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Mexico Violento

Vecinos de Tlapa podrían sumarse a Policía comunitaria

Habitantes de Tlapa y comunidades aledañas estudian la posibilidad de sumarse a la Policía comunitaria ante indiferencia de autoridades a violencia

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CRAC de Espino Blanco durante su visita a Tlapa en reunión del MPG en la Ceteg. Foto: Sergio Ferrer

CRAC de Espino Blanco durante su visita a Tlapa en reunión del MPG en la Ceteg. Foto: Sergio Ferrer

Por Sergio Ferrer

TLAPA, Guerrero.- Se escuchó en las calles por diarios sensacionalistas: la Policía Ministerial detuvo a una banda de secuestradores y logró liberar a un joven. Una información cotidiana de violencia y secuestros. En los últimos meses, han aparecido al menos dos hombres asesinados con mensajes presuntamente de algún grupo delictivo, robos de vehículos, desaparición de dos muchachos e incluso asaltos también están en el contexto de situaciones en materia de seguridad pública que han ocurrido en Tlapa.

Por estos hechos, aunado a peleas entre jóvenes por los cuales no se preocupan instancias de los tres niveles de gobierno que deberían atender a la juventud, entre otras, la inquietud de personas organizadas en sus colonias o comunidades ha derivado en reuniones para discernir si resulta conveniente crear sus policías comunitarias.

Una de estas reuniones se efectuó en el marco de una asamblea del Movimiento Popular Guerrerense (MPG) de La Montaña en las instalaciones de la CETEG el sábado pasado. Allí representantes del MPG manifestaron que una de las causas que ha generado parte de la inseguridad es cuando alguna autoridad se alía con el crimen para la compra de votos.

Detallaron que «son los procesos electorales en los cuales los partidos políticos pactan conveniencias ajenas al bien común cuando la inestabilidad se gesta». Por eso, abogaron porque las próximas elecciones se den a través de usos y costumbres y no surjan los gobernantes desde los partidos sino desde la ciudadanía.

Antes de darle paso a la participación de coordinadores de la CRAC de Espino Blanco, que acudieron por invitación para dar información sobre la Policía Comunitaria, el MPG reiteró que aunque son bienvenidas todas las personas no deben existir divisiones ni por partidos políticos ni por religión. En otro punto repudiaron los atropellos y ataques cometidos contra la CRAC.

Por parte de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) Policía Comunitaria de la Casa de Justicia de Espino Blanco, acudieron al encuentro los coordinadores Sulspicio Jesús Solano y Nicasio Castro Agustín así como comandantes regionales y la secretaria.

En primer lugar, aclararon a los asistentes que no trabajan bajo interes personales como les ocurrió recientemente a algunas personas en Ayutla señaló, sino debido la serie de asaltos con violencia, violaciones que ocurrían en la Costa-Montaña hace 18 años.

Castro Agustín recordó que en 2002 hubo detención de coordinadores de la CRAC y en 2008 hubo otra vez represión aunque se han generado mesas de diálogo que han derivado en acuerdos entre el sistema de justicia comunitario y el gobierno.

Reconoció que se podían limpiar la casa y también la ciudad que no es muy grande, por otra parte atajó que no sirve que las comunidades como pasa con Tototepec la cual acude directamente a pedir apoyo al presidente municipal de Tlapa, acuerden sin voltear a su Casa de Justicia “porque no somos empleados del gobierno”.

En cuanto a aspectos básicos de la Policía Comunitaria, los coordinadores reiteraron que la CRAC-PC busca la seguridad y justicia en Territorio Comunitario pero también afirmaron que es una lucha en los municipios del estado de Guerrero y en el país.

La casa de justicia de Espino Blanco

La Casa de Justicia de Espino Blanco atiende comunidades de cinco casas de justicia, mayoritariamente de Malinaltepec que los apoya con 60 mil pesos. Acatepec, Tlacoapa, Atlamajalcingo del Monte, Tlapa con dos comunidades, son los otros municipios con menor número de localidades integradas cuyos ayuntamientos no proporcionan algún apoyo a la CRAC.

Además de la cuestión de seguridad la CRAC-PC reconoce que tiene presentes la atención los temas de salud, educación, comunicación y progreso económico. Después de indicar que su actuar tiene fundamento en leyes y convenios internacionales pero también en la Constitución Mexicana siendo el artículo 39 una de éstas, “el cual nos deberíamos saber todos de memoria”, agregó el coordinador Castro Agustín”.

También citó la Ley 701 de Guerrero y adelantó que de ésta última saldrá desde la Policía Comunitaria una propuesta de ley secundaria para la reglamentación de la CRAC.

