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Mexico Violento

Vecinos de Tlapa podrían sumarse a Policía comunitaria

Habitantes de Tlapa y comunidades aledañas estudian la posibilidad de sumarse a la Policía comunitaria ante indiferencia de autoridades a violencia

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CRAC de Espino Blanco durante su visita a Tlapa en reunión del MPG en la Ceteg. Foto: Sergio Ferrer

CRAC de Espino Blanco durante su visita a Tlapa en reunión del MPG en la Ceteg. Foto: Sergio Ferrer

Por Sergio Ferrer

TLAPA, Guerrero.- Se escuchó en las calles por diarios sensacionalistas: la Policía Ministerial detuvo a una banda de secuestradores y logró liberar a un joven. Una información cotidiana de violencia y secuestros. En los últimos meses, han aparecido al menos dos hombres asesinados con mensajes presuntamente de algún grupo delictivo, robos de vehículos, desaparición de dos muchachos e incluso asaltos también están en el contexto de situaciones en materia de seguridad pública que han ocurrido en Tlapa.

Por estos hechos, aunado a peleas entre jóvenes por los cuales no se preocupan instancias de los tres niveles de gobierno que deberían atender a la juventud, entre otras, la inquietud de personas organizadas en sus colonias o comunidades ha derivado en reuniones para discernir si resulta conveniente crear sus policías comunitarias.

Una de estas reuniones se efectuó en el marco de una asamblea del Movimiento Popular Guerrerense (MPG) de La Montaña en las instalaciones de la CETEG el sábado pasado. Allí representantes del MPG manifestaron que una de las causas que ha generado parte de la inseguridad es cuando alguna autoridad se alía con el crimen para la compra de votos.

Detallaron que “son los procesos electorales en los cuales los partidos políticos pactan conveniencias ajenas al bien común cuando la inestabilidad se gesta”. Por eso, abogaron porque las próximas elecciones se den a través de usos y costumbres y no surjan los gobernantes desde los partidos sino desde la ciudadanía.

Antes de darle paso a la participación de coordinadores de la CRAC de Espino Blanco, que acudieron por invitación para dar información sobre la Policía Comunitaria, el MPG reiteró que aunque son bienvenidas todas las personas no deben existir divisiones ni por partidos políticos ni por religión. En otro punto repudiaron los atropellos y ataques cometidos contra la CRAC.

Por parte de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) Policía Comunitaria de la Casa de Justicia de Espino Blanco, acudieron al encuentro los coordinadores Sulspicio Jesús Solano y Nicasio Castro Agustín así como comandantes regionales y la secretaria.

En primer lugar, aclararon a los asistentes que no trabajan bajo interes personales como les ocurrió recientemente a algunas personas en Ayutla señaló, sino debido la serie de asaltos con violencia, violaciones que ocurrían en la Costa-Montaña hace 18 años.

Castro Agustín recordó que en 2002 hubo detención de coordinadores de la CRAC y en 2008 hubo otra vez represión aunque se han generado mesas de diálogo que han derivado en acuerdos entre el sistema de justicia comunitario y el gobierno.

Reconoció que se podían limpiar la casa y también la ciudad que no es muy grande, por otra parte atajó que no sirve que las comunidades como pasa con Tototepec la cual acude directamente a pedir apoyo al presidente municipal de Tlapa, acuerden sin voltear a su Casa de Justicia “porque no somos empleados del gobierno”.

En cuanto a aspectos básicos de la Policía Comunitaria, los coordinadores reiteraron que la CRAC-PC busca la seguridad y justicia en Territorio Comunitario pero también afirmaron que es una lucha en los municipios del estado de Guerrero y en el país.

La casa de justicia de Espino Blanco

La Casa de Justicia de Espino Blanco atiende comunidades de cinco casas de justicia, mayoritariamente de Malinaltepec que los apoya con 60 mil pesos. Acatepec, Tlacoapa, Atlamajalcingo del Monte, Tlapa con dos comunidades, son los otros municipios con menor número de localidades integradas cuyos ayuntamientos no proporcionan algún apoyo a la CRAC.

Además de la cuestión de seguridad la CRAC-PC reconoce que tiene presentes la atención los temas de salud, educación, comunicación y progreso económico. Después de indicar que su actuar tiene fundamento en leyes y convenios internacionales pero también en la Constitución Mexicana siendo el artículo 39 una de éstas, “el cual nos deberíamos saber todos de memoria”, agregó el coordinador Castro Agustín”.

También citó la Ley 701 de Guerrero y adelantó que de ésta última saldrá desde la Policía Comunitaria una propuesta de ley secundaria para la reglamentación de la CRAC.

