Las personas con problemas de adicción sufren, con frecuencia, maltratos y abusos dentro de los centros de rehabilitación en México. Es una situación que se conoce y, sin embargo es tolerada por las autoridades, los familiares de pacientes y, en la mayoría de los casos, por los mismos pacientes. Aquí la historia de una terapeuta de Veracruz que, en carne propia, padeció la tortura como terapia.
Orizaba, Veracruz
El secuestro
Rocío R. recuerda que el 13 de marzo de 2008, tres individuos llegaron a su casa en una camioneta blanca. Ella estaba parada en el umbral de la puerta, cuando los hombres se bajaron y le preguntaron si sabía de una dirección. De pronto, uno de los hombres la rodeó con los brazos, y los otros dos la inmovilizaron de las piernas. Rocío intentó resistirse con jaloneos, pero no logró zafarse. La subieron a la camioneta y arrancaron el auto con ella. En el trayecto, los hombres manosearon sus senos. Todavía recuerda las palabras exactas con las que la amenazaron: “Ahorita, veras que lleguemos, pendeja, cómo te va a ir”. Así fue su llegada al Centro de Rehabilitación de adicciones La Paz, en Orizaba, Veracruz.
No son pocos los centros de rehabilitación en México que practican la táctica del secuestro y el abuso con los internos, pese a las denuncias ante ministerios públicos y medios de comunicación. Un funcionario de la Secretaría de Salud del Estado de Veracruz cree que, al menos, el 50 por ciento de los establecimientos para atender de adicciones en ese estado son ilegales. No obstante, en la mayoría de los legales incurren en las mismas prácticas.
La aplicación y las mismas normas mexicanas de calidad en salud mental son muy relajadas, y los familiares de los adictos que desean la rehabilitación del paciente aceptan que se los lleven en contra de su voluntad. Así lo confirma una de las hijas de Rocío, quien deseaba el bienestar para su madre, llamó a ese centro y le dijeron que todo estaría muy bien y que la iban a ayudar. Sin embargo, no fue así.
La llegada
El primer día en el centro de rehabilitación, cuenta Rocío, la metieron a golpes en una sala de juntas. Ella se resistía a participar y “ellos”, los administradores a quienes llamaban “padrinos”, le pusieron rápidamente el remedio. Le hablaron a una joven de unos 15 años de edad y le dijeron: “Itzel ven, ponte bien con esta vieja. Madréala y saca tu neurosis”. Rocío no daba crédito. Sentada en un banco de madera, dos hombres la sujetaron de los brazos doblándoselos hacia atrás, mientras la joven le golpeaba el rostro a puñetazos, ante una audiencia de 70 personas.
Una vez vencida, uno de los hombres gritó: “¡Revísenla!” Entonces, le rasgaron su ropa y quedó desnuda del torso. Le quitaron el sostén donde guardaba un gramo de cocaína y dinero en efectivo que había obtenido de la venta de sus muebles.
Para Rocío, éste es uno de los peores anexos de Orizaba, Veracruz, “y sigue abierto”, indica. Su estancia sólo duró quince días, que se tradujeron en largas horas de agresiones verbales y físicas. Y para defenderse de las situaciones de hostilidad, dice que amenazó con quemar el lugar.
Uno de los “padrinos” llamó a su casa, con sus padres, y le dijeron a ella que ya no la podían tener ahí. Le pidieron que firmara un papel, el cual no le permitieron leer, pero que “firmando la dejaban ir”. Ella no insistió por la posibilidad de volver a su casa. Y cuando salió con su maleta, una camioneta con otros tres hombres la esperaba a la puerta del centro.
Esta vez se trataba de Ignacio Mendoza Maciel, propietario del centro de rehabilitación Morir para vivir, AC, de Córdoba, Veracruz. Junto con sus ayudantes, le puso las esposas como si fuera una criminal y la metieron al auto por la fuerza. En ese anexo, como se identifican estos centros, había sólo 16 internos, entre los cuales había sólo tres adolescentes de 15 y 16 años, y ella. El resto, varones adultos de diferentes edades.
