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Con voz propia

Víctima de Isabel Miranda envía carta a la sociedad por fabricación de culpables

Albert Castillo Cruz, sentenciado a 93 años por el falso secuestro y homicidio de Hugo Alberto Wallace, envía una carta pública a la sociedad mexicana por el foro Fabricación de culpables

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PENAL FEDERAL DE CIUDAD JUÁREZ.- Albert Castillo Cruz, víctima de detención arbitraria, tortura y encarcelamiento injusto por el supuesto secuestro y homicidio de Hugo Alberto Wallace Miranda, presuntamente perpetrado en 2005, envía una carta abierta a la sociedad mexicana, a propósito del foro sobre “Fabricación de culpables” en México, realizado los días 5 y 6 de noviembre de 2018, en la Cámara de diputados. 

En este foro, organizado por la periodista Guadalupe Lizárraga en coordinación con la Asociación Canadiense por el Derecho y la Verdad, En Vero, dirigida por David Bertet, se expuso la falsedad del caso Wallace, así como  decenas de casos de víctimas de fabricación de culpables en México, que han padecido la detención arbitraria e ilegal hasta la violación de derechos humanos en la ejecución de la pena.

Isabel Miranda Torres, madre de la supuesta víctima, reconoció en una de las sesiones de tortura a Albert Castillo dentro del penal, que ni él ni su hermano Tony Castillo eran culpables. Sin embargo, continuó con la tortura para que se incriminara, lo que nunca sucedió, y fue sentenciado a 93 años de cárcel.  

Carta abierta:

“A la Sociedad entera, en especial a las víctimas de secuestro y familiares, yo Albert Castillo Cruz, lamento de sobremanera lo sucedido a ustedes. Quiero que sepan que al igual que todos repudio el secuestro y de igual manera también repudio la fabricación de culpables. Entiendo su enojo como víctimas reales de secuestro, al ver que personas acusadas por tal delito sean liberadas, desafortunadamente esto se debe al mal actuar de la autoridad investigadora que durante décadas han encarcelado a muchos inocentes como a culpables, con falsos argumentos, pruebas sembradas, confesiones preelaboradas, autoinculpaciones obtenidas bajo tortura y coacción, en resumen, con pruebas ilícitas. Qué triste es que en México la tortura sea el pan nuestro de cada día y que las autoridades intenten negarlo y -de una manera vergonzosa- ocultarlo.

México está tan acostumbrado a la corrupción, negligencia y al mal proceder de las autoridades, que ahora cuando el Poder Judicial ha tomado la decisión de hacer la diferencia en el cambio, para que exista un verdadero país con justicia, se enardece, se deja manipular por pseudoactivistas que lo único que pretenden es seguir ocultando sus fechorías al igual que “algunos” funcionarios corruptos y complacientes.

 Mi familia, como muchas otras, mi hermano y su servidor nos enardecemos al estar secuestrados por más de 12 doce años. Fuimos encarcelados injustamente y, no sólo lo digo yo, existen las pruebas suficientes para acreditar que es cierto. Entiendo que ustedes al escuchar secuestro, y debido a la experiencia vivida dan por hecho la culpabilidad, sin embargo la verdad es que existimos demasiados “falsos culpables” que la autoridad en aras de justificar sus sueldos, la incapacidad de ejercer investigaciones reales, profesionales, carecen de pericia para hacerlo, pero sobre todo que se actué conforme a derecho, porque solo han logrado en contubernio con jueces corruptos y complacientes, dictando sentencias a por mayor, basadas con falsos elementos de prueba, y así por medio de estadísticas de un incremento en detenciones, y sentencias dictadas para elevar una cortina de humo e intentar desviar la mirada y atención de la sociedad de todos los atropellos e injusticias que suscitan y con esto engañar a la comunidad internacional.

Ahora bien no podemos juzgar el proceder de los que ahora aplican la ley, e imparten justicia, ya es tiempo de que jueces, magistrados y ministros no convaliden las maquinaciones quiméricas de las autoridades investigadoras.

