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Violencia contra las mujeres

Víctimas de tráfico sexual obligadas a convertirse en victimarias en Argentina

Tráfico sexual en Argentina con víctimas obligadas a reclutar jóvenes para la prostitución.

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Por Marcela Valente 

Foto: lacapitalmdp.com/ RATT

BUENOS AIRES , Argentina (IPS) – Un juicio emblemático por trata de mujeres está colocando en blanco sobre negro la forma en que operan las redes de tráfico sexual en Argentina, con víctimas forzadas a la larga, y además, a convertirse en victimarias.

A 10 años de su secuestro, comenzó este mes en la provincia noroccidental de Tucumán el juicio por la desaparición de María de los Ángeles Verón, más conocida como Marita, que tenía 23 años y una hija de dos cuando fue capturada. La justicia sentó en el banquillo a 13 imputados -siete hombres y seis mujeres- acusados de haber tenido contacto con Verón en diversos prostíbulos, según testimoniaron otras mujeres rescatadas de estas redes de explotación sexual.

El tribunal los acusa de privación ilegítima de libertad y promoción de la prostitución, y la gran incógnita es si en las audiencias surgirán nuevas pistas que permitan conocer el destino final de la secuestrada. La querellante es la madre de Verón, Susana Trimarco. En su infructuosa búsqueda, logró desentrañar la acción de estas redes, protegidas presuntamente por policías y otros funcionarios, y liberar a 129 jóvenes explotadas.

Por su labor, Trimarco obtuvo en 2007 el premio “Mujer de Coraje”, otorgado por el Departamento de Estado (cancillería) de Estados Unidos. Poco después creó la Fundación María de los Ángeles Verón por la Lucha contra la Trata de Personas. La entidad se dedica a hacer prevención en escuelas y otros centros comunitarios, para evitar la captación de adolescentes y jóvenes en situación de vulnerabilidad. También brinda protección y asistencia integral a víctimas de la trata.

El reclamo de Trimarco que se ventila en el juicio empujó la sanción de una ley de prevención y sanción de la trata en 2008, y la creación de un programa nacional para prevenir y erradicar este delito y asistir a las víctimas. “Lo único que quiero es que Marita aparezca. Cuando se fue, empezó mi calvario”, relató el miércoles 15 ante los jueces. Trimarco, siempre acompañada de su nieta, que ya tiene 13 años, supo que su hija fue vendida a un prostíbulo de la provincia noroccidental de La Rioja y fue a buscarla allí en 2003.

Se hizo pasar por una ex prostituta que buscaba jóvenes para un prostíbulo y recorrió locales donde se ejerce la prostitución en La Rioja y otras provincias del noroeste, pese a que en el país es una actividad restringida legalmente, el proxenetismo está penalizado y en Buenos Aires está prohibida la oferta y demanda del comercio sexual. Con su marido Daniel Verón, ya fallecido, Trimarco contribuyó a rescatar a numerosas jóvenes, argentinas y extranjeras, que permanecían cautivas contra su voluntad en esos locales, indocumentadas y lejos de su familia.

Pero nunca logró dar con su hija. Algunas jóvenes liberadas revelaron haberla visto drogada, con la fisonomía alterada y con un hijo que habría tenido con un proxeneta. También dijeron haber oído luego versiones de que estaba en España. Liliana Azaraf, activista de la campaña “Ni una mujer más víctima de las redes de prostitución”, un colectivo feminista que exige la abolición de la prostitución, habló con IPS sobre cómo impacta el juicio en la visibilidad de la trata.

“Los casos como el de Marita Verón impactan y dan visibilidad al problema de la trata porque son casos extremos de mujeres de clase media que no estaban en una red de prostitución. Pero todos los casos de explotación son condenables”, aclaró. Azaraf destacó que gracias a casos como éste y a la labor de su madre se sancionó la ley sobre trata de personas. Pero la norma es muy cuestionada por organizaciones de mujeres por fundamentarse en presupuestos erróneos, dijo.