La terapia
Las promesas que Rocío se hacía así misma para no volver a la adicción y poder salir liberada de ese centro eran incontables en tres semanas y media. Pero ella no sabía que después de ese tiempo, empezaba un “nivel más profundo de terapia”. Fue en la sala de juntas, con un asistente del “padrino Nacho”, quien empezó a gritarle vituperios y a ofenderla. Ella reaccionó con enojo y le gritó que se callara, que “eso no era una terapia, que era una injuria” y lo llamó ignorante.
En unos instantes, el “padrino Nacho” la sujetó fuertemente por detrás y la atrapó con el brazo en el cuello, en palanca con el otro brazo. “La llave china”, dice Rocío en entrevista, “es una llave de presión con los brazos hasta que se desmaya la persona”. Rocío quedó en el suelo, inconciente. La despertaron con un balde de agua fría en la cara. El agua, dice, la hace reaccionar y tose para poder respirar. Intentaba estabilizarse cuando el “padrino Nacho” la vuelve asfixiar con la “llave china”. El mismo procedimiento, la presión, el desmayo y el agua fría para despertarla.
Rocío se sentía “muy mareada, sin fuerzas”, cuando la “agarraron del cabello de la parte de la nuca, y la azotaron contra un muro. Tres, quizá cuatro veces. No recuerda bien, pero fueron varias. Y una vez en el suelo tirada, desvalida, el hombre se agachó para gritarle al oído con todas sus fuerzas: “¡Aquí sólo grito yo, perra!”.
La disciplina
Rocío tenía «que aprender por las buenas o por las malas», le dijeron, la disciplina del lugar. No sólo se lo hicieron saber. Su rebeldía tenía un precio. Y lo primero que padecería, además del maltrato, sería la soledad. Le dijeron que no recibiría ninguna visita. Mintieron a sus padres diciéndoles que ella no quería verlos, “que estaba muy rebelde”, y que era mejor que se distanciaran un poco para que ella valorara su presencia.
“Entre más cuestionaba, más me golpeaban”, denuncia Rocío, “así que me volví sumisa y comencé a aceptar su terapia”. También Rocío tuvo que “negociar” con el “padrino Nacho” y se vio obligada a donar un refrigerador y una estufa, así como otros muebles, para que la dejaran salir después de cuatro meses de internamiento.
Sus padres habían firmado su internamiento por seis meses, y para Rocío era un gran logro salir dos meses antes, para evitar el maltrato. Los muebles serían la forma de pago para el centro que no estaba dispuesto a perder en nada.
Los castigos
Rocío recuerda que su última golpiza fue el 14 de septiembre de 2009, después de su reicidencia. Entre los ayudantes del anexo le echaron 63 baños de agua fría con arena. Cada baño constaba de seis cubetazos de agua con arena, tres de frente y tres de espalda. También los jaloneos del cabello por la nuca eran constantes.
Como parte de los castigo para disciplinarla, también la obligaron a dormir entre los hombres. “Los veía masturbándose delante de mí, tocándose, aunque no me hicieron nunca nada”, dice. Incluso cuenta que llegó a aliarse con algunos para planear una fuga.
Cuando el castigo terminó, la pasaron a la sección de mujeres. Ahí, junto a las mujeres adultas de diferentes edades, se encontraban dos niñas de unos quince años, con las que habló de la fuga.
Los abusos sexuales
Yesenia L. de 15 años confesó a Rocío que el “padrino Nacho” había abusado sexualmente de ella. Llorando le pidió que la ayudara a salir de ese lugar. Le dijo que él la metía a la oficina para que la limpiara. Y cuando estaban dentro, en la computadora ponía pornografía, mientras le acariciaba su vagina, sus caderas y sus senos. Que él le decía era “sexo sin compromiso”.
El “padrino Nacho” se percató de la cercanía de la niña con Rocío y supuso que le había contado algo de lo que pasaba en la oficina. Así que le dio “terapia intimidatoria” a Yesenia. Y Yesenia se volvió en contra de Rocío, hasta negar que le hubiera dicho algo.
La fuga
En ese tiempo, el plan de la fuga seguía adelante. Nueve hombres y Rocío se fugaron a las seis de la mañana, descalzos, corriendo despavoridos, cada quien para rumbos distintos para que no pudieran ser perseguidos. Sin embargo, para cuando ella logró llegar a su casa, con dificultad por su asma, sus padres ya estaban avisados.
