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Violencia contra las mujeres

Víctimas de tráfico sexual obligadas a convertirse en victimarias en Argentina

Tráfico sexual en Argentina con víctimas obligadas a reclutar jóvenes para la prostitución.

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Por Marcela Valente 

Foto: lacapitalmdp.com/ RATT

BUENOS AIRES , Argentina (IPS) – Un juicio emblemático por trata de mujeres está colocando en blanco sobre negro la forma en que operan las redes de tráfico sexual en Argentina, con víctimas forzadas a la larga, y además, a convertirse en victimarias.

A 10 años de su secuestro, comenzó este mes en la provincia noroccidental de Tucumán el juicio por la desaparición de María de los Ángeles Verón, más conocida como Marita, que tenía 23 años y una hija de dos cuando fue capturada. La justicia sentó en el banquillo a 13 imputados -siete hombres y seis mujeres- acusados de haber tenido contacto con Verón en diversos prostíbulos, según testimoniaron otras mujeres rescatadas de estas redes de explotación sexual.

El tribunal los acusa de privación ilegítima de libertad y promoción de la prostitución, y la gran incógnita es si en las audiencias surgirán nuevas pistas que permitan conocer el destino final de la secuestrada. La querellante es la madre de Verón, Susana Trimarco. En su infructuosa búsqueda, logró desentrañar la acción de estas redes, protegidas presuntamente por policías y otros funcionarios, y liberar a 129 jóvenes explotadas.

Por su labor, Trimarco obtuvo en 2007 el premio «Mujer de Coraje», otorgado por el Departamento de Estado (cancillería) de Estados Unidos. Poco después creó la Fundación María de los Ángeles Verón por la Lucha contra la Trata de Personas. La entidad se dedica a hacer prevención en escuelas y otros centros comunitarios, para evitar la captación de adolescentes y jóvenes en situación de vulnerabilidad. También brinda protección y asistencia integral a víctimas de la trata.

El reclamo de Trimarco que se ventila en el juicio empujó la sanción de una ley de prevención y sanción de la trata en 2008, y la creación de un programa nacional para prevenir y erradicar este delito y asistir a las víctimas. «Lo único que quiero es que Marita aparezca. Cuando se fue, empezó mi calvario», relató el miércoles 15 ante los jueces. Trimarco, siempre acompañada de su nieta, que ya tiene 13 años, supo que su hija fue vendida a un prostíbulo de la provincia noroccidental de La Rioja y fue a buscarla allí en 2003.

Se hizo pasar por una ex prostituta que buscaba jóvenes para un prostíbulo y recorrió locales donde se ejerce la prostitución en La Rioja y otras provincias del noroeste, pese a que en el país es una actividad restringida legalmente, el proxenetismo está penalizado y en Buenos Aires está prohibida la oferta y demanda del comercio sexual. Con su marido Daniel Verón, ya fallecido, Trimarco contribuyó a rescatar a numerosas jóvenes, argentinas y extranjeras, que permanecían cautivas contra su voluntad en esos locales, indocumentadas y lejos de su familia.

Pero nunca logró dar con su hija. Algunas jóvenes liberadas revelaron haberla visto drogada, con la fisonomía alterada y con un hijo que habría tenido con un proxeneta. También dijeron haber oído luego versiones de que estaba en España. Liliana Azaraf, activista de la campaña «Ni una mujer más víctima de las redes de prostitución», un colectivo feminista que exige la abolición de la prostitución, habló con IPS sobre cómo impacta el juicio en la visibilidad de la trata.

«Los casos como el de Marita Verón impactan y dan visibilidad al problema de la trata porque son casos extremos de mujeres de clase media que no estaban en una red de prostitución. Pero todos los casos de explotación son condenables», aclaró. Azaraf destacó que gracias a casos como éste y a la labor de su madre se sancionó la ley sobre trata de personas. Pero la norma es muy cuestionada por organizaciones de mujeres por fundamentarse en presupuestos erróneos, dijo.

«Siempre estuvimos en desacuerdo con ella porque establece que, para que haya delito, las mujeres mayores de 18 años que están en las redes deben demostrar que fueron captadas bajo engaño y sin su consentimiento», remarcó. Para Azaraf, este supuesto se basa en la idea de que hay «una prostitución elegida libremente como opción de trabajo, y otra en la que las mujeres son raptadas y forzadas a prostituirse». La campaña abolicionista rechaza esa distinción.

