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Mexico Violento

Víctima de tortura en centros de rehabilitación en Veracruz cuenta su historia para prevenir a otras mujeres

Los abusos sexuales y el maltrato en centros de rehabilitación de adicciones llegan a verse como parte de la terapia

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Por Guadalupe Lizárraga

Las personas con problemas de adicción sufren, con frecuencia, maltratos y abusos dentro de los centros de rehabilitación en México. Es una situación que se conoce y, sin embargo es tolerada por las autoridades, los familiares de pacientes y, en la mayoría de los casos, por los mismos pacientes. Aquí la historia de una terapeuta de Veracruz que, en carne propia, padeció la tortura como terapia.

Orizaba, Veracruz

El secuestro

Rocío R. recuerda que el 13 de marzo de 2008, tres individuos llegaron a su casa en una camioneta blanca. Ella estaba parada en el umbral de la puerta, cuando los hombres se bajaron y le preguntaron si sabía de una dirección. De pronto, uno de los hombres la rodeó con los brazos, y los otros dos la inmovilizaron de las piernas. Rocío intentó resistirse con jaloneos, pero no logró zafarse. La subieron a la camioneta y arrancaron el auto con ella. En el trayecto, los hombres manosearon sus senos. Todavía recuerda las palabras exactas con las que la amenazaron: “Ahorita, veras que lleguemos, pendeja, cómo te va a ir”. Así fue su llegada al Centro de Rehabilitación de adicciones La Paz, en Orizaba, Veracruz.

No son pocos los centros de rehabilitación en México que practican la táctica del secuestro y el abuso con los internos, pese a las denuncias ante ministerios públicos y medios de comunicación. Un funcionario de la Secretaría de Salud del Estado de Veracruz cree que, al menos, el 50 por ciento de los establecimientos para atender de adicciones en ese estado son ilegales. No obstante, en la mayoría de los legales incurren en las mismas prácticas.

La aplicación y las mismas normas mexicanas de calidad en salud mental son muy relajadas, y los familiares de los adictos que desean la rehabilitación del paciente aceptan que se los lleven en contra de su voluntad. Así lo confirma una de las hijas de Rocío, quien deseaba el bienestar para su madre, llamó a ese centro y le dijeron que todo estaría muy bien y que la iban a ayudar. Sin embargo, no fue así.

La llegada

El primer día en el centro de rehabilitación, cuenta Rocío, la metieron a golpes en una sala de juntas. Ella se resistía a participar y “ellos”, los administradores a quienes llamaban “padrinos”, le pusieron rápidamente el remedio. Le hablaron a una joven de unos 15 años de edad y le dijeron: “Itzel ven, ponte bien con esta vieja. Madréala y saca tu neurosis”. Rocío no daba crédito. Sentada en un banco de madera, dos hombres la sujetaron de los brazos doblándoselos hacia atrás, mientras la joven le golpeaba el rostro a puñetazos, ante una audiencia de 70 personas.

Una vez vencida, uno de los hombres gritó: “¡Revísenla!” Entonces, le rasgaron su ropa y quedó desnuda del torso. Le quitaron el sostén donde guardaba un gramo de cocaína y dinero en efectivo que había obtenido de la venta de sus muebles.

Para Rocío, éste es uno de los peores anexos de Orizaba, Veracruz, “y sigue abierto”, indica. Su estancia sólo duró quince días, que se tradujeron en largas horas de agresiones verbales y físicas. Y para defenderse de las situaciones de hostilidad, dice que amenazó con quemar el lugar.

Uno de los “padrinos” llamó a su casa, con sus padres, y le dijeron a ella que ya no la podían tener ahí. Le pidieron que firmara un papel, el cual no le permitieron leer, pero que “firmando la dejaban ir”. Ella no insistió por la posibilidad de volver a su casa. Y cuando salió con su maleta, una camioneta con otros tres hombres la esperaba a la puerta del centro.