“Siempre estuvimos en desacuerdo con ella porque establece que, para que haya delito, las mujeres mayores de 18 años que están en las redes deben demostrar que fueron captadas bajo engaño y sin su consentimiento”, remarcó. Para Azaraf, este supuesto se basa en la idea de que hay “una prostitución elegida libremente como opción de trabajo, y otra en la que las mujeres son raptadas y forzadas a prostituirse”. La campaña abolicionista rechaza esa distinción.

“La prostitución siempre es violenta y está basada en la desigualdad de sexos. Está lleno de jovencitas empujadas a prostituirse para subsistir, que no fueron captadas por la fuerza sino con ofertas de trabajo”, subrayó. Un nuevo proyecto, aprobado por las organizaciones, ya fue sancionado por el Senado y se debatirá este año en la Cámara de Diputados. El texto elimina la distinción entre mayores y menores de edad.

Según la Red No a la Trata, que agrupa a diversas entidades de mujeres que denuncian estas prácticas, habría unas 500 desaparecidas por causa de estas organizaciones delictivas en Argentina. Pero Azaraf consideró difícil avalar esa cifra. Explicó que hay mujeres que no están desaparecidas pero sí en redes de trata. No viven en cautiverio, se les permite ir a su casa y criar a sus hijos. Pero luego deben volver a ser explotadas sexualmente, reveló.

Ante una mayor presión por investigar estos casos, el Ministerio de Justicia creó la Oficina de Rescate y Acompañamiento a Personas Damnificadas por el Delito de Trata que, según datos oficiales, desde 2008 logró liberar a 3.000 personas. También el Ministerio Público creó una unidad fiscal para asistir la investigación de estos delitos. En un reciente informe, el organismo reveló que en las provincias norteñas, las más pobres del país, se producen la mayoría de los reclutamientos.

Según el estudio, de 93 expedientes judiciales por trata de personas en seis de esas provincias, 77 por ciento de las víctimas eran mujeres, 64 por ciento eran casos de explotación sexual y 70 por ciento eran captadas bajo promesas de trabajo. “Estas cifras revelan a las claras la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran las mujeres de las provincias del norte”, remarca el informe fiscal. También destaca la complicidad policial en algunos casos.

Dos años después del secuestro de Verón, otra joven, Andrea López, de la provincia occidental de Buenos Aires, desapareció sin dejar rastros con 26 años y un hijo de tres. Pero su caso no alcanzó la misma trascendencia. Su esposo, Víctor Purreta, estuvo cinco años preso por obligarla a ejercer la prostitución, pero el proxeneta asegura desconocer su paradero.

La madre de López, Julia Ferreyra, contó que su hija era golpeada por su marido y sospecha que él tuvo que ver con su desaparición. Actualmente, Purreta está libre, pero enfrenta otro proceso por violencia contra su nueva pareja, a quien también golpeaba y obligaba a ejercer la prostitución. Este caso, que involucra a mujeres más vulnerables y con menos recursos, no logró conmover como el de Verón, por el supuesto erróneo de que se trata de mujeres que “aceptaron o eligieron” prostituirse, interpretan las integrantes de la Campaña.

Azaraf también señaló el caso de mujeres explotadas que, tras años de ejercer la prostitución pasan a ser “regentes”, las encargadas de las jóvenes del prostíbulo. Entonces, son perseguidas como victimarias. En el juicio por el caso Verón, se puso en evidencia este devenir.

Una imputada, Daniela Milhein, señalada como una de las personas que participó en la privación de libertad de Verón, negó haberla conocido y contó que ella misma había sido obligada a ejercer la prostitución desde los 16 años. “Seis años fui obligada a trabajar para él sin recibir ni un centavo porque se quedaba con toda la plata”, denunció refiriéndose a Ruben Ale, el proxeneta con quien tuvo luego una hija y que no está acusado.

Por ahora, los testimonios no contribuyen a esclarecer el paradero de la víctima secuestrada en 2002, pero revelan el modo en que operan las redes pese a la prohibición de la promoción de la prostitución en Argentina y las restricciones a su ejercicio.