La CRAC-PC informó a los asistentes que existe el plan de construcción de una casa de justicia en Colombia de Guadalupe para cuya construcción se requieren cinco millones de pesos, la cual tendría una sala de reeducación para menores de 18 años.

Lo anterior, son puntos que se discutieron en una mesa de trabajo que tuvo la CRAC-PC con representantes del gobierno estatal resultando en primer lugar un acuerdo para la libertad de tránsito avisando al gobierno de sus salidas mediante un oficio.

Sulspicio Solano advirtió que no es de la noche a la mañana como surge una policía comunitaria así como ocurrió con ciertas autodefensas sino que debe existir disciplina. Ent su plan de ejercicio de la coordinación, cuyo lapso es de tres años, resalta las metas de, respeto a los derechos y garantías individuales, asistencia a reuniones con el gobernador , rondines, seguridad justicia y reeducación.

En la plática que tuvo un intermedio para compartir alimentos, la CRAC-PC aseguró que quienes decidan organizar su policía comunitaria no deben esperar apoyos del gobierno ni tomar como verdad lo dicho por el Estado que habla de una policía única así como un presunto pago a comunitarios porque aunque existen apoyos mínimos a los policías no hay un sueldo sino que es un servicio comunitario.

Los coordinadores electos el dos de marzo, afirmaron que no existe violencia ni agresiones a los retenidos durante el proceso de reeducación e informaron que los delitos graves son llevado a la asamblea regional y el tiempo va de los 12 a 14 años de reeducación, delitos leves van desde los 6 a 8 años

Castro Agustín ejemplificó un caso de la justicia que allí se aplica, recordó que en Tlacoapa el Ministerio Público no aplicó justicia y liberó al conductor que condujo una camioneta de pasajeros cuyo accidente originó la muerte de varias personas incluidas dos niñas.

En ese caso, a petición de familias de afectados la CRAC intervino y ubicó al chofer pero no fue sometido a reeducación sino a pagar parte de los gastos a familiares, aunque, una mujer dijo que ella solo quería a su hija.

La CRAC Policía Comunitaria, tiene al comisario municipal como una de las figuras importantes en su estructura comunitaria, después están delegados comandantes, comisariados, además de dos consejeros, consejo de ancianos y dos grupos de seis policías o más en caso de que sea posible.

Sobre Tlapa, los coordinadores dijeron que en caso de que las comunidades o pueblos decidan su adhesión respaldarán su actuar, “la ciudad no es grande, la población sabe como se llega y recorren sus calles no solo en vehículo sino también caminando” lo cual mereció aplausos a la PC.

En la reunión hubo representantes de cuatro comunidades de Tlapa, de colonias, así como de otros municipios como Malinaltepec, Copanatoyac, Acatepec además de transportistas, maestros de la Ceteg y ciudadanía en general.

Manuel Rodríguez Gálvez de la CETEG durante su participación en la reunión aseguró que la lucha del magisterio no termina aunque enfrenten acusaciones de terrorismo 19 compañeros de terrorismo y 20 de sedición y motín por lo que tiene que firmar cada ocho días.

El MPG, aseguró a los asistentes que trabajan de manera plurar sin distinciones de ningún tipo, tienen como máximo órgano la asamblea general y se calificaron de “por estar al lado del pueblo y de las causas sociales”, además de que presentaron a su equipo jurídico en la región.

Ubaldo Segura, integrante del comité provisional afirmó que ya esta conformado el comité municipal del MPG en Malinaltepec y en otras 10 comunidades de La Montaña cuyo fin es “organizarse en unidad para exigir los derechos que están en la Constitución Mexicana porque son como letra muerta por lo que se debe dejar la división y exigir nuestros derechos”.

Leobardo Manzanares, también integrante del comité aseguró que es una lucha sin intereses particulares y si a favor de la población a pesar de las amenazas que han existido -en la última semana dos simpatizantes del MPG fueron amenazados con ser levantados- y la otra lucha que va más allá e implica las privatizaciones ocultas en las reformas estructurales.

Al escribir estas líneas, se sabe que el hijo y la novia de uno de los coordinadores de la Policía Comunitaria en Tixtla fueron raptados, una mala noticia.

 

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Narcopolítica, corrupción y más de lo mismo

El colombiano, operador político del gobernador de Quintana Roo, con vínculos al narcotráfico

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Los Ángeles Press/CDMX Press

Gerardo Ortega Otero, conocido como “El Colombiano” es uno de los mejores amigos y asesores del actual gobernador de Quintana Roo, Carlos Manuel Joaquín González, quien también se ha desempeñado como uno de los operadores políticos más cercanos al mandatario estatal, ha sido señalado reiteradamente de estar coludido con el crimen organizado.