«La prostitución siempre es violenta y está basada en la desigualdad de sexos. Está lleno de jovencitas empujadas a prostituirse para subsistir, que no fueron captadas por la fuerza sino con ofertas de trabajo», subrayó. Un nuevo proyecto, aprobado por las organizaciones, ya fue sancionado por el Senado y se debatirá este año en la Cámara de Diputados. El texto elimina la distinción entre mayores y menores de edad.

Según la Red No a la Trata, que agrupa a diversas entidades de mujeres que denuncian estas prácticas, habría unas 500 desaparecidas por causa de estas organizaciones delictivas en Argentina. Pero Azaraf consideró difícil avalar esa cifra. Explicó que hay mujeres que no están desaparecidas pero sí en redes de trata. No viven en cautiverio, se les permite ir a su casa y criar a sus hijos. Pero luego deben volver a ser explotadas sexualmente, reveló.

Ante una mayor presión por investigar estos casos, el Ministerio de Justicia creó la Oficina de Rescate y Acompañamiento a Personas Damnificadas por el Delito de Trata que, según datos oficiales, desde 2008 logró liberar a 3.000 personas. También el Ministerio Público creó una unidad fiscal para asistir la investigación de estos delitos. En un reciente informe, el organismo reveló que en las provincias norteñas, las más pobres del país, se producen la mayoría de los reclutamientos.

Según el estudio, de 93 expedientes judiciales por trata de personas en seis de esas provincias, 77 por ciento de las víctimas eran mujeres, 64 por ciento eran casos de explotación sexual y 70 por ciento eran captadas bajo promesas de trabajo. «Estas cifras revelan a las claras la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran las mujeres de las provincias del norte», remarca el informe fiscal. También destaca la complicidad policial en algunos casos.

Dos años después del secuestro de Verón, otra joven, Andrea López, de la provincia occidental de Buenos Aires, desapareció sin dejar rastros con 26 años y un hijo de tres. Pero su caso no alcanzó la misma trascendencia. Su esposo, Víctor Purreta, estuvo cinco años preso por obligarla a ejercer la prostitución, pero el proxeneta asegura desconocer su paradero.

La madre de López, Julia Ferreyra, contó que su hija era golpeada por su marido y sospecha que él tuvo que ver con su desaparición. Actualmente, Purreta está libre, pero enfrenta otro proceso por violencia contra su nueva pareja, a quien también golpeaba y obligaba a ejercer la prostitución. Este caso, que involucra a mujeres más vulnerables y con menos recursos, no logró conmover como el de Verón, por el supuesto erróneo de que se trata de mujeres que «aceptaron o eligieron» prostituirse, interpretan las integrantes de la Campaña.

Azaraf también señaló el caso de mujeres explotadas que, tras años de ejercer la prostitución pasan a ser «regentes», las encargadas de las jóvenes del prostíbulo. Entonces, son perseguidas como victimarias. En el juicio por el caso Verón, se puso en evidencia este devenir.

Una imputada, Daniela Milhein, señalada como una de las personas que participó en la privación de libertad de Verón, negó haberla conocido y contó que ella misma había sido obligada a ejercer la prostitución desde los 16 años. «Seis años fui obligada a trabajar para él sin recibir ni un centavo porque se quedaba con toda la plata», denunció refiriéndose a Ruben Ale, el proxeneta con quien tuvo luego una hija y que no está acusado.

Por ahora, los testimonios no contribuyen a esclarecer el paradero de la víctima secuestrada en 2002, pero revelan el modo en que operan las redes pese a la prohibición de la promoción de la prostitución en Argentina y las restricciones a su ejercicio.

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Mexico Violento

Libertad por Amnistía a víctima de violencia de género acusada de homicidio en Estado de México

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Alejandra Arriaga Romero, violentada por su situación de vulnerabilidad y discriminación, fue condenada a 45 años de prisión

La organización Presunción de Inocencia y Derechos Humanos, (PIDH AC), dirigida por José Humbertus Pérez Espinoza, llevó la gestión de libertad por amnistía en favor de Alejandra Arriaga Romero, de 44 años, quien estaba condenada a 45 años de prisión, siendo víctima de violencia de género.

La organización tuvo el acompañamiento de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM), y de la maestra Myrna García Morón, de la “Casa de Libertades”, que se dedican a la defensa de los derechos humanos de las mujeres violentadas.

