia, este miércoles 25 se registraron nuevos incidentes, esta vez en la comunidad Temucuicui, que fue allanada por la policía.

El conflicto se agudizó el lunes 23, cuando miembros de la comunidad mapuche Ignacio Queipul de Temucuicui fueron desalojados por efectivos de la policía de Carabineros de los establecimientos La Romana y Montenegro, explotados por las empresas Forestales Mininco y Arauco.

Según portavoces indígenas, se trató de una movilización pacífica, que pretendía “llamar la atención” sobre el incumplimiento de diversas promesas del gobierno del derechista Sebastián Piñera en el marco de la lucha por la recuperación de tierras mapuches.

Estos predios, aseguran, son parte del territorio que les fue despojado a sus ancestros durante la “Pacificación de la Araucanía”, un proceso de invasión militar de dominación del Estado chileno en esa zona aborigen que se prolongó durante casi toda la segunda mitad del siglo XIX.

La ocupación del lunes fue realizada por unos 60 comuneros. El desalojo, en contraste, habría sido ejecutado por unos 200 carabineros, que ingresaron al lugar disparando escopetas y bombas de gases lacrimógenos, según declararon testigos.

En ese operativo fueron detenidas 12 personas, tres de ellas menores de edad, quienes denunciaron haber sido víctimas de “todo tipo de vejaciones, golpes y acoso sexual por parte de los carabineros”.

La represión continuó horas más tarde en las afueras del hospital de Collipulli, una de las localidades de la zona, cuando la policía disparó contra un grupo de comuneros que esperaban a quienes habían concurrido a certificar lesiones.

Entre las víctimas de este episodio figuran una niña de 12 años, quien recibió perdigones en la columna, y un adolescente de 16, que recibió balines en la cabeza.

El ataque motivó que el presidente Piñera anunciara una “investigación” para determinar responsabilidades de los carabineros, aunque enfatizó que su gobierno apoya “en un 100 por ciento el actuar (sic) policial”.

Según la Fundación Anide, entre 2001 y 2011, niños y niñas mapuches de entre nueve meses y 16 años de edad han sido blanco de heridas de balines, asfixias por bombas lacrimógenas, golpes, patadas y torturas, entre otros tratos vejatorios por parte de la policía.

Incluso se registró el homicidio de un joven de 17 años en el año 2002.

“Muchas veces hemos señalado que la violencia hacia los niños mapuche no es una excepción sino que se está convirtiendo en una norma. En cada allanamiento, tres o cuatro menores de 18 años salen heridos, y frente a esto no podemos señalar, como lo hace el gobierno, que son hechos aislados”, sostuvo Cortés.

La activista añadió que es preocupante el recrudecimiento de la violencia en territorio mapuche, que a su juicio se explica por la falta de solución a los problemas de fondo que tienen las comunidades.

Precisó que las medidas planteadas por el gobierno, que el martes 24 anunció un reforzamiento de personal policial en la zona, son de “seguridad interna” y no apuntan a resolver el conflicto de fondo.

“No veo ningún gesto de acercamiento con las comunidades en conflicto para negociar una salida política. Mientras eso no ocurra, van a seguir las movilizaciones sociales con personas heridas, muchos de ellos menores de edad”, advirtió.

Piñera encabezó el martes una cumbre de seguridad en La Moneda, la sede de gobierno, donde se analizó el conflicto mapuche y se determinó el reforzamiento policial, decisión que para algunos evidencia el afán oficial de una militarización de la zona.

“Cuando el gobierno empieza a buscar motivos para reprimir a las comunidades sin abordar el tema político que subyace en el conflicto, es porque perdió el norte respecto de cuál era la política del Estado en relación a los pueblos indígenas”, comentó a IPS el abogado mapuche Lautaro Loncón.

Chile suscribió varios tratados internacionales de protección de los derechos humanos y de la infancia y, en particular, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo relativo a pueblos indígenas, recordó.

Para Loncón, “a la hora de elaborar sus políticas públicas, el gobierno se basa más en la represión que en implementar esos convenios”.

El aumento de la violencia “tiene que ver con la postura histórica de la derecha política chilena respecto de los movimientos sociales e indígenas”, añadió.

“El gobierno de Piñera ha ido criminalizando la protesta social, no solamente hacia los mapuches, sino a cualquier movimiento que pueda poner en aprietos sus políticas neoliberales”, enfatizó.

El jurista coincidió en que, históricamente, existe “una actitud racista del gobierno y del Estado como institución, que se funda en la negación de la existencia de los pueblos indígenas y la negación de sus derechos. No es nada más que un racismo del que nunca la sociedad chilena se ha hecho cargo”, dijo.