Esta vez se trataba de Ignacio Mendoza Maciel, propietario del centro de rehabilitación Morir para vivir, AC, de Córdoba, Veracruz. Junto con sus ayudantes, le puso las esposas como si fuera una criminal y la metieron al auto por la fuerza. En ese anexo, como se identifican estos centros, había sólo 16 internos, entre los cuales había sólo tres adolescentes de 15 y 16 años, y ella. El resto, varones adultos de diferentes edades.

La terapia

Las promesas que Rocío se hacía así misma para no volver a la adicción y poder salir liberada de ese centro eran incontables en tres semanas y media. Pero ella no sabía que después de ese tiempo, empezaba un “nivel más profundo de terapia”. Fue en la sala de juntas, con un asistente del “padrino Nacho”, quien empezó a gritarle vituperios y a ofenderla. Ella reaccionó con enojo y le gritó que se callara, que “eso no era una terapia, que era una injuria” y lo llamó ignorante.

En unos instantes, el “padrino Nacho” la sujetó fuertemente por detrás y la atrapó con el brazo en el cuello, en palanca con el otro brazo. “La llave china”, dice Rocío en entrevista, “es una llave de presión con los brazos hasta que se desmaya la persona”. Rocío quedó en el suelo, inconciente. La despertaron con un balde de agua fría en la cara. El agua, dice, la hace reaccionar y tose para poder respirar. Intentaba estabilizarse cuando el “padrino Nacho” la vuelve asfixiar con la “llave china”. El mismo procedimiento, la presión, el desmayo y el agua fría para despertarla.

Rocío se sentía “muy mareada, sin fuerzas”, cuando la “agarraron del cabello de la parte de la nuca, y la azotaron contra un muro. Tres, quizá cuatro veces. No recuerda bien, pero fueron varias. Y una vez en el suelo tirada, desvalida, el hombre se agachó para gritarle al oído con todas sus fuerzas: “¡Aquí sólo grito yo, perra!”.

La disciplina

Rocío tenía “que aprender por las buenas o por las malas”, le dijeron, la disciplina del lugar. No sólo se lo hicieron saber. Su rebeldía tenía un precio. Y lo primero que padecería, además del maltrato, sería la soledad. Le dijeron que no recibiría ninguna visita. Mintieron a sus padres diciéndoles que ella no quería verlos, “que estaba muy rebelde”, y que era mejor que se distanciaran un poco para que ella valorara su presencia.

“Entre más cuestionaba, más me golpeaban”, denuncia Rocío, “así que me volví sumisa y comencé a aceptar su terapia”. También Rocío tuvo que “negociar” con el “padrino Nacho” y se vio obligada a donar un refrigerador y una estufa, así como otros muebles, para que la dejaran salir después de cuatro meses de internamiento.

Sus padres habían firmado su internamiento por seis meses, y para Rocío era un gran logro salir dos meses antes, para evitar el maltrato. Los muebles serían la forma de pago para el centro que no estaba dispuesto a perder en nada.

Los castigos

Rocío recuerda que su última golpiza fue el 14 de septiembre de 2009, después de su reicidencia. Entre los ayudantes del anexo le echaron 63 baños de agua fría con arena. Cada baño constaba de seis cubetazos de agua con arena, tres de frente y tres de espalda. También los jaloneos del cabello por la nuca eran constantes.

Como parte de los castigo para disciplinarla, también la obligaron a dormir entre los hombres. “Los veía masturbándose delante de mí, tocándose, aunque no me hicieron nunca nada”, dice. Incluso cuenta que llegó a aliarse con algunos para planear una fuga.

Cuando el castigo terminó, la pasaron a la sección de mujeres. Ahí, junto a las mujeres adultas de diferentes edades, se encontraban dos niñas de unos quince años, con las que habló de la fuga.