El Colombiano comenzó su carrera como vendedor de comida a unas cuadras del palacio de Solidaridad, donde se relacionó con el ahora gobernador de Quintana Roo, quien fue postulado como candidato a alcalde de esa demarcación por el Partido Revolucionario Institucional (PRI).

En esa campaña electoral, Gerardo Ortega inició su trayectoria como operador político y desempeñó diferentes cargos como asistente, coordinador de logística, y recolector de las “aportaciones” voluntarias de los empresarios locales, quienes enfocaron sus intereses en la campaña de Carlos Manuel Joaquín.

Debido a que el hoy mandatario estatal posee la Playa del Carmen, el destino turístico más importante del sur del país, los empresarios apoyaron su campaña, mientras que el Colombiano adquirió distintas propiedades, aunque no correspondían con sus ingresos económicos como funcionario municipal.

El ex servidor público por medio de influencias y del apoyo del entonces alcalde pedía contribuciones económicas a comerciantes, empresas y grupos de la delincuencia organizada para establecerse en la región.

Como candidato de la coalición entre los partidos Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD), el Colombiano buscó recaudadores de su campaña a la gubernatura de Quintana Roo, por lo que al acceder al Poder Ejecutivo estatal impuso a su esposa Samaria Angulo Sala como regidora del municipio de Solidaridad.

Entre Estados Unidos y Colombia

Gerardo Ortega es también operador financiero de las avionetas del gobernador Joaquín González. Por lo menos realiza cinco viajes por mes a Colombia o a Estados Unidos. De acuerdo con la fuente, también ha permitido el arribo de los grupos de la delincuencia organizada en la entidad al ser el encargado de repartir los territorios entre los cuatro cárteles que tienen presencia en el estado, por lo que posee varias residencias que funcionan como casas de seguridad.

Construcción de muelles

Entre las excentricidades, el operador del gobernador de Quintana Roo, ha construido muelles en lugares estratégicos de Playa del Carmen. Sin embargo, los mismos trabajadores de la construcción se quejaron que no les pagó sus honorarios y fueron amenazados.

Gerardo Ortega tiene una influencia directa en las decisiones del gobierno estatal, pues funge como organizador de las fiestas privadas del gobernador, por lo que incluso la revista Forbes señaló que Quintana Roo se ha convertido en un paraíso perdido que está al borde del colapso.

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El Caso Wallace

Segunda hija de Hugo Alberto Wallace, de 13 años, otra prueba de su falso secuestro

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Por Guadalupe Lizárraga

Dos meses después de que se presentara el padre biológico de Hugo Alberto Wallace Miranda al Senado de la República para dar su testimonio sobre la fabricación de la muestra de sangre con la que se mantenía el caso Wallace, Claudia Patricia Muñoz Acosta reveló a esta periodista que había procreado una hija con Hugo Alberto Wallace, y que había tenido “muchos años” de relación sentimental. Sin embargo, por la edad de la menor se revela que la tuvo después de la supuesta fecha de muerte.

Muñoz Acosta, con estudios en Derecho en la Universidad Anáhuac de la CDMX, según su perfil de Facebook, y residencia en Oklahoma City, también se puso en contacto con Carlos León Miranda, padre biológico de Hugo Alberto, para informarle de la existencia de su nieta adolescente. En llamada telefónica a Los Ángeles Press, León Miranda dijo que le había mandado fotografías para que conociera a su nieta, y Carlos señaló que su nieta era de “sangre Miranda”, que se parecía mucho a su hijo Hugo, pero que lo relevante es que “se hiciera algo para poner en libertad a los muchachos que están pagando por un crimen que no sucedió”.

La hija procreada con Claudia Patricia Muñoz es la segunda hija de Hugo Alberto Wallace Miranda, de 13 años. La primera, con Erika Monsiváis Tenes es Andrea Isabel Wallace Monsiváis, de 25 años de edad.

 

Los inculpados, 14 años de prisión

El reporte de secuestro, por parte de Isabel Miranda, en la entonces Procuraduría General de la República fue la madrugada del 13 de julio de 2005. Las primeras siete detenciones arbitrarias fueron en 2006: el 10 de enero, la de Juana Hilda González Lomelí; el 23 de enero la de César Freyre Morales; el 30 de enero, la segunda detención de George Khoury Layón; el 8 de febrero las de Julieta Freyre Morales (finada) y la de su madre María Rosa Morales (en libertad); la de los hermanos Castillo fue el 7 de febrero y el 22 de febrero; y ese mismo año, el 28 de diciembre fue detenido, igual, de manera arbitraria, Jael Malagón Uscanga, a quien se le relacionó como parte de la “banda de secuestradores”.

