La Corte Penal Internacional (CPI) de La Haya ha acusado al presidente ruso, Vladimir Putin, y a la comisaria para la infancia, Maria Lvova-Belova, del traslado y la deportación ilegal de niños ucranianos. Esto significa que ya existe una orden de detención internacional contra Putin, en un reflejo de la rapidez con la que la comunidad jurídica internacional ha investigado las acusaciones de crímenes de guerra durante la invasión rusa de Ucrania.

Se trata de los primeros casos abiertos por la CPI desde que sus fiscales iniciaron una investigación sobre crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y genocidio en Ucrania.

¿En qué consiste la orden de detención de la CPI contra Putin?

El tribunal ha dictado órdenes de detención contra el presidente ruso, Vladimir Putin, y la comisaria rusa para los Derechos de la Infancia, Maria Alekseyevna Lvova-Belova, en relación con la deportación forzosa de niños de Ucrania a Rusia, donde muchos han sido adoptados por familias rusas.

La deportación forzosa de poblaciones está reconocida como delito en el Estatuto de Roma, tratado por el que se creó el tribunal. Rusia fue signataria del Estatuto de Roma, pero se retiró en 2016, alegando que no reconocía la jurisdicción del tribunal.

Aunque Ucrania no es signataria del tribunal de La Haya, concedió a la CPI jurisdicción para investigar crímenes de guerra cometidos en su territorio. Cuatro visitas del fiscal jefe de la CPI, Karim Khan, en el último año han llevado a la decisión de que “hay motivos razonables para creer que el señor Putin tiene responsabilidad penal individual” por las sustracciones de niños.

¿Qué significa eso en la práctica?

Dado que Rusia no reconoce el tribunal y no extradita a sus ciudadanos, es muy poco probable que Putin o Lvova-Belova se sometan pronto a la jurisdicción del tribunal.

Pero la emisión de la orden sigue siendo un momento muy significativo por varias razones. Envía una señal a los altos cargos rusos –militares y civiles– que pueden ser objeto de enjuiciamiento ahora o en el futuro y limitaría aún más su capacidad de viajar al extranjero, incluso para asistir a foros internacionales.

¿Gozan de inmunidad los jefes de Estado?

Aunque la CPI no reconoce inmunidad a los jefes de Estado en casos relacionados con crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad o genocidio, en un importante precedente, Sudáfrica se negó a ejecutar una orden de la CPI para la detención del dictador sudanés Omar al-Bashir durante una visita en 2015.

Pretoria, la capital de Sudáfrica, argumentó que no veía “ninguna obligación, en virtud del derecho internacional y del Estatuto de Roma, de detener a un jefe de Estado en ejercicio de una parte no estatal [de la CPI] como Omar al-Bashir”, y varios otros países que visitó también se negaron a detenerlo.

La detención del dictador chileno Augusto Pinochet en Londres, en 1998, gracias a una orden internacional dictada por el juez español Baltasar Garzón ilustra las dificultades que entrañan estas cuestiones de inmunidad. Pinochet alegó inmunidad como ex jefe de Estado –una alegación rechazada por los tribunales británicos– pero, en última instancia, el ministro británico del Interior, Jack Straw, permitió que Pinochet regresara a su país por motivos de salud.

Caso Milosevic, ejemplo para Rusia

Aunque ahora Putin parece seguro en su cargo y a salvo de la extradición, un futuro líder del Kremlin puede decidir que es políticamente más conveniente enviarle a La Haya que protegerle.

Un buen ejemplo es Slobodan Milosevic, expresidente de Yugoslavia, acusado de una serie de crímenes de guerra por el Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia en plena guerra de Kosovo en 1999.

En 2001, en medio de una pugna entre figuras clave de la oposición en Serbia tras la caída de Milosevic del poder, el primer ministro, Zoran Djindjic, hizo caso omiso de una sentencia judicial que prohibía la extradición y ordenó el traslado de Milosevic a La Haya, afirmando: “Cualquier otra solución que no fuera la cooperación [con La Haya] llevaría al país al desastre”.

La detención de Milosevic –que precedió a su traslado– se produjo tras las presiones ejercidas sobre el gobierno yugoslavo para que detuviera al expresidente o se arriesgara a perder importantes ayudas económicas estadounidenses y préstamos del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial.

Otras órdenes de detención

Los jueces han añadido que el fiscal podría presentar nuevas acusaciones contra Putin, ampliando así las órdenes de detención. Human Rights Watch describió la decisión de dictar una orden de detención contra Putin como una “llamada de atención a otros que cometen abusos o los encubren”. “Con estas órdenes de detención, la CPI ha convertido a Putin en un hombre buscado y ha dado su primer paso para poner fin a la impunidad que ha envalentonado a los perpetradores de la guerra de Rusia contra Ucrania durante demasiado tiempo”, ha dicho Balkees Jarrah, directora adjunta de justicia internacional de la ONG.