Los abusos sexuales

Yesenia L. de 15 años confesó a Rocío que el “padrino Nacho” había abusado sexualmente de ella. Llorando le pidió que la ayudara a salir de ese lugar. Le dijo que él la metía a la oficina para que la limpiara. Y cuando estaban dentro, en la computadora ponía pornografía, mientras le acariciaba su vagina, sus caderas y sus senos. Que él le decía era “sexo sin compromiso”.

El “padrino Nacho” se percató de la cercanía de la niña con Rocío y supuso que le había contado algo de lo que pasaba en la oficina. Así que le dio “terapia intimidatoria” a Yesenia. Y Yesenia se volvió en contra de Rocío, hasta negar que le hubiera dicho algo.

La fuga

En ese tiempo, el plan de la fuga seguía adelante. Nueve hombres y Rocío se fugaron a las seis de la mañana, descalzos, corriendo despavoridos, cada quien para rumbos distintos para que no pudieran ser perseguidos. Sin embargo, para cuando ella logró llegar a su casa, con dificultad por su asma, sus padres ya estaban avisados.

Pero el “padrino Nacho” también les había dicho que Rocío había acuchillado a una persona del anexo para escapar y “mil estupideces más” dice Rocío. Nada era verdad. Excepto que habían escapado.

Buscó a la mamá de Yesenia para que fuera de inmediato por su hija que estaba siendo abusada, según lo que ella misma había dicho. Pero la mamá de Yesenia también ya sabía que se habían fugado del anexo y no creyó lo que le pasaba a su hija. La niña tuvo miedo de decirle a su madre, y se quedó a “terminar la terapia”.

Ahora Rocío R. se ha convertido en una activista contra la tortura como terapia de adicciones, y se ha preparado para desempeñarse como terapeuta. Su propia experiencia y los años, han logrado ayudar a otras mujeres y a jóvenes víctimas de acoso sexual y maltrato en los centros de adicción de México, principalmente en el Estado de Veracruz.

Fotografías: Cortesía de Rocío R.

 

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Narcopolítica, corrupción y más de lo mismo

El colombiano, operador político del gobernador de Quintana Roo, con vínculos al narcotráfico

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Los Ángeles Press/CDMX Press

Gerardo Ortega Otero, conocido como “El Colombiano” es uno de los mejores amigos y asesores del actual gobernador de Quintana Roo, Carlos Manuel Joaquín González, quien también se ha desempeñado como uno de los operadores políticos más cercanos al mandatario estatal, ha sido señalado reiteradamente de estar coludido con el crimen organizado.

El Colombiano comenzó su carrera como vendedor de comida a unas cuadras del palacio de Solidaridad, donde se relacionó con el ahora gobernador de Quintana Roo, quien fue postulado como candidato a alcalde de esa demarcación por el Partido Revolucionario Institucional (PRI).

En esa campaña electoral, Gerardo Ortega inició su trayectoria como operador político y desempeñó diferentes cargos como asistente, coordinador de logística, y recolector de las “aportaciones” voluntarias de los empresarios locales, quienes enfocaron sus intereses en la campaña de Carlos Manuel Joaquín.

Debido a que el hoy mandatario estatal posee la Playa del Carmen, el destino turístico más importante del sur del país, los empresarios apoyaron su campaña, mientras que el Colombiano adquirió distintas propiedades, aunque no correspondían con sus ingresos económicos como funcionario municipal.

El ex servidor público por medio de influencias y del apoyo del entonces alcalde pedía contribuciones económicas a comerciantes, empresas y grupos de la delincuencia organizada para establecerse en la región.

Como candidato de la coalición entre los partidos Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD), el Colombiano buscó recaudadores de su campaña a la gubernatura de Quintana Roo, por lo que al acceder al Poder Ejecutivo estatal impuso a su esposa Samaria Angulo Sala como regidora del municipio de Solidaridad.