Presunción de Inocencia presentó la argumentación jurídica y los fundamentos convencionales para la obtención de la libertad de Alejandra Arriaga Romero, y pidió a las familias de los falsos culpables seguir en la defensa de la Ley de Amnistía del Estado de México, ya que son el único colectivo que realiza estas gestiones de defensa ante el Poder Legislativo y la Comisión Especial en Materia de Amnistía de la LXI Legislatura, instancias que tienen la facultad constitucional de otorgar las Amnistía a falsos culpables por delitos de alto impacto que son inocentes.

Argumentación y bases jurídicas para la libertad de Alejandra

  1. Alejandra Arriaga Romero, de edad 44 años, el nombre de la persona que presenta la solicitud es Beda Sarmiento Gutiérrez, representante legal de PIDH A.C., que su nombre a quedado descrito en el primer párrafo, también la identidad de la organización en defensa de los derechos humanos se describe con el Instrumento notarial, fue condenada a una sentencia de 45 años de prisión, no obstante, de realizar una legitima defensa para proteger su vida.
  2. Alejandra Arriaga Romero ella misma se presentó a la Agencia del Ministerio Público, para narrar como habían sucedido los hechos ante las constantes agresiones que vivía de violencia intrafamiliar, porque desde que se caso su esposo el sujeto que la agredía, exmilitar retirado que por celos la humillaba, la ofendía con golpizas interminables y la violentaba físicamente, sexual y psicológicamente.
  3. El 31 de mayo de 2015, Alejandra Arriaga Romero (aproximadamente a las 21.30 horas y 22:00 horas) fue violentada por enésima ocasión por José Ángel “N”, el agresor llegó con un cuchillo en  la mano amenazándola de que la iba a matar acercándole el arma blanca. Arriaga Romero, en defensa, sacó del buró una pistola vieja que no funcionaba, la cual nunca la accionó, solo la utilizó para defenderse, (porque ambos estaban solos y además sabían que no servía), al ver que se acercaba para agredirla ella le aventó la pistola, misma que se accionó y salió el disparo que privó de la vida al a José Ángel “N”.

El mismo 31 de mayo de 2015, José Ángel “N” intentó violentar sexualmente a Alejandra Arriaga Romero. Al poner resistencia, él la ofende y amenaza. Esto era un actitud frecuente durante los 14 años que estuvieron casados, Alejandra Arriaga Romero era golpeada y también sus hijos por José Ángel “N”, quién en el interior de la casa tenía diversas armas de fuego, (armas que fueron encontradas por la policía cuando llegaron al lugar de los hechos y las ubicaron debajo de la cama en el lugar en donde el dormía).

Diversos testimonio familiares se vertieron en contra del ex militar José Ángel “N” quien le colocaba almohadas para asfixiarla a Alejandra, y en ocasiones frente a los hijos y ellos mismos eran duramente lastimados por él.

4. Primeramente, la autoridad responsable que violó los derechos humanos fue el Ministerio Público, no obstante que Alejandra Arriaga Romero, al ver que no llegaba la ambulancia, en reiteradas ocasiones le habló al Ministerio Público y las patrullas que hacían rondines en el poblado de Santa María Totoltepec en el Municipio de Toluca.

Los policías auxiliares llegaron entre la 1:30 y 2:00 de la mañana y no preservaron el lugar de los hechos, en virtud de que nadie estaba en la casa porque Alejandra Arriaga Romero estaba en la Agencia del Ministerio Público desde las 11:45 horas del 31 de mayo de 2015, y no hubo nadie que les abriera la puerta, toda vez que a la esposa no la dejaron salir de Ministerio Público, no obstante que ni siquiera la policía y el Ministerio Público habían iniciado las investigaciones.

El esposo de Raquel Romero Martínez el señor Roberto Martínez Mauricio fue quién llegó con la policía, el Ministerio Público, los peritos forenses, a las nueve horas, después no obstante que desde antes de las 24:00horas entre las 10:00 horas a 11:30 del 31 de mayo de 2015 Alejandra Arriaga Romero llamó reiteradamente al Ministerio Público para decirle de la muerte de José Ángel.

El Ministerio Público, al conocer de los hechos porque la propia Alejandra Arriaga Romero fue a denunciarlos en compañía del esposo de su mamá el señor Roberto Martínez Mauricio y lo acompaño su compadre, la representación social al tener la noticia criminal en donde perdió la vida de José Ángel “N”, el Ministerio Público no ordenó de manera inmediata que policías y peritos iniciaran las investigaciones y con esto se violó el Acuerdo 07/2013 del Protocolo de Homicidio, publicado en la Gaceta de Gobierno del Estado de México el miércoles 29 de mayo de 2013.