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Fuente: eldiaro.es

La comisión independiente de expertos enviada por la ONU a Ucrania ha concluido que las autoridades rusas han cometido una “gran variedad” de violaciones del derecho internacional en diversas regiones del país, “muchas de las cuales equivalen a crímenes de guerra”.

En su informe final, presentado este jueves, detallan profusamente, entre los crímenes cometidos por Rusia, ataques contra civiles, homicidios intencionados, confinamiento ilícito, tortura, trato inhumano, violación y otros actos de violencia sexual, así como traslados forzosos y deportaciones de niños. Sostienen también que las olas de ataques contra infraestructuras energéticas desde el otoño y el uso de la tortura por parte de las autoridades rusas pueden constituir crímenes contra la humanidad.

Durante su investigación, el grupo de expertos visitó 56 localidades y entrevistó a casi 600 personas –348 mujeres y 247 hombres–. Sus investigadores inspeccionaron lugares destruidos, fosas, lugares de detención y tortura, así como restos de armas, y consultaron un gran número de documentos e informes.

Si bien la mayoría de los abusos han sido ampliamente documentados desde el estallido de la guerra hace más de un año, ahora quedan plasmados en una investigación respaldada por la comunidad internacional. La llamada Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre Ucrania está formada por tres expertos –Erik Møse, presidente de la misma, Jasminka Džumhur y Pablo de Greiff–, y fue creada por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas para investigar las violaciones y abusos de derechos cometidos en el contexto de la invasión rusa. Tras presentar sus hallazgos preliminares el pasado otoño, ahora publican sus conclusiones y recomendaciones finales ante el Consejo. Según han explicado los miembros de la comisión en una rueda de prensa este jueves, las autoridades rusas no han colaborado en la investigación.

Preguntado al respecto por los periodistas, Møse ha respondido que la comisión no ha “constatado que se haya producido un genocidio en Ucrania”. “Algunos aspectos pueden plantear interrogantes”, ha agregado.

En el texto, el grupo señala que han documentado un “pequeño número” de violaciones cometidas por las fuerzas armadas ucranianas, “incluidos probables ataques indiscriminados y dos incidentes calificados de crímenes de guerra”, en los que se disparó, hirió y torturó a prisioneros de guerra rusos.

Los supervivientes reiteraron a la comisión de la ONU la importancia de identificar a los responsables y hacerles rendir cuentas. En este sentido, los expertos recomiendan que se investiguen todas las violaciones y crímenes y que los responsables rindan cuentas, ya sea a escala nacional o internacional. En este sentido, reclaman un enfoque integral que incluya tanto la responsabilidad penal como el derecho de las víctimas a la verdad, la reparación y la no repetición.

Los crímenes constatados

La comisión indica que sus pruebas demuestran que, en las zonas que quedaron bajo su control, las autoridades rusas han cometido homicidios intencionados de civiles o de personas que no participaban en los combates, que constituyen crímenes de guerra y violaciones del derecho a la vida.

Los expertos dicen estar “impresionados por la magnitud de la destrucción” que vieron durante sus visitas. Las fuerzas armadas rusas han llevado a cabo ataques con armas explosivas en zonas pobladas “con una aparente indiferencia por los daños y el sufrimiento de la población civil, sin tomar las precauciones necesarias”. Estos ataques, en línea con lo que también han documentado diferentes organizaciones internacionales, fueron indiscriminados y desproporcionados y el uso de este tipo de armamento ha sido una de las principales causas de víctimas civiles, según explican.

En el informe también hacen mención a las olas de ataques que las fuerzas armadas rusas comenzaron a lanzar contra las infraestructuras relacionadas con la energía ucranianas a partir del pasado 10 de octubre, a raíz de los cuales regiones enteras y millones de personas se quedaron durante temporadas sin electricidad ni calefacción, especialmente con temperaturas bajo cero. En el documento la comisión deja por escrito que tales ataques pueden constituir crímenes contra la humanidad y recomiendan que esto se investigue más a fondo.

Los expertos también constataron un patrón de confinamiento ilegal generalizado en zonas controladas por las fuerzas armadas rusas, dirigido contra “amplias categorías de hombres, mujeres y niños”. Según detallan, el confinamiento y la detención en instalaciones de Ucrania y Rusia iban acompañados de métodos “sistemáticos” de tortura “contra determinadas categorías de personas por parte de las autoridades rusas”. La comisión –que pone el ejemplo de una persona que fue detenida y sometida a palizas como “castigo por hablar ucraniano” y por “no recordar la letra del himno de la Federación Rusa”–, este patrón de tortura “puede constituir crímenes de lesa humanidad y debe investigarse más a fondo”.

Entérate: Una red de 20 centros de tortura en la región de Jersón fue planeada y financiada por Rusia –  (losangelespress.org)