Entre Estados Unidos y Colombia

Gerardo Ortega es también operador financiero de las avionetas del gobernador Joaquín González. Por lo menos realiza cinco viajes por mes a Colombia o a Estados Unidos. De acuerdo con la fuente, también ha permitido el arribo de los grupos de la delincuencia organizada en la entidad al ser el encargado de repartir los territorios entre los cuatro cárteles que tienen presencia en el estado, por lo que posee varias residencias que funcionan como casas de seguridad.

Construcción de muelles

Entre las excentricidades, el operador del gobernador de Quintana Roo, ha construido muelles en lugares estratégicos de Playa del Carmen. Sin embargo, los mismos trabajadores de la construcción se quejaron que no les pagó sus honorarios y fueron amenazados.

Gerardo Ortega tiene una influencia directa en las decisiones del gobierno estatal, pues funge como organizador de las fiestas privadas del gobernador, por lo que incluso la revista Forbes señaló que Quintana Roo se ha convertido en un paraíso perdido que está al borde del colapso.

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El Caso Wallace

Segunda hija de Hugo Alberto Wallace, de 13 años, otra prueba de su falso secuestro

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Por Guadalupe Lizárraga

Dos meses después de que se presentara el padre biológico de Hugo Alberto Wallace Miranda al Senado de la República para dar su testimonio sobre la fabricación de la muestra de sangre con la que se mantenía el caso Wallace, Claudia Patricia Muñoz Acosta reveló a esta periodista que había procreado una hija con Hugo Alberto Wallace, y que había tenido “muchos años” de relación sentimental. Sin embargo, por la edad de la menor se revela que la tuvo después de la supuesta fecha de muerte.

Muñoz Acosta, con estudios en Derecho en la Universidad Anáhuac de la CDMX, según su perfil de Facebook, y residencia en Oklahoma City, también se puso en contacto con Carlos León Miranda, padre biológico de Hugo Alberto, para informarle de la existencia de su nieta adolescente. En llamada telefónica a Los Ángeles Press, León Miranda dijo que le había mandado fotografías para que conociera a su nieta, y Carlos señaló que su nieta era de “sangre Miranda”, que se parecía mucho a su hijo Hugo, pero que lo relevante es que “se hiciera algo para poner en libertad a los muchachos que están pagando por un crimen que no sucedió”.

La hija procreada con Claudia Patricia Muñoz es la segunda hija de Hugo Alberto Wallace Miranda, de 13 años. La primera, con Erika Monsiváis Tenes es Andrea Isabel Wallace Monsiváis, de 25 años de edad.

 

Los inculpados, 14 años de prisión

El reporte de secuestro, por parte de Isabel Miranda, en la entonces Procuraduría General de la República fue la madrugada del 13 de julio de 2005. Las primeras siete detenciones arbitrarias fueron en 2006: el 10 de enero, la de Juana Hilda González Lomelí; el 23 de enero la de César Freyre Morales; el 30 de enero, la segunda detención de George Khoury Layón; el 8 de febrero las de Julieta Freyre Morales (finada) y la de su madre María Rosa Morales (en libertad); la de los hermanos Castillo fue el 7 de febrero y el 22 de febrero; y ese mismo año, el 28 de diciembre fue detenido, igual, de manera arbitraria, Jael Malagón Uscanga, a quien se le relacionó como parte de la “banda de secuestradores”.

Mujeres y hombres fueron torturados con agresiones sexuales por agentes del Ministerio Público, a excepción de Julieta Freyre y María Rosa Morales, para quienes la tortura fue psicológica y fueron utilizadas por los agentes Braulio Robles Zúñiga y Fermín Ubaldo Cruz para presionar a César Freyre a que se incriminara como “líder de la banda”, mientras que a George Khoury lo presentaron como “autor intelectual” del supuesto homicidio, vinculándolo en diciembre de 2010, por medio de Jacobo Tagle Dobín, bajo tortura.