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Mexico Violento

Colectivo Artículo 20 denuncia muerte de internas con enfermedades terminales tras su traslado arbitrario al Cefereso #16

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Los Ángeles Press

Familiar de una interna enferma de cáncer, en el Centro de Rehabilitación Social de Acapulco, Guerrero, denunció el fallecimiento tras su traslado arbitrario al Centro Federal número 16, en Coatlán del Río, Morelos. Según el testimonio dado al colectivo de derechos humanos Artículo 20, la interna de nombre Guadalupe Merino Sánchez, «iba estable» pero se le suspendió su tratamiento. Se trata de la tercera muerte tras el traslado arbitrario al mismo penal federal.

“La dejaron morir, yo tengo todos los audios grabados dónde mi mamá me decía que no le daban de comer y tampoco le daban la atención médica”, señaló en su testimonio la hija de la interna. Reiteró que nunca le dieron un medicamento, ni por humanidad, siendo una enferma en fase terminal, pero que además le piden 10 mil pesos (530 dólares) para el traslado del cuerpo nuevamente a Acapulco.

Durante los últimos cinco meses, se han realizado al menos unos 500 traslados de los centros estatales al CEFERESO número 16, de Morelos, sin justificación, ya que la mayoría de las internas son del fuero común, señala la organización Artículo 20.

El centro federal femenil, de acuerdo con la denuncia, se trata de un penal concesionado a una empresa privada presuntamente por el grupo Carso, del que es dueño el empresario Carlos Slim, y que en entrevista para Los Ángeles Press, las activistas de los derechos humanos de las internas en el movimiento «Ola Beige» habían denunciado una serie de irregularidades que iban desde el maltrato hasta la falta de atención médica.

El traslado masivo de mujeres y hombres en reclusión, con procesos judiciales del fuero común a penales federales, “es una violación de derechos humanos al alejarlos de sus familias a cientos de kilómetros, como pasó con las reclusas del puerto de Acapulco, del Cereso de Las Cruces”, apuntó la denunciante de Artículo 20.

Los familiares de las internas con traslados arbitrarios se han organizado en diversas protestas para exigir el retorno de sus familiares, sobre todo porque implicó que personas con enfermedades terminales, interrumpieran su tratamiento, lo que derivó en la muerte antes de tiempo.

También se enfatizó que la falta de atención médica en el Cefereso 16 se debe a la fata de personal, ya que sólo hay dos médicos para 1200 reclusas, además de que la comida es escasa y falta agua potable, les limitaron las llamadas telefónicas y la entrada de suministros.

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Mexico Violento

Salva a su hija de abuso sexual por parte de la nueva pareja de la madre, y ella lo acusa de violencia de género

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Acusado con falsos testimonios de maltrato familiar tras denunciar el abuso a su hija

  • Posible colusión entre la jueza y el acusado de abuso sexual en el Edomex

  • Le filtran al abusador que existe una orden de aprensión en su contra y se ampara

Por Zavianny Torres 

El doctor Honoris Causa Javier Avilez Martínez es un padre que ha peleado con todo lo que está a su alcance y posibilidades para procurar el bienestar de sus hijos. Hechos que hoy han servido para contar con la guardia y custodia provisional de sus dos hijos, de acuerdo con las decisiones que han tomado instancias del Poder Judicial del Estado de México. Dicho en sus palabras, su separación conyugal se convirtió en un episodio tortuoso para él y para ellos.

Antes, es necesario saber que el padre de familia que nos concedió esta entrevista es un profesionista exitoso venido de una familia solidaria y fuertes lazos con su comunidad. Es abogado deportivo, director legal de la Liga de Futbol Americano Profesional en México. Conferencista internacional en temas de Derecho deportivo en lugares como Ibiza, en Cali, Lima, Sao Paulo y Quito, entre otros. Premiado por sus aportaciones al deporte fue reconocido por el Instituto Interamericano de Investigación y Docencia de Derechos Humanos perteneciente a la OEA.

En el proceso de separación, hubo de rescatar a su hija, de 12 años, de una posible acción de ataque sexual por parte de Ricardo Enrique Lara Carpio, socio y pareja de la madre, Laiza Mabel Cabrera Barrientos. Todo inició con momentos de incomodidad ante la presencia del acusado, y que la niña relató. Hasta que todo derivó en una denuncia ante la fiscalía. Ahí la menor tuvo que pasar por difíciles momentos ante autoridades, a las que debió relatar una y otra vez los presuntos abusos sufridos.

