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Violencia contra las mujeres

Víctimas de tráfico sexual obligadas a convertirse en victimarias en Argentina

Tráfico sexual en Argentina con víctimas obligadas a reclutar jóvenes para la prostitución.

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Por Marcela Valente 

Foto: lacapitalmdp.com/ RATT

BUENOS AIRES , Argentina (IPS) – Un juicio emblemático por trata de mujeres está colocando en blanco sobre negro la forma en que operan las redes de tráfico sexual en Argentina, con víctimas forzadas a la larga, y además, a convertirse en victimarias.

A 10 años de su secuestro, comenzó este mes en la provincia noroccidental de Tucumán el juicio por la desaparición de María de los Ángeles Verón, más conocida como Marita, que tenía 23 años y una hija de dos cuando fue capturada. La justicia sentó en el banquillo a 13 imputados -siete hombres y seis mujeres- acusados de haber tenido contacto con Verón en diversos prostíbulos, según testimoniaron otras mujeres rescatadas de estas redes de explotación sexual.

El tribunal los acusa de privación ilegítima de libertad y promoción de la prostitución, y la gran incógnita es si en las audiencias surgirán nuevas pistas que permitan conocer el destino final de la secuestrada. La querellante es la madre de Verón, Susana Trimarco. En su infructuosa búsqueda, logró desentrañar la acción de estas redes, protegidas presuntamente por policías y otros funcionarios, y liberar a 129 jóvenes explotadas.

Por su labor, Trimarco obtuvo en 2007 el premio “Mujer de Coraje”, otorgado por el Departamento de Estado (cancillería) de Estados Unidos. Poco después creó la Fundación María de los Ángeles Verón por la Lucha contra la Trata de Personas. La entidad se dedica a hacer prevención en escuelas y otros centros comunitarios, para evitar la captación de adolescentes y jóvenes en situación de vulnerabilidad. También brinda protección y asistencia integral a víctimas de la trata.

El reclamo de Trimarco que se ventila en el juicio empujó la sanción de una ley de prevención y sanción de la trata en 2008, y la creación de un programa nacional para prevenir y erradicar este delito y asistir a las víctimas. “Lo único que quiero es que Marita aparezca. Cuando se fue, empezó mi calvario”, relató el miércoles 15 ante los jueces. Trimarco, siempre acompañada de su nieta, que ya tiene 13 años, supo que su hija fue vendida a un prostíbulo de la provincia noroccidental de La Rioja y fue a buscarla allí en 2003.

Se hizo pasar por una ex prostituta que buscaba jóvenes para un prostíbulo y recorrió locales donde se ejerce la prostitución en La Rioja y otras provincias del noroeste, pese a que en el país es una actividad restringida legalmente, el proxenetismo está penalizado y en Buenos Aires está prohibida la oferta y demanda del comercio sexual. Con su marido Daniel Verón, ya fallecido, Trimarco contribuyó a rescatar a numerosas jóvenes, argentinas y extranjeras, que permanecían cautivas contra su voluntad en esos locales, indocumentadas y lejos de su familia.

Pero nunca logró dar con su hija. Algunas jóvenes liberadas revelaron haberla visto drogada, con la fisonomía alterada y con un hijo que habría tenido con un proxeneta. También dijeron haber oído luego versiones de que estaba en España. Liliana Azaraf, activista de la campaña “Ni una mujer más víctima de las redes de prostitución”, un colectivo feminista que exige la abolición de la prostitución, habló con IPS sobre cómo impacta el juicio en la visibilidad de la trata.

“Los casos como el de Marita Verón impactan y dan visibilidad al problema de la trata porque son casos extremos de mujeres de clase media que no estaban en una red de prostitución. Pero todos los casos de explotación son condenables”, aclaró. Azaraf destacó que gracias a casos como éste y a la labor de su madre se sancionó la ley sobre trata de personas. Pero la norma es muy cuestionada por organizaciones de mujeres por fundamentarse en presupuestos erróneos, dijo.

“Siempre estuvimos en desacuerdo con ella porque establece que, para que haya delito, las mujeres mayores de 18 años que están en las redes deben demostrar que fueron captadas bajo engaño y sin su consentimiento”, remarcó. Para Azaraf, este supuesto se basa en la idea de que hay “una prostitución elegida libremente como opción de trabajo, y otra en la que las mujeres son raptadas y forzadas a prostituirse”. La campaña abolicionista rechaza esa distinción.