Con esta revelación de Claudia Patricia Muñoz, expareja sentimental de Hugo Alberto Wallace, por la edad de su hija, se comprueba que durante las detenciones de 2006, y la de Brenda Quevedo Cruz en septiembre de 2007, Hugo Alberto estaba vivo. Estos hechos sustentan las declaraciones de Laura Domínguez, amiga cercana de Hugo, y del investigador privado José Luis Moya que hicieron en 2006 al periodista Ciro Gómez Leyva, y por lo que fueron amenazados y denunciados falsamente de extorsión por Isabel Miranda Torres.

Nos reservamos el nombre de la menor de acuerdo con las leyes de privacidad de protección de menores, en Estados Unidos.

 

El perfil de “Sam Flores”

Hace 47 semanas, en octubre de 2019, el perfil de Facebook con el nombre de “Sam Flores” que promueve “el caso Wallace”, con la versión de Isabel Miranda Torres, dejó siete mensajes en diferentes posts de Claudia Patricia Muñoz, el mismo día, señalándole que era una “pésima madre” porque estaba “exponiendo a su hija, por las llamadas que había hecho a la periodista y a Carlos León Miranda, además advirtiéndole que ya se tenía información sobre ella.

El perfil creado el 4 de septiembre de 2018, con 14 contactos de diferentes países, no ha tenido actividad en la red social después del mensaje dejado a Muñoz Acosta.

 

Miranda, enferma de cáncer, sin comparecer ante la FGR

El avance del cáncer de hígado de Isabel Miranda Torres, y de su hermana Asunción, quien también ha sido cómplice y parte de la fabricación del caso Wallace, contrasta con la lentitud de la Fiscalía General de la República para llamarla a comparecer por la carpeta de investigación abierta en su contra -desde diciembre de 2018- por denuncias de fabricación de pruebas en la causa 35/2006 y por secuestro en grado tentativa contra la periodista Guadalupe Lizárraga.

Con una inyección diaria, proveída por Médica Sur, Isabel Miranda se defiende de la enfermedad, mientras su esposo José Enrique del Socorro Wallace Díaz, quien también fue cómplice de la fabricación del caso de su hijastro, enfrenta una enfermedad avanzada de próstata.

Isabel Miranda Torres, con su padres Fausto Miranda y Elfega Torres, su hijo Hugo Alberto y su segundo esposo Enrique Wallace. Foto: red

 

Hugo Alberto Wallace, con su madre Isabel Miranda Torres, cuando trabajaba para Enrique Wallace Díaz.

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Justicia pendiente

Mancera es inhabilitado para cargos en la CDMX

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Por Ignacio García

El ex jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, fue inhabilitado para ejercer cualquier cargo en la administración pública de la capital del país durante un año por parte de la Secretaría de Contraloría General de Justicia de la Ciudad de México.

El organismo capitalino determinó sancionar al ahora senador por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) por haber intervenido en las elecciones de 2018 en las que se renovó la jefatura de Gobierno de la capital del país y fue elegida Claudia Sheinbaum.

De acuerdo con la dependencia capitalina, la sanción se deriva de una sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que es vigente desde el pasado 5 de septiembre, ya que puso en riesgo la equidad de la contienda electoral por operar a favor de la entonces candidata perredista Alejandra Barrios.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) informó que se llevó a cabo una red de espionaje en la administración de Mancera contra los opositores de ese gobierno como Claudia Sheinbaum, por lo que también se involucran varios funcionarios públicos.

Asimismo, la Fiscalía General de la República (FGR) realizó un cateo en el domicilio de Carlos Jiménez Rodríguez, yerno de Luis Ernesto Serna Chávez, ex secretario particular de Mancera en el gobierno de la Ciudad de México.

Miguel Ángel Mancera buscaba ser candidato a la presidencia de la República por el PRD, pero debido a la alianza que conformó con el Partido Acción Nacional (PAN), el abanderado de esa coalición fue el ex dirigente nacional del blanquiazul, Ricardo Anaya, por lo que obtuvo una senaduría por la vía plurinominal.

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