La CRAC-PC informó a los asistentes que existe el plan de construcción de una casa de justicia en Colombia de Guadalupe para cuya construcción se requieren cinco millones de pesos, la cual tendría una sala de reeducación para menores de 18 años.

Lo anterior, son puntos que se discutieron en una mesa de trabajo que tuvo la CRAC-PC con representantes del gobierno estatal resultando en primer lugar un acuerdo para la libertad de tránsito avisando al gobierno de sus salidas mediante un oficio.

Sulspicio Solano advirtió que no es de la noche a la mañana como surge una policía comunitaria así como ocurrió con ciertas autodefensas sino que debe existir disciplina. Ent su plan de ejercicio de la coordinación, cuyo lapso es de tres años, resalta las metas de, respeto a los derechos y garantías individuales, asistencia a reuniones con el gobernador , rondines, seguridad justicia y reeducación.

En la plática que tuvo un intermedio para compartir alimentos, la CRAC-PC aseguró que quienes decidan organizar su policía comunitaria no deben esperar apoyos del gobierno ni tomar como verdad lo dicho por el Estado que habla de una policía única así como un presunto pago a comunitarios porque aunque existen apoyos mínimos a los policías no hay un sueldo sino que es un servicio comunitario.

Los coordinadores electos el dos de marzo, afirmaron que no existe violencia ni agresiones a los retenidos durante el proceso de reeducación e informaron que los delitos graves son llevado a la asamblea regional y el tiempo va de los 12 a 14 años de reeducación, delitos leves van desde los 6 a 8 años

Castro Agustín ejemplificó un caso de la justicia que allí se aplica, recordó que en Tlacoapa el Ministerio Público no aplicó justicia y liberó al conductor que condujo una camioneta de pasajeros cuyo accidente originó la muerte de varias personas incluidas dos niñas.

En ese caso, a petición de familias de afectados la CRAC intervino y ubicó al chofer pero no fue sometido a reeducación sino a pagar parte de los gastos a familiares, aunque, una mujer dijo que ella solo quería a su hija.

La CRAC Policía Comunitaria, tiene al comisario municipal como una de las figuras importantes en su estructura comunitaria, después están delegados comandantes, comisariados, además de dos consejeros, consejo de ancianos y dos grupos de seis policías o más en caso de que sea posible.

Sobre Tlapa, los coordinadores dijeron que en caso de que las comunidades o pueblos decidan su adhesión respaldarán su actuar, “la ciudad no es grande, la población sabe como se llega y recorren sus calles no solo en vehículo sino también caminando” lo cual mereció aplausos a la PC.

En la reunión hubo representantes de cuatro comunidades de Tlapa, de colonias, así como de otros municipios como Malinaltepec, Copanatoyac, Acatepec además de transportistas, maestros de la Ceteg y ciudadanía en general.

Manuel Rodríguez Gálvez de la CETEG durante su participación en la reunión aseguró que la lucha del magisterio no termina aunque enfrenten acusaciones de terrorismo 19 compañeros de terrorismo y 20 de sedición y motín por lo que tiene que firmar cada ocho días.

El MPG, aseguró a los asistentes que trabajan de manera plurar sin distinciones de ningún tipo, tienen como máximo órgano la asamblea general y se calificaron de “por estar al lado del pueblo y de las causas sociales”, además de que presentaron a su equipo jurídico en la región.

Ubaldo Segura, integrante del comité provisional afirmó que ya esta conformado el comité municipal del MPG en Malinaltepec y en otras 10 comunidades de La Montaña cuyo fin es “organizarse en unidad para exigir los derechos que están en la Constitución Mexicana porque son como letra muerta por lo que se debe dejar la división y exigir nuestros derechos”.

Leobardo Manzanares, también integrante del comité aseguró que es una lucha sin intereses particulares y si a favor de la población a pesar de las amenazas que han existido -en la última semana dos simpatizantes del MPG fueron amenazados con ser levantados- y la otra lucha que va más allá e implica las privatizaciones ocultas en las reformas estructurales.

Al escribir estas líneas, se sabe que el hijo y la novia de uno de los coordinadores de la Policía Comunitaria en Tixtla fueron raptados, una mala noticia.

 

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Mexico Violento

Gobierno de México omite casos de periodistas asesinados y de autores intelectuales en las investigaciones

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El gobierno de México omite a algunos periodistas que han sido asesinados en México en lo que va del 2022

Para el Gobierno Federal, solo 13 comunicadores han sido víctimas de homicidio en lo que va del 2022.

Por Joselaine Zaldívar Gutiérrez

En México han matado a 42 periodistas en el actual gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, y de ninguno se sabe quién fue el autor intelectual. En comparación con los gobiernos antecesores, se trata del año más violento contra la prensa del que se tenga registro, pues de enero a noviembre van 17 comunicadores ultimados en el país.