“La prostitución siempre es violenta y está basada en la desigualdad de sexos. Está lleno de jovencitas empujadas a prostituirse para subsistir, que no fueron captadas por la fuerza sino con ofertas de trabajo”, subrayó. Un nuevo proyecto, aprobado por las organizaciones, ya fue sancionado por el Senado y se debatirá este año en la Cámara de Diputados. El texto elimina la distinción entre mayores y menores de edad.

Según la Red No a la Trata, que agrupa a diversas entidades de mujeres que denuncian estas prácticas, habría unas 500 desaparecidas por causa de estas organizaciones delictivas en Argentina. Pero Azaraf consideró difícil avalar esa cifra. Explicó que hay mujeres que no están desaparecidas pero sí en redes de trata. No viven en cautiverio, se les permite ir a su casa y criar a sus hijos. Pero luego deben volver a ser explotadas sexualmente, reveló.

Ante una mayor presión por investigar estos casos, el Ministerio de Justicia creó la Oficina de Rescate y Acompañamiento a Personas Damnificadas por el Delito de Trata que, según datos oficiales, desde 2008 logró liberar a 3.000 personas. También el Ministerio Público creó una unidad fiscal para asistir la investigación de estos delitos. En un reciente informe, el organismo reveló que en las provincias norteñas, las más pobres del país, se producen la mayoría de los reclutamientos.

Según el estudio, de 93 expedientes judiciales por trata de personas en seis de esas provincias, 77 por ciento de las víctimas eran mujeres, 64 por ciento eran casos de explotación sexual y 70 por ciento eran captadas bajo promesas de trabajo. “Estas cifras revelan a las claras la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran las mujeres de las provincias del norte”, remarca el informe fiscal. También destaca la complicidad policial en algunos casos.

Dos años después del secuestro de Verón, otra joven, Andrea López, de la provincia occidental de Buenos Aires, desapareció sin dejar rastros con 26 años y un hijo de tres. Pero su caso no alcanzó la misma trascendencia. Su esposo, Víctor Purreta, estuvo cinco años preso por obligarla a ejercer la prostitución, pero el proxeneta asegura desconocer su paradero.

La madre de López, Julia Ferreyra, contó que su hija era golpeada por su marido y sospecha que él tuvo que ver con su desaparición. Actualmente, Purreta está libre, pero enfrenta otro proceso por violencia contra su nueva pareja, a quien también golpeaba y obligaba a ejercer la prostitución. Este caso, que involucra a mujeres más vulnerables y con menos recursos, no logró conmover como el de Verón, por el supuesto erróneo de que se trata de mujeres que “aceptaron o eligieron” prostituirse, interpretan las integrantes de la Campaña.

Azaraf también señaló el caso de mujeres explotadas que, tras años de ejercer la prostitución pasan a ser “regentes”, las encargadas de las jóvenes del prostíbulo. Entonces, son perseguidas como victimarias. En el juicio por el caso Verón, se puso en evidencia este devenir.

Una imputada, Daniela Milhein, señalada como una de las personas que participó en la privación de libertad de Verón, negó haberla conocido y contó que ella misma había sido obligada a ejercer la prostitución desde los 16 años. “Seis años fui obligada a trabajar para él sin recibir ni un centavo porque se quedaba con toda la plata”, denunció refiriéndose a Ruben Ale, el proxeneta con quien tuvo luego una hija y que no está acusado.

Por ahora, los testimonios no contribuyen a esclarecer el paradero de la víctima secuestrada en 2002, pero revelan el modo en que operan las redes pese a la prohibición de la promoción de la prostitución en Argentina y las restricciones a su ejercicio.

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Mexico Violento

Policía Ministerial de FGR acusado de detención ilegal, violación y tortura a mujer de 22 años, a quien le fabricaron delitos

Denuncia de detención arbitraria, violación y tortura de joven madre de dos menores por fabricarle delitos de narcotráfico

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SAN JOSÉ DEL CABO, Baja California Sur.- El Frente Mexicano de Derechos Humanos Benjamín Laureano Luna denunció ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) la detención ilegal, violación y tortura a la joven Priscila Marisol García Camacho, a quien la policía ministerial de la Fiscalía General de la República en San José del Cabo pretende fabricarle delitos de venta y distribución de drogas.