Investigaciones

La violencia tolerada de los youtuberos: el caso de las activistas de CDMX

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Por Ignacio García y Guadalupe Lizárraga

Los youtuberos Carlos Alberto de la Mora, en su personaje “Rata Política”, y Óscar Onofre Zurita, “Cerdonio fifí”, fueron detenidos por la policía de la Ciudad de México, acusados de agredir y grabar a mujeres de distintos colectivos feministas que se pronunciaban contra los feminicidios durante la marcha del primero de noviembre. Al hacer públicos los hechos, se generó un revuelo en las redes sociales contra la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum, a quien pedían su renuncia, y contra destacadas activistas, a quienes lanzaron insultos, críticas, y amenazas de muerte. La violencia contra las mujeres en la red fue la marca de los youtuberos.

La abogada y activista, integrante del colectivo Las del Aquelarre Feminista, Ana Elena Contreras, denunció durante el conversatorio “Nuestras Muertas”, en la Ciudad de México, que los youtuberos habían agredido a varias mujeres que habían participado en la marcha y se encontraban en el monumento de los feminicidios frente al Palacio de Bellas Artes.

La defensora de los derechos humanos dijo que los agresores acosaron y filmaron a varias mujeres sin su consentimiento, e incluso hubo agresiones físicas a una menor, familiar de la activista Norma Andrade, de Nuestras hijas de regreso a casa, por lo que solicitó el apoyo policiaco, y fueron detenidos los youtuberos. Fue entonces que se desplegó un ataque intenso en las redes sociales hacia las mujeres y hacia la jefa de Gobierno.

“El lunes 2 de noviembre por la mañana y a raíz de una publicación en Facebook relacionada con los acontecimientos del domingo 1 de noviembre, me “doxean” llevando mi publicación a un foro llamado “Radio Búfalo”. En dicho post me referí a la reacción de las personas en el mundo virtual por la detención de un par de youtuberos y referí que desearía que así se indignaran cada vez que una niña o una mujer era violada o asesinada”.

Como reacción a su publicación, preguntaron a Ana Elena Contreras que si había estado en el lugar del suceso, por lo que ella respondió:

“Sí, yo llamé para los refuerzos, porque las dos policías que estaban no pudieron ni siquiera entablar diálogos con ellos con ellos, así que me tocó llamar a un contacto para que enviaran al resto de los policías”.

El mensaje, sin embargo, había sido desvirtuado y a partir de allí, el acoso en todos los espacios virtuales no cesaba. Ana Elena Contreras fue señalada con una serie de calificativos que la denigraban como mujer al tiempo que recibía amenazas de muerte. Se enfrentaba a una campaña de linchamiento virtual, pese a la evidencia videográfica del altercado donde una de las policías había sido agredida físicamente.

“Cuando me di cuenta de esto ya había fotografías mías en todos los espacios. Ahora se han enfocado en hostigar a mi jefe para exigir mi despido, lo que me tiene preocupada a pesar de que mi jefe ya se deslindó de los hechos, ya que al inicio fue señalado como la persona que supuestamente me financiaba”.

La persona a la que se refiere Ana Elena Contreras como su jefe es el diputado de MORENA, Martín Padilla Sánchez, del Congreso de la Ciudad de México.

“Se me involucró en estos incidentes, de que había sido partícipe. Sin embargo, yo no tuve nada que ver en el asunto, y me entero de que se me hace mención y empiezan a hacer cuestionamientos en torno a este tema y posteriormente vino una serie de acusaciones sin fundamentos, agresiones, incluso mensajes amenazadores, en ese sentido”, apuntó el diputado.

El diputado Padilla Sánchez señaló que ninguno de los youtuberos involucrados en el conflicto había solicitado su opinión al respecto, y que el foro de Facebook Radio Búfalo era el que más agresiones profería sin buscar ningún acercamiento para conocer su versión.

Respecto a la violencia de género en las redes sociales, señaló el diputado Padilla Sánchez que ha participado en campañas contra la erradicación, pero que el incremento de la violencia digital –calumnias, amenazas, dong y hostigamiento– requiere analizarse desde la tribuna legislativa.

El diputado también fue amenazado de muerte por ser el vínculo laboral de la activista, a quien destacó el legislador como una persona íntegra y comprometida con la lucha por los derechos de las mujeres.