Díganme ustedes: ¿acaso los inocentes debemos pagar las arbitrariedades que han cometido las autoridades y debemos seguir secuestrados de todo lo que era nuestro entorno y vivir bajo humillaciones, abusos, restricciones absurdas y esto con el único fin de que, los que sí son culpables obtengan su libertad por violaciones al debido proceso? ¿Debemos ser los inocentes sacrificados, o se debe asumir el costo por el mal actuar de la autoridad investigadora y que seamos nosotros los que paguemos por sus acciones?

Es mejor que 10 personas culpables escapen, a que una persona inocente sufra.

                                   William Black Stone (jurista inglés)

La Sociedad, el Pueblo, lo que necesita es volver a tener confianza en los gobernantes, y para lograrlo sólo se necesita valor por parte de ellos, gobernantes que acepten, no sólo sus errores sino los de sus subordinados, que corrijan y reparen el daño que se hubiese causado, en lugar de utilizar subterfugios, además de la negación para ocultar estos errores, causando así mayores daños.

Pero no sólo regresará la confianza a los ciudadanos, también regresará al país, la luz que le ha faltado, después de tantos años de tinieblas. Ya no es cosa de partidos políticos, sino de valores morales, la grandeza de un país se mide a través de su gente y de la honestidad de sus gobernantes y no así del que mejor engañe.

Consciente estoy de que muchos funcionarios y gente en el poder fueron engañados en relación con el caso Wallace y apoyaron a la señora María Isabel Miranda Torres, creyendo en que ella decía la verdad. Empero, hoy la verdad está expuesta, la señora María Isabel, siempre se ha conducido bajo un carácter mendaz.

Comprendo también que las autoridades no desean ser objeto de críticas, por lo que siguen apoyando a la señora. Yo les digo: hagan lo correcto y serán más respetados por aceptar el error y corregirlo, que por seguir favoreciendo la mentira.

Yo no busco culpables, busco soluciones, sé que hubo diversas razones, por las cuales se le apoyó a esa señora (engaño, obligados, intereses personales, política, etc…) No me importa el pasado, sino el presente. Yo no guardo odio o rencor alguno, he crecido como ser humano gracias a esta tribulación, yo sólo deseo el bien común.

Para evidenciar lo anterior es necesario manifestarles que luché legalmente durante un año y medio contra el juez del Juzgado Décimo Sexto de Distrito de Procesos Penales Federales, quien nos sentenció, ya que se negaba a proporcionarme de manera gratuita y enviarme al lugar de mi reclusión copias de mi expediente (averiguación previa y pliego de consignación) que consta de 10 tomos. Pero al final gané su negativa a través de un amparo indirecto, y el juez me envió dichas copias al Cefereso número 5 cinco Oriente en el Municipio de Villa Aldama Veracruz, lugar donde me encontraba recluido en julio de 2018. Desafortunadamente ya estaba la orden de que se me retuvieran dichos tomos del expediente, y esta orden fue dada por el jefe de área jurídica Enrique Nava Altamirano, quien a la vez había recibido órdenes del Comisionado del Órgano Desconcentrado, esto fue lo que se me dijo, incluso que dichos tomos estaban en su oficina. Desconozco si en verdad, a él ordenaron que retuviera dicha documentación o si fue cosa personal.

Posteriormente, tuve que interponer otro amparo indirecto para que se me entregaran los tomos de mi expediente, sólo que los funcionarios de ese centro federal, también me retuvieron mi correspondencia, esto con el fin de complicarme aún más las cosas.

Todas estas circunstancias son con el fin de evitar que el expediente de la causa penal fuese revisada por un servidor y realizar mi amparo directo en contra de la ridícula absurda y temeraria sentencia dictada en contra nuestra, así como también para evitar que organismos internacionales de derechos humanos puedan tener acceso a la información del fraude más grande de la historia de la justicia mexicana.