Pero el “padrino Nacho” también les había dicho que Rocío había acuchillado a una persona del anexo para escapar y “mil estupideces más” dice Rocío. Nada era verdad. Excepto que habían escapado.
Buscó a la mamá de Yesenia para que fuera de inmediato por su hija que estaba siendo abusada, según lo que ella misma había dicho. Pero la mamá de Yesenia también ya sabía que se habían fugado del anexo y no creyó lo que le pasaba a su hija. La niña tuvo miedo de decirle a su madre, y se quedó a “terminar la terapia”.
Ahora Rocío R. se ha convertido en una activista contra la tortura como terapia de adicciones, y se ha preparado para desempeñarse como terapeuta. Su propia experiencia y los años, han logrado ayudar a otras mujeres y a jóvenes víctimas de acoso sexual y maltrato en los centros de adicción de México, principalmente en el Estado de Veracruz.
Sobre cómo un joven se incorpora al CJNG «para tener una vida mejor»
CIUDAD DE MÉXICO (EFE).- La corrupción en México es una incubadora de criminales que ha visto nacer a personajes como Mauricio Hiram Suárez Álvarez, “El Mawicho”, quien con el objetivo de dar a su hija una vida mejor se convirtió en uno de los criminales más sanguinarios e inspiró el libro “Así nació el diablo”, del periodista Emmanuel Gallardo.
En entrevista, este lunes, el escritor mexicano, que ha tenido que exiliarse del país tras investigar las raíces del narcotráfico en México, explica que este fue uno de los principales hallazgos que obtuvo tras redactar el texto, pensado en un principio como un reportaje.
“Lo que más me llamó (la atención) de todo esto durante este proceso fue darme cuenta de que la corrupción en el aparato de Justicia, en específico de la Ciudad de México, pareciera que es una incubadora de criminales, porque en este proceso de intento de impartir Justicia, pareciera que es algo totalmente simulado”, apuntó Gallardo.
“Así nació el diablo”, detalla, es la historia de Mauricio («El Mawicho»), un joven que con el empeño de darle una mejor vida a su hija se fue a un campo de entrenamiento del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y tiempo después tuvo la plaza de Puerto Vallarta, Jalisco, en el occidente mexicano.
Años más tarde, «El Mawicho» regresó a capital convertido en un pistolero con experiencia en enfrentamientos armados y traumatizado por los asesinatos, los descuartizamientos y la tortura que él mismo ejerció desde el primer día que llegó al rancho del CJNG a las afueras de Puerto Vallarta.
Ineficiencia de las autoridades
Para Gallardo, la corrupción que existe en el sistema judicial del país ha provocado que muchas personas que son recluidas en un penal vivan castigos, hagan conexiones criminales y se especialicen como delincuentes, por lo que al salir corren el riesgo de convertirse en sicarios.
“La verdadera maldad que existe en la Ciudad de México se arrastra en los penales donde existe la corrupción y se desborda la violencia”, comenta.
En ese sentido, asegura, el libro relata las vivencias de » El Mawicho», quien en el reclusorio aprendió todo lo que le llevó a ser un peligroso criminal, lo que resulta un panorama desesperanzador para la sociedad.
Y es que después de salir del penal, «El Mawicho» asesinó a dos israelíes en la Plaza Artz Pedregal en el sur de Ciudad de México, y tras su detención declaró que cometió el crimen porque esperaba ser nombrado jefe de sicarios.
“No solamente es la historia del Mawicho y la corrupción que cada vez se hace más grande, como una bola de nieve, sino que son varias historias y esta bola de nieve, alcanza todas estas historias”, afirma.
El libro, escrito en forma de reportaje, muestra la verdad en cada palabra, personaje, persecución y sinsentido, que terminan retratando el rostro más real del México de balas y desesperación, según el autor.
“En la primera parte (del libro) yo me encuentro con un muchacho con una preocupación absoluta por su familia, por su gente cercana. Un muchacho que, cuando me despedía de él, decía ‘que Dios lo bendiga’, y cuando lo vuelvo a ver en 2019, a un mes antes de que cometiera lo que cometió, ya veo a una persona traumatizada”, relata.