La directora del estatal Instituto Nacional de Derechos Humanos, Lorena Fríes, viajó este miércoles 25 a la zona en una misión de observación y espera divulgar un informe en los próximos días.

En tanto, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia manifestó su “enérgico rechazo y condena” a los actos de violencia que afectaron a niños y niñas.

Por su parte, dirigentes del opositor Partido Por la Democracia solicitaron al encargado para América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Amerigo Incalcaterra, el envío de un observador a la zona del conflicto mapuche.

Investigaciones

Argentina: El terrorismo de Estado también fue terrorismo sexual

María Florencia Alcaraz

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Por María Florencia Alcaraz

Las violencias estatales no son lineales: son capas que se abren y encierran más violencias, como una cebolla putrefacta. Después del secuestro, los interrogatorios, los golpes, el estancamiento, más golpes, la capucha, los grilletes, el submarino seco, el submarino mojado, la picana, la parrilla, las sesiones de tortura física y las amenazas de muerte constantes, para ellas venía la violación.

Muchas sobrevivieron para dar testimonio, otras tuvieron como último destino la desaparición forzada y sus compañeras dieron cuenta de ese sometimiento en el encierro. En las cuchas en las que dormían; en los baños cuando intentaban asearse; en cuartos a los que eran llevadas engañadas; en hoteles y habitaciones fuera de los predios clandestinos: militares de diferentes rangos y responsabilidades violaban a las detenidas-desaparecidas. El terrorismo de Estado fue, también, terrorismo sexual.

Era una forma de sellar con la firma patriarcal esos cuerpos ya marcados por las violencias del secuestro, las vejaciones y torturas. Acentuar al extremo las masculinidades violentas y agresivas que se desplegaban en los centros clandestinos de detención.

Las violaciones, a su vez, fueron correctivas: una manera de signar esas trayectorias vitales que habían desobedecido al mandato de género y a la sumisión que se esperaba de la sociedad en general. Los delitos sexuales se inscriben en la larga lista de delitos que se cometieron durante la última dictadura cívico-militar. Los varones también sufrieron, en menor escala, este tipo de crímenes de poder, pero para las mujeres formaba parte del cotidiano.

Desde la óptica patriarcal se trataba de un castigo que rebotaba en un laberinto de espejos: cada violación fue un mensaje para lxs otrxs detenidxs, sus parejas, compañerxs de militancia, hermanos, padres. Y, a su vez, imprimía en ellas un estigma que -como sobrevivientes- después iban a cargar. Sobre el “algo habrán hecho” para estar cautivas, se imprimió el “algo habrán hecho” para sobrevivir. “Putas y guerrilleras”, nombró la periodista Miriam Lewin su libro sobre Crímenes sexuales en los centros clandestinos de detención.

Es posible hilvanar una historia común que une las denuncias públicas y judiciales que hacen muchas chicas hoy contra músicos del rock; las actrices contra actores abusadores y violadores y cada una que decide volver perecedero el tiempo del silencio. Las sobrevivientes de la dictadura víctimas de violaciones y otros delitos sexuales, tampoco se callaron; solo que sus relatos quedaron bajo el manto de crueldad que imprime la desaparición forzada y, a su vez, la escucha era otra. El Poder Judicial tardó casi tres décadas en nombrar estos crímenes. La invisibilización jurídica los ocultó bajo la figura de “tormentos”.

—¿Es verdad que vos salías con el tigre Acosta?”, le preguntó la señora de los almuerzos, Mirtha Legrand, a Miriam Lewin hace 15 años.

—¿Cómo que “salía”?

No. En un centro clandestino de detención no existe el consentimiento. El continuum de terrorismo sexual comenzaba con la desnudez forzada a la que eran sometidas. Seguía con los comentarios sobre sus cuerpos, manoseos, tocamientos, abusos, penetración con objetos, violaciones, abortos forzados, esclavitud sexual, partos clandestinos.

***

A Mirta Pérez se turnaban para violarla. No sabe cuánto tiempo estuvo esposada a la cama con sábanas limpias que eligieron para someterla a este crimen de poder. A Susana la violaron, al menos, en tres oportunidades. Primero, un guardia la llevó al baño engañada para forzarla a tareas de limpieza y luego la violó en un cuartito. Después el represor Jorge Rádice la llevó a un hotel cercano al centro clandestino y la violó. Juan Carlos Rolón, también.

Liliana Elvira Pontoriero contó durante el juicio que la segunda vez que la sometieron a una sesión de picana eléctrica no la violaron porque estaba menstruando. Sin embargo, la obligaron a masturbarse con un palo de goma. Todas ellas sobrevivieron a su estadía forzada en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), donde se calcula que pasaron -al menos- 360 mujeres. A pesar de la enorme cantidad de testimonios que dan cuenta de una práctica sistemática sobre los cuerpos de las cautivas aún ningún represor de este centro clandestino de detención fue condenado por violaciones y abusos sexuales.