Estoy seguro, esto es el proceder de una sola persona de nombre María Isabel Miranda Torres, y algunos funcionarios complacientes. ¿Qué teme? ¿Acaso, no se supone, que según ella, está totalmente comprobada nuestra culpabilidad?

La defensa de esta mujer, sin el afán de ofender al género, es el acceso que tiene a los medios de comunicación, al influyentismo, ya que nunca ha podido presentar una sola prueba lícita para probar su dicho y cuando se le ha evidenciado y se le cae en sus mentiras, sólo se limita a decir “son mentiras, sólo quieren desprestigiarme” cuando por sus propios actos ha caído en la ignominia.

…Quebrantar la ley en la búsqueda de la justicia genera siempre un doble menoscabo: El de los indiciados, pues se habría pasado sobre sus derechos constitucionales y el de las víctimas, a quienes probablemente se les habrá negado la justicia que hubiesen encontrado si el responsable hubiese sido juzgado dentro de las causes de la ley y, además, si no hay sanción para quien comete la violación a los derechos humanos, se habría actualizado una doble impunidad…”

Luis Raúl González Pérez (P.C. N. D. H.) en unión con el maestro Arturo Villarreal Palos.

Fui flanqueado por sombras anómalas, he sido devorado por las fauces de la apatía social, he sido azotado por los látigos de la corrupción, y condenado a usanzas de la inquisición.

Sin vivirlo, no sería capaz de vislumbrar la grandeza de mi creador, quien día a día me demuestra que mi ímpetu, la fortaleza que me mantiene impertérrito ante el dragón de siete cabezas es infinito, porque Él soy yo, y yo soy Él, no importan las calamidades que acompañen la condena, aquí estoy de pie, lleno de él hasta el final de los tiempos.

                                                        Domino mi camino. Dueño de mi destino.

                                                   Albert Castillo Cruz

Lo que hemos vivido, no debe, bajo ninguna circunstancia, ocurrirle a persona alguna. Aún estamos a tiempo, cambiemos hacia un México mejor.

                     UN CULPABLE FABRICADO”

 

Con voz propia

El Gobierno francés prohíbe el “lenguaje inclusivo” por ser una aberración

Alberto Farfán

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Por Alberto Farfán

Toda vez que un lenguaje evoluciona de manera libre y espontánea, para los individuos de una comunidad lingüística las nuevas palabras pasarán a ser aceptadas y empleadas sin el menor matiz de oposición. Pero en cuanto interceden grupos de carácter militante o activistas para imponer un neolenguaje la situación es distinta. Y más si responden a lo que quien esto escribe ha dado en llamar doctrina de género.

Por eso es importante la noticia de que el ministro de Educación de Francia, Jean-Michel Blanquer, prohíba el denominado lenguaje inclusivo en la educación nacional de su país. Al sostener, entre otros argumentos, que el lenguaje inclusivo ─o también conocido como no sexista o incluyente─ “constituye un obstáculo a la comprensión de la escritura” (Tal y como se indica en el portal de Antena 3 Noticias del 8/05/21).

De los elementos que el ministro destaca para fundamentar el veto de este seudo lenguaje nos encontramos que al utilizar el lenguaje inclusivo éste modifica las reglas de concordancia que deben ser “habitualmente esperadas en el marco de los programas de enseñanza”. Y añade que también “constituye un obstáculo a la comprensión de la escritura”, y que afecta a la comprensión oral y a la lectura en voz alta, al no ser posible una transcripción oral de ese tipo de grafías.

Esto último corre paralelo con lo señalado por la Real Academia de la Lengua Española (RAE) con respecto a nuestro bello idioma, al indicar que las supuestas marcas de género como la “e”, la “x” y el símbolo “@”, en efecto no abonan en nada a la comprensión textual ni oral y menos aún a la lectura en voz alta. No imagino a los miembros de esta doctrina de género pronunciar con un micrófono frente a un gran auditorio algo así como “todxs por el cambie de la lengüe para el bien de tod@s”.