Como resultado hubo un acuerdo provisional para que los dos menores de edad quedaran en manos del padre, mientras se impulsaba un juicio de pérdida de patria potestad contra la madre. Un acto seguido por evasión de la justicia por parte del acusado.

Para el atribulado padre es un caso de corrupción entre algunos representantes del Poder Judicial y la persona contra quien pesa una orden de aprehensión. Al mismo tiempo, Avilez Martínez ha presentado denuncia contra la jueza familiar que lleva parte del proceso legal, esto ante la Judicatura del Poder Judicial del Estado de México, por “los acuerdos tendenciosos que favorecen a su contraparte”.

¿Cómo resume la situación actual del proceso legal?

Complicado, ha sido difícil en la parte familiar y personal. A los niños se les cambió su mundo, de la noche a la mañana, un buen día regresaron de la escuela y supieron que su mundo no iba a ser el mismo.

Después de tiempo de la separación con mi esposa, mi hija que se fue a vivir con su madre, me empieza a reportar que la pareja de su madre la jaloneaba y la maltrataba. En las distintas veces que convivía con mi hija me decía, “oye, es que este señor me jalonea y mi mamá me deja todo el tiempo acá’ o ‘este señor va a todos lados conmigo y a mí me incomoda’.

La niña me decía ‘es que yo me siento incómoda porque el socio de mi mamá se queda en la misma habitación. Y entonces cuando me bañan o me cambian ahí está, y me siento muy incómoda. La niña me empezó a relatar una serie de cosas y yo la veía rara, Le dije: ‘¿ya lo hablaste con tu mamá?’ y me decía: ‘¡sí!, pero mi mamá dice que no es cierto’.

Y así, hasta que llegó un momento en el que me dice la niña: ‘¿sabes que este señor me jalonea y me obliga a besarlo? Dije, ah caray. Cuando mi mamá se mete al baño o no está, el señor me dice que por qué nunca lo saludó de beso y me agarra la cabeza y me besa, dice, pero me besa en la boca. Ya van dos veces que lo hace’. Le dije, ¿estás segura de lo que me estás diciendo? Y me dijo: ‘Sí, me hace así’. Y me describía la niña cómo.

Es a raíz de eso que presenté una denuncia en la Fiscalía, en contra del sr. Ricardo Enrique Lara Carpio.

Y, bueno, pues la niña empezó a pasar por un proceso de peritaje de psicología, de victimología, y entrevistas a solas la niña con los peritos, con el Ministerio Público y pues la niña narró lo que me había contado, lo que había pasado. A raíz de eso, el Ministerio Público me concede los cuidados familiares de la niña.

¿Existe una sentencia de custodia?

Sí, de acuerdo provisional, me dan los cuidados familiares de la niña.

Presente en la entrevista, el abogado Eduardo Gonzaga y representante legal de Javier Avilez Martínez, menciona:

“El acuerdo se da cuando detectan que hay una situación que pone en riesgo a la niña. La otorga un Ministerio Público, tiene una cierta vigencia. Posteriormente, derivado del hecho delictivo y de la denuncia que se presentó, promovimos ante un juez competente un juicio de pérdida de patria potestad, en donde la primera medida que determina el juez se llama una audiencia de escucha de menor.

Dentro de esta audiencia y una vez que fue reunido el perito, Ministerio Público adscrito al juzgado, juez de la familia y psicóloga designada por el DIF, tuvieron una entrevista con los dos menores a solas, sacaron a las partes, a los abogados y a los padres y los ministerios públicos, jueces y psicóloga.

Los entrevistaron y es el primer momento en que podemos decir que es un periodo de prueba. Todavía no está en etapa probatoria, pero es para que determinen las medidas provisionales. En esa audiencia, la niña determina y lo manifiesta el hecho delictivo, la agresión que tienen en su contra y terminando la audiencia, la juez dicta las medidas precautorias y dentro de ello es que le otorguen la guardia y la custodia de manera provisional a mi cliente.

Hasta el día de hoy ¿Qué está dictaminado?

Ya hay una resolución, y es que a través de un juez de control que solicitó orden de aprehensión desde el año 2019, en contra del sr. Ricardo Enrique Lara Carpio. La orden de aprehensión consiste en que el juez primero el delito de abuso sexual está tipificado como un delito grave y alcanza prisión preventiva. Significa que durante el proceso que se le lleve para demostrar su inocencia, porque hoy todos se presumen inocentes.