“Los guardias solían decir que las mujeres éramos mucho más peligrosas que los hombres”, dijo Andrea Bello, secuestrada el 6 de diciembre de 1978, en el testimonio que brindó en el juicio por ESMA en 2013.

Ya en el Juicio a las Juntas, en 1985, algunas sobrevivientes pudieron poner en fila los recuerdos del horror y contar las violaciones. Sin embargo, los jueces no jerarquizaron esos relatos. Las interrumpían, no repreguntaban o simplemente pasaban a otro tema sin solución de continuidad.

Elena Alfaro, una sobreviviente de El Vesubio, contó cómo la violaron a ella y a tres compañeras más, de las que pudo dar nombre y apellido. Sin embargo, cuando terminó el relato, el juez solo atinó a preguntarle: “¿Pudo notar la presencia de alguna persona extranjera en el lugar, como detenida?”. Con la apertura de los juicios volvió a contar cómo había sido violada.

***

La invisibilidad jurídica también estuvo relacionada a que en el Código Penal argentino la violación sexual estaba tipificada como “delito contra la honestidad” y recién en el año 1999 la definición fue cambiada por “delito contra la integridad sexual”.

En la jurisprudencia internacional, la primera sentencia que definió la violación sexual como un delito contra la humanidad y en un instrumento para el genocidio fue el 2 de septiembre de 1998, en el caso Akayesu, por la Sala de Primera Instancia del Tribunal Penal Internacional para Ruanda. Allí se juzgaron las violaciones de las mujeres Tutsi.

Tras la reapertura de los juicios, en 2010 la condena Gregorio Rafael Molina a prisión perpetua por los crímenes cometidos en “La Cueva”, que funcionó en la Base Aérea de Mar del Plata, fue una bisagra. Se trató de la primera que nombró a los delitos sexuales por su nombre. Las mujeres que pasaron por ese centro clandestino lo recuerdan por sus sistemáticas violaciones. “Cuando ese hombre de uniforme me violaba, era la Patria la que me violaba”, declaró una de las testigos en el juicio. Molina ya murió.

Dos años después de esa primera condena, la Procuración General de la Nación emitió una resolución que marcó lineamientos a lxs fiscales: cómo propiciar espacios seguros para que las sobrevivientes cuenten estos delitos y abordarlos criminalmente. Pablo Parenti, por entonces coordinador de la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de las Causas por Violaciones a los Derechos Humanos, fue uno de los abogados que empujó esta perspectiva. Hubo actores y actrices que fueron fundamentales para que se investiguen estos crímenes de manera autónoma. Como Carolina Varsky, desde el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que en sus alegatos en la causa ESMA habló de las particularidades de ser mujer en ese centro clandestino y escribió distintos documentos para aportar a la reflexión sobre este tema. Varsky hoy es titular de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad. También la fiscal Mercedes Soiza Reilly hizo un pedido en esa misma línea en el caso de la ESMA.

Hoy los delitos sexuales son delitos de lesa humanidad. A 43 años del 24 de marzo de 1976, en todo el país los fallos judiciales cuentan 892 personas condenadas por delitos de lesa humanidad, de las cuales 98 fueron responsabilizadas por delitos sexuales: 95 hombres y 3 mujeres. Únicamente el 12% de las sentencias incluye este tipo de delitos, 26 de un total de 219 veredictos. En esos fallos, se reunieron las historias de 86 víctimas: 75 mujeres y 11 hombres.

***

Hasta hace muy poco el lugar en el que aparecían las mujeres en el Museo Sitio de Memoria ESMA era en la maternidad. La memoria construida alrededor de lo que pasó en ese centro clandestino comandado por el Grupo de Tareas 3.3.2. las encapsulaba ahí y la recorrida propuesta-escrita en paneles en genérico masculino ni siquiera las nombraba. La muestra inaugurada recientemente “Ser mujeres en la ESMA, testimonios para volver a mirar” propone una nueva mirada e incluye los abusos y delitos sexuales que sufrieron, en particular, los cuerpos de las mujeres. “Hoy el feminismo entró a la ESMA y no se va de acá nunca más”, dijo Miriam Lewin en una de las actividades alrededor de la muestra.  No hay una sola memoria, las memorias son muchas, son colectivas y son feministas. Nunca más una memoria sin las mujeres y las disidencias. Nunca más una historia sin nosotras.