Y como corolario es pertinente resaltar la postura que en 2017 la prestigiosa Academia Francesa de la Lengua presentó, al acusar de “aberración” al lenguaje inclusivo: “La multiplicación de marcas ortográficas y sintácticas que conduce a una lengua desunida, dispar en su expresión, creando una confusión que roza la ilegibilidad”.

Otro argumento de Blanquer reside en la absurda contradicción de que el lenguaje supuestamente inclusivo se orienta a discriminar a los niños con ciertas discapacidades o con problemas de aprendizaje, los cuales serían los principalmente perjudicados, en oposición a lo que podría sugerir el adjetivo “inclusivo”.

Para el ministro, además, el aprendizaje y el dominio del francés “contribuyen a luchar contra los estereotipos y garantizan la igualdad de oportunidades de todos los alumnos”, y considera que esto se ve penalizado por el uso del lenguaje inclusivo porque “su complejidad e inestabilidad” suponen un obstáculo para ese objetivo. Cualquier análisis riguroso de este lenguaje inclusivo del país de que se trate observará, en definitiva, complejidad e inestabilidad. Por ejemplo, con el español, revisen las redes sociales de Camila Vallejo ─figura pública importante de la política en Chile─ y podrán constatar lo aquí referido: indistintamente usa las marcas de género, simplemente las omite o las entrecruza.

No obstante, Blanquer respalda la feminización de algunas palabras, sobre todo las profesiones, siempre y cuando se respeten las reglas gramaticales. Amén de que en documentos oficiales también se aplica esta norma a los cargos. Esto es, sí se visibiliza a la mujer. Lo cual no es para menos y es sumamente plausible. 

Y para redondear lo hasta aquí expuesto, citaré a la doctora y especialista en lingüística y feminista Concepción Company: El lenguaje inclusivo “deja tranquilos a muchos y obstaculiza la percepción del problema real.  Tiene efecto de superficie, no incide para nada en la estructura social y desvía la atención del problema fundamental: la discriminación por sexo”.  (La Jornada 10/03/20). Es decir, obsesionarse con imponer dicho lenguaje no propicia, en el caso de la mujer, su visibilización y/o igualdad social.

En virtud de lo anterior, considero que ni por decreto de Estado ni por activismo el lenguaje va a cambiar para ser aceptado sin mayor problema. Más bien su evolución obedecerá al conjunto de elementos jurídicos, políticos e ideológicos derivados de la forma en que se conjugan en materia económica para los hablantes dentro de su esfera social; en donde acaso se alcance el fin de la discriminación por sexo. Es decir, es todo un proceso paulatino y multifactorial.

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Con voz propia

De lords y ladies en las redes sociales, ¿clasismo o burla?

Alberto Farfán

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Por Alberto Farfán

Pareciera que en México no existen en lo absoluto fenómenos de otras latitudes como la discriminación, sea por origen étnico, diferencias de clase social, creencias religiosas o por ideas políticas, entre otras. No obstante, la realidad se ha encargado de plantearnos todo lo contrario. Y es importante considerar a este respecto esa especie de clasismo que ha tomado fuerza a través de las redes sociales, especialmente en Twitter, con los denominados lords y ladies.

Las conductas socialmente reprobables de estas fugaces “celebridades” se nos dan a conocer a través de videos, memes y demás, que podemos encontrar en las diversas redes sociales existentes, a manera de denuncia preponderantemente al principio, y acaso de forma burlona en la actualidad.

Recordemos que todo inició en 2011 cuando Azalia Ojeda, exparticipante de la primera edición de Big Brother México en 2002, y otra mujer de alto nivel económico fueron captadas por el usuario de un smartphone cuando agredieron a oficiales de la policía durante un operativo del alcoholímetro en la zona exclusiva de Polanco; ocurriendo más exactamente el incidente en plena avenida Mazaryk, considerada por muchos como el equivalente a Rodeo Drive, Fifth Avenue o Les Champs Elysées en Ciudad de México. El video se viralizó en Twitter en cuestión de minutos, surgiendo de esta manera el trending tropic “Ladies de Polanco”. Exponerlas como mujeres adineradas actuando violentamente y sin respeto alguno para con los demás que no forman parte de su clase social era el objetivo.