Se debe resaltar que México fue incluido en la lista negra la Organización de las Naciones Unidas (ONU) de los 42 países más peligrosos para ejercer el periodismo por los casos de represión y violaciones contra los derechos humanos.

No te pierdas: INAI ordena a Segob informar sobre medidas de protección para periodistas

De acuerdo con datos de Reporteros Sin Fronteras (RSF), en México hay más periodistas asesinados que en cualquier otro país del mundo, incluso más que en Irán, Palestina, Paquistán, Siria y Ucrania quienes se encuentran actualmente en guerra.

La violencia letal contra el gremio de informadores ha sido una constante en los últimos tres sexenios. Si comparamos con números, la organización internacional Artículo 19 también hizo un recuento donde el gobierno de Vicente Fox Quezada cerró con 22 asesinatos, Felipe Calderón Hinojosa con 48 y Enrique Peña Nieto con 47.

A inicios de este 2022, una lista de periodistas asesinados comenzó a formarse a paso acelerado, donde 17 reporteros, directores de medios, camarógrafos y fotógrafos a nivel nacional, perdieron la vida por ejercer su labor periodística.

Sin embargo, esta lista no es reconocida en su totalidad por el Gobierno Federal de Andrés Manuel López Obrador, quien en su cuenta oficial solo registró hasta el momento 13 de 17 periodistas que fueron víctimas de homicidios.

No te pierdas: México vive una etapa criminal y los periodistas somos el blanco perfecto: Gilberto Meza

Hasta el momento no han dado ninguna explicación del por qué han omitido los casos de Marcos Ernesto Islas Flores, Roberto Toledo, Jorge Camero y Pablo Kumul, ni bajo qué criterio definió si son o no periodistas, o si fueron asesinados por causas ajenas a su profesión.

Adicionalmente, las investigaciones del Gobierno de México tampoco han dado respuesta sobre los autores intelectuales de estos crímenes, y solo ha dado números de personas detenidas sin que se sepa el móvil que los llevó a perpetrar los homicidios.

En el caso de Margarito Martínez Esquivel han sido procesadas 19 personas, quienes fueron presentados como «narcomenudistas». En contraste, en el caso de Lourdes Maldonado, de la misma ciudad de Tijuana, dijo el gobierno de López Obbrador que han procesado a tres personas. Sin embargo, las autoridades omitieron que las amenazas de muerte provenían del exgobernador Jaime Bonilla, de MORENA, actual senador, quien fue denunciado en la conferencia matutina pro los hechos y nunca fue llamado a comparecer pese a as denuncias de la víctima.

 

Lista de periodistas asesinados en 2022

1. José Luis Gamboa, director general del diario digital Inforegio, asesinado en Veracruz el 10 de enero.

2. Margarito Martínez Esquivel, fotoreportero de medios locales, asesinado en Tijuana, Baja California, el 17 de enero.

3. Lourdes Maldonado, reportera asesinada en Tijuana, Baja California, el 23 de enero.

4. Roberto Toledo, periodista del medio digital Monitor Michoacán, asesinado en Michoacán, el 31 de enero.

5. Marcos Ernesto Islas Flores, editor del portal web Notiredes Mx, asesinado en Tijuana, Baja California, el 6 de febrero.

6. Heber López Vásquez, director del medio digital RCP Noticias, asesinado el 10 de febrero.

7. Jorge Camero Zazueta, director del portal web El Informativo, asesinado en Sonora el 24 de febrero.

8. Juan Carlos Muñiz, reportero de Testigo Minero, asesinado en Zacatecas, el 4 de marzo.

9. Armando Linares, director del portal Monitor Michoacán, asesinado en Michoacán el 15 de marzo.

La editora recomienda: Unesco advierte que mayoría de los asesinatos de periodistas permanecen en la impunidad

10. El periodista Luis Enrique Ramírez, fundador del portal Fuentes Fidedignas, asesinado en Culiacán, Sinaloa, el 5 de mayo.

11. Yesenia Mollinedo Falconi, directora del semanario El Veraz, asesinada en Veracruz el 9 de mayo.

12. Sheila Johana García Olivera, reportera del semanario El Veraz, asesinada en Veracruz el 9 de mayo.

13. Antonio de la Cruz, reportero del grupo editorial Expresso- La Razón, asesinado en Tamaulipas el 29 de junio.

14. Ernesto Mendez, director del portal web Tu Voz, asesinado en Guanajuato el 2 de agosto15.

15. Juan Arjón López, director del sitio web A qué le temes, asesinado en Sonora el 16 de agosto.

16. Fredid Román, columnista del diario local Vértice, asesinado en Guerrero el 22 de agosto.

17. Pablo Kumul, reportero y locutora de Ax Noticias, asesinado en Xalapa, Veracruz, el 22 de noviembre.

 

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Justicia pendiente

Reportero de Veracruz es asesinado; suman 17 comunicadores ejecutados

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El periodista Pedro Pablo Kumul se convirtió en el comunicador número 17 que es asesinado en México en lo que va del 2022

Un grupo de sujetos armados dispararon y asesinaron al reportero Pedro Pablo Kumul, mientras conducía un taxi, en la ciudad de Xalapa, Veracruz, por lo que suman 17 periodistas asesinados en 2022 en México.