Gallardo comenta que el seguimiento que dio a «El Mawicho» le dejó un impacto psicológico, por lo que previo a escribir su libro tuvo que tener acompañamiento psicológico.
“Este libro lo que significó para mí fue un proceso largo psicológico, para mí sí, mi familia se rompió, no he visto a mi mamá y a mi papá en tres años”, lamenta.
Estado inoperante
El periodista reconoce que una de las cosas que evidencia su texto es que en México la violencia se ha normalizado llevando a que personas como él tengan que huir del país y no los criminales.
“Eso me hace sentir muy frustrado, me hace sentir muy encabronado (enojado). Esto es una prueba más de un Estado mexicano inoperante, incapaz de proteger a sus periodistas y nos están matando, van 13 periodistas asesinados en lo que va del año, son 13 seres humanos muertos”, lamenta.
Por ello, dice, este libro es un “esfuerzo” por mostrar la realidad en México y poner sobre la mesa la necesidad de encontrar mecanismos que saquen al país de toda esta violencia, “comenzar procesos de paz, porque son urgentes en México”, concluye.
La Fiscalía General de la República (FGR) abrió la carpeta de investigación por la comisión de posibles delitos federales que provocaron el colapso de la mina de carbón en el poblado de Aguijita, ubicada en el municipio de Sabinas, Coahuila, donde quedaron atrapados diez mineros.
De acuerdo con la FGR, se realizan labores de criminalística de campo, fotografía forense, entrevistas de testigos, identidad de propietarios ocupantes de la mina e identificación de los mineros atrapados.
La fiscalía federal recolectó información sobre el registro de los trabajadores ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), así como de las inspecciones que realizó la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS) sobre las condiciones laborales de los mineros previo al colapso.
Por su parte, la coordinadora nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa, informó que un total de 557 personas, seis perforadoras y 25 bombas sumergibles trabajan para rescatar a los trabajadores atrapados en la mina de carbón en Villa de Agujita que permanecen suspendidos desde el miércoles pasado.
La funcionaria federal explicó que en la zona hay un volumen de extracción de 25 mil 400 metros cúbicos, con un acumulado total de 70 mil 794 metros cúbicos, por lo que continuarán las labores de extracción por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
En tanto, los familiares de diez mineros aseguraron que el nivel del agua de la mina disminuyó, por lo que esperan que al no filtrarse nuevamente el agua podrían avanzar las labores de rescate de los mineros y podrían ser recuperados en esta semana si arriban más máquinas.
Diferentes organizaciones internacionales defensoras de los derechos humanos advirtieron que este 2022 podría convertirse en el año más trágico para el periodismo en México, debido a que hasta el momento 13 comunicadores han sido asesinados.
La organización Reporteros Sin Fronteras enfatizó que la tendencia de asesinatos a periodistas en este año ha colocado a México como el país más riesgoso para ejercer el periodismo en el mundo, incluso con una tendencia mayor a los países que están en guerra.
De la misma manera, la organización Artículo 19 también lamentó el clima de violencia que predomina en México para el ejercicio del periodismo, ya que existe una incertidumbre sobre las condiciones en las que laboran los comunicadores en diferentes regiones del país afectadas por el crimen organizado.
Asimismo, la organización Human Right Watch también sostuvo que el Estado mexicano no ha garantizado condiciones de seguridad para el pleno ejercicio del periodismo en el país, pues predominan condiciones de abandono por parte de las autoridades municipales, estatales y federales con un mecanismo de protección que ha sido deficiente para su atención.
También la organización Amnistía Internacional (AI) mencionó que el ejercicio del periodismo es fundamental para la construcción de sociedades democráticas, por lo que los ataques a estas organizaciones inciden en derechos humanos fundamentales como la libertad de expresión y de prensa.
En lo que va de este año, en México un total de 13 comunicadores han sido asesinados en el país, los cuales en su mayoría permanecen en la impunidad, mientras que desde el 2000 han sido ejecutados más de 165 profesionales de la información.
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