Y en efecto, en un principio los lords y ladies sí pertenecían a la clase media-alta y alta, distinguiéndose por ser personajes prepotentes con personas de estatus inferior, comportándose de manera abusiva, que se saltan las normas o que buscan ser atendidos de inmediato, haciendo a un lado a los que estaban delante de ellos, ofendiendo con el “eres un naco, un indio, un muerto de hambre”, etcétera.

No obstante, también es necesario destacar que últimamente en las redes sociales se nos presentan a estos seres con una llamativa particularidad, y es que no son precisamente de alto nivel económico. Pero, paradójicamente, proceden como si fuesen lords o ladies, conduciéndose sobre todo de manera prepotente y haciendo alarde de un estatus que no tienen, caricaturizándose de tal modo que obligan el reír.

Esta gran paradoja resulta interesante porque indicaría que personas de clase baja y media-baja, gracias a poseer un teléfono celular de gama media y acceso a internet, pueden poner en evidencia la violencia física o verbal de alguien de su misma clase social sólo por el hecho de tener a la mano un teléfono móvil. Y no por exhibir a un rico malvado haciendo cosas horribles a los pobres.

Por ende, pareciera que en sentido estricto el aludir a los lords o ladies no es un asunto de orden clasista como podría pensarse, pues este fenómeno social ha evolucionado de una manera peculiar. Ahora, reitero, no necesariamente se requiere ser de clase alta y conducirse con desprecio hacia personas ajenas a su estatus social para adquirir el título de lord o lady. Más bien parece una pugna de todos contra todos, donde la violencia genera violencia, pero también carcajadas y éstas son válidas y esperadas.

Y aunque hay momentos en que el señalamiento toma forma de una legítima denuncia, en otros sólo adquiere relieves de sarcasmo o burla. Y al final el asunto puesto a la luz de la opinión pública difícilmente pasa por las manos de las autoridades respectivas, cuando hay un delito que perseguir; o lamentablemente termina en el inconsciente colectivo como un hecho normal y cuyo objetivo sólo era hacernos reír. 

 

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Con voz propia

Sandoval, Delgado y otros Judas de López Obrador

Ramses Ancira

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Historias para A(r)mar la Historia

Por Ramsés Ancira

México es el único país del mundo civilizado en el que un grupo de personas pueden sumar sentencias por más de 500 años de prisión, por un supuesto crimen, cuando nunca se encontró el cuerpo del delito.

Y no se trata de que lo hayan disuelto en ácido como lo hacen los narcotraficantes, o quemado, como se supone ocurrió con las víctimas de Ayotzinapa. Para eso no hay pruebas, el cuerpo de Hugo Alberto Wallace según su madre, solo se desvaneció, como si le hubieran disparado con la máxima potencia de un faser de la serie futurista Viaje a las Estrellas.

Un cadáver supuestamente destazado en 2005, que siguió utilizando su tarjeta de crédito y hablándole borracho a Houston, en 2007, a su antigua amante, Claudia Patricia Muñoz Acosta, con la que procreó a una hija, a la que había estado a punto de reconocer en el registro civil; pero que se arrepintió de ultimo momento porque su madre, una mujer castradora llamada Isabel Miranda de Wallace se lo prohibió. Así lo declaró la propia Claudia Muñoz.

Un cuerpo que fue demandado en 2006, por un asunto inmobiliario cuando se supone, que había desaparecido el año anterior.

La misma persona, Hugo Alberto, que fue detenida por narcotráfico en 2001 por traer drogas ocultas en refacciones de motocicleta, pero que luego se reclasificó como contrabando y que sin embargo fue remitido a una agencia del ministerio público en Coyoacán, a 17 kilómetros de distancia y liberado en tres días, cuando se supone que la pena mínima por este delito es de 3 meses de prisión y debió ser vista por un ministerio público federal.