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia de Veracruz (FGJEV), el periodista conducía un taxi en la calle Elías Elizarde, casi esquina con Jamaica, en la colonia Casa Blanca, donde fue agredido por sujetos desconocidos e impactó con un poste de luz.

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El grupo de medios AX Multimedios, donde colaboraba el comunicador, informó que el periodista fue atacado por sujetos desconocidos, por lo que pidió a las autoridades estatales que esclarezcan el caso, ya que aseveraron que este homicidio no puede permanecer en la impunidad.

El medio de comunicación exigió al gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, que investigue a fondo el crimen, pues aseveraron que los periodistas se encuentran en una mayor vulnerabilidad al trabajar en condiciones de violencia en diferentes regiones de la entidad sin la protección ni vigilancia del Estado.

De la misma manera, el periodista Francisco Eusebio Hernández Elvira desapareció en la zona sur de Veracruz desde el domingo pasado, por lo cual la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas detalló que su último paradero fue en el municipio de Nopaltepec.

Lee más: INAI ordena a Segob informar sobre medidas de protección para periodistas

Hasta el momento, la Fiscalía de Veracruz no ha dado una postura sobre la desaparición de Hernández Elvira.

En lo que va del año, en México han sido asesinados 17 periodistas en diferentes regiones del país, colocándose como la nación más riesgosa para ejercer el periodismo en el mundo, según diferentes organismos internacionales como Human Right Watch, así como Reporteros Sin Fronteras, Artículo 19 y Amnistía Internacional.

 

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Justicia pendiente

Marcha 8 de diciembre por las personas privadas de libertad en México, convoca Presunción de Inocencia y Derechos Humanos

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El colectivo de Presunción de Inocencia y derechos humanos convocó a una marcha el 8-D

 

La asociación civil Presunción de Inocencia y Derechos Humanos, dirigida por José Humbertus Pérez Espinoza, convoca a la segunda marcha nacional por los derechos de las personas privadas de libertad en los centros estatales y federales de readaptación social para el 8 de diciembre, a las 10 horas, en el Ángel de la Independencia de la Ciudad de México.

Se trata de una marcha también por los falsos culpables que siguen en prisión, pese a que en miles de casos han demostrado su inocencia, además de protocolos de Estambul positivos en tortura y peticiones de ayuda ignoradas por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Para entender más del caso: Prisión digital: pizca de libertad

Pérez Espinoza, quien fue preso político durante cuatro años en un penal del Estado de México, ha liderado un movimiento por los derechos humanos de presos que han sufrido torturas e irregularidades en sus procesos judiciales, y ha promovido la primera Ley de Amnistía para delitos de alto impacto en la entidad.

A la marcha también fue convocado el Colectivo Dignidad y Derechos Humanos, que han integrado los activistas Alejandro López Ponce de León, Carlos Torres y Armando Clement González, quienes participan en el programa de Los Ángeles Press, conducido por la periodista Guadalupe Lizárraga, sobre el sistema penitenciario mexicano, todos los martes a las 20 horas, en donde presentan denuncias sobre las violaciones de derechos humanos a las personas privadas de libertad.

De acuerdo con los activistas, el propósito de la marcha comentaron es visibilizar la injusticia que viven los presos sin sentencia hasta por más de 25 años, como es en e caso de Jens Herrera Guzmán, preso en Puebla, y quien fue trasladado lejos de su familia por hacer listas de los presos a los que han negado un beneficio de ley, o han sido torturados o están sin sentencia por más de dos años en violación a sus derechos constitucionales.

Lee más: Activistas y familiares de falsos culpables piden libertad al presidente López Obrador

La tortura como medida disciplinaria en los penales, es una de las principales denuncias de los activistas, además la falta de atención médica, la reducción de porciones de comida, la falta de agua potable, la prohibición de visitas familiares, las muertes declaradas como suicidios, las irregularidades de los procesos judiciales, las extorsiones dentro y fuera de los penales, el tráfico de drogas y la compra de privilegios, así como el uso de gas lacrimógeno como método de intimidación para que no denuncien violaciones de derechos humanos.

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