 

La versión que no se quiso escuchar

Dyan Verha, seudónimo de una de las voces que atestiguó cómo iniciaron las agresiones, dijo a Los Ángeles Press que sin ser dueña de la verdad, era importante conocer los dos lados de la historia. Sin embargo, su historia como la de las demás mujeres fue acallada por los youtuberos y sus aliados. La versión de Verha:

“Primero fueron dos policías a dialogar, incluso una de las activistas les pidió (a los youtuberos) que se marcharan; a lo cual la Ratita y su gente se negaron y alardearon de quiénes eran. Tanto fue el nivel de pelea y de agresividad que Ana Elena Contreras tuvo que pedir refuerzos”.

También señaló la testigo que los youtuberos fueron detenidos porque “la nieta de una activista fue agredida, menor de edad”, y que los youtuberos habían salido en libertad porque las denunciantes no levantaron cargos contra ellos ante la intimidación por las redes sociales en apoyo a ellos.

Verha también fue acosada en las redes sociales, y siendo del grupo de Amlovers difundían falsamente que era del movimiento opositor FRENAAA. Los seguidores de los youtuberos tomaron la imagen de su perfil con su hija de 11 años, y la difundieron profusamente en los grupos acusándola de ser opositora al presidente López Obrador.

“Le pedí a Rafael Herrera (youtubero de Sin Censura, de Vicente Serrano) que quitara la conversación y le expliqué lo que le acabo de contar, incluso le pedí que escuchara a las activistas. Al final sólo quitó mi conversación. Pero ni el Chapucero ni el Quesadillero de la verdad –o cómo se llame– lo han hecho”.

Señaló que habían fabricado unos videos donde relacionaban a un funcionario de gobierno de Claudia Sheinbaum con la activista Ana Elena Contreras, aludiendo una relación sentimental, y que por eso el influyentismo.

“El hombre es mi primo, vive en Morelia y se llama Eduardo. En los grupos se maneja que ese mismo día Rata política ya había tenido un enfrentamiento con unas personas de FRENAAA, me atrevo a suponer que se buscaba este roce para comenzar una campaña de desprestigio para la jefa de Gobierno”.

Insistió en que les pedía por favor que retiraran de los grupos la foto de su hija menor de edad por el daño moral que le ocasionaba, sin embargo, no fue escuchada.

La violencia de género en la red, normalizada

“Puta, femenaca, zorra, culera, perra, por eso las matan”, fueron parte de los insultos que recibió Ana Elena Contreras, de los que hacían eco los seguidores de los youtuberos, utilizando bots y cuentas anónimas.

El usuario con el nombre de Mau Rodríguez de la cuenta @mau_rodriguez77 dijo que “al parecer el colectivo feminista estaba bien conectado”, ya que aseveró que “su líder” –en referencia a Ana Elena Contreras– se presentaba como asesora de Derechos Humanos del Congreso de la Ciudad de México con el Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA).

 

La activista Norma Andrade, quien desarrolló su trabajo de lucha en contra de los feminicidios de Ciudad Juárez a raíz del secuestro y asesinato de su hija en 2001, fue también acosada por los youtuberos y señalada en la red como una “líder feminazi” por presuntamente haber reclamado a los youtuberos de grabar a las mujeres en la movilización. Incluso, sus agresores convocaron a otros seguidores a unirse para amedrentarla. Uno de los mensajes que revelaba su identidad decía: “Duro con esta líder feminazi en su próxima marcha, démosle con todo”. Incluso el youtubero Nacho Rodríguez (El Chapucero) retuiteaba las agresiones a Norma Andrade y pedía la renuncia de la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum, mientras llamaba “presos políticos” a los youtuberos detenidos Carlos Alberto de la Mora y Óscar Onofre Zurita.

 

Los seguidores de los youtuberos que agredieron a las activistas se presentaron en la red como simpatizantes de la 4T, movimiento ideológico liderado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, y aseguraron que la activista Ana Elena Contreras formaba parte del movimiento político denominado “FRENAAA” que ha demandado la salida del mandatario. En tanto, otros seguidores reclamaron que ella supuestamente había usado sus influencias para detener a los youtuberos y convocaban al linchamiento digital.