El viernes nueve de octubre de 2020 el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el Estado Mexicano cumpliría con la petición que hizo el Grupo de Trabajo Sobre Detención Arbitraria de las Naciones Unidas para que se reparara el daño a Brenda Quevedo, detenida y torturada sistemáticamente por el caso Wallace durante 12 años continuos.

Esta posición del primer mandatario fue en respuesta al reportero Hans Salazar del medio Sin Censura.

Por esas mismas fechas y por razones similares, la Secretaría de Gobernación dio el reconocimiento de preso político a George Khoury Layón.

Han transcurrido más de seis meses y el presidente no ha podido cumplir su palabra, en parte por la traición de gente de su equipo de trabajo como el director de la escuela de derecho Benito Juárez, Netzaí Sandoval, quien además de hermano de la Secretaria de la Función Pública Irma Eréndira Sandoval y de Pablo Sandoval, representante del gobierno federal en el Estado de Guerrero y cuñado de John Ackerman, todos los cuales se encuentran en la nómina de la 4T, además, decíamos, cobra como director de la Defensoría Pública Federal.

Sandoval cedió a las presiones de Isabel Miranda de Wallace y corrió sin indemnización alguna al abogado defensor de Jacobo Tagle Dobín, Alejandro Garduño Real.

El abogado no sólo sufrió una injusticia laboral, sino que además tendrá que pagar desde el desempleo todos los costos del juicio que se le sigue por demanda de Isabel Miranda de Wallace, ya que, al menos en principio no le dejaron defenderse por sí mismo.

El pretexto de la presidenta de la organización Alto al Secuestro, es que el abogado, en pleno uso de sus derechos como defensor, declaró que Tagle Dobin fue secuestrado en una fecha anterior a la que Isabel Miranda de Wallace lo presentó ante las autoridades judiciales.

El abogado solo cumplió con su deber, el problema es que si el argumento se da por válido demostraría que la presidenta de Alto al Secuestro, fue previamente una secuestradora.

Pero, además, Wallace ha presentado amparos contra la Secretaría de Gobernación y la Fiscalía Especial de Derechos Humanos de la Procuraduría General de la República que le impiden al presidente López Obrador cumplir con su palabra.

En otro frente, el presidente del Partido Morena, Mario Delgado impuso por dedazo a varios candidatos a puestos de elección popular que están dañando al presidente López Obrador.

El grupo más numeroso es el de los mexicanos que viven en Estados Unidos y que se registraron como diputados migrantes. Cipriana Jurado, una de sus voceros dijo que en casi todos los partidos se cometieron irregularidades, que esperaban que Morena fuera diferente, pero al igual que los demás postuló a personas que hace mucho tiempo regresaron al país y por lo tanto no podrán hacer nada donde se les requiere, que es en los consulados de México.

También esta el caso de la candidata a gobernadora de Nuevo León, condiscípula de Delgado en Nxivm, quien creyó que no pasaría nada si argumentaba que nunca había visto al líder de la secta, a pesar de que sabía que la habían grabado con él. La intención del voto por Clara Luz se cayó más de 10 puntos y ahora ronda por el 18 por ciento, debajo de los candidatos del PRI y Movimiento Ciudadano.

Finalmente, en el norte del país, Mario Delgado eligió como candidatos a integrantes que pertenecen al partido local Unión Democrática de Coahuila, quienes terminaron su gestión con la deuda histórica más alta, este es el caso de Ciudad Acuña en donde se quedan a deber 201 millones 400 mil pesos.

En contraste el Municipio de Saltillo, que está gobernado por el PRI, a quien según Mario Delgado solo le interesa el presupuesto, la deuda es de Cero, igual que en Monclova, donde gobierna el PAN.

No son los únicos, Judas hay en todos lados, pero son los que han destacado últimamente después de que la titular de Notimex, Sanjuana Martínez, usando los recursos del Estado, sólo le diera voz de manera reiterada a la victimaria del falso caso Wallace en perjuicio de las verdaderas víctimas.

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