Mujeres y hombres fueron torturados con agresiones sexuales por agentes del Ministerio Público, a excepción de Julieta Freyre y María Rosa Morales, para quienes la tortura fue psicológica y fueron utilizadas por los agentes Braulio Robles Zúñiga y Fermín Ubaldo Cruz para presionar a César Freyre a que se incriminara como “líder de la banda”, mientras que a George Khoury lo presentaron como “autor intelectual” del supuesto homicidio, vinculándolo en diciembre de 2010, por medio de Jacobo Tagle Dobín, bajo tortura.

Con esta revelación de Claudia Patricia Muñoz, expareja sentimental de Hugo Alberto Wallace, por la edad de su hija, se comprueba que durante las detenciones de 2006, y la de Brenda Quevedo Cruz en septiembre de 2007, Hugo Alberto estaba vivo. Estos hechos sustentan las declaraciones de Laura Domínguez, amiga cercana de Hugo, y del investigador privado José Luis Moya que hicieron en 2006 al periodista Ciro Gómez Leyva, y por lo que fueron amenazados y denunciados falsamente de extorsión por Isabel Miranda Torres.

Nos reservamos el nombre de la menor de acuerdo con las leyes de privacidad de protección de menores, en Estados Unidos.

 

El perfil de “Sam Flores”

Hace 47 semanas, en octubre de 2019, el perfil de Facebook con el nombre de “Sam Flores” que promueve “el caso Wallace”, con la versión de Isabel Miranda Torres, dejó siete mensajes en diferentes posts de Claudia Patricia Muñoz, el mismo día, señalándole que era una “pésima madre” porque estaba “exponiendo a su hija, por las llamadas que había hecho a la periodista y a Carlos León Miranda, además advirtiéndole que ya se tenía información sobre ella.

El perfil creado el 4 de septiembre de 2018, con 14 contactos de diferentes países, no ha tenido actividad en la red social después del mensaje dejado a Muñoz Acosta.

 

Miranda, enferma de cáncer, sin comparecer ante la FGR

El avance del cáncer de hígado de Isabel Miranda Torres, y de su hermana Asunción, quien también ha sido cómplice y parte de la fabricación del caso Wallace, contrasta con la lentitud de la Fiscalía General de la República para llamarla a comparecer por la carpeta de investigación abierta en su contra -desde diciembre de 2018- por denuncias de fabricación de pruebas en la causa 35/2006 y por secuestro en grado tentativa contra la periodista Guadalupe Lizárraga.

Con una inyección diaria, proveída por Médica Sur, Isabel Miranda se defiende de la enfermedad, mientras su esposo José Enrique del Socorro Wallace Díaz, quien también fue cómplice de la fabricación del caso de su hijastro, enfrenta una enfermedad avanzada de próstata.

Isabel Miranda Torres, con su padres Fausto Miranda y Elfega Torres, su hijo Hugo Alberto y su segundo esposo Enrique Wallace. Foto: red

 

Hugo Alberto Wallace, con su madre Isabel Miranda Torres, cuando trabajaba para Enrique Wallace Díaz.

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Justicia pendiente

Mancera es inhabilitado para cargos en la CDMX

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Por Ignacio García

El ex jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, fue inhabilitado para ejercer cualquier cargo en la administración pública de la capital del país durante un año por parte de la Secretaría de Contraloría General de Justicia de la Ciudad de México.

El organismo capitalino determinó sancionar al ahora senador por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) por haber intervenido en las elecciones de 2018 en las que se renovó la jefatura de Gobierno de la capital del país y fue elegida Claudia Sheinbaum.

De acuerdo con la dependencia capitalina, la sanción se deriva de una sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que es vigente desde el pasado 5 de septiembre, ya que puso en riesgo la equidad de la contienda electoral por operar a favor de la entonces candidata perredista Alejandra Barrios.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) informó que se llevó a cabo una red de espionaje en la administración de Mancera contra los opositores de ese gobierno como Claudia Sheinbaum, por lo que también se involucran varios funcionarios públicos.

Asimismo, la Fiscalía General de la República (FGR) realizó un cateo en el domicilio de Carlos Jiménez Rodríguez, yerno de Luis Ernesto Serna Chávez, ex secretario particular de Mancera en el gobierno de la Ciudad de México.

Miguel Ángel Mancera buscaba ser candidato a la presidencia de la República por el PRD, pero debido a la alianza que conformó con el Partido Acción Nacional (PAN), el abanderado de esa coalición fue el ex dirigente nacional del blanquiazul, Ricardo Anaya, por lo que obtuvo una senaduría por la vía plurinominal.

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