Los usuarios de las redes en favor de los youtuberos atacaban de manera coordinada con información engañosa y convocaban a otros grupos a organizarse de la misma manera. En Facebook, destacaban los mensajes de los usuarios como Héctor Fuentes que deseaban que Ana Elena Contreras fuera encarcelada, mientras que otro identificado como Mauricio Pulido la amenazaba con desaparecerla. Quesadillas de Verdades también la acusó de ser cercana a la jefa de Gobierno y de “meter a gente que se le da la gana a la cárcel”.

Al respecto, la red feminista internacional Enredhadas reprobó las agresiones contra la activista y exigieron al Estado mexicano que garantice condiciones de seguridad para evitar nuevos ataques, por lo que demandaron que concluya el linchamiento mediático en su contra, situación por la que llamaron a más organizaciones y colectivos a unirse a la exigencia general.

Por su parte, la secretaria de las Mujeres de la Ciudad de México, Ingrid Gómez Saracíbar, condenó la violencia digital que ha sufrido la activista en redes sociales, y expuso que el colectivo Las del Aquelarre Feminista forma parte del Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario que da seguimiento a las acciones de la Alerta de la violencia contra las mujeres, quienes tienen cargos honorarios, sin remuneración de la administración pública local.

Las campañas de odio en Twitter

El Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México en 2016, realizó un estudio en el que especifica que Twitter es la plataforma digital donde más se promueven campañas de odio contra las mujeres, y en Facebook donde más se agrede a las mujeres activistas. Uno de los más recientes estudios, Ser Periodista en Twitter realizados por las organizaciones Sentido y Comunicación para la Igualdad, reveló que las consecuencias de la violencia digital contra mujeres consistían en disminuir drásticamente su participación en el debate público, aislarse socialmente y su movilidad era limitada, además de padecer sufrimiento psicológico, físico y verbal.

Asimismo señala el estudio que el 67% de las periodistas entrevistadas optaron por dejar de hacer publicaciones sobre temas que podían generales una agresión; otras, de plano, se retiraron de la red.

En el caso de Ana Elena Contreras, optó por cerrar sus cuentas ante las constantes amenazas de muerte.

 

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Latinoamérica

Ser periodista en Twitter: Las mujeres enfrentan la violencia digital con más ataques sexistas que los hombres

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El 67% de las periodistas optó por dejar de hacer publicaciones en redes sobre temas que sabían que podían generarles una agresión, o de plano se retiraron de Twitter o redujeron la frecuencia de sus opiniones.

AmecoPress

MADRID.- A los periodistas hombres se les ataca en redes sociales por el trabajo que hacen. A las mujeres periodistas, además de eso, la mayor cantidad de agresiones que reciben son sexistas. Ellas reciben un 30% más insultos sobre su físico, 20% más expresiones sexistas y 10% más comentarios que las tachan de no tener capacidad intelectual.

 

Esto reveló el estudio Ser Periodista en Twitter de las organizaciones Sentido y Comunicación para la Igualdad, que analizó las interacciones de 66 comunicadoras y comunicadores en 7 países de América Latina y los entrevistó.

“A las mujeres, sistemáticamente, cuando nos insultan, además de que nos dicen ‘facha’ o ‘hija de puta’, ya de paso nos dicen ‘sos una gorda malcogida’. Siempre el insulto vinculado con lo sexual o lo físico está intrínsecamente asociado a la mujer, no al hombre. En el caso de los hombres periodistas que sigo y que he visto a lo largo de estos años que reciben insultos (no digo que no reciban insultos, reciben en iguales cantidades), jamás les dicen ‘sos un malcogido’. A ellos les dicen ‘¿cuánto te pagaron?’”, señaló una periodista uruguaya que participó en el estudio.

De entre los entrevistados, 14% de los hombres sintió que en el último año recibió un volumen alto de ataques, mientras que entre mujeres el porcentaje se duplica a 28.5%. Y de distintos tipos de violencia, como desprestigio, discriminación, acoso y monitoreo, ellas siempre fueron las más afectadas.

Donde resultó más notorio fue en ataques que incluyeron la difusión de información personal o íntima, ya que 47% de mujeres lo experimentaron, pero solo 14% de varones. Además, ninguno de ellos sufrió que hackearan su cuenta, como sí le ocurrió a 9.5% de mujeres, y ninguno fue víctima de abuso sexual tecnológico, ante el 5% de ellas que sí lo fueron.