En oficio dirigido a la titular de la CNDH, Rosario Ibarra de Piedra, el FMDH expresó que el 24 de junio pasado la joven de 22 años, originaria de la Ciudad de México y con residencia en aquella ciudad desde 2015, viajaba hacia su casa en un vehículo operado por la plataforma Uber, cuando fue interceptado y bajada.

En el folio CNDH/55452/2020 quedó asentado que Priscila Marisol García Camacho fue trasladada el Cereso de La Paz, sembrándole evidencia falsa de uso de la sustancia llamada cristal”, lo cual, dicen sus familiares, es una fabricación de pruebas como represalia a que la hoy indiciada fue testigo de un secuestro frustrado, cuando logró tomar el número de las placas del auto donde se llevaban a una persona.

El FMDH Benjamín Laureano Luna denunció que Priscila Marisol, quien es madre de dos pequeños, sufrió tortura por parte de la policía mencionada para culparse de que fue detenida en las playas de un hotel de San José del Cabo, Baja California, usando la sustancia llamada cristal, por lo que se le abrió la averiguación previa 37/2020.

Jorge Miguel Aldana Ibarra, representante del FMDH, expresó en el oficio que además de la siembra de evidencias de posesión de droga y la declaración sacada mediante tortuna, la hoy inculpada fue violada por uno de los policías ministeriales de la FGR.

La organización defensora de los derechos humanos afirma que en el caso de Priscila Marisol García Camacho se están violentando las normas sobre presunción de inocencia y debido proceso, por lo que exige la libertad inmediata de la indiciada.

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Justicia pendiente

Negligencia médica del Instituto Nacional de Rehabilitación y violaciones a DDHH desde hace 8 años, un reclamo perdido en la burocracia

Adriana Torres Barquín busca justicia desde hace 8 años por malas prácticas médicas del INR y por la violencia institucional padecida por sus reclamos

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Por Ignacio García

En 2012, Adriana Torres Barquín se sometió a un tratamiento en el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) para una intervención médica. Se la programaron para el 31 de octubre de 2013, pero derivado de distintas negligencias médicas sufridas y de la falta de atención por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), hasta el momento sigue padeciendo las secuelas en su salud que le han impedido caminar.

La víctima relató a Los Ángeles Press que en la primera intervención médica se colocaría un fijador externo, pero fue citada 67 días después de la cirugía, aunque tenía que establecerse un plazo de 15 días, por lo que el médico Eduardo Gerardo López Gavito  le informó en una segunda consulta que “algo había salido mal”, por lo que debía efectuarse una segunda operación.

Sin embargo, tres meses después los resultados fueron negativos y al presentar dolores en la pierna, en abril de 2014. López Gavito le comunicó a Torres Barquín que se tendría que volver a efectuar otra intervención quirúrgica, ya que otra vez “algo había salido mal”, y aunque la cita de la misma estaba señalada en julio de ese año, por los malestares generales acudió en mayo a Urgencias. Sin embargo, le negaron la atención médica y por ello acudió al Órgano de Control Interno; y ante las nuevas negativas presentó una denuncia ante la Secretaría de la Función Pública (SFP) sin obtener respuesta.

En septiembre de 2014, Torres Barquín acudió a la CNDH, con la esperanza de que se hicieran valer su derecho a la salud, pero transcurrieron seis meses más sin recibir alguna atención médica, por lo que le recomendaron una serie de terapias, las cuales no pudo cubrir económicamente y por ello únicamente le aumentaron las dosis de medicamentos para mitigar el dolor.

En febrero de 2015, se llevó a cabo la tercera intervención quirúrgica. Adriana no recibió indicaciones de terapia, y un mes después la CNDH remitió el expediente a la Comisión Nacional de Arbitraje Médico (Conamed), aunque en ese momento se mantuvieron dos trámites a su nombre, sin recibir el acompañamiento solicitado.