 

Fuente original: Cosecha Roja

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La red en lucha

Feminicidio de Úrsula Bahillo reaviva protestas contra el sistema judicial y la policía de Argentina

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La autopsia al cuerpo de Úrsula Bahillo, la joven argentina, que fue asesinada a puñaladas el 8 de febrero, por su exnovio -Matías Ezequiel Martínez, de 25 años, policía en Rojas-, indicó que la causa de muerte fue “secundaria a lesión por arma blanca de estructura vasculares de cuello, generando shock hipovolémico con escasa agonía, aunado a las lesiones punzocortantes observadas en región abdominal y dorsal”, es decir, tres puñaladas en el cuello y otras diez en el abdomen y la espalda.

El asesinato de Úrsula, de 19 años, en la zona rural de Guido Spano por su expareja, provocó una multitudinaria movilización al día siguiente frente a la comisaría de la ciudad bonaerense de Rojas, y hoy los vecinos volvieron a movilizarse para pedir justicia por el feminicidio.

Úrsula denunció 18 veces que estaba en peligro. Le hizo saber a la Justicia que su vida corría peligro. Su agresor ya tenía antecedentes, pero ninguna a ninguna de las denuncias se le dio seguimiento por parte de las autoridades. Solo lo trasladaban de jurisdicción, e incluso tenía una orden de restricción que también ignoró la policía después de que la joven lo denunciara.

Movilización #JusticiaPorUrsula. La convocatoria se realizó por las redes sociales y con el hashtag #JusticiaPorUrsula, que convocó a reunirse a las 17 frente a la Plaza San Martín y continuó en las puertas de la comisaría local.

En medio de serios enfrentamientos con el personal policial, los familiares y amigos de Úrsula Bahillo reclamaron la indiferencia de la policía ante las denuncias contra el victimario, que además es miembro de la fuerza de seguridad bonaerense. Señalan que claramente hubo inacción de la policía durante el fin de semana, cuando la joven quiso hacer otra denuncia.

Me callé siempre hasta que me vi muerta, por eso lo denuncié”, fue el mensaje que poco antes de ser asesinada envió la víctima a una de sus amigas, a quien le relató las agresiones sufridas perpetradas por su expareja.

Esta tarde, cientos de habitantes de Rojas volvieron a manifestarse, esta en vez en forma pacífica, para exponer que la falta de apoyo judicial y policial permitió este femicidio. La víctima, hija de un reconocido comerciante local, había intentado denunciar nuevamente a su exnovio, el policía Matías Martínez, el pasado fin de semana, pero no fue escuchada en la sede de la comisaría de la Mujer.

El agresor de Ursula protegido por la policía. “Un agresor no puede estar protegido por la misma fuerza que lo tiene que castigar”, asegura Ada Rico, titular de la ONG Casa del Encuentro, pionera en la elaboración de estadísticas sobre feminicidios en Argentina. Entre 2010 y 2020, en Buenos Aires y su región metropolitana, 48 mujeres fueron asesinadas por sus parejas o exparejas policías. Rico advierte que para las mujeres maltratadas es muy difícil dar el paso de denunciar y la dificultad aumenta si el acusado es policía porque a menudo sus compañeros lo encubren.

Una de las veces que Bahillo se acercó a denunciarlo a la comisaría de la mujer no le tomaron declaración porque “era fin de semana”. A Martínez le dieron una baja psiquiátrica. Indicios para que hubieran puesto atención desde la primera denuncia.

 

Con información de eltiempo.com

 

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Latinoamérica

OPS alerta que contagios de Covid-19 continúan al alza en estados turísticos de México

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Por Ignacio García

La Organización Panamericana de Salud (OPS) alertó que los casos de Covid-19 continúan al alza en México, principalmente en las zonas turísticas del país, donde se registraron visitas masivas durante las fiestas de fin de año.

El organismo internacional señaló que los estados de Guerrero, Quintana Roo y Baja California Sur son las zonas en donde se han reportado más padecimientos por las visitas turísticas a las áreas de playas durante diciembre pasado.

La directora de la OPS, Carissa Etienne, dijo que México es uno de los países más afectados por la pandemia de Covid-19 en América Latina, por lo cual manifestó que deben continuar las medidas restrictivas a la movilidad para contener los padecimientos.

De acuerdo con la representante de la OPS, las autoridades mexicanas deben reforzar las medidas sanitarias para evitar que se presenten incidentes relacionados con la cepa viral, aunado a que también se detectaron los primeros casos de la nueva variante británica.

Indicó que han localizado tres variantes distintas del SARS-COV-2 en el continente americano, por lo que sostuvo que ha sido una de las regiones más afectadas por ese virus, pues también se han identificado en Estados Unidos, Brasil y México, tres de las naciones con el mayor porcentaje de padecimientos y defunciones.

Sostuvo que hasta que se aplique de forma masiva la vacunación en los países latinoamericanos se logrará una disminución gradual de los padecimientos, no obstante, existen pocas dosis y una distribución en algunas naciones específicas.

 

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