Solo cuando se trata de amenazas directas, los hombres reciben más. Pero las mujeres manifiestan más temor de que puedan concretarse porque muchos ataques vienen de personas reales e identificables.

La situación se vuelve peor si son periodistas que cubren temas de feminismo o derechos de las mujeres, o incluso simplemente al ser identificadas como feministas, y ya aunque estén tuiteando de otra cosa, reciben insultos como “feminazi”.

Países con mayor violencia de género en la red

El estudio detectó que esto es especialmente grave en cuatro países, entre ellos México, además de Paraguay, Argentina y Uruguay.

Por eso, la mayoría de comunicadoras contestaron que su libertad de expresión se vio disminuida. El 67% optó por dejar de hacer publicaciones en redes sobre temas que sabían que podían generarles una agresión, o de plano se retiraron de Twitter o redujeron la frecuencia de sus opiniones. Mientras que entre hombres, el 57% dijo que sigue usando la red social como si nada.

“Dejé de usar palabras como ‘patriarcado’, ‘machirulo’, ‘machista’; ahora trato de usar ‘agresión’ en vez de ‘violencia’ o busco sinónimos para no decir ‘violencia machista’”, dijo una comunicadora paraguaya.

“No miro qué me responden a lo que tuiteo, es como un tuit a ciegas para evitar justamente hurgar mucho ahí y volverme nada. Recibo agresiones por todo: porque comento sobre la pelea de dos periodistas, porque retuiteo una noticia, porque digo algo en contra del presidente, porque les cuento qué me soñé ayer…”, contó otra, colombiana.

Las reacciones para tratar de defenderse también cambian entre géneros: 71.5% de mujeres que recibió comentarios agresivos denunció dentro de la propia red social, pero solo 43% de varones. Aunque una comentó que Twitter solo llega a bajar cuentas con pocos seguidores, pero no las que tienen mucho y, por lo tanto, tienen más repercusión.

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Mexico Violento

Policía Ministerial de FGR acusado de detención ilegal, violación y tortura a mujer de 22 años, a quien le fabricaron delitos

Denuncia de detención arbitraria, violación y tortura de joven madre de dos menores por fabricarle delitos de narcotráfico

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SAN JOSÉ DEL CABO, Baja California Sur.- El Frente Mexicano de Derechos Humanos Benjamín Laureano Luna denunció ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) la detención ilegal, violación y tortura a la joven Priscila Marisol García Camacho, a quien la policía ministerial de la Fiscalía General de la República en San José del Cabo pretende fabricarle delitos de venta y distribución de drogas.

En oficio dirigido a la titular de la CNDH, Rosario Ibarra de Piedra, el FMDH expresó que el 24 de junio pasado la joven de 22 años, originaria de la Ciudad de México y con residencia en aquella ciudad desde 2015, viajaba hacia su casa en un vehículo operado por la plataforma Uber, cuando fue interceptado y bajada.

En el folio CNDH/55452/2020 quedó asentado que Priscila Marisol García Camacho fue trasladada el Cereso de La Paz, sembrándole evidencia falsa de uso de la sustancia llamada cristal”, lo cual, dicen sus familiares, es una fabricación de pruebas como represalia a que la hoy indiciada fue testigo de un secuestro frustrado, cuando logró tomar el número de las placas del auto donde se llevaban a una persona.

El FMDH Benjamín Laureano Luna denunció que Priscila Marisol, quien es madre de dos pequeños, sufrió tortura por parte de la policía mencionada para culparse de que fue detenida en las playas de un hotel de San José del Cabo, Baja California, usando la sustancia llamada cristal, por lo que se le abrió la averiguación previa 37/2020.

Jorge Miguel Aldana Ibarra, representante del FMDH, expresó en el oficio que además de la siembra de evidencias de posesión de droga y la declaración sacada mediante tortuna, la hoy inculpada fue violada por uno de los policías ministeriales de la FGR.

La organización defensora de los derechos humanos afirma que en el caso de Priscila Marisol García Camacho se están violentando las normas sobre presunción de inocencia y debido proceso, por lo que exige la libertad inmediata de la indiciada.

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