En abril de ese año, interpuso la denuncia ante la Conamed, pero ante la negativa de conciliación, acudió ante la Procuraduría General de la República (PGR) y aunque acudió al despacho de abogados Coello, Trejo y Asociados, en 2016 su averiguación previa se había retrasado, por lo que en 2017, los juristas abandonaron el caso por los requerimientos de dádivas que solicitaron las autoridades.

En agosto de 2018, Torres Barquín fue revictimizada y sus derechos fueron violentados, nuevamente, por lo que desecharon su caso por la integración errónea del expediente, y aunque la visitadora general de la PGR, Adriana Campos López, se comprometió a acelerar el caso, no ha obtenido respuesta satisfactoria.

En enero de 2019, la PGR le informó que debía ratificar su denuncia de 2016, lo que posibilitaba la convalidación del proceso y que representaba una violación a los derechos humanos, por lo que acudió nuevamente a la CNDH que sólo turnó la solicitud a las autoridades omisas en el caso como el Órgano de Control Interno del INR, sin embargo, no volvió a recibir a respuesta por parte de las autoridades.

Refirió que sólo el fiscal General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, ha atendido su caso, mientras que la CNDH, al frente de Luis Raúl González Pérez, no dio información al respecto, situación por la cual solicitó la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

En la actualidad, el caso de Adriana Torres Barquín, por el daño causado por malas prácticas médicas, se encuentran en el sistema penal acusatorio, pero se ha suspendido por la actuación de los Ministerios Públicos, mientras que el caso continúa interrumpido, por lo que calificó como una mafia en el interior de las instituciones.

Testimonio sobre el trato dado por la CEAV

Adriana Torres ha elaborado un registro de cada acción judicial y de derechos humanos en su defensa para reclamar la atención como víctima de violencia institucional y negligencia médica. Sin embargo, el laberinto de quejas y discriminación también lo ha sufrido por parte de la CEAV.

“El 14 de enero de 2019 de manera extra oficial la licenciada Larisa Huerta, particular del primer visitador, confirmó acompañamiento a la diligencia con personal de CEAV pero en comunicación telefónica el abogado lo negó.

El 31 de enero de 2019, nuevamente de manera extra oficial, la licenciada Larisa Huerta agendó una reunión en las instalaciones de CEAV con la presencia de la Visitadora Adjunta de CNDH, Aimé Angulo Carranza para darme certeza, ya que se encargaría de dar fe y levantar un acta circunstanciada de los acuerdos tomados con el licenciado Roberto Villanueva, secretario particular del Comisionado Ejecutivo de Atención a Víctimas, la licenciada Ana Pamela Romero Guerra, Directora General Adjunta de Atención a Víctimas de Delitos y el licenciado Marcos Francisco López González, Subdirector de la Dirección General de la Asesoría Jurídica Federal de dicha Institución, donde expuse las irregularidades de los servidores públicos de PGR, de la actuación de personal de la CEAV, reitero por la omisión a la solicitud de agosto de 2018 para designar un asesor jurídico y que fue confirmada por el abogado López. De lo acordado destaco:

    1. Ratificar al licenciado Francisco López como asesor jurídico.
    2. El seguimiento del caso para diseñar una estrategia jurídica, coordinado entre el asesor y la Unidad de Análisis Forense de la CEAV especializado en negligencias médicas y con un conocimiento absoluto en temas periciales y científicos forenses.
    3. Vista al Órgano Interno de Control de la CEAV por las omisiones en que incurrieron por la dilación en la atención de la solicitud de la Visitaduría General de la PGR.
    4. Reuniones cada quince días con la agraviada, con el asesor jurídico y la Unidad de Análisis Forense de la CEAV, para informarme sobre los avances del caso.
    5. Inscripción en el registro nacional de víctimas.

Al no recibir por correo la copia del acta, la solicité directamente con personal de CNDH, Aimé Angulo se negó a proporcionármela igual que Rodolfo González Pérez, alegando que no sabía con qué fin la necesitaba.

La licenciada Ana Pamela Romero Guerra, Directora General Adjunta de Atención a Víctimas de Delitos, me la envió por su correo institucional. 

Cumplido el plazo intenté comunicarme telefónicamente y a través de correo electrónico con el personal de CEAV sin que a la fecha tenga respuesta, es decir, están desconociendo el compromiso adquirido conmigo en presencia de un servidor público que por su cargo cuenta con fe pública.