Sin embargo, por ser un delito grave no permite que este sujeto siga su proceso en libertad, entonces para eso se otorgó una orden de aprehensión, para detenerlo. Y estando recluido se le sigue su proceso hasta que se determine una sentencia, si es culpable o no. Si no lo es, se ordena su inmediata libertad, pero si es culpable se le dice cuántos años de presión va a tener que pagar.

En diciembre se van a cumplir tres años. ¿Por qué no lo han detenido?

La pareja de mi exesposa tramitó un amparo en donde es raro que se tramite un amparo si no se sabe que hay un acto en contra de uno. Lo curioso es que en ese amparo, él en su narrativa, señala los datos precisos de la orden de aprehensión.

Aquí hay una orden de aprehensión cuya característica esencial es que debe estar en sigilo, en resguardo, no es pública. No todo el mundo tiene por qué enterarse, sin embargo, él señala que es la mamá de mis hijos quien le avisa que existe una orden de aprehensión en su contra. Lo que no sé es cómo es que ella, en calidad de imputada y acusada tiene acceso a esa información.

En ese punto, ¿podríamos presumir una colusión?

¿De corrupción? totalmente, ya sea de alguna autoridad. O la policía que está encargada de la búsqueda, localización y aprehensión de este sujeto se dejó extorsionar, se dejaron corromper o ellos mismos lo propusieron. De eso si tenemos certeza porque en la demanda de amparo que promueve el acusado sobre quien pesa una orden de aprehensión manifiesta textualmente que es su pareja, Laisa Mabel Cabrera Barrientos la que le da la información con lujo de detalles. ¿Cómo tiene ella la información? no lo sé.

También sabemos de las investigaciones que se han hecho en la búsqueda del acusado, tiene en su haber una investigación en la Fiscalía General de la República por robo de hidrocarburos, lavado de dinero y delincuencia organizada.

Amparo contra la orden de aprehensión del acusado

¿Han corroborado esa información? Igualmente son acusaciones muy graves de la misma persona…

Sí. De hecho, también las de las investigaciones ministeriales que se dan una vez que él tiene la orden de aprehensión, es que arroja el dato que además de la orden de aprehensión, que la tiene por este delito que ya está probado hay una secuela procesal que también se le sigue por estos delitos. Lo que estamos buscando es que nuestras autoridades, tanto la Fiscalía General de la República como de aquí en el Estado de México, podamos coadyuvar con ellos.

Por parte de su exesposa, hay un señalamiento también muy grave contra Usted, lo que se conoce como violencia vicaria…

Primero, la violencia vicaria, para bien o para mal, en el Estado de México todavía no está tipificada, no existe. Es un tipo de violencia de género. Y, sin embargo, si ella está tratando de insinuar que esta situación sucede, es totalmente falsa, es una difamación. La violencia de este tipo implica que el padre de los hijos los maltrata e incluso llega a asesinarlos para causarle daño a la madre que no los tiene.

Hoy no sé qué tipo de intereses tenga la madre de mis hijos al mantener esta relación ni tengo la certeza de que ella sepa o no los antecedentes penales de su pareja.

¿Cómo ha sido el papel que han desempeñado las instancias de impartición de Justicia del Estado de México?

Muy complicado, en el sentido de que han perdido de vista que el juicio no es en contra la madre de mis hijos. Es por proteger a los menores, a mis hijos.

En el último año, la madre ha emprendido acciones de la mano con una asociación feminista para victimizarse. Y no había un momento que, ante cualquier autoridad, fuera juzgado o Ministerio Público no se presentara para mostrarse como víctima. Incluso levantó por ahí dos o tres denuncias falsas por violencia familiar que no prosperaron y que al momento no ha logrado demostrar absolutamente nada.

Y, bueno, pues al final a la jueza familiar que conoce del asunto la tengo denunciada ante la judicatura del Poder Judicial del Estado de México. Es la jueza del séptimo familiar, Amalia Marroquí. En su momento le hice notar en el expediente, que muchos de sus acuerdos eran tendenciosos en favor a la señora Cabrera Barrientos.

¿Estaríamos hablando de una violencia de género a la inversa?

Creo que sí, ella ha hecho con falsos testimonios que a mí se me vea como un agresor. No ha podido probarlo. Al día de hoy no tiene ni una sola carpeta que haya prosperado porque no existen argumentos, elementos o prueba alguna que yo la violentaba.

¿Tiene debidamente documentado sus dichos, todo lo que este momento ha dicho en esta entrevista?

Sí tengo pruebas, tengo documentos oficiales en juzgados y el Ministerio Público que acreditan todo.

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