Mientras que el personal de CNDH por su parte tiene la misma conducta excluyendo el hecho de que el correo enviado por la Directora de CEAV cuenta con el hilo mediante el cual Aimé Angulo la envió al personal de CEAV, éste a su vez se compartió con el licenciado López y finalmente a mí.

Al día de hoy, en CEAV no atienden mi llamado ni contestan mis correos electrónicos. Mientras que en CNDH tanto Aimeé Angulo, Rodolfo González Pérez y Larisa Huerta desconocen haber agendado, o en su caso, presentado a una reunión en las instalaciones de CEAV.

Negativa de ayuda de la Senadora Kenia López Rabadan

Con una última esperanza de ser atendida en sus denuncias por las violaciones a sus derechos humanos, y principalmente a su derecho a la salud, Adriana Torres Barquín recurrió a la senadora por el Partido Acción Nacional, Kenia López Rabadan para pedirle ayuda en su gestión. Sin embargo, la respuesta de la senadora fue contundente: “soy amiga de Joaquín Narro Lobo y no actuaría en su contra”.

Un siguiente intento fue con la senadora Citlali Hernández Mora, quien tampoco ha dado respuesta su solicitud.

“Respecto de las OCS, evidenciando que todas, sin excepción son una mafia, me han buscado por Twitter y otros medios, y una vez que tienen la información, niegan atenderme de vuelta, incluidos la ONU DDHH, FUNDAR, SOCIOCRACIA y RENACE, por ejemplo. Y por parte del gobierno INMUJERES, CNDH, CONAPRED”.

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Mexico Violento

UNAM incumple con resolución judicial de proteger a víctima de violencia de género

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La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) no ha cumplido con la sentencia de amparo de otorgar protección a la estudiante de Doctorado de la misma institución, Ivonne Carolina Flores Alcántara, contra su agresor, el catedrático Alfredo Jalife Rahme Barrios, quien incurrió en violencia de género.

El pasado 30 de enero el 14 Tribunal Colegiado en Materia Administrativa determinó que la UNAM por segunda ocasión incumplió con el fallo protector que le fue otorgado a la víctima.

En la primera denuncia que interpuso la estudiante de doctorado el 6 de abril de 2017 reveló que el catedrático adscrito a la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM incurrió en constantes amenazas psicológicas y de muerte e incluso la calificó de “muerta de hambre” y “pésima abogada”, además de que amagaba con avisar al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) que trabajaba para que le retirara la beca de exclusividad de posgrado que recibía.

Por medio de una solicitud de información, la UNAM reconoció que no se inició ningún procedimiento administrativo en contra de Jalife Rahme Barrios, ya que supuestamente le corresponde a un órgano jurisdiccional de la Ciudad de México, aunque previamente habían informado que sí se habían efectuado acciones en contra del catedrático.

La denunciante refirió que el Juzgado Noveno en Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México sobreseyó al director de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM para brindar condiciones de protección en contra del catedrático, mismas que no se efectuaron.

 

Foto: Especial

Foto: Especial

En la denuncia, la víctima de 34 años de edad reveló que conoció al agresor el 9 de julio de 2014 y comenzó a trabajar con él ante petición de su coordinador de posgrado, debido a que se vinculaba con su proyecto de investigación, por lo que comenzó a realizar trabajos de papelería en los que colaboraba con el académico.

Cuando le solicitó los gastos para realizar sus labores, el docente le contestó que le avisaría al Conacyt sobre su actividad extra académica para que le retiraran la beca, y posteriormente en junio de 2016 nuevamente volvió a pedirle pago para continuar con su proyecto tras haber recibido media beca de la Universidad de Melsburg, pero nuevamente volvió a insultarla.

Según la denuncia, Jalife respondió que tenía pruebas de que le había pagado cien mil pesos y amagó con el desprestigio académico, le gritaba, la humillaba, y hasta la amenazó de muerte y fue el 5 de abril de 2017 a Conacyt para solicitar su baja en la beca académica.

Ante dicha situación, acudió a las autoridades competentes, pero hasta el momento no ha recibido las medidas protectoras que garantice que no esté en contacto nuevamente con el agresor.

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